"Esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación, dijo Esteban Bullrich, entonces ministro de Educación y Deportes al inaugurar un hospital-escuela en septiembre del año pasado (goo.gl/JxD7Wl). Más allá de la brutalidad de las palabras del actual candidato a senador que compitió con Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, la frase desnuda lo que piensan los de arriba de los pueblos originarios.
La Campaña o Conquista del Desierto fue un genocidio perpetrado por el Estado argentino entre 1878 y 1885, cuando arrebató grandes extensiones de territorio a los pueblos mapuche, ranquel y tehuelche. Los indígenas derrotados por las fuerzas comandadas por Julio Argentino Roca fueron deportados por la fuerza a campos de concentración, exhibidos en museos o trasladados para servir como mano de obra forzada.
El objetivo de fondo, ese que no se puede expresar en público pero es la fuerza motriz oscura de las acciones, fue la expropiación de sus territorios para incorporar tierras al mercado y expandir la república en zonas que, antes y ahora, son consideradas como desierto, porque son espacios poco fértiles para la acumulación de capital.
Los Bullrich (el candidato macrista y su tía Patricia, actual ministra de Seguridad) forman parte de una distinguida familia de la oligarquía argentina, que jugó un papel directo en la Campaña del Desierto.
El historiador Osvaldo Bayer mostró, con base en documentos de la Sociedad Rural, que entre 1876 y 1903 se otorgaron casi 42 millones de hectáreas a mil 800 familiares y empresarios amigos del presidente Roca. Algunas familias, como la del ex ministro de Economía de la última dictadura, Martínez de Hoz, obtuvieron gratis 2.5 millones de hectáreas.
Según un informe de la BBC, una buena parte de esas tierras pertenecen actualmente a Benetton, que posee casi un millón de hectáreas, siendo uno de los principales dueños de la Patagonia, en conflicto permanente con las comunidades mapuche, ya que la multinacional ocupa parte de sus territorios ancestrales (goo.gl/73JZTy).
El extractivismo es la continuación de la Campaña del Desierto. Según el periodista Darío Aranda, de los 40 proyectos mineros en estudios (en 2003), se avanzó hasta 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soya transgénica se pasó a 22 millones en el mismo periodo. Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras) que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos (goo.gl/71ckCG).
Los medios hacen un trabajo sucio al vincular a los mapuche a las FARC, a grupos kurdos y a ETA, sin prueba alguna, sólo apoyados en declaraciones del gobernador de Chubut, al servicio del avance de la frontera extractiva. La ministra de Seguridad, Bullrich, dio un paso más al señalar que los mapuches son un problema para la seguridad nacional y acusarlos de terroristas, a la vez que asegura que enarbolan un proyecto secesionista.
No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista, dice quien en los setenta militaba en el entorno de la organización armada Montoneros (goo.gl/yp2hfU).
Detrás de todo este cacareo hay una realidad que es la que realmente molesta: en los últimos 15 años, luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes, asegura Aranda. O sea, pese a la represión, la criminalización y la difamación, los mapuche están ganando.
El conflicto del Estado con la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la localidad de Cushamen, provincia de Chubut, se intensificó en 2015 a raíz de la represión y criminalización de sus líderes. El lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche de la comunidad, fue detenido el 28 de junio de este año, el mismo día en que se reunieron los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, acusado por los gobiernos de terrorismo, incendios, robos, amenazas e, incluso, haberle declarado la guerra a Chile y Argentina (goo.gl/1khbBy).
El primero de agosto efectivos de la Gendarmería Nacional allanaron y quemaron instalaciones de la comunidad. En el marco de la represión desapareció el activista solidario Santiago Maldonado, cuando no pudo cruzar un río junto a sus compañeros perseguidos por los policías. Hasta ahora nada se sabe de su paradero, el gobierno se niega a responder mientras arrecian las marchas y concentraciones exigiendo su aparición con vida.
Hay tres hechos que desesperan a los de arriba y explican la brutalidad represiva.
Uno, el pueblo mapuche sigue vivo, no se rinde y recupera tierras, que es la base de su reconstrucción como nación.
Dos, la campaña nacional e internacional en su apoyo. Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, emitieron un comunicado titulado La lucha indígena no es delito, donde dicen que el Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche.
Tres, que los mapuche han construido las más diversas organizaciones, entre ellas la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), dedicada a recuperar tierras. Daniel Loncon, integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, dijo que entre los mapuche algunos prefieren la vía diplomática, pero también hemos sido testigos de nuestros abuelos que se han muerto yendo de oficina en oficina buscando la legitimación de sus tierras. El RAM en ese sentido es una expresión del pueblo mapuche cansado de esta injusticia histórica, pero consciente de dónde está el poderío económico que maneja todo esto. Porque la recuperación no se hizo a un vecino, sino a una multinacional (goo.gl/GEqKq9).
¡Marichiweu!
Raúl Zibechi
La Jornada
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