En el transcurso de este mes, se han erigido miles de bloqueos de rutas en todo el país, sostenidos por trabajadores, jóvenes, campesinos e indígenas y en todo el país florecen las asambleas y cabildos populares. Como consecuencia de los bloqueos, según una encuesta realizada por las cámaras de comercio, de las 13 mil compañías consultadas, el 22% de ellas debió paralizar sus operaciones y el 53% opera con menos de la mitad de su capacidad instalada (El País de Cali, 27/5). En Bogotá, las masas organizadas han rebautizado el Portal de las Américas como el Portal de la Resistencia, del mismo modo que el pueblo chileno rebautizó la Plaza Baquedano como la Plaza de Dignidad. El Portal de la Resistencia se ha constituido como un centro de organización popular y, también al igual que en Chile, ha surgido una “primera línea” compuesta mayoritariamente por jóvenes precarizados, desocupados o estudiantes, que le hacen frente a la criminal represión del gobierno de Duque para permitir que las masas se manifiesten. En Medellín, principalmente en los barrios periféricos, se han llevado a cabo cacerolazos, marchas de antorchas y tomas culturales, como expresiones de lucha contra el gobierno y el régimen (Colombia Informa, 18/5).
En el Valle del Cauca, epicentro de la rebelión, se mantiene bloqueado el puerto de Buenaventura, el único puerto colombiano de salida al Pacífico. Desde el comienzo de la rebelión, como consecuencia de los bloqueos, se mantienen también paralizados numerosos ingenios del Valle y las fábricas cementeras y papeleras (El País de Cali, ídem) ubicadas en Yumbo. En Cali, la capital del Valle del Cauca, los “puntos de resistencia” en Siloé, La Portada, Meléndez, Puerto resistencia, Puerto Madera, Paso del Comercio, Puente de los Mil Días, Sameco, Loma de la Cruz y La Luna, se han constituido como centros de organización, de donde han surgido la “primera línea” y se han organizado centro de atención médica en comisarías ocupadas por las masas sublevadas.
En su mes de desarrollo, la rebelión colombiana logró voltear la reforma tributaria regresiva y la reforma sanitaria privatista, y se llevó puestos al ministro de Hacienda, a la ministra de Relaciones exteriores, al jefe de la policía de Cali y en esta última semana al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, nada menos que el hombre puesto por el gobierno para negociar con el Comité Nacional de Paro.
Más represión que “diálogo”
El “diálogo” impulsado por el gobierno de Iván Duque con el Comité Nacional de Paro se encuentra empantanado y se ha revelado estéril. Es que el gobierno reclama, para proseguir con la negociación, el levantamiento de los bloqueos. Se hace eco, de esta manera, de un resonante lobby patronal que exige el fin de los cortes para poder retomar el ciclo de producción y comercialización. Sin embargo, el CNP no tiene la autoridad ni la capacidad para levantar esos bloqueos -ya que las masas en lucha no lo reconocen como la dirección política de la rebelión.
Por su parte, el CNP -que rechaza desenvolver y profundizar la lucha hasta que caiga Duque- le reclama al gobierno “garantías democráticas” para que se pueda expresar la manifestación popular. Pero el gobierno volvió a responderle sin ambages. Pues el viernes 28, Duque lanzó una nueva represión criminal, que en Cali se cobró la vida de siete manifestantes, y emitió un decreto habilitando la intervención militar en todo el Valle del Cauca y en otros seis departamentos. Se trata de la declaración disfrazada de una suerte de “estado de conmoción interior”, la figura constitucional que habilita al gobierno a suspender cargos de gobernantes regionales, restringir manifestaciones, asumir el control de los medios de comunicación y realizar inspecciones a domicilios sin orden judicial previa.
Es claro que el gobierno se ha volcado a intentar apagar la rebelión dando vía libre a una mayor represión. Pretende avanzar con el desalojo de los bloqueos e instaurar un clima de terror con los militares patrullando las calles, en connivencia con las bandas paramilitares, y ocultando las verdaderas cifras de personas desaparecidas. En una rueda de prensa realizada por las organizaciones de derechos humanos el viernes 28 se denunció que de las 59 muertes registradas al momento, 32 fueron homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad y 27 por paramilitares (Contagio Radio, 28/5). A eso, se le suma una larga lista de heridos, de víctimas de violencia sexual, y más de 2.000 detenidos. Finalmente, las organizaciones de DDHH estiman que hay 346 personas desaparecidas, contra las 129 que reconoce la Fiscalía.
La resonancia de la rebelión colombiana y la intensa campaña desenvuelta por distintas organizaciones en numerosos países -denunciando la brutal represión estatal y particularmente el alto número de desaparecidos y víctimas fatales- ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública internacional. La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recientemente electa como la nueva ministra de Relaciones exteriores, viajó a EEUU la semana pasada, en busca de un renovado respaldo del imperialismo yanqui al gobierno colombiano. Allí, el imperialismo “demócrata”, le sugirió a la vicepresidenta Ramírez que guarde las formas y acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –aunque no sin antes limpiar el “desorden”.
Crisis soberana
La caída de la reforma tributaria, el proyecto de ley que desató la rebelión popular, significó un tiro en la línea de flotación del plan económico del gobierno. Pues de la mano de ese proyecto ley, ideado por el FMI, el gobierno de Duque pretendía revertir el déficit fiscal y cumplir con el enorme paquete de vencimientos de la deuda pública colombiana. Si al naufragio de la reforma tributaria le sumamos las concesiones sociales que Duque se vio forzado a realizar, el cuadro fiscal se torna completamente crítico. Porque aunque los anuncios sociales sean absolutamente insuficientes, lo cierto es que el gobierno ha debido aumentar al gasto público en momentos donde, por el contrario, pretendía avanzar en un aumento de la recaudación, en base al bolsillo popular, y ajustar el gasto.
Como consecuencia de este descalabro, el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo se anoticiaba, a menos de 24 horas de haber asumido oficialmente, que Standard & Poor’s le bajaba el índice de calificación de riesgo de inversión a Colombia. La noticia significa que se encarecerán los costos de endeudamiento del Estado y los capitales colombianos. Esto, en momentos donde el Estado deberá financiar un déficit que se prevé que superará el 8,6% del PBI en 2021 y la deuda pública ya asciende al 60,4% del PBI (Infobae, 22/5). Es por eso que el gobierno mantiene en agenda su objetivo de imponer una reforma tributaria, aunque en esta oportunidad pretenda realizarla logrando un “consenso” con la oposición.
De conjunto, vuelve a quedar en evidencia la incompatibilidad de un gobierno fondomonetarista y de un Estado servil a los intereses del capital financiero internacional con la satisfacción de las reivindicaciones más acuciantes y elementales de las masas.
Dos políticas
En el campo de los que apoyan las movilizaciones y se oponen al gobierno de Duque y al uribismo, han quedado sobre el tapete dos políticas antagónicas.
De un lado, la de quienes rechazan desenvolver hasta el final la rebelión popular hasta que caiga el gobierno. En esa orientación se anotan el candidato presidencial centroizquierdista Gustavo Petro y la dirección del Comité Nacional Paro. Gustavo Petro ha llamado a levantar los bloqueos, que se han constituido en un bastión clave y fundamental de la rebelión popular. Ha emprendido reuniones y entrevistas con el empresariado, para dar señales de confianza a la burguesía y al imperialismo y perfilarse como el futuro presidente electo de Colombia. Al igual que Lula en Brasil, que Daniel Jadue en Chile o que Pedro Castillo en Perú, se anota como la figura centroizquierdista capaz de canalizar el descontento popular por las vías institucionales en los marcos del régimen. La dirección del CNP tributa a esa línea estratégica.
Del otro lado se ubican los que apuestan por el pleno desarrollo de la rebelión y por el impulso de una Asamblea o Encuentro nacional, con el objetivo de echar ahora mismo al gobierno de Duque y abrir paso a una reorganización de Colombia sobre nuevas bases. La caída de Duque no solo significaría un terremoto político para Colombia y toda América Latina, sería también un golpe extraordinario al imperialismo yanqui, que tiene en Colombia a un enclave fundamental. Luchar a fondo por esta última orientación, plantea la defensa de los bloqueos y el impulso de la huelga general. La concreción de un congreso, asamblea o encuentro nacional serviría para superar a la dirección del CNP, centralizando y profundizando la lucha, y para desarrollar un programa. En Colombia, un programa no se puede limitar a un pliego de reivindicaciones sociales y democráticas inmediatas, debe articularse con todo un plan económico y político bajo la dirección de los trabajadores, indígenas y campesinos, donde el no pago de la deuda y la ruptura con el imperialismo, por ejemplo, deberían ocupar un lugar importante.
Las organizaciones sociales e indígenas y los amplísimos sectores de las masas que luchan por la caída de Duque, carecen de un mayor nivel de organización y de un programa acabado. Abordar ese problema debe apuntar a poner en pie un partido obrero, socialista y revolucionario, algo que por el momento se encuentra ausente en Colombia.
Pablo Giachello
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