Cataluña, del referéndum a la huelga general

La huelga general que se acaba de realizar en Cataluña 48 horas después del referéndum se convirtió en una gran demostración de fuerza.
Piquetes con tractores en una cincuentena de rutas, avenidas cortadas en las ciudades, comercios con persianas bajas, bancos cerrados, puertos paralizados, manifestaciones multitudinarias en Barcelona que se replicaron en otras localidades de la región. Incluso se cerraron los pasos internacionales a Francia y Andorra.
La huelga general también se sintió en las aulas -muchas escuelas cerraron ante la falta de alumnos- y en los hospitales: el 75% de los trabajadores de la sanidad pública no fue a trabajar, según las autoridades de Salud.
Una señal de apoyo a la huelga fue la reducción de los servicios mínimos previstos en el transporte, que hizo casi imposible moverse por el área urbana de
Barcelona.
Uno de los blancos de la protesta han sido la Guardia Civil y la Policía nacional, hostigadas no sólo en la sede donde funcionan en Barcelona, sino también en sus lugares de alojamiento, donde fueron rodeados por los manifestantes.

Balance

En la huelga y movilización del 3 de octubre se han puesto de relieve las diferentes tendencias y contradicciones que atraviesan el conflicto. Por un lado, la huelga y la marcha fue convocada por sindicatos menos representativos, entre ellos la anarquista CNT, y tuvo que enfrentar la hostilidad de las centrales obreras más poderosas: la UGT (vinculada con el PSOE) y Comisiones Obreras (PC).
Ambas centrales están ubicadas políticamente en la vereda de enfrente del pueblo catalán y respaldan al gobierno español contra los reclamos de autodeterminación catalanes. Desautorizaron el llamado a la huelga y cuando vieron que era inevitable e iba a tener un alto acatamiento, sus seccionales pretendieron circunscribirla a una protesta contra la represión. Este boicot a la huelga repercutió en industrias como las automotrices, que no pararon. Aquí se ve la presión de la gran burguesía y del Estado español contra el separatismo catalán.
Por otro lado, hubo un esfuerzo especial por parte de la burguesía y del nacionalismo de Cataluña, empezando por la Generalitat, por darle a la jornada un carácter policlasista, obrero-patronal de protesta cívica, disolviendo tras el paraguas de la cuestión nacional cualquier distinción de clase. “La patronal catalana de Pymes anunció que el 90% de sus miembro hacían la huelga; 70% por decisión patronal, 20% por acuerdos entre empleados y dirección y 10 por ciento por acción sindical” (Confidencial, 4/10). Esto pone en evidencia la tutela política que ejerce la burguesía catalana sobre el movimiento. La clase obrera interviene como segundo violín.
Un dato que no se puede soslayar es que las muestras de solidaridad en el resto de la península fueron aisladas y reducidas en número. En esta conducta tienen una responsabilidad fundamental los partidos de izquierda, así como las direcciones sindicales, asociadas a esa formación política.
El PSOE hace causa común con Rajoy y con la monarquía contra los derechos nacionales de Cataluña; Podemos reivindica “el derecho a decidir” pero excluye el derecho a la separación -o sea que plantea un ‘derecho’ condicionado. Es la conclusión de una estrategia política que defiende la integración de España a la UE y la pertenencia a la Otan.
Aún con estas limitaciones y contradicciones, la huelga representa un mazazo al Estado español. Los últimos acontecimientos, incluida la huelga, han acentuado el
abismo existente entre el gobierno de Rajoy y la monarquía y el pueblo catalán. La brutal represión el día del referéndum ha desplazado al campo de la protesta y la oposición al gobierno de Rajoy a sectores de la población contrarios a la independencia.

Alternativas en danza

La tensión política y social aumenta y esto está en la base de la reacción negativa de los mercados. La bolsa española cayó y lo mismo sucedió con los bonos. Existe un temor fundado por parte de la burguesía española y mundial de que un fractura del Estado español pueda disparar un crisis y corrida financiera de gran alcance, que ponga en jaque los diques de contención que se vinieron ensayando hasta el momento para frenar esa posibilidad.
Esto es lo que explica la exhortación de una parte de la dirigencia de la Unión Europea a buscar un “diálogo” y un entendimiento.
Las tendencias al compromiso también están presentes en el campo nacionalista. No se puede escapar el hecho de que la gran burguesía catalana (en principio los bancos y las corporaciones) son contrarias a una ruptura e impulsan una salida negociada que preserve la unidad de la península. El jefe de gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, acaba de pedir una mediación internacional y está procurando dilatar una declaración de la independencia. La “mediación” podría servir para dar largas a una definición, lo que iría acompañado del llamado a un nuevo referéndum pactado con el Estado español y de elecciones anticipadas, en los cuales el bloque de gobierno confía que podría revalidar títulos y conquistar un mayor respaldo popular. “Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia: 41,1% a favor y 49,4% en contra, según la última encuesta del gobierno catalán publicada en julio” (ídem).
Los sectores del nacionalismo pequeño-burgués, entre ellos la CUP (izquierda nacionalista) presionan en favor de una declaración unilateral de independencia en el curso de los próximos días. Es decir, se ha abierto una división y un enfrentamiento más pronunciado en el nacionalismo catalán.
Por su parte, el gobierno de Rajoy no ha salido bien parado de la crisis. Luego del desacato de la Generalitat con la convocatoria al referéndum, el paso siguiente era la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender de sus cargos a las autoridades catalanas y permite la intervención del Estado. Rajoy dio marcha atrás en esa decisión, con lo cual admite que no tiene espaldas suficientes para disponer una medida semejante. Una salida de fuerza ha quedado como recurso de última instancia. El discurso del rey fue una advertencia en esa dirección.
Lo más probable es que en este escenario prevalezca, por conveniencia mutua, tirar la pelota hacia adelante. Pero una negociación, mediación mediante, en estas condiciones, será un capítulo más de la crisis, un agravamiento de ella más que una solución. Las bases económicas y políticas para un arreglo son muy endebles y se han debilitado más con la bancarrota capitalista mundial. El nacionalismo ha reclamado una mayor porción de los ingresos públicos y plantea una recaudación propia de impuestos, su propia política de subsidios, el manejo de los contratos de las obras públicas, la gestión de los servicios y mayor margen de relaciones internacionales; es decir un cambio institucional que potencialmente derivaría, como se discute ahora, en un Estado autónomo. Esto choca con las necesidades del Estado español, que ha ido estos años al rescate de los bancos y de los grandes conglomerados empresarios en crisis, y para eso aplica un ajuste brutal contra los trabajadores y los Estados autónomos. El temor a una demolición político- financiera del Estado central es lo que explica este empantanamiento que se prolonga en el tiempo. “La catalana y la española son dos respuestas confrontativas a una crisis capitalista internacional de conjunto -no una crisis institucional en sí misma. El nacionalismo plantea la ‘balcanización’ de España; el Estado español, la sujeción de las nacionalidades, sin la cual se desmoronaría como un castillo de naipes. Es lo que también advierte la UE y el Banco Central Europeo” (PO N° 1.476).

Clase obrera y programa

Mientras tiran al ruedo fórmulas de compromiso de resultado incierto, lo concreto es que se desenvuelve, de un lado, una polarización política en la propia Cataluña, que se refracta también en el seno del movimiento nacionalista y, del otro, una diferenciación de clases que empieza a asomar y que se superpone al enfrentamiento nacional y entrará, en algún momento, en contradicción con ella. Por lo pronto, la huelga ha instalado el conflicto en el movimiento obrero y estimula su intervención política y, en esa medida, da pie para que vaya ganando una mayor injerencia y protagonismo en la crisis nacional.
La clave, en definitiva, reside en este último punto: la aparición en escena de la clase obrera catalana y de toda España.
No se puede obviar que si el atropello a Cataluña prospera, será un golpe no sólo al pueblo catalán sino al conjunto de los trabajadores de España. Reforzará la capacidad de acción política y represiva del gobierno de Rajoy para llevar adelante el ajuste y doblegar los derechos y la resistencia de los trabajadores de toda la península. Con esta conciencia, los trabajadores de España necesitan quebrar esta política de maridaje con el Estado español y la monarquía por parte de las direcciones sindicales y multiplicar los pronunciamientos en los lugares de trabajo e iniciativas de lucha, movilización y huelga en apoyo a los derechos del pueblo catalán en todos los rincones del país. La clase obrera catalana y española debe unirse en un solo bloque e infligir una derrota al gobierno represivo y ajustador, y enemigo principal de los derechos de los trabajadores y de la autonomía.
Convocamos a los trabajadores de todo el mundo, en primer lugar a los latinoamericanos, a una acción internacional contra este atropello. Defendemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña, incluido el derecho a la separación o independencia, desde una perspectiva independiente del nacionalismo y la burguesía catalana. Defendemos el derecho a la autodeterminación nacional con un programa para poner fin a la monarquía española impuesta por el franquismo, por la República, y por la unidad del proletariado de todo el Estado español en la lucha contra el capital, los ajustes antiobreros y el conjunto del Estado capitalista. En oposición a la segmentación o balcanización de la clase obrera de las diferentes nacionalidades, planteamos la unidad de clase en todo el territorio español para luchar por una República Socialista Federativa.

Pablo Heller