La estrategia del Partido Comunista del Uruguay entre 1968-1973

Introducción

El período 1968-1973 ha sido objeto de numerosos estudios, pues concentra sucesos claves para el campo popular y la vida nacional, enmarcada en una coyuntura particularmente aguda a nivel internacional. Estos años estuvieron sacudidos por crisis económicas, políticas y sociales como producto de la gran crisis de posguerra, que ponía fin al pretendido período dorado del siglo pasado, conocido como los “treinta años gloriosos” que se inician a partir de 1945.
El estallido revolucionario del convulsivo año 1968 expresó la gran crisis mundial que se iniciaba, marcando un hito en la historia moderna porque tuvo una dimensión de características globales (Rieznik, 2009). En enero fue el comienzo de la ofensiva del Tet, que arrinconó en Vietnam a las tropas invasoras, dando un golpe decisivo a pesar de sus objetivos inmediatos. En Estados Unidos, el impacto de este hecho fue enorme, donde se había desarrollado un enorme movimiento contra la guerra, liquidando la reelección del entonces presidente Lyndon Johnson, y golpeó el corazón del régimen político norteamericano sacudido por dos “magnicidios”: el de Martin Luther King en abril y el de Robert Kennedy algunos meses después. El Mayo francés se inscribe en este cuadro, donde el levantamiento juvenil fue la chispa que encendió la más importante huelga general del proletariado de ese país en su historia, que paralizó Francia durante un mes. En agosto de este mismo año, por un nuevo estallido, pero en el este europeo: cinco mil tanques rusos y doscientos mil soldados invadían Checoslovaquia para aplastar la llamada “Primavera de Praga”, momento clave en las rebeliones que sacudían el territorio dominado por el stanilismo y sus gobiernos títeres de Europa Oriental. La clase obrera del este europeo se rebelaba contra los usurpadores que decían gobernar en su nombre. En nuestro continente, la policía y el ejército mexicano reprimen a sangre y fuego una masiva concentración estudiantil, asesinando a centenas de estudiantes en la conocida masacre de Tlatelolco. Más al sur, en Brasil, el estudiantado se levantaba contra la dictadura en masivas ocupaciones y movilizaciones; en Argentina comenzaban las huelgas que terminarían en el Cordobazo.
En las huelgas, en las plazas y en las calles se aprecia el escenario común de un final de época: la quiebra de los equilibrios políticos y económicos armados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que habían sido negociados por las potencias económicas victoriosas y la URSS, gobernada por el régimen de Stalin. El período abierto en 1968 se extiende hasta principio de los emblemáticos años setenta.
En este contexto, los partidos comunistas a nivel internacional ingresan a este período marcados por el proceso de debates iniciados con el ascenso de Kruschev -y luego Breznev- y la llamada “desestanilización” en la URSS a partir del XX Congreso del año 1956. Braz (2006) afirma que en la década del ‘60 el PCUS perdió su condición de ejercer total supremacía sobre los rumbos del movimiento comunista-stalinista internacional, asistiendo al final de la década a su pulverización y fragmentación. La cuestión de la estrategia revolucionaria fue objeto central de varias perspectivas -al interior y exterior del movimiento comunista-stalinista-, enfrentando variantes insurreccionales y reformistas.
El presente trabajo se divide en dos secciones: en la primera sección se abordan algunos antecedentes específicos de la estrategia de los partidos comunistas, en particular lo que luego se denominó como eurocomunismo, que emergió durante la década de los sesenta y setenta, que significa el abandono hasta formal del leninismo y de la concepción de la dictadura del proletariado, adaptándose cada PC no en forma incondicional a la política de la burocracia del Kremlin, sino también a las necesidades de la burguesía de cada país. Se puede tomar como antecedente los planteos reformistas y oportunistas de la II Internacional de principios del siglo XX y, lógicamente, de la III Internacional bajo el comando de Stalin en la década de los treinta; a continuación se repasan los ejes que hacen al planteo sobre la naturaleza de la revolución en América Latina y Uruguay formulada por el PCU en los sesenta, en especial la caracterización del capitalismo local como dependiente, atrasado y con rasgos semifeudales, constreñido por el peso de los monopolios extranjeros y la oligarquía terrateniente, y las razones por las cuales planteó la necesidad de una revolución “democrático-burguesa, agraria y antiimperialista”, es decir, una revolución por etapas. En la segunda sección se analiza la táctica del PCU en las huelgas de 1968-69 frente a las Medidas Prontas de Seguridad, la política hacia las elecciones de 1971 y su posición frente a los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, que dan cuenta del planteo estratégico de fondo que se sostuvo en este período en su convocatoria a formar acuerdos con sectores de la burguesía nacional.

La “vía democrática” al socialismo

En las décadas de los ‘60 y ‘70 emergieron, con cierta fuerza, los planteos dentro de los partidos comunistas sobre la renuncia a la revolución y el desarrollo de las “vías democráticas” al socialismo, entre cuyos principales impulsores se encontraba el Partido Comunista italiano -pero que luego integraron el PC español y PC francés- y la aparición del gobierno de Allende como referencia ineludible de esta vía. De este modo, en medio de convulsiones sociales y políticas de enorme envergadura, emergió el llamado eurocomunismo, que colocaba como estrategia política central la ampliación de las alianzas de clase con la burguesía nacional y la cuestión electoral-parlamentaria como tarea fundamental de la etapa. Las reformas serían presentadas como momentos políticos que promoverían avances graduales y permitirían la acumulación de fuerzas sociales, necesarias para la construcción del proceso de cambio revolucionario. La vía insurreccional para la revolución social y la conquista del poder de la clase obrera era reemplazada directamente por victorias parciales en el parlamento, en gobiernos municipales, nacionales y la institucionalidad burguesa. La inserción gradual en el Estado burgués permitiría la conquista de la hegemonía del conjunto de la sociedad, incluyendo las organizaciones políticas de la sociedad civil. De este modo: “La transición hacia el socialismo suponía, entonces, la conjunción de estrategias que, al adecuarse a la realidad nacional, articularían alianzas en la sociedad que permitirían la acumulación de conquistas sociales, vía reformas permanentes y progresivas, a fin de tornar la revolución en un proceso histórico que se desarrollaría en la vida nacional hasta la conquista de la hegemonía pactada entre diversas fuerzas sociales, sobre el comando del partido. Tal hegemonía sería conquistada por un proceso de democratización profunda de la sociedad que posibilitaría al proletariado tornarse, por del partido, dirigente del proceso revolucionario, a través del control del Estado. La vía hacia el socialismo, según las ideas de los eurocomunistas, se daría por medios pacíficos y democráticos” (Braz, 2006:282).
Según Mandel (1978), la orientación política del eurocomunismo con centro en la alianza de la clase obrera con la burguesía nacional y la estrategia parlamentaria tienen sus raíces históricas en el viraje dado por la Tercera Internacional en su séptimo Congreso de 1935, en torno de las definiciones sobre el Frente Popular, cuya función política se manifestó en las alianzas de los PC’s con la socialdemocracias y con la burguesía liberal en los Frentes Populares de España y Francia como recurso para impedir la insurrección proletaria. En este sentido, la noción directriz de fondo del Frente Popular que retoma el eurocomunismo era la colaboración entre las clases “progresistas” contra las clases reaccionarias en los marcos de la defensa de las instituciones del Estado, en el supuesto de que tales instituciones cambiarían su contenido particular de clase. La conquista de espacios estatales podría permitir que aumente el peso y poder de las masas en la democratización y gestión del Estado, desenvolviendo reformas estructurales que transformarían por etapas la naturaleza del régimen capitalista a través de la conquista de mayorías parlamentarias. En este aspecto, el eurocomunismo retoma las tesis de Kautsky en torno de una transformación gradual del capitalismo, a partir de la realidad nacional de las relaciones capitalistas. Renunciando a un abordaje de lucha internacionalista, se hace centro en las estrategias de orden nacional. Se trata de la tesis etapista -retomada por el stalinismo-, en la cual se concibe el proceso revolucionario como la articulación previa de fuerzas que actúen por la modificación progresiva del capitalismo hasta el momento en que se reúnan las condiciones para tomar el poder. Para Mandel, buena parte de estos contenidos son una vuelta a la socialdemocracia reformista de 1914-1929, convirtiendo a los PC’s en un elemento de estabilización del “orden burgués en el Estado capitalista”, porque buscaban asegurar la bases para la suavización de la lucha de clases del movimiento obrero hacia una salida en los marcos de institucionalidad. La tentativa de edificar sociedades nacionales democráticas y pacifistas sugería un tipo de socialismo (democrático) nacional que rehabilitaba la tesis del “socialismo en un solo país” de Stalin.
En América Latina, el marxismo tuvo que confrontar como problema principal la definición del carácter de la revolución en el continente -que resultaba del análisis de las formaciones sociales latinoamericanas y el punto de partida para definir estrategias y tácticas políticas (Lowy, 2007). Cuestiones políticas fundamentales como las alianzas de clase, los métodos de lucha, las etapas de la revolución se deducen de la caracterización central de la naturaleza de la revolución. Entre 1930-1959 existe en América Latina una hegemonía de la interpretación stalinista consistente en la teoría de la revolución por etapas, definiendo la etapa como nacional-democrática.
Esta caracterización, que predominó en los PC’s latinoamericanos, llega a una conclusión central: las condiciones económicas y sociales en América Latina no están lo suficientemente maduras para una revolución socialista, siendo el objetivo concretar una etapa histórica democrática y de desarrollo del capitalismo nacional, superando los resabios “feudales”. Por ello, en los países atrasados, la revolución no era la proletaria, sino una revolución “intermedia”, ni burguesa ni proletaria, que en nuestro continente era llamada “revolución agraria y antiimperialista” o democrático-burguesa. Para llevar adelante esta conclusión, el objetivo era conformar la alianza del proletariado con la pequeña burguesía y la burguesía nacional progresista contra el imperialismo norteamericano y los terratenientes, sus socios burgueses nacionales. En la década de los sesenta, diversos autores como Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, Aníbal Quijano, Luis Vitale o Rodolfo Stavenhagen cuestionaron la teoría del feudalismo latinoamericano, caracterizando la estructura colonial histórica y la estructura agraria presente como esencialmente capitalistas. Criticaron también el concepto de “burguesía nacional progresista” y la perspectiva de un desarrollo capitalista independiente en los distintos países latinoamericanos, señalando que esta burguesía “raquítica” era incapaz de llevar adelante las tareas nacionales pendientes. Para ellos, el atraso económico no estaba dado por los resabios feudales ni en obstáculos precapitalistas, sino en el propio carácter del desarrollo capitalista dependiente en América Latina. Esta premisa señalaba una conclusión determinante y opuesta a la formulada por los PC’s latinoamericanos: la imposibilidad del camino “nacional-democrático” y del papel revolucionario de un sector de la burguesía nacional para el desarrollo social en América Latina y la necesidad de una revolución dirigida por la clase obrera que rompiera con la dependencia y el subdesarrollo, y se uniera al torrente de la revolución socialista mundial.

El carácter de la revolución en Uruguay: alianza de clases y parlamentarismo

En Uruguay, la tesis del carácter feudal o semifeudal de la economía colonial de América Latina y de sus resabios fue sostenida por el PC del Uruguay (PCU) en la pluma de su secretario general, Rodney Arismendi. En un breve ensayo, La economía feudal en América Latina, de 1962, señala que los rasgos esenciales de la sobrevivencia feudal son el régimen latifundista de la propiedad de la tierra y la supeditación de la economía colonial a la economía metropolitana. Para Arismendi, el imperialismo subordina a las economías de origen colonial desencadenando un desarrollo capitalista deformante, bloqueando la transición del feudalismo o semifeudalismo colonial al capitalismo, que se materializa sobre la base de mantener “el latifundio de cara al mercado exterior, para adaptarse luego, a través de la exportación de capitales, de la extensión de la vías férreas, de la navegación, como factor condicionado y condicionante del pasaje del capitalismo a su fase imperialista” (Arismendi, 1962). El resultado es la imposibilidad de un poderoso desarrollo del mercado interno y del capitalismo nacional (proletariado y burguesía nacional).
Esta visión nacional de la necesidad de un desarrollo capitalista independiente, de las tareas de la etapa y alianza de clase se encuentra expresada en la “Declaración Programática de 1958”, aprobada por el XVII Congreso del PCU. Las premisas estratégicas establecidas en este documento se verán, luego, en la actuación del PCU durante los sucesos que van del 1968-1973. La declaración comienza afirmando que con sus “riquezas naturales, el Uruguay podría construir una economía independiente y desarrollada y asegurar una vida feliz, de bienestar material y cultural, incluso a una población varias veces mayor que actualmente lo habita”, sin embargo, estas posibilidades contrastan con “el atraso de la economía, el lento desarrollo social y cultural y los sufrimientos de los trabajadores y el pueblo”, cuya causa es “la apropiación de los principales medios de producción por los monopolios extranjeros y una minoría privilegiada de grandes explotadores: latifundista y grandes capitalistas; ello les permite apoderarse de los frutos del trabajo nacional, trabar el progreso, condenar a los obreros a una dura explotación y hacer vegetar a las masas populares en una vida sin horizontes”. La “Declaración” identifica la dependencia de Uruguay en la penetración de los capitales monopolistas extranjeros, especialmente, los norteamericanos, que controlan los grandes frigoríficos, bancos, fábricas textiles, metalúrgicas, transporte de ultramar, medios de comunicación, etc. La dependencia se expresa también en la deuda externa como medio de dominación y saqueo, sustrayendo al país millones de dólares que se fugan por la vía de los beneficios de las empresas, y de los intereses y amortizaciones de la deuda. El imperialismo se apoya -según la Declaración-, en la escena nacional, en los grandes terratenientes y grandes capitalistas, que son “sus agentes y cómplices” en la explotación del pueblo uruguayo. Sin embargo, el documento establece que a raíz de la crisis económica y la política norteamericana se produce una diferenciación en la gran burguesía en dos capas: “Una, de grandes capitalistas vendidos en cuerpo y alma al imperialismo norteamericano (...) la otra, está formada por grandes burgueses, que tienen sus capitales invertidos principalmente en la industria nacional y se ven golpeados por los intereses de la política expoliadora norteamericana”. En consecuencia, una de las tareas fundamentales de la etapa consistía en la ampliación de la alianza de clases, que debía incluir a la gran burguesía nacional, “que se ven golpeados por el capital norteamericano”.
El resumen del planteo etapista de la revolución democrático-burguesa para Uruguay es formulado en los siguientes términos “La contradicción principal de la estructura económico social del Uruguay es la contradicción entre las fuerzas productivas que pugnan por desarrollarse y las relaciones de producción, basadas en la dependencia del imperialismo y el monopolio de la tierra, que frenan ese desarrollo. Ella se expresa también en la contradicción entre el imperialismo, los latifundistas y los grandes capitalistas antinacionales, y todo el pueblo uruguayo, los obreros, agricultores y ganaderos pequeños y medios, los intelectuales y estudiantes, los empleados del Estado y privados, los jubilados y pensionistas, los artesanos y pequeños comerciantes, y la burguesía nacional” (pág. 15). La revolución “agraria y antiimperialista” abriría paso a un amplio desarrollo de las fuerzas productivas en el marco capitalista, recién después sería posible la revolución socialista. La lucha de la etapa era la conformación, en base a esta correlación de fuerzas de clase, de un “gobierno democrático de liberación nacional” que llevaría adelante la primera etapa histórica, siempre garantizando la propiedad privada: “la propiedad de los industriales y comerciantes nacionales (léase gran burguesía conciliadora) y de los campesinos y arrendatarios no latifundistas que no conspiren contra el poder popular, será respetada y defendida por la ley” (pág. 16). Finalmente, la “Declaración Programática” establece la “vía uruguaya” de la revolución, señalando que aunque una revolución social no puede hacerse de manera “gradual, evolucionista, reformista (...) Ello no significa, sin embargo, que sea obligatoria la vía de la guerra civil”, sino que “es posible conquistar el poder político por vías pacíficas y convertir al parlamento en un auténtico órgano ejecutor de la voluntad popular” (pág. 17).
El PCU entraría a la década del ‘60 con la orientación de ganarse a un sector de la gran burguesía nacional a una revolución “agraria y antiimperialista” y privilegiando la estrategia parlamentaria como una vía pacífica para el cumplimiento de estas tareas históricas, mediante la táctica de la unidad política de la izquierda con las fuerzas políticas ‘progresistas’ en un Frente Popular -es decir, de la clase obrera con la burguesía local.

De las huelgas del ‘68 a las elecciones del ‘71

Desde mediados de la década del ‘50 comenzó en Uruguay una aguda crisis económica. Desde 1957 crece la inflación, el salario real comienza a caer aceleradamente, se produce un descenso y estancamiento del PBI. Se trató de la crisis del denominado modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. El impasse de la economía y el descontento popular se reflejó en las urnas con el triunfo del Partido Nacional en 1958, luego de 94 años de gobiernos colorados. La crisis se agudizará durante los ocho años siguientes del gobierno blanco, potenciando la movilización de las masas. Hacia mediados de la década, en 1966, se produce la unificación del movimiento sindical uruguayo en la Central Nacional de Trabajadores (CNT). La inestabilidad política del régimen y el ascenso de las luchas populares unifican a los distintos sectores de la burguesía internacional y nacional detrás de una perspectiva de un gobierno de “mano dura” contra los trabajadores. En este cuadro, en 1967 se aprueba una nueva constitución de características represivas (y presidencialista) y, a fines de ese año, asume Pacheco Areco como presidente.
La orientación política que el PCU desarrolló en los convulsivos años del gobierno de Pacheco Areco es significativa en tanto muestra su rol e intervención en un período de fuerte crisis social y política.
El ‘Pachecato’ se caracterizó por una consolidación del método autoritario por el cual el gobierno atacó las condiciones de vida del movimiento obrero y popular, y cercenó las libertades democráticas, de expresión y de reunión mediante las Medidas Prontas de Seguridad. La represión y asesinato de manifestantes, la persecución política mediante detenciones, la clausura de diarios, la ilegalización de organizaciones y partidos de izquierda, las detenciones arbitrarias, los despidos, destituciones y militarizaciones de huelgas fueron moneda corriente durante este período, que tuvo sus puntos más álgidos en 1968 y ‘69. La política represiva de Pacheco contra el movimiento obrero tenía como objetivo garantizar la política de congelamiento salarial, en medio de una inflación galopante, que redujo brutalmente las condiciones de vida de los trabajadores en beneficio del capital financiero.
En estas condiciones se produce un fenomenal ascenso de las luchas obreras entre junio del ‘68 hasta finales del ‘69: ocupaciones de fábricas, huelgas indefinidas en diversos sindicatos, combates callejeros y en oportunidad del velatorio del estudiante comunista Líber Arce, la manifestación más grande de la historia; casi media población montevideana. En abril del ‘69 se desata la huelga indefinida de los obreros frigoríficos que dura cuatro meses. En junio, un paro general nacional de la CNT reclama la solución a los conflictos, reposición de los destituidos, ajuste de los salarios al costo de vida, y en lo sucesivo se desatan huelgas en la mayoría de los sindicatos (Agrupación de Funcionario de UTE -Aute-, la Asociación de Bancarios, los municipales, gráficos, periodistas, etc.). El Poder Ejecutivo recrudece la represión, encarcelando a más de 800 militantes sindicales, estudiantiles y políticos, despliega la movilización militar en UTE, Ancap, OSE y Telecomunicaciones, y clausura nuevos diarios. Según Héctor Rodríguez -integrante del Congreso Obrero Textil (COT)-, éste no hizo retroceder a la clase obrera, desde las bases sindicales sólo llegaban reclamos de medidas de lucha. La COT propone, el 25 de junio, que se declare la huelga general indefinida de la CNT; el Secretariado primero y la Mesa Representativa luego -con mayoría del PCU- votan en contra de esta propuesta.
En este marco, la polémica que se desarrolló en seno del movimiento sindical en la reciente conformada CNT, sobre la táctica que el potente movimiento obrero organizado de la época debía desenvolver frente al avance autoritario, dejó de manifiesto la existencia de dos posiciones divergentes. El debate giró en torno de la necesidad de dar una respuesta de conjunto mediante la aplicación de una huelga general de todo el movimiento sindical para quebrar la política de Pacheco. La corriente mayoritaria de la dirección de la CNT vinculada con el PCU se opuso a esta propuesta defendiendo la línea de avanzar con un plan de acciones concretas que evitara un desenlace definitivo y frontal contra el gobierno.
El dirigente sindical del Sunca y del PCU, Mario Acosta, lo coloca en estos términos: “La situación del país es tan tensa y las disyuntivas económicas están tan cerradas dentro de los actuales carriles, que en cierta medida es cuestión de vida o muerte para la oligarquía el imponer esa política (...) En tal situación, que el contendiente relativamente más débil acepte ir a una batalla decisiva, es suicida”. Y continúa, “el movimiento obrero y popular, en vez de embretarse en un choque frontal con un gobierno que evidentemente está dispuesto a pagar un alto precio político por la aplicación rígida de su línea y que seguía controlando las fuerzas estatales, debía zafar del cepo y hallar otra salida”.
En el primer Congreso de la CNT, realizado en mayo de 1969, se cristaliza en varios documentos presentados por sindicatos y por dirigentes sindicales, una crítica al accionar de la mayoría de la dirección de la Central, reprochándole el llevar adelante una táctica de contención del real potencial que podía adquirir la movilización popular.
El informe al primer Congreso de la Asociación de Bancarios del Uruguay de mayo de 1969 dice: “La táctica desarrollada, en muchos de sus aspectos por la forma de su aplicación, no ‘desgastó al enemigo’ tanto como a los mismos sindicatos en su aplicación (...) En nuestro criterio, la preocupación de no agravar la situación política desembocó en la aplicación de una táctica que fue oscilando de la inefectividad al quietismo”.
Por su parte, Héctor Rodríguez va más allá en la crítica, manifestando que el fundamento de la táctica que se oponía a la huelga general buscaba evitar la confrontación directa con el gobierno, aduciendo que no existían condiciones en el movimiento obrero para tal acción. Dirigiendo la salida a la crisis hacía una “salida política” que se manifestaría en las elecciones de 1971. Para realizar esta afirmación, Héctor Rodríguez se apoya en un artículo publicado en El Popular, el 30 de enero de 1970, por el senador del PCU, Enrique Rodríguez, que, en referencia a la táctica desarrollada, afirma: “Si esta táctica fue justa, si ella condujo no a una confrontación total prematura sino a lograr el desgaste del enemigo, empujándolo a que se enrede en sus contradicciones inevitables, mientras el pueblo mantiene en lo esencial su prestancia combativa, el resultado de esa táctica debe expresarse con cierta claridad, ahora cuando se abre lo que llamaríamos ‘la salida política’. Dicho de otro modo, ¿la táctica empleada cumplió el papel de crear unas mejores condiciones para que el pueblo actúe en el período político que ahora se acerca? De alguna manera, ése era uno de los fundamentos de la conducta asumida ante las ‘medidas’. Y bien: puede dudarse que también en este terreno -el estrictamente político electoral- los resultados de la táctica empleada rendirán sin falta frutos maduros, nosotros no lo dudamos”.
De este modo, para el PCU, la discusión sobre la táctica a utilizar por el movimiento sindical para enfrentar al gobierno estaba subordinada a la conformación de una alternativa electoral para las elecciones de 1971, de ahí el rechazo a la posición de que la CNT descartara la huelga general para quebrar al gobierno de Pacheco. Se estaba en vísperas de la conformación del Frente Amplio, que resultaría de una alianza de los principales partidos con influencia en el movimiento popular -especialmente los partidos Comunista y Socialista- con partidos que representaban sectores de la pequeño burguesía y la burguesía nacional, como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Lista 99. La alternativa del FA era consecuente con los fundamentos de la estrategia del PCU, esbozados en 1958. La alianza policlasista en el terreno de las elecciones que representó el Frente Amplio tenía, según sus promotores, claros objetivos: “Lo electoral es importante en la medida que constituye un medio para hacer realidad un programa. No importa mucho, además, en cuanto represente el único esfuerzo verdadero para evitar en Uruguay una revolución violenta”, declaraba Rodríguez Camusso -que salía del Partido Nacional- en el periódico Marcha, en 1970, para incorporarse luego al FA. La vía gradual y democrática de integración al Estado fue la estrategia definida en sus propios inicios: “El FA será una fuerza política que lucha por el poder para realizar transformaciones por vías democráticas [se trataba de] instrumentar un aparato político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar las vías democráticas a fin de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, realizara las grandes transformaciones por las que el país clama” (Declaración constitutiva del FA, febrero de 1971).
Cuando las elecciones de noviembre de 1971 se acercaban, el debate continuó y se clarificó en el movimiento sindical. En el 2º Congreso de la CNT se volvió a desarrollar la polémica sobre la táctica sindical de los años anteriores. El informe central de la mesa representativa se pronunciaba contra el voto a los partidos tradicionales y señalaba su apoyo al recién creado Frente Amplio de la siguiente forma “las acciones que fuimos capaces de cumplir, los triunfos alcanzados, la unidad lograda han sido los factores que han permitido que hoy el pueblo se una a una expresión política antioligárquica y antiimperialista y que su acceso al poder sea una alternativa concreta y próxima”. En oposición a este informe, once gremios presentaron un documento en minoría, cuestionando la orientación de la mesa, colocando que los conflictos “fueron orientados y dirigidos por la mayoría de la CNT, pero en realidad estuvieron aislados por la mayoría de la dirección”. En el mismo informe se clarifica sobre el rol que debe jugar el movimiento sindical frente a las elecciones, también cuestionando el informe de la mayoría de la mesa de la CNT: “Se plantea claramente en líneas generales una salida política electoral pretendiendo desviar la lucha de los trabajadores y a la vez poner a la CNT al servicio de las elecciones. Debemos tener claro que la lucha sindical no tiene de ninguna manera el límite de un acto electoral”.
De este modo, los once sindicatos criticaban la táctica de la mayoría de la CNT, dominada por el PCU, de imponer un reflujo a las luchas obreras como forma de canalizar el creciente descontento popular hacia el parlamentarismo, ahogando a los sectores más radicalizados del activismo obrero y estudiantil que podrían llegar a conducir a las masas a una situación insurreccional. Así, el PCU afirmaba su pretensión de que por medio del Frente Amplio se realizaría una experiencia de “paso pacífico al socialismo” en base al retroceso de las grandes movilizaciones de masas del ‘68-’69.

“Unidad de civiles y militares”: el PCU frente a los comunicados de febrero de 1973

En las elecciones de 1971 triunfa Bordaberry, del Partido Colorado, con escaso apoyo parlamentario, y continua en los trazos decisivos con lo realizado por Pacheco Areco. En los primeros meses de 1972, la Asamblea General aprueba la suspensión de las garantías individuales y declara el “Estado de Guerra Interna”, dando curso libre a la represión de todos los opositores. En este marco, arremete y derrota al movimiento tupamaro, que en 1970 había alcanzado su mayor envergadura y movilización; asedia y balea la Seccional 20º del Partido Comunista, donde mueren ocho comunistas (Nahum, et. al.; 1997). La carestía sigue en aumento y, durante ese año, se producen diez paros generales de la CNT, sin operar una ofensiva de conjunto por parte del movimiento sindical. En tanto, las Fuerzas Armadas habían asumido la conducción de la lucha “antisubversiva” y comenzado a delinear su propia estrategia política, frente al impasse del régimen político.
En febrero de 1973, la designación, por parte del gobierno de Bordaberry, de Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional desató una crisis institucional. En respuesta a esta designación, el 8 de febrero, el Ejército y la Fuerza Area se acuartelan y salen a las calles con tanques y armados para la guerra, toman canales de televisión y emisoras de radio.
En la ocupación de Canal 5 transmiten un comunicado en el que argumentan su oposición a la designación de Francese que “retrotraería (a las FF.AA.) a la superada época de ser brazo armado de intereses económicos y políticos, de espaldas al cumplimiento de sus misiones específicas de seguridad nacional y a los intereses de la nación” (Alvaro Rico, 2008:717). La Armada se mantuvo fiel a Bordaberry y al día siguiente bloqueó el puerto de Montevideo, atrincherándose en la Ciudad Vieja. Sin éxito para torcer el brazo de los sublevados, Bordaberry terminó aceptando la renuncia de Francese. El 12 de febrero tuvo lugar el llamado pacto de Boizo Lanza, que dio por cerrada la crisis, donde se resolvió la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que tendría como secretario general al general Gregorio Alvarez.
La crisis reveló que las Fuerzas Armadas veían la necesidad de arbitrar en la crisis social y política que se había abierto. Un mes antes, un documento de la Junta de Comandantes en Jefe del 12 de diciembre de 1972 señalaba: “El poder político aspiraría a que las FF.AA. regresen a ‘sus cuarteles’, esto es, a su status tradicional, y que no graviten en la conducción nacional. Los Mandos Militares, compenetrados con la grave situación nacional, de la expectativa popular por las grandes soluciones nacionales y de sus responsabilidades respecto de la seguridad nacional, han decidido gravitar en la conducción nacional”. La pretensión de arbitrar por encima de ‘todo interés sectorial’, de no ser ‘el brazo armado de los grupos económicos’ revela que pretendían regimentar al conjunto de la sociedad, en primer lugar a la clase obrera, para salvaguardar los intereses del Estado y la burguesía.
En el marco del enfrentamiento con Bordaberry, los militares sublevados emiten los comunicados 4 y 7, el 9 y 10 de febrero, respectivamente. Esos documentos presentan las ‘intenciones’ de las Fuerzas Armadas y un programa social, económico y político que incluye una serie de medidas de características presuntamente ‘nacionalistas’. Entre las medidas económicas se encuentran: “eliminar la deuda externa opresiva, mediante la contención de todos aquellos gastos de carácter superfluo; erradicación del desempleo mediante la puesta en ejecución coordinada de planes de desarrollo; redistribución de la tierra; creación, fomento y defensa de nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo de la industria de base; establecer disposiciones que permitan combatir tan eficazmente como sea posible los monopolios, instrumentando medidas que posibiliten la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control público de los medios de producción. En relación con el movimiento obrero se plantea una política de regimentación: mantener a las FF.AA. al margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad, a poner en peligro la seguridad; proceder en todo momento de manera tal, de consolidar los ideales democrático-republicanos en el seno de toda la población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida” (Comunicado 4).
A través de estos comunicados, las Fuerzas Armadas lograron crear expectativas en la izquierda y amplios sectores del movimiento obrero respecto de la existencia de grupos progresistas o peruanistas dentro de las Fuerzas Armadas -que se oponían a los brasileñistas de derecha. En la visión del PCU, la situación del país confrontaba dos bloques: la oligarquía -compuesta por el imperialismo, los terratenientes y la gran burguesía compradora- y el pueblo -compuesto por trabajadores, jubilados, estudiantes, pequeños productores y la gran burguesía nacional progresista. El programa de este sector de las Fuerzas Armadas, expresados en los comunicados 4 y 7, venía a colocarse dentro de las fuerzas progresistas de la sociedad -es decir, del lado del pueblo. Por ello, el PCU planteará la “unión de los orientales honestos” y que la contradicción no es “militares-civiles”, sino “oligarquía-pueblo”, llamando a las Fuerzas Armadas a converger con el pueblo contra la oligarquía, bajo el planteo de “Fuera Bordaberry”.
En El Popular del 9 de febrero, el PCU fija su posición: “¿Por qué nos parece, en general, positivo el documento de las Fuerzas Armadas? (...)” y responden señalando su apoyo a las medidas económicas planteadas en los comunicados, aunque aconsejan a las Fuerzas Armadas sobre el “error” de considerar a los marxistas-leninistas contrarios a los ideales democrático-republicanos que señala el último punto del comunicado. Para el PCU: “Se trata de un evidente error, que incluso contradice el resto del documento que podría llevar a confusión a gran parte de los trabajadores que se sentirían discriminados, en perjuicio de la mejor compresión de los objetivos de las Fuerzas Armadas, restringiendo su repercusión en las masas (...) El marxismo-leninismo no es incompatible con los ideales democráticos y republicanos ni con nuestro estilo de vida”. Finalmente, afirman que “los marxistas-leninistas, los comunistas, integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas por las FF.AA., como salidas inmediatas para la situación que vive la república y por cierto no incompatibles con la ideología de la clase obrera (...) se necesita el esfuerzo de todos los orientales honestos, sin distinción de civiles y de militares con la única determinación de ser patriotas de creer en el PUEBLO”.
De este modo, la crisis de febrero puso en evidencia la estrategia del PCU de querer colocar en la dirección de una revolución “agraria y antiimperialista” a un sector del aparato represivo del Estado burgués, como el ejército. Es decir, con su conducta, el PCU apostó a una supuesta variante peruanista del golpe, desarmando políticamente a la clase obrera y obstaculizando su intervención independiente en la crisis abierta.
Se reveló la ilusión de que los militares, como parte esencial de la alianza de la clase obrera con la burguesía nacional, podían liquidar a los terratenientes y los resabios feudales e impulsar un desarrollo capitalista independiente en el agro (reforma agraria) y la industria. ¿Tenía sentido esta ilusión, incluso en el caso de que una corriente militar “peruanista” hubiera ganado la interna de las Fuerzas Armadas? No. Pues, el problema consistía en que en la base de la posición se encontraba la caracterización etapista de revolución “democrático-burguesa, agraria y antiimperialista”: en Uruguay, la gran burguesía nacional (y sus diferentes capas) se encontraba profundamente entrelazada con los terratenientes y la banca, asociados para la explotación de mano de obra barata; se trata de una burguesía nacional raquítica, incapaz de llevar adelante cualquier transformación social profunda. Es decir, no existe la clase capaz de hacerse cargo de la tarea de desarrollar el capitalismo en el agro y la industria. La resolución de la cuestión agraria y el desarrollo de las fuerzas productivas sólo pueden ser resueltas por una revolución dirigida por la clase obrera, que no sólo cumple con las tareas democráticas no resueltas sino que comienza a transitar por tareas socialistas, como parte de la revolución latinoamericana y mundial.

Conclusiones

En el desarrollo de este artículo se intentó desentrañar la estrategia y táctica del PCU frente a un período de agudización sin precedentes de la lucha de clases. En el sentido en que lo entendían los bolcheviques, mientras la táctica se limita a medidas relativas a un problema particular de la lucha de clases, los problemas de la estrategia revolucionaria implican un sistema combinado de acciones que, tanto en su relación, sucesión y desarrollo, deben llevar al proletariado al poder y en torno del cual se subordinan los métodos tácticos del momento. Desde este plano, el PCU careció de una estrategia revolucionaria, pues se empeñó en amputar la independencia política del proletariado y en llevar a la capa “progresista” de la gran burguesía nacional al poder; en primer lugar, mediante la “vía democrática”, frenando la lucha sindical y de acción directa de las masas hacia las elecciones del 1971, y en segundo lugar, en el apoyo a una fracción de los militares en febrero del ‘73. Se reveló, finalmente, en un rol de estabilización del orden burgués en el Estado capitalista.
Las enseñanzas de esta experiencia son de enorme importancia para los trabajadores y los explotados que luchan por la emancipación social.

Nicolás Marrero

* Nicolás Marrero es docente de la cátedra de Economía Política y Extensión Universitaria de la Universidad de la República (Uruguay) y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores de Uruguay.

Notas:
2. Tanto en la prensa, el diario El Popular y el semanario Marcha, como en los congresos de la CNT de 1969 y 1971.
3. CNT: Documentos y Congresos/2, “Lucha y polémica sindical, 1968-1973”, tomo I. Centro Uruguay Independiente, Montevideo, 1985, págs. 90.
4. Informe al Primer Congreso de la Asociación de Bancarios del Uruguay, de mayo de 1969 en CNT: Documentos y Congresos/1, “Lucha y polémica Sindical, 1968-1973, tomo II. CUI, Montevideo, 1985.
5. CNT: Documentos y Congresos/2, “Lucha y polémica sindical, 1968-1973”, tomo IV. Centro Uruguay Independiente, Montevideo, 1985. págs. 50-51.
6. Idem, págs. 25-26.
7. Sindicato de Obreros y Administrativos de General Electric; Sindicato Unico de Enrique Ghiringheli SA; Unión de Obreros y Empleados CICSSA; Unión de Obreros de Seral; Sindicato de Frutas y Verduras de Salto; Plenario Intergremial de Mercedes; Federación Uruguaya de la Salud; Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de Funsa; Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines; Unión de Obreros y Empleados de TEM.
8. Idem, 73.
9. Por peruanismo se hacía referencia al régimen militar de Velasco Alvarado en Perú, que dio un golpe de Estado en 1968 y gobernó hasta 1975. Alvarado impulsó una serie de medidas de características nacionalista-burguesas, como la estatización de la Banca Nacional, yacimientos petrolíferos, siderúrgica, pesca y cemento, y dispuso una reforma agraria.

Bibliografía

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Löwy, Michael (2007): El marxismo en América Latina, Chile: LOM.
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Rieznik, P. (2009): “Sobre el carácter histórico de la actual crisis mundial” en Revista En Defensa del Marxismo Nº 37. Disponible en http://www.po.org.ar/uploads/edm/pdf/4.pdf
Schultze (2015): “El Partido Comunista del Uruguay como objeto de estudio: problemas, novedades y desafíos”, en Cuadernos del CLAEH, segunda serie, año 34, Nº 101.
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Fuentes

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Declaración constitutiva del Frente Amplio, febrero de 1971. Disponible en www.frenteamplio.org.uy
Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas.
El Popular, 1968-1973.
Seminario Marcha, 1970.
Política Obrera, Abril-Agosto 1968/ Noviembre 1971/Febrero-Marzo, 1973.
Documentos sindicales Nº 4: “¿Cómo luchar por el programa? Lucha y polémica Sindical 1968-1973”, tomo I, Centro Uruguay Independiente (CUI), Montevideo, 1985.
Documentos sindicales Nº 7: Documentos y Congresos/1, Lucha y polémica Sindical 1968-1973, tomo IV, Centro Uruguay Independiente (CUI), Montevideo, 1985.

Wall Street le pinchó a Macri la burbuja del G20

En el último mes la prima de riesgo de la deuda argentina se elevó 100 puntos. Los motivos no están en las turbulencias internacionales, aunque estas no ayuden. Aunque ajuste, Macri no puede asegurar los pagos de la deuda.

Aunque no lo repiten abiertamente como en otras ocasiones, en el gobierno siguen convencidos en que “lo peor ya pasó”, o casi. Algo similar dijo hace unos días la titular del FMI, Christine Lagarde, quien sostuvo que “la crisis será difícil durante los próximos meses, y luego habrá un giro”.
Los acreedores de la deuda no parecen tan convencidos de que sea así, al menos en lo que a ellos respecta que es la capacidad del gobierno de cumplir con sus compromisos de deuda. El riesgo país, es decir la prima de riesgo que paga la deuda argentina por encima de la de los EE. UU., estaba ayer en 729 puntos (llegó durante la jornada a 745). En el comienzo de la semana estaba en 698 puntos.
El gobierno aspiraba a la prolongar durante un buen tiempo el clima irreal creado por el G20, evento que le permitió a Macri mostrar el respaldo de los líderes de la mayor parte de los países presentes a su política. Poco importa para el gobierno que muchos de ellos sean altamente impopulares y sufran en sus países de fuerte rechazo en la implementación de agendas de ajuste y reformas neoliberales como las que ensayó Macri. El ejemplo más reciente es el de Emmanuel Macron, que esta semana debió retroceder en la aplicación de un aumento a los combustibles que golpeaba severamente sobre amplios sectores populares, antes la dura resistencia callejera que hace semanas paraliza Francia. También podríamos mencionar a Michel Temer, que dejará la presidencia de Brasil con una popularidad casi nula (apenas 3 % aprueba su gestión). O Donald Trump que acaba de tener una derrota en las elecciones presidenciales de medio término. Podríamos continuar la lista con buena parte de los presentes. Pero para Cambiemos, el “show” creó la expectativa de dejar atrás 2018 y empezar a apostar a las elecciones en un contexto más benévolo.
Pero Wall Street no cree en lágrimas; la emoción mostrada por Macri en la gala del Teatro Colón no ablandó los corazones de los acreedores internacionales, que tienen sus carteras llenas de títulos argentinos que este año se han desvalorizado al calor de la crisis. A pesar de haber hecho buenos negocios durante los dos primeros años de gobierno de Cambiemos, lo que prima ahora es el frío análisis de los números que proyecta la Argentina de acá hasta 2020 para responder con el bolsillo. Y acá las cuentas no cierran.
La Argentina contará con un considerable aporte de USD 22.800 millones de dólares que serán girados por el FMI durante 2019, que podrían alcanzar para cumplir los compromisos si se mantiene la tasa de renovación (roll over) de la deuda de corto plazo, es decir las Letes. Estas últimas rondan los USD 15 mil millones. Para cerrar las cuentas el gobierno calcula como condición una renovación del 60 %. Esto, que hoy parece cumplible, resultará más complejo a medida que nos adentremos en el año próximo. No solamente por el “riesgo político”, la explicación preferida por el gobierno para sostener que si no ganan las elecciones se viene el caos. El mayor motivo es que el gobierno no cuenta con dólares asegurados para afrontar sus vencimientos en 2020. El remanente del crédito del FMI para ese año serán solo USD 5.900 millones, y los compromisos superan los USD 30.000 millones. Por eso, ya durante el año próximo, y aun suponiendo que el gobierno cumpla las exigentes metas del acuerdo con el FMI, la renovación de letes podría generar ruidos y complicar la precaria estabilidad financiera.
Con este panorama, no sorprende que Carlos Melconian, ex funcionario y amigo del presidente haya dicho que “el plan de este Gobierno va a ser suficiente en términos de éxito si llega a la otra orilla sin disrupción macro financiera”. Su mejor escenario para 2019 es una economía cayendo 2 %, con inflación y desempleo en dos dígitos. Con amigos así…

La era de hielo

Aunque el dólar volvió a sacudirse la modorra y ayer cotizó por momentos arriba de $ 39, las señales que envía el Banco Central (BCRA) apuntan a que todo está en orden. El miércoles removió el piso de 60 % anual para la tasa de interés de la política monetaria, que es la que pagan las Letras de Liquidez (Leliq) que el BCRA entrega a los bancos para absorber pesos. Ayer la tasa de estos instrumentos bajó a 59 %.
El BCRA continua su política de eliminar pesos de circulación. Aunque el motivo declarado es el control de la inflación, las miradas están dirigidas a la cotización del dólar. El cálculo es que si no hay liquidez y las tasas que pagan los depósitos son lo suficientemente elevadas para alimentar la apuesta a la bicicleta financiera aunque estén en descenso (se mueven de la mano de las que pagan las Leliq), no habrá pesos que se vuelquen al dólar.
El precio de esta política se palpa en la actividad económica, ya de por si golpeada por el efecto recesivo de la megadevaluación registrada durante 2018. Ayer se conoció que los despachos de cemento cayeron 16,6 % en noviembre frente al mismo período del año pasado y 6,5 % en relación a octubre. Se trata del registro más bajo para el mes once del año desde 2012. Es uno de los indicadores que adelanta una mayor caída en la obra pública y la construcción privada.
La corte de economistas afines al gobierno y su política de austeridad prometen una recuperación en “V”, es decir que a la abrupta y estrepitosa caída de los últimos dos semestres le siga una recuperación igual de marcada, a partir de marzo como mucho. Pero, si el clima ayuda, sólo el agro mostrará para ese entonces números positivos, que lo serán en comparación con la producción mermada por la sequía de la campaña previa. No hay motivos para esperar que el consumo, ni la obra pública, ni la inversión muestren números positivos. Con el actual costo del crédito y el impacto depresivo del ajuste fiscal, ni siquiera hay motivos para esperar que disminuyan su caída. Mucho menos si se reactivan las turbulencias financieras.
Por eso, los objetivos más realistas a los que puede aspirar Cambiemos para 2019 pasan por mostrar una ejecución a rajatabla de su plan fiscal (contra la cual podría conspirar el impacto de la caída económica sobre la recaudación) y evitar que el dólar se escape nuevamente del sendero trazado por la banda para su cotización, que a partir de diciembre aumentará en 2 % mensual, bajando del 3 % que se vino incrementando desde el 1 de octubre. Pero estos módicos objetivos podrían ser demasiado ambiciosos en un mundo donde siguen “pasando cosas”: EE. UU. reactivo nuevamente la disputa comercial con China, a menos de una semana de anunciada la tregua pactada en Buenos Aires, lo cual generó nuevas turbulencias en los mercados financieros globales. Donald Trump, otro “amigo” del Macri tal como afirmó la semana pasada al iniciar la reunión bilateral, también le pincho la burbuja del G20.

Esteban Mercatante
@EMercatante

Entre el derrumbe de Wall Street y la guerra comercial

El júbilo por la tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China duró poco. A un par de días del G20, donde tuvo lugar esa tregua, estamos frente a un nuevo derrumbe accionario en Wall Street y en las principales bolsas del mundo.
Con el correr de las horas, quedó clara la fragilidad de los resultados que arrojó la cumbre. Las disparidades en los mensajes entre Washington y Pekín, así como las contradicciones de la propia Casa Blanca, pusieron de relieve que los compromisos estaban en el aire. El régimen chino, a su turno, tomó distancia de las declaraciones del magnate.
Lo cierto es que en estas ultima semanas, hemos asistido a un recrudecimiento de la guerra comercial. En vísperas del G20, un alto funcionario de la Casa Blanca se entrevistó con Bolsonaro, con el propósito de privilegiar las inversiones yanquis y ponerle un límite a la presencia china en Brasil. En el encuentro que Macri mantuvo con Trump, tomó estado público la exigencia norteamericana para que Argentina enfrente la acción “depredadora” de China. El nuevo acuerdo firmado con México, en el marco de la readecuación del Nafta, plantea, entre otras cosas, una reducción de los insumos chinos en la producción automotriz a comercializar entre los firmantes del tratado. Estas presiones sobre America Latina se dan cuando Trump ha acentuado su escalada sobre Europa y las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea han llegado a uno de sus picos más altos, como se constató en la visita del magnate a Francia. El presidente norteamericano ha salido a torpedear el acuerdo de la premier británica con la Unión Europea en torno del Brexit, planteando que es un obstáculo para las relaciones económicas entre Washington y Londres.
La gota que rebalsó el vaso es el nombramiento de Robert Lighthizer, secretario de Comercio Exterior, como el líder del grupo negociador con China. Lighthizer es conocido por sus frontales criticas a las políticas comerciales de Pekín.
Este escenario dominó las deliberaciones del G20. El comunicado final no pudo disimular los profundos antagonismos reinantes en la arena mundial.

Crisis y división

El apuro de Trump por arribar a un compromiso con China obedece, en primer lugar, a su propio frente interno. La guerra comercial hace sentir sus secuelas en la economía norteamericana, abriendo una división creciente en la burguesía. Los agricultores se han visto seriamente afectados por las represalias de China a las exportaciones norteamericanas. Por su parte, el aumento de aranceles al acero y al aluminio han aumentado los costos industriales. El rechazo al proteccionismo de Trump se ha extendido a la industria automotriz. General Motors anunció el cierre de cinco plantas, cuatro de ellas localizadas en territorio estadounidense, señalando que se ven perjudicados en sus posibilidades de exportación por el incremento de sus insumos importados. Esto también es un golpe a la población, al provocar un aumento general de los artículos de consumo importados.
Estamos frente a una verdadera bomba de tiempo, en momentos en que asistimos a una desaceleración de la economía mundial. El PBI en Alemania se contrajo a una tasa anual del 0,8 por ciento en el tercer trimestre. China podría descender, por primera vez, por debajo del 6 por ciento. A esto se agrega el colapso en que han entrado los países emergentes. El temor fundado es que la guerra comercial termine por dislocar la economía mundial y conduzca a una recesión generalizada.
El derrumbe de esta semana en la Bolsa norteamericana es el tercer desplome en el año. Ello delata la precariedad de la recuperación norteamericana, de la que se venía jactando el magnate. Su crecimiento, superior al 3,5 por ciento, venía impulsado por el recorte de impuestos a las ganancias corporativas y personales dispuestos por el gobierno. Pero esto no ha redundado en un aumento de la inversión. El mayor aumento de las utilidades ha sido utilizado para las recompras de acciones y operaciones financieras, y ha sido el caldo de cultivo de una nueva burbuja bursátil. Este proceso fue de la mano de un creciente endeudamiento corporativo, que se ha ido agravando a partir de la subas de las tasas del interés dispuestas por la Reserva Federal.
Quienes lideran la caída bursátil son las “tecnológicas”. Las llamadas Faangas (Facebook, Apple, Amazon, Neflix y la compañía matriz de Google, Alphabet) han tenido bajas de un 20 por ciento. De la crisis de sobreproducción reinante en el mundo no han podido escapar ni siquiera las estrellas del mercado. Netflix se ha tropezado con limites en su demanda, en medio de una competencia salvaje de sus rivales, y soporta una endeudamiento cada vez más pronunciado.
La guerra comercial no sólo perjudica a los productos chinos fabricados por firmas de ese país, sino también a aquellos producidos por empresas norteamericanas, con filiales en el exterior y en especial en el gigante asiático. Apple señala que las barreras impuestas por Trump perjudican seriamente a sus productos elaborados en China. La escalada de Trump ha acentuado la hostilidad del capital norteamericano, que tiene una estructura de producción globalizada.
Los recortes impositivos dieron un impulso a la economía, pero al mismo tiempo han demostrado sus límites. Dicho estimulo fiscal no es suficiente para que las corporaciones norteamericanas abandonen sus planes de relocalización y retornen a Estados Unidos, teniendo en cuenta las ventajas que obtiene en el exterior, especialmente en lo que se refiere al menor costo de la mano de obra y de la materia prima.
A través de la tregua establecida en Buenos Aires, Trump ha buscado calmar la tormenta interna que viene provocando la guerra comercial, aunque todo indica que no ha logrado el efecto buscado, sino más bien lo contrario: ha avivado la incertidumbre y la desconfianza de los mercados.
Es que estamos ante una crisis de fondo. La agencia de calificaciones Moodys advierte acerca “del gran abismo (de Estados Unidos y China) entre sus respectivos intereses económicos, políticos y estratégicos”.
La demanda clave de Estados Unidos es que China emprenda un cambio fundamental en su economía al eliminar básicamente su programa económico “Hecho en China 2025”, que apunta al avance de industrias de alta tecnología. Esa incursión de China en ese campo es inadmisible para Estados Unidos y de un modo general, para las grandes potencias capitalistas (Japón y la Unión Europea), a la que consideran una amenaza directa a su hegemonía económica y militar. La política del gobierno de Trump es abrir la economía del gigante asiático y promover una amplia colonización económica bajo la tutela norteamericana, completando el proceso de restauración capitalista que aún está inconcluso.

Perspectivas

El magnate ha apuntado sus cañones contra la Reserva Federal, a la que responsabiliza por el desplome de Wall Street, que asocia con la suba de las tasas de interés. Powell, presidente de la Reserva, ha planteado que no había nuevos aumentos a la vista. Pero eso no ha alcanzado para calmar a los mercados y no hay que descartar que sea tarde para lograrlo. Colocar un freno a nuevas subas no es suficiente para revertir la desaceleración de la economía y la amenaza de una recesión, y menos aún para hacer frente al endeudamiento. Sin capacidad para superar los desequilibrios actuales, podría abrir nuevos. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene una deuda pública de 20 billones de dólares, que supera su PBI y que necesita, no sólo renovarla, sino ampliarla constantemente. Un congelamiento de la tasa de interés puede comprometer esta posibilidad, lo cual planteraría un escenario explosivo.
Este cuadro de creciente división y choques de la burguesía norteamericana puede replantear el pedido de juicio político del presidente, con más razón a partir de una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Hay quienes señalan que la cancelación de la entrevista con Putin prevista en el G20 tiene que ver más con la crisis interna que con los incidentes de Ucrania. Trump necesitaba tomar distancia en sus relaciones con Putin cuando la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la posible conspiración de Trump y su entorno con Moscú, progresa. A eso se suma la apertura de nuevas investigaciones, esta vez, para verificar si hay o no una conexión ilícita entre el ejercicio del poder presidencial y los negocios que sostiene el magnate. La crisis económica se enlaza con la crisis política, y abre una transición convulsiva en Estados Unidos y a escala mundial. Trump, pero también Xi Jingping, Putin, Macron, Merkel y May, están envueltos y condicionados por el torbellino de la crisis mundial.

Pablo Heller

Elecciones en Estados Unidos: ¿Cultura política o “cultura del dinero”?

“Los millones de dólares necesarios para ser elegidos: casi todo el mundo lo sabe”.

Muchos entre los autoproclamados periodistas progresistas y analistas en el mundo hacen hincapié en la riqueza de los candidatos, en los millones de dólares necesarios para ser elegidos, en los ingresos adicionales del candidato y congresista elegido provenientes de los grupos de presión (“lobbies”), en la corrupción y en la feroz rivalidad bipartidista. Sin embargo, casi todo el mundo lo sabe, incluso en Estados Unidos. En este último caso, por ejemplo, durante las elecciones presidenciales, la concurrencia de los electores habilitados apenas alcanzó entre el 50 % y el 52 %. Aun teniendo en cuenta el número récord de votantes durante las elecciones de mitad de mandato de 2018, la abstención es aproximadamente del 50 % de los votantes habilitados para hacerlo. ¿Por qué sería perjudicial fomentar la noción de que los candidatos estén nadando en millones de dólares, envueltos en corrupción y en el descrédito de las disputas intestinas del partido, para la gente que se preocupa por ello?
Haciendo énfasis en estos aspectos, las principales características del sistema político estadounidense (tan importantes que constituyen una parte fundamental de su cultura política) están encubiertas. Por cultura política me refiero al pensamiento, la perspectiva y las actividades, en este caso, del sistema político, tal como es aplicado y propagado por las élites gobernantes.

¿Cuáles características de la cultura política estadounidense deberían conocerse?

1. En cuanto al dinero, mientras más sutil es la publicidad a través de los medios de comunicación, esta es mucho más importante. Por ejemplo, la reciente campaña electoral de mitad de mandato y los resultados son presentados por la élite de los medios en el Norte, y en muchos casos son reproducidos en el Sur, como una batalla del bien contra el mal, representado por Trump. Sin embargo, ¿cómo surge el “trumpismo”? Hasta marzo de 2016, los medios de comunicación corporativos (especialmente la CNN en inglés), bajo el pretexto de realizar reportajes, entrevistas y paneles interminables donde se presentan panelistas pro-Trump, ya había ofrecido al “ilustre viejo partido republicano” (GOP) de Trump, una venta estratégica de 2 000 millones de dólares en medios gratuitos. Esto significaba más “anuncios” gratuitos que todos los demás candidatos del Partido Demócrata y del GOP combinados. Al final de la campaña para las elecciones generales presidenciales de 2016, los medios corporativos habían proporcionado un total de 5 000 millones de dólares en visibilidad gratuita a Trump. En ese momento era imposible mirar CNN en inglés sin escuchar el nombre de “Trump”. Por tanto, este medio elitista creó a Trump, y en ese proceso aumentó el número de anuncios empresariales destinados a CNN en inglés, así como las tarifas de dichos anuncios.
2. El sistema bipartidista y el “menor de dos males” están arraigados en la conciencia de muchos estadounidenses y de muchos en Occidente y en el Sur, como, por ejemplo, en América Latina, inundada con esta característica de la cultura política estadounidense. Todos los medios corporativos estadounidenses están unidos en la actual cacofonía diaria para presentar un ala del sistema bipartidista como la “izquierda” (el Partido Demócrata) y la otra como la “derecha” (el Partido Republicano). No son pocos los periodistas y analistas que sucumben ante esto.
“Al final de la campaña para las elecciones generales presidenciales de 2016, los medios corporativos
habían proporcionado un total de 5 000 millones de dólares en visibilidad gratuita a Trump”
3. El fetichismo electoral es un distintivo de la cultura política estadounidense oficial. Estamos abrumados por una “campaña electoral permanente”, impuesta por medios virtuales internacionales. Tan solo para dar el ejemplo más reciente de las elecciones de mitad de mandato, es de dominio público que la campaña política de verano y de otoño de 2018, y las campañas de la televisión durante la noche y los días siguientes a los resultados —todo ello combinado y acumulado—, son consideradas tan solo como un ejercicio de precalentamiento y como un primer paso hacia las elecciones presidenciales de 2020. El principal efecto secundario de esto no significa tan solo estar abrumados y aburridos. El resultado de este fetiche es que las acciones cotidianas progresistas anti statu quo (no el auto-proclamado “progresismo” democrático) impulsadas por la gente en las calles, lugares de trabajo e instituciones educativas, son sustancialmente debilitadas o virtualmente asfixiadas. Si no es así, los medios corporativos cooptan muy hábilmente muchas de estas actividades populares en forma de propaganda electoral. Esto es facilitado en algunos casos cuando estas acciones —consciente o inconscientemente— están diseñadas para el consumo electoral.
4. Como resultado directo de tal situación, se desprende la cuarta característica de la cultura política estadounidense: la cooptación. El poderoso papel de los medios de comunicación, cultivar la ingenuidad y a la vez lucrar con ella, es un veneno que nunca debe subestimarse. Hay muchos ejemplos de cómo los movimientos revolucionarios o progresistas en Estados Unidos son cooptados en el callejón sin salida del sistema bipartidista. Sin embargo, tomemos uno de los casos más recientes. Tras la masacre en la escuela secundaria de Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, los estudiantes inspiraron heroicamente a la mayoría de los estadounidenses, muchos de los cuales se unieron masivamente en las calles, y en manifestaciones y en huelgas en las escuelas, para exigir acciones en materia del “control de armas”. Sin embargo, aun cuando era real en la base, el movimiento estudiantil multifacético fue cooptado simultáneamente desde la acción de masas hacia la política electoral por el Partido Demócrata, en las elecciones de mitad de mandato.
Adicionalmente, la cuestión de las masacres es mucho más profunda que el “sentido común de las leyes que regulan las armas de fuego”. La masacre de Thousand Oaks, California, el 8 de noviembre de 2018, no es la primera ejecutada por un exmiembro de las fuerzas armadas. Esto indica una vez más que, desde la Segunda Guerra Mundial, las masacres domésticas están vinculadas a la agresión estadounidense y a las masacres en todo el mundo. Los tiradores masivos de EE.UU. son desproporcionadamente veteranos de la guerra: 35%. Estados Unidos es, de lejos, la sociedad más violenta del mundo, en la que esta cultura de la violencia doméstica e internacional influye y contribuye a la cultura política general. De esta manera, el movimiento por el “control de armas”, como cualquier otra actividad legítima de masas, no puede atarse al fetichismo electoral y menos aún a uno de los dos partidos dominantes. Sin embargo, mientras escribo estas líneas, los estudiantes de Parkdale se están organizando para ejecutar acciones de masa tras el tiroteo en Thousand Oaks, California. No obstante, ¿serán estas valientes y persistentes acciones populares capaces de impedir ser devoradas por el vórtice de las elecciones presidenciales de 2020? ¿Será este creciente movimiento capaz de resistir a las ilusiones de la Cámara de Representantes en el Congreso controlado ahora por los Demócratas, y evitar ser contagiado por la gloria política, la carrera y la popularidad personal de cada miembro del Congreso con miras al 2020, lo que constituye siempre su principal interés? ¿Llevará esto a que la iniciativa del movimiento sea cooptada por el fetichismo electoral?
5. Este problema de la cooptación, presentado en el ejemplo del movimiento contra la violencia armada, también nos lleva a la cuestión fundamental de la violencia racista en contra de indígenas y afroestadounidenses. Esta característica de la cultura política reaccionaria se remonta a la fundación de las Trece Colonias, en los siglos XVII y XVIII. De hecho, la historia y los acontecimientos actuales indican que en Estados Unidos, el Estado constituye un vestigio de la esclavitud y el genocidio contra los indígenas estadounidenses. Esta apreciación realista del Estado debe —o debería— permear la evaluación de la cultura política impuesta por las élites estadounidenses. Esto es mucho más complejo que el tratamiento superficial dado por los medios corporativos y algunos medios progresistas a temas como la financiación, la corrupción y la guerra salvaje interpartidista del sistema electoral, lo que resulta muy evidente en la medida en que esta se normaliza: casi todo se puede escribir o decir para ocultar que en Estados Unidos el Estado constituye un vestigio de la esclavitud y el genocidio.
6. Los afroestadounidenses han sido siempre —y lo siguen siendo actualmente— la vanguardia de la oposición revolucionaria frente al statu quo de la cultura política, como el necesario e inevitable resultado de su condición histórica, impregnada de ideologías marxistas y otras revolucionarias. Examinar el proceso electoral estadounidense, como el de mitad de mandato, sin ocuparse de esta contradicción histórica como piedra angular de la cultura política dominante —y donde cualquier ciclo electoral posiciona a indígenas y afroestadounidenses—, equivale a analizar un proceso político como, por ejemplo, en América Latina, negándose a tomar en cuenta los efectos del colonialismo europeo y del imperialismo estadounidense, sus aliados occidentales y sus serviles oligarquías locales de la región.
7. ¿Cuál es entonces la situación actual de los indígenas y afroestadounidenses en cuanto a su vocación histórica, que aún está por realizarse? Los afroestadounidenses son la vanguardia de la oposición a la cultura política dominante. Sin embargo, esto nunca se sabe cuando se lee y se escucha la mayor parte de la élite periodística y a los analistas, incluso aquellos que se proclaman “progresistas”.
No obstante, la realidad reconocida por la misma contraofensiva negra de los periodistas y activistas, su propio movimiento, es debilitado y limitado por la capacidad del Partido Demócrata de cooptar a una pequeña fracción de afroestadounidenses en sus filas, como lo hace con otros movimientos de masa progresistas. De este modo, parte esencial de la cultura política de los círculos dominantes es que el Partido Demócrata, lejos de estar inclinado a la izquierda o al menos ser más progresista que el Partido Republicano moderno, como lo ha pretendido, es en realidad el cementerio del avance de una verdadera izquierda alternativa. ¿Están algunos lectores confundidos? No es sorprendente.
Por una parte, las fuerzas revolucionarias de izquierda en Estados Unidos están muy familiarizadas con este fenómeno: ellas padecen enormemente y de forma trágica el rol de excavadoras de la tumba del Partido Demócrata, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, en otros lugares como en Europa, América Latina y el Caribe, gran parte de la prensa, incluyendo algunos medios de la izquierda progresista, dan una imagen opuesta del Partido Demócrata: un vehículo de cambio, de progreso y un caldo de cultivo para una “alternativa de izquierdas”. No obstante, esta óptica provoca burlas por parte de la izquierda revolucionaria estadounidense. Este es uno de los dilemas que este artículo se esfuerza por afrontar como un primer paso.
No valorar este hecho —ya sea por limitación intencional o ingenua— significa encubrir un aspecto esencial de la cultura política.
En conclusión, basta con afirmar por el momento que los escritores afroestadounidenses y no afroestadounidenses, y los activistas, forman parte de esta lucha, de este movimiento de oposición amplio y creciente frente a la cultura política del statu quo. Compuesto por decenas de miles de periodistas, escritores, analistas, activistas sociales, políticos, y los medios sociales, esta formidable cultura política de izquierda −e incluso revolucionaria– merece ser conocida por analistas y periodistas fuera de Estados Unidos, y así en América Latina y el Caribe, a través de sus escritos, sus audiencias y el público en general.

Arnold August
La Jiribilla

Nota: En noviembre 2016, en una entrevista exclusiva a Punto Final (Chile), abordé aspectos de este tema de la cultura política estadounidense, pero desde otra perspectiva.
Original publicada por Punto Final
Fuente: http://www.lajiribilla.cu/articulo/elecciones-en-estados-unidos-cultura-politica-o-cultura-del-dinero

Pepe Mujica: "Solo con la tortura se conocería la verdad sobre los desaparecidos"

Defensor de la impunidad y de los “pobres viejitos” torturadores, su comentario acerca de que sólo con la tortura se podría conocer la verdad sobre el destino de los desaparecidos suena más a una burla cruel sobre la búsqueda de justicia por la que luchó el pueblo uruguayo.
A pocas horas de la muerte de Luisa Cuesta, el expresidenta y dirigente tupamaro, José Mujica se despachó con una declaración que muestra la descomposición a la que ha llegado el ex guerrillero.
"A veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad" dijo Mujica, intentando justificar los motivos por los que no ha habido avances en la búsqueda de la verdad sobre el destino de los desaparecidos y en la búsqueda de justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
Según Mujica “hay un pacto de secreto que no se puede desentrañar, aunque uno lo quiera si no usa recursos que no podemos utilizar (refiriéndose a la tortura como forma de obtener esa información).

La responsabilidad de Mujica y del Frente Amplio

Mujica miente para intentar esconder la responsabilidad del Frente Amplio en la falta de verdad y justicia. A lo largo de sus tres periodos de gobierno en Frente Amplio se encargó de garantizar que lo esencial del pacto de impunidad que se continúa desde el Pacto del Club Naval se mantenga en pie.
Los escasísimos avances son producto de la lucha permanente por los derechos humanos, de la que Luisa Cuesta es uno de sus símbolos y referentes y no de una política de gobierno.
Por el contrario los mensajes que se han trasmitido desde el poder en todos estos años apuntan mantener los pilares de la impunidad y para ello no han tenido problemas en poner todas las trabas posibles en las investigaciones, avalar jueces afines a la impunidad que cajonean y endentecen las causas, señalar que hay que dejar estos hechos en el pasado predicando la reconciliación con los genocidas y no impulsando rosado en el plebiscito del 2009. En los pocos casos juzgados y con condena han garantizado cárceles VIP para los militares torturadores.
Los dichos de Mujica recuerdan a las declaraciones de otro exguerillero y compañero del MPP, Eleuterio Fernandez Huidobro. Desde su cargo de ministro, avalado y sostenido por los referentes principales del Frente Amplio, dijo alguna vez “si me autorizan a torturar capaz que consigo información”.
La similitud en el razonamiento muestra que Huidobro no era “un loco suelto” sino que por el contrario, como ahora lo reafirma Mujica, hay desde este sector una política orientada a no avanzar en verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura.
Indigna y entristece el papel que terminó jugando Mujica, una de las víctimas con que la dictadura se ensañó más, cuando falta a la memoria de sus propios compañeros que sufrieron la tortura, la desaparición, la cárcel o el asesinato.
Si Luisa Cuesta murió sin conocer el destino de su hijo también se debe a todas las trabas que pusieron los gobiernos del Frente Amplio (continuadores de los partidos tradicionales) para que hubiera avances en la búsqueda de verdad y justicia.

Hernán Yanes

Argentina luego del show del G20: réditos simbólicos y sumisión real

Glamour. Documento con consenso en muletas. Muchas fotos con los líderes mundiales y poca inversión. La Argentina del día lunes.

La gala en el Teatro Colón pasará a la historia de los dueños del país como el día en que los grandes líderes celebraron su dominio mundial junto al presidente argentino como un par más.
El resto de los días esa paridad no existe: en el país real la economía está comandada por el FMI, un organismo donde el voto mayoritario corresponde a Estados Unidos y las potencias europeas.
En un año de “tormentas” que arrastran a la economía por el piso, la cumbre en Buenos Aires significó cuarenta y ocho horas de encanto sensual para la fascinación de la base social irreductible de Cambiemos.
El sagaz Jorge Asis aventuró que el llanto (real o fingido) de Mauricio Macri en el Colón ofrece una foto que inaugura la campaña electoral hacia el año próximo y que el oficialismo podría utilizarlo como Cristina Fernández de Kirchner utilizó las fiestas del Bicentenario: allí reinauguró su gestión luego de la derrota electoral de Néstor en 2009.
No obstante, a Macri le faltará hacia el año próximo el crecimiento a tasas chinas que experimentó el país en 2010 y 2011 gracias al empuje de una economía mundial tuneada por los rescates bancarios posteriores a la quiebra de Lehman Brothers.
Por el contrario, la perspectiva para 2019 es de desaceleración de la economía mundial y de recesión por segundo año consecutivo para Argentina.

Todo en suspenso

La cumbre venía cargada de tensiones geopolíticas y económicas que potencialmente podían conducir al fracaso: la cristalización hubiera sido la ausencia de un documento de consenso. Finalmente, habemus documento.
En este campo el Gobierno obtiene un rédito simbólico. Aparece, más allá de que las causas fueran otras, como el supuesto gestor de los acuerdos alcanzados en el G20: ¿Es el triunfo del “diálogo” para cerrar la grieta internacional? De ninguna manera.
Nunca los documentos del G20 implican compromisos reales. En este caso, el contenido fue despojado de cualquier definición taxativa en relación a la controversia central que atraviesan el mundo: libre cambio versus proteccionismo.
Incluso se borró, por primera vez, cualquier condena al proteccionismo y se acordó reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC). ¿En qué sentido? Nadie podría explicarlo.
En cuanto al cambio climático, quedaron expresadas las dos posiciones: una mayoritaria en el documento a favor de disminuir la emisión de dióxido de carbono y la de Estados Unidos en un agregado.
En síntesis, se alcanzó un consenso en muletas que deja expuesta la pérdida de dinámica de la denominada globalización (más precisamente, la mundialización del capital).
Como señaló Juan Elman “¿Es una acuerdo sustancioso, que va a solucionar las problemáticas globales? Para nada. Pero es un mensaje. En algunos temas -importantes, claro- estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Le baja el tono al clima hobbesiano que se viene respirando hace un tiempo”. Nada más que eso.
No se esperaban grandes acuerdos colectivos (por la coyuntura, sí, pero también por las propias limitaciones del G20) y sin embargo pudo haber un documento de consenso, algo que ayer estaba casi descartado. Es decir, hubo dialogo, negociacion y acuerdo.
Más allá del núcleo mínimo de consensos, el mundo sigue tan convulsionado como al principio de la cumbre: las imágenes de los perdedores de la globalización copando el centro de París mientras Emmanuel Macron paseaba por Buenos Aires ofrecen un testimonio claro.
La verdadera cumbre ocurrió por fuera de la cumbre: fue el encuentro bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping que puso una tregua muy contingente a la llamada guerra comercial, que en realidad encubre la pelea por el respeto de las patentes de Estados Unidos en China y la política industrial china. Tal vez, esa tregua está motivada por un fantasma mayor: la desaceleración de la economía mundial.

Dominados I

El rédito más grande que cosechó Mauricio Macri son las fotos con los principales mandatarios del mundo y que Trump no pegará el portazo como lo hizo en el G7 de meses atrás, algo que repitió el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, en la cumbre de la APEC, un foro de Asía Pacífico, hace dos semanas.
En términos de inversión no hubo nada sustancioso. La explicación la dio el secretario de Política Económica, Miguel Braun: “la principal duda que tiene hoy los inversores que compran bonos argentinos es la situación política”, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.
De Estados Unidos se anunciaron compromisos por apenas U$S 813 millones (ampliables a U$S 3.000 millones) por parte de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC).
El presidente de esa Corporación, Ray W. Washburne, dejó una afirmación lapidaria: “Si las empresas estadounidenses a las que les prestamos dinero para que desembolsen en la Argentina no se sienten seguras invirtiendo acá no vendrán, y, por lo tanto, tampoco nosotros”.
De fondo, es probable que esté la intención de empresas norteamericanas en avanzar en la obra pública en reemplazo de las afectadas por los cuadernos de Centeno.
Por otro lado, Nicolás Dujovne firmó junto con al secretario de Estado, Steven Mnuchin, un acuerdo marco para inversión en infraestructura y cooperación energética sin detallar montos. Sólo buenas intenciones.
El principal servicio yanqui al pueblo argentino fue previo a la cumbre: el “déficit cero” para cerrar el segundo acuerdo con el FMI en menos de seis meses.
Por fuera de China, que tampoco arrojó números significativos, se contabilizaban unos U$S 3.000 millones de inversiones que consiguió el Gobierno de los distintos países que participaron de la cumbre. Es una suma ínfima en relación a los U$S 56.300 millones que aporta el FMI para aceitar el ajuste.

Dominados II

Con China se firmaron treinta y un acuerdos: entre ellos un Plan de Acción Conjunta 2019-2023, que es una especie de hoja de ruta general; y un Mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica para buscar equilibrar el comercio bilateral, hoy ampliamente favorable a China. Además se acordaron cooperación tributaria y comercial; inversiones para el mejoramiento ferroviario y otros proyectos de infraestructura; varios protocolos para la exportaciones de productos agropecuarios argentinos al país asiático.
Lo más importante es la ampliación del swap (intercambio) de monedas por el equivalente a U$S 9.000 millones, algo que se venía gestionando hace meses al calor de las corridas cambiarias que llevaron al aumento del dólar y debilitaron las reservas del Banco Central. No se trata de fondos de uso efectivo, sino potencial.
Pero el acuerdo para la construcción de una central nuclear que era el plato fuerte quedó para otro momento.
Xi Jinping fue claro en lo que venía a buscar a este país: “la Argentina es muy famosa por sus productos agrícolas y ganaderos de gran calidad, que está encontrando cada día más acogida entre los consumidores chinos”, señaló el primer mandatario chino.
Dafne Esteso, una especialista en China señaló acertadamente que en la relación entre ambos países, es el del lejano oriente el que viene ganando hace cuarenta años. También destacó que las palabras de Macri fueron “música para los oídos de Xi: confianza, intercambio complementario y cultural, amistad, felicitaciones por los 40 años de reforma y apertura y más Sueño Chino”.
El contraste es evidente con la jugarreta que hizo la delegación yanqui al afirmar en palabras de su vocera que Trump y Macri había conversado sobre el carácter “depredador” de China.
En el vínculo con China no hay innovaciones: sigue el camino iniciado por Cristina Fernández, que incluso impulsó una votación en el Congreso que otorga respaldo a la relación bilateral.
La cumbre deja una paradoja: el Gobierno de Mauricio Macri logra el acuerdo de mayor volumen con un presidente que se movió en una limusina marca Hong Qi, que en español significa Bandera Roja en referencia a la bandera del Partido Comunista de China.
Aunque a nadie se le escapa el vigoroso desarrollo de relaciones capitalistas en el país asiático, su régimen político causaría escándalo según los parámetros que los cambiemitas aplican en Sudamérica, por ejemplo con Venezuela.

Subordinados

Argentina complementa la tradicional subordinación a las potencias centrales, en particular a Estados Unidos luego de la Segunda Guerra, con los lazos económicos tejidos con China en el nuevo milenio.
Esta doble subordinación está atravesada por las mismas tensiones que existen entre el país oriental y los Estados Unidos a nivel internacional: la cada vez más abierta disputa por la incidencia en Latinoamérica.
El embajador de China en nuestro país señaló que “Argentina se ha convertido en uno de los socios estratégicos de China más importantes en la región de América Latina”. Una significación similar le da Estados Unidos a esta parte de su “patio trasero”. Es decir, ambas potencias buscan utilizar al país como ariete para su dominio regional.
En cualquier caso, el rol de nuestro país es el de proveedor de materias primas mientras las potencias venden en estas pampas productos industriales, exportan capitales y ejercen dominio a través del mecanismo de la deuda externa.
El país sale de la cumbre en las mismas condiciones en las que empezó hace cuarenta y ocho horas: con la recesión oficialmente decretada por las estadísticas del Indec; el salario en franco derrumbe; la desocupación y la pobreza en alza.
El día lunes, el país seguirá siendo el mismo que la semana pasada. Al show del G20 la mayoría no estuvo invitada. Por el contrario, es el foro donde los dueños del mundo discuten cómo una minoría sigue explotando al resto del planeta.

Pablo Anino
@PabloAnino

Los ´chalecos amarillos´ ganan un primer round

El gobierno francés decidió postergar por seis meses los aumentos de impuestos en los combustibles que detonaron las protestas de los Chalecos Amarillos. La irrupción de este movimiento había conmocionado a Francia y puesto en debate inclusive la continuidad de Emmanuel Macron en la presidencia. Algunos militantes del movimiento han considerado el recule oficial como apenas un paliativo. "Los franceses no quieren migajas, quieren la baguette en su totalidad", resumió uno de ellos.
Las tres jornadas de manifestaciones que reunieron hasta medio millón de personas en las calles y que reclamaron la dimisión de Macron, así como los combates callejeros y barricadas en las principales ciudades, captaron la atención de todo el mundo. Los corresponsales de los diarios se refieren insistentemente a un “clima insurreccional” en las jornadas del 1 de diciembre pasado. La beligerancia popular en el país se extiende a los estudiantes, que ocuparon cien liceos por sus propias demandas y enfrentaron la represión policial. Las mujeres también salieron masivamente a las calles por el 25N.

Eclosión

El detonante de las protestas fue el intento oficial por instaurar un aumento en el impuesto al diesel que empujaría al alza de este combustible, lo que se pretende justificar en nombre de una transición energética. Esto golpearía particularmente a trabajadores y cuentapropistas de una Francia suburbana y rural que debe realizar largos viajes en forma cotidiana. Lo que ha puesto de relieve el movimiento de los Chalecos es la fuerte pérdida del poder adquisitivo en esos sectores populares y un odio plebeyo hacia las políticas de grandes exenciones impositivas y beneficios al gran capital por parte de Macron. Esta ‘Francia interior’, “diezmada (en el último período histórico) por el cierre de viejas fábricas y comercios” (El País, 7/5/17), es lo que hizo eclosión en estas semanas.
El movimiento surgió al margen de los partidos y de los sindicatos y carece de una dirección fisonomizada. La heterogeneidad social que lo caracteriza se expresa también en sus consignas. Mientras que el reclamo contra el aumento en los combustibles y la dimisión de Macron aparecen como las consignas más sobresalientes, hay otra gran variedad de reclamos reivindicativos e inclusive políticos. Un sector, por ejemplo, reclama el reemplazo del sistema de dos vueltas (que perjudica a los partidos más chicos) por un sistema de representación proporcional. Otros reclaman la reintroducción del impuesto a las fortunas. Pero también hay pequeños empresarios que reclaman por lo que consideran elevadas cargas patronales para contratar. E inclusive durante las jornadas de protesta se produjeron algunos incidentes xenófobos y racistas.
El gobierno ha intentado explotar el apoyo al movimiento por parte de la derecha y la extrema derecha (muchas de las regiones donde éste talla son de fuerte presencia de Reagrupamiento Nacional) para demonizarlo. Pero el apoyo se extiende también a la Francia Insumisa de Jean-Luc Melenchon y al resto de la oposición. El movimiento goza de un amplio apoyo popular, según las encuestas.

El movimiento obrero

Las centrales sindicales han hecho, debido a esta presencia política de la derecha, un esfuerzo deliberado por desmarcarse de un movimiento que el secretario general de la CFDT (Laurent Berger) calificó como “totalitario”. El 1 de diciembre, mientras los chalecos se batían callejeramente con las fuerzas represivas, la CGT realizó un acto a cinco kilómetros del lugar por un aumento del salario mínimo y de las pensiones. Para el 14, ha convocado a una nueva jornada, que estará separada de las próximas protestas de los Amarillos (que no se desconvocarían pese al recule oficial). Aun así, hay sectores que expresaron su apoyo a los Chalecos. Obreros en huelga de la refinería de La Mede se unieron a algunas de las manifestaciones y también expresaron su adhesión la CGT de la Metalurgia, Sud-Industria, y FO-Transporte (Tercera Información, 27/11).
El divisionismo de las direcciones sindicales sólo favorece a la derecha ante un movimiento que aún está en pleno desarrollo. Para evitar una involución o que se transforme en una base política de Los Republicanos o de Marine Le Pen, es decisiva precisamente la intervención de la clase obrera y de la izquierda con un planteo propio que acaudille a todas las capas explotadas.
El movimiento obrero, en buena medida por la política de la burocracia, ha sufrido dos fuertes golpes por parte de Macron. Por un lado, una reforma laboral que facilita los despidos y precariza las condiciones de trabajo. Por otro, una reforma ferroviaria que avanza en una línea de desguace y aparta a los nuevos empleados del estatuto del ferroviario. En ambos casos la clase obrera expresó su disposición a dar pelea, pero fue defraudada por una política de negociaciones con el poder y de medidas de contención y desgaste de la burocracia. Por medio de las negociaciones con ella y la política de ordenanzas-decretos, Macron pudo avanzar en su ofensiva antiobrera.

La crisis política

Afectado por el impacto de las protestas, Macron impulsa una ronda de negociaciones con los principales partidos de la oposición e inclusive con los Chalecos. Postula un debate parlamentario y se muestra proclive a pequeñas concesiones para disipar la bronca popular. Pero no se priva del recurso a la fuerza bruta: la represión y la criminalización de los cientos de detenidos en las protestas. El ministro del Interior Christophe Castaner no descartó un posible restablecimiento del estado de emergencia, aunque por el momento el gobierno no parece querer jugar esa carta.
La oposición se debate entre el temor a un descontrol de la situación y un intento de explotar la crisis en que ha ingresado el gobierno. El presidente de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, planteó un referéndum sobre la política fiscal y ecológica del gobierno. El secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, anunció la presentación de una moción de censura, pero Macron cuenta aún con una amplia mayoría para bloquearla. Le Pen y Melenchon, que son las figuras que se sienten más favorecidas por el desarrollo del movimiento, reclaman la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas. No obstante lo cual, Le Pen se ha distanciado expresamente de los combates callejeros y las barricadas.
El recule del gobierno podría bajar el tono de los reclamos opositores, pese a lo cual todos cuestionaron como insuficientes los anuncios, que incluyen también un congelamiento de las tarifas eléctricas para 2019.

Una salida

Macron, que hace menos de dos años barrió a los partidos tradicionales de Francia y conquistó una holgada mayoría en la Asamblea Nacional, vio derrumbarse su popularidad velozmente al calor de sus medidas a favor de la burguesía, como la supresión del impuesto a las fortunas, y los agravios de todo tipo contra las masas.
La crisis profunda de su gobierno, en una Unión Europea en que se aceleran sus tendencias disgregadoras, requiere un liderazgo urgente de los trabajadores para darle una evolución positiva.

Gustavo Montenegro

El horror del hambre y la guerra imperialista en Yemen

El horror de la guerra en Yemen ha quedado graficado en un dato difundido por la organización Save the Children, que informa que alrededor de 85 mil chicos han muerto por inanición desde 2015. “Los niños que se mueren de esta manera sufren muchísimo porque las funciones de sus órganos vitales se lentifican hasta que finalmente se detienen”, afirma el titular de esa entidad (New York Times en español, 23/11).
Aunque la guerra en este país del Medio Oriente se encuentra oscurecida a nivel mediático por la que en estos momentos desangra a Siria, los números no tienen nada que envidiarle: 50 mil muertos en los enfrentamientos (Washington Post, 3/8), miles de civiles asesinados durante los bombardeos sauditas y 8.4 millones de personas bajo una situación de “inseguridad alimentaria severa”, etapa anterior a la hambruna, una cifra que podría crecer en un 50% (en un país con menos de 30 millones de habitantes). Se estima también que hay dos millones de desplazados. Como dato adicional, un brote de cólera afectó a más de un millón de personas.
El hambre se relaciona en buena medida con las sanciones económicas y el férreo bloqueo instrumentado por la coalición agresora, encabezada por Arabia Saudita, que incluye al puerto de Hudaydah (sobre el Mar Rojo), en manos de los rebeldes hutíes, y por donde entra el 90% de los alimentos del país.
Los orígenes del conflicto yemení se remontan al 2011, cuando en el cuadro de la Primavera Árabe cayó el gobierno de Ali Abdullah Saleh. Los hutíes, una milicia de una rama de los chiítas, apoyaron las protestas y se enfrentaron también a su sucesor, Abdrabbo Mansur Hadi.
En el 2014, los hutíes aprovecharon las nuevas protestas contra la quita de subsidios en los combustibles y contra la corrupción para tomar la capital (Saná) en septiembre y derrocarlo sin mayores esfuerzos. Pero Arabia Saudita patrocinó una coalición que, argumentando que los hutíes se encuentran financiados por Irán, envió miles de soldados a la zona (mayoritariamente de los Emiratos Árabes) y emprendió bombardeos indiscriminados (en agosto último, la coalición reivindicó un ataque que alcanzó un micro escolar con un saldo de veinte chicos muertos).
La coalición –que reclama el restablecimiento de Hadi en el poder– cuenta con el apoyo de Estados Unidos y las principales potencias occidentales (que abastecen al reino de armamento) y goza de la neutralidad rusa, todos ellos con vínculos aceitados con la monarquía saudita. Yemen concentra la atención de las potencias por su ubicación estratégica, entre el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Por el estrecho de bab-el-Mandeb circulan mercancías por 700 mil millones de dólares anuales.
La guerra ha desintegrado el país. “Después de casi tres años de conflicto, Yemen, como Estado, casi ha desaparecido. En vez de un único Estado, hay mini Estados que luchan entre sí”, dice un informe de expertos presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU (citado por El País, 22/3). Entre los grupos que se han reforzado figuran Al Qaeda y el Estado Islámico.
La poderosa coalición de los sauditas (integrada por los Emiratos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Egipto, entre otros) se ha topado con una resistencia mayor a la esperada. Pasados tres años de conflicto, no han podido detener el lanzamiento de misiles por parte de los hutíes a territorio saudita. Aunque la coalición ha logrado sacarlos de buena parte del sur del país, reconquistó Adén –donde se encuentra establecido un gobierno afín– y se ha ubicado a las puertas del estratégico puerto de Hudaydah, se encuentra debilitada por las pujas sangrientas que atraviesan a la monarquía saudita y la crisis que ésta tiene a su vez con algunos de sus socios (como Qatar). En este escenario, que incluye un agravamiento del desastre humanitario, la ONU está sondeando algún tipo de negociación de paz. El príncipe heredero de la monarquía que está al frente de esta coalición sangrienta Mohammed bin Salman, sindicado por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudita en Turquía, fue agasajado como jefe de Estado en su reciente visita al país para participar de la reunión del G20.
Por los participantes e intereses involucrados, el conflicto yemení es otra expresión de la guerra imperialista. Abajo los bombardeos, el bloqueo económico y la invasión de la coalición.

Gustavo Montenegro

G20: Macri celebra un comunicado encubridor y reaccionario

“Tenemos un comunicado”. El rostro feliz de Mauricio Macri al anunciar el texto final de la reunión de G20 sólo tiene una explicación: celebraba que los participantes de la cumbre de Buenos Aires se pusieran de acuerdo en estampar la firma en algún papel, cuando se temía que la reunión pudiera terminar sin siquiera poder emitir un comunicado. Si esto último pasaba, Macri se hubiera cargado otro kilo de plomo a la pesada mochila de los 30.000 millones de dólares fugados en 2018, el derrumbe industrial y la crisis de su coalición de gobierno.
Dicho esto, lo que parieron los jefes de la cumbre es un texto que, en el mejor de los casos, es encubridor. Y en el peor, no puede disimular el carácter abiertamente reaccionario de sus propósitos.

Guerra comercial

El documento menciona al “comercio internacional” como “importante factor de crecimiento”, para confesar a renglón siguiente la crisis de la Organización Mundial de Comercio, en medio de las pujas que enfrentan a sus principales integrantes. Las “reformas” a la OMC, que el documento sugiere, son las que Estados Unidos viene reclamando para legalizar su política de barreras arancelarias crecientes. El documento incluyó también una `recomendación` para reducir la capacidad instalada de acero, un claro emplazamiento a que China –con la mitad del parque siderúrgico mundial– asuma los `recortes` del caso. En la reunión entre Trump y Xi Jinping, prevista para estas horas, el magnate yanqui explicitará que el reforzamiento de las barreras arancelarias a China no cesará hasta que el gigante asiático no limite sus proyectos de integración industrial, de expansión comercial (“ruta de la seda”) y de militarización del Mar del Sur. Estados Unidos reclama también la sujeción de China al régimen de propiedad privada sobre el conocimiento (patentes), una forma de exigirle la subordinación industrial y tecnológica a los grandes monopolios industriales de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, la pretendida “tregua” que se espera de la reunión Trump-Jinping no haría más que postergar choques más profundos en un plazo breve. Si de libre comercio se trata, otras reuniones bilaterales no tuvieron mejor resultado: Macron se paseó por el centro porteño y fue repetidamente agasajado por Macri. Pero a la hora de los bifes, reiteró que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur “deberá esperar”.
La cumbre fue el escenario agravado de todos los antagonismos preexistentes, bajo el telón de fondo de la crisis capitalista.

Educación, trabajo, medio ambiente

En la parte del documento que pretende mostrar un cariz “social”, se alude al “trabajo inclusivo y sustentable”. La “sustentabilidad”, para los jefes del G20, consiste en avanzar en la precarización y flexibilización del trabajo, o sea, la universalización de las reformas laborales. Más adelante, se alude a la “coordinación entre empleo y educación”, que no es otra cosa que la adaptación de la escuela a la realidad –degradada– de la empresa capitalista. El anfitrión, impulsor de la reaccionaria `evaluación educativa`, la destrucción de los profesorados y la descalificación de los títulos de grado, no podía sino aplaudir.
El texto logró finalmente incluir una “preocupación” sobre el medio ambiente… pero al precio de legitimar la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París, que regula las emisiones contaminantes. Hace un año, en Hamburgo, el desacuerdo de Trump en este punto se expresó como un portazo. Ahora, el “portazo” se incorporó al texto. Por debajo de la mesa, varias otras potencias –deseosas de desembarazarse de los “molestos” pruritos ambientales– se relamían. Bajo la presión de la crisis capitalista, avanza el relajamiento de controles a los monopolios contaminantes.
El documento eleva su impostura cuando exhorta a promover las “políticas de género”, encubriendo la violencia de los gobiernos imperialistas contra la mujer oprimida, entre ellas, las migrantes y refugiadas.

La mano de Trump

Según lo que informan los medios, la diplomacia yanqui celebró como una victoria propia al “comunicado de consenso”. Esta caracterización se relaciona, sin duda, con la tibia mención al libre comercio, la propuesta de “reforma de la OMC” el jubileo a la contaminación y las exigencias a China respecto de la sobrecapacidad industrial.
La prevalencia de los planteos de Trump es sólo la confesión de que el dislocamiento político y económico del “orden internacional” ha progresado, y gana adeptos. Pero no debe confundirse con un “nuevo orden” bajo su égida. Antes que ello, deberán procesarse choques políticos e incluso militares entre los animadores del G20. Puertas adentro de los Estados Unidos, se avizora una nueva crisis financiera, expresada en las vacilaciones de la bolsa y en la política monetaria de la Reserva Federal. Mientras tanto, los anuncios de cierre de plantas del pulpo GM indican que la política de reactivación industrial fundada en medidas proteccionistas e incentivos fiscales se ha topado con un límite claro. En este escenario, progresa la crisis política, bajo la forma de las revelaciones escandalosas sobre Trump. Detrás de sus bravuconadas, subyace un tembladeral económico y político.
Mientras Macri celebraba haber llegado “en paz” al sábado a la tarde, Macron, en su butaca, recibía las imágenes de un nuevo y multitudinario episodio de la rebelión de los chalecos amarillos, un movimiento que empieza a empalmar con fracciones de la clase obrera y la juventud explotada. Los jefes de la guerra, el militarismo el hambre y la barbarie desarrollan a su sepulturero, la clase obrera y los oprimidos de todo el mundo. Es necesario imprimirle un carácter consciente a esa respuesta, para superar definitivamente a un orden social acabado.

Marcelo Ramal

Murió el criminal de guerra George H. W. Bush, expresidente de los EE. UU.

Este último viernes falleció el ex presidente (1989/1993) de EE. UU. George H. W. Bush. Durante su mandato la potencia imperialista invadió Panamá, Irak y firmó el tratado que puso fin a la guerra fría. Clinton, Obama, Trump, expresaron sus condolencias por la muerte de este criminal de guerra.

A los 94 años de edad murió George Bush padre, ex presidente de Estados Unidos y patriarca de un clan político familiar que supo ejercer su influencia sobre el Partido Republicano. Hijo de un rico empresario del acero y senador norteamericano, Prescott Bush, el clan Bush encarna a la casta de políticos millonarios que dominan la política norteamericana con total desprecio por los trabajadores, los inmigrantes y los sectores oprimidos.
La carrera de Bush lo muestra como un fiel representante de la élite política imperialista. Fue congresista, embajador ante la ONU, presidente del Comité Nacional Republicano, jefe de la oficina de enlace con China, director de la CIA durante la corta presidencia de Gerald Ford y vicepresidente de Ronald Reagan (1981-1989) antes de acceder a la presidencia como su sucesor.
Como segundo del llamado padre de la "revolución conservadora" el imperialismo norteamericano llevó adelante una brutal ofensiva contra la clase trabajadora norteamericana e impuso los valores conservadores del gran capital en respuesta a los movimientos que en la década anterior habían sido parte del cuestionamiento a la maquinaria de guerra y la política racial del imperialismo.
Bush padre asumió su presidencia luego de la caída del Muro de Berlín que significó el final de los regímenes estalinistas del Este Europeo y la restauración del capitalismo allí, en China y en la URSS. Como presidente presenció el desplome de la Unión Soviética firmando con Boris Yeltsin, en febrero de 1992, una declaración que puso fin a la Guerra Fría y la carrera armamentista entre las dos superpotencias. Eran los tiempos en que Francis Fukuyama predicaba el "fin de la historia" y la victoria absoluta de la democracia imperialista.
El patriarca de los Bush fue un guerrerista que invadió Panamá en 1989 para encarcelar a Manuel Noriega, quien había sido un estrecho colaborador del imperialismo y a quien se lo llegó a sindicar como el responsable del asesinato del nacionalista general Omar Torrijos. La invasión de EE.UU. fue llamada operación Causa Justa y se impuso en un par de días que fue toda la resistencia que ofreció Noriega. A pesar de la rapidez se calcula que las víctimas de dicha intervención se eleva a 7.000 muertos panameños.
El líder panameño, que supo ser colaborador de la CIA, fue sentenciado a 40 años de prisión en una cárcel norteamericana por narcotráfico, cuando el mismo fue una pieza esencial del financiamiento de la contrarrevolución nicaragüense con los dineros del narco colombiano y el tráfico de armas por parte del gobierno de Reagan y Bush. Hacia América Latina Bush padre fue el impulsor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), firmando un acuerdo con México y Canadá.
Su intervención más importante para los intereses imperialistas fue la coalición internacional de más de 30 países que llevó adelante la llamada Operación Tormenta del Desierto contra la ocupación de Kuwait por parte del Irak dirigido por otro excolaborador del imperialismo, Saddam Hussein. La invasión imperialista dejo el saldo de entre 25.000 y 30.000 muertos irakies, pero evitó el derrocamiento de Hussein quien mientras capitulaba a los invasores bombardeaba a la población kurda y chiíta que se levantaba contra el régimen con las tropas de la Guardia Republicana.
Bush padre fue un criminal de guerra, al igual que su hijo George W., que utilizó el poderío militar para imponer la agenda unilateral del imperialismo norteamericano al mundo luego de la caída del estalinismo y sus regímenes.
La victoria norteamericana en Irak, sin embargo, no fue suficiente para lograr la reelección en el marco de una economía norteamericana que no lograba remontar y termino siendo derrotado por Bill Clinton, quien representó la cara "políticamente correcta" del neoliberalismo que se impusiera en la era Reagan-Bush.
Como no podía ser de otra manera el expresidente fue despedido por Donald Trump quien aseguró que "Con su esencial autenticidad, agudo ingenio, y compromiso inquebrantable con la fe, la familia y el país, el presidente Bush inspiró a generaciones de compatriotas estadounidenses hacia el servicio público".
Barak Obama reivindicó por su parte “Lo hizo muy bien durante su viaje. Expandió la promesa de América a los nuevos inmigrantes y las personas con discapacidades. Redujo la amenaza de las armas nucleares y construyó una amplia coalición internacional para expulsar a un dictador de Kuwait. Y cuando las revoluciones democráticas florecieron en la Europa del Este, fue su mano firme y diplomática la que consiguió terminar la Guerra Fría sin disparar un solo tiro”.
Mientras que Bill y Hillary Clinton le dieron las gracias "por su gran y larga vida de servicio, amor y amistad". "Agradezco cada minuto que pasé con él y siempre recordaré nuestra amistad como uno de los regalos más grandes de mi vida".
Los líderes imperialistas expresan sus condolencias por un criminal de guerra enemigo de los pueblos, quienes no derramarán ni una lagrima lamentando la muerte impune de un verdugo.

Facundo Aguirre

Paraguay: Mucha soja, elevada desigualdad, pobreza y desempleo

La problemática de la tierra en Paraguay fue analizada recientemente por el sociólogo José Carlos Rodriguez quien mencionó “El Estado ha sido secuetrado por los latifundistas” [1], denunciando el acaparamiento de tierras en manos del 2% de la población, responsable de la destrucción de los bienes naturales y que esta minoría poderosa impone las reglas de juego a través de sus influencias políticas. Varios gobiernos han pasado pero ninguno ha tocado la estructura agraria fundada en la mala distribución de tierras.
Esta mala distribución de tierras forma parte de un modelo de apropiación, que actualmente se presenta basado en la exportación de soja y carne, principalmente, obstruyen posibilidades de disminuir la pobreza y aumentan la desigualdades en el país.
El estado a través de los gobiernos ha orientado sus políticas para proteger la lógica extractivista de la economía, concediendo privilegios para los agronegocios. Durante la administración de Horacio Cartes se “incrementó la deuda pública del país en un 63% entre 2013 y 2017, con la excusa de más inversiones” [2], de los cuales el BID y el Banco Mundial son los principales acreedores, y gran parte del dinero fue destinado a construcción de infraestructura para los agronegocios. Paraguay se ha ubicado entre los países que más creció en deuda pública, pero también es el país con menos impuestos sobre la exportación de granos en la región, “presiones tributarias bajas e injustas” [3].
Uno de los primeros discursos del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, incluso antes de asumir, fue para dar tranquilidad a los grandes señores del agronegocio, para garantizar el apoyo del gobierno, para expresar que la tasa impositiva para la soja no aumentará [4]. Claro que al hablar del impuesto a la soja no se está hablando de cualquier impuesto, se está hablando de un impuesto a los mayores poderes económicos del país, con quienes Abdo Benítez desea mantener buenas relaciones.
Hace varios años que la pobreza se mantiene sin poder ser disminuida, afectando al 28% de la población, lo que representa aproximadamente 1.900.000 personas [5]. Hay que agregar que una de cada dos personas en situación de pobreza o pobreza extrema es menor de 18 años, muchos de ellos en edad escolar no asisten a centros educativos por problemas relacionados a la pobreza [6].
Es paradógico, que en el Departamento de Caaguazú existen 400 mil hectáreas de soja [7], uno de los nuevos territorios sobre los que avanza el grano en cuestión, sin embargo es uno de los Departamentos más afectado por la pobreza. “La mayor cantidad de personas en situación de pobreza extrema o de indigencia se encuentran en los departamentos de Caaguazú y San Pedro” [8], el avance de los agronegocios y del extractivismo no conlleva necesariamente bienestar para la mayor parte de la población; en el mismo Departamento, se debe señalar que en un periodo de 10 años la agricultura campesina perdió 42,2% de superficie y el agronegocios creció en similar superficie (41,5%) [9], revelando la imposibilidad de coexistencia entre estas formas de producción.
En la medida que el modelo avanza también aumenta la desigualdad, en el 2013 el índice de Gini era de 0.448 aumentando al 2017 al 0,488, la situación empeora si tomamos las zonas rurales donde en el 2013 fue de 0.482 a llegar al 0,493 en el 2017, recordemos que el promedo de desigualdad en América Latina es de 0,469, Paraguay se ubica por encima [10].
Además preocupa de sobremanera lo que algunos llaman la infantilización de la pobreza, ya que ésta afecta severamente a la población de niños, niñas y adolescentes, según Centro de Investigación Aplicada (CIA) del Observatorio Económico de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica (UCA) “600.000 niños se encuentran en situación de pobreza –según cifras de la Encuesta Permanente de Hogares del 2016– representan el 40% del total de los chicos en ese rango de edad mencionado” [11]. Las causas de lo antes señalado, según responsables del informe, el modelo económico "que no proporciona igualdad de oportunidades para todos, una sociedad y una economía con un alto impacto de problemas de desocupación y subocupación laboral".
Al propósito del empleo, la OIT ha indicado que Paraguay es uno de los dos países con menos oportunidades de empleo para los jóvenes en Latinoamérica [12]. En junio del 2017 el periódico especializado en economía y negocios tituló una nota así: “En economía real, lo único que crece es el desempleo” [13]; de hecho la exportación de soja que tiene una incidencia importante en el PIB, pero que además de estar prácticamente exenta de impuestos, absorbe poco capital humano, no es generadora de empleo. Y por otro lado, los pocos puestos de trabajos que se generan en el sector primario vinculado a las grandes actividades agroganaderas, son en condiciones de precariedad, de explotación e ilegalidad.
En un informe sobre Paraguay (julio 2017), Urmila Bhoola, Relatora Especial de la Naciones Unidas se refiere al déficit sobre el trabajo digno, el criadazgo, trabajo forzoso y servidumbre por deuda, servidumbre doméstica, el informe pone en evidencia la falta de respeto y de garantias para los y las trabajadoras, además hace un especial énfasis a la situación de los indígenas en el Chaco quienes “se ven obligados a trabajar en condiciones de explotación profunda”. “Según la información recibida por la Relatora Especial, esos trabajadores están sujetos a prácticas que constituirían trabajo forzoso y una forma de esclavitud contemporánea. Se informa que trabajan largas horas sin pausas y reciben la totalidad o la mayor parte de sus salarios en cupones o créditos que se pueden gastar en tiendas propiedad de los empleadores” [14].
Mientras que para hacer frente al desempleo Paraguay necesita generar 66 puestos laborales por año, eso no se logrará con este modelo de concetración de riqueza, la tendencia en los agronegocios indican que éste ocupa a 1 trabajador por 400 hectáreas, mientras que la agricultura campesina emplea a una familia completa en 10 hectáreas [15].
La proyección de los agronegocios a corto plazo es mayor utilización de tecnología y prescindir de mano de obra, con el ingreso de varias maquinarias que apuestan a una “revolución en el campo”, así lo menciona un informe sobre los beneficios de la utilización de drones para la agricultura, controlar los “rubros más productivos”, “controlar el ganado”, prosigue el informe: “se emplean otros elementos costosos y que requieren de mucho personal, pero los drones le están cambiando la realidad al hombre de campo […] Paraguay está en un momento de transición de la tecnología convencional que se usa en el campo a una que está revolucionando el mundo como lo conocemos: los drones. Estos dispositivos son cada vez más frecuentes en el monitoreo de ganado o cultivos” [16]. Controlar todo a través de una computadora o celular.
Con estas condiciones el Estado Paraguayo se aleja de constribuir con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, que entre varios se encuentran: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” y “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, siendo fiel a un modelo excluyente que está por encima de los derechos y necesidades de las personas.
Existe una relación de simbiosos entre la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el relato de un modelo productivo que busca autodefinirse como moderno y fuente de progreso, pero que en realidad agrede a la vida misma de diversas maneras.

Abel Irala

Notas

[1] Ver nota disponbile en http://www.tierraviva.org.py/el-estado-fue-secuestrado-por-los-latifundistas/
[2] Diario abc color (11 de junio 2017) disponbile en http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/con-hc-deuda-crecio-63-pobreza-se-mantiene-y-aumenta-desempleo-1602484.html
[3] Serafini, V. (2017) “Cuando ganan los sojeros”. Informe Soja al Cuello, Base IS.
[4] Diario Última Hora (11 de mayo 2018) disponible en https://www.ultimahora.com/marito-afirma-que-no-permitira-aumento-impuesto-la-soja-n1147263.html
[5] Diario abc color (2 de julio 2017) disponible en http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/comprendiendo-estructura-del-ingreso-y-su-efecto-en-los-niveles-de-pobreza-1609079.html
[6] Diario Última Hora (24 de julio 2017) disponbile en https://www.ultimahora.com/no-asisten-centro-educativo-83000-personas-edad-escolar-pobreza-n1098116.html
[7] Capeco disponible en http://capeco.org.py/wp-content/uploads/2015/06/estimacion-de-produccion-soja-superficie-soja-soja-y-maiz-zafrina-2014-inbio-capeco.pdf
[8] Diario abc color (26 de junio 2017) disponible en http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/caaguazu-y-san-pedro-concentran-la-mayor-cantidad-de-indigentes-1606967.html
[9] Ortega, G. (2016) Mapeamiento del extractivismo disponible en http://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2017/03/2016Dic_Mapeamiento.pdf
[10] Diario Última Hora (11 setiembre 2018) disponible en https://www.ultimahora.com/desigualdad-aumento-periodo-cartes-pese-al-buen-ritmo-economico-n2706629.html
[11] Diario Última Hora (17 de julio 2017) disponible en https://www.ultimahora.com/pobreza-paraguay-tiene-cara-nino-y-golpea-duro-600000-chicos-n1096866.html
[12] Diario 5 Días (6 de junio de 2018) disponible en https://www.5dias.com.py/desempleo-de-paraguay-con-rostro-joven-2/
[13] Diario 5 Días https://www.5dias.com.py/en-economia-real-lo-unico-que-crece-es-el-desempleo/
[14] Declaración de fin de misión de Urmila Bhoola, Relatora Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, incluyendo sus causas y consecuencias, al concluir su visita al Paraguay del 17 al 24 de julio del 2017. disponible en https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21903&LangID=S
[15] Informe Relatora Especial de Naciones Unidas, Hilal Ever, sobre su visita oficial a Paraguay del 4 al 10 de noviembre, 2016. Disponible en https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20842&LangID=S
[16] Diaro abc color (11 de mayo 2018) disponible en http://www.abc.com.py/especiales/fin-de-semana/clima-de-drones-en-el-campo-1701518.html

Francia, un polvorín

Macron acorralado por nuevas protestas contra la suba de los combustibles

El sábado 24 de noviembre, la famosa avenida de los Campos Elíseos, la “más bella del mundo”, se convirtió en el principal escenario de una nueva movilización de los “Chalecos Amarillos”. El llamado “Segundo Acto” adquirió una radicalización inusitada. “La batalla campal en los Campos Elíseos tuvo un carácter espectacular, con pocos precedentes, en las últimas décadas” (ABC, 24/11).
Michel Delpuech, jefe de la policía, había prohibido cualquier tipo de manifestación en la zona del Palacio de Elísea, la plaza de la Concorde, la Asamblea Nacional y el Hotel Matignon. Pero esto no impidió que se realice la movilización. Según datos del Ministerio del Interior, unas 8 mil personas manifestaron en el centro de París, y unas 106.000 lo hicieron en 1600 puntos de Francia. Aunque importantes, estos guarismos están por debajo de las extraordinarias movilizaciones anteriores.
El principal reclamo de los Chalecos Amarillos, que expresa el malestar en sectores medios y bajos de la Francia del interior y suburbana, es contra la suba en los combustibles. "Macron, dimisión", "Macron, lárgate", fueron algunas de las consignas que se vieron en los carteles. El objetivo de los manifestantes fue acercarse lo más posible al Palacio del Elíseo, residencia del presidente, cuya popularidad cayó al 25%, la más baja desde que asumió. Esto fue lo que produjo la represión policial, que contó con unos 3 mil efectivos e incluyó gases lacrimógenos, carros hidrantes y la utilización de granadas.
A los chalecos amarillos se les sumaron los casseurs (rufianes), un grupo de los suburbios de Francia y los Black Block, que con técnicas de guerrilla urbana, enfrentaron durante horas la represión que se extendió hacia la noche. Un grupo de chalecos amarillos se dirigieron hacia el Congreso con un tractor y tiraron una “lluvia de estiércol” en la puerta, para mostrar el rechazo a dicha institución. La jornada terminó con más de 250 heridos y decenas de detenidos. Un grupo de trabajadores ferroviarios se sumaron a la protesta y marcharon juntos por la famosa Champs Élysées, al grito de “todos a la huelga”.
Frente a las protestas, el Senado aprobó por mayoría eliminar uno de los impuestos al combustible para el año entrante.

Heterogeneidad

El movimiento tiene características heterogéneas y contradictorias. Según El País (25/11) en la movilización se mezclaron votantes de Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) con votantes de Marine Le Pen, presidenta de Reagrupamiento Nacional. También Laurent Wauquiez, líder de Los Republicanos, intenta capitalizar el descontento.
Luego de la marcha, el ministro del Interior francés, Christophe Castaner, acusó a Marine Le Pen de ser responsable de promover las acciones de violencia callejera y trató a los manifestantes de “sediciosos de ultraderecha”.

Centrales obreras

El argumento de la presencia de elementos derechistas también ha sido usado por la burocracia sindical para darle la espalda a las protestas. El dirigente de la CFDT, Laurent Berger, calificó el movimiento como “totalitario”. En el caso de la dirección de la CGT, ha despegado sus acciones para que no empalmen con las protestas de los Chalecos, convocando para el 1 de diciembre a manifestaciones por el aumento del salario mínimo y contra la precarización laboral, entre otros puntos, en el marco del reinicio de las negociaciones salariales.
Aun así, sintomáticamente, además del grupo de trabajadores ferroviarios señalados anteriormente, también un grupo de 150 obreros de la refinería en huelga de La Mede se unieron a las protestas. También expresaron su adhesión la CGT de la Metalurgia, Sud-Industria, y FO-Transporte. Es indispensable la convocatoria a asambleas y plenarios de delegados para votar un programa de salida y llamar a los trabajadores a intervenir con sus métodos: la huelga, las ocupaciones de fábrica y los piquetes. Será el mejor antídoto para que el movimiento no sea capitalizado por la derecha reaccionaria y para golpear la política de ajuste y grandes beneficios al gran capital de Macron.

Mariano Hermida

Acto del Frente de Izquierda en repudio al G20