Antecedentes
A partir de fines de la década de los años 50′, toda la década de los 60′ e incluso de los 70′ hubo un claro ataque a las condiciones de existencia de los trabajadores uruguayos. Recrudecen los despidos en todas las industrias, en especial en la textil, pero también en el medio rural, por ejemplo, entre los trabajadores cañeros y de la remolacha; y a esto se añade un retroceso salarial de considerables proporciones. En las grandes ciudades tenían lugar expresiones de lucha del movimiento obrero, en especial en Montevideo y Paysandú, ciudad donde se constituyó un frente obrero estudiantil. Cabe señalar que los trabajadores de la remolacha y los cañeros luchaban por el pago del día de lluvia no trabajado, una expresión del crecimiento del movimiento sindical agrario, que, con su Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas realizaron en 1962 destacadas movilizaciones. Por su parte, sectores de la clase obrera ya demandaban un seguro al parado que posteriormente fue votado en el parlamento.
También fue muy destacado el crecimiento del movimiento de lucha bancario y de los empleados públicos a través de su Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. El movimiento de lucha estudiantil observó un gran crecimiento tanto en el medio universitario como secundario. Este cuadro de luchas hizo surgir en 1964 la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), que reivindicaba la independencia de clase pero defendía la liberación nacional como un escalón hacia una sociedad sin clases, lo cual suponía una subordinación a la burguesía nacional, que más tarde incidirá en sus definiciones prácticas. En 1968, la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios decidió una huelga estudiantil, que se tradujo en movilizaciones callejeras reprimidas por las fuerzas policiales, que asesinaron al estudiante Liber Arce. Este asesinato tuvo lugar durante el gobierno colorado de Pacheco Areco. Tras la muerte del presidente Gestido, del cual era vicepresidente, lo reemplazó en la presidencia e hizo votar en el parlamento las “Medidas prontas de seguridad” (1970), que autorizaban al Estado a reprimir las movilizaciones.
Cabe señalar que el crecimiento de los movimientos de lucha se desenvolvía en el cuadro de una política económica de crecimiento del endeudamiento externo, de inversiones financieras especulativas que incluían los negocios inmobiliarios y de la aprobación y monitoreo del Fondo Monetario y del Banco Mundial sobre los pasos dados por el gobierno. Los mismos abarcaban devaluaciones continuas del peso uruguayo desde 1959, la supresión del control de exportaciones e importaciones y de los subsidios al consumo. Esta política llevó la quiebra de importantes bancos como el Regional en 1964 y el Transatlántico en 1965. Es decir, Pacheco Areco era la expresión de la necesidad de la burguesía uruguaya y del imperialismo de imponer por la fuerza las medidas antiobreras que estos demandaban.
Pacheco Areco inauguraba una etapa de estado policial bajo el amparo de la CIA y de la embajada norteamericana, que ayudaron a fortalecer a la policía y las fuerzas armadas, incluso enviando a la oficialidad de las mismas a entrenarse en la zona especial del Canal de Panamá. En forma simultanea la burguesía y el gobierno promovían y financiaban en la década del 60′ organizaciones derechistas y fuerzas de choque legales y parapoliciales como el Movimiento Nacional por la libertad y A.L.E.R.T.A. En los 70′, fue la Legión Artiguista y la Juventud Uruguaya de Pie (parecida al CNU argentino) que se ocupaban de realizar atentados contra locales obreros y de la izquierda. En forma simultánea comienzan a actuar “escuadrones de la muerte” del estilo de los brasileños de Castelo Branco y Costa e Silva, y de la Triple A de Perón y López Rega.
En 1968, Pacheco Areco decretaba el estado de excepción y desenvolvía una brutal represión contra las manifestaciones populares, y las torturas se convirtieron en moneda corriente. En este contexto, el MLN-Tupamaros, surgido a mediados de los 60′ y muy golpeado por la represión policial, resurgía con acciones de secuestros a personajes policiales, empresarios y ataques a locales de grandes empresas como Funsa y General Motors; así como el secuestro a un alto funcionario norteamericano vinculado a la CIA, Dan Mitrione, a quien mataron en 1970. En ese ese marco también es que se fundaba el Frente Amplio por iniciativa del Partido Comunista, junto a sectores escindidos de los partidos Blanco y Colorado y de la democracia cristiana. Tupamaros va a integrar en 1971 las listas del Frente Amplio con el Movimiento de Independientes 26 de Marzo.
Elecciones y ascenso de Bordaberry a la presidencia de Uruguay
El 28 de noviembre de 1971 tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Uruguay, en la que por primera vez se presentaba el Frente Amplio obteniendo el 18%. El Partido Colorado se presentó con Jorge Pacheco Areco como candidato titular, pero su postulación estaba sometida a un plebiscito simultáneo a esa elección que debía aprobar su reelección. Tal circunstancia no se produjo por no contar con el porcentaje de votos para habilitarlo, y, en consecuencia, fue electo Bordaberry, quien figuraba como candidato suplente, que se impuso con el 41% contra el 40% de Wilson Ferreyra Aldunate, candidato del Partido Nacional (Blanco). No resulta ocioso decir que la mayoría fue lograda mediante la Ley de Lemas. Un detalle es pertinente: el Partido Blanco denunció fraude e incendio de boletas. Esto fue confirmado por información desclasificada extraída del Security Archive de los Estados Unidos, que da testimonio de dichos de Nixon atribuyéndole una injerencia decisiva en ese aspecto a la dictadura brasileña de Garrastazú Medici.
Cabe detenerse en quien fue electo en noviembre de 1971 a la presidencia uruguaya. Juan María Bordaberry era un destacado ente de la oligarquía ganadera uruguaya, y, en tal carácter, formó parte de las filas de la Liga Federal de Acción Ruralista hasta 1964, año en que se pliega al Partido Colorado, defendiendo los mismos intereses. Un detalle para nada soslayable es que ideológicamente era un católico integrista preconciliar, que sostenía el punto de vista de Monseñor Levebvre. Entre 1969 y 1972 había sido ministro de agricultura de Pacheco Areco. Ya siendo senador en la década del 60′ ostentaba un vínculo preferencial con la embajada yanqui y la misma CIA, promotores destacados de su candidatura.
Logrado el triunfo sobre los Tupamaros sobre la base de la cárcel, los asesinatos y las torturas, y existiendo un enorme avance de las fuerzas armadas, no debía extrañar la aspiración de estas a jugar un rol más abierto en las decisiones políticas. En efecto, ante el nombramiento del general Antonio Francese el 7 febrero de 1973 en el Ministerio de Defensa, hay un rechazo por parte de los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, mientras que la Armada lo defendió, circunstancia que estuvo a punto de enfrentarlos. Incluso la Armada apostó fuerzas en la Ciudad Vieja. La Fuerza Aérea y el Ejército hicieron públicos los comunicados 4 y 7 en los que expresaban su estrategia.
De febrero a junio del 73′: comunicados 4 y 7, pacto de Boiso Lanza y apoyo del PCU y del Frente Amplio a las FFAA
El pronunciamiento militar que se derivó del alzamiento del 7 de febrero tuvo su expresión programática en los comunicados 4 y 7. En los mismos los militares explicaban su oposición al nombramiento del ministro de Defensa por parte de Bordaberry, en el que manifestaban: “El ministro de Defensa se ha opuesto mediante la desarticulación de los mandos a restablecer el orden interno dentro del sistema democrático y republicano”, y añadían entre sus propósitos: “participación de los militares en tribunales especiales para el esclarecimiento de los hechos dada su grave incidencia en los problemas de seguridad interna”, “Asegurar la intervención o participación de las Fuerzas Armadas en todo organismo o actividad que tenga relación con aspectos concernientes a la soberanía y seguridad nacional”. A esto agregaba un programa económico cuya finalidad era promover las exportaciones y planteaba “eliminar la deuda externa con una verdadera triquiñuela, eliminar los viajes al exterior de funcionarios públicos de cualquier índole”, y recibir solo créditos para “inversiones con reembolsos aceptables”.
Lo esencial estaba dicho: sostenían el control político y militar por parte de las fuerzas armadas sobre la base de la represión al movimiento obrero. Ese programa no hacía referencia a la ruptura con el FMI y con el imperialismo, no mencionaba las reivindicaciones de la clase obrera. No defendía la libertad de los presos políticos ni denunciaba las torturas. Se trataba de un programa de fortalecimiento del Estado capitalista bajo el control más directo de las fuerzas armadas. En eso consistía la diferencia de apreciación entre Bordaberry y este sector militar. Porque ambos tenían una coincidencia estratégica consistente: ir a fondo contra el movimiento obrero y sus organizaciones para imponerles un retroceso histórico. Pero había una disputa consistente sobre quiénes tomarían las decisiones fundamentales, la cual duró hasta la deposición de Bordaberry el 12 de junio de 1976.
El Frente Amplio jugó un rol de comparsa y de respaldo político a la maduración del golpe que meses más tarde tendría lugar. Luego del pronunciamiento militar, El Popular, prensa del PCU, señaló en su editorial del 11 de febrero de ese año a escasos días del mismo: “Consideramos que el dilema no es entre el poder civil y el poder militar, que la divisoria de aguas es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de este caben indudablemente todos los militares patriotas que están con la causa del pueblo para terminar con el dominio de la rosca oligárquica”. Y añadían: “Las fuerzas armadas deben reflexionar sobre este hecho: los marxistas leninistas, los comunistas, los integrantes de la gran corriente del Frente Amplio estamos de acuerdo con lo esencial de las medidas expuestas por las Fuerzas Armadas”.
Liber Seregni, candidato a presidente del FA en las elecciones de noviembre de 1971, hablaba en un acto de masas del 11 de febrero en apoyo a las fuerzas armadas sosteniendo la demanda de la caída de Bordaberry y “la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y fuerzas armadas”. El golpe estaba allanado. La dirección de la CNT (mayoritariamente del PCU) afirmaba más de un mes y medio más tarde del pronunciamiento militar del 8 y 9 de febrero: “Se percibe la intención de llevar adelante algunos puntos reivindicativos coincidentes con nuestro programa. Nunca hemos pensado que somos los únicos que queremos la felicidad de nuestro pueblo y nos satisface mucho que en otros sectores que no son clase obrera, se manifiesten estas inquietudes.”
El levantamiento militar de febrero, un verdadero golpe de Estado, no echó a Bordaberry, pero le impuso, como era inevitable, un poder compartido con las fuerzas armadas que se concretó en el Pacto de Boiso Lanza (base militar donde se rubricó). Por medio de ese pacto, se impuso la formación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) integrado por Bordaberry, los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa y los comandantes en jefe de las fuerzas armadas con un secretario militar permanente, el general Gregorio Alvarez, relevándose del Ministerio de Defensa al cuestionado Francese. El comandante de la Armada, Zorrilla, debió renunciar y fueron designados nuevos ministros del Interior y de Defensa.
El Pacto Boiso Lanza no fue solo una formalidad. Se trataba de los pasos previos al golpe de Estado que tendría lugar meses después, el 27 de junio de 1973. La propia CNT, el PCU y el Frente Amplio le habían abierto las puertas. El golpe del 27 de junio de 1973 disolvió la cámara de representantes y la de senadores, luego de haberle prestado un servicio enorme a los golpistas. En efecto: dos semanas antes de consumarse, el mismo parlamento uruguayo sancionaba la Ley de Seguridad del Estado y el Estado de guerra interno. Piedra libre para la persecución y cacería de activistas obreros y estudiantiles. En su lugar se formó el Consejo de Estado. Se disolvieron los partidos políticos y se prohibió la actividad sindical allanándose los locales sindicales y el de la CNT.
El golpe cívico militar fue preparado y apoyado por la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación de Bancos, la Asociación Rural, la Federación Rural y los representantes de la gran industria.
La CNT declaró la huelga general contra el golpe, en algunos casos con ocupación de empresas, que se extendió hasta el 9 de julio, día en que se levantó. Resulta claro que la política del stalinismo charrúa previa al golpe desarmó a la clase obrera en los pasos previos al mismo, abriendo ilusiones en la progresividad de los altos mandos de las fuerzas armadas y paralizándola en los meses previos a su concreción. Muy similar a la política seguida en el resto de los países sudamericanos, abriendo ilusiones en un Videla “progresista”, elevando a Pinochet en Chile a Comandante en jefe de las fuerzas armadas, mientras se empeñaba en liquidar los cordones industriales. Un dato de interés lo constituye el hecho de que un sector del Frente Amplio llamaba a confraternizar con las fuerzas armadas, llamándolas a hacerse presentes en los fogones organizados durante la huelga general, lo cual revelaba el callejón sin salida al que la dirección colaboracionista del PCU y del Frente Amplio estaban llevando a los trabajadores orientales.
Pero la huelga fue levantada ya que no pudo resistir la represión basada en la conciencia que tenía la burguesía sobre sus propósitos frente a una clase obrera desarmada políticamente por una dirección capituladora. La cacería de militantes fue implacable. La dirección de la CNT fue encarcelada.
Meses más tarde, ya en 1974, la dictadura bajo la presidencia de Bordaberry sancionaba la ley de inversiones extranjeras y la de promoción industrial. La gran burguesía uruguaya, que había alentado, preparado y financiado el golpe, festejaba. Se trataba de grupos poderosos que controlaban amplias ramas de la actividad económica con inversiones textiles, pesqueras, rurales, papeleras, tenedores de títulos de la deuda uruguaya, aguas gaseosas, propietarios de grandes hoteles, inversores n la explotación de cítricos, sojeros, azucareros, arroceros, fabricantes de neumáticos , etc. Se trataba de los clanes Strauch, Aznarez, Fernandez Lladó, Ferrés, entre otros.
También en 1974 la dictadura clausuraba el semanario Marcha. El terror estaba en marcha. Los secuestros se cobraban víctimas que iban a parar a centros de detención clandestina de la dictadura, entre los cuales figuran los tristemente célebres Infierno Chico y Casa de Punta Gorda.
Las condiciones de existencia de los trabajadores no podían ser peores. El PBI per cápita era igual en 1974 que veinte años antes. Se sabe que en marzo de 1975 se vendieron el 20% de las reservas en oro, la inflación crecía pulverizando el poder adquisitivo del salario obrero. Con Bordaberry, el dólar oficial pasó de 285 pesos a 495 y el dólar libre a 800 pesos uruguayos, resultado de la liberalización del tipo de cambio.
La puja entre el alto mando militar y Bordaberry se agudizaba en torno a una divergencia respecto al contenido de dos memorandos que este les había elevado. Mientras Bordaberry sostenía la necesidad de realizar una reforma constitucional que suprimiera la democracia liberal, y, en consecuencia, las elecciones, con la supresión de los partidos políticos, añadiendo que el presidente sería elegido por un Consejo de Estado cada cinco años y las decisiones serían tomadas mediante plebiscitos o el Consejo de Estado, el alto mando de las fuerzas armadas rechazó este planteo, destituyó a Bordaberry e impuso provisoriamente a Alberto Demicheli el 12 de junio y luego a Aparicio Mendez, sin cambiar por eso la naturaleza dictatorial y represiva del gobierno de facto.
¿Qué divergencia de fondo había entre Bordaberry y los militares? Ninguna, en rigor. Sí, una diferencia sobre quién iba a ser quien dirija las riendas del Estado, propósito que perseguía Bordaberry, repitiendo la diferencia que los enfrentó bajo otra forma en febrero de 1973 y que obligó a Bordaberry a compartir el poder. Pero, no la única. Los comandantes en jefe, apoyados por el conjunto de la clase capitalista entendieron que era necesario preparar a mediano plazo un cambio de frente, para lo cual iban a necesitar de los partidos de la burguesía como válvula de escape al inevitable desgaste que sufriría la dictadura.
El planteo de Bordaberry no ofrecía margen de maniobras. Ni la burguesía uruguaya ni las fuerzas armadas ignoraban que a pesar de la represión desatada contra las ocupaciones fabriles realizadas durante la huelga general contra el golpe, las mismas tuvieron una extensión territorial enorme en todo Uruguay. Y que a pesar del reflujo alcanzado por la cárcel, los secuestros, las torturas y también el exilio de centenares de miles de uruguayos, la clase obrera había comenzado a desarrollar luchas parciales, pero que indicaban una aún tenue tendencia a una lucha más generalizada. Aquí, algunas de las expresiones de esa tendencia: en junio de 1974 los obreros de SUNCA se movilizaban por el pago adeudado desde en 1974 y cuatro meses de vacaciones. A un año del golpe hubo paros parciales en La Aurora, BAO, INLASA y Nervión.
Durante los primeros de mayo de 1974 y 1975 hubo actos relámpago, en 1974 la Sociedad Obrera de Rausa denunciaba amenaza de despido de la empresa azucarera; en febrero de 1975 los obreros uruguayos de la represa de Salto realizaban un paro en reclamo de igualación salarial con los obreros argentinos; el primero de mayo de 1976 se realizaron movilizaciones obreras en los barrios de Goes, La Teja y Maroñas, junto a esto los estudiantes secundarios luchaban contra la imposición dictatorial de su indumentaria; y, en las facultades de arquitectura y medicina los docentes se negaban a firmar un documento en favor de la dictadura.
Aunque se trata de hechos posteriores a la destitución de Bordaberry los que vamos a mencionar formaban parte de esa tendencia: en agosto de 1976 treinta mil trabajadores presentaron ante la COPRIN (Comisión de Productividad, precios e ingresos) la demanda de un incremento salarial del 50% a través de doscientos delegados que representaban 120 fábricas; y, en octubre de ese año, obreros de EFECSA ocuparon la planta frigorífica por falta de pago. Un dato de importancia lo constituye la circunstancia de que los presos políticos del cilindro municipal de Montevideo realizaron una huelga de hambre porque los obligaban a pintar de blanco las paredes con consignas contra la dictadura. Esto sucedía en el marco en que tres mil obreros textiles estaban en situación de paro y que el salario obrero había sufrido un retroceso enorme como resultado de la inflación y la desvalorización del peso.
Pero lejos de disminuir la acción represiva de la dictadura, esta recrudeció aumentando los secuestros, encarcelamientos y asesinatos de militantes del Frente Amplio, del Partido Comunista, Tupamaros. Liber Seregni continuaba preso y había sido encarcelado y proscripto Wilson Ferreira Aldunate del Partido Blanco. La persecución llegó a Argentina con la colaboración de la dictadura videliana, en el marco del Plan Cóndor, como resultado del cual fueron asesinados activistas estudiantiles uruguayos, pero además, legisladores del Frente Amplio como Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz del Partido Nacional.
Cambio de frente de la burguesía para salvar el estado burgués: plebiscito, elecciones, pacto del Club Naval, Ley de Caducidad
El desgaste de la dictadura era evidente. Las fuerzas armadas lo comprendieron, del mismo modo que la burguesía y sus partidos. Las manifestaciones antidictatoriales, los cacerolazos y las movilizaciones obreras iban en aumento. Las fuerzas armadas decidieron llamar a un plebiscito para institucionalizar su continuidad. Fue un traspié para ellas. En consecuencia, dieron otro paso llamando a elecciones internas en los partidos en 1982, pero con los candidatos más relevantes proscriptos: Battle del Partido Colorado, y Ferreira Aldunate del Partido Blanco igual que la izquierda.
Con todo, aunque el plebiscito rechazó la continuidad de la dictadura en el futuro político uruguayo, los partidos burgueses junto a los militares se encargarían de violar la decisión popular. En primer lugar, con la firma del Pacto del Club Naval en el que participaron el general Gregorio Álvarez (presidente de facto designado en 1981), el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. No así el Partido Blanco por la proscripción de Ferreira Aldunate, aunque luego este lo convalidaría.
El Pacto significaba una injerencia lisa y llana de las fuerzas armadas en la futura política uruguaya: se mantenía el Consejo de Seguridad Nacional como órgano asesor; los mandos de las fuerzas armadas serían designados por el presidente con la aprobación del Senado pero de una lista escrita por los militares, se reformaría la constitución incluyendo el Estado de Emergencia, estado de insurrección ante la violencia que significaban riesgos para el orden y la soberanía territorial. Sobre esa base se convocaba a elecciones para el 25 de noviembre de 1984, aceptando las proscripciones de Liber Seregni, Jorge Batle y Jorge Ferreira Aldunate.
Como se ve la burguesía aceptó las condiciones de la dictadura genocida y en gran medida su continuidad, colocando en el centro de los problemas políticos el ataque a las movilizaciones obreras y populares al referirse a la insurrección, etc. Ya elegido Sanguinetti presidente tomó la iniciativa de sancionar la Ley de Caducidad de pretensión punitiva del Estado apoyado por Ferreira Aldunate del Partido Blanco, una suerte de ley de obediencia debida uruguaya. Esta establecía la “caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto”.
El Frente Amplio, es educativo recordarlo, votó en su congreso de 2003 no derogar la ley de caducidad en el parlamento si llegaba a ser gobierno, y en 2005, siéndolo, no impulsó su anulación, teniendo mayoría para hacerlo. Pero en 2009, cuando ya era inocuo hacerlo porque los represores afectados ya habían llegado a la ancianidad y no cumplían funciones en el poder del Estado, llevaron a un referéndum su derogación, evitando por todos los medios que la misma fuera votada en el parlamento para no comprometerse con esa decisión. Como podemos observar, la burguesía seguía gobernando bajo otra forma y el régimen de explotación capitalista estaba a salvo.
En 1973 dieron un golpe de Estado para defenderlo y en 1985 daban un giro ante el agotamiento militar con la misma finalidad, y, luego, restablecido el orden constitucional, todos, incluido el Frente Amplio (reaseguro por izquierda del régimen capitalista) se empeñaron en defender el aparato represivo del estado burgués.
La clase obrera uruguaya y continental ha atravesado por duras y dolorosas experiencias políticas, sembrada de derrotas y maniobras democratizantes. Militamos para superar esas frustraciones y poner en pie una alternativa obrera y socialista y un partido obrero que las encarne.
Roberto Gellert
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