La justicia británica ha confirmado en un fallo el bloqueo del oro venezolano que se encuentra depositado en el Banco de Inglaterra, argumentando que el Reino Unido desconoce a Nicolás Maduro como presidente y reconoce en cambio al golpista Juan Guaidó. Las autoridades del Banco Central de Venezuela anunciaron que apelarán la medida.
Desde la autoproclamación de Guaidó como presidente venezolano, alrededor de 30 toneladas de oro, que equivalen a más de 1500 millones de dólares, permanecen virtualmente secuestradas en el Banco de Inglaterra, que es el principal atesorador de reservas de oro en el mundo. La medida forma parte de la amplia batería de sanciones contra Venezuela por parte del imperialismo europeo y yanqui, que incluyen el congelamiento de activos del Banco Central y de Pdvsa en el exterior, un embargo económico y un boicot a la comercialización del oro. Estas sanciones complican la importación de alimentos y medicinas por parte de Venezuela.
El reciente libro del exasesor de seguridad de Trump, John Bolton, revela que en enero de 2019, el entonces secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, expresó su disposición a congelar los depósitos de oro venezolano para favorecer el plan golpista contra Maduro. La publicación de este libro ha desatado un torbellino político, puesto que es una confesión descarnada de los planes golpistas (incluyendo la evaluación de una invasión militar) y a la vez muestra las divisiones dentro de la administración nortemericana respecto al plan. No obstante estas divisiones, Bolton asegura que respecto al derrocamiento del gobierno no había fisuras entre republicanos y demócratas. “El apoyo en ambos lados del pasillo para [la] línea dura en Venezuela fue casi uniforme” (Telesur, 29/6).
Trump expresó recientemente su disposición a una negociación con Maduro, pero se retractó al día siguiente. Su vacilación es una expresión del fracaso de Guaidó y del último capítulo del golpismo, la Operación Gedeón, que consistió en el desembarco de mercenarios en las costas venezolanas. Las sanciones, además, son enormemente impopulares entre los venezolanos.
Lo que sí se ha agravado enormemente es la situación económica venezolana. La combinación de las sanciones y de la caída del precio del crudo ha llevado la producción petrolera a los niveles más bajos desde 1943. El salario está por el piso: el aumento de abril llevó el mínimo a 800 mil bolívares, poco más de 4 dólares, y las jubilaciones a la mitad, cuando un cartón de huevo cuesta 3 dólares (El Pitazo, 27/4).
El gobierno venezolano viene liquidando aceleradamente las reservas de oro para hacer frente a gastos corrientes y financiar importaciones. Un informe del Consejo Mundial del Oro asegura que el Banco Central de Venezuela es la institución que vendió más oro monetario en 2017 y 2018 (El País, 30/5). Todo esto explica el interés del gobierno en la repatriación de las reservas depositadas en el Reino Unido. Maduro asegura que necesita esos fondos para hacer frente a la pandemia del Covid-19.
El gobierno venezolano se ampara en las sanciones para avanzar en un ajuste contra el pueblo. Ha dispuesto un primer aumento de la gasolina, que se encuentra casi totalmente subsidiada, bajo la perspectiva de “avanzar más temprano que tarde al cobro de la gasolina al precio internacional” (BBC Mundo, 31/5). A su vez, instituyó un cupo en la entrega de la gasolina subsidiada que estará en los 120 litros por auto por mes. Simultáneamente, habilitó la venta a 50 centavos de dólar de una gasolina premium en 200 estaciones de servicio, por parte del sector privado, con lo que se rompe el monopolio estatal en el sector. Todo esto ocurre en medio de fuertes versiones de una reprivatización del sector petrolero, que explicaría los recientes cambios de funcionarios del área. Se menciona que Pdvsa podría reducir su participación en empresas mixtas y eliminar firmas como PDV Marina, Pdvsa Bolivia, Argentina y Ecuador (El Pitazo, 3/5).
El ajuste de Maduro está en la base de recientes movilizaciones obreras por el salario y en defensa de los convenios colectivos en Guayana, en las que han participado trabajadores de Sidor, Ferrominera y docentes universitarios, entre otros. También han realizado protestas por el salario los trabajadores de PDV Marina. A su vez, este jueves tenía lugar un “tuitazo” convocado por organizaciones obreras, indígenas, estudiantiles y de la izquierda, por la libertad de los presos por luchar. La convocatoria denuncia que el encarcelamiento de activistas se ha transformado en una política de Estado.
Es necesario una lucha implacable contra el golpismo y el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores frente a la crisis.
Gustavo Montenegro
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