Desde que asumió la coalición multicolor, el gobierno atravesó distintos momentos de fortalezas y debilidades para la aplicación de su política. A nivel económico el parate causado por la pandemia dejará a la economía con un PBI 4% más pequeño que el de 2019. A nivel social fueron miles de personas las perdieron su empleo y/o tuvieron que recurrir a la solidaridad desplegada desde las ollas populares. Mientras tanto el presidente: para los ‘malla de oro’ todo, para los trabajadores y los de abajo, un saludo de solidaridad.
Las apuestas del gobierno y su mandato
El gobierno, por su parte, lejos de despegarse del recetario liberal de baja del gasto público, lo hizo doctrina para dirigir la tan mentada ‘nueva normalidad’. Tal es así, que, a la rebaja salarial de algunos sectores de la actividad privada sumó un presupuesto que se destaca por su austeridad fiscal. Los ‘malla oro’ no solamente no fueron blanco de nuevos impuestos, sino que, en muchos casos gozaron de nuevas exoneraciones.
Buena parte del año lo atravesamos con un gobierno con una alta valoración de gestión por el manejo sanitario de la pandemia. La crisis económica que derivó en crisis social no cuestionó al gobierno en su política, que se valió de ello para avanzar en la votación exprés de la LUC y en su ley de ajuste presupuestal. El gobierno vio en la pandemia un capital político y una gran excusa para sus planes, mientras contaba con la tregua y los llamados al diálogo social por parte de la dirección mayoritaria del PIT-CNT.
Mientras el miedo a la pandemia se iba disipando, el gobierno fue recreando la idea de un futuro promisorio, basado en la recuperación económica de 2021. La ‘recuperación en V’ pasó a ser la nueva utopía del gobierno con la que aseguraba que todos recuperarían sus empleos y salarios. Para esto, el Poder Ejecutivo y toda la coalición han puesto sus motores en proteger a la industria de la construcción, que con la nueva obra del Tren de UPM2 crearía centenares de puestos de trabajo y reactivaría la demanda interna. La fe del gobierno en la industria de la construcción, combinado con una política de seducción a empresarios argentinos, generó una cristalización de una vieja demanda de la APPCU, como la exoneración impositiva a los emprendimientos inmobiliarios con inversiones mayores a 2 millones de dólares (antes el mínimo era 6 millones).
Renuncias fiscales, ajustes salariales a la baja, recorte de gasto en la administración pública son algunas de las medidas que el gobierno multicolor llevó a cabo en la pandemia. El gobierno, aún en un momento de aumento de casos de covid y recrudecimiento de la pandemia, sigue aferrado al dogma liberal, que, por otra parte, al no poder recrear inversiones productivas genuinas, corre el riesgo macroeconómico de que su propia política cause tendencias recesivas en un futuro cercano.
Si a principios de año planteábamos que la LUC era la adecuación del marco jurídico del estado y el cambio de las reglas de juego como forma de colocar los cimientos hacia un ajuste, en la pandemia, ese ajuste avanzó más de lo esperado por el propio gobierno.
En 2018 ante el surgimiento de Un Solo Uruguay planteábamos que se comenzaba a sentar las bases de un consenso que recorría a todo el empresariado nacional. El gobierno multicolor electo en 2019 llegó al ejecutivo con un mandato político claro por parte de la clase dominante: recuperar la competitividad en el frente externo, realizar un ajuste fiscal, flexibilizar el trabajo y hacer la reforma de la seguridad social, una tarea a la que se avocan todos los partidos del sistema político, incluido el Frente Amplio.
El equilibrista
Los anuncios del presidente en su última conferencia de prensa fueron más que un movimiento de perillas, una muestra de equilibrismo. Primero porque una de las necesidades del momento a nivel sanitario es reducir la movilidad de personas, y esta, con las medidas del gobierno no se reduce significativamente. Por el contrario, con la reglamentación del artículo 38 se lesionan derechos que atañen al derecho de reunión como lo es el de manifestación. En este sentido, el gobierno intenta dar una imagen de que ‘está haciendo’, cuando en realidad desde comienzos de noviembre dejó escapar la cantidad de casos de covid mientras transmitía una sensación de normalidad. Ahora, con la pretendida aplicación del artículo 38 de la constitución, Lacalle Pou intenta dejar contentos a quienes pidieron cuarentena desde un principio, y a los empresarios que no quieren que les detengan la actividad económica. El gobierno en sus decisiones privilegia la economía, no solamente por beneficiar la ganancia de los empresarios, sino porque no quiere hacerse cargo de los efectos sociales de una nueva cuarentena. El presidente sigue aferrado a la política de ajuste o ‘ahorro’ del Estado y mientras tanto, se ‘solidariza’ con desempleados y trabajadores y trabajadoras que acuden a ollas populares a paliar la miseria.
Pero el equilibrismo también tiene lugar con los socios de la coalición, con, por ejemplo, un Cabildo Abierto que rompió la unidad parlamentaria del gobierno para votar una ley de tope de las plantaciones forestales junto al Frente Amplio, lo que generó crisis y dejó al presidente al borde del veto. Es por esto que los anuncios del miércoles se hicieron inmediatamente después de un Consejo de Ministros de emergencia, donde buscó alinear de antemano a todos los partidos que componen la coalición con el paquete de medidas a tomar. Varios componentes de la coalición desde hace algunos meses le reclaman al presidente la realización de una ‘mesa de la coalición’ que le de mayor institucionalidad y mayor participación a colorados y cabildantes en la toma de decisiones. Además, días atrás Manini había planteado a la prensa que, si fuera por el ministro Salinas, ‘sería más duro en las medidas’. Es el fino equilibrio entre un gobierno fuertemente centralista y presidencialista y una coalición derechista inestable en sí misma, fragmentada y que en su interior contiene actores que pujan por formas colegiadas de dirigir el gobierno.
La oposición responsable
El tercer equilibrio es con la oposición. El envío al parlamento también fue un intento de legitimar el paquete de medidas por la vía legislativa, volviendo a mostrar a un Frente Amplio con el modo Unidad Nacional nuevamente activado. Las primeras reacciones a los anuncios de parte de dirigentes frenteamplistas fueron en ese sentido, por ejemplo, mediante los tuits de Carolina Cosse o Mario Bergara inmediatamente finalizada la conferencia. Más allá de haber modificado esta postura y no haber votado correctamente la reglamentación del artículo 38 o de haber denunciado la votación del escandaloso aplazo de los salarios vacacionales generados en 2019 por los trabajadores, la ‘oposición responsable’ hecha por el Frente Amplio fue una marca de este 2020. Primero con su política de Unidad Nacional con críticas al gobierno, luego con su actuación parlamentaria planteando una estrategia de ‘reducción de daños’ frente al tratamiento de la LUC y, después, en el mismo sentido, con una postura de denuncias generales a los recortes presupuestales. Estas cuestiones plantean que el centro de gravedad de la intervención política del Frente Amplio es la vía parlamentaria y no la lucha en las calles.
Por su parte, el PIT-CNT, que en el paro general parcial de junio planteaba la necesidad de avance hacia un gran ‘diálogo social’ con el gobierno, tuvo en la intersocial un papel cuya postura atentó contra la unidad de las distintas organizaciones sociales hacia un referéndum contra la LUC. El PIT-CNT, con su postura a favor de un referéndum parcial, actuó como ala derecha de una intersocial cuyos integrantes mayoritariamente se habían expedido por un referéndum total contra la ley. El discurso de las organizaciones que se plantaron contra todo el paquete tiene total sentido: si es una ley nefasta y antipopular en su conjunto… ¿Por qué no negarla toda? Esta pregunta tiene su respuesta en la ligazón de la dirección mayoritaria del PIT-CNT con el Frente Amplio y su subordinación en este tema. Si Lacalle Pou hace de equilibrista en esta situación política, la ayuda que se le da de parte de la ‘oposición responsable’ no es para nada desestimable.
Uruguay no era una isla
Durante más de ocho meses hemos visto y escuchado como desde distintos medios de prensa nacionales e internacionales hacían gala de un Uruguay ejemplo en la lucha contra la pandemia. Un “enclave liberal” que muchos le daban estatus de paraíso de la libertad y del respeto por los derechos individuales mientras distintos gobernantes del mundo confinaban a su población. Sin embargo, ese país que parecía inmune al contagio del Covid-19, ahora se encuentra en niveles de alerta naranja y aplicando medidas restrictivas en un derecho tan elemental como el de reunión, lo que no resuelve el problema de la alta movilidad y la exposición al virus.
Estas restricciones, que privilegian la economía, buscan garantizar la ganancia empresaria a costa de la salud de la población trabajadora, que se la envía a trabajar pero se le prohíbe la reunión, entre otras cuestiones, para protestar o manifestar.
La situación de crisis internacional que ha desatado la pandemia así como las grandes contradicciones y guerras comerciales entre potencias, o los movimientos de protesta que recorren el mundo se harán presentes más temprano que tarde en un país donde la sensación de desacople con el resto del mundo o de excepcionalidad uruguaya cala hondo no solo en la casta política, sino en importantes sectores de la sociedad.
Alguna vez Fredric Jameson planteó (y después fue retomado por Mark Fischer en su libro ‘Realismo Capitalista ¿No hay alternativa?’) que hemos llegado a un momento de la humanidad donde es más fácil pensar el fin del mundo que el final del capitalismo. Esto sucede por estos días en el mundo, pero también aquí en Uruguay, con centenares de negacionistas del virus, conspiracionistas, antivacunas y tribus afines. Se ha llegado a un punto de desmoralización en la izquierda uruguaya que muchos militantes de la izquierda extrafrenteamplista son atraídos por el facilismo de esas teorías. Sin dudas luce más confortable y menos engorroso que estudiar, pensar e imaginar las tareas y las líneas de surgimiento de una izquierda anticapitalista y socialista que se plantee desde la independencia de clase la conformación de una oposición a la altura de los ataques del gobierno. Esa es la tarea.
Damián Recoba
Miércoles 23 de diciembre de 2020 | 10:11
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