Un juez de la cámara federal de San Francisco ordenó la liberación de correos electrónicos de la multinacional que ponen en duda la veracidad de sus investigaciones y estudios.
La multinacional del agro se ve envuelta nuevamente en un escándalo. Según informó The New York Times, una corte federal de Estados Unidos permitió el acceso a documentos que ponen en duda la seguridad y los métodos de investigación del gigante de productos químicos Monsanto. La corte se apoya en las investigaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).
Los expedientes, que incluían correos electrónicos de Monsanto, tanto internos como de intercambio con organismos federales reguladores, fueron divulgados por el juez Vince Chhabria, de San Francisco.
Chhabria tiene en sus manos el litigio presentado por personas que, debido a su exposición al glifosato, declaran haber desarrollado linfoma no-Hodgkin (también conocido como LHN), un tipo de cáncer que surge en los linfocitos. La demanda contra la empresa tuvo lugar luego de un dictamen de hace casi dos años, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, declaró que el glifosato era un producto potencialmente cancerígeno. Este dictamen estaba basado en investigaciones que lo asocian con el linfoma no-Hodgkin.
Los documentos de la corte federal de San Francisco muestran que Monsanto recibió un aviso con meses de anticipación sobre esta determinación del IARC, por parte de Jess Rowland, un subdirector de división de la EPA, lo que permitió que la compañía elaborara un plan de relaciones públicas contra la investigación mucho antes de su publicación. En sus correos, los ejecutivos de Monsanto también señalaron que Rowland había prometido resistir el esfuerzo del Departamento de Salud y Servicios Humanos que buscaba realizar su propia revisión sobre el glifosato, el ingrediente principal del herbicida estrella de Monsanto, el Roundup.
Santos en la corte
Si bien es cierto que tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos manifestaron estar en desacuerdo con la resolución de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de declarar el glifosato como potencialmente cancerígeno, los registros de la corte federal de San Francisco revelaron que había desacuerdos al interior de la EPA sobre su propia evaluación de seguridad.
La Oficina de Investigación y Desarrollo del organismo planteó su inquietud por la solidez de una evaluación realizada por la Oficina de Programas de Plaguicidas, y en diciembre de 2015 recomendó tomar acciones para “fortalecer” la “evaluación en la salud humana”. Frente a este hecho Monsanto declaró que “el glifosato no es un cancerígeno”. Y añadió: “La afirmación de que el glifosato puede provocar cáncer en los humanos no coincide con las décadas de revisiones exhaustivas de seguridad realizadas por las principales autoridades regulatorias de todo el mundo. Los demandantes han presentado documentos aislados que se han tomado fuera de contexto”. La EPA no emitió comunicado al respecto.
Dan Jenkins, ejecutivo de Monsanto, sostenía en un correo electrónico de 2015 que Rowland, en referencia a la posible revisión de la agencia, le había dicho: “Si puedo darle un carpetazo a esto, mereceré una medalla”. Y la revisión nunca se realizó. En otro correo, Jenkins le decía a un colega que Rowland planeaba retirarse, y que “podría ser útil mientras avanzamos con nuestra defensa del glifosato”.
Científicos en venta
En otro correo electrónico, William Heydens, también ejecutivo de Monsanto, le decía a otros funcionarios de la compañía que podrían escribir investigaciones sobre el glifosato y luego contratar a académicos para que firmaran como autores de los artículos que redactaba la multinacional. “No gastaríamos tanto si nosotros escribiéramos, y ellos solo editaran y firmaran con sus nombres, por decirlo así”, escribió Heydens, y además citó una ocasión anterior en la que la compañía ya había hecho eso.
Estas revelaciones son las dudas más recientes sobre la integridad de las investigaciones financiadas por las compañías agroquímicas. El año pasado, una revisión realizada por The New York Times mostró cómo la industria puede manipular la investigación académica o presentar engañosamente los hallazgos. En la revista Critical Reviews in Toxicology señalaban que los integrantes del panel de una investigación habían sido reclutados por una consultora. El intercambio de correos que se divulgó muestra que algunos funcionarios de Monsanto analizaron y discutieron qué científicos debían ser considerados, además de darle forma al proyecto.
El asunto de la seguridad del glifosato no es trivial para los estadounidenses. En las dos décadas anteriores, Monsanto ha modificado mediante ingeniería genética el maíz, la soja y el algodón para que sea más fácil regarlos con este herbicida, y aproximadamente 100 millones de kilos de glifosato se usaron en 2015 en Estados Unidos.
Glifosato en Argentina
En nuestro país también es preocupante la problemática de los agroquímicos. El 2 de noviembre de 2016, el programa de TV italiano Le Iene, difundió su investigación sobre el drama argentino de los agrotóxicos, particularmente el caso del glifosato, donde se establecía una asociación entre la exposición ambiental a este agroquímico y múltiples enfermedades como el cáncer y las malformaciones en recién nacidos.
En Argentina se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año y se afecta a más de 28 millones de hectáreas (370 millones de litros en total considerando todos los agroquímicos, según registro de 2012). Es importante remarcar que el glifosato es el herbicida de mayor uso en el país, superando el uso del kilo por habitante en comparación incluso con Brasil, que es otro gran productor de soja: 5 kg por argentino por año mientras que en Brasil está en 3 kg por brasileño por año.
En Santa Fe, y por la exigencia de organizaciones, fue prohibido el agrotóxico 2,4D, el segundo más utilizado en el país y que también se emplea en la producción de soja transgénica. En 2013 finalmente se prohibió la elaboración de Endosulfán (el año anterior se prohibió su importación), luego de que muriera envenenado por contacto por la piel un pequeño de cuatro años en Corrientes. El glifosato particularmente es producido por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras empresas.
En mayo del año pasado la Red de Médicos de Pueblos Fumigados le solicitó al SENASA por medio de la justicia, que les otorgasen los estudios científicos con los cuales aprobaron el uso del glifosato hace más de 20 años. La respuesta fue negativa, argumentando que dichos estudios son de carácter secreto.
En julio de 2016 se dieron a conocer los resultados de un estudio publicado por la revista internacional Environmental Monitoring and Assessment, el cual reveló que la cuenca del río Paraná está altamente contaminada con glifosato.
En febrero de este año un estudio argentino que asocia la exposición ambiental al glifosato con el cáncer fue publicado en la International Journal of Clinical Medicine. El trabajo, titulado Association between Cancer and Environmental Exposure to Glyphosate, estuvo a cargo del Estudio de Salud Ambiental de Monte Maíz, Córdoba, integrado por médicos de la UNC y data de 2014. Sin embargo el Consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, un organismo político de gobierno, contradijo la veracidad científica de dicho estudio. Los autores del estudio denunciaron un vínculo entre las autoridades universitarias y el agronegocio.
Ramiro Thomás
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