Seccionales del gremio portuario ILWU pararon 29 puertos el 19 de junio respondiendo a una convocatoria del Movement for Black Lives
Trump quedó nocaut; se agrava la pandemia y la crisis social.
El intento bonapartista de Donald Trump ha sido herido de muerte. No por un ascenso de fervor por su rival demócrata Joe Biden, sino por el profundo movimiento popular que lo ha derrotado en las calles del país. El contexto previo de esta derrota ha sido una sostenida crisis política, la división de la burguesía norteamericana frente a la política comercial, financiera, militar y diplomática a adoptar frente a la crisis capitalista y el empantanamiento de los intereses exteriores norteamericanos y la enorme crisis sanitaria y social que ha resultado del profundo desmanejo de Trump frente a la pandemia.
La pandemia está lejos de llegar a un techo. Entre aperturas totales y parciales que permitieron una extensión de contagios, California, Florida, Texas y Arizona enfrentan brotes muy pronunciados. Las últimas encuestas marcan que un 67% de la población rechaza el manejo de Trump de la pandemia, mientras que los muertos ya han pasado los 136 mil.
La última obsesión de Trump es presionar por la reapertura de las clases en agosto. La medida, manteniendo el curso a contramano de cualquier criterio sanitario, quiere facilitar el retorno a la producción económica. Es acompañada por autoridades locales republicanas y demócratas que improvisan protocolos para arrancar las clases el mes que viene. Pero estas intenciones deberán pasar por el tamiz de la lucha de clases. Los sindicatos docentes han sido de los sectores más vitales del resurgir de luchas sindicales y los reclamos para controlar las condiciones laborales seguramente se harán escuchar.
La no renovación de la ayuda a los desempleados bajo el argumento de que “desincentiva el trabajo” dejará a millones sin ingresos a fin de mes mientras la pandemia crece. El impacto de esto se sumará a la discontinuidad de subsidios a empresas y en coincidencia con despidos y ajustes presupuestarios que están implementando los gobiernos locales, completamente desbordados por el costo de hacerse de recursos vinculados a la pandemia, como tests y medicamentos (Financial Times, 13/7). Mientras tanto, republicanos y demócratas se mandan al frente mutuamente por su participación accionaria en empresas que se han embolsado parte de los miles de millones destinados al rescate empresarial (Financial Times, 9/7). La distancia entre el régimen político y los intereses populares no puede ser más clara.
Trump, aislado del régimen político, del aparato del Estado y de los planes de su propia clase social, ha decidido aprovechar los poderes de la presidencia mientras sigue gozando de ella y decretó un perdón, eximiendo a su asesor Roger Stone, condenado por ocultar información (para proteger a Trump) frente a la investigación del Congreso. Esta actitud, abiertamente delictiva, refuerza la inviabilidad política de su continuidad en el poder. Existe un vacío de poder que no genera una crisis mayor porque faltan cuatro meses para las elecciones y la oposición demócrata es la más interesada en un recambio ordenado.
La suprema corte se prepara para jugar de arbitro
La corte suprema, bajo el liderazgo de su presidente John Roberts ha emprendido una compleja operación política para poder jugar un rol en la salida a la crisis política y no ser vista como un apéndice de Trump. Ha estado sorprendiendo en el último mes con una seguidilla vertiginosa de fallos judiciales, parte de ellos distanciándose de Trump, como los referidos a los jóvenes inmigrantes llamados “soñadores”, a la estabilidad laboral de trans y travestis y el rechazo de una ley del estado de Lousiana que restringía el derecho al aborto. En estos casos el conservador Roberts sorprendió votando con los jueces considerados “liberales” (progresistas), desmintiendo la suposición de que los jueces nombrados por Trump le habían dado una mayoría automática. En otros temas recientes Roberts votó junto a los jueces trumpistas, dándole a Trump fallos favorables en términos de limitar el derecho a asilo para inmigrantes, habilitar el financiamiento estatal para la educación religiosa, negar la obligación de las obras sociales de cubrir métodos contraceptivos y otro permitiendo al presidente destituir a las autoridades de la Oficina de Protección de Consumidores Financieros, una entidad creada por el gobierno de Barack Obama.
Un fallo negando a Trump inmunidad frente a una investigación por evasión impositiva parece haber sido un nuevo golpe de la corte contra el presidente, aunque muchos comentaristas señalan que los plazos del fallo han permitido que éste no presente su documentación antes de las elecciones de noviembre, logrando que los resultados de la investigación no incidan en la votación. Lo que es seguro es que con la escalada judicial que se deriva de la crisis política y las altas posibilidades de que la realización de las elecciones y los resultados electorales sean objeto de disputa, la corte quiere recuperar autoridad política para actuar como un punto de reconstitución del golpeado régimen político patronal.
Un primer paro nacional
El dato dominante de la situación política de Estados Unidos es que la rebelión popular no ha podido ser controlada y desmovilizada hacia un proceso de recambio electoral tranquilo. Lejos de eso, la rebelión se ha unido a la conflictividad creciente en los lugares de trabajo y amenaza en confluir con una ola huelguística. Es significativo que se discuta un paro nacional, aunque este no abarque al conjunto del movimiento obrero todavía. No ha existido en todo el siglo XX y lo que va del XXI un solo paro nacional en EEUU, lo cual da cuenta de la profunda estatización y regimentación de su movimiento sindical que está siendo sacudido por la crisis capitalista y la rebelión.
Una coalición de gremios y organizaciones de lucha nucleadas en el Movement for Black Lives dio a conocer que convocaría para el 20 de julio una “huelga por las vidas negras”. Los organizadores dicen que están en condiciones de imponer un paro nacional de todo el día entre trabajadores de comidas rápidas, choferes de apps como Uber y Lyft, atendedores de geriátricos y empleados de aeropuertos (APnews, 8/7). Los organizadores convocan a quienes no pueden parar el día entero a que hagan abandono de tareas por ocho minutos (la duración de la asfixia de George Floyd) en memoria de los asesinados por la policía en los últimos tiempos. Se organizarían movilizaciones a nivel nacional en simultáneo con el paro. Las reivindicaciones combinan reclamos contra políticas racistas dentro de las empresas con reclamos generales de todos los trabajadores como que se garanticen las licencias pagas por enfermedad, el acceso a la atención sanitaria, medidas de protección para los que deben trabajar bajo la pandemia, aumentos de sueldo, libertad de organización sindical en el lugar de trabajo y el acceso a guarderías para los hijos de los trabajadores. La misma noticia dice que el poderoso sindicato camionero, los Teamsters, y la federación de docentes apoyarían la medida.
Los convocantes de la huelga repudian explícitamente a los empresarios que han salido a decir para las cámaras que “apoyan a las vidas negras, cuando su modelo empresarial funciona explotando a los obreros negros – dando monedas en concepto de salarios y fingiendo consternación cuando la gente negra que son sus trabajadores esenciales enferman de Covid-19”. El CEO de Ford, Jim Hackett, rechazó un reclamo que había circulado de empleados de la empresa para que esta dejara de ser proveedora de móviles policiales, reivindicando en el mismo comunicado una supuesta adhesión a “Black Lives Matter” y un rechazo al “racismo institucional”.
La chispa de la rebelión ha sido el carácter racista y asesino de la acción policial, pero la profundidad del choque con el régimen de opresión rápidamente va tomando otro alcance. La lucha contra la opresión racial implica necesariamente enfrentar a la opresión capitalista que sufre toda la clase obrera. La convocatoria de un paro nacional es un salto en los recursos del proletariado para enfrentar esa lucha. 62 millones de trabajadores de EEUU ganan menos del salario mínimo. 54% de los trabajadores negros están en esa situación, así como 63% de los de ascendencia latina.
Que la rebelión se haya extendido a huelgas, como la de los portuarios de la costa oeste, y ahora se plantee un paro nacional, muestra que la revuelta contra la opresión racista choca con toda la orientación social de la clase capitalista y el control de los capitalistas de los lugares de trabajo, hecho que se ha vuelto urgente por el violento desprecio de por la salud y la vida de los trabajadores frente a las posibilidades de contagio de Covid-19.
Una expresión concentrada de esta incompatibilidad es el principio de organización de comités obreros de seguridad e higiene, conformadas con independencia de la burocracia sindical que según un informe reciente ya se han extendido a cuatro plantas automotrices de Michigan, Ohio y Kentucky, ante la falta de testeos y la extensión de los contagios al punto de que trabajadores son retirados de la línea de producción en camillas (WSWS, 11/7). El establecimiento de los comités vino unido a protestas, abandonos de tareas y reclamos a las oficinas del sindicato automotriz UAW.
No sólo en los lugares de trabajo se extienden los conflictos. El 25 de julio, junto al fin de los beneficios para los desocupados, se termina el freno a los desalojos que duró 120 días. Sin este freno temporario, con el efecto combinado de la recesión y la desocupación se calcula que unos 20 millones de trabajadores pueden quedar sometidos a los desalojos (Aspen Institute, 19/6). Un cuarto de los habitantes de Nueva York, por ejemplo, adeudan sus alquileres. Se extienden los movimientos de inquilinos que organizan huelgas de pago y movilizaciones masivas para impedir desalojos. Esta vertiente de la lucha de clases se va a agravar en las próximas semanas.
Radicalización y cooptación
La rebelión sigue fuerte en las calles del país. Se multiplican acciones de lucha, así como las resoluciones institucionales de todo tipo de entidades públicas y privadas que tratan de ponerse a tono con cambios formales y simbólicos, modificando denominaciones o presentando declaraciones que quieren ganarse el favor de quienes exigen una transformación social.
Obtuvo repercusión internacional la pintada de un mural de Black Lives Matter sobre la Quinta Avenida frente a Trump Tower, el centro del imperio económico del presidente. Cabe notar que la actividad tuvo la autorización del alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, que se hizo presente y envío empleados municipales a realizar la inscripción.
Otras expresiones, por lo contrario, responden al clima de guerra civil inminente que acompaña cada exhortación de Trump a que sus seguidores tomen las calles a respaldar a la policía. Estas convocatorias reaccionarias congregan en general puñados de seguidores (aunque a veces fuertemente armados), en el mejor de los casos a algunos centenares y a menudo deben enfrentar contramanifestaciones.
El 4 de julio una columna de 1.000 miembros armados de una milicia negra que se denomina la Not Fucking Around Coalition (Coalición No Estamos Jodiendo) marchó con por un parque estatal Stone Mountain, dedicado a la memoria de los líderes de la confederación esclavista del sur y lugar de fundación del Ku Klux Klan. Desde allí difundieron por las redes un desafío militar a los grupos racistas blancos (Newsweek, 5/7).
Han surgido voces profundas en el movimiento de lucha que alertan contra el operativo de cooptación y desmovilización puesto en marcha por el Partido Demócrata y su política de retoques presupuestarios y medidas simbólicas. El preso político encarcelado hace casi 40 años, Mumia Abu-Jamal, publicó una carta titulada “Los peligros de la reforma” donde plantea “la reforma es una traición, un pacto con el diablo para conseguir días mejores en el futuro- que solo traerá días peores” y que “los reformadores de hoy en el congreso prometen mucho, pero solo pueden dar poco más que nuevas ilusiones y es lo que harán”. Efectivamente los anuncios de “desfinanciación” de la policía son un campo de maniobras absurdas. El alcalde neoyorquino de Blasio anunció el recorte de mil millones de dólares a su departamento policía, cuando lo único que hizo realmente fue adjudicar la guardia policial del sistema escolar como parte del presupuesto educativo (Black Agenda Report, 8/7). El editor del sitio Black Agenda Report, Glenn Ford, plantea que “si el movimiento Black Lives Matter va a ser neutralizado, será por la captura/cooptación del Partido Demócrata – como sucedió con el gran movimiento de masas negro de hace medio siglo. (…) el aparato del duopolio Demócrata infecta cada recoveco de la vida cívica negra. Los Demócratas son el enemigo capitalista dentro de la América negra, respondiendo en última instancia a los mismos intereses que controlan a los Republicanos. La diferencia principal es que, como la mayoría de los oligarcas, han visto las ventajas de un manejo diversificado, multirracial de los disturbios de base negra y de las repetidas crisis capitalistas.”
Entre la cooptación del Estado y la necesidad de una acción obrera y popular inédita, que llena de terror a las patronales, se debate una generación de militantes que está organizando un movimiento de masas inédito en la historia de su país. La organización de asambleas populares y la discusión de un programa obrero popular frente a la crisis son una necesidad urgente para darle un cauce a la energía combativa de las masas. La rebelión ha significado la irrupción irreversible de fuerzas sociales que van a jugar un rol decisivo en la etapa que se ha abierto.
Guillermo Kane
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