La disputa en diciembre en torno la decisión de no subir las tarifas por parte del gobierno saliente y de designar nuevos generales sin consulta previa al ejecutivo entrante puso tensión a los “tiempos uruguayos” de la transición.
Las tarifas públicas, que serán aumentadas por el gobierno entrante, fueron utilizadas como terreno de disputa y de construcción de discursos de ambas partes.
Para la coalición "multicolor" que llevó a ganar la presidencia al derechista Lacalle Pou, la no actualización de las mismas por parte de Tabaré Vázquez, significa un golpe a su promesa en la campaña electoral que se hizo bandera en la idea de la rebaja de los precios de los servicios públicos. Tener que aumentarlos ni bien comience el gobierno, significa contradecirse desde el arranque.
Para el gobierno saliente esta situación le permitió hacer cierta demagogia, aunque de corto alcance, ya que los aumentos de tarifas estos 15 años han sido sostenidos.
En filas multicolores se busca instalar un nuevo relato de la realidad. Es que si la empresa que le espera al nuevo gobierno es la de ajustar, hay que crear las condiciones en la opinión pública. Es necesario entonces un relato de la ‘crisis’ por parte de las autoridades entrantes para así poder avanzar con el plan de recortes y ajustes en distintas áreas del Estado. Máxime cuando en campaña, los líderes de la coalición multicolor negaron sistemáticamente cualquier perspectiva de ajuste (aunque nos hablaban de ahorrar 900 millones de dólares). Para esto se encuentra con una desventaja y es que el modelo económico de los gobiernos frenteamplistas mostró fuertes signos de agotamiento, pero no estalló.
A pesar de las disputas, el tema de la instalación de UPM mostró a ambos bandos unificados, a excepción de Cabildo Abierto, que a través de Eduardo Lust salió a cruzar a Lacalle, Mieres y Talvi. Esta situación fue interesante. Porque mostró a los grandes partidos unidos en la defensa del modelo productivo extractivista y de la posición del país frente al capital transnacional.
Un mandato liberalizador
Mucho se habla en la región acerca de las posibles similitudes entre Mauricio Macri y Luis Lacalle Pou. Si tuviéramos que establecer líneas de convergencias entre el ex-presidente argentino y el presidente electo uruguayo, resaltan sus rasgos programáticos liberalizadores de la economía. Tanto Macri en 2015, como Lacalle Pou en 2020 llegan con mandatos por parte de los sectores empresarios de mayor flexibilización laboral y recortes impositivos que ‘abaraten’ los costos de producción, un tipo de cambio competitivo para los sectores exportadores (léase sector agropecuario); y recortes en el gasto público. Estos últimos fueron reclamos del movimiento Un Solo Uruguay desde 2018. En este sentido, Lacalle y Arbeleche volvieron a comprometerse en la ‘búsqueda de competitividad’ a comienzos de diciembre en el almuerzo con la Unión de Exportadores.
En el plano económico la desregulación del monopolio de los combustibles por parte de ANCAP y su libre importación es otro de los puntos centrales de la agenda del nuevo gobierno y que está incluido en el borrador de la flamante Ley de Urgente Consideración.
En la conformación del futuro gabinete se observa una combinación entre políticos y técnicos en las primeras y segundas líneas. Una presencia importante de líderes de la derecha política por un lado, y representantes de patas ‘sociales’ que han aportado desde la sociedad bases al proyecto político del futuro gobierno, como la Iglesia Católica a través de Pablo Bartol (MIDES) y el sector ruralista con la incorporación de Carlos María Uriarte (Ganadería y Pesca), ex vice-presidente de la Federación Rural y directivo de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus.
El presidente herrerista busca darle ‘espalda política’ al futuro gobierno y define las principales líneas para el próximo periodo. En esta lógica de ’crear clima’, ha propiciado reuniones con los dirigentes del PIT-CNT, buscando marcos de acuerdo mínimos para evitar grandes rechazos sociales a posibles medidas del próximo gobierno.
A diferencia de los años 90’ o en el último gobierno de Jorge Batlle, donde los ministros de trabajo solían ser aristócratas o abogados de empresas, el ministro será Pablo Mieres, que en el panorama multicolor aparece como la ‘pata izquierda’. El rol de Mieres será el de negociar y articular con la dirección mayoritaria del PIT-CNT. ¿Será que Lacalle quiere en su esquema de poder un ajuste con negociación fluida con los Fernando Pereira? Una de las primeras discusiones ya instaladas desde los litigios empresariales en la OIT será acerca de la ocupación como extensión o no del derecho de huelga. La otra discusión es la utilización de una vieja propuesta de Ernesto Murro para introducir las modificaciones que los empresarios exigen a la negociación colectiva.
Orden, autoridad y república
Entre las prioridades del gobierno está el tema de la seguridad, una marca en el discurso de la oposición de los últimos años y en lo que Lacalle piensa que puede ’mostrar resultados’ más rápidamente. Es que ante los problemas importantes que tiene el país en materia de salarios, presupuesto educativo, o empleo, reprimir y mostrar sus resultados, simplemente no cuesta nada desde el punto de vista financiero. Los recursos económicos ya están destinados.
Uno de los conceptos más repetidos en los discursos del líder blanco es la necesidad de reimplantar el respeto a la autoridad. Como presidente muestra una preocupación importante por el ejercicio de la autoridad en sentido republicano, tanto sea por parte del Poder Ejecutivo, como en el uso de la fuerza pública. Esta preocupación no es nueva. Forma parte constitutiva del pensamiento republicano conservador de Luis Alberto de Herrera y del herrerismo en su conjunto. Según esta concepción, los ciudadanos son ’iguales ante la ley’ al momento de votar, como bien lo afirma Lacalle Herrera aquí. Pero cuando la nueva autoridad emana de las urnas, ya no hay que hacer más que ejercerla. Aunque esto muchas veces entre en contradicciones con las condiciones de vida de determinada clase o sector social. Lo importante para el herrerismo es hacer culto al ’orden’, y si algo se desordena, entonces la autoridad (legítimamente emanada desde las urnas) lo debería volver a su lugar. Tanto sea en el combate al delito o en sofocamiento a la protesta social, a la que ya el presidente electo dijo que ’no encontrará dormido al gobierno’, las líneas que se trazan van en el sentido de reivindicar el accionar policial y cobijarlo de ’legitimidad’. Esta necesidad de reivindicar el uso de la fuerza pública y de la autoridad republicana muchas veces hecho por Luis Alberto Lacalle Herrera ha llegado a puntos de exacerbación que culminaron con sucesos represivos como los del Hospital Filtro hace ya más de 25 años.
La ’Legitima Defensa Policial’, que está contenida en el paquete de leyes de urgente consideración, representa un paso en este sentido y en reforzar la impunidad de la institución policial.
También se generan o refuerzan las tendencias al linchamiento o a la justicia por mano propia que operan en la sociedad. Con la tan difundida frase ’se acabó el recreo’ parece darse luz verde para hechos como los sucedidos el mes pasado en Mercedes, donde un hombre fue asesinado a palos y golpes de puño por intentar robar leña para hacer fuego; o el homicidio por asfixia el pasado 6 de enero en el shopping de Paysandú de una persona que había intentado robar una moto.
El debate sobre la oposición que se viene
Ante los disparates dichos por Mujica a la prensa, que despertaron indignación en el movimiento feminista y en el propio Frente Amplio, Tabaré Vázquez movió rápido y comenzó a plantearse como alternativa al propio líder del MPP en la interna del partido de gobierno. Primero el actual presidente pidió a Lacalle incluir en la Ley de Urgente Consideración una ley interpretativa que permita limitar el otorgamiento de medicamentos de alto costo; y una ley para la construcción de una represa en el arroyo Casupá que permita un mejor tratamiento de los lodos residuales que afectan al Río Santa Lucía. Y después, con el surgimiento de la candidatura de Álvaro Villar a la intendencia de Montevideo. Lo que está detrás de estos movimientos es el intento de darle forma a la oposición a partir del primero de marzo y de definir quien liderará al Frente Amplio en el próximo período. Algunos rumores plantearon que podría ser el mismo Vázquez quien vuelva a la presidencia del FA. Cuestión que ya desmintió.
En lo que respecta al programa político y su esencia no existen diferencias entre los líderes del frente. La preocupación central pasa por el excesivo peso del aparato del MPP y la fuerza gravitatoria que genera Mujica, y que, producto de su incontinencia verbal, muchas veces tiende a lesionar la unidad de la propia fuerza política.
La proposición de la candidatura de Álvaro Villar a la intendencia capitalina estuvo también acompañada del pedido a Daniel Martínez para que desistiera de comparecer en las elecciones de mayo. Es que en un momento marcado por la derrota de noviembre y la salida del gobierno nacional, una candidatura de Martínez, cuya figura está indisolublemente ligada a la derrota; y una figura que de volver a gobernar Montevideo lo haría con su impronta personal, con su propio gabinete y sin respetar las ‘cuotas políticas’, resultaba poco aceptable y un escollo importante para conservar una unidad más o menos armoniosa.
Ya en la interna se pueden ver nuevos heridos a partir del apoyo explícito del Partido Socialista a Carolina Cosse, decisión que alienta un nuevo éxodo de dirigentes moderados hacia otros grupos. Es que desde hace algunos años, la misma tensión que recorre al conjunto del FA entre sus alas derechas o izquierdas, está presente dentro del propio PS y lo siguen desgarrando.
Gustavo Leal, Álvaro García, Pablo Ferreri y Fernando Pereira, son otros de los nombres que surgieron de los distintos sectores y que corren como pre-candidatos hacia el Plenario Departamental del próximo 24 de enero.
Viejos objetivos bajo nuevas circunstancias
A mediados de diciembre, el revitalizado ex presidente Julio María Sanguinetti explicaba en los tradicionales almuerzos de ADM, que el próximo gobierno deberá ver bien a quien le saca y como, para evitar que se proteste lo menos posible, planteando la comparación con la tarea de desplumar a un pollo.
Con esta reflexión, Sanguinetti plantea una discusión que sobrevuela a todos los gobiernos latinoamericanos que llegan y deben realizar ajustes económicos: ¿Es por la vía gradual o hay que optar por el shock? Personajes como el próximo Director de la OPP, Isaac Alfie es partidario de un shock de austeridad que, por ejemplo, congele jubilaciones y salarios por los próximos dos años.
Pero sea lo que sea que elija el nuevo mandatario, a diferencia de los gobiernos neoliberales de los años 90’ que actuaban sobre el Consenso de Washington y una relación de fuerzas determinada dada por la caída del Muro de Berlín, en la actualidad el pilar hegemónico de ese orden mundial, los Estados Unidos, se encuentra pateando el tablero y llevando a cabo guerras comerciales e incursiones bélicas que dan aún más incertidumbre e inestabilidad a la situación política.
La política de apertura económica ingenua hecha por gobiernos como el de Macri y la adecuación del sistema financiero para la ganancia de los bancos y fondos de inversión, no redundaron en inversiones de dólares genuinos en la economía. En estos momentos Bolsonaro se encuentra atravesando una situación similar.
En nuestro país el mandato liberalizador lo debe llevar a cabo un gobierno cuyo bloque parlamentario madre no cuenta con más de 30 diputados y 11 senadores, lo cuál lo hace depender enteramente de sus socios coalicionistas. Es un gobierno que buscará consensos en algunos temas como la reforma de la seguridad social (en la que el conjunto del sistema político tiene acuerdo) y la introducción de nuevas pautas laborales a través de los consejos de salarios, que funcionen como una reforma laboral encubierta. A su vez, buscará avanzar en el ajuste fiscal vía recorte de gastos en distintas áreas y dejará devaluar el peso para realizar una importante transferencia de recursos de la ciudad hacia el campo, complementado con subsidios y exoneraciones impositivas. Uno de los ejes ordenadores del plan económico será la reducción del déficit fiscal y el cumplimiento con los acreedores de la deuda, así como también seguir bajo el monitoreo del Fondo Monetario Internacional, que fueran recibidos por la misma Azucena Arbeleche.
Otro de los temas importantes de la futura administración será el que tenga que ver con lograr ‘cambiar el ADN de la Educación Pública’, tal como lo prometieron las autoridades salientes. Esto y las restricciones presupuestales a la enseñanza pública, pueden tener nuevamente como animadores de la lucha a los sindicatos docentes. Quizás en esa definición de prioridades de Lacalle, en ese reunirse con el PIT-CNT, de ‘crear el clima’ para la negociación, se esconda un temor: ¿Serán los sindicatos de la educación el primer gran escollo para el gobierno multicolor?
En cancillería, lo que dominará será el pragmatismo y el alineamiento más o menos cercano a la política norteamericana en la región. Si bien Lacalle Pou no planteó integrarse al Grupo de Lima, la posición de Uruguay con respecto a Venezuela o al golpe de estado en Bolivia irá en sintonía con la política exterior de Donald Trump.
La transición prosigue ‘a la uruguaya’. Lenta, sin sobresaltos importantes y con acuerdos esenciales entre los grandes partidos del sistema político. Lo que queda es preparar la oposición social y política por izquierda para enfrentar los planes del nuevo gobierno.
Damián Recoba
Martes 14 de enero | 00:03
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