Masacres
Según Indepaz, 236 personas fueron asesinadas en 59 masacres durante el 2020 (18/9). Las masacres perpetradas por los militares se aceleran al paso de la crisis política que ha detonado en las últimas con las movilizaciones contra la violencia policial, la detención de Uribe, y el pico de contagios y pobreza en el país. Hace un mes se registraron seis masacres en dos semanas que significa que las bandas paramilitares, que realizaban asesinatos selectivos como estrategia, han vuelto a utilizar las masacres como forma de control territorial.
El 11 de agosto pasado, 5 niños fueron asesinados en el barrio Llano Verde (Cali), hay varios agentes de la Policía y vigilantes involucrados según testigos.
Otra masacre ocurrió en Nariño, 8 jóvenes en una finca por grupos paramilitares. Dos días después, otra masacre ocurrió en la Comunidad Awá en el municipio de Ricaurte. El 21 de agosto dos asesinatos colectivos: el primero en el municipio El Tambo en Cauca y el segundo en El Caracol en Arauca, zona “roja” de choques entre bandas paramilitares y reductos guerrilleros. El acuerdo de paz fracasó.
El ejército y su cúpula es acusada por los “falsos positivos”, esto es, matar a jóvenes, mujeres y niños, y hacerlos pasar por guerrilleros y así cobrar las “primas” estatales. Estos crímenes despertaron la indignación de la juventud y el movimiento obrero, que en distintas ciudades levantaron su voz contra los asesinatos en movilizaciones que han sido reprimidas por órdenes del Gobierno de Duque y de las alcaldías de Claudia López y Daniel Quintero, dirigentes “progresistas”. El discurso del Centro Democrático de Duque es que la violencia en Colombia es generada por el narcotráfico y promovida por la guerrilla, justificativo para reprimir a las comunidades campesinas que viven del cultivo de coca. Pero el negocio de la coca en Colombia es parte de la “economía real” y tiene un peso medido en el PBI nacional. Es parte del negocio del sector financiero y los dirigentes de los partidos tradicionales, que reciben los beneficios del tráfico de drogas, a través del lavado de activos y de la financiación de las campañas políticas. Esta es la llamada “ñeñepolítica”, que tuvo como último episodio la difusión de escuchas que indican que la última elección presidencial fue “comprada” por Duque.
Crisis política y represión
Los asesinatos selectivos a luchadores sociales y a ex combatientes tra firma del acuerdo de desmovilización con las FARC han venido creciendo sistemáticamente. Desde la detención del ex presidente Uribe, los grupos paramilitares han recrudecido los asesinatos colectivos. La muerte de un líder social tiene como objetivo amedrentar a toda la comunidad y disipar la lucha política. El miedo se ha roto en estas últimas semanas y las organizaciones de indígenas y campesinos salieron a retomar la lucha (la Minga).
La juventud y la clase obrera convocaron movilizaciones en varias ciudades del país, junto a sindicatos, organizaciones de mujeres, comunidades negras y defensoras de derechos humanos, salieron a las calles el 21 de agosto en Bogotá. La movilización fue reprimida por el ESMAD y fue justificado por la alcaldesa Claudia López. Esto anticipó el accionar policial tras el asesinato del joven Javier Ordóñez que significó centenares de heridos y 14 muertos.
López aceptó la reapertura de la economía en Bogotá, aceptando las medidas de Duque. Ahora se queja de es antro mafioso, la ESMAD, cuando hubo cientos de denuncias antes de la masacre de Bogotá del 10. La Alcaldesa progresista siempre utilizó al ESMAD antes. El pedido de reforma de la policía, rechazado por Duque, es simplemente un lavado de manos.. El 21 de septiembre está convocada una enorme movilización que debe ser el puntapié para reclamar por Fuera Duque.
Emiliano Monge
20/09/2020
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