Artículo desde España para el debate.
El Partido Democrático de Cataluña, y su socio Esquerra Republicana, de la coalición de gobierno Junts pel Sí, con las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) como comparsa desengañada, han dado una vuelta completa en el aire para decir que se consagra la República de Cataluña y al mismo tiempo se solicita al parlamento regional su suspensión. La actuación estelar estuvo a cargo del presidente de la generalidad de Cataluña, Carlos Puigdemont. En la medida en que sin la votación del Parlamento se puede afirmar que no hubo proclamación alguna y lo que se suspende carece de entidad jurídica material, nos encontramos ante un abandono de los objetivos nacionales con los que los políticos de la burguesía y pequeño burguesía regional acaudillaron a la población trabajadora y pequeño burguesía. Frente al masivo movimiento de masas que respaldó la consigna de una República de Cataluña, la maniobra de Junts pel Sí tiene el objetivo de una derrota pacífica del movimiento popular de independencia para, sobre el cadáver de la movilización de masas, intentar una negociación extrema con el Gobierno del Partido Popular. Se ha pretendido vender esta estrategia como un camino hacia la independencia, cuando es en realidad una expresión de los límites de la burguesía y pequeño burguesía, su imposibilidad de acaudillar un proceso de autodeterminación. Este es un intento de negociar con el Estado español un resquicio que les permita su supervivencia política a través de un pacto de Estado. El grado de acuerdo previo con el gobierno del PP se podrá vislumbrar en la reacción de este en los próximos días, tras una reunión de emergencia del Consejo de Ministros. Pero hay un primer indicio en el hecho que no se ha registrado ninguna reacción punitiva inmediata alguna.
Las fuerzas revolucionarias deben repudiar cualquier tipo de represión contra los trabajadores y el pueblo catalán. Se debe mantener la exigencia de una inmediata retirada de las fuerzas de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña. Hay que exigir el respeto al autogobierno de la autonomía. Hay que rechazar cualquier intervención en su contra. El Parlamento catalán tiene derecho a mantener su actividad con absoluta independencia. Ninguna de estas consignas ha sido expresada por las fuerzas nacionalistas, que han perdido toda dignidad en plena espantada ante el avance del gobierno de los recortes y la represión. La forma de unidad que se acuerde entre la burguesía centralista de España y la burguesía de Cataluña en la negociación que se abre no es de la incumbencia de los trabajadores. Por el contrario, para los trabajadores de Cataluña y del resto de España debe regir el principio de unidad de acción en la lucha contra los recortes sociales, no a los despidos, no al cierre de empresas, basta de horas extras, por las 8 horas, no a la precarización, por una jubilación mínima de 1000€, derogación de las reformas laborales del PSOE y el PP y por una jubilación digna, basta de represión, fuera la Ley Mordaza, plenos derechos democráticos y sindicales, libertad a los presos por luchar.
Los partidos del pacto nacionalista en Cataluña son los partidos de los recortes sociales y la precariedad, que han intentado desviar la reclamación de los trabajadores de Cataluña por condiciones de vida dignas hacia la lucha por la independencia nacional –que no son capaces de llevar adelante de forma consecuente. La inconsecuencia en la lucha por la autodeterminación ya se había manifestado con el referéndum convocado el primero de octubre pasado, que no permitía la libre expresión de los intereses de los trabajadores, al imponer una pregunta que implicó la aceptación de una república burguesa y al determinar por anticipado la voluntad de que esta sea miembro de la Unión Europea y la OTAN.
La independencia política de los trabajadores de Cataluña supone en primer lugar la diferenciación respecto de las banderas nacionales de la burguesía y la pequeño burguesía, cuyo objetivo último detrás de la separación de la región autónoma es mantener el régimen de explotación del capital sobre los trabajadores. La disputa por los recursos nacionales entre el PDCat, ERC y CUP con el gobierno represor y ajustador del Partido Popular en el Estado español no puede ocultar que, en las presentes condiciones, si los trabajadores de Cataluña no se estructuran de forma independiente a los intereses de la burguesía servirán de carne de cañón a los intereses de las corrientes burguesas enfrentadas. El papel de los “anticapitalistas” de la CUP en esta farsa ha sobrepasado todos los límites.
Los trabajadores de Cataluña, organizados de forma independiente de la burguesía, deben rechazar de forma terminante su separación del resto del proletariado de la península Ibérica y deben reclamar la instauración de una Federación Socialista de Repúblicas Ibéricas. Los trabajadores de Cataluña deben mantener una independencia absoluta respecto de las maniobras de la pequeño burguesía y la burguesía catalana para un acuerdo con la burguesía del resto del Estado español y deben rechazar también cualquier compromiso de las organizaciones sindicales de clase con la gestión del Gobierno de la Generalidad y sus negociaciones secretas con la Unión Europea y el gobierno del Partido Popular.
El proceso en curso ha agudizado hasta el extremo la crisis del régimen en España. Esta anuncia en un más largo plazo el desprestigio definitivo de la monarquía ante las más amplias capas de la población de todo el Estado español. El verdadero motor de esta crisis es la respuesta popular en Cataluña a la convocatoria de un referéndum de independencia. El Gobierno se apresta a reforzar la derrota pacífica del movimiento de resistencia popular en Cataluña en la medida de lo posible, pero no dudará en emplear la fuerza si lo considera necesario para doblegar esa resistencia. Tiene a su alcance profundizar el curso de la represión que ha desatado en su intento de detener el proceso de independencia regional y mantiene un aparato logístico militar desplazado a esa autonomía para apoyar a las fuerzas de la Policía Nacional y Guardia Civil acantonadas en Cataluña ante el masivo repudio de la población a su presencia.
El rey Felipe VI en una intervención pública en la televisión ha apoyado al gobierno ajustador del Partido Popular en su represión a la población sublevada de Cataluña. Sin embargo las fuerzas que han convocado al referéndum, los partidos nacionalistas mayoritarios y sus aliados, se han mostrado incapaces para dar una respuesta a su propia iniciativa y han optado por desmovilizar a sus bases. Pese a ello el Gobierno, ante las maniobras de la mayoría del parlamento y el gobierno catalanes, tiene a su alcance la disolución de la autonomía o la declaración del estado de excepción si lo considera necesario.
La participación popular en el referéndum de independencia convocado por la Generalidad de Cataluña el primero de octubre adquirió proporciones sin precedentes. Testigos directos de la concurrencia a los colegios electorales aseguran que superaron con creces la afluencia a convocatorias electorales en el pasado reciente. La masiva participación sufrió una represión desmedida, equiparable a la desencadenada en los albores del régimen introducido en España tras las elecciones del 15 de junio de 1977, en la Diada de ese año, reprimida con ferocidad por la guardia de asalto de entonces denominada “los Grises”, bajo el primer gobierno del prócer de la transición Adolfo Suárez.
La respuesta del gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy fue la ocupación de Cataluña por la Policía Nacional y el cuerpo paramilitar de la Guardia Civil para neutralizar la convocatoria del referéndum y anularlo mediante la requisa de las urnas y la clausura de los colegios electorales. Sin embargo esta intervención policial fue insuficiente y pese a la brutalidad represiva solo logró impedir la votación en 400 de los más de 2000 colegios electorales. Mientras que la votación careció de los requisitos mínimos de garantías de un procedimiento de esta naturaleza, ha puesto de relieve la voluntad de independencia nacional por parte de la población de Cataluña y la polarización y radicalización de la sociedad, entre otras cosas, precisamente, por la ofensiva represiva del gobierno central, que ha vuelto a despertar el recuerdo de los años de sojuzgamiento de la cultura y derechos nacionales bajo la dictadura de Francisco Franco –cuyos restos reposan aun en el altar de los golpistas de 1936, el Valle de los Caídos, que la democracia española no ha querido borrar de la faz de la tierra.
La huelga general que paralizó a Cataluña el 3 de octubre ha mostrado a una población en estado de sublevación frente a los cuerpos represivos movilizados por el Gobierno, que además ha resquebrajado la unidad de acción de la policía autonómica –que ha dejado de ser un cuerpo disciplinado a los dictados del Ministerio de Interior del gobierno central. La radicalización del proceso de independencia condensa la profunda reacción social a la precariedad laboral, los bajos salarios, las dificultades de acceso a la vivienda, los ajustes en el sector de la sanidad pública y la educación que sufren los trabajadores de Cataluña. Sin embargo, la propia huelga fue transformada en un episodio festivo por la intervención de la Asamblea Nacional de Cataluña y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. Mientras que los gobiernos de coalición entre burgueses y pequeño burgueses de la Generalidad de Cataluña son responsables directos de los recortes sociales y la privatización de los servicios públicos en la región, los trabajadores enganchados en el discurso nacionalista creen a pies juntillas que esa situación es consecuencia de las imposiciones del centralismo español y mantienen la ilusión de que bajo una república catalana se acabará la precariedad. Los sindicatos de clase en España y Cataluña deben imponer una verdadera independencia obrera respecto de los intereses de la burguesía y rechazar su convocatoria como muleta en la que se apoyan las fuerzas de la burguesía y la pequeño burguesía en su disputa por la renta nacional con el resto del estado español.
Cataluña tiene el 17% del empleo en España con 3 millones de trabajadores, de los cuales 2,6 millones están en el sector privado y 400.000 en el sector público. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 87% de los contratos de trabajo en Cataluña es temporal. La crisis económica, que ha exacerbado la explotación de los trabajadores, ha sido el principal motor de esta radicalización canalizada por el nacionalismo burgués y pequeño burgués separatista catalán. La burguesía española ha sido incapaz en los últimos 200 años de soldar los intereses regionales con los intereses de la nación en su conjunto. Por su parte, la propia burguesía y pequeño burguesía catalana no ha logrado la constitución de un Estado independiente pese a haber decretado por dos veces en 1931 y 1934 la República Catalana en el marco de la Federación de Estados Ibéricos. La incapacidad de la burguesía centralista de España y la gran burguesía catalana, que representa los capitales más concentrados del país penetrados por el capital extranjero, por integrar a Cataluña de un lado y de la burguesía nacionalista y pequeño burguesía separatista de Cataluña por establecer una nación independiente deja planteado un estado de crisis permanente reflejado en un choque sistemático de intereses en torno al destino de la renta nacional. Las masas desde luego son ajenas al hecho de que un desarrollo independiente del capitalismo catalán es imposible en pleno siglo XXI, y de que los partidos que han retado al Estado lo han hecho sin una vocación real de independencia, porque en el fondo intentan una fórmula preferente para su subordinación al capital internacional a través de la Unión Europea.
El interés legítimo de los trabajadores de España está indisolublemente ligado a la lucha por una Federación Ibérica de Repúblicas Socialistas como única vía para superar la descomposición y el colapso capitalista, que someten a las masas laboriosas a la privación y explotación como única vía para la subsistencia del régimen. Es un objetivo central de los militantes del movimiento obrero y popular mantener este debate en el seno de los Comités de Defensa del Referéndum creados en los barrios.
Los trabajadores de Cataluña y del resto del Estado español deben apelar a la formación de un partido obrero independiente, cuya tarea es diferenciarse de las corrientes de la burguesía y la pequeño burguesía de Cataluña y del resto del Estado español, para impulsar la recuperación de las organizaciones sindicales para la lucha y propugnar el desarrollo de juntas obreras para instaurar un gobierno de los trabajadores por la Federación Ibérica de Repúblicas Socialistas.
Carlos Schwartz
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