El decreto que prohíbe los cortes de ruta que Tabaré Vázquez firmara la semana pasada generó un importante repudio de organizaciones sociales y políticas y debates que incluso alcanzaron a los partidos que componen el Frente Amplio.
En aras de justificar lo injustificable el Partido Comunista del Uruguay (PCU) ha tenido que hacer malabares intentando no quedar pegado a un decreto claramente represivo que atenta contra las libertades democráticas y las movilizaciones populares.
Primero fue Marcelo Abdala, quien a pocas horas de anunciado el decreto salió casi que a defender al presidente Vázquez diciendo que esto no afectaba a los trabajadores y los sindicatos (“Este decreto no es contra el movimiento obrero organizado”).
Ante el repudio creciente y la represión a los trabajadores del transporte en Conchillas no tuvo más remedio que mostrar su “preocupación” y la posibilidad de que el PIT-CNT “actúe en consecuencia” si afectara las libertades democráticas.
Como Marcelo Abdala no quiere reconocer que el gobierno al que apoya (y del que su partido forma parte) saca decretos que son la envidia del propio Mauricio Macri, no tiene más remedio que recurrir a argumentos que no tienen nada que ver con la realidad del país.
Así es como para Abdala el anuncio de Tabaré no sería contra los trabajadores y los reclamos populares sino contra la derecha y los empresarios.
Es curioso que un Frente Amplio que se esmera en hacer buena letra con el sector empresarial fuera a enfrentarlos, más bien todo parece indicar lo contrario. Los ejemplos sobran pero pensemos por ejemplo en Bulgheroni (la mayor fortuna de Argentina y una de las mayores del mundo) paseando con Vázquez por Europa o China o en la banda presidencial que lució Mujica, regalo del empresario “nacional” Alberto González, dueño de Fripur conocido por dejar trabajadores en la calle y llenarse de plata a costa del estado en los negocios de la generación de la luz.
El Caso Chileno
Quien mas ha desarrollado este tipo de argumentos, recurriendo a analogías históricas que no tienen nada que ver con la situación actual es Marina Arismendi, ministra del Mides para quien el decreto “no es contra el movimiento sindical ni los trabajadores". Según la dirigente del Partido Comunista este tipo de medidas se toman para defenderse de las patronales y para ello cita como ejemplo la huelga de camioneros y el lock out patronal en contra del gobierno chileno de Salvador Allende.
La comparación simplemente no se corresponde con la realidad: Mientras el gobierno del FA lleva adelante un ajuste y hace buena letra con los empresarios al darles todo tipo de garantías para asegurarles sus ganancias, durante el gobierno de Allende se daba un proceso generalizado de movilizaciones populares y tomas de fábricas con incipientes organismos de doble poder como los cordones industriales. En ese contexto de ascenso obrero la Unidad Popular impulsó algunas medidas populares que afectaban intereses de los empresarios y el imperialismo y contra ellos se levantó la derecha y las patronales.
Frente a estos ataques, que finalizaron con el sangriento golpe de Pinochet pocos meses después, el propio Allende desconfió de la organización y autodefensa de los trabajadores al requisar las armas y frenar las tomas de fábricas, confiando en la negociación y la conciliación con la derecha. El resultado de esta política es por todos conocidos.
La declaración del Comité Central del PC
La resolución política del Comité Central del PCU del 26 de marzo considera “inconveniente e innecesario el decreto presidencial”; una tibia declaración que toma cierta distancia de Vázquez pero que no constituye una condena firme ni plantea movilizaciones o acciones concretas para enfrentar el decreto y luchar para que caiga. La referencia al decreto es mínima en el pronunciamiento del Comité Central y parece más bien un intento de no chocar con el sentimiento de repudio que despertó en los trabajadores y el pueblo la medida anunciada.
Hernán Yanes
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