sábado, 12 de diciembre de 2020
viernes, 11 de diciembre de 2020
Vacuna: la ‘propiedad intelectual’, un obstáculo para la salud mundial
El principal bloqueo para la producción y distribución rápida de la vacuna se encuentra asociada a las patentes y los derechos de propiedad intelectual. Esto ha conducido a que “los países ricos, que representan sólo el 14 por ciento de la población mundial, han comprado hasta el 53 por ciento de las vacunas más prometedoras hasta la fecha” (Clarín, 09/12).
El acaparamiento de dosis per cápita en los distintos países capitalistas indica números de hasta tres veces las necesarias para inmunizar al conjunto de la población, Canadá lidera esta tabla con 5 dosis per cápita. Mientras tanto, en los denominados países pobres “sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra la COVID-19 el año que viene” (ídem) Ante esta situación, Sudáfrica e India han presentado en octubre pasado una propuesta ante la OMC, “que exima a los países miembros de hacer cumplir algunas patentes, secretos comerciales o monopolios farmacéuticos en virtud del acuerdo de la organización sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido como ADPIC” (Counterpunch.org, 9/12).
La solicitud se basa en un articulado específico de la OMC que garantiza en situaciones excepcionales pasar por encima de ciertas disposiciones de propiedad intelectual y patentes, al ser estas un obstáculo para el desarrollo de una respuesta rápida y concreta contra una enfermedad o situación catastrófica. La habilitación de la OMC permitiría a sus 164 países miembros cambiar sus leyes para lograr la producción genérica de cualquiera de las vacunas aprobadas. El proyecto fue inmediatamente rechazado por Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Noruega, Suiza, Japón, Canadá, Australia y Brasil. Los mismos países ya la han rechazado en tres oportunidades, hoy (10/12) se reúne el Consejo de ADPIC. Y el 16 y 17 de diciembre el consejo general de la OMC. Allí se espera la negativa y las maniobras de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña.
Estas delegaciones han sentenciado en las reuniones pasadas de la ADPIC defender los derechos de propiedad intelectual. Estados Unidos asegura que "facilitar incentivos para la innovación y la competencia" era la mejor manera de garantizar la "entrega rápida" de cualquier vacuna y tratamiento. La Unión Europea ha argumentado que "no había indicios de que los problemas de derechos de propiedad intelectual hayan sido una barrera genuina en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con Covid-19". La misión británica ante la OMC está de acuerdo, caracterizando la propuesta de exención como " una medida extrema para abordar un problema no probado". (Idem)
Según los registros, “Moderna recibió un total de unos $ 2.5 mil millones en dinero de los contribuyentes (estadounidenses) para apoyo a la investigación y como pedidos anticipados de vacunas; según admitió la propia empresa, la contribución de mil millones de dólares que recibió para la investigación cubrió el 100 por ciento de esos costos. Pfizer, por su parte, recibió una subvención de $ 455 millones del gobierno alemán para desarrollar su vacuna, y luego, según nuestro recuento, casi $ 6 mil millones en compromisos de compra de los Estados Unidos y la Unión Europea”. Mientras que “AstraZeneca se benefició de algunos fondos públicos mientras desarrollaba su vacuna y recibió un total de más de $ 2 mil millones de los Estados Unidos y la Unión Europea para investigación y compromisos de compra. También firmó un acuerdo por valor de $ 750 millones para suministrar a la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias y a Gavi, la Alianza de Vacunas, un total de 300 millones de dosis” (ídem).
De este cálculo se observa que según las capacidades declaradas por Pfizer y Moderna, que en sus acuerdos realizados han comprometido el 82% y 78% de su producción anual respectivamente con los países ricos, que en el mejor de los casos tendrán al 50 por ciento de su población vacunada a fines de 2021. Por su parte, AstraZeneca ha comprometido el 53% de su producción a los países denominados en desarrollo y pobres, como la India y América Latina. También ha prometido vender a precio de mercado cuando finalice la pandemia, en los contratos la ha definido en julio 2021, por lo cual no garantiza ningún abastecimiento a los países pobres. Incluso, prevé producir 3 mil millones de dosis, lo suficiente para vacunar el 20% de la población mundial, un número insuficiente.
Visto este cuadro, la iniciativa de Sudáfrica e India ante la OMC ha recibido el apoyo de más de 100 países miembros, pero al tener el rechazo de los países que monopolizan los acuerdos y los subsidios en materia de vacunas, una iniciativa similar a la realizada por Brasil en la década del 90 con los retrovirales para combatir el VIH/SIDA, podría poner en serios aprietos a los países pobres. Sin ir muy lejos, la Argentina se encuentra en una sumisión tal a los acreedores internacionales y al acuerdo con el FMI que una acción de estas características resulta impensable para los Fernández, a merced de ocasionar una crisis mayúscula.
La OMS ya ha resignado sus expectativas de colaboración internacional, su filial continental, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya ha sentenciado que en el mejor de los cuadros los países deberían aspirar a vacunar al 20% de la población.
La pandemia que ha surgido en el contexto de la depredación ambiental capitalista y la erosión de las condiciones mínimas de subsistencia de una porción cada vez mayor de la población mundial, muestra ahora su propia incapacidad para ofrecer una salida, aunque sea parcial, de la catástrofe del coronavirus. La propiedad intelectual y las patentes, mecanismos legales de la propiedad privada, han revelado que representan un chaleco de fuerza para el desenvolvimiento de la sociedad. La lucha por el socialismo es una cuestión de vida o muerte frente a la barbarie del capital.
Joaquín Antúnez
10/12/2020
jueves, 10 de diciembre de 2020
El Brexit, en la cuenta regresiva
El 31 de diciembre culmina el período de transición establecido por los acuerdos de retirada, que fueron votados por la Cámara de los Comunes y el Parlamento Europeo. Desde entonces, las partes vienen negociando infructuosamente un acuerdo de libre comercio.
Uno de los principales motivos que traba las deliberaciones, según los medios, es la política de subsidios a empresas por parte de Londres. Bruselas reclama un control semejante al que rige en el continente, pero el primer ministro británico Boris Johnson lo resiste. La puja se da en un escenario global de guerra comercial, en que los Estados buscan favorecer a sus propias compañías y adoptan represalias contra las demás. La Unión Europea resolvió en octubre imponer aranceles a importaciones norteamericanas por 4 mil millones de dólares, como respuesta a los aranceles por 7,5 mil millones instituidos por Trump el año pasado. Ambas partes se atacan por las subvenciones respectivas a sus industrias aeronáuticas.
Además de la cuestión de los subsidios, los europeos reclaman la inclusión de una cláusula que obligue a mantener homologadas en el tiempo la legislación laboral y ambiental, de manera que su rival no pueda valerse de una mayor precarización de la fuerza de trabajo o depredación del medio como ventaja competitiva. Para la canciller alemana Angela Merkel, es una cuestión crucial. Lo que no dice es que su propio país es un precursor del deterioro de las condiciones laborales como mecanismo para reforzar a su propia burguesía en el mercado mundial.
Asimismo, sigue en el caldero la cuestión del futuro de Irlanda. El acuerdo de retirada había establecido que no hubiera controles aduaneros entre el sur y el norte, como una manera de impedir el resurgimiento de una frontera “dura”, que reactivara el conflicto histórico en la isla. De esta manera, quedarían rigiendo allí las normas europeas. Como alternativa, se acordó una especie de aduana en el mar -es decir, un control de las exportaciones e importaciones entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.
Este pacto, sin embargo, entró en crisis por la posterior discusión de una ley de mercado interno en Londres, por el que la capital británica se autohabilitaba a controlar los subsidios de las empresas radicadas en el norte irlandés y a definir los trámites requeridos para las exportaciones a la isla. La Unión Europea puso el grito en el cielo, por lo que Johnson dio marcha atrás y anunció la eliminación de las cláusulas más cuestionadas de la ley. Pero con tantas idas y vueltas no conviene dar la cuestión por cerrada.
Está también en debate la cuestión pesquera. Los europeos quieren seguir manteniendo el acceso a las aguas británicas después del período de transición, mientras que, en sentido contrario, los pescadores del Reino no los quieren ver nunca más por allí. Francia se muestra como el gobierno más inflexible en defensa de sus intereses en el área, amenazando incluso con un veto a cualquier acuerdo que no contemple favorablemente esta cuestión.
Disgregación y crisis
El Brexit es la expresión más palmaria de las tendencias a la disgregación en la Unión Europea y acelera las propias tendencias centrífugas en el Reino. En Escocia se están reactivando los planteos para un nuevo referéndum independentista. La primera ministra Nicola Sturgeon exigió que este se desarrolle en 2021.
Al mismo tiempo, la crisis capitalista y la pandemia vienen haciendo estragos en uno y otro lugar. El Reino Unido se encamina a la mayor caída de su PBI en 300 años. Para contrarrestar la crisis, Johnson impulsó un salvataje de los capitalistas que disparó el endeudamiento a los niveles más altos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. También en el continente se están aplicando planes masivos de rescate a los grandes grupos económicos.
Mientras las negociaciones por el Brexit se tensionan, Johnson ha resuelto uno de los mayores aumentos del presupuesto militar de la historia británica, toda una señal en medio de las tensiones geopolíticas. Promete que el país volverá a ser la “primera potencia naval de Europa”. Y de la mano de este plan, reactivar la industria naval. El jefe del laborismo, Keir Starmer, expresó su apoyo a esta política militarista. Se lo ha leído también como un indicio de que el país abandona la Unión Europea, pero no saca los pies del plato de la Otan.
El Reino Unido apuesta a compensar la pérdida de vínculos con la Unión Europea con un mayor alineamiento con Estados Unidos, pero eso implicará una acentuación de su subordinación y la apertura para el capital yanqui de ciertas áreas de negocios (incluyendo la salud). Johnson, que apostó por Donald Trump, ya tuvo su primera reunión con Joe Biden.
La Unión Europea y Johnson rivalizan para sacarse ventajas y transferirse los costos de la crisis, mientras atacan a sus trabajadores. Es necesario oponerles la lucha por la unidad socialista del Reino Unido y de Europa.
Gustavo Montenegro
miércoles, 9 de diciembre de 2020
Efemérides de la Filosofía
Una y otra vez, Phil Connors se despierta en el mismo lugar, a la misma hora y en el mismo día. Es una metáfora fílmica (1993) traducida al español como “Día de la Marmota”. Puede aplicarse, con algunos retoques, a la pesadilla ideológica burguesa, espesa y esclerotizada, en la que despertamos diariamente sin aparente cambio… ni escapatoria. Son los vestigios del “empiriocriticismo” que Lenin desmenuzó (1908) pero estirados por décadas para esconder las tensiones entre clases sociales; para ocultar el pensamiento emancipador y enjaular las mejores tesis maduradas en las luchas recientes. No es la Filosofía, como actividad productora de pensamiento crítico, lo que está en decadencia, son las ideas de la clase dominante. Funérea.
¿Qué baratijas ideológicas podrán convencernos de aceptar, más tiempo, el negocio macabro de las industrias bélicas; qué palabrerío podrá convencernos de tolerar el espectáculo de pobreza que se transmuta en miseria y hambrunas; con qué saliva querrán anestesiarnos mientras nos despojan del trabajo, la vivienda, la salud, la educación… mientras insisten en que les aplaudamos como focas adictas? Los 2153 milmillonarios que hay en el mundo, poseen más riqueza que 4600 millones de personas (un 60% de la población mundial), según revela Oxfam en un informe publicado hoy, la víspera del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Este mundo debe salir del capitalismo, y todos sus desastres, inmediatamente.
Esa riqueza que tienen secuestrada unos cuantos, alcanza para resolver el 70% de los problemas materiales básicos de la humanidad. Lo que falta puede producirse en un plazo muy corto si nos organizamos para resolver los malestares y las necesidades comunes. No es imposible, aunque los filósofos serviles del establishment se desgañiten en negarlo. En algunos países, que se han atrevido a combatir la corrupción, y que se esfuerzan por poner los intereses sociales por encima del Capital, sólo por ese concepto generaron respaldos presupuestales suficientes para sortear bien las crisis que el capitalismo genera. Esa es la filosofía correcta.
Nos urge un Humanismo de Nuevo Género, Humanismo de lo Concreto. Sin enredos ni simplismos, sin escapismos, sin soluciones fantasmales, idílicas ni ilusionistas. Tal Humanismo, que hoy nos urge debe ser, a su vez, una praxis, o actividad transformadora del sujeto que se humaniza con su praxis, en el sentido de una praxis que caracteriza a todos los seres humanos dispuestos a modificar las condiciones históricas concretas, es decir, la realidad preexistente que, para ser superada, exige el despliegue real-concreto del colectivo que, también, se convierte y asciende a la Historia para hacerse en ella haciéndose. La actividad concreta de los humanos significa, en este sentido, pasar a una situación revolucionaria y permanente. El humanismo de nuevo género como modo superior de la praxis que se desarrolla a partir de ella, haciéndose renovación e innovación constante e inagotable en ella misma. Algunos “ingeniosos talentos” toman la Historia por mano propia y narran las luchas sociales reduciéndolas a obras individuales. Parecería que las gestas emancipadoras son obra de un hombre solo y con eso desfiguran la lucha de clases y el esfuerzo organizativo. Nos asfixia el individualismo.
En el epicentro de un mundo infestado con humillaciones contra la clase trabajadora, ahogado en falacias “informativas”, atiborrado de vulgaridad, chapucería y banalidades. Un mundo hundido en miedos, individualismo y egolatrías; saturado por petulantes y mediocres, doctorados en nadería y creacionismos a medida; donde hacen su festín los publicistas y las iglesias, los pornógrafos y los pedofilos… donde se prostituye todo y se mercantiliza el alma, el capitalismo reina a sus anchas y pudre todo lo que encuentra al paso. Además, hay tanto traidor, tanto blandengue, tanto trepador, tanto oportunista, tanto reformismo… que más nos vale trabajar rigurosamente o de lo contrario nos sepultará más de lo mismo. Esto es intolerable.
Hay que emancipar a la Filosofía para que se convierta en herramienta emancipadora. En esta etapa de pandemia belicista, evidente y subyacente, los filósofos han de asumir su trabajo con responsabilidades renovadas y métodos transformadores de acción directa. No hay tiempo para diletantes. No hay lugar para burocracias bibliográficas ni para farándulas de gurús. Hay que declarar la abolición de la esclavitud semántica y la supresión de todo fanatismo con manuales esotéricos. El caso más aberrante de “Crimen Organizado” a nivel mundial, se llama Capitalismo. En sus más de tres siglos, organizó la destrucción del planeta, la depredación de la condición humana, pobreza, miseria y hambrunas. Ha humillado a los seres humanos y amenaza al futuro.
Es necesario someter a la Filosofía a un proceso histórico de objetivación en la sustancia del ser social hacia un humanismo que no es sino la historia de la emancipación humana en el debate capital-trabajo. Desactivar la ideología de la clase dominante. Humanismo concreto para enriquecer la hostilidad sistemática contra el capitalismo, como etapa histórica concreta, en cuanto realidad concreta, con sus determinaciones específicas, bajo la dialéctica de la emancipación. Tal humanismo construirá su definición real – esencialmente – por su praxis productiva, o sea, por una actividad práctica con la que no sólo produzca un mundo que se transforma sino que, en su transformación, se supere dialécticamente.
Necesitamos un Humanismo concreto, histórico y creador, no abstracto sino expresión del conjunto de las relaciones sociales, incluso con sus conflictos madre, como perfeccionamiento ético y espiritual, que rescate las mejores luchas emancipadoras contra la alienación y los atentados a la libertad humana. Esta construcción del humanismo real, se necesita para transformar el mundo existente, conservando sólo lo mejor pero no para reconciliarse entre antagónicos. Un humanismo que debe ser condición fundamental en la conciencia, como necesidad y posibilidad de la transformación del mundo. Conciencia que debe tener una interpretación verdadera y científica del mundo y una crítica consensuada de lo existente.
En otros términos, nos urge un Humanismo dialéctico producto de su propia praxis así como del conjunto de condiciones sociales que se desarrollan en nuestro período histórico, Humanismo que transforme sus propias circunstancias y elimine, concretamente, las condiciones objetivas y subjetivas que oprimen, explotan y humillan a los seres humanos. Humanismo concreto, histórico y creador como herramienta para la realización plena del ser humano; la dignidad humana, lo mismo individual que colectiva; la libertad consensuada; la creatividad que distingue a lo humano. Humanismo como programa político que incluya, en su táctica y estrategia, la emancipación de la libre creatividad para resolver necesidades pragmáticas, emocionales y estéticas.
“Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. De examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con esos sueños, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía.” (Lenin) Humanismo crítico de lo existente…del capitalismo en primer lugar; crítica de todas las calamidades sociales, engendradas por él. Humanismo para producir, en consenso, los bienes sociales en los que encarnan valores fundamentales de buen vivir que bajo capitalismo se limitan, se asfixia o se esconden criminalmente. El concepto de Humanismo que aquí se esboza, entraña no sólo la conciencia de su carácter deseable, posible y realizable (Sánchez Vazquez) donde se comprometen valores por los que considera necesario, digno e indispensable luchar, y no sólo, profesar sacrificios y esfuerzos o limosnas filantrópicas. Necesitamos un Humanismo que por la superioridad de sus valores se oponga y combata a un sistema por esencia opresor y explotador con la convicción de que su programa puede ser realizado si se recurre a la planeación, la organización y la acción conscientes incluso cuando las condiciones coyunturales son adversas. La humanidad necesita, además, el Humanismo para no desaparecer bajo la barbarie, que hoy adquiere formas extremas como barbarie militar, bancaria, ecológica, nuclear y mediática. Humanismo para derrotar, también, a la pandemia de feminicidios.
Esto quiere decir que es indispensable enfrentar los desastres creados por el capitalismo y sus falacias filosóficas; trabajar sobre las contradicciones específicas y dialécticas para asegurar la liberación de la humanidad con un Humanismo de nuevo género como programa permanente de acciones históricas… y como acciones de la vida diaria. Humanismo de las condiciones y determinantes socio-económicos concretas, de la práctica transformadora que aún ha de ser desarrollada. Praxis humanista que se produce para combatir las falacias que reducen a las personas a simple reflejo mecánico de las contradicciones objetivas; humanismo que se imponga al análisis de lo concreto organizándonos contra las determinaciones inhumanas realmente existentes. Humanismo, pues, para romper el círculo vicioso que nos hace despertar, a diario, víctimas de la misma pesadilla ideológica. Que se repite…y se repite.
Fernando Buen Abad Domínguez | 20/11/2020
Presupuesto y Ley de Urgente Consideración: la dupla del ajuste en Uruguay
El gobierno de la coalición de derechas autodenominado Coalición Multicolor prosigue con su hoja de ruta de ajuste y transferencia de recursos de la clase trabajadora hacia los sectores más concentrados, con el tandem del presupuesto nacional y la Ley de Urgente Consideración (LUC) a pesar de la pandemia.
No solo se ha aumentado las tarifas de servicios públicos, los peajes y los alimentos, sino que lo que no pudo el gobierno colocar en la LUC, lo hizo en el presupuesto.
El presidente Luis Lacalle Pou utilizaba en la en campaña electoral la metáfora del cinturón, sentenciando que no se puede ajustar más a los trabajadores y “había que aflojarselo”. Pero la realidad marca otra cosa, y la presión fiscal apunta a disminuir hacia los empresarios a costa del salario de los trabajadores.
Esto se deja en claro en los artículos 685 y 678 del presupuesto nacional que reducen la carga tributaria de buena parte de los contribuyentes que tienen que abonar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Esta rectificación de la carga tributaria implica que paguen menos los contribuyentes rurales que posee un patrimonio en tierras de valor mínimo de 1.500 millones de dólares. La reforma agraria suena lejos, muy lejos en el viento.
El ajuste salarial de enero de 2021 será ansorbido por la inflación de este 2020. Agregado a esto, la corrección inflacionaria de 2022 a 2024, que según el gobierno es para recuperar lo perdido en los años anteriores, irá dejando por el camino un derrotero de pérdida salarial.
Otro de los puntos a tener en cuenta es la vigencia del decreto 90/20, dictado apenas a 15 días de asumido este gobierno, que implica que cuando se producen vacantes en el Estado solo se suplen una de cada tres. Además se subejecuta un 85% del presupuesto ya establecido por el anterior gobierno del Frente Amplio.
Se estima que la caída en gastos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (UdelaR), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), será de 6.500 millones de pesos, unos 150 millones de dólares. El Fonavi será el más afectado ya que recibirá un recorte de 17.1%.
Está claro que este recorte es un golpe directo a la clase trabajadora que hace uso de la educación y la salud pública y precisa de la ayuda del Estado para poder conseguir un techo, ya que en Uruguay tener casa propia, ya sea a través de una compra o construirla, es una utopía.
El capital inmobiliario también se verá beneficiado por el presupuesto. El artículo 436 deroga una norma de la Ley de Ordenamiento Territorial que limitaba a 20.000 metros cuadrados la posibilidad de urbanizar en propiedad horizontal. En buen criollo, una norma para poder crear más barrios privados para las clases altas.
Los salarios en el período de gobierno neoliberal tienden a la baja. El poder adquisitivo de los trabajadores se verá reducido cada vez más y eso implica menos capacidad de compra, por lo que redundará en menos circulación de dinero y producción en el mercado interno.
El proceso de vaciamiento y posterior privatización de las empresas públicas sigue su curso. Ancap, la empresa monopólica de combustibles del Estado ya no es tal. En puertos y aeropuertos se desmonopolizó y se habilitó el uso de la infraestructura por parte de empresas privadaos.
Un ajuste de tamaña medida solo cierra con trabajadores despedidos y represión. Por eso es que el presupuesto en Defensa crece en 1.300 millones de pesos (unos 300 millones de dólares) respecto a lo ejecutado en 2019, a pesar que la Caja Militar tiene al día de hoy un déficit de 500 millones de dólares, lo cual sería una buena fuente de recursos para mitigar el déficit fiscal que tanto preocupa al gobierno.
El ajuste puede ser agravado. Según la regla fiscal contemplada en los artículos 6 y 7 del presupuesto, si no se llega a determinados objetivos, en nombre de la reducción del déficit fiscal, se podrán seguir recortando rubros presupuestales.
Según un informe elevado a la comisión de Expertos en Seguridad Social, al 2024 se proyecta un crecimiento del PBI del 11.7%, mientras que el salario y el empleo crecerán un 5%, algo inédito en los últimos quince años.
Una reforma de la previsión social ronda en el aire y ya se prevé el aumento de edad de retiro de los trabajadores. Los designios del Fondo Monetario Internacional (FMI) serán cumplidos.
Una imagen que se repite de gobiernos del partido Nacional (blancos), de padres e hijos, representantes de la oligarquía nacional. En los 90 aunque hubo crecimiento, no hubo distribución de la riqueza para los trabajadores.
Los grandes ganadores de este presupuesto son el capital inmobiliario, los grandes terratenientes, los prestadores de salud privada, la educación privada, la corporación militar y los capitales concentrados. El famoso derrame seguirá siendo un mito de economistas de escritorio. En caso de que exista, será solo derrame de ajuste, desempleo y represión.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
martes, 8 de diciembre de 2020
Tabaré Vázquez (1940-2020): la institucionalización del Frente Amplio
Integración al Estado
Tabaré Vázquez se sumó tardíamente a la intensa vida política uruguaya del “retorno” democrático. Destacado médico oncólogo y adscripto a la perspectiva de la medicina social, durante los ochentas se destacó como dirigente de asociaciones de médicos y también deportivas. A pesar de contar con su afiliación al Partido Socialista, no ocupó un lugar significativo en la lucha contra la dictadura. Su liderazgo comienza a cobrar más peso durante el fin de la década, como atestigua su rol en comisiones de derechos humanos. Luego de una crisis interna, participa como candidato del Frente Amplio a intendente de Montevideo, cargo que asume a comienzos de 1990.
Aquellas elecciones estuvieron signadas por derrotas de importantes huelgas y una baja en las luchas obreras. Contemporáneas de la caída del Muro de Berlín y del derrumbe del “socialismo real”, fueron un importante paso en la voluntad de la dirección del Frente Amplio para terminar de dejar atrás su vieja impronta “combativa” con el fin de obtener un progreso en los marcos más estrictos del régimen, ponderando como primeros puntos la necesidad de respetar los acuerdos con el FMI y la supervivencia del esquema general heredado de la dictadura.
Declamando estos principios, Tabaré Vázquez se erigió como vehículo para consumar esta política. Así, poco después de su asunción, uno de los gestos más emblemáticos fue la entrega de la llave de Montevideo al entonces presidente estadounidense George Bush (padre). La resonante fórmula del FA, terminar con el bipartidismo de Blancos y Colorados, fue saldada con su integración como tercera pata al Estado -y al rescate de sus crisis. La política de Tabaré y del FA -primero en Montevideo y luego en la presidencia- de gasto social (austera en comparación con otros gobiernos latinoamericanos), los sentidos discursos progresistas, y la regimentación de importantes sectores obreros, operaría como factor de salida ordenada a la crisis uruguaya de los 2000s, sin afectar los resortes del control capitalista.
Primera presidencia
Como Kirchner, como Lula, la presidencia de Tabaré se benefició del famoso “viento de cola” que impulsó, durante todo un periodo, el aumento del precio de los commodities. Esta situación internacional favorable hizo lo suyo para explicar la caída -tardía- en la desocupación uruguaya, cuyos índices comenzaron a bajar luego de alcanzar los máximos históricos, aunque ahora expuestos los trabajadores a una mayor precarización laboral y elevación del costo de vida. Con la derecha golpeada y deslegitimada, el FA se montó sobre la gestión estatal, lejos de las luchas y las transformaciones sociales de fondo.
Desde el inicio, Tabaré Vázquez dejó en claro que el suyo sería un gobierno al servicio del gran capital, de acuerdo con el FMI, y de rescate de la banca y la burguesía damnificada por la crisis -de los dos lados del charco. Así, un elemento importante fue el aumento en la extranjerización de las tierras que llegó, en cifras oficiales luego de 15 años de gobiernos del FA, a 8 de las 17 millones de hectáreas uruguayas. Los sojeros argentinos se cuentan entre los mayores beneficiados.
A la política de apertura fiscal, que profundizó el lugar subordinado de Uruguay como receptor de la fuga de divisas de las burguesías sudamericanas, se le sumaron las excepciones impositivas al sector inmobiliario y a la industria, incluso extractivista, por la vía de constitución de zonas francas. Uno de los conflictos más sentidos durante su gobierno se ligó a la instalación de las papeleras en los márgenes del río Uruguay.
Mientras los trabajadores de ambas orillas se unían en una lucha común, Tabaré Vázquez buscaba y recibía el apoyo de George Bush (hijo), cuando este último fungía como presidente de Estados Unidos. Tabaré también garantizaría otros favores a las patronales, como la rebaja a los aportes de previsión social (del 12% al 7%). Mientras tanto, castigó a los trabajadores con la implementación del impuesto al salario.
En el terreno social y de derechos humanos, incluso quienes reivindican su gobierno desde un campo progresista no pueden obviar su veto a la despenalización del aborto, a pesar de contar con mayoría en el parlamento y un amplio consenso entre sus filas y en la sociedad. Con respecto a los genocidas de la dictadura, impulsó decididamente la reconciliación. El rechazo a la derogación de la ley de impunidad uruguaya (ley de Caducidad) frustró las expectativas de sectores que veían como un paso adelante algunos tibios procesos judiciales contra represores. Más aún, se rodeó de sujetos y funcionarios con vasos comunicantes con los militares.
¿Fin de ciclo?
La segunda presidencia de Tabaré Vázquez, luego de la elección de José Mujica, fue una continuidad, en lo esencial, con las anteriores gestiones del Frente Amplio. El cuadro financiero, que avecinaba nuevas turbulencias, le otorgó más primacía al entorno del poderoso ministro de Economía Danilo Astori, del ala derecha del FA. Fue un gobierno marcado por el crecimiento de la pobreza y de la desocupación, en las ciudades y en el precario entramado rural. También, de hechos importantes de corrupción. El gobierno sostuvo esta situación, como su predecesor, apelando a la represión y a la ilegalización de las huelgas, como la importante lucha educativa. En paralelo, los índices daban cuenta del sostenimiento de la rentabilidad empresarial.
El retorno de la derecha tradicional uruguaya al poder político en las elecciones de 2019 estuvo pavimentado por la integración de décadas del FA, que le dio aire a un régimen en una crisis terminal. El Frente Amplio se dedicó a encauzar las tendencias a la movilización y a la lucha imperantes en los trabajadores uruguayos hacia una domesticación parlamentaria y a una fraseología social.
El clima de concordia continúa incluso al día de hoy, cuando el FA “opositor” pacta la aprobación de la ley de Urgente Consideración (LUC) o frena cualquier acción sindical. Se trata de una política de fondo, esgrimida por una corriente que se distancia cada vez más de las bases obreras populares -lo cual no borra el hecho de que aún debe ser derrotada y superada por una fuerza obrera.
Tabaré Vázquez fue un moderado entre moderados. Pero los nuevos liderazgos que empiezan a asomar en el Frente Amplio, como el intendente de Canelones Yamandú Orsi (el delfín de Mujica) o Carolina Cosse (intendenta de Montevideo, independiente cercana al PC) prometen profundizar todavía más la derechización del FA.
Esta crisis está llevando al surgimiento de un incipiente nuevo activismo. También, a la desconfianza -y hasta rupturas- de cada vez más sectores con el FA.
Luciano Arienti
En torno al reformismo
Ayer hacía referencia al REFORMISMO, este limita su acción a desenvolverse en el marco del capitalismo. Asume un rol en términos de paz social, esto ocurre en general en etapa de expansión Capitalista. Su contrario, es decir en momentos recesivos en términos económicos, es la reacción.
La reacción es el cambio de forma del ESTADO, este se representa en AUTORITARISMO, represión y recortes salariales y presupuestales.
El REFORMISMO puede ser entendido en términos dual, es decir, no abriga rasgo alguno de superación del CAPITALISMO, este aspecto al mismo tiempo como axioma, puede ser un elemento de avance en tanto la razón del REFORMISMO está en las tenues reformas que introduce, es un cambio de forma coyuntural.
La concepción revolucionaria tiene de ese modo circunstancias más favorables para su acción más abierta con las masas.
Se puede actuar con mayores márgenes en la legalidad. Es decir que el avance, más que por el REFORMISMO, se da si la vanguardia es capaz de hacer avanzar a las masas en los niveles de comprensión. Eso implica tener noción clara que lugar ocupa en la producción.
Ahora mismo, en este Uruguay 2020, desde otra posición el fenómeno estará presente. El punto de vista de clase debe discernir cómo y de qué manera hacer avanzar al movimiento, esto equivale a no reducir el debate a la consigna o el adjetivo. Este es un debate de contenido y su acción debe preservar los instrumentos.
La madurez del o de los cuadros se pone a prueba y con ello la organización. El sectarismo no tiene respuestas políticas, no comprende la coyuntura y menos el papel determinante de las masas.
En ocasiones la tarea es de acompañar y en otras, es de orientar. Captar las tendencias y posibilidades, coloca el asunto técnica o arte. De esto se trata en última instancia. Las luchas en el plano de la legalidad burguesa no son adornos o adictivos culinarios, son capacidad y sabiduría revolucionaria.
Acá las masas y su primer escalón de conciencia.
El primer escalón de conciencia se genera en el marco de la lucha de clase. El sindicato es un instrumento reivindicativo, organizativo que desde el punto de vista concreto revela en que lugar de la producción nos ubicamos.
Conforme se avanza en este aspecto se va tomando contacto con la necesidad de generalizar experiencias, el lugar en la producción nos coloca ante la contradicción.
La experiencia histórica, los saberes en el marco de la lucha de clases se sustenta en tres pilares fundamentales:
unidad, solidaridad y lucha, paso previo a entender el fenómeno, es de algún modo el adquirir el punto de vista de clase. Superación ascendente, clase en si, a clase para si.
El conocimiento nos hace responsables.
Osbaldo Zuñiga
lunes, 7 de diciembre de 2020
Falleció el expresidente uruguayo Tabaré Vazquez, símbolo del Frente Amplio
El fallecimiento este domingo del expresidente uruguayo, Tabaré Vazquez, fue confirmada por la cuenta de Twitter del Frente Amplio.
"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente de honor", se lee en el hilo de tuit, en el que también se envía la solidaridad a su familia.
Vázquez había anunciado en agosto de 2019, cuando todavía era presidente, que le fue detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes" y que podía tratarse de "un proceso maligno".
Cinco días después, se sometió a una intervención que confirmó que el tumor era cancerígeno, aunque tras un tratamiento médico, en principio se dio a conocer que estaba curado.
Vázquez fue el primer miembro de la coalición reformista del Frente Amplio en llegar a la presidencia de Uruguay, y ocupó la jefatura del Estado durante dos mandatos no consecutivos: de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020.
Símbolo del Frente Amplio
Con la muerte de Tabaré Vázquez se va un símbolo por excelencia de el Frente Amplio posdictadura. Un Frente Amplio que luego del pacto del club naval, y el fin de la dictadura, se volvió responsable y confiable para la burguesía y comenzó a ocupar un lugar en el sistema de partidos del régimen político uruguayo.
El derrotero político de Tabaré Vázquez es inseparable del camino del Frente Amplio; con su triunfo en las elecciones para la Intendencia de Montevideo en el año 1989 y su acceso a la presidencia del país en el 2004 fue el primer político izquierdista en lograr cargos de relevancia en el país.
Médico de profesión, provenía de una familia de origen obrero de la zona del barrio La Teja.
Hasta comienzos de los años 80 no tuvo militancia política, a diferencia de su hermano, Jorge “ perro” Vázquez, quien fue militante de la OPR-33 y estuvo preso 14 años durante la dictadura.
Tabaré desarrolló parte de su vida profesional con un buen relacionamiento con el régimen militar, ocupando cargos de confianza y siendo docente en la Universidad intervenida.
También es conocida la carta en la que saluda la asunción del “Goyo” Álvarez, además de sus éxitos como empresario en emprendimientos vinculados a la medicina que comenzaron con apoyo oficial durante la propia dictadura.
Su carrera política
A mediados de los 80 ingresa al Partido Socialista para terminar siendo elegido como candidato del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo.
Hasta ese momento nunca un político de izquierda había logrado llegar a cargos de relevancia, por lo cual el triunfo en las elecciones del 89 fue un acontecimiento político.
El Frente Amplio había levantado desde su fundación en los años 70 un programa que incluía medidas radicales y de cambios estructurales (nacionalización de la banca, reforma agraria, condena del imperialismo, etc.) y sus militantes fueron duramente perseguidos durante la dictadura; por lo cual el triunfo en las elecciones municipales generó expectativas de una gestión distinta a la de los partidos tradicionales.
Sin embargo y de la mano de Tabaré, el Frente pronto mostró ser una fuerza política “confiable” y moderada, apostando más a una gestión prolija y eficiente que a cambios estructurales.
Fue así como durante su gobierno se avanzó en la tercerización y privatización de servicios municipales e incluso se reprimieron vendedores ambulantes que reclamaban en la avenida 18 de Julio por trabajo.
A mediados de los 90 fue impulsor del llamado Encuentro Progresista, apuntando a ampliar la coalición hacia el centro político y confirmando que no se proponía ningún cambio profundo.
Luego de la renuncia a la presidencia del Frente Amplio del general Líber Seregni, producto del desgaste de su figura ante cuestionamientos internos, Tabaré se erige como el líder indiscutido de la izquierda.
En el año 99 vuelve a perder por escaso margen la elección, y luego de mostrar otra vez lealtad institucional durante la crisis del 2002, finalmente llega a la presidencia en las elecciones del 2004.
Tabaré presidente
Lo que Vázquez había insinuado desde su rol de intendente de Montevideo se pudo corroborar con la llegada al gobierno nacional.
Lejos ya de aquel Frente Amplio de los 70, que al menos en los discursos se presentaba como radical y cuestionador, Tabaré se erigió como una figura totalmente integrada al régimen político uruguayo, siendo reconocido como tal por los organismos internacionales representes del imperialismo y los sectores empresariales del país.
En sus dos mandatos; y también en el de Mujica, se mantuvieron los pilares del régimen económico del Uruguay post dictadura, avanzando con la extranjerización de la tierra a niveles nunca vistos, y profundizando el ingreso de las multinacionales atraídas por las facilidades que daba el país para la inversión extranjera.
En este afán por captar inversiones no tuvo ningún problema en fomentar industrias contaminantes. Siendo presidente, y ante el conflicto con Argentina por la instalación de la planta de Botnia, pidió ayuda al presidente de Estados Unidos; un gesto que hizo recordar cuando en 1990 y siendo intendente de Montevideo le entregó las llaves de la ciudad a George Bush padre.
Tabaré mostró también su veta más autoritaria y antidemocrática cuando vetó la ley despenalización del aborto en 2008 violando la voluntad popular y lo votado por el parlamento.
Con su “nunca más uruguayos contra uruguayos” intentó dar un cierre al tema de las violaciones de los derechos humanos, buscando consolidar la impunidad desde una perspectiva que instalaba la teoría de “los dos demonios”.
De su segundo mandato, en el que se continúo con el sendero que se venía transitando desde 2005 aunque en un contexto de menor crecimiento económico y mayor austeridad, también podemos recordar sus decretos de esencialidad en el conflicto de la educación y la ley antipiquetes, medidas con las que marcó su posición en relación a la movilización popular y los reclamos de los trabajadores.
Con la muerte de Tabaré Vázquez es innegable que la coalición de izquierdas pierde a un referente y líder indiscutido que marcó la historia política del país al lograr quebrar el bipartidismo tradicional y colocar al Frente Amplio como uno de los pilares del régimen político.
La Izquierda Diario
domingo, 6 de diciembre de 2020
Venezuela, en las vísperas de las elecciones legislativas
El autoproclamado presidente Juan Guaidó y otros sectores enfrentados al chavismo boicotean el comicio y promueven, a partir del sábado 5, una consulta de una semana (en la que se podrá participar tanto en forma presencial como a través del canal Telegram) que pregunta a los electores si rechazan la “usurpación de Maduro” y si están a favor de acudir a la “comunidad internacional” para “rescatar a la democracia”.
La mayor parte de la oposición derechista rechaza el proceso electoral. Inclusive el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien se había mostrado inicialmente proclive a participar, se terminó retirando de la contienda. Capriles exploró su presentación como una alternativa a la política de Guaidó, debilitado tras el fracaso de dos intentonas golpistas sucesivas, y lo hizo en sintonía con la Unión Europea, que solicitó a Maduro una postergación de los comicios para preparar una misión observadora. Como estas tratativas fracasaron, la UE -y también Estados Unidos- optó por cuestionar la validez de la jornada y ratificó su aval a Guaidó.
Aunque el sector más representativo de la oposición derechista no participa de la elección, sí se presentan los partidos de la llamada Mesa de Diálogo Nacional (en negociaciones con Maduro).
Al mismo tiempo, el gobierno intervino una gran cantidad de partidos (entre ellos, Acción Democrática y Voluntad Popular), con el propósito de que sus sellos figuren en el cuarto oscuro y darle así a una mayor legitimidad a la convocatoria.
También se presenta la Alianza Popular Revolucionaria (APR), que es un desprendimiento del oficialismo integrado por el Partido Comunista, Patria Para Todos y Tupamaro, entre otros. A estas dos últimas fuerzas, sin embargo, Maduro también las intervino, por lo que sus sellos estarán en las boletas del Gran Polo Patriótico, liderado por el oficialista PSUV.
La APR no expresa una ruptura de fondo, toda vez que se mantiene en los marcos del chavismo, pero su presentación por fuera del gobierno es un indicativo de la erosión de Maduro, al calor de una profunda crisis económica.
La elección, en la que participa más de una docena de listas opositoras, se encuentra dominada (y amañada) por el gobierno, quien controla el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los medios dan por descontado que se asegurará la mayoría en la futura Asamblea Nacional. Las dudas están puestas más que nada en qué capacidad de movilización electoral exhibirá el oficialismo.
Derrumbe económico y entrega
Venezuela llega a la elección en un cuadro de derrumbe económico. La inflación mensual de los últimos meses bordea el 70%. El bolívar se devaluó un 100% solo en noviembre. La producción petrolera se ha desplomado a cerca de 400 mil barriles diarios, en los niveles de la década del ’30. El poder adquisitivo de los trabajadores ha sido pulverizado: el salario mínimo equivale a alrededor de 40 centavos de dólar (es de 400 mil bolívares, mientras la cotización de la divisa norteamericana supera el millón de unidades de la moneda nacional).
Aunque el gobierno venezolano ha logrado resistir la embestida golpista de Guaidó y ha conservado el apoyo crucial de las Fuerzas Armadas, las sanciones económicas hacen sentir su efecto, a lo que se añade la propia crisis capitalista mundial y una administración estatal que está puesta al servicio no del desarrollo nacional sino del enriquecimiento de una “boliburguesía”.
El gobierno se enfrenta a la crisis con una política de ajuste y de entrega; tratando de mantener en pie un amplio aparato asistencial; y recostándose aún más sobre Rusia, China y ahora también Irán.
En el último mes se vendieron cuatro compañías del sector agroindustrial y una del sector turístico. Lo más relevante, sin embargo, es la apertura en el sector petrolero. En octubre, la Asamblea Nacional Constituyente (dominada por el oficialismo) aprobó la llamada Ley Antibloqueo, que habilita a avanzar en la privatización del sector a través de acuerdos reservados, esto con el argumento de evadir las sanciones norteamericanas. Rusia y China aprovecharían esta norma para ganar posiciones en la región.
Paralelamente, el gobierno empezó a recortar los subsidios en la perspectiva de “avanzar más temprano que tarde al cobro de la gasolina al precio internacional”, según Maduro.
En el mismo sentido que la Ley Antibloqueo, Nicolás Maduro Guerra, el hijo del mandatario, ha dicho a los medios que en caso de obtener la mayoría en la Asamblea Nacional, se revisará la ley de hidrocarburos para facilitar las privatizaciones (El Pitazo, 4/12).
¿Cuál será la política Joe Biden hacia Venezuela? Frente al fracaso de la línea de Trump, hay quienes mencionan que apuntará a una transición ordenada que desemboque en la salida de Maduro, por medio de negociaciones internacionales que incluyan a China, Cuba e incluso los gobiernos mexicano y argentino (Clarín, 27/11).
La clase obrera
El gobierno de Maduro ha adoptado un curso de entrega y ajuste que sólo cierra con represión hacia los sectores más explotados. Este miércoles 3, docentes, trabajadores de la salud, estatales y otros sectores reclamaron en Caracas por el salario y la liberación de todos los trabajadores presos. Uno de los casos más icónicos es el de los petroleros. Eudis Girot, director ejecutivo de la FUTPV, se encuentra detenido junto a otros trabajadores y será sometido a juicio con falsas acusaciones, como represalia por denunciar la corrupción en Pdvsa y la violación a los derechos laborales en el sector.
Las luchas reivindicativas, en medio del cuadro hiperinflacionario, así como la pelea por la libertad de los trabajadores presos, tienen una gran importancia.
Es necesario que la clase obrera emerja como un factor autónomo en la situación venezolana, frente a la derecha golpista y el gobierno hambreador y ajustador.
Gustavo Montenegro
viernes, 4 de diciembre de 2020
China: regulación antimonopolios y control a las empresas
El gobierno de Xi Jinping dio a conocer regulaciones para erradicar “prácticas monopólicas” en la industria de Internet, buscando reducir la creciente influencia de corporaciones como Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd. El gigante asiático ya venía intensificando los controles sobre las empresas, pero el dato nuevo es que el blanco han pasado a ser las tecnológicas, que hasta el momento estaban relativamente excluidas de la fiscalización estatal. A las autoridades les preocupa que las empresas se hayan vuelto “demasiado poderosas”, según la lectura coincidente de diversos analistas internacionales. Solo Alibaba, Ant y Tencent tenían una capitalización de mercado combinada de casi US$2 billones, superando fácilmente a gigantes estatales como Bank of China Ltd. como las empresas más valiosas del país.
Las nuevas normas antimonopolio, que provocaron la caída de las acciones tecnológicas y originaron una venta masiva en las acciones chinas, llegan aproximadamente una semana después de las nuevas restricciones en el sector financiero. Los nuevos anuncios coincidieron con la repentina suspensión de la oferta pública inicial de Ant Group Co, que tenía previsto comenzar su ingreso a las bolsas extranjeras. Ya hay estimaciones que señalan que la valoración de US$280.000 millones de Ant podría reducirse a la mitad debido a regulaciones más estrictas. Ant, concentrada en el negocio de los micropréstamos, al igual que Alibaba (una suerte de Amazon china), fueron cofundadas por el multimillonario Jack Ma, el empresario más importante de China.
La normativa antimonopolios apuntaría a frenar, según la propaganda oficial, el comportamiento anticompetitivo, como la colusión para compartir datos confidenciales de los consumidores, las alianzas que tienden a desplazar del mercado a los rivales más pequeños y los servicios de subsidio por debajo del costo para eliminar a los competidores. Las sanciones son muy severas pues los infractores pueden verse obligados a desinvertir activos, propiedad intelectual o tecnologías y abrir su infraestructura.
Pero la nueva regulación va más lejos, pues ataca los crecientes vínculos que se venían tejiendo entre las empresas chinas y el capital extranjero, en muchos casos burlando la legislación vigente. La normativa que se acaba de conocer apunta a restringir sensiblemente el uso por parte de las empresas chinas de la denominada “Entidad de Interés Variable” (EIV), un vehículo a través del cual prácticamente todas las principales empresas chinas de Internet atraen inversiones extranjeras y cotizan en el extranjero, que a partir de ahora deberán pasar por filtros más estrictos de las autoridades chinas.
“Una preocupación es que la incertidumbre en torno a las nuevas reglas enfriará la inversión, las adquisiciones y el financiamiento de capital de riesgo” (The Economist, 28/11). La estructura de EIV ha sido tolerada por mucho tiempo por las autoridades chinas pero sin pleno reconocimiento legal. Los extranjeros no tienen virtualmente ningún recurso en China para reclamar derechos sobre activos en los que han invertido. Los fondos extranjeros desconfían desde hace mucho de este marco, pero la mayoría de las compañías tecnológicas chinas aún lo usan para estructurar sus inversiones extranjeras.
Una relación conflictiva
La relación de Xi Jinping con la ascendente burguesía china siempre ha sido problemática. Si bien Xi Jinping trató de poner paños fríos y desmentir que el Estado hubiese declarado una guerra a los empresarios, lo cierto es que las tensiones han ido en aumento.
El PC chino ha buscado tener una intervención más activa en las decisiones de negocios. Un antecedente, en 2019, en lo que fue interpretado como un volantazo de la élite dirigente china, fue la decisión de colocar comisarios y células del partido en los principales conglomerados económicos.
Mas allá de la lectura que hacen diversos comentaristas sobre el alcance de la medida, hay una visión compartida de que estaríamos en un “punto de inflexión”. Los nuevos anuncios podrían estar indicando el pasaje de una política light de multas a otra más severa de intervención estatal y hasta disolución de grupos económicos y el traspaso de su patrimonio al Estado. Recordemos el antecedente de que la injerencia gubernamental ha llegado al extremo de apelar a la persecución directa y al encarcelamiento y hasta la desaparición de prominentes hombres de negocios de la floreciente burguesía china. Wu Xiaohui, el presidente de Anbang, que compró el Waldorf, entre otros activos, recibió una condena a 18 años de prisión en 2018 por crímenes financieros. Ye Jianming, que intentó comprar una participación en la petrolera rusa Rosneft, fue detenido a comienzos de 2018. Aún se desconoce el paradero de Xiao Jianhua, un broker al servicio de la élite política china que en un tiempo controló el banco Baoshang.
La coacción estatal se verifica en el abrupto final que se le ha dado al florecimiento explosivo de las inversiones y adquisiciones que venían haciendo empresas chinas privadas en el extranjero. De los 250.000 millones a las que habían ascendido en 2016, se pasó apenas a un quinto en 2019. Bajo presión del gobierno, grupos privados han desinvertido en activos por valor de miles de millones de dólares.
Los nuevos anuncios empalman con un nuevo impulso a la injerencia partidaria en el mundo empresario, reclamándole a firmas que lancen comités partidarios, que pueden opinar respecto de si una decisión corporativa estaba alineada con la política gubernamental. Hasta el momento, el número de empresas privadas que admitían la presencia del partido era baja comparada con la proporción mayoritaria de firmas de propiedad estatal.
En septiembre de este año Xi reclamó que el sector privado se «una en torno del partido». La Federación de Industria y Comercio, una organización poderosa controlada por el Partido Comunista, pidió que grupos privados establezcan departamentos de recursos humanos conducidos por el partido y unidades de control que permitan al PC auditar a los jefes de compañía. Este “pedido”, en los hechos, representa una instrucción compulsiva.
El panorama aquí descripto corrobora que la burguesía todavía no ha logrado consolidarse como clase dirigente. Sigue oficiando de segundo violín en un escenario en que el Estado chino sigue concentrando las principales decisiones del país. Este hecho da cuenta, como venimos sosteniendo desde las páginas de Prensa Obrera y en los análisis que el Partido Obrero viene realizando, del carácter inconcluso de la restauración capitalista.
El capital internacional tuvo inicialmente al Estado chino un aliado para integrar al gigante asiático al proceso mundial de acumulación capitalista; lo mismo puede decirse de la burguesía nativa china que creció a la sombra y bajo la protección del la elite dirigente del PCCh. Pero con el tiempo se ha ido transformando en un escollo para ambos sectores.
Reformas empantanadas
El imperialismo, por un lado, y la burguesía nacional, por el otro, cuyas aspiraciones, intereses y apetitos no son siempre coincidentes -y resultan en muchos casos antagónicos-, vienen pugnando por llevar a la práctica las reformas que pongan fin a las regulaciones y proteccionismo estatal aún vigente y, por esa vía, acelerar la restauración capitalista. Uno de los aspectos es afianzar la seguridad jurídica en materia de derechos de propiedad que está sometido en muchos caos a la discrecionalidad del gobierno chino.
“El dinamismo (económico) convive aún con los tentáculos de un Partido Comunista que lo abarca casi todo. China tiene unas 150.000 empresas estatales. Es una cantidad ínfima en comparación con el total de compañías que existen en el país, pero su poder es abrumador. Actúan en un régimen de casi monopolio en industrias clave, de las telecomunicaciones a la energía, y pese a ser menos eficientes y productivas nadie puede competir contra ellas por la protección del Partido” (El País, 8/1).
El sector financiero, también en manos del Estado, “reparte el crédito de forma desproporcionadamente favorable a estos grupos estatales. Las pequeñas y medianas empresas se encuentran con enormes dificultades para financiarse, lo que las ha llevado durante años a pedir prestado a la llamada banca en la sombra, intermediarios que no están sujetos a prácticamente ninguna regulación” (ídem). Las autoridades, temerosas de un colapso generalizado de este sistema informal, iniciaron una agresiva campaña hace dos años para terminar con el sector, algo que ha puesto en serios aprietos a muchas compañías porque no pueden financiarse y profundizado su visión de que el gobierno las discrimina.
Sobre el sistema financiero chino, el Banco Mundial decía lo siguiente en un informe del año 2015: “en todo el mundo, el Estado es importante para los sistemas financieros como promotor estratégico, propietario y regulador. Sin embargo, estos roles están mal alineados en China, especialmente el de promotor: en lugar de promover las bases para un desarrollo financiero sólido, el Estado ha interferido de manera extensa y directa en la asignación de recursos a través de controles administrativos y de precios, garantías, pautas al crédito, políticas regulatorias y propiedad ubicua de las instituciones financieras. Este nivel de intervención no encuentra comparación con ninguna de las economías de mercado modernas”. Nada ha cambiado desde que se escribieron estas líneas (ídem).
Otro de los puntos en los que apenas ha habido avances en el último lustro es en la apertura al capital foráneo de sectores protegidos. China ha flexibilizado sus restricciones en el sector bancario y en el del automóvil, pero los empresarios consideran que estos cambios saben a poco y llegan tarde. “Son reformas marginales y en áreas en las que el país ya ha alcanzado una posición dominante, con lo que su apertura no tiene un impacto en la industria. La estrategia parece basarse en retrasar el acceso al mercado hasta que las compañías locales sean tan fuertes que las extranjeras no puedan competir contra ellas. Las autoridades son muy selectivas sobre qué sectores abren y cuándo”, afirma Tim Stratford, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China (ídem).
Perspectivas
A las crecientes tensiones en el gigante asiático aquí señaladas no se las puede desligar del desarrollo de la bancarrota capitalista. Antes de estallar el coronavirus, China ya venía sufriendo una brusca desaceleración y un desempleo creciente en medio de una amenaza de quiebras, que el régimen chino no estaba en condiciones de evitar. Este panorama amenaza echar leña al fuego al descontento que ya viene abriéndose paso a través de un crecimiento de la conflictividad laboral. China no está en condiciones de oficiar de locomotora de la economía mundial, como ocurrió cuando estalló la crisis financiera de 2008. Esto ha acentuado las contradicciones de la burocracia dirigente china, que oscila entre adaptarse a las exigencias de una mayor apertura económica, por un lado, y recurrir al intervencionismo estatal para pilotear un descalabro económico y evitar que la situación social se desmadre, por el otro. La capacidad de arbitraje de Xi Jinping va ser puesta a prueba. Ingresamos en una nueva etapa convulsiva de la historia china, cuyo desenlace estará signado, como ya ocurrió en el pasado, por la lucha de clases nacional e internacional. En primer lugar, con la aparición en escena y la irrupción en la crisis del proletariado y los explotados chinos.
Pablo Heller
jueves, 3 de diciembre de 2020
El asesinato del científico iraní y el futuro del plan nuclear
Irán responsabiliza por el crimen a los servicios secretos israelíes, lo que aparece hasta el momento como la hipótesis más firme. El gobierno de Benjamin Netanyahu viene desarrollando un persistente sabotaje contra el plan nuclear de la nación persa.
Hay quienes creen que el propósito del atentado sería obligar a Irán a adoptar represalias, y de ese modo, abrir una espiral de confrontaciones que impida retomar los acuerdos de 2015, que establecieron el congelamiento del plan nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas contra Teherán. Ese pacto entró en crisis con la retirada unilateral del mismo por parte de Donald Trump, en 2018.
Tanto Trump como Netanyahu consideran que los acuerdos patrocinados por Obama y la Unión Europea fueron negativos, dado que el congelamiento estaba limitado en el tiempo y, sobre todo, no incluía el programa balístico iraní. Trump reimpuso las durísimas sanciones económicas contra el régimen de los ayatollahs, en tanto que éste retomó el plan, sobrepasando los límites de enriquecimiento de uranio establecidos en la ciudad suiza de Lausana.
Además de las sanciones financieras, el gobierno norteamericano apeló a medios militares, como se vio en el asesinato del general Qasem Soleimani. Incluso evaluó en las últimas semanas un ataque a las instalaciones del programa atómico. Si esto fue abandonado, probablemente obedeció al temor de abrir una guerra de imprevisibles consecuencias.
Rewind
Aunque Irán se ha visto severamente golpeado por las represalias, Trump no pudo frustrar su programa. En base a esta experiencia, y considerando los riesgos de una salida militar, Joe Biden expresó su disposición a retomar los acuerdos de 2015. Es la misma política imperialista con otro ropaje. “Nos guste o no, el mundo sencillamente no se organiza solo”, ha dicho Antony J. Blinken, asesor estrella del nuevo mandatario norteamericano, al anticipar los lineamientos de la futura política exterior (New York Times, 13/11). La Unión Europea, cuyos integrantes perdieron jugosos contratos económicos como consecuencia del hundimiento del pacto, seguramente secunden cualquier tentativa de resucitarlo.
La posibilidad de volver al statu quo anterior, sin embargo, enfrenta numerosos obstáculos. Por empezar, la propia crisis derivada del crimen de Fakhrizadeh, frente al cual Irán ha prometido respuestas. Tampoco pueden descartarse nuevas agresiones por parte de Trump y del sionismo.
Al mismo tiempo, el planteo de retomar los acuerdos choca con la voluntad de los principales socios norteamericanos en la región, Israel y Arabia Saudita, y con sectores del Partido Republicano, que presumiblemente dominen el Senado que se terminará de configurar en enero.
En estas condiciones, no debería descartarse que Biden quiera imponer mayores condiciones a Irán que en el pasado. Un columnista del New York Times, Thomas Friedman, ha señalado que el programa balístico iraní es más alarmante para Israel que el propio plan nuclear, dado que entre poseer una bomba atómica y lanzarla hay un largo trecho. En cambio, los misiles iraníes ya han mostrado su efectividad en la región. Trump le viene reclamando a Teherán que emprenda su desmantelamiento.
Pero un endurecimiento de las condiciones sería una afrenta para Irán, que exige el levantamiento de las penalidades como requisito para negociar, y en donde se han venido fortaleciendo, desde el naufragio de los acuerdos de 2015, los sectores más conservadores y más duros hacia Estados Unidos. En las últimas elecciones legislativas, este espacio se quedó con el 80% de las bancas en juego y es el favorito para las presidenciales de 2021.
A Biden le quedará siempre, de todos modos, la posibilidad de seguir por el camino actual del ahogo económico o la vía de un ataque militar, un asunto en el que no es un aprendiz (como presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado, apoyó la invasión de Irak). Pero los límites de estas variantes son precisamente los que han conducido a los debates actuales en Washington.
Irán, por dentro
Irán viene de ser sacudido por una ola de huelgas sin precedentes en las últimas décadas, por el pago de sueldos atrasados, contra la precarización laboral y las privatizaciones. El régimen islámico responde de manera brutal contra los reclamos populares, como lo mostró el baño sangre del año pasado hacia las manifestaciones contra el aumento de los combustibles. Las masas son las víctimas principales del impacto de las sanciones económicas y de las políticas de ajuste del gobierno. Es clave la profundización de estas luchas y el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.
A la vez, es necesario reclamar el levantamiento incondicional de todas las sanciones económicas, el cese de las provocaciones del imperialismo y su expulsión del Medio Oriente.
Gustavo Montenegro
miércoles, 2 de diciembre de 2020
La barbarie de las tropas australianas en Afganistán
Al menos 25 soldados del Servicio Especial del Aire, una unidad de élite de las “Fuerzas de Defensa” australianas, han sido indicados como los perpetradores de brutales crímenes contra civiles y prisioneros afganos. La investigación, llevada adelante por la dirección de las propias fuerzas armadas del país oceánico, da cuenta de 39 asesinatos, realizados a sangre fría, incluso con degollamientos, fuera de cualquier situación de combate o riesgo para las tropas australianas. Se trata de “ritos iniciáticos” en los que se buscaba que los soldados tengan las primeras “bajas” en su haber, los crímenes se completaban con el montaje de un falso enfrentamiento, plantando armas en la escena para simular una situación de combate.
La pesquisa con la que se armó el informe tomó 4 años para realizarse, y abarca el periodo 2005 – 2016. El contexto es el de la invasión imperialista de Afganistán en el marco de la denominada “guerra contra el terrorismo”, comandada por Estados Unidos y de la que Australia es un activo participante, como en la mayoría de las aventuras militares yanquis.
Los crímenes de las tropas australianas no son, desde ya, una excepción. A los conocidos casos de tortura cometidos por tropas estadounidenses en Abu Ghraib o Guantánamo se le suman las atrocidades cometidas por soldados británicos en Irak y Afganistán, que, de acuerdo a recientes revelaciones hechas por la BBC, se contarían por miles y estarían siendo encubiertas por las autoridades gubernamentales. De conjunto, y solo desde 2015, han muerto en Afganistán cerca de 20 mil civiles de acuerdo a la ONU y, en la primera mitad de 2020, las fuerzas de la coalición liderada por EE.UU. han sido responsables de 281 civiles fallecidos, por bombardeos aéreos u otros medios (El Mundo, 19/11). Por otra parte, la intervención imperialista ha sido un completo fracaso en sus objetivos declarados. En estos momentos, el gobierno de Trump se encuentra negociando una retirada del contingente estadounidense con los propios talibanes, cuyo aplastamiento era el principal motivo de la invasión, pero que hoy controlan al menos un tercio del territorio.
En Australia, las revelaciones de los crímenes han provocado una crisis política en regla y se ha puesto en marcha un operativo para lograr la impunidad de los militares involucrados y, más en general, un absolución para las Fuerzas Armadas y el Estado australiano en su conjunto. Luego de las primeras declaraciones del primer ministro conservador Scott Morrison y del jefe del ejército Angus Campbell tendientes a avanzar en una separación de los involucrados y en un posible enjuiciamiento, sectores de derecha y de las Fuerzas Armadas salieron en defensa la actuación general de las tropas y con el planteo de que se trata de meros actos individuales. Desde que salió a la luz el informe, 9 militares australianos se suicidaron supuestamente por el stress provocado por la investigación realizada ya que solo uno de ellos actuó en Afganistán. Campbell, incluso, retrocedió respecto de la medida simbólica que había decidido tomar de retirar los honores militares con los que la unidad de elite acusada cuenta (The Sidney Morning Herald, 30/11).
Al día de la fecha el operativo de impunidad está en marcha, solo 10 militares han sido expulsados de las Fuerzas Armadas, no hay juicio alguno iniciado y tampoco detenidos. El propio informe inicial fue realizado con el objetivo de aminorar daños y responsabilidades, señalando el desconocimiento de los mandos sobre lo ocurrido y guardando el secreto acerca de los nombres de los responsables y del propio contenido de la investigación. No hay señalamiento alguno respecto del rol jugado por las autoridades militares y políticas, responsables de lo actuado por la agresión imperialista y difícilmente ignorantes acerca del accionar de las tropas en el terreno.
Las revelaciones se han transformado en un ejemplo más de la verdadera naturaleza del Estado australiano, que se esconde detrás de una pantalla de democracia y desarrollo. Las atrocidades cometidas por sus tropas tuvieron lugar tanto durante gobiernos conservadores como laboristas, por lo que cuestionan al conjunto del régimen político.
El accionar militar del imperialismo constituye en sí mismo un atropello contra la humanidad y es por lo tanto inseparable de los más graves actos cometidos por militares en diversos puntos del globo. La perpetuación y defensa de un régimen social como el capitalismo implica la reproducción inigualable de actos de barbarie y plantea, por lo tanto, la necesidad de su superación.
Leandro Morgan
Segunda vuelta en Brasil confirma derrota de Bolsonaro
Las municipales de Brasil, una derrota política de Bolsonaro, fue confirmada en segunda vuelta. Todos los candidatos apoyados por él salieron derrotados. Hubo un crecimiento de los llamados “partidos del centro” y de centroizquierda, con exclusión del PT.
El PT retrocede a 183 alcaldes (tenía 254 en 2016), mientras que el PCdoB (Partido Comunista) suma 46, y el PSOL, cinco. La abstención (30%) fue mayor a la de la primera vuelta (23%), a pesar de la obligatoriedad del voto.
El PT no gobernará ninguna capital. Perdió en Victoria, Recife, Pernambuco, históricamente un bastión lulista. En Belo Horizonte, Manuela D'Avila, del PCdoB (vice de Fernando Haddad), llegó al 45,37% de votos, pero ganó Sebastião Melo (MDB) con casi 55%.
De los 13 candidatos apoyados por Bolsonaro, solo 3 ganaron. Edmilson Rodrigues (PSOL-PT) se alzó con la alcaldía de Belém (Pará), derrotando al bolsonarista Everaldo Eguchi. En SP, Russomano apoyado por Bolsonaro terminó cuarto, y en Río –bastión bolsonarista en 2018– Crivella perdió en segunda ronda. El desastre de Bolsonaro es inocultable. El “Centrão” (PP-PL-PTB y otros), de derecha, fueron, para muchos analistas, amplios ganadores.
La elección en San Pablo
Covas (PSDB), el actual alcalde de San Pablo, la mayor ciudad de Latinoamérica, obtuvo el 59,37% de los votos frente al 40,63% de Guilherme Boulos (MTST-PSOL).
Su campaña centroizquierdista, con el apoyo declarado de varios capitalistas conspicuos del Estado, atrajo el apoyo del voto de la progresía que antes seguía al PT. La candidatura de Boulos aglutinó el apoyo del PT, PCdoB, PDT, PSD, Rede, PCB y UP. Boulos, sin embargo, está identificado con el movimiento de lucha por la vivienda (MTST). Recibió un pronunciado aumento de votos en la periferia de SP y las favelas. Ganó en el sur (Campo Limpo, Capao Redondo, Piraporinha, Grajau, Parelheiros, Sao Mateo y otros distritos del sur) y del este – en Cidade Tiradentes, ganó con el 56,42%.
El candidato caracterizó su elección como “el comienzo de una gran movilización popular. “La población hizo que Ciro Gomes [candidato presidencial], Marina [Silva, ex candidata presidencial], Flávio Dino [gobernador comunista de Maranhao], Lula, apoyaran nuestra candidatura, eso mostró el camino de un frente de izquierda, voy a batallar a partir de mañana para que el ejemplo de SP inspire a una construcción unitaria de la izquierda para derrotar al bolsonarismo en Brasil” (BandNews, 30/11).
Desde que Boulos se apropió de la candidatura del Psol, en acuerdo con el aparato que lo controla férreamente, siempre abogó por un frente de clase con la burguesía, aunque él sea el líder del movimiento sin techo. Las cualidades que se le adjudican como líder vienen con las del arribista.
Emiliano Monge
02/12/2020
domingo, 29 de noviembre de 2020
sábado, 28 de noviembre de 2020
María se fue y sin el último trago
Sin la última copa, no dió...
Será en otra ocasión.
María es la hermana que no tuve, es la mujer que me abrió su corazón, su casa y una parte de su vida.
Yo sabía de ella y ella de mi...
Era la compañera de mi camarada, ese otro hermano que tránsito y transita conmigo. La compañera de Yamandu Palacios Pintos...
Entre la rabia y la ternura recorrimos caminos, brindamos sin motivos y seguimos andando, ella siempre pudo...
María se fue y sin el último trago...queda en la cuenta.
Te voy voy a echar de menos.
Ella era María o "la Pelu" y más que eso, era la rueda de auxilio
Hasta hace unos días, médica de profesión, su diagnóstico certero siempre me salvo, le alcanzaba mirarme o escuchar la voz...
Ve tranquila, hiciste por tantos, tanto, tanto...la Policlínica de capitán Tula se queda vacía.
Hasta siempre hermana del alma, de la vida, de las tragedias y alegrías
Queda pendiente...el último trago...
Osbaldo Zuñiga
jueves, 26 de noviembre de 2020
El pueblo saharaui refuerza la lucha por su independencia
Con una protesta y un piquete sostenido durante 3 semanas en el paso internacional de Guerguerat, que conecta el territorio ocupado de Sahara Occidental con Mauritania, el pueblo saharaui dio una muestra de que está en preparación un reforzamiento de la lucha por la independencia de este territorio que desde 1976 se encuentra ocupado por Marruecos y sus fuerzas armadas. Se trató de una acción estratégica ya que por el paso se trasladan buena parte de las riquezas saharauies expoliadas, como lo producido por la industria pesquera, fosfatos, hierro, gas y arena. El 13 de noviembre, haciendo uso del ejército de ocupación, Marruecos reprimió violentamente el piquete, lo que fue considerado por el Frente Polisario como la ruptura del alto el fuego vigente entre los ocupantes y quienes luchan por la independencia.
La ocupación marroquí de este árido territorio, el último resabio del imperio colonial español, fue la consecuencia de un acuerdo entre la monarquía borbónica, el régimen monárquico marroquí, Arabia Saudita y los Estados Unidos. España buscaba mantener un lugar privilegiado para sus empresas en la explotación de los recursos naturales y el imperialismo yanqui quería apuntalar a la monarquía marroquí como un aliado regional frente a otros países, como Argelia, que en el periodo orbitaban alrededor de la Unión Soviética. La nueva ocupación desplegada por Marruecos se dio sobre la base de reprimir la autodeterminación nacional del pueblo autóctono de la región, los saharauis, que dieron una enorme lucha por conseguir su independencia. El Frente Polisario, un partido – ejército favorable a la autodeterminación pero que no tiene como norte el gobierno de trabajadores, declaró en 1976 la independencia de la (parcialmente reconocida) República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y desde ese momento hasta 1991 estuvo en conflicto armado con las fuerzas de ocupación. El alto al fuego determinado por la ONU suponía la realización de un plebiscito para determinar el status que adquiriría el territorio, votación que no fue nunca llevada a cabo.
Así, se da un proceso que muestra a las claras la naturaleza del orden imperialista dispuesto en la “comunidad internacional” así como de la democracia española, ya que mientras la ONU debía garantizar el plebiscito, en la realidad se dedica a defender un status quo de pauperización y expoliación de los saharauis. España, por su parte, se dedica a reforzar sistemáticamente sus estrechos lazos con la monarquía marroquí de Mohamed VI. Además de ser un socio a la hora de anudar acuerdos económicos beneficiosos (en 2018 el 80% de los barcos pesqueros que operaron en aguas saharauies fueron de bandera española), Marruecos es un aliado de España en el “combate” contra la inmigración ilegal, lo que incluye jugosos subsidios para las fuerzas represivas marroquíes. Esta política está siendo continuada sin miramientos por el gobierno “progresista” del PSOE y Podemos.
Por lo tanto, el conjunto de las estructuras políticas internacionales organizadas por el imperialismo son las garantes de la difícil situación de cientos de miles de saharauis que viven en condiciones dramáticas, en campamentos instalados en un ambiente inhóspito, y, cerca de 200 mil, en una franja de territorio que Argelia les concedió y en donde residen las autoridades de la RASD. Del total del territorio saharaui solo una parte es controlada por el gobierno del Frente Polisario, encontrándose separada del resto por un muro de 2700 kilómetros, el más largo del mundo, construido por Marruecos y defendido por sus fuerzas armadas, junto con búnkeres y campos minados.
Desde la ruptura del cese al fuego hecha por Marruecos el 13 de noviembre, el Frente Polisario viene informando la realización de bombardeos de artillería hechos por sus fuerzas contra las instalaciones del ejército marroquí, lo que incluiría bajas y cuantiosas pérdidas materiales, no confirmadas por Marruecos e imposibles de confirmar para la prensa internacional ya que el acceso está vedado.
La pelea por la autodeterminación y la independencia del Sahara Occidental y de su población autóctona es una justa causa que debe ser apoyada por la clase obrera de todo el mundo. De lo que se trata es no solo de apoyar las acciones de lucha de los saharauis sino de llamar a una lucha común por este objetivo a los trabajadores y la juventud marroquí que tienen sus propios motivos para enfrentar a su reaccionario gobierno, lo mismo vale para la clase obrera española que debe enfrentar al principal sostén del rey Mohamed VI. Las recientes movilizaciones en apoyo a la causa saharaui realizadas en decenas de ciudades españolas son un fuerte aliciente en ese sentido.
El destino del Sahara Occidental se juega en el tablero más general del mundo árabe. Este viene siendo sacudido por importantes levantamientos en los últimos años (Argelia, Líbano, Sudán, Irak e Irán). Una nueva oleada crearía condiciones más propicias para la independencia. Esa oleada debe culminar con gobiernos de trabajadores y con el final de la dominación imperialista en la región.
Leandro Morgan
Se fue el fútbol
La muerte de Diego ha sacado a la luz la “ficha médica” que muchos silenciaban: hace casi una década que orillaba la muerte. Pero había que guardar esa realidad bajo siete llaves, para seguir usufructuando de su figura.
Aun así, con su cuerpo a cuestas, Maradona desde su vuelta al futbol argentino como técnico fundió su imagen con la leyenda. Los hinchas rivales de todos los estadios de la Argentina, casi sin saberlo, comenzaron a rendirle un homenaje en vida. Se fue haciendo carne para todos que Diego ya era “bronce”. Quedó atrás su pasado extra-futbolístico y fue ganando el corazón de los hinchas sólo la admiración por su fútbol, una inmensa gratitud y el respeto de los logros obtenidos que se fueron agigantando con el paso del tiempo. Porque después de Maradona el fútbol argentino, ya no fue el mismo en el orden mundial.
Maradona sin dudas fue el mejor futbolista del mundo. Desde Fiorito hasta la pisada de la última cancha del Lobo de La Plata, corrió mucha agua bajo los puentes. En sus 60 años dejó escenas imborrables. Su gol a los ingleses, un monumento a la habilidad, al coraje y la desfachatez y el campeonato mundial del 86 mostraron al mundo entero un tipo de jugador y un estilo que estaba fuera de lo previsible y, hasta hoy, irrepetible. El verdadero crack es siempre el que rompe con el esquema establecido. Es por esto que Diego fue un revolucionario, pero entiéndase bien, del fútbol. Sólo del fútbol. El año 1986 fue el comienzo de su figura como leyenda y un idilio con los hinchas que nunca se pudo opacar. Maradona, más que Gardel, quedará para los argentinos en la historia como el inventor de la ciencia de mantenerse primero.
El homenaje que hoy el pueblo argentino le está brindando a Diego se inscribe entre los más grandes de la historia argentina. En su despedida se quebrará verdaderamente el “distanciamiento social”. Estarán en las calles y en la Plaza de Mayo los reos, los tenebrosos barras bravas, los hinchas genuinos de todos los clubes, y muchos desposeídos que estarán junto a él en su último adiós. Tambien estarán los poderosos empresarios del futbol y también muchos políticos patronales que darán su presente, y que se sirvieron de Maradona y su popularidad para sus propios fines, de derecha a “izquierda”. La búsqueda desesperada del abrazo de Diego, de Macri a AF, pasando por Menem, es otra prueba de la completa falta de autoridad propia de los políticos de la burguesía.
Refiriéndose a Diego, un escritor amante del fútbol como pocos, como lo fue el gran Eduardo Galeano, escribió en su libro “Cerrado por fútbol” que “los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean”.
Maradona nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, también lo hizo prisionero. Accedió a la riqueza, se codeó con reyes y gobernantes, pero nunca zafò de un entorno que lucró con su esplendor y con su decadencia, y que pretenderá seguir lucrando aún después de su muerte.
Los trabajadores, los oprimidos, los jóvenes, despiden al otro Diego – el del talento inconmensurable de los 90 minutos, a lo largo y a lo ancho de todas las canchas del mundo.
Juan Ferro
26/11/2020
Guatemala se suma a las rebeliones continentales
Las protestas contra el presupuesto 2021 de ajuste en Guatemala, el país más grande de Centroamérica, llegaron a la retina de todos los luchadores del continente por la firmeza de sus animadores. El sábado, decenas de miles se congregaron en las inmediaciones del Congreso, siguiendo la convocatoria de organizaciones sociales, estudiantiles, de mujeres y de derechos humanos. Lo más impactante fue el repudio a los símbolos del régimen, como el cinemático ingreso al recinto parlamentario -vitoreado por la multitud- que posteriormente derivó en el descuelgue de cuadros y retratos de los corrompidos mandatarios guatemaltecos. Mientras tanto, en las calles aledañas, miles saldaban sus cuentas con las insignias burguesas de la herencia colonial.
“Algo no anda bien”
La reacción gubernamental optó por una feroz represión policial, que derivó en una cacería -prolongada hasta la madrugada del domingo. La Policía Nacional Civil, el corrupto organismo armado con los resabios del pasado militar, se ensañó con los manifestantes, y no vaciló en violentar a periodistas, ancianos y niños. El saldo oficial contabiliza 37 detenidos, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian muchos más: varios manifestantes se encontrarían aún desaparecidos, mientras que a otros, heridos de gravedad y en riesgo de vida, se les estaría negando la atención médica adecuada.
Guatemala está inmersa en una prolongada crisis, que la asunción del actual presidente Alejandro Giammattei, hace escasos diez meses, no ha logrado zanjar. El regreso de la derecha conservadora y militarista al gobierno se produjo luego del descrédito del ex presidente Jimmy Morales, un conductor televisivo que se presentaba como “outsider” de manos limpias, pero que terminó sus días envuelto en nuevos escándalos de corrupción y protestas sociales. Giammattei es un hombre de Estado. Anteriormente, había encabezado la candidatura máxima con diferentes sellos y armados políticos, siempre ligados al núcleo concéntrico de la burguesía guatemalteca.
Pero es en el Congreso donde la crisis se manifiesta con mayor intensidad. Pocas semanas atrás, la derecha tradicional, haciendo gala de acuerdos y prebendas, imponía nuevamente la mayoría en la constitución interna del cuerpo. Justo cuando el gobierno se aprestaba a erguirse como garante del orden, la entrada en escena de protestas masivas, anticipadas por las valerosas luchas de campesinos y originarios contra las consecuencias devastadoras de los huracanes Iota y Eta, está trastocando todos sus planes.
Es en este marco que el vicepresidente Guillermo Castillo, en una disputa de camarillas con el primer mandatario, declaró a la prensa mundial que las cosas no estaban bien y que, atendiendo al malestar general, lo correcto era que ambos renunciaran para entregar el poder a una comisión de notables conformada por el parlamento. Esta maniobra, que el presidente Giammattei puede verse forzado a acatar, apunta a ensanchar la base de sustentación del gobierno, copado por figuras del riñón presidencial. El presupuesto 2021, con números dibujados, un tercio de su gasto solventado por deuda, erogaciones siderales para los capitalistas amigos y un recorte criminal a los fondos sociales, se ha demostrado inviable. La catástrofe económica y social está dando lugar a una nueva crisis política.
Por una Segunda Conferencia Latinoamericana
Al calor de las luchas contra el ajuste y la pandemia, está surgiendo un nuevo activismo juvenil y obrero en Guatemala que, en los últimos meses, ha dado pequeños pasos al conformar frentes de lucha universitarios y sindicales. Como en los aguerridos cortes de ruta contra el acuerdo con el FMI en Costa Rica, o las sendas manifestaciones contra el presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, se presenta una contradicción entre la combatividad de estos movimientos y sus direcciones políticas, en las cuales aún prima la intervención sin fronteras de clase.
El llamamiento a una segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, que acaba de realizar nuestra corriente, está dirigido a las organizaciones revolucionarias, obreras y antiimperialistas que acuerden con la necesidad de constituir un fuerte polo de independencia política, cuyo objetivo sea contribuir al triunfo de la nueva tanda de rebeliones.
Luciano Arienti
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