La investigación la impulsa Patricia Bullrich, quien no solamente presentó la denuncia a través del Ministerio de Seguridad sino que además intentó presentarse como querellante: una pretensión rechazada por el Juez Casanello. El ministerio actúa en conjunto con un grupo de tareas periodístico, liderado por Esteban Trebucq, Jonatán Viale y Luis Majul, quienes incluso se reúnen en Olivos con el gobierno para articular esta trama de mentiras contra las organizaciones populares. Por su parte, el secreto de sumario del juez Casanello es absolutamente injustificable y opera sólo contra el derecho a la defensa en esta fase.
La primera tergiversación consiste en lo siguiente: el gobierno de Milei y Bullrich es el que cerró los comedores populares, congeló en medio de la inflación galopante los montos de los programas sociales, dio más de 50.000 bajas del Potenciar Trabajo y eliminó los montos extras que cobraban quienes trabajaban en comedores y proyectos productivos. Sandra Pettovello tiene una denuncia por abandono de persona por esta acción. Y la reglamentación nueva del ex Potenciar Trabajo incluye que si te movilizás, lo perdés. Una suma de despojos y extorsiones. Pero la Justicia y sus alcahuetes mediáticos sostienen que son las organizaciones que reclaman la vuelta de la asistencia alimentaria las responsables (en sus palabras) de “sacarle la comida de la boca” a quienes asisten a los comedores populares. Lo que se dice una operación de envenenamiento de la racionalidad.
Para lograrlo arman un relato ficcional apuntando a criminalizar todo el funcionamiento interno de las organizaciones. La endeblez de este relato se manifiesta en que incluso el juez actuante en la causa, Sebastián Casanello, de quien nadie puede sospechar que sea trotskista y quien no pisó jamás un comedor del Polo Obrero, rechazó originalmente el pedido del fiscal Pollicita para allanar los domicilios de los militantes y activistas sindicados en la causa por falta de elementos probatorios. Lo que sucedió finalmente luego de la intervención de la Cámara de Casación, que sin adicionar ninguna prueba le dio la razón al fiscal, para facilitar una persecución política que tiene el objetivo de tapar el desastre en el que está sumido el país producto de su política criminal y golpear a quienes la enfrentan.
El documento que provocó dichos allanamientos es una obra maestra de la falsificación. Partiendo de 13.310 llamadas con denuncias al número dispuesto por el gobierno (134), solo pudieron obtener un total de 7 testimonios aislados (de más de 1,2 millones de beneficiarios), con denuncias y quejas parciales sobre el funcionamiento de sus respectivos comedores y lugares de organización.
Mucho ruido pocas pruebas
El fondo de toda la cuestión es el intento del fiscal (y del gobierno) por asociar un puñado de denuncias circunstanciales –las cuales en su mayoría son abordadas por las propias organizaciones- con la supuesta existencia de una organizaciones piramidales extorsivas, con jerarquías y divisiones territoriales. Pero el fiscal llega a esta teoría hilando testimonios de diferentes barrios, en diferentes etapas (antes y después de la llegada al gobierno de Milei), y de diferentes organizaciones. Estos relatos aislados fundamentan un operativo de seguimiento policial en el cual se intervienen teléfonos de decenas de compañeros, y se procede a los allanamientos. Esfuerzos titánicos de los explotados como sostener el alquiler de un comedor con un aporte mensual, son colocados como actos delictivos.
Una de las bases de todo el relato del fiscal constituye el hecho de que las organizaciones piqueteras son extorsivas porque pueden dar de baja los programas sociales. Entonces donde se convoca una movilización y se dice “vale como movilización”, el fiscal interpreta una amenaza de despido y una obligación. Pero esto da vuelta la realidad. Porque las organizaciones son voluntarias y el llamado a las movilizaciones tiene el objetivo, justamente, de que todos los asistentes pudieran acceder a la asistencia social básica como resultado de una lucha, del mismo modo que un paro o una movilización arrancan un aumento salarial. La idea de que toda lucha social es una extorsión al sistema está en la base de este accionar criminal del Estado. Esto, que el gobierno niega, es el fundamento de la voluntad en organizaciones que surgieron para reclamar al Estado la falta de asistencia. No es el Polo el que amenaza con quitar conquistas; al revés, estas conquistas se arrancaron con una lucha de años.
La misma inversión mentirosa se lleva adelante con la diferencia entre las listas de espera y los asistentes a comedores populares. Ocurre un hecho objetivo: la mercadería que entrega el gobierno , y que los compañeros complementan con colectas y donaciones propias, no alcanza para quienes quieren acceder. El Polo organiza listas de espera y convoca a movilizarse para ampliar una asistencia insuficiente. ¿Qué se lee con las anteojeras de los fiscales? Que son las organizaciones las que niegan el acceso a los alimentos y utilizan eso para coaccionar. Otra vez. Para encubrir la responsabilidad del gobierno, se ataca a las organizaciones.
En tercer lugar, se acusa a la compañera Elizabeth Palma por ser la responsable de informar la asistencia (o no) de los compañeros del programa potenciar trabajo al Estado todos los meses. Es el colmo del absurdo que el Estado penalice una tarea que le asignó el mismo estado a la organización. En la reglamentación del programa, se le exige a las organizaciones que informen mensualmente la asistencia. Pero la base de la coacción, las bajas, no es tal, porque las bajas siempre las dio el ministerio. El Polo Obrero no da bajas de programas, porque parte del concepto de que los programas son una conquista. Junto al Frente de Lucha Piquetero y diferentes organizaciones, actuamos en resguardo de estas conquistas, como lo estamos haciendo con el reclamo de los miles de migrantes suspendidos arbitrariamente por el ministerio.
El llamado de los delegados a “movilizarse” no es más que el ejercicio de la defensa de estas conquistas por parte del colectivo de trabajadores precarizados del Potenciar Trabajo. Si el movimiento piquetero no hubiera estado en la calle permanentemente en todos estos años, hubiera perdido el conjunto de sus conquistas.
La mejor demostración de este fraude informativo y judicial consiste en que los denunciantes, que el estado dice que ingresan en el programa de testigos protegidos ¡Se quedaron sin mercadería en los comedores, ni podrán acceder a programas sociales! Curiosa “protección” de un gobierno que busca las fisuras en las organizaciones sociales para golpear a todos, denunciantes y denunciados.
El Polo Obrero se organiza en asambleas, con delegados revocables. La tarea de organizar el control colectivo de estas conquistas arrancadas con la lucha es una tarea central de estas asambleas. Los delegados juegan un rol de organizar a los compañeros para luchar y defender estos reclamos y para defender el funcionamiento de los comedores y merenderos. Esta orientación democrática, de lucha y de control obrero colectivo de las conquistas contrasta con la realidad punteril que es tradición entre los intendentes y la política patronal. Obviamente, desarrollar esta lucha no termina con estas prácticas, que hay que combatirlas todos los días, defendiendo la organización. En el Polo Obrero, las asambleas han separado muchas veces diferentes compañeros e incluso dirigentes por conductas punteriles. Pero el ataque del Estado no apunta a combatir el punterismo, que es un aspecto inseparable de la política oficial, sino a criminalizar al conjunto de la organización.
La militancia del Polo está desmintiendo todas estas medidas en las calles. Porque se ha mantenido la movilización contra un gobierno que vació los comedores, los programas sociales y ni siquiera recibe a las organizaciones. Medidas que se suman a los megaoperativos represivos y las campañas del terror impulsadas por la ministra Bullrich y todo el gabinete del presidente Javier Mieli contra los piqueteros y trabajadores.
Los aportes
El aporte del 2% voluntario para los integrantes del Polo Obrero, con el propósito de financiar el funcionamiento de la organización, es un hecho de público conocimiento. Estos aportes son fundamentales para garantizar el funcionamiento de la organización. Tanto de los alquileres, los comedores, comprar los elementos necesarios, en muchos casos los frescos, fletes, etc. como en casos el propio pasaje en tren de las medidas de lucha y todo tipo de costos. El Estado no pone ni un peso para garantizar que la comida llegue efectivamente a sus destinatarios. Sin esa autofinanciación, no habría comedores populares ni habría tampoco una organización para defender los reclamos. La criminalización de los aportes al Polo Obrero, que nunca fueron compulsivos porque jamás se aplicó una sanción a nadie por no aportar, la lleva adelante el mismo gobierno que negocia la continuidad de fraudes de verdad, como los aportes compulsivos a trabajadores no afiliados a ciertos sindicatos. El aporte al Polo es sindical en el más legítimo de sus mecanismos, porque no hay retención por recibo de sueldo como en los sindicatos, es voluntario y personal, puesto que el plan se cobra en una cuenta bancaria.
El fiscal consagra toda su acusación señalando la existencia de “jerarquías” y responsabilidades en la estructuración de las organizaciones como el Polo Obrero. Es cierto que las asambleas del Polo Obrero eligen votan y auditan a sus delegados y responsables, pero eso no tiene nada que ver con la comisión de delito alguno. El señalamiento de cuestiones reprochables y supuestas conductas incompatibles con la organización, producidas circunstancialmente en “algunos” lugares no implica un nexo causal para determinar la existencia de una jerarquía vertical que responsable de esas conductas.
La enunciación de “listas de acceso a los programas”, por ejemplo, es propia de la dinámica del Estado que no garantiza un acceso universal a los programas sociales. Como hemos planteado toda la vida, la única forma de terminar con todo tipo de intermediación es la universalización de los programas y el acceso a los comedores populares.
Para el fiscal toda estructura organizativa implica tácitamente una organización criminal… siempre y cuando sea para defender a los trabajadores, dado que el mismo criterio no se aplica para las organizaciones propias o afines.
Lo que hay detrás de toda esta operación judicial, montada sobre siete testimonios aislados y el espionaje del Estado, es el intento de ilegalizar la organización independiente de los trabajadores, acompañado por una fuerte campaña mediática para “ensuciar” la lucha de los trabajadores desocupados.
Pero el movimiento piquetero saca su fuerza de años de haber construido organizaciones implantadas en los barrios, con dirigentes fogueados en grandes luchas. No hay Milei ni Pollicita que puedan terminar con este fenómeno histórico de organización de los explotados.
Juan García
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