Brasil, lo que está en juego

A un mes de las elecciones

La situación de Brasil y Argentina tiene muchos puntos de contacto. Ambos países han sido sacudidos por la crisis mundial que afecta a los “emergentes”. El real y el peso se han devaluado en el marco de una salida constante de divisas y una recesión profunda, y se enfrentan a una crisis de financiamiento internacional.

Brasil atraviesa la peor crisis económica de sus últimos cien años. El gobierno Temer agravó la recesión comenzada en 2015 bajo el mandato de Rousseff. Los años 2015 y 2016 arrojaron un deterioro fenomenal de 7,4 por ciento. La promesa de que, a fuerza de ajustes, se iba a lograr una recuperación económica, resultó un fracaso. Como en Argentina, la proclamada lluvia de inversiones no se produjo. Lo que se acentúa es la fuga de capitales. Este agujero fue cubierto con mayor endeudamiento, lo que se ha transformado en una bomba de tiempo. La deuda pública acumulada por el gobierno federal, estados provinciales y municipios representa el 77% del Producto Bruto Interno del país.
Las dudas sobre la capacidad de repago de la deuda fueron creciendo en forma proporcional a la presión de los acreedores, para asegurarse el cobro de la misma. El ajuste está colocado en el centro del debate electoral. Esa hoja de ruta incluye la reforma jubilatoria y un recorte más drástico de partidas sociales del presupuesto, que Temer dejó como asignaturas pendientes. A pesar de haberse votado el congelamiento del gasto, Temer fue incapaz de llevar adelante ese plan y el déficit fiscal primario aumentó.
El problema es si su sucesor será capaz de llevar esa agenda adelante. Y es aquí donde la crisis económica se entrecruza con la crisis política. Lejos de encauzar la crisis, las elecciones se han convertido en un factor de agravamiento. El Tribunal electoral ha confirmado la exclusión de Lula, quien viene aumentando en los sondeos. Encima, su escolta -mucho más retrasado en la intención de voto-, el ultraderechista y fascistoide Jair Bolsonaro, no inspira confianza en la burguesía. Lo ven como un elemento impredecible, que podría transformarse en un “Erdogan brasileño”. El candidato más confiable para el capital, Gerardo Alckmin, respaldado por una coalición de cinco partidos de centro-derecha, no logra despegar. Pero cualquiera que suba estará condicionado por una enorme fragmentación política, en un Congreso cuya mayoría de representantes renovarán sus mandatos comprometidos con las denuncias de corrupción.
El golpe parlamentario que desplazó a Rousseff es un capítulo en la transición continental de regímenes de contención a otros de ofensiva directa contra las masas y de alianza más estrecha con el capital financiero imperialista. La tendencia prevaleciente en la clase capitalista brasileña es persistir en esta línea y remover los escollos que hoy se interponen en el camino, aunque siempre queda el plan B de recurrir a Lula en caso de que la situación se desmadre. Otra opción menos probable, pero que no se debe descartar, sería la de un golpe militar: no olvidar que la cúpula militar tuvo un papel determinante en el golpe contra Rousseff -una verdadera salida de fuerza- y en el actual veto a la candidatura de Lula.

Disputa por el botín

Pero, además, están en juego los enormes recursos de Brasil. El Lava Jato, al igual que su símil criollo de los cuadernos, ha sido fogoneado por el Departamento de Justicia y de Estado norteamericano. Las denuncias, enjuiciamiento y prisión de Odebrecht y otros forman parte de un operativo dirigido a desplazar de los negocios a sectores de la burguesía nativa brasileña, para facilitar el desembarco y copamiento del capital extranjero, en particular del estadounidense.
El próximo gobierno deberá resolver de inmediato compras y fusiones por 33.000 millones de dólares, que comprende adquisiciones de empresas locales, emisión de acciones y títulos de la deuda. Hay varias operaciones congeladas a la espera de los comicios. Uno de los principales temas tiene que ver con la compra del 80% (ya negociada, pero que debe ser aprobada por el gobierno) de la emblemática fábrica aeronáutica Embraer, valorada en 4.800 millones de dólares, por parte de la estadounidense Boeing. Actualmente, Embraer es un consorcio privatizado, pero depende esencialmente de los contratos del Estado. La aprobación de esa adquisición, cuestionada por los gremios y sectores de la población, está en manos del futuro gobierno. Se presupone que Boeing compra Embraer para cerrar parte de su activo y eliminar un competidor -en su lucha mundial contra la europea Airbus- especialmente en el continente latinoamericano. Ello también golpeará a la ‘patria contratista’ subsidiaria de Embraer.
En la misma situación se encuentra la privatización de Eletrobras y varias transacciones que involucran a Petrobras -entre ellas, la venta de un gasoducto valorado en 8.000 millones de dólares. A estas operaciones, hay que añadirle las licitaciones para la venta de doce aeropuertos, cuatro vías de tren y seis rutas que el gobierno ya admitió que deberán hacerse el año que viene, ya con una nueva administración, y que requerirán inversiones por unos 15.600 millones de dólares.
Geraldo Alckmin ve con buenos ojos el acuerdo de Boeing y Embraer. El PT de Lula se ha manifestado en contra, por lo que una victoria petista podría complicar las negociaciones que están a la espera de la autorización gubernamental. Pero hay que recordar que Dilma, al final de su mandato y con la esperanza de salvar su presidencia, ya estuvo dispuesta a avanzar en el desmantelamiento de Petrobras y entregar los yacimientos ‘presal’ a la explotación directa de los pulpos petroleros extranjeros. Por lo pronto, el PT va aliado en 15 estados con partidos que apoyaron el juicio político de Dilma e integraron el gobierno de Temer. A su turno, la presidenta del partido, Gleisi Hoffman, viene de pronunciarse en favor de una reforma jubilatoria. El programa del PT es otra variante del ajuste que está en carpeta, y no hay nada nuevo en esto: el PT gobernó con el PMDB de Temer, gestionó durante catorce años los negocios del capital, inició el ajuste en 2014/16 y piloteó los negociados de todas las constructoras brasileñas a lo largo de América Latina y más allá.

Independencia de clase

Como parte de esta orientación, los dirigentes sindicales enrolados políticamente con Lula vienen dejando pasar la masacre social que ejecuta el gobierno, que ha llevado la desocupación y subocupación al nivel récord del 33%.
En este contexto, un párrafo especial lo merece el PSOL, que ha creado un frente político con el PT y el PC do B-PDT, de contenido burgués, para cooperar en un segundo turno electoral. La izquierda se ha unido en un “Frente Ciudadano”, de programa desarrollista y de rescate y subsidios a la burguesía, que llega hasta el PDT de Ciro Gomes. El PSOL no es un factor activo en el impulso y organización de la lucha de clases y de la resistencia al ajuste, sino que está sumado al electoralismo más abyecto. La primera vuelta electoral, para la cual el PSOL enarbola la candidatura de Boulos, oficia como una interna dentro de esta coalición política “amplia” que viene actuando.
La izquierda que actúa dentro de él se ha acomodado a esta maniobra, con la expectativa puesta de conquistar, a su sombra, algún concejal o diputado.
Aunque reviste un carácter marginal, la excepción es el PSTU, quien presenta candidatos obreros independientes, encabezadas por la trabajadora Vera y secundada en la fórmula por Hertz Dias, profesor y activista del movimiento negro. La plataforma que enarbola plantea la derogación de todas las reformas que han suprimido derechos; reducción de jornada sin reducción de salarios, estatización de las cien mayores empresas bajo control de los trabajadores; nacionalización y expropiación del latifundio, la regularización de títulos de tierras indígenas, la confiscación de los bienes de corruptos y corruptores, y la suspensión del pago de la deuda externa. El PSTU denuncia al PT como un vehículo de la clase capitalista y de sus intereses. No figura una delimitación respecto del PSOL, al menos en los textos de campaña publicados en su sitio.
El desafío por delante es que la izquierda y la clase obrera se transformen en alternativa política. El planteo de poner a los trabajadores como apéndice de un frente opositor bajo la batuta del PT, en nombre de la batalla contra la derecha, es nefasto. Es necesaria una firme delimitación político-programática del nacionalismo de contenido burgués, impulsar la lucha e intervención independiente de los trabajadores y la construcción de partidos obreros revolucionarios. Y dar los pasos para convocar a un Congreso nacional de trabajadores, para aprobar un programa de la clase obrera frente a esta crisis histórica y organizar la resistencia del pueblo explotado al ajuste capitalista.
Llamamos a hacer frente a la derecha y al imperialismo -y en ese marco, condenar la proscripción de Lula-, no en defensa de un retorno de los regímenes patronales nacionales y populares, que son los responsables por el actual impasse, sino para impulsar una salida revolucionaria de los trabajadores y la Unidad Socialista de América Latina.

Pablo Heller