Benedetti, compañero y amigo

Fidel impone a Benedetti la Orden Félix Varela de Primer Grado, en 1982.

Mario Benedetti, el escritor uruguayo, o mejor dicho, nuestro americano, a quien celebramos su centenario este 14 de septiembre

Nadie, salvo algún que otro minado por los virus de la envidia y la mediocridad, pone en duda la estatura poética ni el calado de la narrativa (La tregua, Montevideanos y Gracias por el fuego, entre otros títulos) ni la brillantez de los ensayos de Mario Benedetti, el escritor uruguayo, o mejor dicho, nuestro americano, a quien celebramos este 14 de septiembre.
Ahora mismo en España lectores muy jóvenes son los primeros en apurar las páginas de la antología poética preparada, para coincidir con el centenario del autor, por Joan Manuel Serrat. El cantautor introdujo la labor con palabras que vale la pena citar: «No es fácil escoger lo más representativo entre la extensa obra de Benedetti, pero confío en que en esta antología estén representados todos los Benedetti que Mario cargaba en su mochila, el oficinista rutinario, el montevideano de clase media, el periodista comprometido, el viajero curioso, el militante de la patria doméstica, el exiliado, el desexiliado y también el luchador político, y, por supuesto, el poeta minucioso y trabajador que nunca dejó de ser…».
Denominador común de tan múltiples faenas es una palabra que el catalán subraya: compromiso. A la que añadiría otra: consecuencia. Aquí diríamos que Mario nunca se despintó. Ni en las buenas ni en las malas. Algo sabido por quienes en Cuba lo tuvimos como uno más en los años de trabajar en la Casa de las Américas. Sus compañeros en la institución lo recuerdan y atesoran valiosas vivencias de su cercanía a la fundadora Haydée y de sus contribuciones a las investigaciones literarias. Y más allá a la formación de jóvenes escritores en los albores de los años 70, como podrían atestiguar y agradecer Víctor Rodríguez Núñez, Alex Fleites, Norberto Codina, Abilio Estévez, Jesús Barquet y unos cuantos más entre los que acudíamos al taller literario Roque Dalton, en la colina universitaria.
Era el hombre sencillo, generoso, cordial, integrado a los avatares de una Revolución siempre asediada pero resistente, y a la vez el poeta y militante que padecía en su interior los horrores de la dictadura que por entonces asolaba a Uruguay, condición que reveló en uno de los textos de la serie Cotidianas: «Desde el octavo piso de mi tercer exilio veo el mar excesivo que me prestan, pienso en la solidaria terrible dulzura de este pueblo que sabe arrimar sus amparos sin pedir cuentas (...) y ellos golpeando ciegos sordos mudos en cráneos y praderas y carátulas en cojones y úteros o sea procurando destrozar el futuro en cada tallo».
Cuando Fidel cumplió 80 años, envió un mensaje de felicitación y reconocimiento a un líder en quien apreció «la sencillez de sus planteos (…), la franqueza de que hacía gala ante nuestras objeciones y su infranqueable voluntad de defender y mejorar el nivel de su pueblo», afirmó: «He pasado en Cuba varios periodos: la primera vez como invitado y luego varias más como exiliado. Desde su estallido, la Revolución Cubana fue una gran sacudida para nuestra América. En el Río de la Plata, los sectores culturales habían atendido primordialmente a Europa, pero la Revolución nos hizo mirar a América Latina. No solo para interiorizarnos de los problemas del subcontinente sino también para aquilatar el poder y la presión de los Estados Unidos».
¿Cómo entendió el escritor el compromiso? Creación, deber cívico y pasión revolucionaria. Apuesta por la emancipación de su patria, que comenzaba en Uruguay y prolongaba en otras tierras del continente y otros pueblos del mundo.
En 1987 reunió en el volumen El escritor latinoamericano y la revolución posible reflexiones sobre las que convendría volver una y otra vez por su vigencia. Permanece intacto el llamado a asumir un compromiso que «no debe ser un quiste mental, sino una capacidad en desarrollo, una forma de vitalidad, que oiga, comprenda e interprete la quemante realidad contemporánea, y no se instale cómodamente en un estado de pureza, sobre todo, verbal, desde el cual dicte normas, formule exigencias, juzgue conductas y dictamine cómo deben ser las revoluciones y hacia dónde deben dirigirse». Ejercicio de humildad y vocación participativa que siempre deberíamos tener en cuenta.
Como también esta otra lección que nos legó en una carta enviada al crítico Ángel Rama desde La Habana, en la que discurre sobre el impacto de la Revolución en los seres humanos: «Para el individuo es un entrenamiento pavoroso, que lo mantiene alerta aunque no quiera, y que en el fondo lo va capacitando para decisiones rápidas, para cambios profundos, para planteos originales. Uno mismo no puede evitar la oscilación temperamental entre el pesimismo y el optimismo, pero cada vez que vuelve a este último, uno se siente más en su casa».

Pedro de la Hoz | pedro@granma.cu

Sesenta años de una Declaración de principios

Con esa demostración de rebeldía, la Revolución naciente replicó la Declaración de San José, acordada en Costa Rica por Estados Unidos y sus gobiernos acólitos de la región, durante la Séptima Reunión de Consulta de Cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Primera Declaración de La Habana, aprobada en acto multitudinario en esta capital hace 60 años, ratificó al mundo la voluntad de independencia y soberanía de Cuba frente a la agresividad de Washington.
Con esa demostración de rebeldía, la Revolución naciente replicó la Declaración de San José, acordada en Costa Rica por Estados Unidos y sus gobiernos acólitos de la región, durante la Séptima Reunión de Consulta de Cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ese documento, promovido por el Secretario de Estado norteamericano Christian Archibald Herter, abría las puertas a sanciones contra Cuba, ya amenazada por Washington, por su acercamiento con la Unión Soviética y otros países socialistas como China, dispuestos a brindar ayuda solidaria a la isla.
El texto cubano, leído por el líder de la Revolución, Fidel Castro, ante un millón de compatriotas que ofrecieron su respaldo, denunció la naturaleza rapaz de Estados Unidos y condenó la política hostil de la potencia norteña contra Cuba y su historia de intervenciones en América Latina.
‘Frente al hipócrita panamericanismo que es sólo predominio de los monopolios yanquis sobre los intereses de los pueblos americanos y manejo yanqui de gobiernos prosternados ante Washington, la Asamblea del Pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y en Benito Juárez’, plasmó el documento.
El 2 de septiembre de 1960, en respuesta a las maniobras de la OEA en la reunión de San José, Costa Rica, para aislar a Cuba, la Primera Declaración de La Habana encarnó la firmeza de la Revolución y su latinoamericanismo, propio de la historia nacional.
Ratificó, asimismo, la política de amistad con todos los pueblos del mundo, incluidos los países socialistas, y anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con China.
Expresó que la democracia no puede circunscribirse únicamente al ejercicio electoral manejado casi siempre por latifundistas y políticos profesionales, y la definió como el derecho de los ciudadanos a decidir sus propios destinos.
En la lucha por esa América Latina liberada, frente a las voces obedientes de quienes usurpan su representación oficial, surge ahora, con potencia invencible, la voz genuina de los pueblos, apuntó la Declaración que expresó la fe en el futuro de América Latina liberada de ataduras al imperialismo norteamericano.

Bohemia.

Colombia se subleva contra la represión policial

La detención policial del taxista Javier Ordoñez, quien falleció tras recibir varias descargas eléctricas con una pistola taser y ser golpeado por efectivos en las calles, desató una profunda conmoción en Colombia. Sus familiares denuncian que es un claro caso de torturas. Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, decenas de instalaciones policiales fueron incendiadas en todo el país por manifestantes. En el marco de la represión, hubo al menos 10 muertos y cientos de heridos. Varios testigos afirman que vieron a las fuerzas policiales disparar contra quienes participaron de las acciones de repudio. El gobierno desplegó efectivos del Ejército para colaborar con las tareas de represión.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió rápidamente a defender a las fuerzas represivas, señalando que el caso de Ordoñez es un hecho aislado. Sin embargo, en lo que va de 2020 se acumulan más de cien denuncias contra el accionar de los uniformados solo en Bogotá. Asimismo, está fresco en la memoria el caso de Dilan Cruz, el joven de 17 años que murió por un disparo en la cabeza del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), durante la rebelión de 2019. Más recientemente, ha estallado un escándalo que compromete a efectivos del Ejército en la violación de niñas y mujeres indígenas.
El régimen colombiano es responsable también por la muerte cotidiana de activistas sociales (casi 100 en el primer semestre del año), perpetrados con total impunidad por los grupos paramilitares.
En las filas de la oposición, la alcaldesa centroizquierdista de Bogotá, Claudia López (Alianza Verde), declaró que “así como condenamos el abuso policial también condenamos la violencia y vandalismo por parte de algunos manifestantes”, equiparando la represión estatal con la resistencia que ésta engendra. Algunos legisladores de ese partido están planteando proyectos inocuos de reforma policial, que dejan intacto el aparato represivo.

Entrega y represión

El gobierno derechista de Iván Duque viene llevando a cabo una agenda reaccionaria contra las masas, en beneficio de los grandes grupos capitalistas. En el marco del estado de emergencia instituido con la excusa del Covid-19, decretó una reforma laboral que institucionaliza salarios por debajo del mínimo legal y habilita la contratación parcial y por horas. Asimismo, otro decreto permite vender empresas públicas. Los trabajadores de la petrolera estatal Ecopetrol denuncian que el gobierno quiere privatizar el área de distribución de combustibles. Otro punto en el que el gobierno intentó avanzar es en rebajar los aportes patronales, pero esto no prosperó por un choque con la Corte Suprema.
Mientras el gobierno favorece en forma directa a los grupos capitalistas (se le asignó un préstamo de 370 millones de dólares a Avianca), la situación social se deteriora cada día más. El desempleo ha trepado casi al 20% y se estima que la pandemia sumará 5 millones de personas a la pobreza, totalizando 19 millones en dicha condición (cerca del 40% de la población).
El estallido popular colombiano se inscribe en este contexto y retoma el proceso de lucha abierto en noviembre de 2019, que se resintió sobre todo a partir del comienzo de la pandemia. Este 7 de septiembre, se produjo una caravana nacional contra la reforma laboral, convocada por las centrales sindicales y organizaciones sociales. El 21 se desarrollaría un paro nacional. Las conducciones sindicales, sin embargo, son un lastre para el movimiento. Tras el histórico paro y la gigantesca movilización del 21 de noviembre pasado, uno de los dirigentes de la CGT había llamado a “volver a la normalidad”, tratando de limitar la continuidad de la lucha.
Los trabajadores de las APP’s, en tanto, se están organizando contra la precarización laboral y participaron de una asamblea virtual del 25 de agosto que discutió un paro internacional para el 8 de octubre.

Crisis política

Colombia se encuentra marcada también por la crisis política. El expresidente Alvaro Uribe, que pertenece al mismo partido político que el actual presidente (Centro Democrático), fue detenido a instancias de la Corte Suprema por sobornar testigos en el marco de una causa que investiga sus nexos con los grupos paramilitares. En respuesta al máximo tribunal, Duque amenazó con impulsar una reforma judicial. Viene chocando con los jueces, que han cuestionado algunos de los decretos dictados en el marco del estado de emergencia.
Algunos referentes del uribismo acusan al expresidente Juan Manuel Santos de estar detrás de la detención de Uribe, con quien rompió durante su gobierno para impulsar el proceso de negociaciones con las Farc. Santos niega las imputaciones en su contra, pero asegura que recibió mensajes “desde Washington” en los que el Partido Demócrata expresa su malestar por el apoyo del actual gobierno colombiano a la campaña reeleccionista de Trump (RCN Radio, 9/9). En tanto, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reclamó abiertamente la liberación de Uribe.
Tendríamos, así, a los principales referentes de la derecha colombiana reproduciendo en la arena local las divisiones del imperialismo yanqui. El alineamiento de Colombia con Estados Unidos es profundo: se acaban de desplegar 700 efectivos militares norteamericanos adicionales en el país. Colombia es una pieza clave de las operaciones golpistas contra Venezuela.
El contexto de crisis se completa con un recrudecimiento de las masacres practicadas por las bandas criminales para afianzar su dominación territorial. El regreso del uribismo al poder ha pavimentado este camino. Asimismo, el gobierno colombiano está retomando la política de fumigación aérea con glifosato de las plantaciones de coca, una declaración de guerra contra el campesinado. Los pueblos indígenas denuncian el intento del oficialismo de montar zonas de desarrollo empresarial en áreas baldías que deberían estar destinadas a ellos. Tenemos el escenario de un recrudecimiento de los conflictos sociales en el campo, potenciado por el naufragio del acuerdo de paz con las Farc: un sector volvió a las armas y el que aceptó reinsertarse es hostigado por los grupos paramilitares. En aquellas áreas que se ha desmovilizado la guerrilla, por otra parte, su lugar ha sido ocupado en muchos casos por estos grupos.
La lucha y la organización de la clase trabajadora y las masas campesinas es el camino para derrotar el terror paramilitar y las políticas de ajuste y privatización de Duque. Es necesario un congreso de bases y un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general.

Gustavo Montenegro

Los trabajadores uruguayos van a un paro de 24 horas

Los trabajadores uruguayos se aprestan a la realización de un paro general que, todo indica, generará una inmensa adhesión. Con algo más de 1.700.000 trabajadores con posibilidades de trabajar, la pandemia encuentra al país con 280.000 laburantes cobrando el seguro de paro, con un mentiroso 10% de desocupación, que no contabiliza un sector social que ha quedado en negro o en distintas variantes de precarización.
Aunque ante los medios, la central uruguaya (PIT-CNT) se desgarra las vestiduras contra el gobierno derechista de Lacalle Pou y su reaccionaria ley LUC (Ley de Urgente Consideración), han sido gremios como ADEOM -el poderoso sindicato de los municipales de Montevideo- y otros gremios como Postales, UF (ferroviarios), AUTE (electricidad), AFCC Foosse (Aguas), Sintep (docentes privados) los que vienen desde julio fogoneando un reclamo de un paro nacional y un plan de lucha. La dirección del PIT-CNT llegará a este paro general presionada por estos gremios, que ya el 4 de julio pasado habían exigido que los paros no fueran de algunas horas sino el día completo.
El PIT-CNT levanta propuestas “de cara al Diálogo Nacional por el Empleo, y para atender la urgencia social”, no para quebrar al gobierno de la gran patronal, incluidos militares fascistizantes. ‘Proponen’ una suerte de subsidio social equivalente al salario mínimo; la “eliminación de restricciones para acceder al Seguro por desempleo” y la búsqueda de un “mecanismo normativo que acote los despidos, generando un período de estabilidad laboral mientras dure el plazo por el cual el trabajador tiene acceso al seguro de desempleo”, junto al -a esta altura, “tradicional”- apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.
El PIT-CNT y su “bloque social y político de los cambios” (PIT-CNT-FA) tiene puesto su interés en las elecciones municipales de fines de setiembre. Supone que los ‘cambios’ que dice querer vendrína de la mano de un reversión, claro que parcial, de la derrota del FA el año pasado. Andrade, el principal dirigente del SUNCA (construcción), reparte su atención entre el paro, que no deja de ser parcial y aislado, con actos de campaña de apoyo del FA. Alguien debería haberle avisado que si la clase obrera va a elecciones, debe hacerlo con sus propios candidatos, y en oposición a las camarillas arribistas de pseudo-izquierda.
Ningún dirigente del PIT CNT habla de un plan de lucha para derrotar al gobierno. A pesar de las grandes movilizaciones de estos últimos meses, este “bloque para los cambios” no quiere cambiar nada porque no convocó a apoyar a ninguna de ellas. Dejaron pasar la aprobación de la LUC sin ir a una huelga general para quebrarla.
A pesar de la conducta infame de la burocracia, se está abriendo camino un plan de lucha que no está en la cabeza de los dirigentes del PIT-CNT. Los docentes ya la tienen en carpeta con un paro dos días después del paro general; los metalúrgicos quieren que el paro sea activo y no dominguero, organizando fogones; las ollas populares y las cooperativas FUCVAM también quieren propiciar acciones.
Derrotar el gobierno anti obrero y represor de Lacalle plantea al proletariado uruguayo la huelga general. Es lo que están reclamando los UTU (Universidades), conjuntamente con un congreso de delegados.

Juan Ferro

La devaluación, o la deriva de Argentina en la guerra comercial

El acuerdo colonial para pagar la deuda expone al país a los choques que dominan el mercado mundial.

A nadie se le escapa que el gran dilema del gobierno es cómo recaudar los dólares necesarios para cumplir con el FMI y los bonistas. En eso consiste la columna vertebral del mentado «plan económico», pero ello pone sobre la mesa problemas bastante profundos. El acuerdo colonial agudiza la deriva del país en las turbulentas aguas de la guerra comercial, cuando se recalientan las tensiones entre Estados Unidos y China.
En primer lugar, la sequía de divisas se encuentra en un punto crítico. Las idas y vueltas en torno al cepo y la posibilidad de un desdoblamiento cambiario reflejan la inquietud dentro del gobierno. Resulta que para contener las presiones devaluatorias y la brecha con los tipos de cambio paralelos, en lo que va de septiembre ya se dilapidaron de manera récord 600 millones de dólares. Así, las reservas líquidas del Banco Central no superan, según analistas, los 3.000 millones de dólares, y esto en un año en el que el desplome de las importaciones recompuso el superávit comercial.
Martín Guzmán sostuvo que gracias al canje de la deuda local el gobierno tendría «mayor poder de fuego», ya que el Central y la Anses cuentan ahora con bonos en dólares que pueden vender para deprimir el valor del contado con liqui y reducir así la brecha cambiaria. Pero esto significa que esos títulos pasarían de ser una deuda intraestatal a una deuda del Tesoro con privados, por lo cual el verso de la «sustentabilidad» quedaría refutada en un santiamén. Todo, además, sin muchas posibilidades de éxito en su cometido.
Por estas razones, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, advirtió que Argentina necesita pasar a exportar 90.000 millones de dólares el año próximo para evitar «un corset para el crecimiento», es decir un incremento del 50%. Teniendo en cuenta que las ventas al exterior están estancadas desde hace una década -y que este año suman un 11% menos que el año pasado-, semejante salto parece una quimera.
En efecto, si bien el país goza ahora de un superávit en la balanza comercial, lo cierto es que ello es a costa de una brutal recesión industrial y una mayor primarización de la economía nacional. La caída del 25% interanual de las importaciones se debe sobre todo a la parálisis de la producción, que minimizó las compras de insumos industriales del exterior, de los cuales depende el parque productivo del país. En la agenda «pospandémica» del gobierno de Alberto Fernández ocupa un lugar destacado el objetivo de mantener planchadas las importaciones, una política recesiva. A su vez, dentro de lo que se exporta, cayeron enormemente las manufacturas industriales (en especial autos, tubos de acero sin costura y acero), y lo único que subió sus ventas es el aceite de soja y de girasol.
A tónica con esta tendencia, en el último trimestre China desplazó a Brasil como principal destino de exportación. Al país carioca, en profunda recesión, se venden autos y otros productos industriales, difícilmente exportables a otros mercados. Al país asiático, en cambio, se exportan semillas y frutos oleaginosos (soja en primerísimo lugar) y carnes. De todas maneras, con la propia China el intercambio sigue siendo deficitario (en lo que va del año arrojó un saldo negativo de casi 1.000 millones de dólares), porque se importa maquinaria, material eléctrico, reactores nucleares, calderas y productos químicos. Un comercio ciertamente colonial.
Para aferrarse entonces a lo que parece ser el único canal factible para aumentar el ingreso de divisas, el gobierno apostaría a lubricar todo lo que se pueda la relación con Xi Jinping. Se viene, recordemos, de renovar el swap por 18.500 millones de dólares, que a esta altura representan el 43% de las reservas internacionales totales del Banco Central. Amplia repercusión tuvieron, además, las tratativas para sellar un convenio para instalar en nuestro país factorías de las empresas de granjas industriales de cerdos, luego de que la gripe africana obligara a sacrificar un tercio de los animales de los criaderos de China. Pero hay mucho más.
En el Senado de la Nación se aprobó recientemente, por unanimidad, el ingreso de la Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. La apuesta del gobierno es que China financie efectivamente las obras en la hidrovía, las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, la cuarta central nuclear en Campana, el Paso Agua Negra en San Juan y el Corredor Bioceánico. Es decir, obras infraestructurales clave. El objetivo del gobierno chino es integrar a nuestro país en el grupo de países de la Nueva Ruta de la Seda, su plan estratégico de ruta comercial y de infraestructura.
La apuesta del gobierno argentino, sin embargo, puede chocarse contra una pared. No hay que perder de vista que Fernández y Guzmán van a rendir cuentas por su política económica al directorio del FMI, donde Estados Unidos tiene un peso decisivo. Cuando Trump aumenta la escalada contra Pekín, amenazando con forzar un «desacople», poner la infraestructura productiva del país en manos de capitales chinos podría despertar recelos en Washington. Más todavía en plena carrera de los gigantes de las telecomunicaciones para imponer sus redes de 5G.
Es evidente que fomentar inversiones en obras estratégicas es algo muy distinto a promover mayores exportaciones agrarias. Finalmente, a pesar de que la china Cofco fue la principal agroexportadora la última campaña, los tres pulpos yanquis con puertos propios en el Litoral (Bunge, Cargill y ADM) sumaron un tercio de las ventas del agro al exterior. Los capitales de Estados Unidos, además, siguen siendo los principales inversores extranjeros en el país. Es sintomático el hecho de que Alberto Fernández haya desistido de la tentativa de oponer a la candidatura del enviado de Trump a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, la de Gustavo Béliz; y será la primera vez en la historia que un representante estadounidense comande el organismo.
Empresas chinas vienen, no obstante, ganando posiciones en el país no solo en el rubro de energía sino además en grandes proyectos mineros (comprando la mitad de la explotación de oro en San Juan y de litio en Jujuy, además de otros emprendimientos en Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Rioja). El incremento de las inversiones abre la disputa por quién se apropia en mayor medida de la plusvalía que extraen de la Argentina, con la «burguesía nacional» como socia menor del saqueo. El Lava Jato brasileño y la megacausa de los cuadernos de Centeno, hay que tener presente, fueron impulsadas por el imperialismo yanqui para recomponer su participación en los negocios de la patria contratista.
En conclusión, la política económica del gobierno argentino para cumplir con los compromisos asumidos con el capital financiero agrava la exposición del país a los choques que dominan el mercado mundial. Más temprano que tarde, recalará en un devaluación en regla para mejorar la «competitividad», lo cual implica para los trabajadores nuevas confiscaciones y privaciones. Para emprender un desarrollo nacional, por el contrario, hay que romper con el dominio de los pulpos imperialistas sobre los resortes de la economía nacional. El repudio al pago de la deuda externa y la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero, son medidas elementales como punto de partida para sacar al país de este sometimiento colonial.

Iván Hirsch

Uruguay: paro general el 17 de septiembre

Derrotar el plan de guerra contra la clase obrera y el pueblo. Organicemos un gran congreso de base de los trabajadores y la huelga general.

La aprobación de la LUC y el proyecto de ley de presupuesto nacional presentado ahora, son una confesión indisimulada del gobierno de Lacalle, que ratifica que la crisis capitalista y en un cuadro de crisis sanitaria por la pandemia, la seguirán pagando los trabajadores y que el estado intervendrá sólo para subsidiar a los capitalistas, no a los desocupados ni los cuentapropistas o pequeños productores y comerciantes.
La dirección mayoritaria del PIT-CNT denuncia las secuelas de esta política, pero sin actuar en consecuencia. Votó el paro parcial del 4 de junio (decíamos en el TT 408) como un “ademán de protesta”, no como una acción inscripta en un plan de lucha general para darle batalla al gobierno y derrotar su política antiobrera y antinacional, que ya estaba a luz vista formulada y ya tenía consecuencias nefastas con los casi 175.000 parados y una confiscación del salario a través del ascenso de la inflación.
La dirección del PIT-CNT no propuso el paro general del 17/9
Está claro que la dirección sindical frenteamplista incluida En Lucha se negó a votar antes del 4 de junio el paro general de 24 horas propuesto por ADEOM, y acompañado por otros sindicatos como Postales, Aute, Sintep, Sugu, UF, Afcc, UF, FOOSE, etc.
Apostando a una negociación y conciliación con el gobierno de Lacalle, Sanguinetti y Manini, esperaban cambiar puestos de trabajos de convenio por precarios y justificando con esta fórmula la “mantención del empleo”, la perspectiva de la caída del salario. Esta “táctica” de una salida acordada para cinco años de convenio con el gobierno para “suavizar” el ajuste contra los trabajadores, es más de lo mismo: someter a los trabajadores a las exigencias de los capitalistas, al igual que se hizo con el progresismo. Ahora se intentó con el gobierno de derecha y naufragó con despampanante éxito, dejando a estas corrientes en offside.
La burocracia sindical y su “bloque social y político de los cambios” (PIT-CNT-FA) sólo está interesada en que los estragos que puedan pasar en el pueblo trabajador puedan ser capitalizados electoralmente tanto en las elecciones municipales de fines de setiembre como de aquí a cinco años. Ni una sola vez se habla de un plan de lucha para derrotar al gobierno y sus planes. A pesar de las grandes movilizaciones de estos últimos meses, el socio FA del “bloque para los cambios” no convocó a apoyar ninguna de ellas.
Pasaron dos mesas representativas más, con la Luc ya aprobada, con la ley de presupuesto a la vista de recortes brutales en salud, educación, en las empresas públicas, con pautas de rebaja salarial para estos cinco años (firmadas genéricamente por el secretariado) para que no hicieran oposición a fijar fecha al paro.
La propuesta de FENAPES (docentes de secundaria) de paro general para este 19 de setiembre logró votarse casi que por unanimidad, a pesar que en la mesa representativa que se votó el secretariado venía sin fecha para el paro y lo manejaban para octubre, es decir, cuando el presupuesto de ajuste contra el pueblo, estuviera votado.

La huelga general como perspectiva ineludible

Hay que ir con todo a la movilización del 10 y al paro general este 17 de setiembre y transformarlo en activo. El delegado en la M.R. por parte del Untmra (Metalúrgicos) propuso en la última mesa representativa que se establezcan fogones en el marco del paro que nucleen a los vecinos, bien.
Las ollas populares o las cooperativas de FUCVAM pueden propiciar esta deliberación donde se voten propuestas de acción para derrotar al gobierno y su plan capitalista.
Es obvio que no se puede derrotar el plan de guerra del gobierno que incluye la represión de los que luchan si no es a través de una gran lucha de masas que debe incluir la perspectiva de la huelga general por las reivindicaciones económicas y políticas del pueblo trabajador.
Un dato primario pero significativo, en este sentido es una asamblea del regional Montevideo de AFUTU (trabajadores de UTU), que encomiendan a la dirección nacional bajar a discusión, para su resolución de los núcleos de base, la realización de un congreso inmediato y la organización de la huelga general contra la Luc y el presupuesto. Moción votada con sólo dos votos en contra.
Esto clarifica además sobre que no podemos esperar de la dirección mayoritaria del PIT CNT un plan de lucha y la huelga general para derrotar al gobierno, porque ellos tienen la orientación contraria. Su política no es derrotar la política capitalista del gobierno e impulsar un plan de gobierno económico, social y político de la clase obrera y el pueblo explotado.
Su política sigue siendo hacer seguidismo del FA, para que todo sea derivado a la alternancia electoral en el gobierno y capitalizado por este.
Precisamos un congreso de base de los trabajadores, que levante un programa de salida a la crisis capitalista. Un programa de los trabajadores y el pueblo explotado.
La dirección mayoritaria del PIT-CNT no puede preparar esta perspectiva, porque creen en la conciliación de clases pérfidamente, no en la lucha de clases.
Impulsemos asambleas en los lugares de trabajo, en las ollas populares, en las cooperativas de vivienda y en los barrios, pongamos en pie un gran congreso de trabajadores, que debe organizar una gran pueblada y la huelga general para derrotar al gobierno capitalista de los Lacalle, Sanguineti y Manini.

Álvaro Soto - Dirigente de Adeom

La vía pacífica al socialismo que terminó de golpe

Mural de la Brigada Ramona Parra, Santiago de Chile.

Con el triunfo de Allende en Chile comenzó una revolución pacífica que fue cercenada con un sangriento golpe de Estado. En Uruguay el Frente Amplio intentó el acceso al poder también por la vía pacífica, pero esa primera experiencia también terminó con golpe de Estado en 1973. ¿Será que la vía pacífica siempre termina en golpe?
A finales de la década de los 60 la izquierda chilena se redefinía tras el asesinato del Che y las dictaduras amparadas en la doctrina de la seguridad nacional. Y es entonces cuando aparece en Chile una vía novedosa, la de la democracia burguesa como escenario para el triunfo de una revolución. Y Allende triunfó y comenzó aquella revolución pacífica que después supimos que era verdadera.
Una revolución que nos mantuvo siempre con la interrogante de si se puede lograr un proceso socialista sin apoyo de las fuerzas armadas, máxime cuando éstas en Chile concentran el poder, al servicio de los intereses de clase de la oligarquía y a los dictados de Washington. ¿Será que la vía pacífica siempre termina en golpe? Ejemplos nos sobran en nuestra región.
La Unidad Popular definía su proyecto, el de abrir un camino no recorrido, respetando la institucionalidad vigente para allanar la transición al socialismo. Fue la denominada vía chilena. Ernesto Guevara le dedicó su ensayo La guerra de guerrillas: “A Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Afectuosamente, Che”.
Cristianos, laicos, marxistas, socialistas, comunistas, socialdemócratas habían confluido y en diciembre de 1969 se lanzó, el programa de la Unidad Popular , firmado por los partidos Socialista Comunista, Radical, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), Acción Popular Independiente (API) y el Partido Social Demócrata (PSD).
El MIR, fundado en 1965, insurreccional, decidió apoyar críticamente la candidatura de Allende, y la Democracia Cristiana, procedente de la Falange fascista española, señalaba en su programa que “La Iglesia está por encima de los partidos (…) rechazamos el marxismo, concepción materialista y antirracional de la vida, que fomenta la lucha de clases, conduce a la tiranía y ha fracasado en sus experiencias”. 
De acuerdo con la Constitución, la candidatura ganadora debía ser ratificada por el Congreso dominado por una oposición, supuestamente democrática, que rápidamente se tornó golpista gozando de amplio financiamiento por parte de EE.UU. Los intereses de las transnacionales estadounidenses, estaban en juego, por lo que el Presidente Nixon ordenó a la Agencia Central de Inteligencia impedir la ratificación de Allende.
La CIA uso su manual y su arsenal habitual, incluida la guerra psicológica, la presión económico-financiera, los sobornos, e incluso orquestó un primer intento de Golpe de Estado con el secuestro que concluyó en asesinato del general constitucionalista, René Schneider. El repudio a esta acción permeó al Parlamento, que decidió, el 4 de noviembre de 1970, ratificar el triunfo de Allende, no sin antes imponer un Estatuto de Garantías Constitucionales.
El 22 de enero de 1970 Salvador Allende fue elegido candidato de la Unidad Popular. El 4 de septiembre de 1970 ganó la presidencia sobre una derecha dividida. Su triunfo supuso el inicio de una conspiración que acabaría con el bombardeo del Palacio presidencial el 11 de septiembre de 1973, con la imposición del neoliberalismo y un régimen de terror.
El día del triunfo electoral la derecha puso en marcha su estrategia. Primero, evitar que Allende asumiera la presidencia el 4 de noviembre de 1970. Sin mayoría absoluta, los miembros del Congreso podían decantarse por una de las dos mayorías relativas. El plan se frustró con el asesinato del general en jefe de las Fuerzas Armadas René Schneider –en quien Allende confiaba para dar el cambio entre los militares- días antes de la votación.
El plan de gobierno -40 medidas básicas-, destacaba la supresión de grandes sueldos, jubilaciones justas, seguridad social para todos los chilenos, leche para todos los niños, alimentación para los niños en situación de exclusión, vivienda digna, agua y electricidad, reforma agraria real, asistencia médica gratuita en los hospitales, creación de centros de atención primaria y consultorio materno-infantil, disolución de los cuerpos represivos de carabineros, no más impuestos a los alimentos, creación del instituto del arte y la cultura, entre otras.
Fueron tres años de estrangulamiento económico, atentados y conspiraciones, mientras la UP trabajaba en el fortalecimiento de la consciencia de clase y a la unidad de los trabajadores, y en consolidar una coexistencia con los sectores de clase media dentro de la oposición. La fuerza real del gobierno estaba en el apoyo de los trabajadores donde la correlación de fuerzas a su favor en elecciones sindicales, cerca del 70% de los votos, era muy superior a las del proceso electoral.
Allende lo subraya en su última alocución: “Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que aceptaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios”.
Allende entendía al socialismo como una forma perfeccionada de la democracia, que no significaba ruptura de la democracia y del Estado de derecho, sino su plena realización al no renunciar a su carácter revolucionario, poniéndola al servicio de las masas y de la lucha de clases. La revolución latinoamericana deberá ser, además de antiimperialista y antifeudal, democrática, a fin de que la sientan, compartan y comprendan las masas ciudadanas. Deberá ser profundamente humana, señalaba.
El 11 de septiembre de 1973, día del sangriento golpe militar encabezado por el después dictador general Augusto Pinochet, la decisión de Salvador Allende de mantenerse combatiendo en el palacio de La Moneda, demuestra la fuerza de sus principios y convicciones y mantienen vivo su aporte al pensamiento socialista, antiimperialista y anticapitalista.

Otras experiencias

En Uruguay, el Frente Amplio es una fuerza progresista, democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista, fundado en febrero de 1971, también con la línea de intentar el acceso al poder también por la vía pacífica.
Fue fruto de la coalición de varios partidos políticos (Socialista, Comunista, Demócrata Cristiano, disidentes de los tradicionales partidos Nacional y Colorado), el Movimiento 26 de Marzo (afín al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) y la convocatoria de ciudadanos independientes (como los generales Liber Seregni y Víctor Licandro) para la creación de un movimiento político.
Su fundación sintetizó un proceso de unidad que se jalona con el Congreso del Pueblo, la unidad sindical con la conformación de una central única de trabajadores. En las elecciones de 1971 presentó la fórmula Seregni-Juna José Crottogini (ex rector universitario). Logró el 18,3 % de los votos y obtuvo el tercer lugar en unas elecciones fraudulentas. Esa primera experiencia unitaria terminó de golpe.
Tras el golpe de Estado de junio de 1973, el FA fue proscrito y fuertemente reprimido junto con las fuerzas que lo conformaban. Muchos militantes fueron presos y torturados por más de una década, y algunos fueron asesinados. Reorganizado, triunfó en tres elecciones consecutivas (hasta este año), pero lo de la lucha por el socialismo quedó en el camino.
La Revolución Bolivariana es un segundo laboratorio latinoamericano de la vía pacífica al socialismo, después de la (frustrada) experiencia de Salvador Allende en Chile. Seguramente, el modelo venezolano será tomado en cuenta en cualquier intento de (re) construcción socialista, como el allendista, fue tomado como bandera por la socialdemocracia europea cuatro décadas atrás.. hasta que se olvidó del socialismo.
Algunos analistas señalan que la Revolución Bolivariana -pacífica, democrática, a diferencia de las vías armadas e invasoras de la imposición neoliberal- atravesó desde la muerte del expresidente Hugo Chávez la crisis del cierre del ciclo reformista: si bien se conquistó el gobierno, las leyes, las relaciones sociales, económicas y políticas, la cultura, siguen siendo burguesas, y para transformarlas se necesitaba de un segundo esfuerzo.
Una revolución que si bien llegó al gobierno por la vía democrática, pudo acceder al poder también con el apoyo del ingrediente militar. Y cuando Chávez habló del carácter socialista de su gobierno, en un país que es el mayor reservorio de hidrocarburos del mundo, riquezas que Estados Unidos quiere apoderarse, se aceleró la desestabilización, el bloqueo, los intentos de magnicidio, golpes e invasiones frustradas, amenazas permanentes, la asfixia económica, el robo de sus recursos.

***

A 50 años del triunfo de la Unidad Popular, lamentablemente pocos en Chile saben quién fue Allende y cuál fue su lucha. Son pocos los que lo reivindican: la aplanadora de la dictadura y la pósdictadura recién ahora, con los jóvenes en las calles, pareciera que se va frenando. Cambió la cultura, cambió el sujeto social. Casi todos olvidaron la lucha por el socialismo.

Aram Aharonian
Periodista y comunicólogo, nacido en Uruguay, con vasta experiencia en América latina. Magister en Integración. Creador y fundador de Telesur, preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Observatorio en Comunicación y Democracia y el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Elecciones municipales en Uruguay

Las elecciones municipales en Uruguay, que eligen las máximas autoridades de los 19 departamentos (Intendentes y Juntas departamentales), se realizarán el 27 de setiembre.

Serán los primeros comicios con protocolo contra el Covid-19. El centroizquierdista Frente Amplio va por el triunfo en Montevideo y Canelones departamento que, juntos, representan más de la mitad de la población del país.
La mayoría de las intendencias ya están prácticamente definidas (14 de 19). El Partido Nacional (líder de la coalición gobernante) obtendrá una gran votación en el interior del país, su bastión, donde el peso del ruralismo conservador es preponderante. Cabildo Abierto, el novel partido de ultraderecha puede dar sorpresa nuevamente en estos comicios e ir acumulando un caudal electoral que le dé cimientos de cara a las elecciones nacionales de 2024.
El Partido Colorado por su parte, pretende retener la intendencia de Rivera, al noreste de Uruguay, fronterizo con Brasil. Este partido que otrora fue nombrado “Partido-Estado” por haber logrado la mayoría de los gobiernos en la historia uruguaya, hoy avanza a paso lento pero firme hacia la que parece ser una existencia testimonial.
Luego de la debacle del 2002, en las elecciones donde resultó triunfante el Frente Amplio, el Partido Colorado obtuvo su peor votación histórica con apenas un 7%. Con los emergentes liderazgos de Pedro Bordaberry y posteriormente Ernesto Talvi, parecía que esta conformación política resurgía de las cenizas. Pero Talvi, su líder carismático, renunció a su cargo como Canciller y a toda actividad política.
¿Cuál es el futuro que le depara al Partido Colorado? Es incierto, no asoma la cabeza de nadie para su renovación y su actual Secretario General es el dos veces presidente, Julio María Sanguinetti, de 84 años.
Las intendencias que están en disputa son Rocha, Paysandú, Colonia, Río Negro y Florida. Según las encuestas de la consultora Opción, a pesar del final reñido, los intendentes oficialistas renovarán sus cargos por otro período. El caso más destacado es el de Yamandú Orsi en Canelones, el segundo departamento con mayor población. El frenteamplista en la última encuesta obtuvo un 65% de intención de voto frente al candidato del Partido Nacional con tan solo un 10%.
Las intendencias que están en disputa son Rocha, Paysandú, Colonia, Río Negro y Florida. Según las encuestas de la consultora Opción, a pesar del final reñido, los intendentes oficialistas renovarán sus cargos por otro período.
El caso más destacado es el de Yamandú Orsi en Canelones, el segundo departamento con mayor población. El frenteamplista en la última encuesta obtuvo un 65% de intención de voto frente al candidato del Partido Nacional con tan solo un 10%.
El oficialismo, compuesto por los cinco partidos que conforman la coalición multicolor que gobierna el país (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y Cabildo Abierto), presentará en la mayoría de los departamentos distintos candidatos, según la correlación de fuerzas que tengan en cada territorio. El mapa departamental quedaría de la siguiente forma: Partido Nacional catorce intendencias, Frente Amplio cuatro y Partido Colorado una.
En el caso de Montevideo, la coalición derechista presentará candidatura única para tratar de desbancar al Frente Amplio, con 30 años consecutivos de victorias. Su candidata es Laura Raffo, economista, conferencista y panelista de televisión. Por muchos años fue analista en los medios de comunicación donde anunciaba inminentes crisis en la economía uruguaya que nunca sucedieron.
En los últimos días circuló en las redes un video de hace algunos años, donde a la salida de una conferencia analizaba el devenir de Argentina en tiempos del gopbiernjo neoliberal de Mauricio Macri. Una frase quedó resonando, auspiciando “el crecimiento que viene sosteniendo el gobierno de Macri”.
Laura Raffo es hija de Juan Carlos Raffo, quien fuera senador por el Partido Nacional y ministro de Transporte y Obras Públicas, quien estuvo involucrado en casos de coimas (sobernos) en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (padre del actual presidente).en los años 90, Laura Raffo, que ha propuesto en más de una ocasión políticas que ya se vienen aplicando, presentándolas como novedad, persigue muy de lejos a los candidatos del Frente Amplio. Todas las encuestas dan entre 15 y 20% de diferencia.
A pesar de ello, el oficialismo pretende instalar la sensación de que la elección será renida. Uno de sus caballitos de batalla, es el argumento que el Frente Amplio gobierna hace treinta años y es hora de una renovación. Una actualización del eslogan de campaña presidencial ‘está bueno cambiar’. Dirigentes frenteamplistas rápidamente señalaron la contradicción de esta premisa, ya que en intendencias de otros departamentos el Partido Nacional gobierna hace más de treinta años.

¿Otra vez?

El Frente Amplio no logró los consensos necesarios para una candidatura única y vuelve a demostrar el paulatino deterioro de su unidad. Presentará tres candidatos a la Intendencia de Montevideo donde se expresan las tres corrientes que lo componen: Daniel Martinez, Álvaro Villar y Carolina Cosse.
Según las últimas encuestas, existe un empate técnico en 17 puntos para cada candidato. De igual manera, algunas encuestas han dado a Carolina Cosse encabezando la intención de voto y como posible vencedora de la interna frenteamplista.
Daniel Martinez, ex intendente y ex candidato a presidente es la cara de la derrota de las últimas elecciones, donde el Frente Amplio pretendía obtener su cuarto mandato consecutivo. Con un debate presidencial endeble y falta de carisma, Martínez fue el timonel de la pérdida del gobierno, junto con otros de la tripulación que aún no han hecho autocrítica.
Martínez había declarado que de perder se retiraría “a descansar con sus nietos”. Faltando a su palabra, volvió al ruedo con aprobación de su gestión por parte de los montevideanos pero con signo negativo de los trabajadores municipales de su propia intendencia. Representa la línea socialdemócrata del Frente Amplio, cuenta con el apoyo de los grupos Magnolia, Par, Plataforma, Liga Federal, Nuevo Espacio, Vertiente Artiguista, Asamblea Uruguay y el Partido Demócrata Cristiano.
Álvaro Villar es neurocirujano y fue director del Hospital Maciel. Una especie de outsider de la política, ya que como declaró “hace treinta años que no militaba, pero siempre fui frenteamplista.” Es el único de los tres candidatos que no hizo campaña en las elecciones del año pasado. Es el candidato con menos intención de voto aunque en las últimas encuestas se ha acercado a los otros dos.
En las últimas semanas ha sido blanco de ataques por denuncias de acoso sexual y laboral dentro de su gestión en el hospital. El stress de la campania y las acusaciones devinieron en un accidente cardíaco y ha suspendido momentáneamente su agenda.
Cuenta con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP, el sector de José Pepe Mujica), Fuerza Renovadora del ex presidente del Banco Central y senador Mario Bergara; y UNIR un grupo escindido del Partido Colorado que no integra la orgánica del Frente Amplio.
Carolina Cosse, ingeniera, actual senadora, exministra de Industria y expresidenta de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel, ha desbancado en las últimas semanas a Daniel Martínez del primer puesto de intención de votos en las encuestas. Se perfila como la futura intendenta, pero nada está dicho.
Uno de esos síntomas es la virulencia con la que la derecha ataca a esta candidata y la necesidad de confrontar a Laura Raffo contra ella en cada ocasión que se le presente. Cosse salió segunda en la interna del Frente Amplio a las presidenciales. Martínez no la tuvo en cuenta como vicepresidenta y eligió, salteándose la línea orgánica, a otra candidata.
Hoy es el blanco predilecto de la derecha para lanzar sus dardos y se la cuestiona por sus gestiones en entes estatales. Cosse cuenta con el apoyo de los sectores del polo de izquierda dentro del Frente Amplio: Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Casa Grande.

Donde se pisa

Estas elecciones se dan en un contexto de caída del PBI, mayor desempleo y pobreza. El presupuesto proyectado por el gobierno nacional ya promete un ajuste feroz a las clases populares, mientras se le duplica el salario a director y gerentes de entes estatales. Cero presupuesto para la Universidad de la República y para la ley de combate a la violencia de género.
El partido de ultraderecha Cabildo Abierto negocia los votos del presupuesto nacional en el Parlamento, especulando con el desafuero de su líder, Guido Manini Ríos, por temas asociados a crímenes de lesa humanidad del pasado reciente. La calidad democrática empieza a deteriorarse en un país donde la impunidad del terrorismo de Estado hoy tiene un partido que la defiende en el parlamento..
Atravesamos una coyuntura de avance de las derechas en todo el continente, un reflujo de las izquierdas, sumado brújulas que no marcan el norte. Las intendencias de corte progresista, donde el Frente Amplio es el único que tiene chances de acceder, serán el escudo para paliar este embate neoliberal que apenas cumple un semestre de los diez que va a gobernar. La articulación con organizaciones sociales y referentes locales será fundamental para que los políticos no se distancien de la realidad.

Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

“Debe parar el acoso de las fuerzas policiales hacia nuestras familias”

Miriam Villalba, mamá de una de las niñas ejecutadas en Paraguay, brindó una conferencia de prensa. Movilización al Consulado.

En horas de la mañana de este lunes se llevó a cabo en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas la conferencia de prensa de Miriam Villalba, madre de Lilian y tía de María Carmen, las niñas argentinas asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay, el pasado miércoles en la localidad de Concepción de dicho país. La masacre fue celebrada por el presidente Mario Abdo Benítez, quien posó para las cámaras en el lugar de la ejecución.
Acompañada por organizaciones sociales y políticas, Miriam pidió ayuda, reclamó justicia y que se garantice que su familia pueda vivir tranquila y segura en el lugar donde se encuentran hace 11 años, una chacra ubicada en un paraje costero de la localidad de Puerto Rico, lugar al que arribaron huyendo de la violencia del Estado paraguayo que la persigue por los lazos familiares que tienen con miembros del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP): “nuestra preocupación es la seguridad de nuestros niños, estamos preocupados porque debe parar el acoso de las fuerzas policiales hacia nuestras familias, un presunto comisario se presentó en la escuela preguntando por la situación de las niñas. Esta mañana, recién me avisó mi hermana, fueron dos policías otra vez a indagarla. No es para ofrecer protección, fueron a hacer preguntas, indagar, no a ofrecer asistencia o ayuda. Son policías misioneros”. Con esta preocupación llegó a la capital de provincia, buscando ser recibida por el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, quien no la recibió y en su lugar se entrevistó con la ministra de Derechos Humanos.
Ante las preguntas de periodistas que se hicieron presentes, Miriam explicó que las niñas se encontraban en el lugar donde fueron ejecutadas porque viajaron a conocer a sus padres, integrantes del EPP, y luego no pudieron regresar por el cierre de fronteras que tuvo lugar a raíz de la pandemia de Covid-19. En relación a los hechos que derivaron en el asesinato de las niñas, denunció que se trató de un crimen perpetrado por el Estado paraguayo, que luego de la ejecución se montó una escena, vistiéndolas con uniforme militar, para sostener la versión de que murieron durante un enfrentamiento, una versión que se fue desmoronando con el transcurso de las horas. Dejó en claro que no confía en ningún tipo de investigación que lleve adelante el Estado paraguayo: “Nada me extraña que venga de Mario Abdo Benítez (presidente). Ese señor es hijo de quien fuera secretario privado de Alfredo Stroessner. El aprendió y está acostumbrado a hacer todo tipo de cosas apañado por los jueces y dirigentes políticos de Paraguay. Hace lo que quiere, cómo no va a poder esconder el crimen de las niñas, nadie lo denuncia”.
En relación al esclarecimiento de las circunstancias en que fueron asesinadas Lilian Mariana y María Carmen expresó: “decidimos como familia suspender el pedido de repatriación de los cuerpos, por solicitud también de la familia paterna en Paraguay. Pero también por el recibimiento caluroso del pueblo oprimido y perseguido de San Pedro, que salió a recibir los cuerpos en medio de la campaña sucia del aparataje de medios de comunicación paraguayos y del Estado. Vamos a intentar que el Equipo Argentino de Antropología Forense vaya a Paraguay y estudie los cuerpos. No confiamos en ningún tipo de autopsia o necropsia que se haya realizado en Paraguay por peritos de la justicia de allá. No confío en ninguna autoridad paraguaya, sólo pido que no persigan a los niños, eso es lo que más necesitamos ahora, tenemos mucho miedo por nuestros hijos que están con nosotras en Misiones”.
Luego de la conferencia de prensa, tanto Mirian como las organizaciones que estaban presentes se trasladaron a las instalaciones del consulado paraguayo donde fue recibida una comitiva por el cónsul Rolando Agustín Goiburú Benítez y la cónsul de primera, Graciela Esther Celauro de Cardozo. Los representantes de las organizaciones expresaron el rechazo a las expresiones del general Héctor Grau, comandante de la FTC, sobre que “Argentina se convirtió en una guardería de soldados del EPP”, por ser una amenaza directa a Miriam y su familia. Los presentes coincidieron en señalar la responsabilidad del Estado paraguayo en el crimen. Por su parte, Mirian le expresó al cónsul que “no le sorprendía el accionar del presidente Abdo y que del gobierno paraguayo no esperaba nada”. El cónsul se limitó a manifestar que todo lo conversado en la reunión iba a ser informado a Cancillería.

Reunión en el Consulado.

“Siempre vamos a recordar a Lilian y María como dos niñas alegres y sonrientes, educadas. Hoy las maestras las lloran y me dicen que no pueden creer lo que les pasó”, comentó Miriam en la conferencia de prensa.
Reclamamos el esclarecimiento de los hechos y el juicio y castigo a los responsables.

Olga Aguirre

Las elecciones en Montenegro y las pujas políticas en la ex Yugoslavia

Mapa político de los Balcanes. Macedonia asumió recientemente el nombre de Macedonia del Norte

El balcánico país de Montenegro, integrante de la ex Yugoslavia y parte de un mismo Estado con Serbia hasta 2006, fue a elecciones parlamentarias el domingo 30 en el marco de una aguda crisis política.

Con un 35% de los votos, el oficialista Partido Democrático de los Socialistas (PDS) obtuvo una victoria pírrica. Al tratarse de un sistema parlamentario, donde son los legisladores quienes eligen al primer ministro (quien oficia como jefe efectivo del gobierno), por primera vez en 30 años el partido oficialista podría verse desplazado del poder del Estado si se produce un acuerdo político entre fuerzas de la oposición. Montenegro viene siendo dirigido desde la disolución de la ex Yugoslavia por Milo Dukanović, quien ya sea como presidente, primer ministro o dirigente del PDS ha sido el “hombre fuerte” del país. El proceso político del país está signado por las consecuencias de la restauración capitalista y la “balcanización” a la que se ven sometidos los pueblos de la región por parte del imperialismo.

Los polos en disputa

Si bien obtuvo el primer puesto, el PDS solo consiguió una ventaja de 2,5 puntos por sobre la segunda fuerza, la coalición «Por el futuro de Montenegro». La oposición al PDS reviste un carácter nacionalista serbio, defiende, por lo tanto, un curso de reacercamiento a Serbia, país del que Montenegro se separó mediante un plebiscito en 2006, en donde el sí a la independencia se impuso por un ajustado resultado del 55%. En Montenegro, un amplio porcentaje de la población se reconoce étnicamente como serbio. Serbia, bajo el gobierno del nacional – conservador Alexandar Vucic es un aliado de Putin en la región.
Por el contrario, el oficialismo montenegrino viene emprendiendo desde hace décadas un curso de acercamiento a Occidente. Dukanovic, cuya vida política se originó en la Liga de los Comunistas Yugoslavos y quien durante un periodo fue un aliado del ex mandante serbio Slobodan Milosevic, abandonó el campo de la defensa de la unidad con Serbia para pasar a adoptar el nacionalismo montenegrino una vez que Milosevic cayó en desgracia. En esta senda, está en proceso el plan de incorporación de Montenegro a la Unión Europea, luego de que en 2017 el país balcánico fuera incorporado a la Otan. Sin ir más lejos, desde 1999 el marco alemán se transformó en la moneda oficial del país, para pasar a ser luego el euro.
Si bien la oposición ha dicho que no rechaza continuar el proceso de acercamiento a la Unión Europea en caso de ser gobierno, su alineamiento con Serbia y su afinidad con Rusia representan una cuña de Putin en un contexto en el que crecen los choques políticos (y, en parte, bélicos) entre las potencias en distintos puntos del globo, pero especialmente en los espacios sobre los que se erigieron los ex estados obreros.

El sustrato del resultado electoral

Los resultados electorales fueron festejados en Montenegro en donde los manifestantes utilizaron simbología pro serbia. El desenlace en las urnas no fue del todo inesperado ya que la situación previa venía marcada por importantes muestras de descontento popular. En buena medida, ese descontento venía siendo articulado y organizado por la iglesia ortodoxa serbia (mayoritaria en Montenegro) que convocó a importantes movilizaciones contra una ley propuesta por el gobierno que busca quitarle todas las propiedades a la iglesia cuya propiedad no pueda probar con anterioridad a 1918. Lejos de tratarse de una disputa a favor de la laicidad, es más bien un intento por parte de Dukanovic de golpear a la oposición.
Sin embargo, el descontento con el gobierno no se agota allí. Dukanovic gobierna desde hace décadas este país de 650 mil habitantes con métodos clientelares, en un régimen visto por amplias capas de la población como intrínsicamente corrupto y donde impera el nepotismo y el enriquecimiento de la dirigencia política. La elección en sí misma ha sido cuestionada ya que se acusa al gobierno de haber volcado recursos estatales en favor del oficialismo (Deutsche Welle 1/9). De hecho, hasta la incorporación de Montenegro a la Otan, sus dirigentes estaban en la mira de los tribunales europeos ya que en el país operan gran cantidad de mafias, especialmente las dedicadas al tráfico de cigarrillos.
En estos momentos, el desenlace de la situación y la conformación de un nuevo gobierno es uno de los ejes en debate en el seno de la UE. Se baraja la posibilidad, de no concretarse una mayoría en el parlamento, de conformar un gobierno “técnico”, lo que no lograría superar el impasse creado.

Por una salida de los trabajadores

La otra cara de la disgregación política en los Balcanes es el atraso y la pauperización popular que se viene profundizando con la crisis económica mundial. Las repúblicas integrantes de la ex Yugoslavia han pasado, mayoritariamente, a ser meros satélites y protectorados de potencias foráneas. La permanente división en pequeños estados impulsada por el imperialismo, que ha acicateado históricamente la disputa inter étnica, no ha terminado con las tensiones nacionales. Por el contrario, las ha agravado, dejando minorías étnicas dentro de estados que no son reconocidos como propios como ocurre con los serbios en Montenegro o en Kosovo. La consigna de la puesta en pie de una Federación Socialista de los Balcanes continúa siendo la única salida para los trabajadores y el pueblo de la región.

Leandro Morgan

El Estado paraguayo ejecuta a dos niñas de nacionalidad argentina

El presidente Mario Abdo Benítez se acercó al lugar tras el operativo.

Las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay ejecutaron a dos niñas de 11 y 12 años en el departamento de Concepción el miércoles pasado, en un operativo celebrado públicamente por el presidente Mario Abdo Benítez y presentado como una acción contra el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El gobierno esgrime que se trató de un “enfrentamiento”, pero esta versión se ha ido desmoronando. En las últimas horas se confirmó que las menores fueron ultimadas por la espalda con varios balazos.
Genoveva Oviedo Britez, hermana de Alcides Oviedo (uno de los dirigentes del EPP), desmintió también las versiones oficiales y aseguró que las niñas no eran combatientes, sino estudiantes que se encontraban en dicho lugar de visita. A través de su cuenta de Facebook la mujer expresó que al momento del supuesto enfrentamiento estaban allí porque quisieron estar con sus «perseguidos padres» para festejar un cumpleaños y que fueron asesinadas. Además, presentó copias a los medios de los documentos de identidad de las niñas, ambas tienen nacionalidad argentina, una de las fallecidas se llamaría Lilian Mariana Villalba y la otra sería María Carmen Villalba. Las niñas, según Genoveva, residían en Misiones, eran primas y estaban al cuidado de su abuela. La abogada Daisy Irala (defensora de Carmen Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, también integrante del EPP y actualmente presa en la cárcel del Buen Pastor) confirmó las edades entre 11 y 12 años, en rechazo a versiones que les endilgaban una edad mayor. Tanto Oviedo Britez como Irala responsabilizan al presidente Abdo Benítez de un crimen de Estado contra las niñas y piden que se restituyan los cuerpos a sus familiares.
Los cuerpos de las niñas fueron enterrados presurosamente, horas después de los hechos, lo que incrementa las sospechas de que el Estado quiere esconder información de lo que realmente pasó.
Concepción es terreno en disputa entre narcos, ganaderos, traficantes de madera y sojeros. Las comunidades campesinas que pueblan esas tierras viven atemorizadas, entre asesinatos a intendentes y referentes campesinos sin resolver. Vale recordar que la Fuerza de Tarea Conjunta fue establecida en el 2013 por el presidente Horacio Cartes, para combatir al grupo armado EPP, por un decreto que también suspende las libertades individuales en el norte de Paraguay, y está integrada por mandos militares, policiales y antidrogas. Le son asignados 15 millones de dólares anuales del presupuesto estatal, de los cuales por varios millones no tienen que rendir cuentas, que serían los pagos a “informantes”. En estos años sólo acumularon denuncias de abuso institucional que van desde amenazas de ejecución hasta la violencia física, según el informe “Nos trajeron miedo” del Serpaj.
Exigimos el esclarecimiento inmediato del crimen de las niñas, con intervención de organismos de derechos humanos y organizaciones civiles en la investigación, para garantizar la transparencia de los procesos. Apartamiento de las fuerzas represivas del Estado paraguayo en las tareas de investigación.
Exigimos además que se exhumen los cuerpos y se practiquen las autopsias correspondientes para establecer las causas de la muerte y la identidad de las víctimas y una vez finalizadas, sean devueltos a sus familiares.
Movilicémonos al consulado paraguayo el día lunes para pedir que se esclarezcan los hechos.
#EranNiñas #NiUnaMenos.

Florencia Aguirre

“El gobierno paraguayo está diciendo cualquier cosa para tapar sus atrocidades”

Miriam Villalba, mamá de una de las niñas ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay

Miriam Villalba es mamá de Lilian y tía de María del Carmen Villalba, las dos niñas argentinas de 11 años que fueron ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay en Concepción, el miércoles pasado, en un operativo celebrado públicamente el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez. El gobierno esgrime un enfrentamiento con el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una versión que se fue desmoronando con el correr de los días, cuando empezó a quedar claro que a las chicas las habían asesinado con varios disparos por la espalda (algunas versiones hablan de decenas de proyectiles).
“El gobierno paraguayo está diciendo cualquier cosa para tapar sus atrocidades. Las fuerzas policiales y militares que estuvieron en procedimiento, dispararon a mansalva viendo que eran dos criaturas, dos niñas de 11 años; no tuvieron ninguna piedad, eran dos niñas que trataban de huir”, señaló Miriam a Prensa Obrera.
Los cuerpos -que habían sido enterrados en una fosa común- fueron exhumados y en las últimas horas se supo que se procederá a su entierro en la zona de San Pedro. Mientras tanto, la familia ha iniciado los trámites de repatriación.
Miriam explica que las niñas viajaron a Paraguay con la intención de conocer a sus padres, integrantes del EPP. Debido al estallido de la pandemia de Covid-19, no pudieron regresar. Allí las sorprendió el operativo criminal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), una fuerza creada en 2013 por el entonces presidente Horacio Cartes, que acumula varias denuncias por abusos contra familias campesinas y por ofrecer protección a hacendados a cambio de dinero (Resumen Latinoamericano, 10/4/16).
Miriam vive en Argentina hace aproximadamente diez años.
Además del crimen, la familia denuncia un intento estatal por simular un enfrentamiento y luego por borrar evidencias de los hechos. En este sentido, asegura que a las niñas se les plantó uniformes guerrilleros. Dichos uniformes, afirma Miriam, “estaban bien planchaditos y no tenían ni una gota de sangre”. Minutos antes de enterrar a las chicas en la fosa común, esa vestimenta habría sido incinerada por las fuerzas de seguridad.
Miriam vive en Argentina hace aproximadamente diez años. Junto a su madre y su hermana, se instaló en la localidad misionera de Puerto Rico, ubicada a la vera del Paraná, en la frontera con Paraguay. Debió huir ante las amenazas constantes.
Afirma que “no confiamos en el gobierno paraguayo ni en los médicos forenses de allá”.
El lunes, la familia brindará una conferencia de prensa por la mañana en la plaza 9 de Julio de Posadas. Reclaman una entrevista con el gobernador y el cónsul paraguayo y solicitan la protección jurídica de las criaturas que están a su cargo en Puerto Rico, además de la repatriación de los cuerpos de las niñas asesinadas.
Comienza la lucha por el esclarecimiento de los hechos y por justicia para Lilian y María del Carmen.

Gustavo Montenegro

A 200 años: del triunfo federal en Cepeda al exilio de Artigas

Esta nota se basa en extractos de los capítulos redactados por Christian Rath y Andrés Roldán para un texto inédito que continúa el desarrollo del libro La Revolución Clausurada.

Derrumbe de un régimen político

La victoria en Cepeda el 1º de febrero de 1820 de las fuerzas federales comandadas por López y Ramírez sobre las tropas enviadas por el Directorio provocó una conmoción política e institucional.
Cayó el Directorio y el Congreso fue disuelto. Se derrumbó el régimen político que, con cambios y adaptaciones había manejado los destinos del país por más de siete años, desde el golpe de octubre de 1812. Y un dato fundamental. Se disolvió la Logia Ministerial, reorganización de la Logia Lautaro alrededor del gobierno del Directorio, que había sido el eje político del régimen durante todos esos años.
Las fuerzas sociales que eran la base del régimen, los comerciantes, ingleses y criollos (los más prósperos de estos últimos se habían volcado crecientemente hacia la explotación ganadera y saladeril) apoyados por los grandes hacendados, muchos de ellos con latifundios en la Banda Oriental, se veían obligadas a replantearse las condiciones políticas de su dominación.

Una crisis de poder

El régimen se vino abajo. Lo que quedaba del ejército del Norte se había amotinado en Arequito (enero 1820) a instancias de Paz y de Bustos pocos días antes de Cepeda. Varias provincias, Córdoba entre ellas, destituyeron a sus gobernadores, agentes del Directorio, y los reemplazaron por gobernadores que se proclamaban “federales”. De pronto la identidad “federal” se convirtió en sinónimo de oposición al Directorio, y tomó un tinte popular, opuesto al carácter aristocratizante de la política directorial. En noviembre de 1819 la aprobación por parte del Congreso de la ley que consagraba regente al Príncipe de Luca había provocado rechazo y levantamientos desde Tucumán hasta Santiago del Estero, Catamarca y Cuyo, muchos de los cuales se identificaban como “federales”.
El Directorio caía en medio de un enorme desprestigio en todo el país, incluso en Buenos Aires. Cuatro años de una desgastante guerra civil, habían generado penurias económicas crecientes y levas constantes. Al conocerse la derrota de Cepeda en la ciudad de Buenos Aires se vivió una noche de enorme incertidumbre (Molinari, en Viva Ramírez, cuenta que 423 faroles fueron destruidos como síntoma inequívoco de un clima de tumulto popular).
Nuevamente, como en abril de 1815 se abrió una crisis de poder.
Pero varias cuestiones diferencian la crisis del 20 de la de 1815.
La primera es que en 1815 no hubo un Cepeda. El motín de Fontezuela del ejército directorial (que caracterizamos tentativamente como un golpe preventivo en La Revolución Clausurada) lo preservó de una derrota y llevó a que Artigas, como líder federal, tomara la decisión de suspender la marcha sobre Buenos Aires, y ni siquiera entrara para imponer una salida política. Actuando de ese modo le facilitó a las instituciones porteñas, en primer lugar el Cabildo, la posibilidad de arrogarse la facultad de nombrar un gobierno nacional (nuevo Director, ligado a la Logia) y cerrar provisoriamente la acefalía. Al año siguiente al designar a Pueyrredón como Director, la Logia retomó plenamente el control del gobierno.
La segunda es que en 1815 había un liderazgo efectivo de las fuerzas federales. Artigas, asumiendo el rol de Protector de los Pueblos Libres. Ese liderazgo, en 1820, estaba en crisis. Las derrotas propinadas por los portugueses en la Banda Oriental a las fuerzas artiguistas tuvieron como efecto debilitar su autoridad sobre las fuerzas federales del Litoral y sobre sus líderes, López y Ramírez. Formalmente lo seguían reconociendo como Protector de los Pueblos Libres, pero temían, a su manera, el contagio de la revuelta social que conmovió a la Banda Oriental.
Y en tercer lugar en 1815 no había una provincia ocupada por una potencia extranjera. En 1820, en cambio, la Banda Oriental estaba ocupada por el invasor portugués, lo cual ponía objetivamente en la agenda de todas las clases sociales y fuerzas políticas cuál era la actitud a adoptar frente a esta flagrante violación de la soberanía sobre el espacio nacional. Nadie podía hacerse el distraído, o mejor dicho, hacerse el distraído era toda una definición política.

La cuestión portuguesa y la Banda Oriental

La cuestión de la Banda Oriental, aunque formalmente se presentara como una cuestión de defensa de la integridad nacional, ponía en el tapete la “cuestión social” que las clases dirigentes querían evita a toda costa. El temor a la guerra social disparada por el reparto de tierras y ganados llevado a cabo por el artiguismo en la Banda Oriental, volvió a ponerse en la agenda de todas las corrientes en pugna.
Recordemos que en junio de 1819, Pueyrredón renunció y fue reemplazado por Rondeau (también de la Logia), con el objetivo de dar aire a un Directorio muy desprestigiado. Rondeau inició negociaciones con Artigas para cesar la guerra civil teniendo en cuenta que se preparaba en España una gran expedición para reconquistar la zona del río de la Plata (finalmente no llegó a zarpar por el levantamiento de Riego en enero de 1820). Artigas le formuló entonces una demanda crucial y precisa. Si hay voluntad de acabar con la guerra civil, unámonos, declarémosle la guerra al invasor portugués y esa será nuestra mejor preparación si los españoles llegaran al Plata.
Este es seguramente el último gran debate donde se juega el futuro de la revolución rioplatense. Artigas precisó con una fórmula simple el nudo gordiano de la encrucijada de la revolución rioplatense.
El rechazo de Rondeau a este reclamo puso en evidencia cuán profunda era la escisión que separaba a la camarilla directorial del campo nacional y popular y cuánto privilegiaba la camarilla el objetivo de acabar con el “anarquismo” artiguista por sobre la preservación del territorio nacional frente a la invasión extranjera.

Ramírez y López frente a la cuestión portuguesa

La victoria de las fuerzas federales en Cepeda les abría el camino hacia la capital. Es lo que todos esperaban. La información de que en un enfrentamiento menor con las fuerzas portuguesas cerca del Rosario (Río Grande do Sul), en diciembre, Artigas les había propinado una derrota acentuó la zozobra de los círculos dirigentes de Buenos Aires y en particular de la Logia Directorial.
Pero la conducción federal en los hechos a cargo de López y Ramírez carecía de una postura unificada sobre la actitud a tomar frente a los portugueses que ocupaban la Banda Oriental.
A López y Ramírez no se les podía escapar la comprensión de que convertir a la liberación de la Banda Oriental del dominio portugués en el objetivo “nacional” prioritario de las Provincias Unidas, favorecería que Artigas recobrara su rol de liderazgo. Diversos autores destacan este aspecto de competencia por el liderazgo para explicar la conducta de Ramírez y López. Para nosotros, focalizar el problema en los “egos” personales de López y Ramírez, (algo que seguramente tuvo algún peso en el curso de los acontecimientos) no termina de explicar su conducta.
Desalojar a los portugueses de la Banda Oriental requeriría movilizar nuevamente a las masas orientales, del litoral y de todo el país. Y esto volvería a poner en la agenda nacional la “guerra social” asociado a la implementación del reglamento de tierras. Este temor que tanto agitaba la camarilla directorial también era compartido, con sus matices, por todas las clases acomodadas, en primer lugar por los grandes comerciantes y hacendados, pero también por los caudillos litoraleños, López y Ramírez.

El rol de los “federales” porteños

El derrumbe del régimen directorial va a generar un vacío de poder. El propio Congreso, en las vísperas de Cepeda había decidido que Pueyrredón y Tagle, las figuras más desprestigiadas de la Logia, abandonaran el país en aras de la tranquilidad pública.
Pero después de Cepeda, quien va a asumir un fuerte protagonismo político es una fracción bonaerense partidaria de un entendimiento con López y Ramírez y que se presentaba a sí misma como “federal”. Inicialmente es Sarratea quien busca encabezarla.
Poco después de Cepeda, asume la gobernación de Buenos Aires, con un golpe de mano. Cuenta con el apoyo de Soler, basado en el común entendimiento de que la política para salir del impasse de Cepeda no podía basarse en los cuadros remanentes de la disuelta Logia sino que para mantener el “orden” es necesario apelar a las maniobras y la demagogia.
Tras la caída del Directorio, retornaron numerosos opositores exiliados y expatriados por Pueyrredón desde 1816, muchos de ellos por denunciar su pasividad con Portugal, y con gran prestigio, como Dorrego y Pagola que ocuparán lugares destacados en la corriente “federal” bonaerense.
Mitre va a caracterizar a Sarratea como el “candidato del miedo de unos, del egoísmo de otros y de la prudencia de todos”. Con esto Mitre le reconoce y valora sus servicios en el mantenimiento del “orden” al momento de la acefalía.
La paradoja de estos primeros meses de 1820 es que la causa del “orden” estuvo garantizada por una amalgama heterogénea agrupada bajo la bandera de federales bonaerenses. Borges diría que no los unió el amor sino el espanto. Fue esta corriente la que llevó adelante una salida relativamente “ordenada” a la crisis de poder, que debía pasar inevitablemente por una negociación con los líderes federales triunfantes en Cepeda, para separarlos en primer lugar de Artigas, a quien buscaban aislar.
Pactando con unos y dividiendo a todos, apareciendo como “renovadores” y “federales” lograron timonear la salida política al impasse provocada por Cepeda.
Un suceso relativamente inesperado vino a facilitar su tarea. El 21 de febrero llegó a Buenos Aires una noticia que conmocionó a la ciudad y al campamento federal a pocas leguas de allí. Artigas había sufrido una importantísima derrota frente a los portugueses en Tacuarembó el 31 de enero (un día antes de Cepeda) que había diezmado sus fuerzas. Esta nueva realidad (la derrota de Artigas) facilitó las condiciones que hicieron posible el Pacto de Pilar.

Pacto de Pilar

El “relato federal” armado respecto al Pacto de Pilar pretende enmascarar la formación de un bloque contra Artigas y el abandono de la Banda Oriental a los portugueses
El Pacto de Pilar firmado el 23 de febrero por López, Ramírez y Sarratea debe ser entendido en primer lugar por la resolución que le dio a la cuestión central de la agenda del momento, la cuestión portuguesa.
La cuestión del régimen político con el que se iba a reorganizar un gobierno central en las Provincias Unidas (si centralista o federal) ocupaba un lugar de segundo orden en relación a la cuestión central de la agenda del momento. Por eso cuando la mayoría de los historiadores (de Mitre y V. F López en adelante) subrayan el gran “aporte” que el Pacto de Pilar significó por sus partes declarativas a favor de una organización nacional formalmente federal, hacen una manipulación consciente que pretende enmascarar lo esencial.
Para cuando se firmó el Tratado de Pilar la expedición española que debía partir de Cádiz ya se había amotinado el 1 de enero de 1820, quitando la amenaza española del horizonte. También habían comenzado los mismos síntomas de levantamiento liberal en Portugal, debilitando al enemigo que ocupaba la Banda Oriental.
Lo que nos interesa destacar son los artículos públicos y los convenios secretos en los que Sarratea comprometió a López y Ramírez para separarlos de (y enfrentarlos a) Artigas.
El artículo 3º es el verdadero corazón del tratado y lo citaremos completo: “Los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, por sí y a nombre de sus provincias, recuerdan a la heroica provincia de Buenos Aires, cuna de la libertad de la Nación, el estado difícil y peligroso a que se ven reducidos aquellos pueblos hermanos por la invasión con que los amenaza una potencia extranjera, que con respetable fuerza oprime la provincia aliada de la Banda Oriental. Dejan a la reflexión de unos ciudadanos tan interesados en la independencia y la felicidad nacional, el calcular los sacrificios que costará a los de aquellas Provincias, si fueran atacadas, el resistir un ejército importante careciendo de recursos; y aguardan de su generosidad y patriotismo auxilios proporcionados a la orden de la empresa, ciertos de alcanzar cuanto quepa en la esfera de lo posible” (destacados nuestros).
Detrás de su redacción rebuscada emerge con claridad sus propósitos. La Banda Oriental es definida como provincia “aliada” y a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe se las considera pueblos “hermanos”. Esta distinción preanuncia la ruptura del bloque federal, pues considera amenazadas a Santa Fe y Entre Ríos, a las que habría que “ayudar”. En su redacción el artículo no obliga a Buenos Aires a ninguna medida concreta hacia la “aliada” Banda Oriental.
Además el artículo 10º al definir el rol de Artigas explicita la función política del pacto. “Aunque las partes contratantes estén convencidas que todos los artículos arriba expresados son conformes con los sentimientos y deseos del Excelentísimo Señor Capitán General de la Banda Oriental, don José Artigas, según lo ha expuesto el Señor Gobernador de Entre Ríos, que dice estar autorizado por dicho señor excelentísimo para este caso, no teniendo suficientes poderes en forma, se ha acordado remitirle copia de esta acta para que, siendo de su agrado, entable desde luego las relaciones que pueda convenir a los intereses de la Provincia de su mando, cuya incorporación a las demás federales se miraría como un dichosos acontecimiento”.
Los firmantes del pacto no desconocían que lo acordado se oponía por el vértice a los reclamos que los tres jefes federales (Artigas, Ramírez y López) habían expresado en el manifiesto común emitido antes de emprender la campaña a fines de 1819 y donde el punto central era la liberación de la Banda Oriental del invasor portugués.
Artigas quedaba reducido de Protector de los Pueblos Libres y comandante general de la operación de ofensiva sobre Buenos Aires a simple Capitán General de la Banda Oriental. Porque sabían que el tratado iba a producir la ruptura con Artigas, Ramírez obtuvo como agregado secreto que Buenos Aires se comprometiera a apoyarlo con armas, pertrechos y finalmente también con hombres no para enfrentar una supuesta invasión portuguesa sino el inminente y previsible enfrentamiento militar con Artigas.
Ramírez demoró la comunicación a Artigas del Pacto para ganar tiempo hasta que los refuerzos y apoyos militares de Buenos Aires le hubieran llegado por el río Uruguay.
El otro acuerdo secreto involucraba las condiciones para el ingreso de los caudillos federales a Buenos Aires. Esto fue acordado una vez firmado el Tratado. El 23 se lo firmó, el 24 lo ratificó recientemente elegida Junta de representantes de Buenos Aires y al día siguiente López y Ramírez, acompañados de su comitiva pero también de Sarratea, ingresaron a la ciudad. Un clima de concordia presidió los festejos. No tuvo nada que ver con lo que veinte días antes esperaba la plebe de la ciudad. El Cabildo les obsequió con alhajas recordatorias, se quemaron cohetes voladores. Los jefes federales permanecieron cinco días en la ciudad.

Artigas y Ramírez

En abril la tensión entre Ramírez y Artigas se hizo abierta. Una vez que Ramírez recibió los pertrechos enviados por Buenos Aires, y los contingentes comandados por Holmberg se animó a plantarse frente a Artigas, que, como era previsible, había hecho público su rechazo al Tratado de Pilar porque justamente nada decía sobre la recuperación de la Banda Oriental de los portugueses.
El enfrentamiento era inevitable. Con sus fuerzas diezmadas y obligado por los portugueses a pasar a tierra entrerriana firmó el Pacto de Avalos con Corrientes y Misiones. Si bien los primeros enfrentamientos tuvieron un resultado parejo, el apoyo de los recursos de Buenos Aires desniveló la desigual contienda y Ramírez derrotó decisivamente a las tropas de Artigas en Las Tunas el 24 de junio. Poco después, el 5 de setiembre de 1820, Artigas se vió obligado a exiliarse en Paraguay de donde nunca saldrá hasta su muerte en 1850.

Andrés Roldán, Christian Rath

El ejército paraguayo asesina a dos niñas argentinas con el pretexto de atacar un campamento del EPP

Ellas son sobrinas de la presa política Carmen Villalba y habían viajado a Paraguay a visitar su familia como hacían de vez en cuando. Las niñas tenian once años y su asesinato vulnera toda regla, aún en un conflicto armado.
Según Europa Press (3/09/20) “Dos menores de edad, presuntamente argentinas, murieron este miércoles en el enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta paraguaya y miembros del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) durante el ataque del ejército contra una base insurgente en el centro del país, según informan los medios locales.
Los efectivos de la FTC asaltaron un campamento del grupo armado en Yby Yaú, en el límite de los departamentos de Amambay y Concepción, dejando un saldo de dos mujeres muertas. Aunque inicialmente las autoridades barajaron la posibilidad de que pudieran ser dos destacadas miembro del EPP, esta tesis ha quedado descartada, aunque sí se cree que estarían emparentadas con los hermanos Villalba, señalados como integrantes de la guerrilla”.
Tenemos la plena certeza que esta tenebrosa operación es heredera y continuadora de la tiranía stronista, y que la ausencia de un firme juicio y castigo a torturadores y saqueadores de ese tiempo, favorece el dominio inescrupuloso y violento de esta actual camarilla de delincuentes, asimilando el sanguinario libreto organizado por el Departamento de Estado norteamericano para el Plan Colombia, como el caso de los denominados “falsos positivos”, que son las personas que no están involucradas en el conflicto.
Exigimos que la Cancillería Argentina abandone su abstención selectiva: abandona a Facundo Molares en Bolivia, a Facundo Jones Huala en Chile y a las Villalba en Paraguay mientras socorre a miles de argentinos varados por el covid 19.
Libertad a todos los presos políticos de toda América.
¡Nadie suelte la mano de nadie!

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Uruguay: Frente Amplio y poder militar

La voluntad de no enfrentar

A 35 años de recuperada la democracia, los saldos de la lucha contra la impunidad son extremadamente flacos, en especial si tenemos en cuenta que hemos avanzado en el conocimiento de cómo ocurrieron las cosas, pero no de quiénes las cometieron.

Sabemos que hay casi 200 desaparecidos, pero sólo se rescataron cinco restos en Uruguay. Hubo una treintena de procesados, la mayoría de los cuales disfrutan de prisión domiciliaria, de un total de cientos de oficiales que participaron de la guerra sucia. Hay más de cien causas penales activas, pero casi todas están paralizadas. Y aquellas que avanzaron y culminaron haciendo justicia, lo hicieron por el esfuerzo titánico de las víctimas, de sus familiares y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las estructuras institucionales poco aportaron y bastante entorpecieron: el Parlamento con su ley de caducidad, los ministros de Defensa ocultando la información e, incluso, el Poder Judicial, donde el esfuerzo de algunos jueces se estrellaba contra las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. La excepción a la regla es la gestión que viene realizando desde hace poco la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
Hay un concepto para resumir esta situación: omertà, el pacto de silencio militar que funcionó y sigue funcionando porque no hay voluntad política para desmantelarlo. Se puede ir muy atrás en la responsabilidad política, desde los días en que el presidente Sanguinetti afirmaba que en Uruguay no había desaparecidos ni niños robados, pasando por la renuncia de Jorge Batlle a sancionar a los ejecutores del asesinato de María Claudia García de Gelman («Sé que fue Ricardo Medina»), hasta este actual episodio del desafuero del general Manini, que una mayoría de senadores está dispuesta a descartar.
Como sostuvieron los integrantes de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ningún gobierno estuvo dispuesto a romper esa omertà buscando en los recodos de las estructuras estatales las pruebas que harían que ese pacto fuera inoperante. La verdadera voluntad política impediría ese juego pueril de los terroristas de Estado que mienten descaradamente ante los jueces (y, por tanto, ante sus víctimas) y después confiesan ante sus superiores.
Cuando surgen esas confesiones –como la de Gavazzo contando cómo tiró a la laguna de Paso de los Toros el cadáver de Roberto Gomensoro por orden del general Esteban Cristi o la de Gilberto Vázquez reivindicando las desapariciones del «segundo vuelo» aprobadas por sus superiores– se produce un sentimiento de horror, pero no un sentimiento de indignación por la impunidad inherente a esas confesiones. Frente a esos horrores está la justificación del coronel Ernesto Ramas: «Si yo llevo una mochila pesada, él [Gilberto Vázquez] lleva una de 500 quilos».
Ahí está la explicación: los oficiales son víctimas de las órdenes de sus superiores y la superioridad es víctima de las tareas que les encomendaron los políticos. Por tanto, investigar a fondo es desnudarnos, castigarlos a ellos es castigarnos. Los gobiernos blanco y colorado fueron fieles a la concepción de sostener la impunidad. Los gobiernos del Frente Amplio (FA) tuvieron, en cambio, una actitud más ambigua, que permite tanto aplaudir como criticar. Queda claro, sin embargo, que el FA no tuvo la voluntad, la valentía, de enfrentar el poder militar. No lo hizo cuando Tabaré Vázquez le ordenó al general Ángel Bertolotti que ubicara los restos de algunos desaparecidos, pero que no quería nombres; no lo hizo cuando respaldó las negociaciones secretas del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, con los terroristas de Estado; no lo hizo cuando permitió que el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, ocultara información y operara políticamente para defender a los Tenientes de Artigas; no lo hizo cuando emitió una clara señal a los jueces cuando el presidente José Mujica expresamente saludó y abrazó al general en actividad, Miguel Dalmao, que acababa de ser procesado.
Mal que les pese a los incondicionales, el cuadro no es blanco y negro.

Samuel Blixen

El reaccionario acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos

Firmado el jueves 13 de agosto, el “Acuerdo de Abraham” convirtió a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la tercera nación árabe en tener vínculos diplomáticos con Israel y en el primer país del Golfo Pérsico en hacerlo. Estamos ante una puñalada más de las burguesías árabes a la causa palestina que prosigue la senda inaugurada por el acuerdo de paz entre Egipto e Israel de 1979, y continuada más tarde con el tratado establecido entre Israel y Jordania en 1994.
Los Emiratos marchan hacia una profundización de sus lazos con el sionismo. Se trata de un país absolutamente reaccionario, alineado al imperialismo yanqui, con bases militares de ese país en su territorio y que ha desplegado -al igual que Arabia Saudita- tropas de ocupación en Yemen. Allí, la invasión para vencer a las milicias hutíes ha profundizado una guerra que ya dejó más de 100 mil muertos.
Para defender el acuerdo, los EAU aseguran que a cambio han logrado que Israel frene el plan de anexión sobre Cisjordania (“acuerdo del siglo”), pero esto es solo un burdo intento por justificarse, dado que ese plan ya había sido pospuesto por el gobierno israelí debido al desmadre del Covid-19 en Israel, la crisis política en ese país y el insuficiente apoyo internacional.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo encabezó un tour por Medio Oriente con el objetivo de obtener adhesiones en apoyo al acuerdo entre Israel y los EAU y, simultáneamente, para avanzar en el cerco contra Irán y evitar la penetración china en la región. La movida generó la expectativa de que otros países siguieran el camino emprendido por los Emiratos, pero los dos países que sonaban para ello -Sudán y el pequeño reinado de Baréin- se excusaron. El premier israelí Benjamin Netanyahu, sin embargo, asegura que ha mantenido conversaciones reservadas con varios mandatarios árabes en esta perspectiva. Con este acuerdo espera ganar un poco de aire para compensar sus problemas domésticos.
Hay que mencionar además que el acuerdo ha sido saludado por el Egipto de Al-Sisi y de la misma manera por la ONU y la Unión Europea (UE), ambos con el falso argumento de un supuesto advenimiento de la “estabilidad regional”. Otros actores como Turquía, por ejemplo, lo han rechazado.

EAU, Israel, Irán

El acuerdo Israel-EAU establece vínculos en materia económica, de seguridad y telecomunicaciones. Algunos analistas caracterizan que en realidad se lo ha empleado como un vehículo para sacar a la luz relaciones comerciales que existían con anterioridad, y citan como ejemplo la relación de diversas empresas israelíes en el desarrollo de sistemas de seguridad en los EAU, o la existencia de oficinas oriundas de Israel en la Agencia Internacional de Energía Renovable en Abu Dabi (capital de los EAU).
Un punto explosivo en derredor del acuerdo consiste en que de aprobarse los EAU podrían adquirir de parte de Estados Unidos aviones de combate F-35 y aeronaves no tripuladas armadas Reaper, los primeros hasta el momento vetados por Israel a todos aquellos países con los que no mantiene relaciones, lo que significó la mantención de una supremacía militar israelí en la región. Por eso no resulta nada extraño que Irán, a través de su presidente, Hasán Rohaní, haya calificado como un “gran error” la apuesta emiratí de afianzar lazos con el régimen sionista. Incluso el periódico iraní Kayhan, cuya orientación está en línea política directa del Líder Supremo ayatolá, Alí Jamenei, ha dicho que los Emiratos “se convirtieron en un objetivo legítimo para las fuerzas proiraníes” (DW, 16/8). Por su lado, los EAU denunciaron el discurso de Rohaní tildándolo de “inaceptable y provocador”. Es decir que el acuerdo no es un paso hacia una mayor estabilidad regional, como dice la Unión Europea, sino un elemento más de las crecientes tensiones en la zona. Cabe señalar aquí que Pompeo, en un discurso reciente para la Convención Republicana desde Jerusalén, hizo gala de sus bravuconadas reivindicando el asesinato del general Soleimani, la ruptura unilateral del pacto con Irán y anticipó un recrudecimiento de las sanciones contra ese país.
A su vez, es evidente que el rechazo y apoyo de Turquía y Egipto, respectivamente, responden en última instancia a intereses y divisiones en torno a determinadas arenas del escenario político mundial. Podría decirse que Egipto y los EAU gozan de buenas relaciones, pues estos últimos fungieron como respaldo económico de la dictadura de Al-Sisi, y al día de hoy, en el terreno bélico de Libia, se encuentran apoyando al bloque del mariscal Jalifa Haftar en el este y sur del país en su batalla contra el bloque de Trípoli comandado por Fayez Al-Sarraj, el cual es secundado por Turquía. Se debe agregar que Erdoğan permite a los Hermanos Musulmanes, cuyo gobierno fue derrocado por el golpe militar encabezado por Al-Sisi en 2013, refugiarse en Turquía. En relación con el presidente turco, éste ha reaccionado al acuerdo Israel-EAU tanteando la idea de suspender los acuerdos diplomáticos con Emiratos Árabes, o de retirar a su embajador de la capital emiratí. Sin embargo, es preciso marcar que el gobierno de Erdogan mantiene lazos diplomáticos y un tratado de libre comercio con Israel. Muchos gobiernos de la región hacen demagogia con la causa palestina, mientras sostienen vínculos con el sionismo.
Es necesario el más amplio repudio al acuerdo de los Emiratos con Israel y a la posibilidad de nuevos acuerdos. Al militarismo y la barbarie del sionismo, el imperialismo y las burguesías árabes, le oponemos la lucha por la derrota del Estado sionista y por una federación socialista de Medio Oriente.

Nazareno Kotzev