jueves, 14 de febrero de 2019
Estamos en plena lucha por abolir las bases militares extranjeras en el mundo
Silvio Platero es el presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, con quien conversamos sobre Guantánamo, sobre bases militares y paz mundial.
Provocación anunciada: Guaidó pone fecha para intentar el ingreso de la “ayuda humanitaria”

El “día D” elegido para la provocación organizada por el imperialismo junto a Juan Guaidó sería el 23 de febrero. Buscan meter tensión en las Fuerzas Armadas.
A casi veinte días de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente encargado de Venezuela, sigue la presión para quebrar el respaldo de los militares a Maduro. Para ello, vienen usando la política de “ayuda humanitaria”, una vez que la Ley de amnistía no surtiera el efecto deseado. Este martes desde Washington nuevas amenazas imperialistas no dejaron de tronar.
La grave crisis de la salud en el país, la falta de medicamentos, el colapso del sistema público, son un verdadero drama, cuando no tragedia, para gran parte de la población, así como golpean fuerte también las dificultades para garantizar la alimentación básica. Todo lo cual sigue siendo cínicamente usado por el imperialismo y sus socios de la derecha local como base de maniobra para sus objetivos políticos.
Coincidiendo con el Día de la Juventud en Venezuela, fue convocada una nueva movilización bajo la consigna “Venezuela le habla a la Fuerza Armada”. Las acciones comenzaron desde temprano con concentraciones en varios puntos de Caracas, para luego confluir en una movilización en una de las principales avenidas del este de la capital. De igual manera se realizaron manifestaciones en otras ciudades del país.
Desde inicios de enero la oposición ha hecho varios llamados a los militares, principal soporte del gobierno, para que desconozcan a Maduro. Pero hasta la fecha no ha habido pronunciamientos contundentes. Por el contrario, los altos mandos ratificaron su apoyo a Maduro.
Esta movilización también coincidió con una movilización convocada por el gobierno en el centro de Caracas, también por el día de la juventud, aunque comparada con la de la oposición se mostró deslucida. El chavismo también realizó concentraciones en otras partes del país, incluyendo uno en las cercanías del puente fronterizo La Tiendita, que conecta a la ciudad de Cúcuta del lado colombiano, y cercano a la ciudad de Ureña en el estado Táchira en Venezuela.
En su discurso, Guaidó anunció que la “ayuda humanitaria” comenzará a entrar al país a partir del próximo 23 de febrero. "Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria, así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores: transportistas, enfermeras" que deben introducir y distribuir la ayuda, dijo Guaidó al término de la manifestación en Caracas.
"Tendremos que ir en caravanas, en protestas, en movilización, en acompañamiento", dijo y apuntó que "la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí". Insistiendo en “ordenar” a la Fuerza Armada para que “permita el ingreso de este apoyo”. Asimismo, informó lo que ya era sabido, que el estado brasileño de Roraima suma desde este día “otro centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela” (al de Cúcuta, en Colombia) y adelantó que habrá otros dos más, aunque no precisó dónde. También dirigiéndose a los militares manifestó que "tendrán algunos días para ponerse del lado de la Constitución y de la humanidad para permitir el ingreso y el acceso".
Las declaraciones de Guaidó con relación a los militares de que cuentan con “poco tiempo,” estuvieron en el mismo tono de lo que declarara el senador republicano Marco Rubio este lunes de que las garantías ofrecidas por Guaidó y el Gobierno estadounidense a altos mandos militares de Venezuela “no estarán siempre". Insistió con que "estas ofertas que existen ahora no estarán ahí siempre. Deben tomar una decisión muy pronto sobre en qué lado de la ecuación quieren estar".
A sabiendas de la realización de la manifestación, la carga con la amenaza militar por parte del imperialismo estadounidense volvió a estar presente. El líder del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, James Inhofe, admitió este mismo martes que una intervención militar en Venezuela es una opción que "está sobre la mesa". "Creo que está sobre la mesa, creo que podría producirse", señaló el líder de la Defensa del Senado.
Inhofe insistió en que el envío de tropas dependería, principalmente, de que el Gobierno venezolano autorizara la presencia militar de otro país -"tal vez Cuba, pero probablemente Rusia"- en su territorio. "No podemos permitir que algo así tenga lugar (...). En ese caso tendríamos que, no comenzar una guerra sino emplear la fuerza", apuntó. “Si algo así ocurre puede ser el punto en el que tengamos que intervenir con tropas", ahondó el senador en referencia al apoyo mostrado por Moscú a Maduro.
En el día de las amenazas imperialistas en consonancia con la marcha en Caracas, no faltó la advertencia de John Bolton que Estados Unidos "no se olvidará" de aquellos países y compañías que hagan negocios con el crudo de Venezuela, en referencia a la visita a la India del ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, país con el cual se estaría llegando a acuerdos para la venta de petróleo y compensar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Bolton agregó que "Estados Unidos seguirá usando todos sus poderes para preservar los activos del pueblo venezolano, y alentamos a todos los países a trabajar juntos para hacer lo mismo”. El objetivo es ampliar el embargo petrolero con medidas “secundarias”, buscando alcanzar con ella cualquier otra empresa o país que negocie con el petróleo venezolano. Bolton ya amenazó hace dos semanas con represalias "a los banqueros, brokers, operadores (bursátiles), intermediarios y otras empresas" que "negocien en oro, petróleo u otras materias primas venezolanas".
Para cerrar Guaidó señaló que el próximo fin de semana se realizarán “asambleas, cabildos y campamentos humanitarios" supuestamente para “organizar y preparar a todas las personas que se han sumado al voluntariado” para buscar la “ayuda humanitaria en las fronteras en caso de que la Fuerza Armada no permita su ingreso”.
El cinismo tanto de la oposición derechista como del imperialismo y todo el derechismo continental es de un descaro obsceno. Se llenan la boca hablando de “ayuda humanitaria” y son activos defensores de un conjunto de medidas como los bloqueos de activos y el embargo petrolero que sólo acrecentarán las penurias del pueblo trabajador. Buscan un colapso mayor de la economía, que ya de por sí arrasa con sus calamidades, todo con el objetivo de forzar la caída de Maduro. Un ahorcamiento económico que de incidir con todo puede provocar la tal caída de Maduro, pero será sobre el hambre del pueblo.
El imperialismo que justo en estos momentos le importa un comino la situación humanitaria de millares de inmigrantes tanto en su territorio como en la frontera con México, llegando a actos inhumanos de separar familias y niños menores de edad expulsándolos como parias del propio Estados Unidos. Todo esto sin mencionar los desastres humanitarios con sus intervenciones militares y guerras en diversas partes del mundo.
No se trata más que de usos políticos tanto de Trump y la oposición de derecha donde juegan miserablemente con los grandes padecimientos que sufre el pueblo. Para ellos las calamidades en este drama social son apenas base de maniobra para sus objetivos políticos. Entre ellos, su constante insistencia en que los militares le terminen de dar un golpe de Estado a Maduro que les permita encaramarse en el gobierno.
Pero como ya se ha venido explicando, esta cruzada imperialista y de la derecha ha sido facilitada por el propio gobierno de Maduro. Más de cinco años de una catástrofe inclemente que solo ha venido aumentando el sufrimiento de todo un pueblo. Las políticas oficiales no han hecho más que profundizarla, generando escasez de alimentos y potenciando una hiperinflación que ya supera los dos millones por ciento anual, reduciendo incluso un salario mínimo a menos de cinco dólares al mes.
Al mismo tiempo que, para sostener un régimen bonapartista reaccionario con su pilar fundamental de las Fuerzas Armadas, no ha dejado de recurrir a políticas represivas incluso usando bandas paraestatales para amenazar luchas de trabajadores por cuestiones tan elementales como un salario digno, y hasta meter presos a obreros llegando al extremo de que sean juzgados por la justicia militar. Es una situación de hartazgo insoportable con este gobierno.
Maduro continúa sosteniéndose por un aparato militar al que solo le importa una sobrevida política de una burocracia estatal y parásita que aumenta los mecanismos represivos contra el pueblo. Se llena la boca hablando de “antiimperialismo” pero le allana el camino al propio imperialismo y a la derecha criolla. Pero nada bueno hay en el horizonte para los trabajadores de la mano del imperialismo y de Guaidó que ya anunció un antipopular y antiobrero “Plan País”. Como tampoco lo es hoy de la mano de Maduro, como ya está tan a la vista.
Hay que enfrentar resueltamente la ofensiva imperialista y todo el plan de la derecha golpista, lo que no implica en absoluto el más mínimo apoyo a Maduro. Todo lo contrario, enfrentándolo y no dando tregua en la lucha contra sus políticas contra los trabajadores y el pueblo, luchando por un plan obrero de emergencia podrá dar respuesta a sus padecimientos en medio de la gran catástrofe económica y social que reina en el país, junto a demandas democráticas como una Asamblea Constituyente Libre y Soberana para decidir sobre todos los problemas vitales, como clave de un programa democrático radical dirigido contra los pilares bonapartistas del régimen y del Estado, y por tanto a la vez contra el republicanismo liberal de la derecha, demandas que pueden convertirse en un poderoso factor de unificación y movilización de las masas, y dar una salida progresiva a la crisis imperante . Al calor de esta lucha los trabajadores podrían ir forjando el desarrollo de organismos propios en la lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.
Milton D'León
Caracas @MiltonDLeon
miércoles, 13 de febrero de 2019
Duque viaja a recibir órdenes de Trump

El presidente Duque viaja hoy a Washington. Recibirá órdenes de Trump para continuar la campaña de desestabilización del gobierno de Venezuela. A cambio, los EE.UU. no sancionarán al gobierno colombiano por sus incumplimientos en las metas de erradicación de cultivos ilícitos.
Duque acude en medio de una visible debilidad. No logra consolidar la coalición de gobierno ante la rebeldía de los socios que lo ayudaron a elegir. Además, los impactos negativos causados por el traumático proyecto de Hidroituango (obra emblemática de su tutor Uribe), y las oscuras actuaciones de la ministra de Justicia y el presidente del Senado (Macías) contra la JEP, frenaron en seco el crecimiento de su imagen que venía en ascenso después del atentado del ELN.
Va a entrevistarse con Trump para oficializar su papel subordinado en la intervención imperial que avanza en Venezuela y en la región, que es su caballito de batalla y su único asidero. Pero Duque tendrá que ser muy cauto frente al grave error cometido por Guaidó que ha generado una fuerte reacción entre los demócratas estadounidenses al “autorizar” imprudentemente la intervención armada de los EE.UU. en su país. (https://goo.gl/aGvd5M).
Debo aclarar que no soy “madurista” ni fui “chavista”; siempre advertí que detrás de Chávez estaba una “burguesía emergente” que aspiraba a controlar el aparato de Estado (entre ella, la cúpula del ejército) pero, también, observaba con expectativa a un pueblo ilusionado con la “revolución bolivariana” que –infelizmente– no fue capaz de aprovechar ese período de tiempo (casi 15 años) para empezar (por lo menos) a construir una economía diversificada no dependiente del petróleo.
Muchos allá, en Venezuela, de los que hipócritamente hoy se rasgan las vestiduras no dijeron ni pío cuando tuvieron oportunidad de participar en la burocracia “chavista” o en los inmensos negocios que hicieron con la bonanza de los precios del petróleo. Hoy se suman al llamado a la intervención armada extranjera sin ningún rubor y sin responsabilizarse de nada.
Por eso las mayorías populares no les creen, aunque tampoco le creen a Maduro. La gente quiere la paz, la convivencia y soluciones reales a los problemas concretos causados tanto por el bloqueo económico y el saboteo imperial-oligárquico como por la ineficiencia y corrupción del gobierno.
Tampoco soy pro-imperio, mucho menos pro “vieja MUD” ni pro “nueva-MUD”, ésta última encabezada por Marco Rubio y Leopoldo López (Guaidó), que incita a la guerra por orden de las mafias legales e ilegales que controlan el “Estado profundo” en los EE.UU. Esas mafias globales viven su propia crisis ante la aparición de un mundo multipolar que no quieren aceptar (China, Rusia, India, Irán, etc.) y de un pueblo estadounidense que poco a poco va abriendo los ojos.
No quiero guerra para nuestra región (norte de Sudamérica y el Caribe) y espero que los venezolanos sean capaces de encontrar una salida pacífica.
En Colombia, los que quieren la guerra son los que impulsan la economía extractivista (petróleo, minería, megaproyectos, carbón, oro, agro-combustibles, etc.). Promueven la guerra con la expectativa de participar –al lado de los capitalistas gringos y europeos– de una “partecita” del botín energético, como socios menores y mendicantes. Ya preparan sus contratistas y mercenarios para hacerlo ( https://goo.gl/MXRYM2 ) y han ubicado todas sus fichas en Cúcuta, centro operativo del complot injerencista. En la actualidad utilizan la supuesta “ayuda humanitaria” para provocar un incidente fronterizo y justificar la intervención militar ( https://goo.gl/9yJA7T ).
Es tal la crisis fiscal y presupuestal del gobierno colombiano que han negociado con Trump su participación en la guerra contra Venezuela y Cuba, a cambio de que los estadounidenses no impongan sanciones ni insistan (por ahora) en la “lucha contra las drogas” que no tienen cómo financiar. Saben que ese “negocio” aporta más de 5 puntos al PIB, dinamiza la economía y engorda las arcas de banqueros. Además, quieren vender otro 10% de Ecopetrol, no saben qué otros activos públicos vender, y a corto plazo no tienen cómo aplicar más impuestos. Tienen la presión de las agencias calificadoras de riesgo a las que Duque tratará de calmar en ese viaje a EE.UU.
Quieren la guerra, desean incendiar su propia casa para ocultar la grave situación que tienen a todo nivel, y piensan que al lado de Trump tienen garantizado el “seguro contra-incendios” que pague la indemnización de la catástrofe. Y ello, porque en Colombia se les acaba el petróleo, se le cierran los mercados al carbón, y las comunidades en general, rechazan la mega-minería y los mega-proyectos depredadores de la naturaleza como Hidroituango, Santurbán, El Quimbo y otros.
Necesitan la guerra para acusar a todos los demócratas de apoyar la “dictadura” de Maduro. “Dictadura” que deja que Guaidó y los integrantes de la Asamblea Nacional anden como “pedro por su casa” con sueldos oficiales, amplia cobertura de medios de comunicación y hagan llamados al ejército a derrocar al presidente, cuando en Colombia los opositores son perseguidos y acusados de atentar contra las instituciones democráticas por denunciar la corrupción. Si pudieran, ya los habrían asesinado como matan a diario a líderes sociales en todo el territorio nacional.
La paradoja es que en Colombia son los campesinos medios y pobres los que sostienen la economía (café, panela, frutales, aguacate, piscicultura, etc.), incluyendo la “coquera”, y en las ciudades, los pequeños y medianos empresarios (y toda clase de rebuscadores creativos y trabajadores formales e informales) son los que generan empleos productivos, mientras los grandes banqueros y mafias de todos los colores siguen enriqueciéndose en medio de la corrupción más terrible.
Mientras la “emergencia humanitaria” se vive en Colombia desde hace décadas, como lo que ocurre en la Guajira con la muerte de cientos de niños por desnutrición, o en la zona noreste de Antioquia impactada por las obras de Hidroituango, o en la Costa Pacífica (Buenaventura, Tumaco, etc.) en donde la violencia y la miseria se entrelazan de forma dramática contra las comunidades pobres, el gobierno colombiano promueve la “ayuda humanitaria” con Venezuela, a fin de crear condiciones para incendiar la región.
Pero, no podrán, no lo lograrán.
Fernando Dorado
“El Mossad”, una radiografía de los crímenes del sionismo

La miniserie que emite Netflix muestra –en la voz de agentes y directores– asesinatos, atentados y masacres organizados por el Estado de Israel y sus servicios.
“Fue una buena decisión”, dice a cámara Rafi Eitan, director de operaciones del Mossad entre 1951 y 1981 (y que participó de la operación de captura de Eichmann en Buenos Aires), en referencia al reclutamiento del criminal de guerra nazi Otto Skorzeny por parte de los servicios de inteligencia de Israel. “Fue una buena decisión, Skorzeny se puso en contacto con científicos alemanes nazis en Egipto”, justifica Eitan. Lo que no dice es que Skorzeny era un oficial de la SS que tenía contacto directo con Hitler y que dirigía los grupos comando del ejército alemán que actuaban sanguinariamente fuera de las fronteras germanas. De este modo, el Estado de Israel integraba como colaborador a un criminal del régimen hitleriano que había asesinado a millones de judíos en la Shoá. Se sabe que para cometer crímenes, como los que comete el Estado de Israel y sus servicios de inteligencia, es necesario suspender el ejercicio de la moral.
Netflix alojó en su plataforma el documental El Mossad, una miniserie documental que confirma el carácter terrorista del Estado israelí en cuatro capítulos. Un desfile de directores, ex directores y agentes de todo tipo da cuenta de los delitos internacionales clandestinos cometidos en diversos países en nombre del Estado de Israel. La producción muestra cómo el sionismo realiza operaciones desestabilizadoras en varias naciones de Medio Oriente que convengan a los intereses de un Estado fundado en 1948 sobre la base de la expulsión de los palestinos de sus territorios y la opresión de ese pueblo, que continúa. Una de las operaciones que se narra es la del apoyo militar que los israelíes, a través del Mossad, brindaron a los cristianos falangistas en Libano que cometieron en conjunto la ignominiosa masacre de Sabra y Chatila en 1982, en la que los falangistas (fascistas) incursionaron con el apoyo logístico israelí en un campo de refugiados palestino y violaron, mutilaron y asesinaron a, por lo menos, 2.400 refugiados palestinos, hombres, mujeres y niños. Durante la noche, los israelíes habían iluminado el campo con bengalas para que la masacre continuara con mejor iluminación para los asesinos.
Los agentes del Mossad cuentan sin tapujos los métodos que usan para realizar los “asesinatos selectivos”, delitos de carácter internacional, mediante balas o bombas; cómo reclutan agentes tanto en Israel como en el extranjero para tareas criminales; cómo la agencia de servicios de inteligencia opera con los representantes políticos del Estado de Israel y cómo se convierte de ese modo en el sistema nervioso de una nación que se erige sobre la opresión nacional y los métodos terroristas.
El documental está muy bien realizado con imágenes de archivo que acompañan las narraciones de los servicios del Mossad. La producción muestra, aunque no sea su intención, el carácter delictivo de esa organización y del Estado que la sostiene.
Antonia Torrebruna
martes, 12 de febrero de 2019
Venezuela: Derrotar el golpe antes de que se transforme en invasión o guerra civil!

1) El golpista Juan Guaidó se proclamó presidente sin siquiera contar con el acuerdo con los demás opositores. Representa sólo a su grupo creado y protegido por Washington.
2) Trump y sus asesores amenazaron reiteradamente con una intervención militar en Venezuela que, dadas las dificultades que encuentra Trump en el Congreso, adoptaría la forma de una invasión de mercenarios desde Colombia con “asesores” estadounidenses y apoyo logístico de Washington.
3) Guaidó, para un golpe militar en Venezuela, cuenta con muypoco pues su capacidad de reclutamiento es escaso incluso debido a la emigración de tres millones de venezolanos jóvenes y activos y que pudieron pagar el exilio y la instalación en países lejanos y que en su mayoría lo habrían apoyado. Por eso pide la intervención de Estados Unidos, con el apoyo de prácticamente toda la prensa latinoamericana en manos de la derecha.
4) La “fuerza” de Guaidó reside en que en las Fuerzas Armadas Bolivarianas hay un sector minoritario importante que no soporta más el desastre económico y social creado por la incapacidad del gobierno, con el cual Guaidó está negociando entre bambalinas para garantizar a esos militares el mantenimiento de sus privilegios (que piensa anular apenas pueda).
5) El objetivo del golpe es un gobierno de “unidad nacional” entre los agentes del imperialismo apoyados militarmente por Estados Unidos y la derecha de los militares, en el cual éstos pesarían muy poco y podrían ser arrojados por la borda en cualquier momento oportuno.
6) Venezuela no tiene un gobierno “socialista”. Es un país con capitalismo de Estado en el cual la boliburguesía en el gobierno tiene los mismos intereses de clase que la gran burguesía transnacional y que la mísera burguesía nacional “compradora” y sus marionetas. Ese es el pegamento para el “gobierno de unidad nacional”.
7) Es cosa de locos decir “No al golpe”. El golpe ya lo dieron y falta aún ver si el mismo puede terminar de modo cruento con una guerra civil y una invasión o si será un golpe de Estado con el apoyo de los militares a quienes Washington quiere comprar. Lo que hay que discutir es cómo derrotar el golpe y limpiar de traidores las Fuerzas Armadas, yendo a los cuarteles para armar batallones obreros como hicieron los españoles en 1936.
8) Los trabajadores no han intervenido espontáneamente ni organizado nada en modo independiente porque están desesperados por las consecuencias de la políticas económicas de Maduro y porque tanto Chávez como sobre todo Maduro reprimieron sus huelgas y manifestaciones de independencia y los sometieron al control del gobierno y del Estado.
9) Chávez y Maduro, mostrando su confianza en el capitalismo y con total ceguera estratégica, hacían refinar el petróleo venezolano en Estados Unidos, tenían en ese país su principal empresa (ahora expropiada por Trump) y sus reservas en oro estaban en países imperialistas. Maduro ha dado amplias concesiones en el Orinoco a empresas petroleras de EE.UU. Ni él ni Chávez tocaron las bases del capitalismo en Venezuela y Chávez murió antes de poder desarrollar su intento de organización de un poder popular paralelo, que fue asfixiado por Maduro. El estatalismo es tal que Chávez expulsó disidentes del PSUV antes mismo de que éste se organizase y tuviese estatutos. El PSUV es una simple máquina electoral ineficiente (Maduro obtuvo en las últimas elecciones presidenciales menos votos que el número de inscriptos que declara el PSUV). El descontento popular y la subordinación al Estado impiden una respuesta independiente de los trabajadores al golpe en curso. Sin embargo, tanto en caso de un golpe de Estado pro Guaidó de un sector de las FAB como en el de una invasión, sectores importantes de los trabajadores se movilizarán pese a todo y resistirán como puedan.
10) ¡Derrotemos el golpe antes de que se transforme en una invasión o en una guerra civil! ¡Impidamos las negociaciones secretas entre Maduro y los golpistas agentes del imperialismo! ¡Cortemos los puentes en la burguesía tradicional y la boliburguesía!¡El fusil en manos de los trabajadores es la garantía de democracia y de una inmediata adopción de medidas anticapitalistas! ¡Los cuarteles son del pueblo y deben armar al pueblo! ¡Suspender el pago de la deuda hasta una auditoría general de la misma, el restablecimiento del abastecimiento popular en productos de primera necesidad y el funcionamiento de un eficaz sistema de salud! ¡Estatización y centralización de los bancos para evitar la fuga de divisas! ¡Expropiación de las palancas de la economía y funcionamiento de las mismas en autogestión obrera dentro de un plan nacional consensuado! ¡No a las vacilaciones de Maduro que alientan a los huelguistas, cárcel para Guaidó, elección bajo control popular de diputados revocables por asambleas para que un Consejo Nacional de Diputados convoque elecciones generales!
Guillermo Almeyra
lunes, 11 de febrero de 2019
Venezuela: las dos caras del golpismo

En estos días, comenzó a funcionar el Grupo Internacional de Contacto ante la crisis de Venezuela, fogoneado por las principales potencias de la Unión Europea. Este bloque postula una negociación entre el chavismo y la oposición que culmine en elecciones presidenciales ‘libres’ –una impostura dado el reconocimiento previo de un golpista como presidente y la confiscación de activos venezolanos en el exterior. En todo caso, se trataría de elecciones bajo la tutela del imperialismo. A esta política se han plegado Ecuador y Costa Rica y, con algunos reparos, Uruguay.
El bloque postula una transición ordenada ante el temor de las consecuencias imprevisibles de una invasión militar yanqui. En ese sentido advirtieron la semana pasada los editoriales de El País de Madrid y Le Monde de Francia. El primero señaló que la intervención militar es “una línea roja que de ninguna manera debe ser sobrepasada. El siglo XX agotó las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica” (5/2).
Por el lado latinoamericano, quien ha graficado de manera más descarnada el rol artero del Grupo de Contacto es el ex presidente uruguayo, José Mujica. Este dijo, citando a Napoleón, que “cuando tengo una fortaleza sitiada le dejo [al enemigo] una ruta de escape” (Página 12, 7/2), lo que va más o menos en línea con los planteamientos de una “salida incruenta” de Maduro del poder. El kirchnerismo se ha plegado a la trampa de la política de negociación con los golpistas.
No obstante los objetivos de fondo del Grupo de Contacto, Maduro ha recibido hasta cierto punto con beneplácito sus gestiones y ha reclamado una mediación papal. Aunque Guaidó no la descartó tampoco, son planteos que despiertan el recelo de la oposición venezolana, que teme que un nuevo proceso de diálogo le sirva a Maduro como maniobra dilatoria. Citan, al respecto, el fracaso de los dos últimos procesos de negociación.
Proimperialismo
Con independencia del destino de los planes Grupo de Contacto, el golpe continúa su curso. Guaidó presentó un plan de gobierno y se reunió con las cámaras patronales (Fedecámaras, Federación Nacional de Ganaderos) para discutirlo. Es un plan proimperialista que asegura mayores penurias para las masas: un salto en la privatización del petróleo (permite que el capital privado sea accionista mayoritario en emprendimientos petroleros), privatización de empresas públicas, y ajuste en el precio de los combustibles y las tarifas. El Plan País postula también una reestructuración de la deuda pública, un hecho inevitable dado la bancarrota del país, pero que constituye al mismo tiempo su reconocimiento. Y plantea también un desmantelamiento del aparato oficial de asistencia social y alimentaria (Clap) y su traspaso a las ONG’s y la iniciativa privada, una vía de injerencia para el imperialismo. El documento opositor plantea una asistencia financiera extraordinaria de los organismos multilaterales. El FMI envió un mensaje al golpista Grupo de Lima en que se comprometió a jugar un “papel central” en el proceso (La Nación, 5/2).
La intervención militar
Aunque Maduro conserva el respaldo del alto mando de las Fuerzas Armadas, la confiscación de activos de Pdvsa en el exterior es un serio golpe que amenaza con profundizar la bancarrota económica y social. El gobierno ha salido a desprenderse de reservas de oro en busca de liquidez. La producción agropecuaria e industrial se ha derrumbado. El crédito chino se ha paralizado como resultado de las deudas. La situación de las masas es dramática: faltan alimentos, medicinas, la inflación está fuera de control y el ingreso de trabajadores inclusive muy calificados no supera el dólar diario (Aporrea, 6/2).
La enorme fragilidad del gobierno envalentona a los yanquis en sus provocaciones. El asesor de seguridad John Bolton ratificó que la opción militar continúa en pie al amenazar a Maduro con la cárcel de Guantánamo. La misma “ayuda humanitaria” puede ser un caballo de Troya en la desestabilización del gobierno. El carácter de maniobra que ésta tiene ha encendido las reservas de algunas de las organizaciones que operan en Venezuela. El presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, advierte que "al forzar la apertura [de la frontera] se pueda desatar un enfrentamiento que no queremos” (El País, 7/2). En un tono más duro, un ex jefe de Médicos sin Fronteras afirma que la movida podría “agudizar la tensión entre civiles y fuerzas de seguridad en zonas fronterizas” y advierte que “si las fronteras permanecieran cerradas y la ayuda fuera ofrecida en países limítrofes, la operación podría convertirse en un imán que aumente el número de refugiados cruzando la frontera hacia los puntos de acopio” (La Nación, 6/2). Cabe señalar que las potencias europeas, promotoras de la “salida ordenada”, se han plegado sin embargo a la maniobra desestabilizadora que esconde “la ayuda humanitaria”. Lo mismo ocurre con Macri, Duque y Bolsonaro.
Pero el problema de la intervención militar es materia de debate en los propios Estados Unidos. Mientras habla de la intervención militar en Venezuela, Trump ha sido desautorizado por el Senado, quien votó un texto que advierte contra toda retirada prematura de tropas en Siria y Afganistán. Algunos advierten que la intervención en Venezuela podría ser una caja de Pandora. “Quizás la lección más difícil que Estados Unidos aprendió desde 2001 es que es mucho más fácil deponer a un régimen titular que defender a un sucesor estable” (Real Clear Politics, 5/2), señala Charles Lipson, un politólogo de la Universidad de Chicago, alarmado por las consecuencias de una agresión improvisada.
Campo de disputas
Venezuela se ha transformado en un campo de disputa internacional. Un columnista de Clarín analiza la ofensiva norteamericana contra Venezuela a la luz de un rediseño del “patio trasero” que podría incluir también la recalificación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo” y la rehabilitación de juicios por la expropiación de bienes durante la Revolución, lo que podría afectar el financiamiento de las inversiones en el país caribeño e implicar el congelamiento de fondos (Clarín, 1/2). Esto provocaría choques con las potencias europeas que tallan en la restauración capitalista en ese país. Actuando en la misma ofensiva contra Venezuela, yanquis y europeos no tienen los mismos intereses.
El chavismo se aferra a sus vínculos con China, Rusia y Turquía, con quienes lo unen lazos de dependencia y que defienden sus propios intereses políticos y económicos en la región. China es acreedor de 20 mil millones de dólares y la mitad de los barriles de petróleo venezolanos van a cubrir esa deuda. El gigante asiático importa también coltán (importante en la fabricación de celulares) y desarrolló inversiones importantes en el sector minero.
En el caso de Rusia, se ha quedado con yacimientos en el Orinoco y Venezuela le debe 6500 millones de dólares. El año pasado, Caracas debió refinanciar su deuda con el Kremlin. Rusia también ha desarrollado un gran negocio con la venta de armas al país sudamericano. Entre 2005 y 2013 Caracas “firmó con Moscú unos 30 contratos de defensa por valor de más de 11.000 millones de dólares” (El País, 30/1). Turquía ha hecho su propio negocio con la refinación del oro venezolano y con el abastecimiento de productos alimenticios para los Clap.
Pero en ningún caso, chinos y rusos tienen una posición inamovible ante la crisis. Guaidó lo sabe, por eso, cuando fue consultado por la deuda con China, aseguró que “respetará los mercados”.
La crisis venezolana se ha internacionalizado y en su desarrollo incidirá la propia evolución de la crisis mundial.
Abajo el golpe
El rechazo al golpismo en Venezuela, en su variante militar o en su pérfida versión ‘negociadora’, es una lucha clave contra el imperialismo en la región y los gobiernos ajustadores y represivos que se han alineado con él (Macri, Bolsonaro, Piñera, etc). Esa lucha no implica ninguna concesión al gobierno de Maduro y la boliburguesía que ha llevado a Venezuela a un callejón sin salida.
A la extorsión imperialista de la ayuda humanitaria, le oponemos el llamado a los trabajadores de América Latina a organizar una ayuda humanitaria internacional bajo control de las organizaciones obreras y de representantes electos en los lugares de trabajo, como parte de una campaña antiimperialista continental contra el golpe.
Una salida positiva para las masas requiere de la intervención política independiente de la clase obrera.
Gustavo Montenegro
Los chalecos amarillos de vuelta a la calle para el acto XIII

Después de más de 2 meses de movilización, el 64% de la población francesa sigue apoyando a los chalecos amarillos. En un nuevo sábado de movilización, los chalecos amarillos empezaron el día con una gran determinación. El gobierno respondió desde temprano con una dura represión que ya dejó a varios heridos, uno de los cuales perdió su mano.
Las manifestaciones fueron llamadas en todo el país desde la mañana para marchar durante todo el día contra Macron y su gobierno. En las ciudades mas grandes, como París, Marseille, Toulouse, Bordeaux, las columnas siguen creciendo. En París, la marcha se acercó a la Asamblea Nacional y tuvo un herido grave. Desde ahí se dirigió hacia el Senado, en medio de un fuerte operativo policial.
En un intento del gobierno de retomar el control de la situación con la multiplicación de acciones de salvaje represión contra los chalecos amarillos y la oposición (como la requisa en la casa del candidato de la Francia Insoumisa, Emmanuel Bompard, y del local del diario Mediapart), este sábado no fue la excepción y, en comparación a otros días de movilización, esta vez la policía reprimió desde muy temprano y de manera muy violenta. Hay un video que ya circula en internet, que muestra como un joven manifestante y fotógrafo, perdió su mano por la explosión de una granada GLI F4.
El diario Mediapart publicó hoy un mapa de las violencias policiales desde el inicio de la movilizaciones, en las que hubo más de dos mil heridos, más de 410 demandas, 19 ojos perdidos, 4 manos arrancadas, 183 heridos en la cabeza y 1 muerto.
Según las encuestas publicadas por YouGov este 7 de febrero, 64% de la población sigue apoyando a los chalecos amarillos, mientras que el 77 % considera el movimiento como “justificado” y un 52% cree que es necesario seguir la movilización. Una mala noticia para el gobierno, con un 73% de opinión desfavorable para Macron y un 69% para su Primer Ministro, Edouard Philippe.
Mientras que desde hace dos meses el gobierno y los medios de comunicación bombardean a la opinión pública con “propaganda antichalecos amarillos”, es claro que no lograron el efecto buscado ya que el apoyo popular a la lucha de los chalecos amarillos continúa.
Julien Anchaing
Los mitos del capitalismo chileno
Chile ha constituido, las últimas décadas, un cierto paradigma: “milagro chileno”, el “jaguar” de América Latina, un símbolo de crecimiento económico, estabilidad política y progreso social. ¿Cuáles son las bases de este mito? ¿Cuáles son las falacias de aquel relato?
Hacia mediados del siglo XIX, Karl Marx, señalaba –en Miseria de la filosofía, dedicado al debate con Pierre Joseph Proudhon–, que los economistas liberales tomaban como “natural” el régimen social capitalista y sus instituciones basadas en la propiedad privada de los medios de producción y desigualdad social producida por el antagonismo social de clases. Según Marx: “Para ellos no hay más que dos tipos de instituciones, las artificiales y las naturales. Las instituciones del feudalismo son artificiales, y las de la burguesía son naturales”.
Lo anterior no es muy distinto a la visión de los actuales apologistas del “modelo”, que defienden al capitalismo de las últimas décadas como lo “natural”, “eterno” e “inmutable”: el único sistema social que atrae progresos para todos. Aquí debatimos sobre algunos de esos mitos.
El origen del mito
Desde 1990 al 2017, años de transición democrática, Chile pasó de una población de 13 a 17 millones de habitantes. En ese lapso tuvo un crecimiento del PIB acumulado del 748 %: de 33.000 millones de dólares de producción de bienes y servicios anuales, a 280.000 millones de dólares. El PIB per cápita pasó de 4.500 a 23.500 dólares, actualmente el mayor de América Latina. El viejo trauma de la inflación quedó atrás, y las crisis externas, como la asiática de 1998 o la del 2008, golpearon pero ninguna terminó en catástrofe, como la mayoría de las veces del siglo XX. La pobreza oficial se redujo de un 38,6 % en 1990, al 14,4 % el año 2015 y emergió una nueva clase media, que la llaman “pujante”.
Estas cifras constituyen un cierto paradigma: la idea del “milagro chileno”, el “jaguar” de América Latina. Símbolo de crecimiento económico, estabilidad política y progreso social. Es una alternativa “real” para los neoliberales y receta actual para gobiernos como Bolsonaro o Macri. También para los “nuevos liberales”, como Fundación para el Progreso, que recuperando la tradición vieja de Hayek y Von Misses de la escuela austríaca, se proponen enfrentar al “populismo de izquierda” con una defensa incondicional –y de algún modo, apoyando todas formas de lucha– de un supuesto “libre mercado” capitalista como único sistema social donde el bienestar y progreso es creciente para toda la sociedad. Chile es un ejemplo de ese fetiche realizado, y “amenazado” en sus defensas.
La dictadura cívico-militar sentó las bases de este desarrollo las últimas tres décadas, en las cuales se consolidaron a su vez sus bases, ampliando la modernización capitalista. Nadie puede negar que ha sido un cambio cualitativo en la estructura económico-social chilena, en las relaciones de producción del capital sobre el trabajo. Pero detrás de esas cifras está oculto el Chile real, de alguna forma desgarrado en contradicciones y antagonismos sociales crecientes en los “pilares” del capitalismo chileno. No solo son las bases del crecimiento, sino que a la vez las de un creciente malestar social, de profundas aspiraciones sociales y democráticas de millones de jóvenes y trabajadores, mujeres y pueblos oprimidos incapaces de ser satisfechas en los marcos del capitalismo chileno.
El milagro llegó tras la crisis y el shock
El plan económico de los Chicago Boys había sido esbozado previamente al Golpe del 11 de septiembre de 1973 como un programa económico frente a la crisis económica; luego, con sus representantes como ministros de la dictadura, lo aplicarían contra las masas trabajadoras. Conocido posteriormente como El Ladrillo y como “plan de recuperación económica”, desde el 78 se vivió una especie de terapia de shock económico: abrupta reducción del gasto fiscal (liquidando servicios públicos, reduciendo gasto en salud, educación o vivienda, privatizando empresas), drástica disminución de las importaciones para estabilizar la balanza de pagos, apertura comercial cuasi-absoluta y liberalización financiera, unido a una amplia privatización de empresas estatales (desde recursos estratégicos, industrias, hasta servicios esenciales, más de 500 empresas entre las que estaban CTC, Endesa, Entel, CAP, LAN).
En el ámbito social los principales cambios fueron: 1) el Plan Laboral que intentó desarticular legalmente a los trabajadores y el movimiento sindical a través de un profundo cambio en las relaciones laborales a favor del capital, reflejado actualmente en el Código del Trabajo, con sindicatos chicos y sin peso, negociaciones limitadas y ausencia de efectivo derecho a huelga; 2) la reforma de pensiones con la creación de las AFP, que destruyó el sistema de reparto y se basó en la capitalización individual, que tiene como principal objetivo entregar millonarios recursos al mercado de capitales y la bolsa; 3) la reforma en la salud, en la que el sector privado es el principal beneficiario de los recursos estatales, bajo instituciones de salud previsional privadas (ISAPRE) para el fortalecimiento de clínicas y negocios, debilitando el público Fondo Nacional de Salud (FONASA); 4) la reforma educacional, donde comenzó un proceso de privatización casi completa de la educación regulada por la relación entre “oferentes” y “demandantes” de servicios educativos, desmantelando progresivamente la educación pública.
La primera prueba de fuego de estas medidas fue la crisis económica de 1982, la mayor que conozca el país en las últimas décadas, que tuvo como consecuencia una catástrofe económica brutal sobre las masas. El PIB disminuyó un 14,3 % solo el primer año, el desempleo saltó al 30 %, la pobreza superó el 45 %. El régimen devaluó el peso en 18 % contra las masas trabajadoras, mientras rescataba el sistema bancario privado estatizando las deudas con la “intervención”, a la vez que abrió otra ronda de venta de empresas estatales como Chilectra y la Compañía de Teléfonos. El costo del “rescate” fue de 35 % el PIB, a base de la deuda pública externa, que ya en 1987 alcanzó el 86 % del PIB.
Es falso que el plan de shock neoliberal trajo mejores condiciones de vida para las masas. Desde el ‘78 al ‘89, las masas trabajadoras vivieron una década de penuria, crisis y degradación de sus condiciones. El “shock” catastrófico fue el papel sucio que jugó la dictadura (tras represión sistemática) para sentar las bases del crecimiento noventista. Entre 1990-97, el crecimiento anual promedio fue de 7,7 %, un PIB promedio inédito de crecimiento en el país. Pero no llegó de “milagro”, sino de una “catástrofe”. Ya entrando en 1998, no terminaban de recuperarse las condiciones pre-crisis y ya llegaban los golpes de la crisis asiática. El “milagro” para las masas trabajadoras, significaba más una “recuperación” que un nuevo salto.
Renta, apertura comercial y concentración económica
Durante la década de los 80, el plan de shock, implicó una enorme apertura al capital extranjero, una privatización sin precedentes de los recursos estratégicos y empresas estatales, y un saqueo basado en el principal recurso estratégico del país.
El cobre y la minería, que constituyen la quinta parte de la producción total del país, representan sin embargo casi la mitad de las exportaciones. Es clave, en el marco de una economía relativamente pequeña en el escenario internacional, el rol que juegan las exportaciones y en particular el cobre. Chile es una economía basada centralmente en dos bases centrales en la acumulación del capital: 1) la renta de la minería –no es la única, pero sí la principal–, y; 2) la alta tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Ambas condiciones son ampliamente favorables para el desarrollo del capital, extranjero y nacional.
Según el estudio Nuevas Estimaciones de la Riqueza Regalada a las Grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005-2014, la renta económica, solo de las 10 grandes empresas de la gran minería privada, fue de 120.000 millones de dólares solo entre el 2005 y 2014. Esto sobre los 10.000 millones de dólares de ganancia anuales de estas compañías. Entre ellas predomina el capital extranjero: BHP Billiton o AngloAmerican, junto a otros grupos nacionales como el grupo Luksic con Antofagasta Minnerals. El 71 % de la producción está en manos privadas.
Solo la ganancia generada por la renta minera y la explotación laboral, podría financiar la gratuidad universal de la educación superior, resolver en un año el problema del déficit habitacional y las listas de espera. Sin embargo, son recursos que en su gran mayoría se fugan al extranjero, y cuyos precios se imponen en la bolsa de metales de Londres en la puja entre las grandes compañías multinacionales. Así está ocurriendo también con el recurso estratégico del litio. En el mar, los recursos están en manos fundamentalmente de 7 familias. Los bosques, con casi 3 millones de hectáreas en manos de los grupos Matte y Angellini, que controlan la industria de exportación de la madera.
La apertura económica de Chile, con 26 Tratados de Libre Comercio, está atada a las exportaciones a China, EE. UU., Europa y América Latina, fundamentalmente de: cobre y minerales; madera y celulosa; salmón, frutas y vino; y cuyo consumo de bienes de servicio son fundamentalmente importados, desde China, EE. UU. y Europa, y una total dependencia de la importación de maquinaria frente al desarrollo tecnológico. Un 25 % del PIB se va en importaciones. A través del DL 600 y la Inversión Extranjera Directa, prácticamente la inversión en su conjunto depende de capitales extranjeros, y un tercio de ella solamente va a la minería, y otro tercio en servicios financieros, es decir, en el desarrollo de las finanzas y los bancos (en este caso, el capital extranjero controla casi el 50 % del sistema bancario, encabezado por el banco español Santander, que tiene una cuota del 20 % del mercado financiero; los demás grupos nacionales los principales son BCI y Banco de Chile, en manos de Yarur y Luksic).
Así, la IED se vuelve en uno de los mecanismos privilegiados del saqueo y la dependencia frente al capital extranjero. El caso de la minería, la celulosa y madera, el salmón, los vinos y la fruta, no solo casi no hay “libre competencia”, sino que la concentración capitalista en un puñado de monopolios (u oligopolios) en las principales ramas de la economía depende fundamentalmente de la inversión extranjera de las grandes corporaciones imperialistas, quienes a su vez imponen los precios, y favorecen sus propias exportaciones. Aunque la balanza comercial no sea deficitaria, la dependencia extrema de una materia prima particular (el cobre) y la inversión extranjera, hace a Chile frágil de mayores golpes a la economía mundial.
El gran ejemplo chileno descansa fundamentalmente en este saqueo, junto a las condiciones favorables de explotación y precariedad sobre las masas trabajadoras.
Salarios, pobreza y desigualdad
La segunda base de la acumulación, la tasa de explotación con el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, muestra las paupérrimas condiciones a la que están expuestas millones de personas en el país. Según Fundación Sol, en su informe “Los verdaderos sueldos de Chile”, el 50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $ 380.000 y 7 de cada 10 trabajadores menos de $ 550.000 líquidos”, y “el 84,1 % de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $ 700.000 líquidos”. El salario mínimo, de acuerdo a organismos internacionales como la OIT, es catalogado como “mini salario mínimo”. Mientras en las últimas dos décadas desde 1998 la productividad del trabajo creció cerca de un 90 %, los salarios reales solo un 20 % (es decir 70 % de ganancia).
Las pensiones son miserables. El 50 % de las y los jubilados recibe montos inferiores a los $ 170 mil. Los pensionados en Chile son mayoritariamente pobres, no por nada uno de los movimientos más masivos y con alta popularidad fue el movimiento No + AFP que develó esta crítica situación que afecta a por lo menos 3 millones de ancianos y ancianas.
Uno de los últimos estudios de Fundación Sol, “La pobreza del “modelo” chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y pensiones”, hace una medición de la pobreza donde se considera exclusivamente los ingresos del mundo del trabajo (ingresos laborales y pensiones contributivas). “La micro simulación basada en CASEN 2017 confirma la hipótesis de que la pobreza en Chile al considerar los ingresos del mundo del trabajo “supera con creces” al indicador oficialmente divulgado. Para el caso de las mujeres, la pobreza pasa de un 9 % a un 31,7 % mientras que en los hombres, de un 8,2 % a un 26,8 %. En el total, la pobreza pasa de un 8,6 % a un 29,4 %”, afirman desde la entidad.
En noviembre de 2017 la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de cuatro personas estaba establecida en $ 417.348. “Si consideramos solo a los asalariados del sector privado que trabajan jornada completa, el 50 % gana menos de $ 402.355, esto quiere decir que ni siquiera podrían sacar a su grupo familiar de la pobreza”, concluyen en Fundación Sol. Sumado a esto se registra que casi 1 millón de asalariados no tiene contrato de trabajo y el 80 % percibe sueldos inferiores a $420.000. En Chile, los trabajadores y jubilados son pobres.
Consumo basado en una creciente deuda de las masas trabajadoras
El acceso al consumo ha sido mediante el endeudamiento de las masas trabajadoras y sectores populares. El monto total de deuda de los hogares llega al 71,1 % del ingreso promedio de la clase trabajadora, unos 153.000 millones de dólares. De cada 10 pesos de ingreso de las familias, 7 pesos constituyen deuda. Solo en términos de carga financiera, es decir, aquella porción de ingresos que se destina al pago de intereses y amortizaciones, llega al 25 % de los ingresos. El crédito hipotecario (vivienda) alcanza casi el 38 % de la deuda, los créditos de consumo el 18,2 %, y las casas comerciales, compañías de seguros y cajas de compensación el 15,5 % del ingreso disponible. El 14 % del endeudamiento es con prestamistas no regulados, amigos o familiares (cuentas nacionales BC).
Según los datos del XXI Informe de Deuda Personal Universidad San Sebastián- Equifax, en junio de 2018, se registraron 4,48 millones de deudores morosos. Según el INE, el 70 % de los hogares está endeudado. En el caso de los jóvenes entre 18 y 29 años la cifra de endeudamiento supera los 3 millones, alcanzando un 21 %, centralmente por educación.
El intento de destrucción de los sindicatos y del movimiento obrero
Para poder sostener el crecimiento de la tasa de rentabilidad mediante una mano de obra de salarios relativamente bajos y mayores tendencias a la precarización sindical, un aspecto fundamental en la política neoliberal impuesta en dictadura fue pulverizar la organización sindical a través del Plan Laboral, posteriormente llamado Código del Trabajo. Creado por José Piñera, tuvo cuatro pilares claves. ¿Cómo hacer que exista un “derecho” laboral sin que los sindicatos, sus negociaciones y huelgas tengan fuerza, o mejor: no existan realmente existiendo formalmente. Un primer punto fue establecer sindicatos y negociación colectiva centrada en la empresa o establecimiento, y con “grupos negociadores” para conseguir un cierto “paralelismo” con los sindicatos. Esto en el marco de excluir a enormes grupos de trabajadores de la negociación colectivas, como las federaciones y confederaciones, los trabajadores públicos, profesores y negando el derecho también a negociar a los sectores estratégicos determinados cada 2 años arbitrariamente por el poder ejecutivo (según el artículo 6.º del DL 2.758, “no podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas empresas que: a) atiendan servicios de utilidad pública, o b) cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional”). Hoy en día, solo el 8 % de los trabajadores tiene derecho a negociación colectiva, y un 2 % de la fuerza laboral tiene instrumentos colectivos de trabajo.
Un segundo aspecto fue el ataque a la huelga como herramienta de lucha. Para esto se impuso el concepto de “huelga que no paraliza” y el reemplazo en huelga que se utiliza hasta la actualidad, ahora “no permitido” aunque sí aplicado de facto por las empresas, y con “servicios mínimos” establecidos para los sindicatos.
La despolitización sindical y “libertad sindical” (para formar grupos paralelos al sindicato) fue otro concepto que abordó el Plan Laboral. Así se demuestra en el considerando n.º 7 del Decreto 2.756, el que plantea de forma explícita que “es indispensable que la organización sindical sea autónoma y despolitizada, para que pueda dedicarse a sus finalidades propias, evitando que sea instrumentalizada por grupos o intereses extraños a la propia organización”. Esto llevó incluso a que hasta la actual sea prohibición constitucional para dirigentes sindicales presentarse a elecciones populares sin renunciar a su cargo.
Esto lo hicieron tras la represión brutal a sangre y fuego contra uno de los movimientos obreros más avanzados de América Latina en aquella época, como fue el chileno, que vio nacer en 1972 las ocupaciones de empresas (llegaron a ser más de 500 empresas ocupadas por sus trabajadores tras el golpe del 29 de junio de 1973, antes del golpe final del 11 de septiembre), y el plan buscaba impedir una nueva tendencia a la organización de los trabajadores, para luchar por sus derechos, para impedir un rol protagónico en sus luchas y demandas y en las luchas de clases de la sociedad. Para la acumulación capitalista impuesta a la clase trabajadora no solo estaba la entrega de la renta y los recursos estratégicos al gran capital, manteniendo la dependencia de la inversión extranjera, sino otorgar las mejores condiciones posibles a aquella inversión, en impuestos, regalías, pero sobretodo, condiciones laborales favorable a la rentabilidad capitalista.
¿Quiénes se benefician con el “milagro”?
No solo las grandes compañías multinacionales del cobre, cuya renta y ganancia es el principal saqueo del país. También son los grandes grupos económicos nacionales, algunos de ellos de décadas de riqueza y acumulación, y otros tantos que hicieron su fortuna tras la dictadura militar, o los grupos creados con la apertura comercial de los TLC pos2000. Hay 3 familias: Angelini, Matte y Luksic, que controlan la mitad de los activos cotizados en la Bolsa de Valores de Santiago, y su patrimonio representaba (2011) el 12,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El 8.° Informe de la Riqueza Mundial de 2017, del banco de inversión suizo Credit Suisse, revela que en Chile, dentro de un total de 13 millones de habitantes adultos, existen unas 57.000 personas que tienen más de un millón de dólares ($ 630 millones) o más. 79.000 chilenos son parte del 1 % más rico del mundo, lo que es equivalente a la población total de Papudo, Zapallar, Santo Domingo, Algarrobo y Concón juntas. Según la Fundación Sol, el 1 % de los considerados “ocupados”, que son capitalistas (gerentes, directores de empresas y empresarios) o pequeño-burguesía alta (médicos, abogados, ingenieros) tiene sueldos superiores a tres millones de pesos, que pueden alcanzar hasta los 30 millones de pesos mensuales. En el otro polo, el 70 % de los trabajadores tiene salarios inferiores a $ 400.000, bajo la canasta básica familiar, y más de 1 millón de jubilados cobran pensiones de menos de $ 140.000.
Por algo el 76 % de la población opina que el crecimiento ha favorecido exclusivamente a los ricos, y solo un 17 % reconoce haberse beneficiado del crecimiento.
El “milagro” no llega a todos, y es más bien un paraíso y “utopía” para las ganancias capitalistas, que para las y los trabajadores.
Ángela Suárez
Pablo Torres
Hacia mediados del siglo XIX, Karl Marx, señalaba –en Miseria de la filosofía, dedicado al debate con Pierre Joseph Proudhon–, que los economistas liberales tomaban como “natural” el régimen social capitalista y sus instituciones basadas en la propiedad privada de los medios de producción y desigualdad social producida por el antagonismo social de clases. Según Marx: “Para ellos no hay más que dos tipos de instituciones, las artificiales y las naturales. Las instituciones del feudalismo son artificiales, y las de la burguesía son naturales”.
Lo anterior no es muy distinto a la visión de los actuales apologistas del “modelo”, que defienden al capitalismo de las últimas décadas como lo “natural”, “eterno” e “inmutable”: el único sistema social que atrae progresos para todos. Aquí debatimos sobre algunos de esos mitos.
El origen del mito
Desde 1990 al 2017, años de transición democrática, Chile pasó de una población de 13 a 17 millones de habitantes. En ese lapso tuvo un crecimiento del PIB acumulado del 748 %: de 33.000 millones de dólares de producción de bienes y servicios anuales, a 280.000 millones de dólares. El PIB per cápita pasó de 4.500 a 23.500 dólares, actualmente el mayor de América Latina. El viejo trauma de la inflación quedó atrás, y las crisis externas, como la asiática de 1998 o la del 2008, golpearon pero ninguna terminó en catástrofe, como la mayoría de las veces del siglo XX. La pobreza oficial se redujo de un 38,6 % en 1990, al 14,4 % el año 2015 y emergió una nueva clase media, que la llaman “pujante”.
Estas cifras constituyen un cierto paradigma: la idea del “milagro chileno”, el “jaguar” de América Latina. Símbolo de crecimiento económico, estabilidad política y progreso social. Es una alternativa “real” para los neoliberales y receta actual para gobiernos como Bolsonaro o Macri. También para los “nuevos liberales”, como Fundación para el Progreso, que recuperando la tradición vieja de Hayek y Von Misses de la escuela austríaca, se proponen enfrentar al “populismo de izquierda” con una defensa incondicional –y de algún modo, apoyando todas formas de lucha– de un supuesto “libre mercado” capitalista como único sistema social donde el bienestar y progreso es creciente para toda la sociedad. Chile es un ejemplo de ese fetiche realizado, y “amenazado” en sus defensas.
La dictadura cívico-militar sentó las bases de este desarrollo las últimas tres décadas, en las cuales se consolidaron a su vez sus bases, ampliando la modernización capitalista. Nadie puede negar que ha sido un cambio cualitativo en la estructura económico-social chilena, en las relaciones de producción del capital sobre el trabajo. Pero detrás de esas cifras está oculto el Chile real, de alguna forma desgarrado en contradicciones y antagonismos sociales crecientes en los “pilares” del capitalismo chileno. No solo son las bases del crecimiento, sino que a la vez las de un creciente malestar social, de profundas aspiraciones sociales y democráticas de millones de jóvenes y trabajadores, mujeres y pueblos oprimidos incapaces de ser satisfechas en los marcos del capitalismo chileno.
El milagro llegó tras la crisis y el shock
El plan económico de los Chicago Boys había sido esbozado previamente al Golpe del 11 de septiembre de 1973 como un programa económico frente a la crisis económica; luego, con sus representantes como ministros de la dictadura, lo aplicarían contra las masas trabajadoras. Conocido posteriormente como El Ladrillo y como “plan de recuperación económica”, desde el 78 se vivió una especie de terapia de shock económico: abrupta reducción del gasto fiscal (liquidando servicios públicos, reduciendo gasto en salud, educación o vivienda, privatizando empresas), drástica disminución de las importaciones para estabilizar la balanza de pagos, apertura comercial cuasi-absoluta y liberalización financiera, unido a una amplia privatización de empresas estatales (desde recursos estratégicos, industrias, hasta servicios esenciales, más de 500 empresas entre las que estaban CTC, Endesa, Entel, CAP, LAN).
En el ámbito social los principales cambios fueron: 1) el Plan Laboral que intentó desarticular legalmente a los trabajadores y el movimiento sindical a través de un profundo cambio en las relaciones laborales a favor del capital, reflejado actualmente en el Código del Trabajo, con sindicatos chicos y sin peso, negociaciones limitadas y ausencia de efectivo derecho a huelga; 2) la reforma de pensiones con la creación de las AFP, que destruyó el sistema de reparto y se basó en la capitalización individual, que tiene como principal objetivo entregar millonarios recursos al mercado de capitales y la bolsa; 3) la reforma en la salud, en la que el sector privado es el principal beneficiario de los recursos estatales, bajo instituciones de salud previsional privadas (ISAPRE) para el fortalecimiento de clínicas y negocios, debilitando el público Fondo Nacional de Salud (FONASA); 4) la reforma educacional, donde comenzó un proceso de privatización casi completa de la educación regulada por la relación entre “oferentes” y “demandantes” de servicios educativos, desmantelando progresivamente la educación pública.
La primera prueba de fuego de estas medidas fue la crisis económica de 1982, la mayor que conozca el país en las últimas décadas, que tuvo como consecuencia una catástrofe económica brutal sobre las masas. El PIB disminuyó un 14,3 % solo el primer año, el desempleo saltó al 30 %, la pobreza superó el 45 %. El régimen devaluó el peso en 18 % contra las masas trabajadoras, mientras rescataba el sistema bancario privado estatizando las deudas con la “intervención”, a la vez que abrió otra ronda de venta de empresas estatales como Chilectra y la Compañía de Teléfonos. El costo del “rescate” fue de 35 % el PIB, a base de la deuda pública externa, que ya en 1987 alcanzó el 86 % del PIB.
Es falso que el plan de shock neoliberal trajo mejores condiciones de vida para las masas. Desde el ‘78 al ‘89, las masas trabajadoras vivieron una década de penuria, crisis y degradación de sus condiciones. El “shock” catastrófico fue el papel sucio que jugó la dictadura (tras represión sistemática) para sentar las bases del crecimiento noventista. Entre 1990-97, el crecimiento anual promedio fue de 7,7 %, un PIB promedio inédito de crecimiento en el país. Pero no llegó de “milagro”, sino de una “catástrofe”. Ya entrando en 1998, no terminaban de recuperarse las condiciones pre-crisis y ya llegaban los golpes de la crisis asiática. El “milagro” para las masas trabajadoras, significaba más una “recuperación” que un nuevo salto.
Renta, apertura comercial y concentración económica
Durante la década de los 80, el plan de shock, implicó una enorme apertura al capital extranjero, una privatización sin precedentes de los recursos estratégicos y empresas estatales, y un saqueo basado en el principal recurso estratégico del país.
El cobre y la minería, que constituyen la quinta parte de la producción total del país, representan sin embargo casi la mitad de las exportaciones. Es clave, en el marco de una economía relativamente pequeña en el escenario internacional, el rol que juegan las exportaciones y en particular el cobre. Chile es una economía basada centralmente en dos bases centrales en la acumulación del capital: 1) la renta de la minería –no es la única, pero sí la principal–, y; 2) la alta tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Ambas condiciones son ampliamente favorables para el desarrollo del capital, extranjero y nacional.
Según el estudio Nuevas Estimaciones de la Riqueza Regalada a las Grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005-2014, la renta económica, solo de las 10 grandes empresas de la gran minería privada, fue de 120.000 millones de dólares solo entre el 2005 y 2014. Esto sobre los 10.000 millones de dólares de ganancia anuales de estas compañías. Entre ellas predomina el capital extranjero: BHP Billiton o AngloAmerican, junto a otros grupos nacionales como el grupo Luksic con Antofagasta Minnerals. El 71 % de la producción está en manos privadas.
Solo la ganancia generada por la renta minera y la explotación laboral, podría financiar la gratuidad universal de la educación superior, resolver en un año el problema del déficit habitacional y las listas de espera. Sin embargo, son recursos que en su gran mayoría se fugan al extranjero, y cuyos precios se imponen en la bolsa de metales de Londres en la puja entre las grandes compañías multinacionales. Así está ocurriendo también con el recurso estratégico del litio. En el mar, los recursos están en manos fundamentalmente de 7 familias. Los bosques, con casi 3 millones de hectáreas en manos de los grupos Matte y Angellini, que controlan la industria de exportación de la madera.
La apertura económica de Chile, con 26 Tratados de Libre Comercio, está atada a las exportaciones a China, EE. UU., Europa y América Latina, fundamentalmente de: cobre y minerales; madera y celulosa; salmón, frutas y vino; y cuyo consumo de bienes de servicio son fundamentalmente importados, desde China, EE. UU. y Europa, y una total dependencia de la importación de maquinaria frente al desarrollo tecnológico. Un 25 % del PIB se va en importaciones. A través del DL 600 y la Inversión Extranjera Directa, prácticamente la inversión en su conjunto depende de capitales extranjeros, y un tercio de ella solamente va a la minería, y otro tercio en servicios financieros, es decir, en el desarrollo de las finanzas y los bancos (en este caso, el capital extranjero controla casi el 50 % del sistema bancario, encabezado por el banco español Santander, que tiene una cuota del 20 % del mercado financiero; los demás grupos nacionales los principales son BCI y Banco de Chile, en manos de Yarur y Luksic).
Así, la IED se vuelve en uno de los mecanismos privilegiados del saqueo y la dependencia frente al capital extranjero. El caso de la minería, la celulosa y madera, el salmón, los vinos y la fruta, no solo casi no hay “libre competencia”, sino que la concentración capitalista en un puñado de monopolios (u oligopolios) en las principales ramas de la economía depende fundamentalmente de la inversión extranjera de las grandes corporaciones imperialistas, quienes a su vez imponen los precios, y favorecen sus propias exportaciones. Aunque la balanza comercial no sea deficitaria, la dependencia extrema de una materia prima particular (el cobre) y la inversión extranjera, hace a Chile frágil de mayores golpes a la economía mundial.
El gran ejemplo chileno descansa fundamentalmente en este saqueo, junto a las condiciones favorables de explotación y precariedad sobre las masas trabajadoras.
Salarios, pobreza y desigualdad
La segunda base de la acumulación, la tasa de explotación con el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, muestra las paupérrimas condiciones a la que están expuestas millones de personas en el país. Según Fundación Sol, en su informe “Los verdaderos sueldos de Chile”, el 50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $ 380.000 y 7 de cada 10 trabajadores menos de $ 550.000 líquidos”, y “el 84,1 % de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $ 700.000 líquidos”. El salario mínimo, de acuerdo a organismos internacionales como la OIT, es catalogado como “mini salario mínimo”. Mientras en las últimas dos décadas desde 1998 la productividad del trabajo creció cerca de un 90 %, los salarios reales solo un 20 % (es decir 70 % de ganancia).
Las pensiones son miserables. El 50 % de las y los jubilados recibe montos inferiores a los $ 170 mil. Los pensionados en Chile son mayoritariamente pobres, no por nada uno de los movimientos más masivos y con alta popularidad fue el movimiento No + AFP que develó esta crítica situación que afecta a por lo menos 3 millones de ancianos y ancianas.
Uno de los últimos estudios de Fundación Sol, “La pobreza del “modelo” chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y pensiones”, hace una medición de la pobreza donde se considera exclusivamente los ingresos del mundo del trabajo (ingresos laborales y pensiones contributivas). “La micro simulación basada en CASEN 2017 confirma la hipótesis de que la pobreza en Chile al considerar los ingresos del mundo del trabajo “supera con creces” al indicador oficialmente divulgado. Para el caso de las mujeres, la pobreza pasa de un 9 % a un 31,7 % mientras que en los hombres, de un 8,2 % a un 26,8 %. En el total, la pobreza pasa de un 8,6 % a un 29,4 %”, afirman desde la entidad.
En noviembre de 2017 la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de cuatro personas estaba establecida en $ 417.348. “Si consideramos solo a los asalariados del sector privado que trabajan jornada completa, el 50 % gana menos de $ 402.355, esto quiere decir que ni siquiera podrían sacar a su grupo familiar de la pobreza”, concluyen en Fundación Sol. Sumado a esto se registra que casi 1 millón de asalariados no tiene contrato de trabajo y el 80 % percibe sueldos inferiores a $420.000. En Chile, los trabajadores y jubilados son pobres.
Consumo basado en una creciente deuda de las masas trabajadoras
El acceso al consumo ha sido mediante el endeudamiento de las masas trabajadoras y sectores populares. El monto total de deuda de los hogares llega al 71,1 % del ingreso promedio de la clase trabajadora, unos 153.000 millones de dólares. De cada 10 pesos de ingreso de las familias, 7 pesos constituyen deuda. Solo en términos de carga financiera, es decir, aquella porción de ingresos que se destina al pago de intereses y amortizaciones, llega al 25 % de los ingresos. El crédito hipotecario (vivienda) alcanza casi el 38 % de la deuda, los créditos de consumo el 18,2 %, y las casas comerciales, compañías de seguros y cajas de compensación el 15,5 % del ingreso disponible. El 14 % del endeudamiento es con prestamistas no regulados, amigos o familiares (cuentas nacionales BC).
Según los datos del XXI Informe de Deuda Personal Universidad San Sebastián- Equifax, en junio de 2018, se registraron 4,48 millones de deudores morosos. Según el INE, el 70 % de los hogares está endeudado. En el caso de los jóvenes entre 18 y 29 años la cifra de endeudamiento supera los 3 millones, alcanzando un 21 %, centralmente por educación.
El intento de destrucción de los sindicatos y del movimiento obrero
Para poder sostener el crecimiento de la tasa de rentabilidad mediante una mano de obra de salarios relativamente bajos y mayores tendencias a la precarización sindical, un aspecto fundamental en la política neoliberal impuesta en dictadura fue pulverizar la organización sindical a través del Plan Laboral, posteriormente llamado Código del Trabajo. Creado por José Piñera, tuvo cuatro pilares claves. ¿Cómo hacer que exista un “derecho” laboral sin que los sindicatos, sus negociaciones y huelgas tengan fuerza, o mejor: no existan realmente existiendo formalmente. Un primer punto fue establecer sindicatos y negociación colectiva centrada en la empresa o establecimiento, y con “grupos negociadores” para conseguir un cierto “paralelismo” con los sindicatos. Esto en el marco de excluir a enormes grupos de trabajadores de la negociación colectivas, como las federaciones y confederaciones, los trabajadores públicos, profesores y negando el derecho también a negociar a los sectores estratégicos determinados cada 2 años arbitrariamente por el poder ejecutivo (según el artículo 6.º del DL 2.758, “no podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas empresas que: a) atiendan servicios de utilidad pública, o b) cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional”). Hoy en día, solo el 8 % de los trabajadores tiene derecho a negociación colectiva, y un 2 % de la fuerza laboral tiene instrumentos colectivos de trabajo.
Un segundo aspecto fue el ataque a la huelga como herramienta de lucha. Para esto se impuso el concepto de “huelga que no paraliza” y el reemplazo en huelga que se utiliza hasta la actualidad, ahora “no permitido” aunque sí aplicado de facto por las empresas, y con “servicios mínimos” establecidos para los sindicatos.
La despolitización sindical y “libertad sindical” (para formar grupos paralelos al sindicato) fue otro concepto que abordó el Plan Laboral. Así se demuestra en el considerando n.º 7 del Decreto 2.756, el que plantea de forma explícita que “es indispensable que la organización sindical sea autónoma y despolitizada, para que pueda dedicarse a sus finalidades propias, evitando que sea instrumentalizada por grupos o intereses extraños a la propia organización”. Esto llevó incluso a que hasta la actual sea prohibición constitucional para dirigentes sindicales presentarse a elecciones populares sin renunciar a su cargo.
Esto lo hicieron tras la represión brutal a sangre y fuego contra uno de los movimientos obreros más avanzados de América Latina en aquella época, como fue el chileno, que vio nacer en 1972 las ocupaciones de empresas (llegaron a ser más de 500 empresas ocupadas por sus trabajadores tras el golpe del 29 de junio de 1973, antes del golpe final del 11 de septiembre), y el plan buscaba impedir una nueva tendencia a la organización de los trabajadores, para luchar por sus derechos, para impedir un rol protagónico en sus luchas y demandas y en las luchas de clases de la sociedad. Para la acumulación capitalista impuesta a la clase trabajadora no solo estaba la entrega de la renta y los recursos estratégicos al gran capital, manteniendo la dependencia de la inversión extranjera, sino otorgar las mejores condiciones posibles a aquella inversión, en impuestos, regalías, pero sobretodo, condiciones laborales favorable a la rentabilidad capitalista.
¿Quiénes se benefician con el “milagro”?
No solo las grandes compañías multinacionales del cobre, cuya renta y ganancia es el principal saqueo del país. También son los grandes grupos económicos nacionales, algunos de ellos de décadas de riqueza y acumulación, y otros tantos que hicieron su fortuna tras la dictadura militar, o los grupos creados con la apertura comercial de los TLC pos2000. Hay 3 familias: Angelini, Matte y Luksic, que controlan la mitad de los activos cotizados en la Bolsa de Valores de Santiago, y su patrimonio representaba (2011) el 12,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El 8.° Informe de la Riqueza Mundial de 2017, del banco de inversión suizo Credit Suisse, revela que en Chile, dentro de un total de 13 millones de habitantes adultos, existen unas 57.000 personas que tienen más de un millón de dólares ($ 630 millones) o más. 79.000 chilenos son parte del 1 % más rico del mundo, lo que es equivalente a la población total de Papudo, Zapallar, Santo Domingo, Algarrobo y Concón juntas. Según la Fundación Sol, el 1 % de los considerados “ocupados”, que son capitalistas (gerentes, directores de empresas y empresarios) o pequeño-burguesía alta (médicos, abogados, ingenieros) tiene sueldos superiores a tres millones de pesos, que pueden alcanzar hasta los 30 millones de pesos mensuales. En el otro polo, el 70 % de los trabajadores tiene salarios inferiores a $ 400.000, bajo la canasta básica familiar, y más de 1 millón de jubilados cobran pensiones de menos de $ 140.000.
Por algo el 76 % de la población opina que el crecimiento ha favorecido exclusivamente a los ricos, y solo un 17 % reconoce haberse beneficiado del crecimiento.
El “milagro” no llega a todos, y es más bien un paraíso y “utopía” para las ganancias capitalistas, que para las y los trabajadores.
Ángela Suárez
Pablo Torres
domingo, 10 de febrero de 2019
Primeras repercusiones de la Cumbre de Montevideo

Luego de horas de reunión el llamado Grupo de Contacto Internacional (GCI) elaboró una declaración que se compromete con la “ayuda humanitaria” y aboga por elecciones presidenciales en contradicción con el ahora relegado a segundo plano “Mecanismo Montevideo”.
Finalmente la actividad diplomática desarrollada en Montevideo en las últimas jornadas desembocó en dos iniciativas distintas en donde no queda claro que tan confluyentes son. Ya que el Grupo de Contacto Internacional (GCI) publicitó una declaración injerencista sobre Venezuela relegando a la impotencia al “Mecanismo Montevideo” que se postuló basado en el principio de no intervención. Dejando en evidencia que si en un inicio parecía imposible pretender un diálogo entre Maduro y la oposición, más lo era pretender impulsarlo desde una postura no intervencionista con la participación de países como Francia y España que directamente desconocen a Maduro.
El día miércoles Uruguay, México, Bolivia y países de la Comunidad del Caribe (Caricom) elaboraron una propuesta organizada en cuatro fases (Diálogo Inmediato, Negociación, Compromisos e Implementación) y basada supuestamente en la neutralidad y el principio de no intervención, pero que en realidad en el caso de México y Uruguay no dicen nada acerca de las sanciones imperialistas de Trump y la derecha venezolana.
La declaración injerencista del GCI
El Grupo de Contacto Internacional (GCI) liderado por la diplomática europea Federica Mogherini e integrado por la Unión Europea en conjunto con países latinoamericanos emitió una declaración que se compromete en “desplegar más asistencia en áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con el Representante Especial de la ACNUR/OIM, Sr. Eduardo Stein” y a “un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana.”
México y Bolivia no adhieren a declaración del GCI
Tanto el Canciller de Bolivia Diego Pary y el Canciller mexicano Marcelo Ebrard no firmaron la declaración del GCI. Se anunció a su vez que el “Mecanismo Montevideo” se reunirá la semana próxima.
Diego Pary manifestó que "no podemos acompañar un texto que haga referencia a la realización de elecciones (...) este es un tema interno de Venezuela y ellos son los que deben definir sus dificultades y de qué manera los van a resolver", agregando además sobre la crisis humanitaria que "Hay una situación de dificultad y de crisis económica y creo que todos somos conscientes… también debemos reconocer que en gran medida la crisis se está agravando por el bloqueo económico que han generado los países. Si bien se ofrece ayuda humanitaria también se debe levantar el bloqueo económico que tiene Venezuela"
Por su lado el Canciller de México (que no integra el GCI) Marcelo Ebrard dijo que “México no puede por mandato constitucional apoyar la injerencia política en otros países, no podemos participar en algo que implique que nosotros determinemos el proceso político electoral”. Consultado por la contradicción entre el “Mecanismo Montevideo” y la declaración del GCI Ebrard respondió que “no es contradicción, son diferentes posiciones políticas”. Restándole importancia a las contradicciones surgidas entre ambas posiciones, pero destacando que "Nos gustaría un mecanismo de funcionamiento inmediato porque la situación así lo requiere".
Uruguay más abroquelado con el GCI que al “Mecanismo Montevideo”
Mientras tanto Uruguay que en palabras de su Canciller Rodolfo Nin Novoa había dicho en el lanzamiento del "Mecanismo Montevideo" que "Cuanto más condiciones se pongan para el diálogo, más difícil es conseguir un resultado favorable, si nosotros decimos que tiene que haber elecciones en tal momento, que tiene que cambiarse la Corte Electoral, que tiene que haber liberación de los presos políticos, estamos imponiendo condiciones. Lo que tiene que acordarse entre las partes son cuáles son las condiciones, son ellos los que tienen que acordar. Nosotros vamos al diálogo sin condiciones: júntense, hablen, acuerden, arreglen”, al otro día se plegó a la posición impulsada por la Unión Europea a través del GCI.
Postura que en palabras del Canciller mexicano Ebrard identifica como un proceso distinto, según sus palabras: “entiendo que hay diferentes opiniones en la Unión Europea, (...) se los invita a participar y si ellos (europeos) prefieren seguir otro proceso también están en su libertad, aquí no importa otra cosa más que lograr una comunicación, buscamos un diálogo inmediato”.
Por lo tanto la postura uruguaya en los hechos se mantiene en cada uno de los dos “procesos”: el “Mecanismo Montevideo” y la declaración de la GCI. Pero desde las declaraciones del Canciller Nin Novoa en conferencia de prensa con Mogherini dijo que "es crucial restaurar la plena democracia" y agregó que es necesario que haya "elecciones presidenciables libres".
Una salida para la crisis en Venezuela no puede llegar de la mano del imperialismo
Al contrario de lo afirmado por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez al inaugurar la reunión del GCI parafraseando al ex Canciller reformista alemán Willy Brandt de que “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”, refiriéndose obviamente a los mecanismos de la democracia burguesa. Los trabajadores y el pueblo oprimido venezolano deben pelear por una salida independiente y con sus propios métodos de lucha y organización.
No se puede esperar nada favorable de la mano del imperialismo y sus títeres de la derecha venezolana que ya planifican su mega ajuste neoliberal si se hacen del poder, ni tampoco del descalabro económico y el régimen represor del gobierno de Maduro.
Tampoco de parte de estos “mediadores neutrales” que en realidad buscan consolidar a uno de estos dos bandos (según el caso) en contra de los intereses del pueblo trabajador. Sobre todo del supuesto llamado al diálogo de las potencias europeas que ya demostraron su apoyo a la derecha golpista, lo que desnuda a su vez la funcionalidad de México y Uruguay que le hacen el juego a la postura injerencista del imperialismo.
Como plantean los compañeros de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), acompañado de un programa obrero y popular de emergencia y demandas democráticas, es fundamental en la actual situación imperante "alentar el surgimiento y desarrollo de formas superiores de frente único de los trabajadores y los sectores populares, en el camino de constituir consejos obreros y populares, y acercar a las masas a la convicción de que es preciso, urgente e impostergable la toma del poder político en sus propias manos para instaurar un Gobierno obrero y popular, basado en los organismos de lucha que las propias masas se den".
Sebastián Artigas
sábado, 9 de febrero de 2019
Estados Unidos aprieta la soga a Venezuela: ¿Tendrá éxito el golpe?

Los esfuerzos de Washington por destituir al gobierno venezolano, un intento de golpe de estado imperialista, continúan sin pausa. El 26 de enero, los Estados Unidos anunciaron sanciones a PDVSA y confiscaron activos de la compañía petrolera venezolana. Este es un golpe muy serio para la economía y el gobierno de Venezuela. Está claro que la administración de Trump piensa que tiene una ventana de oportunidad y quiere rematar la faena.
Sin embargo, hasta ahora, el intento de golpe no ha logrado obtener ningún apoyo en las fuerzas armadas de Venezuela (FANB)* y la última protesta callejera de la oposición fue un fracaso. ¿Cuáles son las perspectivas para esta agresión imperialista y cómo se puede combatir de manera efectiva?
El anuncio por parte del Tesoro de EE. UU. de sanciones adicionales a PDVSA y la confiscación de sus activos en los EE. UU. fue un paso importante en la campaña para destituir al gobierno venezolano. Esta es una medida que Washington había rechazado hasta ahora debido a su impacto negativo en las refinerías estadounidenses. Los Estados Unidos importan alrededor de 500,000 barriles de petróleo por día desde Venezuela.
Las nuevas sanciones prohíben a las personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con PDVSA o, si lo hacen, los pagos irán a una cuenta de depósito en garantía, que está fuera del control del gobierno venezolano. Teniendo en cuenta que la producción total de petróleo de Venezuela es de 1,1 millones de b / d, el impacto es muy grave. Es posible que parte del crudo venezolano continúe fluyendo hacia refinerías en los Estados Unidos a través de terceros, pero al menos 200 / 300,000 b / d tendrán que encontrar otros compradores. El costo estimado de esto es de aproximadamente US $ 11 mil millones para el resto del año. Además, los Estados Unidos incautaron activos de PDVSA en los Estados Unidos por un valor de US $ 7 mil millones. En su anuncio, el Tesoro de EEUU también dejó claro que estos activos se pondrían a disposición del “presidente interino legítimo” a quien reconocen, Juan Guaidó.
Muerte por sanciones
Las sanciones están diseñadas para causar el máximo daño, “para hacer que la economía grite”, como dijo Nixon cuando ordenó a la CIA preparar el derrocamiento de Allende en Chile. Una gran proporción de los ventas petróleo de PDVSA, sobre todo a China y Rusia, no se pagan en efectivo, sino como reembolsos de préstamos de estos países. Por lo tanto, entre el 80 y el 90 por ciento de los ingresos en efectivo de PDVSA provienen de las ventas a los Estados Unidos. Ya PDVSA ha anunciado que cualquier cliente que se dirija a los EE.UU. y que esté actualmente a la espera de que se carguen sus tanqueros debe pagar la totalidad de la carga por adelantado, o los pedidos no se cumplirán. Esa es una medida defensiva, que tendrá que ser seguida por una transferencia de ventas de petróleo a otros clientes en los próximos días y semanas. Ese es un proceso que llevará su tiempo. Venezuela produce principalmente petróleo extrapesado, que no todas las refinerías pueden refinar, lo cual complica el desvío.
Un impacto aún más dañino de las sanciones es sobre las importaciones venezolanas de combustible y nafta de los EE. UU., que se utiliza para refinar el petróleo extrapesado y sacar un producto más vendible y de mayor valor. Venezuela actualmente depende de los EE.UU. en un 80 por ciento para estas importaciones, que ahora tendría que obtener de países africanos, a una distancia de transporte mucho mayor, o se vería forzada a vender crudo extra pesado no refinado a un precio más bajo. Esto se ve agravado por el hecho de que dos de las principales refinerías del país, El Palito y Puerto la Cruz están casi paralizadas y el CRP solo está trabajando a su capacidad mínima.
Para aumentar el impacto de las sanciones, el asesor de seguridad nacional de los EE. UU., John Bolton, emitió una provocativa declaración el 30 de enero, en la que daba a entender que las sanciones aprobadas en los EE. UU. Se aplicaban más allá de las fronteras de los EE. UU. “Mi consejo a los banqueros, corredores, comerciantes, facilitadores y otros negociantes: no comerciar con oro, petróleo u otros productos venezolanos que son robados del pueblo venezolano por la mafia de Maduro. Estamos dispuestos a seguir actuando”, decía en su mensaje de Twitter.
Empresas como la española Repsol, que no se ven directamente afectadas por estas sanciones, están reconsiderando sus opciones. En los últimos tres meses de 2018, Repsol había estado importando 53,000 b / d en un acuerdo de intercambio de petróleo por deuda. El Financial Times informó que “algunos sospechan que el Tesoro de los Estados Unidos ha enturbiado intencionalmente las aguas para ahuyentar a los compradores alternativos del petróleo venezolano a medida que Washington aumenta la presión sobre Maduro”.
Significativamente, Bolton estuvo en la conferencia de prensa donde se anunciaron las sanciones, con una libreta que decía “5,000 soldados a Colombia”. Algunos han dicho que esto demuestra lo estúpido que es, al mostrar lo que tenía escrito en la libreta. Aunque ciertamente no vamos a sobrevalorar la inteligencia de Bolton, una explicación más plausible es que la libreta se mostró deliberadamente con el objetivo de enviar un mensaje amenazador a Maduro: renuncia o atente a las consecuencias. El mensaje también estaba dirigido al ejército venezolano, con la implicación que, si continúan apoyando al presidente Maduro, pueden enfrentar una invasión por parte de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que Bolton agitaba su libreta en la conferencia de prensa, hubo un informe de una visita del comandante general Mark Stammer, comandante del Ejército Sur de los EE.UU., a Colombia, donde se supone que está revisando los planes para enfrentar “amenazas mutuas ” en la frontera con Venezuela.
Provocación militar y presión imperialista
Informes en Venezuela revelaron que un pequeño número de paramilitares habían cruzado la frontera desde Colombia. Aunque estos informes no pueden ser confirmados, son perfectamente plausibles. Todos saben que cualquier provocación o agresión militar contra Venezuela probablemente provenga de Colombia, que tiene un gobierno de derecha completamente alineado con Trump, donde existen bases militares de los Estados Unidos y que durante mucho tiempo ha mostrado una actitud extremadamente beligerante contra la revolución bolivariana.
La intervención militar ciertamente no es el primer punto en la agenda de este golpe y conlleva serios riesgos. Washington está procediendo de acuerdo con un plan preestablecido, que comienza con la presión diplomática y continúa con sanciones económicas diseñadas para paralizar la economía. A las sanciones de EE. UU. debemos sumar la retención (de hecho, una incautación) de US $1.200 millones en oro por parte del Banco de Inglaterra, una decisión que ahora sabemos que fue tomada después de presiones por parte de Mike Pompeo y John Bolton semanas atrás, mucho antes de que Guaidó se declarara presidente. Guaidó ha presionado al gobierno del Reino Unido para poner estos activos a su disposición.
Ayer, el Parlamento Europeo votó a favor de una moción (presentada conjuntamente por los conservadores, los “socialistas” y los liberales) para reconocer a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. La política exterior de la UE tardó apenas una semana en alinearse por completo con el golpe de Trump-Bolsonaro. No hay sorpresas aquí. La UE siempre ha respaldado todas las aventuras imperialistas extranjeras de Estados Unidos, desde Irak hasta Libia.
Esto fue precedido por un escandaloso ultimátum, emitido por el presidente español Pedro Sánchez, que a menos que Maduro convocara elecciones presidenciales en ocho días, España reconocería a Guaidó como presidente, sabiendo muy bien que Maduro no iba a convocar elecciones (ni tenía porqué). La posición de Sánchez es particularmente escandalosa. Llegó al poder prometiendo cortar las ventas de armas a Arabia Saudita, solo para renunciar a la promesa una vez en el cargo. Por supuesto, no se ha hecho tal exigencia de elecciones al régimen asesino saudí.
Además, mientras Sánchez exige elecciones a la jefatura del estado en Venezuela, en España, el jefe de estado nunca ha sido elegido. Felipe VI ocupa el cargo por ser hijo de Juan Carlos I, quien fue nombrado por el general Franco, el dictador, antes de su muerte. Nada de esto, por supuesto, molesta a Sánchez, que dirige un partido que es nominalmente “socialista” y “republicano”. Los intereses de las multinacionales españolas triunfan sobre cualquier otra consideración, por lo que Sánchez se ha unido al coro de los partidos de derecha y de extrema derecha españoles (PP, Cs y Vox).
Casi simultáneamente, Francia, el Reino Unido y Alemania se unieron al ultimátum de España, que no era más que un subterfugio para justificar una política que ya se había decidido, probablemente sobre la base de una serie de llamadas telefónicas de la Casa Blanca. Es probable que el reconocimiento de Guaidó por parte de la UE sea seguido por una intensificación de las sanciones económicas, en línea con la posición del Tesoro de los Estados Unidos.
Guaidó también ha nombrado a sus propios representantes en los Estados Unidos, Argentina, Colombia y otros países que lo han reconocido como “presidente”. Aparte de los EE. UU., todos estos países aún mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela y su presidente electo Maduro, y hay embajadas y consulados con todo el personal. No podemos descartar una situación en la que los manifestantes de la oposición intenten tomar las embajadas. Los países de la Unión Europea podrían seguir su ejemplo.
Toda esta presión tiene un objetivo claro: forzar a Maduro a que renuncie o convencer a las fuerzas armadas de que les interesa removerlo. Hasta el momento, no ha habido ninguna señal pública de que la estrategia esté funcionando, pero podemos estar seguros de que se están llevando a cabo reuniones entre bastidores y discusiones con elementos de la FANB.
El ejército aguanta, la oposición en dificultades
Hasta el momento, la Fuerza Armadas Nacional Bolivariana de Venezuela ha demostrado públicamente su lealtad al presidente electo Maduro y han rechazado enérgicamente cualquier interferencia extranjera. La FANB durante un período de muchos años ha sido depurada de sus elementos más reaccionarios como resultado de golpes de estado fallidos (2002) e intentos de complots. La Revolución Bolivariana también tuvo el efecto de politizar las filas del ejército, así como una capa de los oficiales. Eso, sin embargo, no es garantía de su lealtad. No olvidemos que el presidente Allende nombró a Pinochet como jefe de las fuerzas armadas después del fallido intento de golpe (el tanquetazo) de junio de 1973, como oficial constitucionalista. Menos de tres meses después, encabezó el golpe que derrocó al gobierno.
Una de las razones principales de la lealtad de los jefes del ejército venezolano se debe a las concesiones que han recibido en los últimos años. Altos mandos militares administran la importación y el suministro de alimentos, muchas de las empresas estatales y la propia PDVSA. Además de esto, la creación de CAMIMPEG les dio acceso a lucrativos contratos en petróleo, gas y minería. De estas posiciones, obtienen poder y riqueza, por medios legales y también a través de esquemas corruptos y robo abierto. Mientras el gobierno de Maduro les garantice estas posiciones, serán leales. Si llegan a la conclusión de que él está a punto de ser eliminado, harán cola para cambiar de bando. Guaidó ha anunciado que ha “tenido reuniones clandestinas con miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad”. Seguramente, ha habido reuniones, pero no organizadas por el botones del imperialismo estadounidense, Guaidó. Estas reuniones han sido organizadas directamente por la CIA y el Departamento de Estado, las fuerzas impulsoras del golpe.
La oposición reaccionaria fracasó en su intento anterior de tomar el poder en 2017 porque no pudo penetrar en los barrios de clase trabajadora y pobres. Pudieron movilizar a cientos de miles de simpatizantes, pero no se fueron más allá de los barrios de clase media y alta y entrar en los barrios de manera significativa.
La situación económica actual es mucho peor que en 2017.
Los niveles de vida han seguido disminuyendo y el poder adquisitivo de los salarios ha sido pulverizado por la hiperinflación y la devaluación. Sin embargo, no ha habido hasta el momento protestas significativas en las áreas de clase trabajadora y pobres. Después de la auto-proclamación de Guaidó el 23 de enero, hubo choques en muchos barrios en Caracas, pero se trataba principalmente de grupos muy pequeños pagados organizando disturbios, compuestos de elementos criminales malandros reclutados y usando armas de fuego y granadas. Fueron aplastados rápidamente por las fuerzas de élite del FAES y CONAS.
Incluso las protestas de la oposición del 30 de enero, que Guaidó había convocado, fracasaron. Los pequeños grupos de manifestantes que salieron a las calles decepcionaron a las fuerzas reunidas de los medios de comunicación masivos del mundo, dispuestos a mostrar las imágenes de la “movilización de masas” de Guaidó. Por supuesto, los medios de comunicación no informaron de ninguna de las manifestaciones bolivarianas que tuvieron lugar en las últimas semanas en diferentes partes del país, ya que no encajaría con la propaganda de un “gobierno que ha perdido todo apoyo popular”.
El fracaso de la protesta de la oposición del 30 de enero revela que la capa de masas que apoya a la oposición no está preparada para participar en demostraciones de fuerza que no conduzcan directamente al derrocamiento del “régimen”. Esta capa es extremadamente crítica con todos los líderes de la oposición, quienes los traicionaron en 2017 y han decepcionado sus esperanzas de “cambio”. Esto crea un ambiente en el que ponen todas sus esperanzas en la intervención imperialista extranjera, ya sea a través de la presión y las sanciones diplomáticas, o incluso la agresión militar. Esto es peligroso desde el punto de vista de la reacción, ya que deja a Guaidó suspendido en el aire y apareciendo cada vez más como lo que realmente es: un peón de los objetivos de Trump.
Estado de ánimo antiimperialista no aprovechado por Maduro
No debemos subestimar el fuerte sentimiento antiimperialista que existe en Venezuela, que va más allá de las filas de quienes apoyan al gobierno de manera más o menos crítica. Tal estado de ánimo también existe dentro de las fuerzas armadas.
Finalmente, está el factor de apoyo extranjero para el gobierno de Maduro. Hasta ahora, Rusia y China, así como Turquía e Irán, han sido claros en su oposición al golpe, pero lo han expresado principalmente en términos de oposición a la interferencia extranjera. Esta es una indicación de que podrían estar dispuestos a una “solución” desde dentro de Venezuela: algún tipo de “transición” negociada, quizás liderada por el ejército.
Rusia tiene dos intereses principales en Venezuela. Defiende al gobierno de Maduro, hasta ahora, porque garantiza sus muy lucrativos contratos en la venta de petróleo, minería y armas. Rusia también ha prestado grandes cantidades de dinero a Venezuela en los últimos años, quizás tanto como US $ 17 mil millones. Todo eso se perdería si Maduro fuera reemplazado por Guaidó. Al mismo tiempo, para Rusia es conveniente en términos geoestratégicos tener un aliado en el patio trasero de los Estados Unidos.
Sin embargo, Rusia, como cualquier otra potencia, no tiene amigos permanentes sino intereses permanentes. No olvidemos que Moscú al comienzo de la crisis siria tomó una postura de compás de espera y solo salió de manera decisiva en apoyo de Assad cuando quedó claro que no iba a ser derrocado de inmediato y que Estados Unidos no estaba dispuesto a enviar tropas de intervención.
China también tiene muchos intereses en Venezuela, mucho más que Rusia. En los últimos años, le ha prestado a Caracas más de US $ 50 mil millones y las compañías chinas han invertido más de US $ 20 mil millones en el país caribeño. Sin embargo, en términos prácticos, hay muy poco que los chinos puedan hacer para defender a Maduro aparte de vetar las resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU.
En realidad, la única manera de combatir efectivamente este golpe imperialista es tomando medidas revolucionarias y apoyándose en las masas revolucionarias. Hasta ahora Maduro tampoco lo ha hecho. Todas sus apariciones públicas han sido para enfatizar que estaría dispuesto a hablar y dialogar con la oposición, Trump e incluso el carnicero Elliot Abrams, a quien los Estados Unidos han nombrado como responsable de la “transición a la democracia”.
Por supuesto, en la guerra como en la lucha de clases, uno siempre debe expresar sus propios movimientos en términos defensivos. Esto es diferente. Parece que Maduro no está tomando medidas serias para responder a la agresión imperialista.
Juan Guaidó se designó a sí mismo como presidente, intentando usurpar el poder; nombrando embajadores en países extranjeros; aplaudió a las potencias extranjeras que se apoderaron de activos venezolanos, que él intenta administrar, etc. A pesar de todo esto, aún no ha sido arrestado. Apenas hace dos días el fiscal del estado tomó algunas medidas (leves) contra él (prohibiéndole salir del país).
Estados Unidos ha incautado bienes venezolanos y ha impuesto sanciones. La respuesta proporcional habría sido incautar todas las propiedades de las multinacionales estadounidenses en Venezuela. Nada se ha hecho. El Banco de Inglaterra ha robado 14 toneladas de oro de Venezuela. Venezuela estaría justificada en incautar activos por el mismo monto de compañías del Reino Unido en Venezuela. No se hizo nada.
¡Las masas revolucionarias deben resistir el golpe!
El 28 de enero, cuando Estados Unidos anunció sanciones económicas y confiscación de activos, finalmente Maduro anunció la creación de 50,000 “unidades de defensa popular” para preparar al país para la invasión militar y prometió convertir a Venezuela en otro Vietnam. Damos la bienvenida a este anuncio, pero hay que pasar de las palabras a las acciones. Demasiadas veces en el pasado se ha hablado de fortalecer a la milicia, pero los oficiales del ejército siempre han sido muy reacios a convertirlos en una auténtica milicia popular de trabajadores y campesinos.
Para enfrentar el golpe de Estado imperialista, Venezuela necesita adoptar las políticas que los cubanos siguieron en 1959-62 ante la creciente agresión imperialista: la expropiación de toda propiedad multinacional y la formación de un ejército de trabajadores y campesinos. Así fue como la invasión de Playa Girón fue derrotada.
En cambio, Maduro parece estar siguiendo en la guerra (y esto es de lo que estamos hablando) la misma política fallida que siguió en paz: llamamientos a las negociaciones, concesiones a los capitalistas y un lento y constante socavamiento de las conquistas de la revolución. Este es el camino al desastre.
El resultado de esta lucha aún no está decidido. Es un choque entre fuerzas vivas. El imperialismo tiene un plan claro y está avanzando de manera lenta pero segura, implacablemente.
La única manera de derrotarlo es confiar en el pueblo revolucionario, asestar golpes contra la clase dominante y hacer un llamado claro a los trabajadores y campesinos de todo el continente y más allá para que acudan en ayuda de la revolución bolivariana. Para movilizar la energía revolucionaria de los trabajadores y campesinos, se necesita una política que anteponga sus necesidades: repudiar la deuda externa, expropiar la cadena de distribución de alimentos, entregar la tierra a los campesinos y armarlos para defenderla; y planificar democráticamente la economía bajo el control de trabajadores y campesinos para satisfacer las necesidades de la gente. Esta es la línea por la que los compañeros de la Corriente Marxista, Lucha de Clases, están agitando en Venezuela.
La Corriente Marxista Internacional se opone completamente a este golpe imperialista y estamos movilizando nuestras modestas fuerzas a nivel internacional para construir un poderoso movimiento de solidaridad contra él.
Jorge Martin (CMI)
31 enero, 2019
* El 2 de febrero el general de Aviación Yáñez Rodríguez lanzó un vídeo en el que reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, siendo éste el único pronunciamiento en este sentido por parte de un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta el momento. [Nota de CSM]
viernes, 8 de febrero de 2019
Los “cambios de régimen” propiciados por Estados Unidos: Antecedentes históricos

Intervención en Venezuela
Mientras Estados Unidos procura por todos los medios derrocar al gobierno democrático e independiente de Venezuela, las consecuencias a corto, medio y largo plazo de los golpes de Estado que propició en el pasado son contradictorias.
En este artículo, nos proponemos examinar las consecuencias y el impacto de las intervenciones de EE.UU. en Venezuela a lo largo del último medio siglo para posteriormente pasar a analizar el fracaso y el éxito de los “cambios de régimen” impulsados por Estados Unidos en toda América Latina y el Caribe.
Venezuela: Resultados y perspectivas 1950-2019
Durante la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a través del Pentágono y de la CIA, aupó al poder a regímenes clientelares autoritarios en Venezuela, Cuba, Perú, Chile, Guatemala, Brasil y otros países.
En el caso de Venezuela, Estados Unidos apoyó una dictadura de casi una década (la de Pérez Jiménez), entre 1951 y 1958. Esta fue sustituida por una coalición de centro-izquierda un breve periodo de tiempo. Posteriormente, EE.UU. reestructuró su política para promover regímenes democristianos y socialdemócratas de centro-derecha, que gobernaron en alternancia durante casi cuarenta años.
En los años noventa, los regímenes clientelares de EE.UU., acorralados por la corrupción y profundas crisis socioeconómicas, fueron apartados del poder y dieron paso a un gobierno independiente y antiimperialista dirigido por Hugo Chávez.
La elección libre y democrática del presidente Chávez derrotó varios intentos de “cambio de régimen” dirigidos desde Estados Unidos a lo largo de las siguientes dos décadas.
Tras la elección de Nicolás Maduro como presidente, Washington organizó la maquinaria política para impulsar un nuevo cambio de régimen. EE.UU. ha lanzado a todo gas un golpe de Estado en el invierno de 2019.
El historial de las intervenciones estadounidenses en Venezuela es variado: un golpe de Estado que duró menos de una década; regímenes electorales pro-EE.UU. durante cuarenta años que fueron reemplazados por un gobierno populista y antiimperialista nacido de las urnas, que ha mantenido el poder casi veinte años. Hasta llegar al despiadado golpe de Estado dirigido por Estados Unidos activo en estos momentos.
La experiencia de “cambio de régimen” venezolana nos permite entender la capacidad estadounidense para conseguir el control a largo plazo reorganizando su base de poder de una dictadura militar a un régimen electoral, financiado mediante el expolio petrolero, con el respaldo de un ejército de confianza y “legitimado” por la alternancia de partidos políticos vasallos que acepten su sumisión a Washington.
Los regímenes clientelares de EE.UU. están gobernados por élites oligárquicas, con escasa capacidad empresarial, que viven de las rentas estatales (petroleras). Al tener una estrecha relación con EE.UU., las élites gobernantes no son capaces de conseguir la lealtad del pueblo. Por dicha razón, los regímenes clientelares dependen de la fuerza militar del Pentágono para conservar el poder, pero esa es precisamente su mayor debilidad.
El cambio de régimen bajo una perspectiva histórica y regional
La imposición de gobiernos títeres es un objetivo estratégico primordial del Estado imperial. Los resultados varían a lo largo del tiempo en función de la capacidad que tengan gobiernos alternativos independientes para la construcción nacional.
Esos gobiernos-títere tienen más éxito en naciones pequeñas con una economía vulnerable. El golpe de Estado de Guatemala ha durado más de sesenta años, de 1954 a 2019. En este país, las principales insurgencias indígenas han sido reprimidas gracias a los asesores militares y la cooperación estadounidense.
Otros gobiernos-títere que han tenido un éxito similar son los de Panamá, Granada, República Dominicana y Haití. Cuando se es pobre y pequeño y se tiene un ejército débil, Estados Unidos no tiene ningún problema en invadir y ocupar directamente el país, con un reducido coste económico y en bajas militares.
En los países mencionados, Estados Unidos consiguió imponer y mantener regímenes títere durante largos periodos de tiempo.
Los resultados de los golpes de Estado dirigidos por Estados Unidos en el último medio siglo han sido contradictorios.
En el caso de Honduras, el Pentágono consiguió derribar un gobierno liberal-democrático progresista de muy corta duración. El ejército de Honduras estaba bajo dirección de EE.UU. y el elegido presidente Manuel Zelaya dependía de una mayoría popular de electores sin acceso a las armas. Tras el triunfo del golpe de Estado, el régimen títere de Honduras ha permanecido bajo tutela de Estados Unidos durante una década y probablemente lo seguirá estando.
Chile ha permanecido también bajo el tutelaje de Estados Unidos durante la mayor parte del siglo XX, salvo el breve respiro que le supuso el gobierno del Frente Popular, entre 1937 y 1941, y el gobierno socialista democrático de Salvador Allende, entre 1970 y 1973. El golpe de Estado orquestado por EE.UU. en 1973 impuso la dictadura de Pinochet, que duró 27 años. La siguió un régimen electoral que continuó la agenda neoliberal de Pinochet-Estados Unidos, que incluía el desmantelamiento de todas las reformas nacionales y sociales del gobierno popular de Allende. En resumen, Chile ha permanecido dentro de la órbita política de EE.UU. durante la mayor parte del último medio siglo.
El régimen socialista democrático de Allende nunca dio armas al pueblo ni estableció relaciones económicas en el extranjero capaces de sostener una política exterior independiente. No sorprende que estos días Chile haya seguido el llamamiento de Trump para derribar al presidente venezolano Maduro.
Los resultados contrapuestos de los regímenes títere
Algunos de los golpes de Estado orquestados por EE.UU. fueron derrotados antes o después.
El clásico ejemplo que ilustra la derrota de un régimen clientelar es el de Cuba, que logró derribar la dictadura de casi diez años de Batista y ha conseguido resistir una invasión directa organizada por la CIA y un bloqueo económico durante el último medio siglo (hasta nuestros días).
Cuba fue capaz de derrotar la política restauracionista gracias a la decisión de Fidel Castro de armar al pueblo, expropiar y tomar el control de las multinacionales hostiles de Estados Unidos y establecer aliados estratégicos en el exterior: la URSS, China y, mucho después, Venezuela.
Por el contrario el golpe de Estado respaldado por el ejército estadounidense en Brasil (1964) mantuvo el poder más de veinte años, hasta que se restauró parcialmente la política electoral bajo la dirección de las élites.
Dos décadas de programas económicos neoliberales fallidos propiciaron la elección de los reformistas sociales del Partido del Trabajo (PT), que comenzó a poner en marcha grandes programas para combatir la pobreza encuadrados en el contexto de políticas neoliberales.
Tras década y media de reformas sociales y una política exterior relativamente independiente, el PT sucumbió ante la recesión de una economía dependiente de las materias primas y ante unos estamentos hostiles (la judicatura y el ejército, concretamente) y fue reemplazado por un par de regímenes clientelares de extrema derecha que han funcionado bajo la dirección de Wall Street y del Pentágono.
Estados Unidos ha intervenido con frecuencia en Bolivia, apoyando golpes militares y regímenes clientelares y en contra de regímenes nacional-populistas (1954, 1970 y 2001). En 2005, un levantamiento popular dio paso a elecciones libres que llevaron al poder a Evo Morales, líder de los movimientos cocaleros. Entre 2005 y el momento actual, el presidente Morales ha dirigido un gobierno moderado de centro-izquierda y antiimperialista.
El fracaso de las iniciativas estadounidenses para derribar a Morales es consecuencia de diversos factores: Morales organizó y movilizó una coalición de campesinos y obreros (especialmente mineros y cocaleros). Se ganó la lealtad del ejército, expulsó a las “agencias de cooperación” que actuaban como caballo de Troya, amplió el control sobre los hidrocarburos y promovió los vínculos con la agroindustria.
La combinación de una política exterior independiente, una economía mixta, alto crecimiento y reformas moderadas neutralizó los intentos estadounidenses por derribar su gobierno.
No es ese el caso de Argentina. Tras el sangriento golpe de Estado de 1976, en el que el ejército respaldado por EE.UU. asesinó a 30.000 ciudadanos, el ejército fue derrotado por la Arma da Británica en la guerra de las Malvinas y se retiró después de siete años en el poder.
El régimen títere nacido tras el de los militares gobernó y saqueó el país durante casi una década antes de hundirse en 2001 a causa de una insurrección popular. Sin embargo, la izquierda radical, carente de cohesión, fue reemplazada por gobiernos de centro izquierda (Kirchner-Fernández) durante alrededor de una década (2003-2015).
Los regímenes neoliberales del bienestar entraron en crisis y fueron reemplazados en 2015 por otro régimen títere de Washington encabezado por Macri, que procedió a revertir las reformas, privatizar la economía y subordinar el Estado a los banqueros y especuladores estadounidenses.
Tras dos años en el poder, el gobierno títere se tambaleó, la economía entró en una espiral descendente y comenzó otro ciclo de represión y protestas populares. La debilidad del gobierno lanzó a la gente a la calle mientras el Pentágono afila sus cuchillos y prepara nuevos títeres para reemplazar al actual régimen clientelar.
Conclusión
Estados Unidos no ha podido consolidar los cambios de régimen en aquellos países grandes que cuentan con organizaciones de masas y un ejército leal. Sí lo ha conseguido en regímenes nacional-populares como Brasil y Argentina. Pero, con el tiempo, los gobiernos títere han sido derrotados.
Así como Estados Unidos recurre a una única “vía” (golpes militares e invasiones) para aplastar a los gobiernos populares pequeños y más vulnerables, utiliza una estrategia de “múltiples vías” con los grandes países poderosos.
Por lo general, en el primer caso es suficiente una llamada al ejército o el envío de los marines para acabar con una democracia electoral. En el caso de países poderosos, EE.UU. utiliza una estrategia de múltiples agentes que incluye el bombardeo propagandístico en los medios de comunicación y, catalogar a demócratas como dictadores, extremistas, corruptos, amenaza para la seguridad, etc.
Cuando la tensión aumenta, los clientes regionales y los estados europeos se organizan para apoyar a los títeres locales.
El presidente de EE.UU., cuyo dedo índice vale tanto como el voto de millones de electores, corona a presidentes impostores. Las manifestaciones en la calle y la violencia organizada y pagada por la CIA desestabilizan la economía; las élites empresariales boicotean y paralizan la producción y la distribución. Se gastan millones en sobornar a jueces y altos oficiales del ejército. Si el cambio de régimen puede lograrse a través de sátrapas militares locales, Estados Unidos evita la intervención militar directa.
Los cambios de régimen en los países más grandes y más ricos duran entre una y dos décadas. Sin embargo, el cambio a un régimen electoral títere puede consolidar el poder imperial durante un periodo más prolongado, como fue el caso de Chile.
Cuando el régimen democrático tiene un fuerte apoyo popular, Estados Unidos proporciona la asistencia ideológica y militar para una masacre a gran escala, como ocurrió en Argentina.
La próxima confrontación en Venezuela será un caso de cambio de régimen sangriento, pues Estados Unidos tendrá que asesinar a cientos de miles y derrotar a los millones de personas comprometidas con los avances sociales, con su lealtad a la nación y con su dignidad.
Por el contrario, la burguesía y los traidores políticos que la siguen buscarán venganza y recurrirán a las más infames formas de violencia para despojar a los pobres de sus avances sociales y sus recuerdos de libertad y dignidad.
No debe sorprender que el pueblo venezolano se esté preparando para una lucha prolongada y decisiva: se lo juegan todo en esta confrontación final con el imperio y sus títeres.
James Petras
Rebelión
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
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