Organizaciones y personalidades de DDHH entregaron en Presidencia de la República una carta en reclamo del nulo avance en la investigación de las amenazas que realizó el Comando Barneix hace ya un año.
En el marco de la cultura de la impunidad que impera en Uruguay el nulo avance en la investigación de este caso es una perla más, pero también simbólica que se suma al robo y amenaza al GIAF y a la más reciente amenaza al Fiscal General de la Nación Jorge Díaz por parte de un autodenominado Comando de Restauración Nacional.
En la carta se menciona los distintos organismo de DDHH que a nivel mundial han condenado lo sucedido “La amenaza de muerte ha sido condenada por innumerables organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el Observatorio Luz Ibarburu, los Fiscales Generales del MERCOSUR, el Colegio de Abogados de Uruguay, Amnistía Internacional Uruguay , France Amerique Latine, Dónde Están Uruguay, la Asociación de ex preso políticos chilenos en Francia, the Washington Office on Latin America (WOLA), the Center for Justice and International Law (CEJIL), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).”
En la carta también se sostiene que es alarmante el que el estado uruguayo no haya asistido a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 25 de mayo, audiencia a la que había sido convocado justamente por estas amenazas y por la situación general de impunidad en el país. Y que además “Cabe recordar que hasta este momento ningún representante del Estado uruguayo ha condenado y/o rechazado esta amenaza de forma pública y contundente.”
Se sostiene que la jueza Julia Staricco aún no ha iniciado la investigación a un año de acontecido los hechos en los que fueron amenazadas trece personalidades de DDHH. Incluso se hicieron solicitudes para que se designen peritos informáticos que investiguen las direcciones IP de quienes realizaron la amenaza pero hasta ahora no se cumplió con esas solicitudes. En la carta además se agrega que “Exigimos que el Estado uruguayo, y específicamente el Poder Judicial, realicen de una vez una investigación exhaustiva de la amenaza y sus responsables, que se exploren todas las posibles pistas y caminos investigativos adicionales y complementarios, indagando con qué tipo de apoyos o conexiones puede contar el llamado Comando Barneix, las posibles vinculaciones con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, quiénes en Uruguay tienen acceso a la tecnología que permitiría enviar dichas amenazas cubriendo tan eficazmente sus rastros, etc.”
Finalmente también se recuerda el poco avance en las causas vinculadas a violaciones de DDHH en la dictadura “El año 2017 estuvo signado por el casi nulo avance de las investigaciones por crímenes de la dictadura: solo hubo un nuevo procesamiento -cuando en realidad existen más de 35 pedidos de procesamiento- y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad aún no entró en funciones a muchos meses de su creación.”
Sebastián Artigas
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