La renuncia de Andrés Masoller puso de manifiesto una vez más que el gobierno se empeña en atraer inversión extranjera a cualquier costo y sin importar los impactos que producirá en el país.
La renuncia del director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas Andrés Masoller (número tres del equipo económico), mostró los desacuerdos existentes dentro del gobierno de Tabaré Vázquez en relación al “grado de entrega” que está dispuesto a admitir en la búsqueda desenfrenada de inversiones extranjeras.
Aunque no se conocen los términos exactos de las negociaciones, lo que también ameritó un pedido de informes de la oposición derechista de los partidos Colorado y Nacional, se sabe que en caso de que finalmente se defina la instalación de la pastera UPM (ex Botnia), contará con una importante cantidad de beneficios fiscales, exoneraciones tributarias y distintas cláusulas que garantizarán la rentabilidad del negocio.
Sucede que la multinacional finlandesa no está suficientemente satisfecha con los beneficios que obtendrá por desarrollar su actividad como zona franca. Pretende también ferrocarriles y caminerías “a medida” de su propio emprendimiento, no pagar el canon correspondiente por la zona franca, más exoneraciones fiscales (no pagar impuesto al patrimonio por ejemplo) y “paz social” (es decir atar de antemano a los trabajadores para que no reclamen con la complicidad de la dirigencia de la central obrera PIT-CNT). Se ha difundido en la prensa en estos días cómo a los propios negociadores nacionales les llama la atención que los finlandeses nunca se dan por satisfechos con lo que obtienen.
Los requerimientos parecen haber enojado al propio Ministro de Economía Danilo Astori, que no se caracteriza precisamente por defender la “soberanía económica”, quien señaló que el acuerdo “está lejos”. Las diferentes miradas coexisten por ahora en el equipo de gobierno, aunque la tentación por mostrar a un gobierno exitoso que logra atraer inversiones cuando se acercan años electorales, parece alentar mayores concesiones.
La renuncia fiscal empeorará seguramente el déficit, que ya es alarmantemente alto, e impactará también aumentando la deuda pública. Actualmente se pagan más de US$ 3.000 millones por servicios de deuda (intereses y amortizaciones), más que todo el presupuesto de la enseñanza pública. En este sentido, y esto también motivó la renuncia de Masoller, se está tirando el problema para adelante y en algunos años la situación será insostenible.
¿Cuál es el beneficio para los trabajadores?
Con este panorama está bastante claro que esta “mega inversión” no dejará beneficios duraderos para el país, y menos para los trabajadores.
Las exoneraciones y beneficios fiscales hacen un negocio muy rentable para UPM pero ocasionan que el costo lo sufra el pueblo. El presupuesto estipulado en la Rendición de Cuentas “austera”, que niega recursos a la salud y la educación, es la contracara de lo que se le otorga a UPM. Lo que se le da a la empresa se le niega al pueblo. Por esto también el año pasado hubo aumentos de impuestos a los trabajadores y sectores medios, por algo las altas tarifas públicas, el alto costo de la comida y la vivienda, y los salarios que no alcanzan para vivir.
Pero aunque en este caso la voracidad imperialista parece ser especialmente elevada, no se trata de un hecho aislado, sino más bien una de las características centrales del modelo económico frentamplista.
La idea de un Uruguay “atractivo” para las inversiones extranjeras, seguro y confiable para hacer grandes negocios, es parte del propio modelo del Frente Amplio en el gobierno.
En tiempos de bonanza económica internacional y comparativamente a un país que venía de la crisis del 2002, pudo dar mínimas concesiones a los trabajadores al tiempo que garantizaba grandes ganancias a los capitalistas. Pero ahora, cuando la economía internacional se enlentece, la crisis se acerca y el mundo está inestable, se ajusta a los trabajadores y el pueblo. Preventivamente, sabiendo que los ajustes generan resistencia el gobierno también lanzó el decreto antipiquetes y aumenta los gastos en seguridad.
Los costos no son solo económicos; muchas de las inversiones, como las de las papeleras perjudican también el medio ambiente y la calidad de vida en el país y en la región. Deterioros en los suelos, mala calidad de las aguas con indicadores de contaminación, deforestación, impacto climático, etc., son también los “daños colaterales” del afán por atraer inversiones.
Cabe agregar que más allá de matices, el Frente Amplio de conjunto se encolumna detrás de este modelo. En ocasiones pueden aparecer pequeñas diferencias, a veces el Partido Comunista, a veces los sectores vinculados a Constanza Moreira o quizás el MPP del ex presidente José Mujica, pero no se trata de cuestiones de fondo ni de una oposición real. Finalmente, como ha sucedido tantas veces en todos estos años, todos cerrarán filas detrás de la política económica.
Luego de casi 14 años de gobiernos frenteamplistas preocupados por garantizar las ganancias de las multinacionales es necesario que los trabajadores y el pueblo terminen de sacar conclusiones y rompan con esta política. Hay que construir una herramienta política propia, una corriente de los trabajadores por el socialismo.
Hernán Yanes
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