Cuatro senadores norteamericanos están implicados en un escándalo por uso de información privilegiada respecto de la pandemia para beneficio propio. Mientras el presidente Trump llegó a vociferar públicamente que el coronavirus "un día, como un milagro, desaparecerá" (sic), el republicano Richard Burr, líder del Comité de Inteligencia del Senado, “trazaba una realidad muy distinta durante un encuentro privado en un club cerca del Capitolio. ‘Solo hay una cosa que les puedo decir sobre lo que está pasando: [el virus] es mucho más agresivo en su transmisión comparado con nada de lo que hayamos visto hasta ahora’” (El País, 20/3). La información confidencial no se aprovechaba para mejor proteger a la población; semanas antes de las palabras “mágicas” de Trump (mediados de febrero), Burr y otros tres senadores realizaron ventas millonarias de acciones que al poco tiempo se derrumbaron. Al mismo tiempo, la salud norteamericana es incapaz de hacer frente a la pandemia tras un largo proceso de privatización.
El negoción no es exclusivo del Partido Republicano, pues “Dianne Feinstein, una de las demócratas del Senado con mayor antigüedad, vendió al menos US$ 500,000 en acciones de Allogene Therapeutics, una compañía de biotecnología de California, el 31 de enero y al menos US$ 1 millón en acciones de Allogene el 18 de febrero” (Infobae, 20/3). También están involucradas Kelly Loeffler y James Inhofe, ambos republicanos. La primera no solo vendió; también compró, junto a su esposo, quien es presidente de la Bolsa de Valores neoyorquina, acciones de una empresa dedicada al teletrabajo -de las escasas ramas que subieron en medio del histórico crack que atravesamos.
Las respuestas de los senadores para defenderse de las acusaciones no salen de un libreto previsible, que incluye referencias a “fideicomisos ciegos” y “asesores externos que toman decisiones sin nuestro conocimiento”. Las excusas inverosímiles se combinan con el intento de encarrilar esta crisis por mecanismos institucionales, con un proceso de la “Comisión de Ética” del Senado. La izquierda demócrata contribuye en esta orientación, pues Alexandria Ocasio Cortez ha presentado un proyecto de ley para “prohibir a los miembros del Congreso negociar acciones individuales”.
Las conclusiones de este episodio deberían apuntar en otra dirección, pues no se trata de una “excepción a la regla”, sino de la regla misma. Sucede que el funcionamiento de “la principal democracia del mundo” es en realidad el de un aparato de conspiración contra el pueblo, que era envenenado con información falsa sobre lo que se venía, mientras “sus representantes” se “stockeaban” para la crisis valiéndose de información privilegiada. En términos del régimen social vigente, incluso las bancarrotas más profundas como las que atravesamos son oportunidad para una guerra despiadada por los despojos. Los parlamentarios no son meros lobbystas de intereses ajenos, sino ellos mismos parte del capital financiero. El episodio, entonces, retrata de cuerpo entero a una clase social decadente, que oculta información a las masas en medio de una crisis sin precedentes para salvarse a costa del sufrimiento de millones. La conclusión es que, además de un juicio de responsabilidades, es precisa una reorganización social integral bajo el comando de otra clase social -la clase obrera-. No son solo cuatro senadores “corruptos”, sino la propia “democracia modelo” que se revela, una vez más, como una farsa.
Ale Lipco
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