Turismo de vacunas: barbarie neoliberal

Las incongruencias que se observan en este mundo neoliberal son desquiciantes. Mientras que en África, gran parte de Asia y de América Latina la mayoría de sus habitantes no han tenido acceso a las inmunizaciones contra la Covid-19, en Estados Unidos se desarrolla un turismo de vacunas para atraer a las personas que pueden darse el lujo de pagar su abultado costo. 

 Ocurre que decenas de ciudadanos han viajado desde Latinoamérica a Estados Unidos para vacunarse y se disparan los vuelos como un negocio que servirá para enriquecer a unos cuantos negociantes. 

 En el caso de América Latina y el Caribe donde prolifera la pandemia no se han podido realizar inmunizaciones masivas debido a varios factores: falta de dinero para obtener el fármaco; pésima gestión de algunos gobiernos neoliberales; privatización de los servicios de salud; escasas compañías suministradoras y el acaparamiento de dosis por los países capitalistas desarrollados.

 Mucha razón tiene la doctora Carissa Etienne, directora de la sección americana de la Organización Mundial de la Salud cuando denunció que ese tipo de turismo “no es la solución, sino más bien un síntoma de la desigualdad en el continente americano; ese fármaco puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, no debería ser un privilegio de los países ricos o de las personas ricas y en última instancia esa modalidad solo agrava la desigualdad”. 

 Pero preguntemos el porqué ocurre ese trasiego de personas hacia el gigante del norte. 

 Estados Unidos con 330 millones de habitantes que representan el 4 % de la población mundial ha comprado a diferentes farmacéuticas la alarmante cifra de 2 600 millones de dosis lo que representa la tercera parte de los 7 300 habitantes del planeta, según los últimos datos de la ONU. 

 Mientras muchos países se esfuerzan por tratar de obtener con urgencia las vacunas que necesitan, en esa nación se almacenan cientos de millones de dosis bajo la propaganda gubernamental de “América primero”, en un mundo que, contrariamente a ese concepto, es cada vez más multipolar.

 A esto se suma que mientras Estados Unidos prioriza la distribución de vacunas en sus fronteras, a la par restringe la exportación de materias primas para la producción del fármaco contra el virus. 

 No es que se prohíba vacunar a un turista sino que eso se convierta en un negocio para países que por su gran potencial económico pueda comprar enormes cantidades de dosis mientras el planeta padece una de las mayores pandemias de la historia que de no ser controlada amenaza con consecuencias catastróficas para toda la humanidad. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la mitad de las dosis suministradas hasta principios de mayo han sido puestas a personas de países donde vive una séptima parte de la población mundial, principalmente Estados Unidos y Europa, en detrimento de decenas de naciones de África, Asia y América latina que apenas han iniciado la inoculación gracias al mecanismo Covax de Naciones Unidas que por cierto no ha recibido hasta el momento el apoyo necesario por parte de los países desarrollados. 

 Resulta harto conocido que la atención sanitaria siempre ha sido un negocio en los países capitalistas neoliberales y las grandes compañías farmacéuticas extraen cantidad de dinero del Estado para después privatizar las curas de las enfermedades y obtener abundantes ganancias.

 La realidad es que ante la desesperación de los habitantes por la proliferación de contagios de coronavirus, personas con alto poder adquisitivo viajan a Estados Unidos para obtener la tan ansiada inmunización. 

 Es el negocio de los negocios pues al acumular excesivas cantidades de dosis, el país y las farmacéuticas pueden vendérselas a cualquier postor que pague el precio. 

 Se han puesto a disposición de los solicitantes extranjeros las vacunas estadounidenses de Moderna, Pfizer y Jhonson and Jhonson sobre todo en los estados de Luisiana, Texas, Arizona, Nevada, Nueva York y Florida sin importar su situación legal dentro del país, explica el portal Web Travelpack.

 El ecuatoriano Javier Coronel manifestó en declaraciones a la prensa que oyó hablar que en Florida se podía vacunar y como en su país se ha incrementado la pandemia y hay muy poco avance al respecto, decidió gastar el dinero y viajar al Norte. 

 El colombiano Mauricio Pérez argumentó que en su país la situación política y económica es incierta, no se sabe cuándo se realizará la vacunación por lo que decidió hacerlo en Miami. Situación similar argumentó la mexicana Samanta Amke. 

 Varias agencias de México, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, ofrecen a las personas que tengan el dinero y hayan obtenido la visa correspondiente, un paquete turístico que comprende, viaje en avión, hospedaje y transportación colectiva a los centros de inmunización. 

 Si antes de la pandemia una agencia cobraba entre 500 y 700 dólares por el viaje a Miami, ahora la cifra se sitúa entre 1 000 y 4 000 dólares según el servicio que se preste. 

 Como la demanda se incrementa y muchas compañías relacionadas con el sector turístico quieren extraer las mayores ganancias, se ha llegado a la poca profesional decisión de que en tiendas, almacenes y supermercados privados como Walgreens, CVS, Costco, HEB, Walmart y Selfway se suministre las vacunas a los extranjeros.

 A los interesados solo se les pide el pasaporte y no se les realiza ningún chequeo médico ni control tras inyectarles el fármaco.

 El secretario general de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus denunció que la organización ha solicitado a los países ricos que han comprado los mayores lotes de vacunas que donen al sistema Covax para poder entregarlas a numerosas naciones pobres las cuales no han podido inmunizar ni siquiera a su personal de salud y sus hospitales están llenos de personas en graves estado. “La vacunación por goteo, recalcó, no es una estrategia eficaz para combatir un virus respiratorio mortal”.

 Moraleja: cuando en el capitalismo los negocios y el dinero fluyen, no importa la vida de los desfavorecidos. 

 Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Movilización del PIT- CNT a Torre Ejecutiva en el paro general, 17 de junio 2021

El Bloqueo de EE.UU. contra Cuba se ha recrudecido en tiempos de pandemia

Perú: no a cualquier intento golpista

Es vital: los trabajadores deben organizarse y votar su agenda independiente. 

 Según la ONPE (órgano estatal de fiscalización electoral), al 99,92% de los votos contabilizados, el profesor Pedro Castillo le estaría ganando a Keiko Fujimori por 49,710 votos. No obstante, Keiko está denunciando que hubo “irregularidades” en el proceso electoral. 

 El pedido de nulidad de 820 mesas por parte de Keiko Fujimori no tiene asidero. La Junta Electoral Nacional habilitó el viernes 11, a las 8 horas de la mañana, que Fujimori podía presentar nuevos pedidos de nulidad sobre mesas, pese a que el plazo legal había vencido el miércoles previo. Esto habilitaba a que Keiko presentara más y más planillas para pudrir el proceso de conteo. Una fuerte agitación en la población (anuncio que venían ronderos-campesinos del interior hacia la Capital, etc.) hizo que la Junta en la misma noche del viernes se retractara. 

 La mayoría de las observaciones pidiendo nulidad están basadas en “dudas”, suposiciones y sin peritajes. Son inventos armados-dibujados por los equipos de abogados que contrató la derecha. 

 ¿Por qué perdió Keiko? 

En Perú, hay aproximadamente 8 millones de peruanos sin agua potable, 1 millón y medio sin refrigerador, casi 2 millones sin vivienda social digna. Y según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), más de 3 millones de peruanos han pasado a engrosar las filas de la pobreza. De esta forma, el coronavirus ha intervenido como un factor detonante de todo el sistema desarrollando una metástasis que no se va a curar con “aspirinas”, ni con “reformas” anticorrupción como plantea la centroizquierda. 

 En la campaña electoral, Keiko prometió el oro y el moro. Pero la masa pobre no le creyó. Se rodeó de gente oscura vinculada a la dictadura de su padre que la gente identificó con la élite política y mediática que durante el tiempo del llamado boom de minerales se enriqueció. Carlos Rodríguez Pastor, dueño del grupo Intercorp, propietario del 95% de la industria farmacéutica y decenas de empresas, durante la pandemia se benefició del salvataje estatista “Reactiva Perú”: aumentó su patrimonio monetario de $4,000 millones a más de $5,000 millones. 

 Un intento golpista a la boliviana

 El intento de pudrir el escrutinio era para enrarecer la situación, desconocer el resultado y que se convocara a nuevas elecciones. Como se hizo en Bolivia en noviembre del 2018 destituyendo a Evo Morales, acusándolo de un fraude que nunca se pudo demostrar.

 Pero justamente el fracaso del golpe boliviano que dio lugar al desarrollo de una fuerte resistencia de masas y a una huelga general, para terminar meses después reponiendo –elecciones mediante- al MAS en el gobierno, hizo que la burguesía y los factores de poder no esté apoyando esta propuesta aventurera fujimorista. Perú podía ser llevado a un levantamiento como el que empezó a desarrollarse en noviembre último contra el golpe que destituyó al presidente Martín Vizcarra y que obligó que tuviera que renunciar el golpista Manuel Merino. 

 A las clases dominantes no les gustó para nada que ganara el “profesor” Castillo. Porque cree que no tiene condiciones materiales para contener una irrupción de masas (por el contrario, la podría acelerar con sus contradicciones). Pero… 

 La burguesía ha entrado en una nueva fase

 Keiko, como el ex presidente yanqui Donald Trump, a esta altura quiere aparecer como que quedó desplazada del poder por un “fraude comunista” con el fin de candidatearse a retomar el poder (y, casi seguramente, no por vía electoral). Hizo una campaña que combinó su tradición de “mano dura” con demagogia populista. Logró reagrupar en forma forzosa -porque se dio en la segunda vuelta (en la primera sacó el 12%)- el 49% de los votos y obtener el apoyo de sectores que se le oponían por su carácter fascistoide, presentándose como adalid de la democracia (la selección de fútbol nacional, el premio nobel Mario Vargas Llosa, etc.). Y como un objetivo subalterno (pero importante): negociar políticamente con Castillo para no terminar presa. 

Las clases dominantes y los “factores de poder” burgués, están tratando de condicionar al nuevo presidente-profesor Castillo que debiera asumir el 28 de julio próximo, haciéndole adoptar compromisos públicos de que no va a modificar sustancial, ni progresivamente al Perú. En materia social-cultural es un elemento conservador y reaccionario: se opone ferozmente al derecho al aborto y los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Es un hombre ligado a las Iglesias (católicas y evangélicas). 

 Las promesas de cambios democráticos-institucionales que hizo en la campaña electoral de la primera vuelta, han desaparecido o ha pegado un giro de 180 grados. Por ejemplo, respecto al corrupto y reaccionario Tribunal Constitucional (TC), que se ha convertido en un claro instrumento contra los trabajadores y los pobres, rechazando leyes populares como la devolución de la plata a los aportantes de la ONP (Oficina de Normalización Previsional), la Ley CAS (Contratación Administrativa de Servicios), la devolución del FONAVI (aportes al Fondo Nacional de Vivienda), etc. Castillo pasó de anunciar su propósito de disolverlo a comprometerse a fortalecerlo. 

 Y ahora está revisando la ley que protege la negociación colectiva de salarios y condiciones laborales de los trabajadores públicos. Considera en forma antiobrera que es “anticonstitucional”. 

 En general, mientras firma acuerdos con la Federación de Trabajadores Mineros (FNTMMSP), etc., no plantea seriamente ninguna reivindicación obrera (anulación de las llamadas “suspensiones perfectas” que permiten a las patronales despedir sin cortapsisas, etc.). Y su promocionado futuro ministro de Economía, Pedro Franke, ha salido a “calmar los mercados”. Francke sacó comunicados planteando: “no tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela, no haremos expropiaciones, no haremos estatizaciones, no haremos controles de precios generalizados, no haremos un control de cambios… Se va a mantener la autonomía del Banco Central de Reserva, es importante en el Perú que hemos tenido una inflación baja. Mantendremos una política de sostenibilidad fiscal de mediano plazo” (Infobae, 11/6). 

 Luego, cuando le preguntan por su relación con la central empresaria, CONFIEP, responde: “Con el gremio no, pero sí hemos contactado con varios empresarios de distintos sectores y estamos todavía promoviendo nuevos encuentros”. Y sobre la minería, Francke señaló: “la rentabilidad del negocio minero va a ser muy buena en los próximos años y nosotros queremos que haya un mejor diálogo nacional para que haya menos conflictos sociales, más respeto del medio ambiente y podamos tener un desarrollo de la inversión minera sostenible” (Euronews, 12/6).

 A cada segundo, la burguesía, por diferentes caminos, le reclama más y más “garantías”, para habilitar el reconocimiento legal de su triunfo electoral y su ascensión al gobierno. Y Perú Libre (PL) y Castillo se van comprometiendo, mientras llaman a las masas a no caer en la provocación y no movilizarse a través de un plan de lucha, que llegue al paro nacional y bloqueo de carreteras. 

 Hay un ala de Keiko, los partidos derechistas y las “fuerzas de seguridad” que llama a organizarse y hacerse de una base de masas para ahogar en la represión al próximo gobierno y a las masas que lo apoyan, usando una agitación anticomunista y macartista. Alentando, incluso, el desarrollo de grupos paramilitares y/o neofascistas (el parlamento votó poco antes de las elecciones que los “privados” puedan hacer “donaciones” para armar a comités de autodefensa en el agro: como en Colombia). En este sentido abona la presencia del golpista venezolano y organizador de grupos terroristas, Leopoldo López. Ya anteriormente Rafael López Aliaga, “porky”, arengó por “la muerte del comunismo, Cerrón [exgobernador de Junín] y Castillo” (diario El Peruano, 9/5). 

 Cada día más, las propuestas de Perú Libre y Castillo quedan reducidas a sloganes generales (“No más pobres, en un país rico”) y a promesas de “honestidad” y “lucha contra la corrupción”. 

 Los trabajadores y explotados también debemos entrar en una nueva fase

 Hay señales claras de reconocimiento del establishment a Pedro Castillo como presidente. Pero el peligro sigue pendiente. La demora en declararlo es parte de un chantaje de la burguesía. 

 Los trabajadores no deben ser furgón de cola del castillismo. Deben fijar su programa en forma independiente y plantarse en defensa del mismo frente a la derecha, a todo intento de desconocer las elecciones y también frente al próximo gobierno que, como señalamos, está escondiendo sus planteos más “progresistas”.

 La CGTP (central obrera) convocó a marchar el lunes 14, para “impulsar el frente nacional cívico popular en defensa de la voluntad popular, la democracia y la gobernabilidad”. No por las reivindicaciones de los trabajadores y del pueblo y la nación explotada, sino en defensa de la “gobernabilidad”. Se usará la amenaza de la derecha para mantener sumergido al movimiento de las masas. 

 Los trabajadores deben fijar su propia agenda, en forma independiente. Plantear el inmediato reconocimiento del triunfo electoral de Castillo y el rechazo de cualquier intentona golpista o de limitación institucional del próximo gobierno, convocando a la movilización obrera y popular.

 Convocar a un Congreso Coordinador Nacional de las masas obreras y explotadas, con delegados elegidos en las fábricas y empresas, entre los trabajadores de las fincas agrarias, en las barriadas de los desocupados. Donde se vote un pliego nacional de reivindicaciones no solo obreras, sino de salida a la crisis nacional: aumento salarial a nivel de la canasta familiar; eliminación de las suspensiones perfectas y ceses colectivos; negociación colectiva por rama de actividad; que la banca privada pase al poder público; derogación del régimen de AFP; conformación de un sistema sanitario estatal y único (expropiando a los mercaderes de la salud del pueblo); impuesto a las fortunas; que los ricos paguen los más de 9,000 millones de soles que deben por impuestos; no pago de la deuda externa; etc.

 El sindicalismo combativo puede jugar un rol importante si toma la iniciativa en este camino de independencia obrera interviniendo con sus propias demandas. Exigiendo la disolución del Tribunal Constitucional que funciona como un antiobrero Senado encubierto. 

 El Perú obrero y campesino se sumará –por sus propias vías particulares- a la ola de rebeliones populares que recorre América Latina.

 César Zelada 

Agrupación Vilcapaza

La gira antimigratoria de Kamala Harris

La complicidad de los presidentes López Obrador y Giammattei. 

 “No vengan a Estados Unidos. Seguiremos aplicando la ley y reforzando las fronteras… si llegan serán enviados de vuelta”, amenazó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita a Guatemala, parte de una gira que también la llevó a México y con la que el gobierno de Joe Biden busca contener las migraciones masivas.

  En abril de este año, Estados Unidos expulsó a 111 mil Chile: tercera ola y sistema sanitario colapsado personas que cruzaron su frontera sur, valiéndose de una norma instaurada por Trump y preservada por Biden, que con el pretexto de la pandemia los devuelve incluso antes de que puedan pedir asilo. Fue en el marco de un mes récord de arribos, con 178 mil, el más alto desde abril del 2000 (El País, 11/5). Ya en el mes de febrero, alrededor de 70 mil personas fueron devueltas en caliente. Tanto republicanos como demócratas comparten la responsabilidad por las deportaciones masivas. Vale recordar que el expresidente Barack Obama fue bautizado como el “deportador en jefe”, por las más de 2 millones de expulsiones que hubo bajo su mandato. 

 En el caso del nuevo presidente norteamericano, ha combinado la dureza en la frontera con un proyecto limitado de reforma migratoria para regularizar la situación de once millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Básicamente, otorgaría una residencia temporal y abriría un incierto período de cinco años en el que estos podrían obtener la residencia permanente (green card). Pero el texto en cuestión se encuentra dormido en el parlamento. Y en nombre de la necesidad de un consenso con los republicanos, la iniciativa podría quedar restringida -en caso de que prospere- a los dreamers (jóvenes que llegaron al país de niños), que apenas son cerca de un millón. 

 Guatemala 

Con este marco, Harris, puesta al frente del problema migratorio, visitó Guatemala y México. En el país centroamericano, donde formuló la cita ya mencionada, se reunió con el presidente Alejandro Giammattei y acordaron que la Patrulla Fronteriza norteamericana entrenará a agentes de la Policía Nacional Civil en asuntos migratorios. Asimismo, prometió gestionar inversiones que ayuden a resolver las causas de las migraciones, es decir, la miseria y la inseguridad que golpea a los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador). Estas naciones tienen tasas de homicidios de las más altas del mundo y se ven desoladas por el narcotráfico y las bandas criminales. 

 Aunque Guatemala recibirá ahora algunas decenas de millones de dólares, el grueso de la ayuda estará condicionada (el gobierno ha prometido hasta 4 mil millones en fondos). Estados Unidos no da puntada sin hilo y todo desembolso deberá ir de la mano de un reforzamiento de su influencia en la zona. En este país, el imperialismo patrocinó desde 2006 una comisión anticorrupción (la CICIG) con el propósito de monitorear a los gobiernos y promover un clima de inversiones amistoso para los yanquis. Esto ha generado recurrentes tensiones con las camarillas mafiosas que gobiernan el país centroamericano. Bajo el período de Jimmy Morales, se puso fin al mandato de la CICIG. Harris le reclamó a Giammattei que se respete a la Fiscalía Especial contra la Corrupción Institucional (FECI), un organismo surgido de la CICIG que aún está en pie y con el que el mandatario guatemalteco ha chocado en varias oportunidades. Asimismo, se ha creado una nueva fuerza “anticorrupción”. Estados Unidos se muestra dispuesto a trabajar con el gobierno derechista guatemalteco, pero busca disciplinarlo. La perorata sobre la transparencia es su coartada para ir afianzando posiciones. 

 En la conferencia de prensa conjunta de Harris y Gammattei, el presidente guatemalteco recibió cuestionamientos por la corrupción en el país, e incluso la propia vice, por sellar compromisos con el mandatario. El rechazo a la corrupción fue uno de los elementos de las grandes movilizaciones populares que reclamaron el año pasado la salida de Giammattei, en el curso de una de las cuales ardieron las instalaciones del parlamento. Además, el pueblo movilizado rechazó entonces el congelamiento presupuestario en educación y salud. Y miles de indígenas arribaron a la capital guatemalteca desde todo el país para luchar por la caída del gobierno. 

 Vía México 

En México, Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificaron una alianza antimigratoria que ya data de los tiempos de Trump. El encuentro entre la vice y el líder mexicano viene precedido por un reforzamiento del despliegue militar (y de la Guardia Nacional) en la frontera sur mexicana, en marzo, con el propósito de taponear la migración centroamericana. Ese mes, México duplicó las detenciones de migrantes (Reuters, 12/4). 

 En esta ocasión, Harris-AMLO dispusieron formar un grupo para compartir información de inteligencia entre los dos países. En otro orden de cosas, definieron un encuentro bilateral para septiembre (DEAN, Diálogo Económico de Alto Nivel) con el propósito de profundizar la relación entre los dos países. Con la ratificación del T-MEC (tratado de libre comercio de América del Norte) por parte de López Obrador, México acentuó su subordinación al imperialismo norteamericano.

 El imperialismo es el mayor responsable de la estampida migratoria, dado que apañó las dictaduras y gobiernos que hundieron la región en las últimas décadas. En su cruzada contra la población que huye desesperadamente y viaja en condiciones infrahumanas, el gobierno norteamericano impone un régimen despiadado en su frontera y apela tanto a gobiernos derechistas (Guatemala) como “nacionales y populares” (México) como sus gendarmes. 

 Es necesario defender el derecho al asilo y promover la unión de los migrantes y los trabajadores mexicanos y norteamericanos en una lucha contra el capital y sus gobiernos.

 Gustavo Montenegro

Chile: tercera ola y sistema sanitario colapsado

El gobierno y el Estado son La gira antimigratoria de Kamala Harrisresponsables. 

 El jueves, con un registro de 7.716 nuevos contagios y 198 muertes, el Ministerio de Salud anunció que la Región Metropolitana (RM) en su conjunto pasará a cuarentena total a partir del sábado 12, debido a la nueva ola de Covid-19 que azota al país y que naturalmente la tiene como epicentro por la densidad poblacional. En las últimas semanas el número de contagios ascendió acercándose al pico histórico, más de 9 mil diarios, por lo que todo indica que en las próximas semanas la situación se puede agravar enormemente. Con el retorno a fase 1 de la RM y comunas de distintas regiones 11 millones de personas pasan a estar confinadas. 

 La decisión se toma luego de que el pasado 23 de mayo el presidente Sebastián Piñera anunciara, con bombos y platillos, el polémico pase de movilidad con el cual aquellas personas que contaran con la segunda dosis de la vacuna podían desplazarse libremente por las comunas que se encontraban en fase 2 y 3. El anuncio fue fuertemente cuestionado por epidemiólogxs y especialistas y aplaudido por los sectores empresariales vinculados al turismo y a la gastronomía. Pero los cuestionamientos vienen desde antes e incluso el Colegio de Médicos anunció días atrás que se retiraba de la “mesa Covid” luego que desde las autoridades se reconociera que era una mesa fantasma ya que no era una instancia formal y por lo tanto no existían actas que den cuenta de su funcionamiento, quedando en evidencia que no existían criterios científicos que respaldaran las decisiones que se toman en materia sanitaria. Ello explica las decisiones erráticas y contradictorias con que se está manejando la pandemia y que se traduce en casi 200 fallecimientos diarios. 

 Sistema sanitario colapsado e hiperexplotación de lxs trabajadoxs de salud

 Lo que ya se define como la tercera ola significó el colapso de los hospitales, pues no existe la capacidad disponible en las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- y se recurre a consultorios para “hospitalizar” a pacientes “menos graves”, mientras aguardan el ingreso a las UCI. La habilitación de estos sectores donde se brinda apenas asistencia respiratoria y no la atención que requieren los pacientes con cuadros médicos agravados se lleva adelante con la extensión de los turnos de médicxs, enfermerxs y personal especializado ya que tampoco se dispone de más trabajadorxs que puedan llevar a cabo estas tareas. 

 Las y los trabajadores de salud llevan 15 meses de jornadas extenuantes y sin vacaciones, por lo que se encuentran en un estado de agotamiento generalizado, lo que explica que cerca de un 30% se encuentre con licencia médica, en su mayoría por estrés. A raíz de ello, trabajadorxs del hospital Barros Luco se encuentran llevando a cabo movilizaciones bajo el lema “Por el derecho a descansar” en las que denuncian los turnos agobiantes a los que se encuentran sometidxs por falta de personal, además de los bajos salarios y falta de insumos básicos como agua caliente, alcohol en gel y camillas en condiciones.

 ¿La vacunación masiva no alcanza para frenar los contagios? 

El plan de vacunación masiva fue presentado por el gobierno de Piñera, en innumerables oportunidades, como el camino de salida a la crisis pandémica. En el mismo sentido se expresaron desde la oposición, elogiando al gobierno “en aquello que hace bien”. Sin embargo, este nuevo capítulo de la catástrofe sanitaria que se vive en Chile pone en cuestión que aquello que se prometió tenga bases sólidas. Lo cierto es que existen varios factores que explican la situación sanitaria en la que nos encontramos y que a la fecha significó la muerte de casi 40 mil personas.

 En primer lugar hay que considerar que la vacuna Sinovac, que es la que en un 90% se inoculó en el país, tiene una efectividad para prevenir contagios que llega al 56,5% luego de 14 días de suministrada la segunda dosis y aún no hay certezas respecto de su efectividad para evitar hospitalizaciones. Entonces, el “retorno a la normalidad” como estrategia de cara al calendario electoral trazado por Piñera y su gabinete corresponde calificarlo como criminal. 

 Por otra parte, hay que tener en cuenta el factor económico en las familias donde “quedarse en casa” no es una opción cuando tienen que trabajar para poder sobrevivir. La asistencia estatal fue tardía e insuficiente y la utilización de los fondos de pensión para afrontar la crisis fue inevitable para miles de trabajadorxs. Los “mínimos comunes” entre oficialismo y oposición que buscaron apuntalar, una vez más, al gobierno frente a las manifestaciones populares que tuvieron lugar en abril, se materializaron en un IFE (ingreso de emergencia) con mayor alcance, sí, pero lejos de tener un carácter universal, y recién por estos días. Evidentemente las urgencias de las familias trabajadoras no son las de los partidos patronales. Entonces la mayor movilidad a la que se asocia el crecimiento en los contagios, lejos de ser atribuible a la irresponsabilidad individual, es responsabilidad directa del gobierno y la oposición cómplice. Asimismo, deliberadamente se ha disminuido la cantidad de testeos y no se lleva a cabo la trazabilidad, con lo cual no se cuenta con herramientas indispensables para cortar la cadena de contagios.

 Frente a la nueva ola de contagios, necesitamos organizar la lucha junto a las y los trabajadores de salud, por mayor presupuesto público para testeos, insumos, recomposición salarial del personal sanitario y por la nacionalización y centralización del sistema sanitario. 

 Olga Aguirre, desde Chile

Colombia: por qué no cae el gobierno

Colombia vive un proceso abierto de rebelión popular de carácter ininterrumpido. Las negociaciones entre el Comité de Paro y el gobierno han fracasado, pues Duque insiste en que haya un repudio a los bloqueos (cortes de calles y rutas). Semejante cláusula no serviría para aplacar la movilización y, de ser suscripta, acabaría con el resto de autoridad del CNP. El planteo del CNP de “desencalar” los bloqueos, fue simplemente ignorada por los jóvenes movilizados (pulzo, 19/6).

 El CNP anunció estar dispuesto a levantar las protestas a cambio de integrar a las negociaciones a la una comisión independiente de la propia Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) . El Gobierno de Duque, por su lado, se declaró "satisfecho" por el "reconocimiento" de la CIDH a "la fortaleza institucional de Colombia" (europapress, 11/6). 

 Según indica El Tiempo, habría división en el Comité entre quienes están a favor de levantar el paro y negociar el Pliego de Emergencia con el Gobierno Nacional, y otros que propusieron cambiar la “forma” de seguir el paro. Los miembros del CNP, como Maltés, entrevistado por el semanario de izquierda, La Voz, justifica la falta de interés en negociar de Duque, en la caída del apoyo a las movilizaciones.

 El CNP intenta cooptar a las nuevas lideranzas del movimiento. El mismo Maltés plantea ampliar la participación de jóvenes en los comités regionales y el comité nacional de paro, mediante la elección de voceros por parte de ellos para que participen en las diferentes instancias” (ídem, 10/6). Arias, otro vocero de CUT, reclamó que los comités regionales de paro lleguen a acuerdos para desbloquear las rutas. Para firmar las condiciones de Duque, procuran que sean impuestas antes del acuerdo. 

 Nelson Alarcón, de Fecode, sindicato de maestros, caracterizó que “esto (el paro) es para derrotar al centro democrático (Duque-Uribe)” en las elecciones de 2022 (infobae, 10 /6). Llamó a que los jóvenes que rechazan al CNP y su política conciliadora, se “integren” al CNP. “Esto es de largo aliento y entonces tenemos que cambiar la táctica”, en referencia a desmovilizar a las masas luchadoras. Gustavo Petro, el centroizquierdista que encabeza las encuestas de voto, repitió que “no comparto los bloqueos” (El País, 9/10).

 Asamblea Nacional Popular

 En el Colegio Claretiano en Bosa, el 6, 7 y 8 de junio se realizó la Asamblea Popular Nacional que reunió a 4.000 personas entre las variantes presencial y virtual. El lugar elegido fue singular, porque ese Colegio fue utilizado por las fuerzas represivas como centro de operaciones, con helicópteros militares incluidos. 

 El debate se desarrolló no sin inconvenientes técnicos y acaloradas discusiones. Se realizaron cuatro mesas temáticas en donde se discutieron una infinidad de planteos volcados a documentos sin ningún tipo solución de continuidad. Se plantearon diferencias de entrada entre el “pliego” (para negociar) y el “programa” - una división metodológica para superar el impasse de la negociación con el estado. La declaración política que salió del encuentro no recoge los debates estratégicos que se dieron en las mesas y en la plenaria. 

 La ANP se define como un organismo de “poder popular” capaz de desarrollar “gobiernos propios”, un “gobierno obrero, campesino, popular y de los pueblos”. Llama a convocar a una movilización nacional todos los miércoles, a la realización de asambleas populares en cada barrio, universidad y empresa. No hay denuncias a las posiciones de los partidos frente a la rebelión popular, ni aborda los planteos de cooptación de líderes juveniles al aparato del CNP. En sustancia, no logra advertir la estrategia política que une a gobierno y oposición, que es llegar indemnes a las elecciones de mediados del año que viene.

 La Constituyente 

En muchas mesas se escuchó el planteo de elecciones ya o de Asamblea Constituyente. Pero es, precisamente, la oposición a la convocatoria de una Constituyente lo que une a todo el arco político. Se desconoce, en América Latina, la furiosa denuncia de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana contra el chileno Sebastián Piñera, por haber ‘capitulado’ ante la presión por una Constituyente, y abierto de ese modo una crisis que juzgan imparable. En Colombia, a diferencia de Chile, el centro izquierda no sale con un planteo constituyente, por la misma razón. Uribe y Pastrana han planteado que la crisis social debe encararse por medio de un aporte económico de los grandes capitales – una postura demagógica con vista a las elecciones, pero que pone en evidencia una oposición resuelta a afectar a las AFJP o a la educación privada, como en forma parcial ocurrió en Chile, por la presión revolucionaria del pueblo. En Colombia, la burguesía no sea aviene a una ‘transición política’ – una posición que comparten derecha e izquierda, incluso el partido comunista. Esto es lo que explica el fracaso de las negociaciones. Bajo el alero del conjunto del régimen, Iván Duque ha logrado adoptar una línea de orden general, a la cual se somete la burocracia que está al frente del CNP. Una Constituyente, en estas condiciones, sólo podría ver la luz bajo un gobierno de trabajadores. 

 La Asamblea denunció el ‘hegemonismo’ del CNP, y hubo un llamado a que “rompa con el gobierno”, por parte de oradores de Impulso Socialista y de la Liga Internacional Socialista. Eso significaría que llame a una huelga indefinida y a la formación de consejos obreros y de consejos populares. Es lo que habría que decir de frente. Hubo coincidencias en plantear el derrocamiento del gobierno mediante una huelga política de masas. Todo esto, naturalmente, debe tomar una forma concreta de organización y de movilización. 

 Emiliano Monge

 13/06/2021

La dictadura del algoritmo

Un documental sumamente cuidado en su estética, fotografía, selección de entrevistados y línea narrativa. Temas que muchos hemos abordado, desde un análisis profundo, político y psicológico se ha estrenado en Cuba. Sin dudas un aporte necesario para entender las redes sociales digitales.

 Sobre “La dictadura del algoritmo”, documental cubano de Javier Gómez Sánchez, estrenado en el programa “La Mesa Redonda” en la noche del 5 de junio de 2021, puedo decir que fueron poco mas de 52 minutos que pasaron rápido, de forma ágil, amena, que deseo volver a ver para lograr desgranar cada uno de los análisis y propuestas que hacen mas de una decena de analistas con distinta formación, edad y sexo. Un espectro de entrevistados sumamente amplio. Sin ninguna duda creo que es un material que debe ser visto y difundido por todos. 

 Entre ellos encontraremos a enormes y conocidos periodistas y escritores como Iroel Sanchez o Rosa Myriam Elizalde, psicólogos, jóvenes estudiantes de periodismo, jovenes artistas cubanos, en fin: difententes puntos de vista desde la Cuba de hoy día sobre Internet y redes sociales digitales. 

 Tal vez algún analista distraído, de aquellos que ya ha leído, escrito o teorizado sobre el efecto del trabajo de Cambridge Analitica con metadatos tomados de Facebook y su efecto en el BREXIT o la llegada de Trump a la Casa Blanca, pueda decir – a poco de comenzar con el documental – que posiblemente no verá o escuchará nada nuevo, en tanto se habla del comienzo de la informatización en Cuba y del efecto de las burbujas de los grupos y seguidores en Facebook, la forma en que es utilizada la inteligencia artificial para mostrarnos lo que determinado grupo de interés político y económico desea que veamos. 

 Otros grupo de personas que potencialmente puede decidir dejar de ver el documental en los primero minutos, pueden encontrarse entre aquellos que vieron la producción de Netflix “The great hack” o “Nada es privado” en que se analiza la forma en que se utilizan los datos de Facebook así como las emociones de cada uno de los usuarios para mostrarles lo que desean que consuma. 

 Esto seguro que en “La dictadura del algotirmo” encontrarán un análisis profundo de como impacta en el pueblo cubano la introducción de Internet y las redes sociales digitales. “Los celulares son la vía más masiva de comunicación de la gente” comienza diciendo Jorge Luis Perdomo hoy Viceprimer Ministro de la República de Cuba. Pero: ¿y en el resto del mundo? ¿cómo influyen o han infuído los hoy llamados influencers en los cambios culturales y políticos latinoamericanos de los últimos 10 años? ¿Cuántos usuarios aún están convencidos de que escriben y leen lo que quieren y por eso son mas libres, desde la masificación de la Internet? ¿Cuántos son quienes logran analizar y comprobar que en las redes sociales digitales se “generan burbujas de confort” y que “los algoritmos generan un cámara de eco y unas solas ideas rebotan y generan escenarios para la desinformación”, citando a Rosa Míriam Elizalde en una de sus intervenciones en el documental? 

 “No te están leyendo la mente. Tu estás alimentando con tu comportamiento a los algoritmos” dice alguien mas y me recuerda la cantidad de veces que he escuchado (incluso en algún momento hasta pensado) esa frase en momentos en que Facebook, Instagram, Google o Twitter nos muestran publicidad de un artículo que “casualmente” estaba buscando o de algún medio periodístico que habla del tema sobre el que estoy debatiendo. ¿Realmente somos plenamente conscientes de que eso sucede y que por lo tanto no seremos bombardeados con ideología que poco a poco nos llevarán a poner el voto a un candidato inventado por algún interés colonizador? En países donde vivimos en capitalismo puro y duro, incluso cuando quienes nos gobiernan tengan una mirada hacia el progresismo o mas cercana del socialismo, la estrategia no apunta tan de lleno a la colonización ideológica (esa batalla estoy convencido de que se entiende como total o parcialmente ganada) se apunta mas fino hacia refinar estrategias comerciales que permitan, mediante algorirmos de inteligencia artificial y analizando la información que les damos para que conozcan de que forma logran hacernos consumir productos y servicios que no estaban o no deberían estar en nuestra lista de prioridades. 

 Si, leyó bien: puse LES DAMOS, porque nadie nos obliga a decirle a las corporaciones tras las redes sociales digitales lo que comimos, que ropa nos gusta vestir o cómo nos sentimos: lo publicamos nosotros mismos haciendo uso de la supuesta enorme libertad que tenemos de hacer y decir lo que nos da la gana. “Veo, leo e interactúo solo con quien yo elijo” dicen millones. 

 El control social ejercido por las redes sociales digitales es analizado de forma muy clara y profunda. Sin dudas que cuando el documental finaliza nos quedamos con muchas mas preguntas que respuestas. Y creo que sin dudas es lo mas importante que se ha propuesto su director y debo decir que lo consigue con rotundo éxito.

 Si intento traer hacia éstas latitudes parte del análisis que se hace en “La dictadura del algoritmo”, debo decir que así como para Cuba se disponen recursos materiales y humanos para que, apoyados por la inteligencia artificial y los metadatos obtenidos de nuestras cuentas, en la cabeza de los usuarios se vaya formando una opinión “crítica” respecto al gobierno y las libertades individuales, por aquí el trabajo se ha hecho mucho tiempo antes en relación a dejar en la opinión de muchos la sensación de que en Cuba el pueblo no es del todo libre, que el brutal bloqueo económico a la isla no existe y ese comentario, muy del Río de la Plata de que “algo habrán hecho”. Sin dudas aplica a Cuba pero también a la opinión que se genera en relación a Venezuela, Bolivia o cualquier otro país en que surgen movimientos sociales o gobiernos que pueden ir contra la cultura o ideología hegemónica que el imperialismo desea imponernos. 

 Ya he dicho en otras ocasiones, que estoy convencido de que hoy día no alcanza con ponerle “cara de país” o la imagen del viejo de barba y gorro de tres colores con la consigna “I want you” al imperialismo. Las GAFAM o los cinco grandes tecnológicos Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft son el imperialismo de eśte siglo. Manejan mas dinero que los países mas poderosos, políticas monopólicas aún mas duras que las de los propios países imperialistas y tienen la capacidad potencial de decidir quién ocupará el sillón presidencial en determinado país. Sin dudas que sería tonto desconocer el poder de los Estados Unidos, la CIA, su ingerencia con bases militares o en la agenda de los gobiernos de gran parte del mundo. Las GAFAM a su servicio y viceversa. 

 “Todos son espacios de control, desde donde emplean metadatos para mostrarnos publicidad sensitiva”, nos recuerdan los buscadores, que quien escribe utilizó esa frase un día de junio de 2015 sentado en la misma “Mesa Redonda” donde se presentó el documental “La dictadura del algoritmo”, junto a enormes cubanos como Randy Alonso Falcón e Iroel Sanchez. 

 La batalla contrahegemónica por las ideas nos encuentra en enorme desigualdad, pero no hay otra opción que darla si es que queremos ser reales actores y constructores de nuestro futuro, vivir en una sociedad donde la justicia social no sea una mera teoría política y donde cada uno de los habitantes seamos constructores de nuestros destinos.

 Enrique Amestoy | 07/06/2021

A 45 años de la caída de Bordaberry en la dictadura militar uruguaya

El 27 de junio de 1973, Juan María Bordaberry, presidente de Uruguay electo en 1972, disolvía el parlamento uruguayo y se convertía a partir de ese momento en dictador con el respaldo de las fuerzas armadas. No sin que estas atraviesen antes por una crisis tanto en su interior como con el propio Bordaberry. 

 Antecedentes 

A partir de fines de la década de los años 50′, toda la década de los 60′ e incluso de los 70′ hubo un claro ataque a las condiciones de existencia de los trabajadores uruguayos. Recrudecen los despidos en todas las industrias, en especial en la textil, pero también en el medio rural, por ejemplo, entre los trabajadores cañeros y de la remolacha; y a esto se añade un retroceso salarial de considerables proporciones. En las grandes ciudades tenían lugar expresiones de lucha del movimiento obrero, en especial en Montevideo y Paysandú, ciudad donde se constituyó un frente obrero estudiantil. Cabe señalar que los trabajadores de la remolacha y los cañeros luchaban por el pago del día de lluvia no trabajado, una expresión del crecimiento del movimiento sindical agrario, que, con su Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas realizaron en 1962 destacadas movilizaciones. Por su parte, sectores de la clase obrera ya demandaban un seguro al parado que posteriormente fue votado en el parlamento.

 También fue muy destacado el crecimiento del movimiento de lucha bancario y de los empleados públicos a través de su Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. El movimiento de lucha estudiantil observó un gran crecimiento tanto en el medio universitario como secundario. Este cuadro de luchas hizo surgir en 1964 la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), que reivindicaba la independencia de clase pero defendía la liberación nacional como un escalón hacia una sociedad sin clases, lo cual suponía una subordinación a la burguesía nacional, que más tarde incidirá en sus definiciones prácticas. En 1968, la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios decidió una huelga estudiantil, que se tradujo en movilizaciones callejeras reprimidas por las fuerzas policiales, que asesinaron al estudiante Liber Arce. Este asesinato tuvo lugar durante el gobierno colorado de Pacheco Areco. Tras la muerte del presidente Gestido, del cual era vicepresidente, lo reemplazó en la presidencia e hizo votar en el parlamento las “Medidas prontas de seguridad” (1970), que autorizaban al Estado a reprimir las movilizaciones.

 Cabe señalar que el crecimiento de los movimientos de lucha se desenvolvía en el cuadro de una política económica de crecimiento del endeudamiento externo, de inversiones financieras especulativas que incluían los negocios inmobiliarios y de la aprobación y monitoreo del Fondo Monetario y del Banco Mundial sobre los pasos dados por el gobierno. Los mismos abarcaban devaluaciones continuas del peso uruguayo desde 1959, la supresión del control de exportaciones e importaciones y de los subsidios al consumo. Esta política llevó la quiebra de importantes bancos como el Regional en 1964 y el Transatlántico en 1965. Es decir, Pacheco Areco era la expresión de la necesidad de la burguesía uruguaya y del imperialismo de imponer por la fuerza las medidas antiobreras que estos demandaban.

 Pacheco Areco inauguraba una etapa de estado policial bajo el amparo de la CIA y de la embajada norteamericana, que ayudaron a fortalecer a la policía y las fuerzas armadas, incluso enviando a la oficialidad de las mismas a entrenarse en la zona especial del Canal de Panamá. En forma simultanea la burguesía y el gobierno promovían y financiaban en la década del 60′ organizaciones derechistas y fuerzas de choque legales y parapoliciales como el Movimiento Nacional por la libertad y A.L.E.R.T.A. En los 70′, fue la Legión Artiguista y la Juventud Uruguaya de Pie (parecida al CNU argentino) que se ocupaban de realizar atentados contra locales obreros y de la izquierda. En forma simultánea comienzan a actuar “escuadrones de la muerte” del estilo de los brasileños de Castelo Branco y Costa e Silva, y de la Triple A de Perón y López Rega. 

 En 1968, Pacheco Areco decretaba el estado de excepción y desenvolvía una brutal represión contra las manifestaciones populares, y las torturas se convirtieron en moneda corriente. En este contexto, el MLN-Tupamaros, surgido a mediados de los 60′ y muy golpeado por la represión policial, resurgía con acciones de secuestros a personajes policiales, empresarios y ataques a locales de grandes empresas como Funsa y General Motors; así como el secuestro a un alto funcionario norteamericano vinculado a la CIA, Dan Mitrione, a quien mataron en 1970. En ese ese marco también es que se fundaba el Frente Amplio por iniciativa del Partido Comunista, junto a sectores escindidos de los partidos Blanco y Colorado y de la democracia cristiana. Tupamaros va a integrar en 1971 las listas del Frente Amplio con el Movimiento de Independientes 26 de Marzo. 

 Elecciones y ascenso de Bordaberry a la presidencia de Uruguay 

El 28 de noviembre de 1971 tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Uruguay, en la que por primera vez se presentaba el Frente Amplio obteniendo el 18%. El Partido Colorado se presentó con Jorge Pacheco Areco como candidato titular, pero su postulación estaba sometida a un plebiscito simultáneo a esa elección que debía aprobar su reelección. Tal circunstancia no se produjo por no contar con el porcentaje de votos para habilitarlo, y, en consecuencia, fue electo Bordaberry, quien figuraba como candidato suplente, que se impuso con el 41% contra el 40% de Wilson Ferreyra Aldunate, candidato del Partido Nacional (Blanco). No resulta ocioso decir que la mayoría fue lograda mediante la Ley de Lemas. Un detalle es pertinente: el Partido Blanco denunció fraude e incendio de boletas. Esto fue confirmado por información desclasificada extraída del Security Archive de los Estados Unidos, que da testimonio de dichos de Nixon atribuyéndole una injerencia decisiva en ese aspecto a la dictadura brasileña de Garrastazú Medici. 

 Cabe detenerse en quien fue electo en noviembre de 1971 a la presidencia uruguaya. Juan María Bordaberry era un destacado ente de la oligarquía ganadera uruguaya, y, en tal carácter, formó parte de las filas de la Liga Federal de Acción Ruralista hasta 1964, año en que se pliega al Partido Colorado, defendiendo los mismos intereses. Un detalle para nada soslayable es que ideológicamente era un católico integrista preconciliar, que sostenía el punto de vista de Monseñor Levebvre. Entre 1969 y 1972 había sido ministro de agricultura de Pacheco Areco. Ya siendo senador en la década del 60′ ostentaba un vínculo preferencial con la embajada yanqui y la misma CIA, promotores destacados de su candidatura. 

 Logrado el triunfo sobre los Tupamaros sobre la base de la cárcel, los asesinatos y las torturas, y existiendo un enorme avance de las fuerzas armadas, no debía extrañar la aspiración de estas a jugar un rol más abierto en las decisiones políticas. En efecto, ante el nombramiento del general Antonio Francese el 7 febrero de 1973 en el Ministerio de Defensa, hay un rechazo por parte de los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, mientras que la Armada lo defendió, circunstancia que estuvo a punto de enfrentarlos. Incluso la Armada apostó fuerzas en la Ciudad Vieja. La Fuerza Aérea y el Ejército hicieron públicos los comunicados 4 y 7 en los que expresaban su estrategia.

 De febrero a junio del 73′: comunicados 4 y 7, pacto de Boiso Lanza y apoyo del PCU y del Frente Amplio a las FFAA 

El pronunciamiento militar que se derivó del alzamiento del 7 de febrero tuvo su expresión programática en los comunicados 4 y 7. En los mismos los militares explicaban su oposición al nombramiento del ministro de Defensa por parte de Bordaberry, en el que manifestaban: “El ministro de Defensa se ha opuesto mediante la desarticulación de los mandos a restablecer el orden interno dentro del sistema democrático y republicano”, y añadían entre sus propósitos: “participación de los militares en tribunales especiales para el esclarecimiento de los hechos dada su grave incidencia en los problemas de seguridad interna”, “Asegurar la intervención o participación de las Fuerzas Armadas en todo organismo o actividad que tenga relación con aspectos concernientes a la soberanía y seguridad nacional”. A esto agregaba un programa económico cuya finalidad era promover las exportaciones y planteaba “eliminar la deuda externa con una verdadera triquiñuela, eliminar los viajes al exterior de funcionarios públicos de cualquier índole”, y recibir solo créditos para “inversiones con reembolsos aceptables”. 

 Lo esencial estaba dicho: sostenían el control político y militar por parte de las fuerzas armadas sobre la base de la represión al movimiento obrero. Ese programa no hacía referencia a la ruptura con el FMI y con el imperialismo, no mencionaba las reivindicaciones de la clase obrera. No defendía la libertad de los presos políticos ni denunciaba las torturas. Se trataba de un programa de fortalecimiento del Estado capitalista bajo el control más directo de las fuerzas armadas. En eso consistía la diferencia de apreciación entre Bordaberry y este sector militar. Porque ambos tenían una coincidencia estratégica consistente: ir a fondo contra el movimiento obrero y sus organizaciones para imponerles un retroceso histórico. Pero había una disputa consistente sobre quiénes tomarían las decisiones fundamentales, la cual duró hasta la deposición de Bordaberry el 12 de junio de 1976. 

 El Frente Amplio jugó un rol de comparsa y de respaldo político a la maduración del golpe que meses más tarde tendría lugar. Luego del pronunciamiento militar, El Popular, prensa del PCU, señaló en su editorial del 11 de febrero de ese año a escasos días del mismo: “Consideramos que el dilema no es entre el poder civil y el poder militar, que la divisoria de aguas es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de este caben indudablemente todos los militares patriotas que están con la causa del pueblo para terminar con el dominio de la rosca oligárquica”. Y añadían: “Las fuerzas armadas deben reflexionar sobre este hecho: los marxistas leninistas, los comunistas, los integrantes de la gran corriente del Frente Amplio estamos de acuerdo con lo esencial de las medidas expuestas por las Fuerzas Armadas”. 

 Liber Seregni, candidato a presidente del FA en las elecciones de noviembre de 1971, hablaba en un acto de masas del 11 de febrero en apoyo a las fuerzas armadas sosteniendo la demanda de la caída de Bordaberry y “la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y fuerzas armadas”. El golpe estaba allanado. La dirección de la CNT (mayoritariamente del PCU) afirmaba más de un mes y medio más tarde del pronunciamiento militar del 8 y 9 de febrero: “Se percibe la intención de llevar adelante algunos puntos reivindicativos coincidentes con nuestro programa. Nunca hemos pensado que somos los únicos que queremos la felicidad de nuestro pueblo y nos satisface mucho que en otros sectores que no son clase obrera, se manifiesten estas inquietudes.” 

 El levantamiento militar de febrero, un verdadero golpe de Estado, no echó a Bordaberry, pero le impuso, como era inevitable, un poder compartido con las fuerzas armadas que se concretó en el Pacto de Boiso Lanza (base militar donde se rubricó). Por medio de ese pacto, se impuso la formación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) integrado por Bordaberry, los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa y los comandantes en jefe de las fuerzas armadas con un secretario militar permanente, el general Gregorio Alvarez, relevándose del Ministerio de Defensa al cuestionado Francese. El comandante de la Armada, Zorrilla, debió renunciar y fueron designados nuevos ministros del Interior y de Defensa. 

 El Pacto Boiso Lanza no fue solo una formalidad. Se trataba de los pasos previos al golpe de Estado que tendría lugar meses después, el 27 de junio de 1973. La propia CNT, el PCU y el Frente Amplio le habían abierto las puertas. El golpe del 27 de junio de 1973 disolvió la cámara de representantes y la de senadores, luego de haberle prestado un servicio enorme a los golpistas. En efecto: dos semanas antes de consumarse, el mismo parlamento uruguayo sancionaba la Ley de Seguridad del Estado y el Estado de guerra interno. Piedra libre para la persecución y cacería de activistas obreros y estudiantiles. En su lugar se formó el Consejo de Estado. Se disolvieron los partidos políticos y se prohibió la actividad sindical allanándose los locales sindicales y el de la CNT. 

 El golpe cívico militar fue preparado y apoyado por la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación de Bancos, la Asociación Rural, la Federación Rural y los representantes de la gran industria. 

 La CNT declaró la huelga general contra el golpe, en algunos casos con ocupación de empresas, que se extendió hasta el 9 de julio, día en que se levantó. Resulta claro que la política del stalinismo charrúa previa al golpe desarmó a la clase obrera en los pasos previos al mismo, abriendo ilusiones en la progresividad de los altos mandos de las fuerzas armadas y paralizándola en los meses previos a su concreción. Muy similar a la política seguida en el resto de los países sudamericanos, abriendo ilusiones en un Videla “progresista”, elevando a Pinochet en Chile a Comandante en jefe de las fuerzas armadas, mientras se empeñaba en liquidar los cordones industriales. Un dato de interés lo constituye el hecho de que un sector del Frente Amplio llamaba a confraternizar con las fuerzas armadas, llamándolas a hacerse presentes en los fogones organizados durante la huelga general, lo cual revelaba el callejón sin salida al que la dirección colaboracionista del PCU y del Frente Amplio estaban llevando a los trabajadores orientales. 

 Pero la huelga fue levantada ya que no pudo resistir la represión basada en la conciencia que tenía la burguesía sobre sus propósitos frente a una clase obrera desarmada políticamente por una dirección capituladora. La cacería de militantes fue implacable. La dirección de la CNT fue encarcelada. 

 Meses más tarde, ya en 1974, la dictadura bajo la presidencia de Bordaberry sancionaba la ley de inversiones extranjeras y la de promoción industrial. La gran burguesía uruguaya, que había alentado, preparado y financiado el golpe, festejaba. Se trataba de grupos poderosos que controlaban amplias ramas de la actividad económica con inversiones textiles, pesqueras, rurales, papeleras, tenedores de títulos de la deuda uruguaya, aguas gaseosas, propietarios de grandes hoteles, inversores n la explotación de cítricos, sojeros, azucareros, arroceros, fabricantes de neumáticos , etc. Se trataba de los clanes Strauch, Aznarez, Fernandez Lladó, Ferrés, entre otros. 

 También en 1974 la dictadura clausuraba el semanario Marcha. El terror estaba en marcha. Los secuestros se cobraban víctimas que iban a parar a centros de detención clandestina de la dictadura, entre los cuales figuran los tristemente célebres Infierno Chico y Casa de Punta Gorda. 

 Las condiciones de existencia de los trabajadores no podían ser peores. El PBI per cápita era igual en 1974 que veinte años antes. Se sabe que en marzo de 1975 se vendieron el 20% de las reservas en oro, la inflación crecía pulverizando el poder adquisitivo del salario obrero. Con Bordaberry, el dólar oficial pasó de 285 pesos a 495 y el dólar libre a 800 pesos uruguayos, resultado de la liberalización del tipo de cambio. 

 La puja entre el alto mando militar y Bordaberry se agudizaba en torno a una divergencia respecto al contenido de dos memorandos que este les había elevado. Mientras Bordaberry sostenía la necesidad de realizar una reforma constitucional que suprimiera la democracia liberal, y, en consecuencia, las elecciones, con la supresión de los partidos políticos, añadiendo que el presidente sería elegido por un Consejo de Estado cada cinco años y las decisiones serían tomadas mediante plebiscitos o el Consejo de Estado, el alto mando de las fuerzas armadas rechazó este planteo, destituyó a Bordaberry e impuso provisoriamente a Alberto Demicheli el 12 de junio y luego a Aparicio Mendez, sin cambiar por eso la naturaleza dictatorial y represiva del gobierno de facto. 

 ¿Qué divergencia de fondo había entre Bordaberry y los militares? Ninguna, en rigor. Sí, una diferencia sobre quién iba a ser quien dirija las riendas del Estado, propósito que perseguía Bordaberry, repitiendo la diferencia que los enfrentó bajo otra forma en febrero de 1973 y que obligó a Bordaberry a compartir el poder. Pero, no la única. Los comandantes en jefe, apoyados por el conjunto de la clase capitalista entendieron que era necesario preparar a mediano plazo un cambio de frente, para lo cual iban a necesitar de los partidos de la burguesía como válvula de escape al inevitable desgaste que sufriría la dictadura.

 El planteo de Bordaberry no ofrecía margen de maniobras. Ni la burguesía uruguaya ni las fuerzas armadas ignoraban que a pesar de la represión desatada contra las ocupaciones fabriles realizadas durante la huelga general contra el golpe, las mismas tuvieron una extensión territorial enorme en todo Uruguay. Y que a pesar del reflujo alcanzado por la cárcel, los secuestros, las torturas y también el exilio de centenares de miles de uruguayos, la clase obrera había comenzado a desarrollar luchas parciales, pero que indicaban una aún tenue tendencia a una lucha más generalizada. Aquí, algunas de las expresiones de esa tendencia: en junio de 1974 los obreros de SUNCA se movilizaban por el pago adeudado desde en 1974 y cuatro meses de vacaciones. A un año del golpe hubo paros parciales en La Aurora, BAO, INLASA y Nervión. 

 Durante los primeros de mayo de 1974 y 1975 hubo actos relámpago, en 1974 la Sociedad Obrera de Rausa denunciaba amenaza de despido de la empresa azucarera; en febrero de 1975 los obreros uruguayos de la represa de Salto realizaban un paro en reclamo de igualación salarial con los obreros argentinos; el primero de mayo de 1976 se realizaron movilizaciones obreras en los barrios de Goes, La Teja y Maroñas, junto a esto los estudiantes secundarios luchaban contra la imposición dictatorial de su indumentaria; y, en las facultades de arquitectura y medicina los docentes se negaban a firmar un documento en favor de la dictadura. 

 Aunque se trata de hechos posteriores a la destitución de Bordaberry los que vamos a mencionar formaban parte de esa tendencia: en agosto de 1976 treinta mil trabajadores presentaron ante la COPRIN (Comisión de Productividad, precios e ingresos) la demanda de un incremento salarial del 50% a través de doscientos delegados que representaban 120 fábricas; y, en octubre de ese año, obreros de EFECSA ocuparon la planta frigorífica por falta de pago. Un dato de importancia lo constituye la circunstancia de que los presos políticos del cilindro municipal de Montevideo realizaron una huelga de hambre porque los obligaban a pintar de blanco las paredes con consignas contra la dictadura. Esto sucedía en el marco en que tres mil obreros textiles estaban en situación de paro y que el salario obrero había sufrido un retroceso enorme como resultado de la inflación y la desvalorización del peso. 

 Pero lejos de disminuir la acción represiva de la dictadura, esta recrudeció aumentando los secuestros, encarcelamientos y asesinatos de militantes del Frente Amplio, del Partido Comunista, Tupamaros. Liber Seregni continuaba preso y había sido encarcelado y proscripto Wilson Ferreira Aldunate del Partido Blanco. La persecución llegó a Argentina con la colaboración de la dictadura videliana, en el marco del Plan Cóndor, como resultado del cual fueron asesinados activistas estudiantiles uruguayos, pero además, legisladores del Frente Amplio como Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz del Partido Nacional. 

 Cambio de frente de la burguesía para salvar el estado burgués: plebiscito, elecciones, pacto del Club Naval, Ley de Caducidad 

El desgaste de la dictadura era evidente. Las fuerzas armadas lo comprendieron, del mismo modo que la burguesía y sus partidos. Las manifestaciones antidictatoriales, los cacerolazos y las movilizaciones obreras iban en aumento. Las fuerzas armadas decidieron llamar a un plebiscito para institucionalizar su continuidad. Fue un traspié para ellas. En consecuencia, dieron otro paso llamando a elecciones internas en los partidos en 1982, pero con los candidatos más relevantes proscriptos: Battle del Partido Colorado, y Ferreira Aldunate del Partido Blanco igual que la izquierda. 

 Con todo, aunque el plebiscito rechazó la continuidad de la dictadura en el futuro político uruguayo, los partidos burgueses junto a los militares se encargarían de violar la decisión popular. En primer lugar, con la firma del Pacto del Club Naval en el que participaron el general Gregorio Álvarez (presidente de facto designado en 1981), el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. No así el Partido Blanco por la proscripción de Ferreira Aldunate, aunque luego este lo convalidaría. 

 El Pacto significaba una injerencia lisa y llana de las fuerzas armadas en la futura política uruguaya: se mantenía el Consejo de Seguridad Nacional como órgano asesor; los mandos de las fuerzas armadas serían designados por el presidente con la aprobación del Senado pero de una lista escrita por los militares, se reformaría la constitución incluyendo el Estado de Emergencia, estado de insurrección ante la violencia que significaban riesgos para el orden y la soberanía territorial. Sobre esa base se convocaba a elecciones para el 25 de noviembre de 1984, aceptando las proscripciones de Liber Seregni, Jorge Batle y Jorge Ferreira Aldunate. 

 Como se ve la burguesía aceptó las condiciones de la dictadura genocida y en gran medida su continuidad, colocando en el centro de los problemas políticos el ataque a las movilizaciones obreras y populares al referirse a la insurrección, etc. Ya elegido Sanguinetti presidente tomó la iniciativa de sancionar la Ley de Caducidad de pretensión punitiva del Estado apoyado por Ferreira Aldunate del Partido Blanco, una suerte de ley de obediencia debida uruguaya. Esta establecía la “caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto”. 

 El Frente Amplio, es educativo recordarlo, votó en su congreso de 2003 no derogar la ley de caducidad en el parlamento si llegaba a ser gobierno, y en 2005, siéndolo, no impulsó su anulación, teniendo mayoría para hacerlo. Pero en 2009, cuando ya era inocuo hacerlo porque los represores afectados ya habían llegado a la ancianidad y no cumplían funciones en el poder del Estado, llevaron a un referéndum su derogación, evitando por todos los medios que la misma fuera votada en el parlamento para no comprometerse con esa decisión. Como podemos observar, la burguesía seguía gobernando bajo otra forma y el régimen de explotación capitalista estaba a salvo. 

 En 1973 dieron un golpe de Estado para defenderlo y en 1985 daban un giro ante el agotamiento militar con la misma finalidad, y, luego, restablecido el orden constitucional, todos, incluido el Frente Amplio (reaseguro por izquierda del régimen capitalista) se empeñaron en defender el aparato represivo del estado burgués. 

 La clase obrera uruguaya y continental ha atravesado por duras y dolorosas experiencias políticas, sembrada de derrotas y maniobras democratizantes. Militamos para superar esas frustraciones y poner en pie una alternativa obrera y socialista y un partido obrero que las encarne. 

 Roberto Gellert

Fidel Castro habla del Che Guevara (parte 1)

Claves para entender el conflicto palestino - israelí // Gabriel Solano

El gobierno uruguayo, fiel sucursal de la Casa Blanca

Tanto desde el punto de vista doméstico como internacional el gobierno de la derechista Coalición Multicolor liderado por Luis Lacalle Pou viene siguiendo a pie juntillas los designios de los poderes fácticos. Y para muestra basta un botón: En la última encuesta de la consultora Cifra, el 85% del empresariado respalda la gestión de Lacalle.

 Estamos asistiendo al sueño trunco de los 90, que su propio padre –el entonces presidente Luis Lacalle Herrera- no pudo cumplir, que ha dado fruto maduro cayendo muy cerca del árbol, pero que se pretende vestir con otros ropajes. Si asistimos a discursos y declaraciones de padre e hijo, casi que no se notan diferencias. Es más, son discursos (y sobre todo una ideología) calcados. 

 Hablar del Uruguay de hoy es hablar de los 90. No es un atajo y tampoco la idea es solapar una época con otra buscando similitudes. Son las medidas que se repiten, el mismo partido gobernando, con la misma política y todo eso ha salido de una misma casa con un mismo apellido: Lacalle. 

 Lo que ha variado es la coyuntura, en el medio la peor crisis socioeconómica de la historia y tras quince años de gobiernos del centroizquierdista Frente Amplio. Pero hay tendencias llamativas que vuelven a repetir la historia como decía Marx: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. 

 La desmonopolización de las empresas públicas es uno de estos dejavus noventosos que se repiten en el 2021. Ya se inició la desmonopolización de combustibles por parte de Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP) en puertos y aeropuertos. 

 El gobierno, a raíz de propuestas de las gremiales arroceras y otras del campo, apuesta que de aquí a un año desmonopolizar el sector de combustibles hasta habilitar la libre competencia. Es decir, que ANCAP compita palmo a palmo con empresas transnacionales. 

 Lo mismo está sucediendo en la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Antes de la pandemia el gobierno lanzó un decreto que no renueva las vacantes en los entes públicos y la plantilla quedó reducida a un tercio. El propio presidente del sindicato de los trabajadores de UTE, Gabriel Molina, planteó en el programa Legítima Defensa que el ente estatal trabaja con la misma capacidad que en la década de 1940 y que de seguir así se prevén cortes de luz en todo el país. 

 En materia de telecomunicaciones se vienen sucediendo cortes intermitentes en la conexión de internet también, donde la estatal ANTEL es la responsable. Es vieja la estrategia de brindar un mal servicio para que los clientes migren a otras firmas. Dicho ente, que no es monopólico, compite con Claro y Movistar. Este último puede pasar a manos de los grupos argentinos Clarín o Crónica TV mientras un gigante estadounidense tercia en la puja. 

 Otro de los rasgos similares con la década de los 90 es la infantilización de la pobreza. En el último año 35.300 niños, niñas y adolescentes pasaron a vivir bajo la línea de la pobreza, donde el mayor pico se da en el interior del país. 

 La realidad social

 Tras 14 meses de emergencia sanitaria, y la covid-19 está fuera de control, con el 77 por cinto de las camas de CTI ocupadas. Han sido, además, 14 meses de pérdida de empleos y de ingresos para muchísimas personas, por la pandemia sí, pero también por la política económica del gobierno. 

 El año pasado perdieron poder de compra los salarios en el sector público, y lo mismo sucedió en gran parte del sector privado. Unos 76 mil trabajadores están en seguro de paro, y de cada diez trabajadores que dejaron de percibir ese subsidio el mes pasado, cuatro no fueron reincorporados sino despedidos. De un universo de 3,3 millones de habitantes, hay 100.000 personas en la pobreza.

 La central obrera PIT-CNT, que desde el año pasado demanda medidas para paliar los efectos de la crisis, convocó a un paro general de 24 horas el 17 de junio ante la falta de políticas sociales que cubran a la totalidad de los damnificados por la pandemia. 

 El gobierno derechista insiste que a los empresarios no hay que imponerles contribuciones adicionales para financiar políticas sanitarias y sociales, porque su lucro contribuye de por sí a que el país salga adelante. Pero las inversiones no indican nada parecido, y el destino de las ganancias puede tener que ver con que los depósitos bancarios de uruguayos en el exterior hayan aumentado unos 4.000 millones de dólares, en pandemia. 

 Los Holmes Sherlock

 Se suele decir que existen los Hood Robin: los que le roban a los pobres para darles a los ricos. El caso del gobierno uruguayo es como un Sherlock Holmes opuesto. Prometió investigar y realizar auditorìas en cada rincón del Estado para acabar con el supuesto despilfarro y corrupción de las anteriores administraciones del centro izquierdista Frente Amplio. 

 Hasta el momento solo se han encontrado lotes de café vencido en un ministerio y nada más. Lo que sì se ha encontrado, en este collage conservador que gobierna Uruguay, son acomodos de familiares en las dependencias del Estado, vínculos poco claros con ONGs, legisladores conduciendo ebrios, violaciones a la laicidad, persecución a sindicalistas, ataque a militantes frenteamplistas, financiación de campañas de partidos del oficialismo que violan la norma vigente. 

 Es decir unos Holmes Sherlock, que busca delitos en la administración anterior y solo encuntra día a día más y más casos de corrupción u otras ilegalidades de su propio gobirno. 

 El último de esta semana fue la de un diputado del Partido Colorado del departamento de Salto que envió gente a trabajar a su establecimiento privado del rubro citrícola a sabiendas que tenía ocho contagiados de covid. El audio se filtró, el diputado fue cuestionado y él mismo presentó su renuncia., a lo que el Partido Colorado se la negó. 

 Cambios en el gabinete 

 El primero de mayo, a minutos de la conferencia de prensa que la central única de trabajadores PIT-CNT brindó, el presidente Lacalle Pou decidió comunicar por twitter la remoción de uno de sus ministros: Pablo Bartol, responsable del Ministerio de Desarrollo Social (MiDes) 

 Este ministerio fue creado en marzo de 2005 por el Frente Amplio apenas asumió su primer gobierno, ante la urgencia en la que estaba sumido el país debido a las consecuencias de la peor crisis socioeconómica de la historia, en el 2002. 

 El Mides fue criticado desde el inicio por los gobernantes actuales. Siempre se habló de despilfarro, de que se le daba dinero a los pobres sin contraprestaciones, que se mantiene vagos, etc. El gobierno como tal tiene la potestad de poder eliminar el Mides, pero sería demasiado brusco y dejaría en evidencia sus verdaderos intereses inconfesables.

 La tarea es más sutil y se basa en el desmantelamiento de programas que son cuasi vitales para muchos uruguayos en tema de contención, apoyo, oportunidades. Además trabajan en red con otros ministerios para articular dichas políticas. Un ejemplo del perfil de este gobierno es que el presupuesto del ministerio de Defensa es ampliamente superior al presupuesto de Educación y Salud. 

 En materia internacional el alineamiento con la Casa Blanca es más que claro. Lacalle expresó su apoyo a Israel en medio de un brutal ataque sionista al pueblo palestino. Ha hecho oídos sordos a lo que sucede en Colombia, pero ha pedido democracia en Venezuela. Por si faltaba algo, el diario El País, oficialista por excelencia, publicó una editorial al otro día de las elecciones españolas titulada “Ayuso es nuestro espejo”, en referencia a la candidata de derechas del Partido Popular. 

 El guión imperial el gobierno lo ha seguido al pie de la letra. Lo único que falta para ser calco de los 90 es la llegada del Fondo Monetario Internacional. ¿Volverá? 

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

«En Uruguay en pos del movimiento económico se abrieron las puertas para que viniera lo peor de la pandemia»

Entrevista a Mónica Riet de la Coordinadora en defensa de la autodeterminación del pueblo haitiano

 Sobre el incremento de la pandemia en Uruguay, la presencia del Comando Sur de EE UU y la polémica sobre el Mercosur. 

 M.H.: Hubo un cambio muy grande en el Uruguay que era un ejemplo en el mundo en cuanto a la baja cantidad de contagios y de pronto dejó de serlo. 

 M.R.: Sí. En Uruguay el tema de la pandemia tuvo un viraje impresionante en los últimos dos meses y medio. Sin embargo, el sindicato médico uruguayo y otra serie de organizaciones médicas y de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina y distintas instituciones hicieron un toque de alerta, mostrando que las tendencias no eran buenas y que había que tomar resoluciones más importantes respecto a la circulación, sobre todo. 

 Esto se veía acompañado también por demandas de algunas organizaciones sociales como la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua que es la que más claramente y con más énfasis ha estado pidiendo la renta básica universal, porque la gente que no tiene un trabajo, que ya no lo tenía, que eran informales, muchos otros que ahora lo son, si no salen a la calle no pueden ganarse su pan, entonces no pueden aislarse como está pidiendo el gobierno desde el principio apelando a la responsabilidad individual, a las libertades y dando grandes discursos de principios liberales. 

 Pero todo ese discurso se fue hundiendo porque le dieron libertad a toda la actividad económica más importante del país pero, por ejemplo, no se cerró la frontera. Hace dos meses se pidió que se cerrara la frontera con Brasil, toda esa zona que es muy porosa, por tierra, pero que no se remite solamente a los lugares fronterizos más característicos, pasa gente por cualquier lugar. 

 Incluso en el Chuí se llegó a correr la frontera 20 km para favorecer la actividad de las zonas francas en determinado momento. O sea, que en pos de un movimiento económico se abrieron las puertas para que viniera lo peor y ya ha entrado al Uruguay esta segunda cepa que es más maligna, que tiene un ritmo de contagio mucho más rápido y que también es más virulenta. 

 Eso ya está acá adentro, se nota en los lugares fronterizos. Entonces el discurso del presidente de que todo residía en la responsabilidad individual empezó a ser como un señalamiento hacia la sociedad y promover entre los vecinos a que hicieran denuncias, etc. 

 Por suerte han salido voces, primero de los sectores médicos, pero también de alguna figura política, del Frente Amplio, del Intendente Orsi de Canelones, con un discurso diferente a decir que no hay que culpabilizar a la sociedad sino hay que establecer criterios mucho más claros. Restringir horarios y movimientos, que hay horarios y actividades que no son indispensables y que no deberían estar funcionando. 

 Se habían iniciado las clases presenciales, se tuvo que cerrar todo de vuelta. En concreto en la semana de turismo hubo 186 fallecidos, o sea, 5 más que en todo el 2020, más casos en una semana que en todo el año pasado. El domingo pasado tuvimos 30 fallecidos y el lunes 45. El alerta que han hecho los sectores médicos es sobre todo respecto de la capacidad de los CTI que se han ido ampliando por el lado estatal, público y por las privadas pero el techo es el personal que tiene que hacerse cargo del tratamiento intensivo, que también está golpeado por la pandemia, algunos han muerto pero, sobre todo, cuando hay positivos se tienen que aislar y siempre hay un remanente importante de personal que no está disponible y, por otro lado, hay un agotamiento muy importante.

 Han salido muchos médicos y enfermeras a explicar a la opinión pública sus sentimientos, del esfuerzo que hacen y que no se ven gratificados. Son los que están en el límite, el CTI es la situación más límite. Hoy hay 393 pacientes internados en CTI, de 877 camas operativas y 626 ocupadas con lo cual la ocupación total ascendió al 71%. Ese es el dato de hace unos días. 

 Esto no está detenido, en estos días sigue en ascenso. Desde el gobierno anuncian que va a venir un estancamiento y luego un retroceso, pero eso todavía no ha sucedido. Así que hay una sensación de inseguridad mucho mayor, como la que existe en Argentina hace mucho tiempo. 

 Eso ha cambiado también la actitud respecto de las vacunas, acá había un 60% de la población que con toda la información contradictoria no se quería vacunar, entre las cuales me encuentro, y además por el tipo de vacuna que nos llega, hay algunas vacunas que todos quisiéramos tener, como la cubana, la rusa. Ustedes han podido acceder, pero sé que la llegada de vacunas es fraccionada, no hay un flujo permanente de vacunas. 

 Acá ha entrado la Sinovak, la Pfizer y la Astraseneca. El último dato que te voy a dar al respecto es que hay un tema que ha despistado mucho al grupo asesor del gobierno, que es que ya no pueden hacer proyecciones porque están llegando con retraso los números. Cuando llega la hora de dar el parte diario no tienen todos los números porque se están utilizando una cantidad de reactivos diferentes, muchos fueron creados acá en distintos sectores de la Universidad de la República, tienen distintos tiempos para dar la reacción y eso ha desenfocado a aquellos que estaban al comando y creían tener todo controlado. Se ha perdido el timón, están tomando medidas más importantes pero la gente se ha volcado masivamente a vacunarse y vamos a ver cómo sigue esto. 

 El Comando Sur es como una policía mundial que se despliega en el sur del continente 

 M.H.: ¿Qué me podés comentar de la presencia del Comando Sur de Estados Unidos por cinco días en Uruguay? 

 M.R.: Cayó por acá y una de las razones, según dicen, es para ayudarnos con la pandemia. Y no lo dudo, porque Uruguay es el niño mimado de ellos, tenemos una población pequeña que se arregla con pocos recursos y ellos tienen muchos acuerdos bilaterales con los gobiernos sucesivos, hay una política de alianza estratégica con los EE UU y con el Comando Sur. Entonces, lo que ha sido diferente son las declaraciones mucho más explícitas de Craig Faller, el Almirante que encabezó la delegación que vino por 10 días. Cae con un discurso que afirma que el enemigo estratégico del mundo occidental es China, y que es una causa común entre la política de EE UU y Uruguay. “La mayor amenaza para la región son los grupos delictivos transnacionales y China” y después lo desarrolla. El propio presidente Lacalle había declarado que quería estar tan cerca de EE UU como de China. Después de Brasil y Argentina, China es nuestro principal socio comercial. 

 M.H.: Es lo que pasa en toda Sudamérica. 

 M.R.: Pero ellos siempre tienen una manera de enmascarar las cosas. Vino hace pocos días un barco de la Armada norteamericana, que dijo que nos venía a respaldar porque mar adentro, las flotas chinas pesqueras nos están robando nuestros recursos y ellos venían a apoyarnos en eso.

 Ellos están marcando la cancha, delimitando claramente el territorio que les pertenece y quieren mantener su hegemonía y han encontrado eco en una serie de países. 

 Quiero mencionar que acá se reúnen con los militares que han sido entrenados y que lo siguen siendo en la Escuela de las Américas, que ha cambiado de lugares, Georgia, Massachusetts, Panamá, etc. Pero que siguen con la misma doctrina. Y sabemos que también fue a la Argentina y a las Malvinas, porque vinieron con aviones de la Royal Navy, eso también es muy llamativo, en su alianza con la OTAN están marcando territorio en todo el cono sur. 

 Pero quiero darte dato de tres países, Venezuela, que él menciona en el sentido opuesto, basándose en los informes independientes de la ONU, o sea, los informes de la señora Bachelet que todos sabemos que están llenos de falsedades y de la forma que fue hecho ese informe, que ni siquiera tomó contacto con las organizaciones o con la gente del lugar, sino que se informó con la oposición. Basándose en eso nos habla de Venezuela. En este momento EE UU y Colombia están generando una especie de guerrilla de contras en Apure, la frontera colombo venezolana, que han sido repelidos por las fuerzas bolivarianas, pero ya van varias veces que esto sucede. 

 Hay claramente un plan muy fuerte estratégico que ya ha sido detectado por la inteligencia venezolana. Van cociéndolos a fuego lento, bloqueo tras bloqueo y luego ataque militar. Son paramilitares colombianos. En Colombia denuncian masacres terribles todos los días, de esto no se habla y, por supuesto, asesinatos de guerrilleros retirados. Deslindaron toda responsabilidad las FARC, porque quisieron decir que las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FAB) estaban enfrentando a grupos disidentes de las FARC y no es así. 

 También quería hablarte de Brasil porque recibimos un informe donde nos cuentan que Bolsonaro estuvo hace pocos días en EE UU. Allí hubo cambios de mandos militares, hicieron un homenaje público al golpe militar de 1964, igual que acá, Cabildo Abierto reivindicando la dictadura. Nos contaba Plíneo de Arruda que el propio Ejército brasilero está muy preocupado porque apenas estaban pudiendo limpiar su nombre luego del golpe y ahora se ven involucrados por un gobierno que fue electo pero que a todas vistas es un gobierno militar. 

 Hay 6.000 militares en puestos de gobierno, 92 militares en puestos del Estado, el ministro de Salud es un militar, y otros 70.000 militares en puestos menores. Y obviamente que ellos dicen que los militares son muy eficaces para lo que han sido formados, pero no necesariamente para atender las necesidades de salud o sociales de un país. 

 Hay un barco en Brasil que como el Titanic se está hundiendo, ese gobierno está pasando por un momento muy complicado. 

 M.H.: Quería que te refirieras sobre la categoría de “lastre” que le dio Lacalle Pou al Mercosur.

 M.R.: Terrible. Acá no cayó nada bien. Vi un programa argentino, de derecha, que ensalzan a Lacalle Pou, en el que suelen entrevistarlo muy seguido y él los trata por su nombre de pila, él explicó que a toda la gente la recibía cuando usaba pantalones cortos en la puerta de su casa. Eso era cuando su padre era presidente. Este personaje que él se ha ido creando mediáticamente, en el que se refiere a sí mismo como uno de los líderes del mundo, frente a lo que primeramente lo levantó que fue el manejo de la pandemia se va diluyendo. El enfrentamiento con Alberto Fernández con esos términos tan duros que utilizó para referirse al Mercosur, y que fue tan bien respondido por Alberto Fernández; acá mucha gente aplaudió eso. 

 M.H.: Tengo entendido que hubo un hashtag #uruexit parafraseando el Brexit inglés. M.R.: Exactamente. Lo que plantea no es nuevo porque en su momento el ministro Astori iba por el mismo camino.

 M.H.: Te quería recordar a Jorge Batlle cuando dijo: “Los argentinos son una manga de ladrones del primero al último” y a José Mujica hacia Cristina Fernández de Kirchner al lado de un micrófono abierto: “esta vieja es peor que el tuerto”, refiriéndose a Néstor Kirchner.

 M.R.: Por eso, ciertamente hay una continuidad de esas políticas absolutamente lamentables, que hoy por hoy el Frente Amplio que está en la oposición aprovecha para hacerlas suyas, para sacar partido y hacer lo mismo que hizo el Partido Blanco cuando fue oposición, agitar banderas y consignas que en realidad si ellos estuvieran gobernando probablemente no lo hicieran pero como cae bien a la opinión pública, vale utilizarlo.

 Respecto a la presencia del Comando Sur, además se refirió a los entrenamientos de los militares. Nosotros no hemos podido hacer justicia como se ha hecho en Argentina, a cuenta gotas van saliendo los juicios y se van muriendo los acusados de crímenes de lesa humanidad. 

 El Partido Comunista uruguayo me dio una sorpresa muy positiva, del Frente Amplio es el único grupo que se ha expresado abiertamente en contra de la presencia del Comando Sur, y al hecho de que se siga entrenando a los militares en EE UU. Es una declaración pero en definitiva las ideas también son importantes, porque hay quien las oye, quien las piensa, y en este momento estamos en un pensamiento único en el Uruguay que es muy peligroso. Así que haya voces disidentes y planteen las cosas con firmeza es muy importante. 

 Las tres declaraciones que hay hasta hoy fueron las de Asamblea Uruguay que es un grupo que se escindió del Frente Amplio en los primeros años del primer período de gobierno y a partir de ahí ha sido su principal oposición durante los 15 años de gobierno del Frente y tuvieron un diputado muy importante que fue Eduardo Rubio, sacaron una declaración y además ventilaron la idea; porque esto no ha sido manejado en los medios de comunicación. O sea que la información la atomizan durante horas con el tema de la pandemia durante tres horas de informativo que siempre va en torno a lo mismo. 

 Así que Asamblea Popular, el Partido Comunista, y antes la Coordinadora histórica por el retiro de las tropas de Haití, que hoy nos pusimos Coordinadora en defensa de la autodeterminación del pueblo haitiano, sacamos una declaración fuerte también que la teníamos pensada pero cuando oímos las declaraciones y cuál era el plan de la visita, que Craig Faller no solo se iba a encontrar con las autoridades, sino a reunir extensamente con los militares y con aquellas fuerzas que estuvieran en el mantenimiento de la paz; y además lo nombra en una declaración, que está entre los importantes acuerdos bilaterales entre EE UU y Uruguay. Con lo cual, si bien esto siempre fue así, a mí a partir de esto se me cayó un velo, porque el Comando Sur es como una policía mundial que se despliega en el sur del continente, está el Comando Norte, etc. Que se creen dueños de mares y territorios y que viene a retomar recursos. 

 Y hay un tema importante que está en el medio que es la Hidrovía que también está en disputa entre los gobiernos de Argentina y Uruguay, el profundizar el dragado de los puertos y la vía del Río Uruguay, donde también Lacalle dio un paso en falso porque se comprometió con Katoen Natie que es una multinacional que tenía una concesión por treinta años en el puerto de Montevideo, y este gobierno la extiende 50 años más, en total 80 años de concesión. 

 Hay otra empresa que está haciendo un juicio por esto. 

 El gobierno de Lacalle se compromete con Katoen Natie a garantizarle esa profundidad de 14 metros que permite la llegada de buques de mayor calado y mayor tonelaje. Quieren llegar a cargar 90.000 toneladas, el espacio es otro porque lo quieren para cargar con madera de pino. Todo para la pasta de celulosa y justamente es el negocio que tienen con China. Y resulta que en medio de esta discusión donde el presidente argentino le dice que no es ese el acuerdo, salen una serie de organizaciones ambientales a afirmar y reflotar el acuerdo de este organismo que regula desde la instalación de UPM sobre Fray Bentos el grado de contaminación y todas las cuestiones entre Uruguay y Argentina y hay un acuerdo que establece que no puede ir a más de los 13 metros. 

 Así que Lacalle también se ha metido en un brete en el que puede hacerse objeto tanto de ataques de los tribunales internacionales por Katoen Natie y a su vez un conflicto con el presidente argentino. Esto se pone bastante agitado. 

 Mario Hernandez

 30/04/2021

El régimen criminal contra los niños nativos en los antiguos internados de Canadá

Sobre el hallazgo de los restos de 215 chicos. Una muestra de la enorme barbarie del Estado. 

 El descubrimiento de una fosa común con los restos de 215 niños indígenas en Kamloops Indian Residential School, una antigua escuela ubicada en la Columbia Británica, en Canadá, no solo ha golpeado duro en el tablero político local; sino que, asimismo, ha avivado el debate acerca de las características que tuviera el proceso constitutivo del Estado canadiense y sobre la profunda opresión que sufren las minorías raciales. 

 La comunidad artífice de la investigación, Tk’emlups te Secwepemc, ha señalado que “algunos niños apenas tenían tres años” y que “sus muertes, cuyas causas y fechas se ignoran, nunca fueron registradas por la dirección del internado” (Página 12, 30/5). Los dirigentes de la comunidad se hallan trabajando con expertos en museos y con forenses para llegar al fondo de estos verdaderos crímenes de Estado. Algunas personalidades defensoras de los derechos humanos han redactado un documento que exhorta al Poder Judicial a realizar investigaciones penales sobre todas las muertes e instan a la Iglesia católica, que ha regenteado estos internados, a abrir sus archivos. 

 Los recientes hallazgos produjeron reacciones populares en todo el país, como vigilias y memoriales, las cuales han recogido la solidaridad de vastos sectores de la población laboriosa. 

 Antecedentes 

El establecimiento en cuestión era tan solo uno de los 139 que han funcionado en Canadá, específicamente entre los años 1883 y 1996. Se trató de un sistema de escuelas residenciales inspiradas en los reformatorios y cárceles para jóvenes, cuyo desenvolvimiento ha estado bajo la égida del gobierno canadiense y de las iglesias católicas romanas, anglicanas, metodistas, presbiterianas y unidas. La Iglesia católica, por ejemplo, ha ostentado el manejo de hasta un 70 por ciento de los internados, según la Sociedad de Sobrevivientes de Escuelas Residencias de Indígenas. Por este han pasado más de 150.000 niños de las llamadas primeras naciones.

 Los niños han sido arrebatados a sus familias, a menudo a través de feroces operativos represivos protagonizados por la Real Policía Montada de Canadá e introducidos en dichos establecimientos, en los cuales eran sometidos a un régimen disciplinario de carácter brutal, donde han eliminado su lengua –imponiéndoles el idioma inglés o francés- y su cultura –convirtiéndoles forzosamente al cristianismo-. Los estudiantes han sufrido una plétora de abusos por parte de los maestros, sacerdotes y administradores, incluida la agresión sexual. Gran parte de la “jornada escolar” se ha dedicado a la explotación del trabajo infantil. La atención médica, asimismo, era en extremo deficitaria, lo que combinado con las viviendas precarias y la escasa alimentación, fue el pasto de cultivo para la proliferación desenfrenada de tuberculosis. En 1945, la tasa de mortalidad de los niños que formaban parte de los internados era casi cinco veces mayor que la de otros alumnos canadienses (BBC, 3/6). 

 El sistema de escuelas residenciales formó parte de una política orquestada desde el propio Estado canadiense y desde las entrañas de la clase dominante, cuyo objetivo fue consolidar las relaciones sociales capitalistas en la región sobre la base de la expulsión de los pueblos nativos.

 Un informe redactado en 2015 por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Canadá, cuya base fundacional ha sido investigar y denunciar el sistema de residencias escolares, “concluyó que el país norteamericano utilizó los internados como herramienta para cometer un genocidio cultural contra la población indígena del país” (ídem, 30/5). Se estima que entre 5.000 y 7.000 niños murieron en esas horrorosas estadías, fundamentalmente como consecuencia de enfermedades, desnutrición, incendios y suicidios, entre otros. 

 A lo largo de todo este tiempo, numerosas comunidades nativas de Canadá han venido llevando adelante investigaciones, financiadas con subvenciones estatales o incluso de forma independiente, con el objetivo de llegar a un esclarecimiento general; este último descubrimiento muestra solo la punta de un profundo iceberg. 

 La situación actual de las minorías raciales 

Frente a este escenario, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, luego de catalogar el reciente suceso como “un recuerdo de este oscuro y lamentable capítulo de la historia nacional” y de llamar, como ha hecho en numerosas oportunidades, a la “reconciliación”, se ha comprometido –de palabra- a impulsar investigaciones que permitan dilucidar el paradero del resto de los niños y exigió a la Iglesia católica y al Papa Francisco sus “disculpas”. 

 El denominado progresista viene batiendo el parche hace mucho tiempo con realizar pesquisas, lo que le ha dado buenos frutos en términos electorales. La política del gobierno se ha reducido al otorgamiento de reparaciones para las víctimas, sin privarse, incluso, de integrar a diversos elementos de la población nativa al aparato del Estado burgués, y, asimismo, a la concesión de prerrogativas para los capitalistas indígenas. Detrás del llamado a la reconciliación asoma el propósito de establecer un punto final, mientras que en los hechos se sostienen todos los pilares que hacen a la regimentación y opresión particulares que flagelan a los pueblos nativos. 

 La prueba más cabal de esto último es que las relaciones entre el Estado y las comunidades nativas aún se rigen por la colonialista “Ley de indios”, sancionada en 1876, cuyo contenido es profundamente retrógrado y reaccionario. La esperanza de vida de los miembros de las “primeras naciones” es 15 años más baja que la de otros canadienses y la mitad de los niños están sumidos en la pobreza. En las reservas del oeste del país, las tasas de VIH y sida son más altas que en los países africanos más vulnerables, y algunas comunidades, además, sufren la propagación de enfermedades como la tuberculosis. Muchísimas de estas, por otro lado, no tienen acceso a agua potable. A su vez, menos del 50 por ciento de los estudiantes de las reservas nativas se gradúan en la secundaria; las escuelas de estas regiones vienen recibiendo un 30 por ciento menos de fondos per cápita que otras escuelas canadienses. Este cuadro de empobrecimiento también se desarrolla con fuerza en las poblaciones nativas que viven en los centros urbanos del país; estos tienen las tasas de desempleo más altas, solo superadas por las concernientes a las reservas nativas. La opresión de los pueblos originarios se exacerba aún más con la política racista del gobierno canadiense, cuya manifestación puede apreciarse en las tasas de encarcelamiento de aquellos, que son nueve veces superiores al promedio nacional.

 El pisoteo estatal contra las comunidades nativas ha desencadenado importantes protestas en los últimos años, como las organizadas por el movimiento Idle No More, nacido como una reacción a la política antinativos del ex primer ministro conservador Stephen Harper, o las protestas realizadas en 2020 por los Wet’suwet’en, con cortes de líneas ferroviarias y piquetes contra la construcción de un oleoducto que cruzaría su territorio histórico, fuertemente reprimidas por el gobierno.

 La única forma de terminar con la opresión de los pueblos nativos es derrotando al Estado capitalista y abriendo paso a un gobierno de los trabajadores.

Nazareno Kotzev