Criptomonedas: ¿salto al futuro o salto al vacío?

Mitos y realidades.

 Las criptomonedas han pasado a ocupar un lugar destacado en los medios de comunicación, ya sea por el crecimiento explosivo de sus precios como por sus caídas vertiginosas, por las noticias sobre estafas o advertencias y prohibiciones gubernamentales sobre su uso, o hasta por el gran debate internacional sobre sus naturaleza y sus alcances. Sus apologistas llegan a adjudicarle un carácter disruptivo, la capacidad de transformar la vida y la sociedad como la conocemos (1). Estos adeptos revistan en campos ideológicos muy variados, desde la derecha más fundamentalista hasta el progresismo y sectores de izquierda. 

 Lo que seduce de las llamadas criptomonedas es que es una moneda electrónica libre y descentralizada, que permite la transacción directa sin ningún intermediario. No están reguladas por ningún organismo. A diferencia de una divisa, las criptomonedas no son dinero fiduciario, es decir que no están respaldadas por la confianza de un banco central, un Estado o por otra mercancía -sea el oro u otro metal precioso. Para dar consistencia y seguridad a su operatoria se utiliza un sistema que establece un registro público de todas las operaciones, que todos están en condiciones de conocer y permite un consenso entre todos las fuentes de acceso a la red (nodos), lo que se conoce como block chain (cadena de bloques). El Bitcoin, que ha sido pionero en la materia, se crea a través de un proceso conocido como “minería”, que habilita la generación de nuevas monedas a partir de la resolución de problemas matemáticos de alta complejidad gracias a procesadores informáticos que insumen grandes cantidades de energía. 

 A diferencia de los billetes tradicionales, los Bitcoin no tienen una numeración de serie u otro tipo de mecanismo para poder rastrear a los compradores y vendedores que utilizan esa moneda virtual. Esto obviamente es atractivo para los buscan la privacidad o el anonimato; y es un túnel para que se canalice por esa vía el tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, evasión fiscal y otras operaciones ilegales y transiciones espurias 

 Las criptomonedas que fueron apareciendo han hecho variaciones en su operatoria, pero mantienen la matriz principal que caracteriza al Bitcoin. 

 Criptoanarquistas 

Los entusiastas de las criptomonedas por izquierda la agitan como un arma para debilitar al Estado, las corporaciones y su acción coercitiva, y dar paso a una sociedad descentralizada, más igualitaria, de individuos más libres y con mayor capacidad de decisión soberana.

 Esta suerte de anarquismo de tinte progresista coexiste con su versión derechista. Nos referimos al llamado anarcocapitalismo, que tiene a los libertarios como Milei a sus principales exponentes. Los criptoanarquistas en esta ultima versión son partidarios de suprimir los bancos centrales, y los bancos en general, en pos de un sistema descentralizado: las criptomonedas serían un paso en ese sentido (2). El anarcocapitalismo es una impostura, pues la “desregulación” que pregonan es la forma elegante de avanzar en un ataque en regla -en nombre de la “libertad”- a los derechos y conquistas de los trabajadores. El único derecho que no se desregula es el de la propiedad capitalista. Este antiestatismo, sin embargo, desaparece cuando se trata de rescatar al capital. 

 En cuanto a la vertiente progre, lo mínimo que puede decirse es que estamos frente a una variante utópica e ingenua. Al igual que los anarquistas y socialistas utópicos que dos siglos atrás concebían una transformación radical de la sociedad a partir de los medios de circulación y el proceso de intercambio, sin alterar las relaciones sociales de producción. La diferencia es que estos criptoanarquistas vuelven a esa premisa -en forma devaluada- doscientos años después. Ya Marx se encargó de ajustar cuentas con quienes proponían, como panacea y pasaporte hacia una sociedad libre e igualitaria, sustituir el dinero por bonos de trabajo y su distribución equitativa entre los productores. Esta corriente de pensamiento -conocida como mutualismo y que tuvo en Pierre-Joseph Proudhon a uno de sus inspiradores-, brega por un régimen basado en el “precio justo”, donde el intercambio de bienes y servicios represente montos equivalentes de trabajo, omitiendo el hecho de cuando cuando el capital entra en escena y pasa a ser el sujeto dominante en las transacciones mercantiles se transforma en una fuente de despojo y apropiación del trabajo ajeno. Bajo la envoltura de un contrato entre iguales, hay una asimetría abismal en la relación real entre el capital y el trabajo. 

 Las expectativas izquierdistas no resisten la prueba de elevar a la criptomonedas como un sustituto del dinero actual. Resulta altamente improbable para la población confiarle su dinero a este nuevo intermediario, a una moneda volátil con pocas garantías y recursos correctivos -sin mecanismos de consulta, protección en caso pérdidas, sustracción y anulación de una transacción. No hay que descartar, además, que detrás de la aparente descentralización, exista una manipulación por otras vías –en la minería de criptomonedas, los intercambios, el liderazgo, los nuevos intermediarios, las infraestructuras. Esto hace que las criptomonedas estén lejos de ser un sustituto del dinero circulante en vigencia. Los critpoanarquistas progres terminan siendo funcionales a la cruzada de los libertarios y de otras alas de la derecha, que se valen de la supuesta “revolución” que vendría de la mano de las criptomonedas para hacer pasar sus objetivos reaccionarios 

 ¿Sustituto del dinero? 

Por lo pronto, las criptomonedas están lejos de elevarse a un sitial propio e independiente. Ocupan un lugar subordinado, cuyo valor esta expresado en las divisas tradicionales, y en esa medida -y sólo partir de esa mediación- están en condiciones de intervenir medio de intercambio de otras mercancías. El sistema monetario no está suspendido en el aire, por encima de las relaciones sociales de producción, sino que es tributario de ellas. Es una ingenuidad pensar que las criptomonedas pueden actuar como un compartimento estanco y ser inmunes a las presiones e injerencia del Estado y la clase capitalista. Estos no se van a privar de utilizar ese arma, si consideran que le puede sacar provecho. Ya distintas naciones han tomado la iniciativa de inmiscuirse y meter una cuña en este ámbito y crear sus propias monedas virtuales. China plantea la creación de su propia criptomoneda, con la expectativa de quitarle algo al protagonismo prácticamente excluyente que cumple el dólar como medio de pago internacional. Las criptos en su versión estatal son un campo de disputa entre las potencias y un ingrediente más dentro de la guerra comercial y monetaria en curso. 

 Por su parte, el Salvador se transformó en el primer país del mundo en utilizar Bitcoins como moneda de curso legal. Esto ha despertado no solo la lógica desconfianza de la población sino además la resistencia de la propia clase capitalista, que lo ve como un salto al vacío del presidente Bukele en el marco de un situación política extremadamente convulsiva. Las criptomonedas se prestan a todo tipo de maniobras. Recordemos que a principio de año el CEO de Tesla, Elon Musk, aceptó el pago de sus autos con Bitcoins para luego, apenas meses después, anunciar que ya no las aceptaría como medio de pago. Obviamente es un campo de orégano para la especulación. 

 Por esto las critptomonedas no alcanzan el status de dinero. Esto vale en primer lugar para el Bitcoin, que representa más del 80% de la capitalización del mercado como de pago privado, descentralizado, sin intervención de la central. No es equivalente general ni cumple con las funciones del dinero en el marco del ciclo del capital. Si algo caracteriza al Bitcoin y a las monedas virtuales en general es su alta volatilidad. Por esta circunstancia, no pueden ser empleadas como unidad de cuenta (o patrón de precios), ni tampoco pueden ser usadas como medio de circulación, ni como medio de pago. Viene al caso señalar que no puede ser depositada en un banco como una cuenta, porque en realidad compite con las funciones bancarias y no cuenta con la posibilidad de ser asegurada a través del sistema financiero convencional. La evidencia de estos años indica que, más que como dinero, el Bitcoin funciona como un activo financiero, altamente especulativo, como dan cuenta sus bruscas y pronunciadas oscilaciones.

 “Con el 80% de los 21 millones de Bitcoins ya extraído, quizás el índice de Gini de Bitcoinlandia sea peor que el de cualquier país del mundo. Estaba destinado a ser una moneda descentralizada para el uso diario de la gente común, posiblemente en reemplazo de las monedas fiduciarias, y sin embargo solo 4% de las direcciones de Bitcoins posee 96% de todos ellos, mientras que las 1.000 personas más ricas poseen 40%. Además, “el 70% más pobre de los propietarios de bitcoins posee menos de 1,7% de todos los Bitcoins [frente a alrededor de 9% de todos los dólares en EEUU]” (3). Lejos de una distribución igualitaria y de una democratización de las relaciones sociales, asistimos a una concentración del poder económico. O sea, no se sustrae las leyes generales inherentes a la acumulación capitalista.

 Como atributo distintivo, dice Marx, el instrumento que funciona como dinero requiere el reconocimiento del mundo de las mercancías. En sentido estricto, es un equivalente universal y sus funciones deben cumplirse como unidad de cuenta, medida de valor (depósito de valor), medido de circulación (medio de cambio), medio de pago, dinero mundial, y medio de atesoramiento. Marx consideraba el oro/plata como equivalentes universales. En su carácter de mercancías pasan a cumplir una función especial, prestando su cuerpo para expresar el valor de cambio de las otras. El dinero es un engranaje en el marco del funcionamiento la ley de valor trabajo. En cuanto al dinero fiduciario, sólo ciertas divisas pueden asemejarse al oro en cuanto a sus funciones: el dólar estadounidense, el euro. Sin embargo, dejan de serlo en las crisis, donde se produce un éxodo de esas divisas y se produce un desplazamiento hacia el oro u otros activos de refugio. Esta amenaza ha pasado a ser más profunda en las últimas décadas: desde el momento de la inconvertibilidad del dólar en 1971, lo que está hablando de que es un papel sin respaldo. 

 La quiebra del sistema monetario no es responsable de la crisis capitalista. Lo que ocurre es lo inverso. El desmoronamiento del primero proviene del rescate -fallido- del capital. En las últimas décadas asistimos a un empapelamiento internacional, lo que ha provocado una depreciación del dólar y de las principales divisas, que ha ido de la mano de la generación de un enorme capital ficticio. Esta gigantesca inyección de dinero no ha logrado devolverle al capital su vitalidad, pero ha sido suficiente para hundir el sistema monetario mundial. De causa contrarrestante de la impasse capitalista, los remedios monetarios se han convertido en un factor agravante. Lo que está planteado no es una reforma monetaria, sino una reorganización integral de la totalidad de las relaciones sociales sobre nuevas bases.

 Esta cuestión tiene ahora más actualidad que nunca, pues las principales metrópolis están apelando a una emisión sin precedentes, combinada con un endeudamiento explosivo. Esto prepara el terreno para una corrida contra las principales divisas, poniendo en jaque el sistema financiero mundial y al conjunto de las relaciones económicas internacionales. 

 Dinero, crédito y sistema bancario 

El dinero “no es exógeno al sistema sino endógeno al mismo, no puede explicarse desde afuera: lo que explica el comportamiento del dinero (…) es el todo concreto del sistema burgués. Las criptomonedas no pueden reemplazar al sistema bancario y al sistema financiero capitalista, pues estas instituciones surgen de una necesidad del sistema mismo” (4). Las funciones del dinero no se limitan exclusivamente de las determinaciones en la circulación en general, sino por sobre todas las cosas de la que surgen del dinero como capital. 

 El moderno sistema de crédito juega un papel clave en el financiamiento de la reproducción del capital, como un elemento del proceso de reproducción del ciclo del capital. “El crédito, y posteriormente la multiplicación de los medios de circulación por el crédito bancario y el moderno sistema financiero, alteran en su totalidad las consideraciones que sólo nacen del dinero desde la perspectiva de la circulación en general” (5). 

 De este modo, el medio de pago se vuelve un medio de circulación, y paulatinamente los medios de pago van invadiendo, por así decirlo, los circuitos monetarios; surge entonces una mezcla en la circulación entre el dinero que debe funcionar en los circuitos de la circulación en general y los medios de pago que operan para mantener la velocidad y el ritmo de la acumulación del capital, y su rotación acelerada, multiplicando esto medios de circulación y sustituyéndolos mediante crédito y anticipos de papeles que representan valores (6). Son estas consideraciones las que quedan marginadas en las explicaciones que se aportan respecto al dinero digital. 

 Conclusiones 

Con las criptomonedas se pretende crear la ficción de que se puede substraer el funcionamiento económico capitalista de la ley de valor trabajo. Nuevamente se cae en la tentación vana e inviable de superar las contradicciones explosivas reinantes, modificando la organización de los medios de circulación y el sistema monetario, cuando el dinero no puede ser considerado como un instrumento autónomo e independiente del trabajo humano y de la dinámica de la acumulación capitalista tomada como un todo. Lo contrario es caer en el fetichismo: otorgarle cualidades milagrosas a un mecanismo monetario supuestamente original, que podría obrar como antídoto para salir del atolladero en que se encuentra la economía capitalista, escapar a la ley del valor y superar los desequilibrios cada a vez de mayor amplitud que la sacuden. 

 Las criptomonedas no sólo no están en condiciones de contrarrestar las tendencias a la bancarrota capitalista, que enfrenta una crisis solo comparable a crack del ’29, e incluso superior, sino que está llamada a convertirse en un factor de agravamiento. No está en condiciones de sustituir el sistema monetario internacional en su agonía e inestabilidad -empezando por las principales divisas que circulan como papales sin respaldo-, sino que a su turno, en su carácter de activos especulativos, echan leña al fuego a la burbuja en desarrollo, y por lo tanto son un factor de agravamiento de la crisis mundial capitalista.

 El criptoanarquismo, en todas sus variantes, es una impostura.

 Pablo Heller 

 (1) Véase Namit Aora, “Criptomonedas y anarco capitalismo” (junio 2018). 

 (2) Ídem. 

 (3) ídem.

 (4) Véase Omar Wicab, “¿Las cirptomonedas son realmente dinero?” (mayo 2019). 

 (5) Ídem.

 (6) Véase Suzanne de Brunhoff, La concepción monetaria en Marx (1973).

Atentado a las Torres Gemelas: ¿Cómo empezó todo?

Las Torres Gemelas y la “guerra contra el terror”

El huevo de la serpiente que crio a Donald Trump 

 Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono inauguraban, 20 años atrás, un nuevo periodo político.

 Sobre los escombros del World Trade Center, el imperialismo norteamericano lanzaba a una agresiva intervención militar sobre Medio Oriente, en nombre de “la lucha contra el terrorismo”. Un enemigo difuso, personificado en Osama Bin Laden y su organización, Al Qaeda, prácticamente desconocidos hasta entonces para el gran público, serviría para encubrir la ocupación de Irak y el aplastamiento de las revoluciones árabes. 

 Bin Laden era un viejo conocido de los servicios de inteligencia norteamericanos. Fue uno de los líderes de las guerrillas que combatieron contra la ocupación soviética de Afganistán, enseguida después de la victoria de la revolución iraní de febrero de 1979. Esa guerrilla ‘islámica’ fue financiada y equipada por la CIA. Hijo de una familia saudí acomodada, fundó la organización islamista paramilitar que se atribuyó los atentados. 

 A Bin Laden se le atribuyen también numerosos ataques alrededor del mundo contra Estados Unidos y otras potencias. Entre los más relevantes se cuentan los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, en 1998. Ambos fueron respondidos por el gobierno demócrata de Bill Clinton con bombardeos sobre supuestas bases militares de Al Qaeda en Afganistán y Sudán. La iniciativa bélica que sobrevendría después tuvo, por lo tanto, un largo periodo de gestación. 

 La premura con que el gobierno de George W. Bush identificó a los autores de los atentados insinuó que la seguridad yanqui dejó correr la operación, la cual llevó un largo tiempo de preparación. Entretanto, los servicios norteamericanos tenían a Bin Laden y a Al Qaeda bajo vigilancia desde su creación – una suerte de ´conexión local´ de los atentados. Los familiares de las casi 3.000 víctimas han reclamado la desclasificación de los archivos del FBI, bajo la sospecha, nada menos, de la colaboración de Arabia Saudita -un aliado estratégico de Estados Unidos- con los atacantes. 

 El baño de sangre sirvió de excusa a Bush para llevar al siguiente nivel las incursiones bélicas que en los años 90 habían ensayado su padre y Bil Clinton, en el Golfo Pérsico y Afganistán y los Balcanes, respectivamente, durante sus presidencias. El propósito estratégico siempre fue la colonización económica, política y militar del ex espacio soviético en Europa del Este y Asia. Afganistán, en particular, era un punto clave para controlar la entrada y salida de petróleo en el Mar Caspio y el Cáucaso, que afectaría a Rusia e Irán, entre otros. El atentado ofrecía al gobierno Bush la cobertura para un desembarco de tropas a gran escala, como ocurrió efectivamente en Afganistán en 2001, y luego en Irak, en 2003. No obstante todo esto, los gobiernos de Rusia e Irán abrieron sus espacios aéreos para permitir la ocupación norteamericana de Afganistán. Para la burocracia restauracionista, esa ocupación fue entendida como una ‘protección’ contra sublevaciones en los territorios musulmanes de la ex URSS.

 La “guerra global contra el terror’ fue acompañada de un ataque brutal contra el “estado de derecho” en Estados Unidos como en Europa. El Congreso norteamericano sancionó, apenas un mes después de los atentados, el Patriotic Act. Habilitaba la detención de personas dentro y fuera del territorio de lo Estados Unidos, sin orden judicial previa, y el espionaje sobre la correspondencia privada de sus propios ciudadanos. Autorizó la aplicación de la Justicia Militar y la supresión del debido proceso a los detenidos por las fuerzas armadas y al secuestro de ciudadanos extranjeros y nacionales, sospechados de terrorismo. Estas normas típicas de un estado de excepción fueron ratificadas por la Suprema Corte norteamericana. Significó colocar al derecho internacional bajo un régimen de excepción. Es lo que ocurrió con las “leyes antiterroristas” aprobadas en Argentina durante la presidencia de Néstor Kirchner – una exigencia del gobierno norteamericano. Ofrecían una definición tan ´amplia´ de terrorismo (aún vigentes) que invertían el principio de inocencia. Muchos otros países aprobaron legislaciones similares. Se instauró una suerte de ´estado de excepción´ global, cárceles secretas y centros de torturas a cargo de funcionarios norteamericanos en numerosos países, con la complicidad de sus gobiernos, en especial en la UE y países del este europeo. En la base militar de Guantánamo, Cuba, continúan alojados 39 presos, de los cuales solamente 12 han sido acusados formalmente por algún delito. Por las torturas contra prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, durante la ocupación yanki, donde fueron condenados los soldados y oficiales directamente involucrados, no ocurrió lo mismo con la cadena de mandos que amparaba y ordenaba esas prácticas.

 Los aprestos de guerra requirieron una inyección inicial de 40 mil millones de dólares al presupuesto militar. La guerra en Afganistán finalmente insumiría la friolera de 5,6 billones de dólares; la de Irak otros tres billones. Veinte años más tarde, con un saldo de al menos 240 mil muertos, el Pentágono huiría del escenario, bajo el asalto de los talibanes, a quienes primero armaron y luego fueron a combatir. No es la primera vez, por supuesto, que los intereses nacionales de los agentes del imperialismo se imponen contra su mandante. En la secuela de la “guerra global contra el terror” y el régimen de excepción a que dio lugar nacieron los Trump y el reciente asalto al Capitolio de Estados Unidos.

Jacyn 

 11/09/2021

¿Fin del Mercosur? Uruguay avanza en un acuerdo de libre comercio con China

Se profundiza el dislocamiento del bloque regional. 

 Pocas cosas le salen bien al gobierno. Si algo faltaba para empañar una ya deslucida e inocua cumbre latinoamericana por el cambio climático, con la cual Alberto Fernández buscaba mostrarse como armador de acuerdos en la región, ello fue el anuncio del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou de que ya están dando los primeros pasos hacia un acuerdo de libre comercio con China, a costa del Mercosur.

 Lacalle Pou citó a los referentes de los partidos de oposición para informarles de los pasos dados en dirección a un acuerdo de libre comercio con China, principal socio comercial del país vecino, destino de uno de cada cuatro dólares que exporta. En el entorno del Frente de Todos advirtieron que los tomó por sorpresa, aún cuando pocas semanas atrás los mandatarios rioplatenses mantuvieron un encuentro en la Quinta de Olivos para limar asperezas tras las conflictivas cumbres del Mercosur de marzo y julio. Si bien es un proceso que está en sus inicios, el anuncio oficial no deja de significar un paso concreto.

 La cuestión de la firma de tratados bilaterales había ocupado un lugar destacado entre las tensiones que surcaron el último tiempo al mercado común sudamericano. Sumido en una decadencia por el dislocamiento comercial entre sus países miembro, las bases del Mercosur se encuentran en terapia intensiva. El intercambio intrarregional acumula una década de caída, y ha caído en una cuarta parte desde sus picos históricos. Mientras, China se convirtió por lejos en el principal destino de las exportaciones de todo el bloque, terreno en el cual compiten las naciones sudamericanas para vender su soja, carnes y lácteos. Es lo contrario de una integración económica regional. 

 El telón de fondo es esta tendencia al desmembramiento del Mercosur. Si el brasileño Jair Bolsonaro había sacado el pie del acelerador en su cruzada por una reducción drástica de los aranceles externos que gravan las importaciones de fuera del bloque -al calor de la crisis política en suelo carioca y la confrontación que implica con las cámaras industriales la eliminación de barreras proteccionistas-, ahora Uruguay reafirma su decisión de avanzar en un acuerdo comercial con el gigante asiático de forma unilateral, rompiendo la práctica de proceder en conjunto entre los distintos países. 

 Es un viejo anhelo de los sucesivos gobiernos de la banda oriental. El hecho de que cinco años atrás fuera el frenteamplista Tabaré Vázquez quien anunciara desde Beijín el inicio de negociaciones en ese sentido, resta cualquier intento de presentar las disidencias con Argentina en base a diferencias ideológicas (entre neoliberales y nacionalistas). Lo cierto es que China recibe más de la cuarta parte de las exportaciones uruguayas, y su parque industrial -es decir aquellos rubros que se verían afectados por no poder competir con importaciones chinas sin aranceles- es mucho menor que el argentino o el brasileño. 

 Lo que está en fricción entonces son intereses muy concretos. Si Uruguay quiebra la unidad del Mercosur en cuanto a la firma de tratados comerciales bilaterales no solo correrá con ventaja para sus exportaciones agroindustriales, sino que implicaría una presión por una mayor apertura hacia China de todo el bloque, ya que no solo ocuparán mayores posiciones en el mercado uruguayo a costa de productos argentinos o brasileños, sino que además abre la posibilidad a la triangulación de manufacturas oriundas del país asiático que a través de la nación charrúa podrían comercializarse sin aranceles hacia el resto del Mercosur. 

 Las luces de alerta que se encendieron de este lado del Río de la Plata tienen así explicaciones claras: Uruguay es el único socio pleno del bloque con el que la balanza comercial argentina registra un saldo positivo. El punto es que en estas décadas las dos economías más grandes aventajaron a los otros países del subcontinente, cuyas menores industrias se vieron expuestas a competir con la mayor escala de la argentina y la paulista. Esto grafica la incapacidad de las burguesías sudamericanas de avanzar en una real integración regional. Por lo demás, en el intercambio con el reino celeste Argentina acumuló en los primeros siete meses del año un déficit superior a los 3.500 millones de dólares, resultado de exportar productos agropecuarios e importar bienes de capital e insumos productivos.

 El dislocamiento comercial responde a esta inserción semicolonial de las economías de Sudamérica en un mercado mundial dominado por una guerra comercial entre grandes potencias, especialmente entre China y Estados Unidos. El gigante asiático busca pasos certeros hacia la incorporación de la región en su Nueva Ruta de la Seda, a fuerza de inversiones en nichos estratégicos (lo vemos en Argentina con la intención de quedarse con la concesión de la Hidrovía, pero también represas hidroeléctricas, centrales nucleares, gasoductos y hasta el corredor bioceánico hacia el otro lado de los Andes). De esta manera, intenta desplazar el rol preponderante de los capitales yanquis, ya que si bien China es el principal comprador del Mercosur son notoriamente mayoritarias las inversiones directas de compañías norteamericanas -es decir, las que embolsan la porción más grande del negocio.

 La presión de las potencias imperialistas es precisamente lo que puso al Mercado Común del Sur en un atolladero. En efecto, Alberto Fernández viró completamente de su oposición al acuerdo de libre comercio Mercosur – Unión Europea (después de haberlo calificado como una sentencia de muerte de amplios sectores de la industria criolla), pero las tratativas siguen trabadas por los condicionamientos del viejo continente. El primer ministro francés Emmanuel Macron ratificó hace una semana su rechazo a avanzar en el tratado, alegando que contraría su presunta agenda climática, para defender a los capitales agrícolas del país galo de la competencia de las exportaciones del agro del cono sur. Igual de estancadas están desde hace años las negociaciones con Corea, Singapur y otros mercados. 

 La decisión del mandatario uruguayo de avanzar en un tratado con China es el corolario de este estancamiento. Las declaraciones de alerta del ministro Matías Kulfas, a coro con Daniel Funes de Rioja de la UIA, sobre preservar el Mercosur, no expresan ningún rumbo alternativo de desarrollo industrial ni de integración de la región, sino una posición defensiva y de impasse. El propio parque productivo local opera con un 40% de capacidad ociosa, y las inversiones siguen por el suelo. Buena parte de ello obedece a que las divisas que ingresaron por el boom de los precios de la soja y el maíz se fueron por la ventanilla de los pagos de deuda externa. Si la orientación aperturista de Lacalle Pou es la antítesis de una independencia económica, el gobierno del Frente de Todos no tiene nada para ofrecer. Los vaivenes de Bolsonaro en torno a la cuestión arancelaria expresan esta tensión al interior de Brasil. Como fuera, la dinámica declinante de las economías del Mercosur es un dato irrefutable de la realidad. 

 Las burguesías sudamericanas han fracasado en un desarrollo autónomo y una integración regional por su carácter de socias menores del saqueo de los grandes pulpos imperialistas, que dominan las grandes ramas de exportación y hasta los sectores más concentrados de la industria. Solo rompiendo con esta subordinación semicolonial, a base del repudio de las deudas externas usurarias y de los programas con el FMI, de la nacionalización del comercio exterior y la banca para invertir los recursos en un desarrollo productivo, es posible revertir el dislocamiento comercial de la región. Es decir, solo gobiernos de trabajadores podrán avanzar realmente hacia una integración.

    Iván Hirsch

El abismal cambio social de los uruguayos

La mayoría de los uruguayos que se dejaron llevar por los cantos de sirena de los partidos de derecha y de los medios hegemónicos de comunicación que llamaban a un cambio de sistema en las elecciones de 2019, hoy están defraudados y arrepentidos de haber votado por el neoliberal Luís Lacalle Pou, del Partido Nacional, y no por el Frente Amplio.

 A su toma de posesión, el primero de marzo de 2020, asistieron solo cuatro presidentes derechistas, Jair Bolsonaro (Brasil), Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia) y Mario Abdó (Paraguay); el entonces vicepresidente de Ecuador, Otto Ramón; la canciller del régimen golpista de Jeanine Añez, Karen Longrak, el monarca español Felipe VI y como era lógico, el secretario general de la OEA, Luís Almagro. 

 Después de 15 años de gobiernos progresistas encabezados por el Frente Amplio que se caracterizaron por grandes logros económicos y sociales en salud, educación, derechos sindicales, y una destacada defensa del principio de soberanía, los uruguayos vuelven a caer en las ataduras de un régimen neoliberal que les recuerdan lo sufrido desde 1976 con las dictaduras militares y gobiernos derechistas que se prolongaron hasta 1995. 

 Lacalle Pou en julio de 2020, logró aprobar, la Ley de Urgente Consideración (LUC) que con 457 artículos tiene los siguientes propósitos: encaminar la privatización de las empresas públicas; criminalizar la protesta social para eliminar las conquistas alcanzadas durante los gobiernos progresistas; mayores facultades a las fuerzas policiales, y mercantilizar la educación que históricamente ha sido laica y gratuita.

 Esta acometida neoliberal causó un efecto desastroso entre la mayoría de la población por lo que se han producido manifestaciones y protestas que han llevado a crear una Comisión Pro Referendo. Ya se han conseguido 763 443 firmas que superan las 673 000 exigidas por la Corte Electoral para realizar una consulta que revoque la nefasta ley. 

 Ese organismo dispone de 150 días para verificar y autentificar las firmas y después convocar a referéndum cuyo objetivo será la derogación de 135 artículos de los 457 de la LUC. Mediante la Ley de Urgente Consideración, el precio de los combustibles ha aumenta mes por mes. El gobierno aduce una obligación impuesta desde afuera y la solución que plantea es la privatización de la estatal Administración nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), impulsada por el senador del oficialista Partido Nacional, Sebastián Da Silva, muy allegado a los ricos sectores agropecuarios.

 Debido a la pandemia de Covid-19, junto a las deficitarias medidas sociales llevadas a cabo por el gobierno, el número de pobres en Uruguay sumó otras 100 000 personas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que este país ocupa el último lugar de la región en transferencias monetarias a la población vulnerable. 

 Los datos son desconcertantes: en 2019 la pobreza estaba en 8,8 %, la informalidad laboral por debajo del 25 % de la población ocupada y el país tenía la menor desigualdad económica del continente; para 2020 la pobreza aumentó a 11,6 %, o sea, 100 000 personas más a las 300 000 que ya se encontraban en esa situación. 

 ¿Pero quién hubiera podido pensar que en los últimos dos años, en la otrora denominada “Suiza de América” haya aumentado en un 50 % el número de personas que deambulan por las calles sin tener techo donde dormir ni hacer sus necesidades?

 Funcionarios del anterior gobierno del Frente Amplio, así como trabajadores y estudiantes que protestan en las ciudades contra las medidas neoliberales implantadas, sostienen que esa situación se puede evitar si el régimen oye las demandas y las advertencias que le formulan. 

 El informe oficial lo presentó en la última semana de agosto el ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema quien detalló que solo en Montevideo 3 907 personas pernoctan en la calle lo que representa un crecimiento del 16 % en relación con 2020 y un 50 % respecto a 2019.

 Martín inmediatamente justificó la situación y se mostró eufórico pues “esperaba un crecimiento mayor”. 

 Lo real es que los problemas sociales y económicos que vive Uruguay por los efectos de la pandemia y de la política neoliberal del régimen se agudizan constantemente. 

 La especialista y politóloga, Micaela Melgar puntualizó que la política del gobierno es existencialista, eliminó los planes a mediano y largo plazo para buscar alternativas sostenibles, y ahora el Mides se convirtió en un lugar donde las personas necesitadas van a buscar alimentación y un espacio donde puedan pernoctar una o dos noches.

 La mayor contradicción ocurre cuando se compara el crecimiento económico nacional. En el primer semestre de 2021, las exportaciones uruguayas aumentaron 43 %. En junio, las ventas al exterior de carne bovina, soja, celulosa y madera, incluyendo las zonas francas, alcanzaron 1 071 millones de dólares. En el primer semestre del año, se registraron ventas por 5 054 millones de dólares, 32% más respecto del primer trimestre de 2020.

 Como toda sociedad capitalista neoliberal, el corolario es que pese al incremento de la gestión económica, los beneficios van a las clases más adineradas, mientras la gran parte de la población debe soportar los ajustes económicos, la pobreza y el hambre. Los uruguayos que votaron por Lacalle Pou están comprendiendo la realidad del viejo refrán que reza: Del dicho al hecho hay un gran trecho.

 Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Brasil: sapo de Bolsonaro

Es necesario un plan de lucha para terminar con este régimen provocador. 

 Según versiones periodísticas, el presidente fascistoide de Brasil, Jair Bolsonaro, habría logrado reunir en el acto central realizado en Brasilia, alrededor de 100 mil personas. 90% menos de lo que habían fijado como objetivo los bolsonaristas en los días previos. Estos fueron movilizados con todo el peso del aparato oficialista desde todo el país (camiones, micros, etc.). El propósito proclamado de que –con el mandato de la masiva movilización- se iba a invadir la sede del Poder Judicial quedó en la nada. Esto para detener las investigaciones que está realizando el Tribunal Federal Superior sobre sus hijos y otros dirigentes bolsonaristas acusados de corrupción. En su discurso, Bolsonaro pidió la cabeza de los 2 jueces que llevan adelante estas actuaciones, amenazando indirectamente con la intervención de la justicia. Con la “presión” de esta movilización Bolsonaro convocó para mañana al Consejo de la República: “estaré en el Consejo de la República, junto a los ministros, junto al presidente de la Cámara, el Senado y la Suprema Corte Federal, con esta fotografía vuestra, para mostrar hacia dónde debemos ir todos”. Este Consejo tiene facultades para evaluar una posible intervención federal o la necesidad de imponer el estado de defensa o de sitio en Brasil. Pero varios de estos funcionarios declararon desconocer de esta convocatoria. 

 Según prácticamente la totalidad de las encuestadoras, si hoy se hubieran realizado elecciones presidenciales en Brasil, Bolsonaro no habría sido reelegido. Viene retrocediendo en ese terreno. Y en el de la “movilización” fascistoide ha sido también débil. 

 La prensa brasilera y mundial había anunciado posibilidades de un autogolpe para el día de hoy. 

 La última semana varias cámaras empresarias se pronunciaron por limitar la actividad provocadora de Bolsonaro que está ayudando a enervar la situación política y a polarizarla. Ayer, 16 partidos de la centroizquierda (PDT, MDB, PSB, PCdoB, PSOL, PSL, PT, PSDB, PV, Rede, Podemos, Solidariedade, Cidadania, PL, DEM y PSD) sacaron una declaración similar. Y líderes de las bancadas que venían apoyando a Bolsonaro adoptan actitudes de distanciamiento precautorias. Las ventajas de las contrarreformas antiobreras y entreguistas-privatizadoras que se impusieron con el gobierno de Bolsonaro se ven amenazadas por su prosapia ultraderechista y provocadora. Queda por ver cuál será la actitud de las Fuerzas Armadas que tienen más de 7.000 oficiales participando como ministros, secretarios y funcionarios. No olvidemos que hace solo unos meses, Bolsonaro relevó a todo el alto mando militar. 

 Pero las contramanifestaciones de la Coordinadora Fora Bolsonaro fueron también minoritarias. Bolsonaro con sus amenazas logró que gran parte de las dirigencias de los partidos centroizquierdistas y de las burocracias sindicales se empeñaran en desmovilizar, entregando las calles para no caer “en la provocación ultraderechista”. Su orientación es llegar a las elecciones de octubre del 2022 para derrotar a Bolsonaro… 

 Una posición paralizante que maniata la movilización de masas y permite avanzar las aventuras golpistas y los golpes contra las conquistas y condiciones de vida de los trabajadores y explotados. 

 Es necesario reclamar la ruptura de la parálisis y subordinación de la CUT y las organizaciones de masas a los frentes burgueses de oposición que tienen como principal preocupación bloquear que se produzca una irrupción de masas y convocar a un congreso de bases del movimiento obrero y de lucha popular (indígenas, etc.). Solo un plan de lucha nacional hacia la huelga general podrá recuperar las conquistas perdidas y hacer realidad la consigna Fora Bolsonaro, Mourao (vicepresidente) y todo el régimen de sustentación del bolsonarismo. 

 Rafael Santos

Brasil: fútbol y golpismo

El partido por la sexta jornada de las eliminatorias a Qatar 2022, entre Brasil y Argentina, que debía jugarse el domingo por la tarde, fue suspendido por las autoridades sanitarias brasileñas con en razón de que había cuatro futbolistas argentinos que juegan en la Premier League y venían de Inglaterra. Brasil requiere un periodo de cuarentena a todos los visitantes que provengan de ese país. “La Selección argentina se retiró hoy del campo de juego con la venia de Conmebol, después de que autoridades sanitarias brasileñas quisieron sacar de la cancha a cuatro jugadores albicelestes por supuestamente haber incumplido el protocolo previsto” (Perfil, 5/9). 

 Cuando el partido había comenzado, representantes del ministerio de Salud de Brasil se metieron al campo de juego, en una operación. Más temprano, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) emitió un comunicado en el que instó a las autoridades de Brasil a deportar a los futbolistas argentinos Emiliano "Dibu" Martínez, Emiliano Buendía, Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso, tres de los cuales estaban en cancha. 

 De acuerdo a Anvisa, los deportistas suministraron "informaciones falsas" durante su proceso de inmigración. Según las declaraciones de Anvisa, "cuatro jugadores argentinos ingresaron a Brasil incumpliendo las normas sanitarias del país al declarar supuestamente información falsa en un formulario oficial", a raíz de que aseguraron "no haber pasado por ninguno de los cuatro países con restricciones en los últimos 14 días". Sin embargo, las diez federaciones miembro de Conmebol firmaron un acta con el acuerdo de sus respectivos gobiernos para aceptar el corredor sanitario para estos encuentros internacionales. No es la primera vez que hay jugadores de fútbol que no cumplen las cuarentenas porque, justamente, existen los corredores sanitarios que se aplicaron también para deportistas brasileños en otros países, como así también en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en este caso se suspendió el partido por razones sanitarias luego de que hubiera comenzado. 

 Las autoridades brasileñas ya estaban advertidas de esta situación como así también la Conmebol. La Confederación Brasileña (CBF) negó su participación en algún tipo de negociación para omitir el protocolo sanitario vigente. Consideró, además, que Anvisa "pudo actuar con antelación" y haber evitado el desgaste de hacerlo en pleno partido. "La CBF respeta los protocolos de Anvisa y en ninguna situación queríamos esquivar la Legislación", pero, a su juicio, "esto causa indignación porque Anvisa se extralimitó en sus decisiones y podría haber evitado eso antes" (Clarín, 6/9). 

 Flavio Bolsonaro, hijo del presidente y senador por Río de Janeiro, dijo que “Los argentinos jugaron malas pasadas. Sabían que estaban infringiendo la ley brasileña, impidieron que Anvisa se fijara en ellos y, a la fuerza, incluyeron a los cuatro [jugadores] de Inglaterra” (ídem). Además, reclamó sanciones duras contra el seleccionado de Scaloni. Bolsonaro llamó a las autoridades, pero cuando ya había sido suspendido, como si desconociera lo que estaba pasando (ídem).

 Las razones políticas

 ¿La suspensión del partido entre Argentina y Brasil tiene razones políticas? Es lo que se pregunta la afición. Bolsonaro y su hijo convocaron para el martes 7 a una movilización, incluida la Policía Militar. Clarín sacó una nota de opinión preguntando “¿Bolsonaro intentará dar un golpe de estado?” (5/9). “La manifestación (pro Bolsonaro) prevista para el 7 de septiembre, por la "libertad", la "intervención militar", "contra el STF", "por el voto impreso" y quién sabe qué más” (ídem) ha alimentado esa sospecha. 

 “Bolsonaro dará el golpe porque siempre ha sido autoritario y sabe que sus posibilidades electorales son escasas. Ha adoptado un comportamiento histérico y paranoico que denota su aislamiento político. Con la economía debilitada, el desempleo, la inflación y las altas tasas de interés, la sequía, la crisis energética a la vista y la pandemia del Covid-19 gestionada criminalmente y aún lejos de su fin, es poco probable que Bolsonaro gane las elecciones de 2022 (si es que las hay)” (Clarín, ídem). Estas razones son, sin embargo, las que deberían hacer inviable un autogolpe, y en caso de que tuviera lugar precipitar un contragolpe. Si las FFAA están dispuestas a respaldar un autogolpe de Bolsonaro, la oportunidad habría que preparar todavía la oportunidad. 

 Jair Bolsonaro, mientras moviliza sus tropas fascistas, tiene siete investigaciones abiertas contra él y sus adeptos por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) y el Tribual Supremo Electoral. También las investigaciones sobre el asesinato de Marielle Franco, cuya responsabilidad directa llega hasta el presidente, su familia y colaboradores. Bolsonaro intenta rearmarse, pero no sólo simbólicamente: las intervenciones de sus facciones en las favelas del país, como así de los militares en el estado, muestran sus intenciones. 

 “Las instituciones brasileñas están destrozadas y el Estado está cada vez más ocupado por los militares desde el golpe de 2016. También sucede que Bolsonaro tiene sus partidarios: empresarios aventureros, parte del agro, asociaciones de camioneros, las cumbres de las iglesias evangélicas, clubes de tiro, paramilitares. Y lo principal: importantes contingentes de la policía militar (que pueden decidir responder directamente a él y ya no a los gobernadores) y posiblemente las Fuerzas Armadas y la Policía Federal parecen dispuestos a seguir a Bolsonaro en su putsch” (ídem). 

 Sin embargo, indica que “No hay un apoyo popular mayoritario para un intento de golpe de Estado. (...) Tiene todo para salir mal” (ídem). 

 También habrá otra movilización el 7, opositora, para reclamar “Fuera Bolsonaro”. No participarán de ella ni Lula ni sus partidarios. Doria, el gobernador de San Pablo, asistirá a un acto del MBL (Movimiento Brasil Libre). Sea como fuere, la jornada del 7 reúne las características de una asonada golpista, de un carácter más amplio y de un alcance mayor que el ataque de la tropa de Trump al Capitolio norteamericano. En Argentina no existen todavía fuerzas de choque ni instituciones militares y paramilitares. Pero la llamada ingobernabilidad está creciendo, con un gobierno a la deriva y una situación económica y social explosiva. 

 Emiliano Monge 

 06/09/2021

Brasil, 7 de septiembre: contra el autoritarismo y por las conquistas obreras, a las calles

No al electoralismo antiobrero.

 El 7 de septiembre próximo –aniversario de la independencia de Brasil- se dibuja como una jornada con posibilidades de choques en las calles. 

 El presidente Jair Bolsonaro convocó a manifestar en su apoyo contra el Supremo Tribunal Federal (STF), por enjuiciar este a alguno de sus partidarios, que se mostraron públicamente con armas planteando echar a los jueces (e incluso al embajador de China). Es la respuesta bolsonarista a la no aprobación del parlamento a tratar su propuesta de modificar el sistema electoral, eliminando el voto electrónico (vigente hace 25 años) y reemplazándolo por el voto en boletas de papel. Ya en esa oportunidad, mientras el parlamento discutía si tratar el proyecto de Bolsonaro, este organizó una demostración de fuerza, haciendo desfilar frente al Congreso una división de tanques blindados. 

 El llamado de Bolsonaro fue la voz de orden para que toda la ultraderecha fascistoide y militar saliera a amenazar que si no se revertía este rechazo parlamentario se podría llegar a avanzar hasta un autogolpe militar. Si bien falta más de un año para las elecciones presidenciales, Bolsonaro se ufana por llegar a ser un Trump.

 Mandos policiales y militares plantearon que concurrirían a las concentraciones bolsonaristas. El coronel Lacerda, a cargo de 7 batallones de la policía militar de San Pablo, anunció que iba a movilizar los mismos en dicha jornada. Por eso, el gobernador centroderechista del Estado de San Pablo lo destituyó. Lacerda redoblo la apuesta, anunciando que de todas maneras organizaría esa movilización derechista. 

 Bolsonaro ha venido retrocediendo en las encuestas sobre la voluntad de voto de la población. Esto potenció sus actuaciones de histerismo político. 

 Contra esta movida derechista, la Coordinadora por el “Fora Bolsonaro”, que ha impulsado varias movilizaciones en los últimos meses, ha convocado a organizar contramanifestaciones el mismo 7. Los partidos de izquierda, las centrales sindicales y movimientos sociales han adherido a esta convocatoria, lo que plantea la posibilidad de choques y confrontación callejera entre la ultraderecha bolsonarista y fuerzas populares colocadas a la izquierda. 

 Esto ha llevado a una serie de pronunciamientos de sectores burgueses. La Cámara de Agroindustria, la FIESP (la poderosa cámara industrial de San Pablo) y otras han sacado o anunciado declaraciones que oscilan entre el llamado a la concordia entre los tres poderes del Estado y el de limitar el accionar provocador de Bolsonaro. Los agroexportadores consideran necesario desacelerar los choques políticos y preservar la paz social. Las declaraciones tipo Trump contra China son consideradas altamente inconvenientes dado que esta es el principal destino de las exportaciones brasileñas. La federación de bancos está dividida, resistiéndose los directorios de un par de entidades estatales a adherir a pronunciamientos críticos al bolsonarismo. 

 Delfim Netto, ex ministro de Economía del golpe de 1964, alertó sobre los exabruptos aventureros de Bolsonaro, planteando que no se podía descartar, incluso, que este abandonara en el futuro, al liberal privatizador y actual ministro de Economía, Paulo Guedes. Manifestó su preocupación por el clima de choques políticos que está promoviendo en Brasil. Y se definió por el apoyo a la eventual candidatura del expresidente, centroizquierdista y dirigente del PT, Lula, al que calificó como un hombre moderado capaz de pilotear la difícil situación político-social del Brasil. 

 También el expresidente Fernando Henrique Cardoso, viejo enemigo de Lula, se pronunció por una tercera alternativa entre Bolsonaro y Lula pero aclarando, que en caso de no madurar esta, llamaría a votar por el candidato del PT. Sectores crecientes de la burguesía y el imperialismo ven con aprehensión el aventurerismo militar de Bolsonaro. No olvidemos que hace unos meses todo el alto mando militar fue relevado por el presidente fascistoide. En la burguesía hay preocupación de que este accionar, en el marco de una crisis en marcha, termine de dividir a las fuerzas armadas. Este gobierno no es una dictadura directa, pero sí un gobierno lleno de militares (hay más de 7.000 ocupando ministerios, secretarías y diversas funciones estatales). 

 Contenido electoralista de la oposición burguesa-burocrática 

Los partidos centroizquierdistas y las burocracias sindicales le han dado otro contenido a la consigna de “Fora Bolsonaro”. Han colocado como centro el de la “defensa de la democracia y la Constitución”. Están en contra de la caída de Bolsonaro por la acción de las masas. Colocan la consigna del “Fora Bolsonaro” en el terreno del voto en las elecciones de octubre del 2022 o en el de un eventual impeachment (juicio político) en el Parlamento. Un Congreso en el que no han progresado más de 50 pedidos de juicio político y donde el presidente fascistoide obtiene una cómoda mayoría a través de una alianza con el “centrao”, bloque de diversos partidos centroderechistas. 

 Un manifiesto firmado por 10 centrales sindicales, encabezadas por la CUT, llamó a la unión de todos los poderes, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, trabajadores y a la sociedad civil para contener al presidente Jair Bolsonaro y salvar a Brasil. Las centrales sindicales denuncian a Bolsonaro por “generar personalmente enfrentamientos diarios, creando un clima de inestabilidad y una imagen de descrédito de Brasil” e “Insta a que los poderes Legislativo y Judicial en todos sus niveles, los gobernadores y alcaldes se pongan al frente de las decisiones importantes en nombre del Estado Democrático de Derecho”. 

 Sin embargo, el conjunto de la burguesía sigue sosteniendo la continuidad del gobierno Bolsonaro. Porque este ha llevado adelante importantes “transformaciones” sociales contra el pueblo trabajador. En las últimas semanas, se viene de aprobar -por amplia mayoría- una ley denominada de “mini reforma laboral”, que termina de completar la realizada por el gobierno Michel Temer. Atacando, esta vez con todo, los derechos de los jóvenes trabajadores, condenándolos a un sistema permanente de pérdida de derechos, superexplotación y precarización laboral. También está la reforma de las condiciones laborales de los trabajadores estatales, que elimina el examen para acceder a un puesto de trabajo en la administración estatal, lo que habilita la selección discriminatoria por parte de la autoridad política. También anula el derecho a la estabilidad laboral del trabajador público. Estas y otras leyes antiobreras y antipopulares (se está por votar la privatización de los Correos, se sigue expropiando las tierras de las comunidades indígenas a favor del agropoder, etc.) son no solo avaladas, sino votadas con los partidos y las burguesías que “defienden la democracia y la constitución”. 

 Aquí no hay grieta, sino unidad de la clase patronal para que la crisis sea descargada sobre las masas trabajadoras.

 El auge de las exportaciones brasileras (mejores valores de las materias primas: soja, mineral de hierro, etc.) no se derrama en lo más mínimo para mejorar las condiciones de vida de trabajadores y desocupados. Por el contrario, el gobierno chantajea para imponer sus ataques entreguistas: si no se aprueba la privatización del Correo no habrá continuidad en los escasos subsidios para los sin trabajo, dice. 

 La consigna “Fora Bolsonaro” está vaciada de contenido para los partidos de centroizquierda y las burocracias sindicales. Es solamente una pose verborrágica para obtener el voto a fines del 2022, mientras las masas siguen sumergidas en la miseria. Es utilizada para frenar la organización de la lucha y la resistencia obrera y de masas al gobierno. La CUT y las centrales sindicales (lamentablemente también la izquierdista Conlutas ha avalado la declaración) se subordinan así a la política de contención de la centroizquierda que usa las provocaciones de la derecha bolsonarista no para profundizar la movilización antigubernamental para derrocar al gobierno fascistoide, sino para frenar las más elementales luchas. Ya hay dirigentes del PT que han salido a limitar el alcance de las marchas antibolsonaristas del 7 de septiembre, llamando a no caer en “provocaciones”. El propio Lula ha anunciado que no participará de estas movilizaciones porque para él, el eje sigue siendo el electoral. 

 Se trata de un electoralismo claramente antiobrero. 

 Las burocracias de las centrales obreras han vaciado los sindicatos. El objetivo histórico de estos es defender el valor de la fuerza de trabajo. Han renunciado a este papel. Un ataque como el de la mini reforma laboral no puede ser impuesto sin que se lo enfrente con una huelga general. Lo mismo vale para la agresión contra los trabajadores estatales y todas las ofensivas derechistas y antipopulares en marcha. Las comunidades indígenas están movilizadas hace una semana, ocupando la “Plaza de los tres Poderes” en Brasilia y con cortes en varias rutas, contra los proyectos de expulsión de sus tierras por el gobierno y las patronales. Más allá de las declaraciones de circunstancias: ¿dónde está la acción movilizadora del movimiento obrero? Trabada por la parálisis y entrega de las burocracias sindicales subordinadas al PT y a los partidos de la oposición burguesa.

 Es fundamental enfrentar y derrotar los ataques bolsonaristas al pueblo trabajador. Es necesario, no marchas a cuentagotas, aisladas unas de otras para impedir una movilización general de las masas, sino un plan de lucha que marche hacia la huelga general. Por la anulación de las reformas laborales y previsionales antiobreras. Contra las entregas privatizadoras. Contra la represión y el autoritarismo bolsonarista. “Fora Bolsonaro”. 

 Para ello hay que comenzar reagrupando a los sectores combativos del movimiento obrero. El 7 de septiembre, por supuesto, hay que salir a las calles a enfrentar las movilizaciones fascistoides de Bolsonaro. En torno a esta iniciativa inmediata, se debe avanzar en la coordinación de trabajadores y explotados; convocar a asambleas, plenarios y preparar las condiciones para un congreso de bases del movimiento obrero y de las masas explotadas. Un paso en ese sentido sería la denuncia política, por parte de Conlutas y la Intersindical -organizaciones que se reclaman combativas y antiburocráticas- de la orientación frentepopulista que caracteriza a la CUT, el PT y el PC do B. 

 Un reagrupamiento en un polo de alternativa obrera y socialista entre los sectores combativos del movimiento obrero y de la izquierda sería un puntal de apoyo para ello. 

 Rafael Santos

Palabras de Atilio Boron por el 95 Aniversario de Fidel Castro en acto del PC, Uruguay

Falleció el famoso compositor comunista griego Mikis Theodorakis

El reconocido compositor comunista griego Mikis Theodorakis, uno de los compositores más importantes y destacados del mundo, falleció esta mañana (jueves) a la edad de 96 años. Theodorakis se hizo mundialmente famoso principalmente por la música que compuso para las películas griegas Zorba (1964) y Serpico (1973). 

 La ministra de Cultura griega, Lina Mandoni, lo elogió: «Hoy hemos perdido parte del alma de Grecia. Nuestro Mikis, el maestro, el intelectual radical, ha fallecido». El Partido Comunista Griego, del que era miembro el difunto compositor, también emitió una declaración de condolencia por sus muchos años de actividad y participación en el dolor de toda la familia y el pueblo griego. Cabe señalar que en octubre del año pasado, sintiendo que sus días estaban contados, el compositor envió una carta a la dirección comunista en la que escribió: «Quiero morir como comunista». 

 Michael «Mickey» Theodorakis nació en la isla griega de Chios en 1925. Pasó su infancia en varias ciudades del país. Se sintió atraído por la música desde muy joven. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en el movimiento rebelde contra las fuerzas de ocupación de la Italia fascista y la Alemania nazi y ayudó a los niños hambrientos de pan y a los refugiados judíos. Debido a esta actividad fue capturado, arrestado y torturado. Durante la Guerra Civil griega, debido a su apoyo a los comunistas, fue exiliado a las islas de Ikaria y Macronisos, donde fue golpeado casi hasta la muerte y enterrado vivo dos veces. 

 Además de «Zorba el griego«, entre las obras famosas de Theodorakis también se encuentran el thriller político «Z», la cadena de canciones «Arkady» (que dedicó a «Todas las personas que creen en la justicia, la vida, la democracia y la libertad») y «Balada en Mauthausen», ciclos de canciones sobre La tragedia de los judíos en la época de los nazis. 

 En la década de 1960, Theodorakis volvió a sus raíces en la música griega y en su ciclo de canciones «Epitaphius» contribuyó a una revolución cultural en su país. Cuando basó lo más importante e influyente de sus obras en lo mejor de la poesía griega y mundial – «Epifanía», «Pequeñas Cícladas», «Axion Asti», «Romiosini» y «Romensero Gitan» – trató de restaurar la música griega el respeto que había perdido, como decía. Debido a su música, pronto ganó reconocimiento internacional y aclamación como el más grande compositor griego vivo. 

 En las elecciones de 1964 fue elegido para el parlamento griego en nombre de la izquierda. Debido a sus opiniones políticas comunistas, el establishment cultural lo puso en la lista negra; En el apogeo de su fama artística, muchas de sus canciones fueron censuradas antes de grabarse y prohibidas su transmisión en estaciones de radio. En 1963 escribió el tema musical de la película de Michael Kakuianis, «The Greek Zorba», que desde entonces se ha convertido en la marca registrada de Grecia en el arte mundial. En 1978 fue candidato del Partido Comunista a la alcaldía de Atenas y de 1985 a 1981 sirvió en el parlamento como miembro de la facción comunista. En un acto público para conmemorar el 90 aniversario de su nacimiento, Theodorakis declaró que «mis años más hermosos han pasado bajo la bandera roja del Partido Comunista». 

Rebelión

 03/09/2021

Los intereses en juego detrás de la ampliación de la plataforma continental chilena

A través de dos decretos emitidos en el mes de agosto, el gobierno de Sebastián Piñera amplió la plataforma continental chilena. La medida ha sido cuestionada por el gobierno argentino, que señala que viola el tratado de amistad de 1984 y se apropia -entre otros territorios marinos- de unos 5 mil kilómetros cuadrados de la plataforma argentina. El Ejecutivo chileno defiende su decisión y contraargumenta que fue Argentina la primera en actualizar su plataforma (en 2009, el Estado argentino realizó una presentación a la comisión de límites de la ONU, que la convalidó con un fallo en 2016).

 Piñera toma su decisión en un contexto muy particular. Se encuentra devaluado políticamente y es un presidente saliente (en noviembre hay elecciones presidenciales); si bien ha podido llegar al final de su mandato, la rebelión popular que estalló en 2019, más la crisis económica y el desastre sanitario, hundieron su popularidad. Este descrédito se expresó en los fuertes reveses electorales que la derecha sufrió en las elecciones de gobernadores y de constituyentes.

 Así las cosas, Piñera busca reposicionarse él mismo y a la derecha, apelando a una demagogia nacionalista. Es también una forma de tratar de sacar de foco los graves problemas que padecen las masas chilenas (privatización de la salud y la educación, aumento de la pobreza, represión, etc.). 

 Pero no se trata solo de eso. La zona en disputa es codiciada por sus recursos pesqueros, sus potencialidades en materia de explotación hidrocarburífera, y su cercanía con la Antártida. Esto explica que el mandatario chileno haya recibido el apoyo del excanciller José Miguel Insulza, actual senador por el Partido Socialista (PS). “Bajo el mar hay extensiones de territorios que contienen recursos naturales y los países no pueden dejar de reconocer como territorio propio”, sostuvo en un reportaje con la CNN (29/8). Más aún: el exfuncionario afirmó haber sido consultado durante la confección del decreto. 

 Tanto la derecha como la exConcertación, que tenía en el PS a uno de sus pilares, se alternaron en el poder durante los últimos treinta años, entregando las riquezas mineras del país. Los recursos que tienen ahora en la mira no son pensados como una herramienta para el desarrollo nacional, sino como la posibilidad de nuevos negociados.

 La postura argentina 

Según un artículo de El Cronista (31/8), el avance chileno “podría entorpecer potenciales negocios petroleros para la Argentina y una infinidad de negocios bajo tierra que hasta ahora se desconocen”. Este es el nudo del conflicto entre los dos Estados. La Secretaría de Energía habilitó trabajos de exploración en la plataforma ampliada tras el fallo favorable de la ONU, mencionado al comienzo de esta nota. 

 Un documento de la Cancillería señala que “la extensión de la plataforma continental tiene importantes implicancias económicas, ya que la Argentina tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre los recursos de su plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias. El límite otorga seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de gas y petróleo, u otros minerales, así como para la recolección de especies tales como las vieiras, permisos que ya se han comenzado a otorgar. La riqueza actual y potencial de recursos invita a futuras inversiones y auspicia un impulso al crecimiento económico del país” (boletín “La Argentina asegura sus derechos sobre los recursos del mar”, en el sitio de Cancillería, sin fecha). 

 El gobierno argentino, cuya orientación se concentra en lograr un acuerdo con el FMI, no puede llevar a cabo una política de independencia nacional. Lo que se presenta como un progreso de la soberanía, en las manos de los partidos que han gobernado las últimas décadas y han hundido al país, puede terminar convirtiéndose en una nueva entrega de recursos al imperialismo, con el Estado y la burguesía nacional actuando como socios menores. 

 Los intereses en juego en la zona son grandes. El Reino Unido acaba de iniciar la construcción de un puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas (en Puerto Argentino), que podría brindar servicios logísticos a empresas europeas con intereses en la Antártida, o bien a compañías pesqueras e hidrocarburíferas (La Nación, 17/8). A la par, el gobierno norteamericano vetó el desarrollo de un polo logístico antártico en Tierra del Fuego, dado que iba a ser desarrollado con inversiones chinas. Como alternativa, el gobierno de Gustavo Melella busca financistas locales (Clarín, 5/7). Tras los decretos de Piñera, los gobiernos de Chile y Argentina iniciarían un proceso de negociaciones.

 Los trabajadores de ambos lados de la Cordillera deben tener en claro los intereses en juego para no dejarse arrastrar por falsos planteos nacionalistas.

 Gustavo Montenegro

Uruguay Natural, del monocultivo a la contaminación industrial

Si de políticas de Estado tenemos que hablar, la forestación de eucaliptus y las plantas de celulosa han sido fruto de sendas leyes y administraciones de gobierno, que desde la década del 80 han transitado, sin moverse un milímetro del camino trazado, de Uruguay como país exportador de materias primas.

 Uruguay Natural era el slogan que utilizaba el centroizquierdista Frente Amplio para promocionar el país tanto al exterior como a la interna, para fomentar el turismo y rescatar sus virtudes. Pero, ¿hasta qué punto es tan natural Uruguay con los megaproyectos de las plantas de celulosa que comprometen la tierra y el agua por generaciones? ¿Hasta dónde el slogan tapó la realidad de cientos de miles de hectáreas exprimiendo la zona del Acuífero Guaraní?

 Derechas y progresistas han sido indistinguibles en este aspecto y ya se está construyendo la tercera planta de celulosa en tierras orientales. Las protestas de organizaciones ambientalistas y vecinos afectados por estas siguen dando batalla. 

 Las papeleras del mundo 

 Uruguay fue visualizado –entre otros países del Tercer Mundo– como un productor potencialmente interesante de madera pulpable, y los gobiernos nacionales a partir de 1988 hasta la fecha sin distinción de signo político, siguieron al pie de la letra las recomendaciones de los organismos internacionales.

 Para los sucesivos ministros de Economía en particular para el centroizquierdista Danilo Astori los mil millones que invertía la trasnacional finesa Botnia en su momento significaba un crecimiento del 1.6 por ciento del PBI, pero sobre todo, (cito)“serán una buena señal para los inversores internacionales, a los cuales el gobierno aspira atraer para resolver la crisis económica del país”( Semanario Brecha “Visiones del Desarrollo” de Sergio Israel) 

 La realidad es que menos de la mitad del capital salió de Finlandia, ya que la mayor parte corresponde a la parte que se invirtió en maquinaria. 

 Un antiguo y nunca desmentido ranking elaborado por Naciones Unidas ubica la obtención de pasta de celulosa entre las cinco actividades industriales más contaminantes. Es decir, aquellas que liberan subproductos de alta persistencia en el ambiente (los organoclorados, principalmente) y potencialmente cancerígenos. 

 Tanto ENCE (de origen español) como Botnia (de origen finlandés) tienen –de forma directa o por la tecnología que utilizan– precarios antecedentes en esta materia. Hace algunos años el alcalde de Pontevedra habría recomendado a su par de la ciudad argebtina de Gualeguaychú que hiciera lo imposible por impedir la planta de ENCE en Fray Bentos, Río Negro. Y se presumía que sabía de lo que hablaba. 

 A Botnia –o a su tecnología– le atribuyen tanto la supuesta limpieza de la producción de celulosa en los alrededores de Helsinki como dos episodios tan confusos como lesivos para el ambiente. Uno, el de una planta instalada en Valdivia, Chile, donde organismos oficiales de Estados Unidos reclamaron el cese de su funcionamiento por haber destruido el santuario natural de río Cruces, donde de 6.000 cisnes apenas quedaron 300 agobiados por la contaminación liberada aguas arriba. 

 La otra es la planta de Espíritu Santo, en Brasil, donde comparten la crítica por la contaminación fabril con las acusaciones de haber favorecido la pérdida de bosques nativos a favor de megaplantaciones de pinos y eucaliptos con horizonte de papel. 

 Los expertos dicen que no sólo la liberación de ingentes cantidades de sustancias nocivas es motivo de contaminación. No obstante hay quienes sostienen que se trata de un nuevo episodio de la saga que confronta al medio ambiente con el progreso y que sólo se trata de controlar que no se contamine por encima de los valores permitidos (de contaminación). 

 Cuestión ésta que es más difícil explicar, sin recurrir a los clásicos y a cierto “setentismo”, ¿por qué la Unión Europea resolvió erradicar de su territorio la tecnología de producción de pasta de celulosa que persiste y se inaugura día a día por estos arrabales? 

 La tercera es la que vence 

 Empieza a levantarse el esqueleto de lo que será la tercera planta de celulosa en Uruguay; la segunda de la empresa finlandesa con 5.000 trabajadores en la obra, de lsop cuales casi 700 son extranjeros. 

 Se prevé que el pico de contrataciones de la inversión en su totalidad sea en octubre, cuando se empleen 6.000 trabajadores y una inversión total de 3.000 millones de dólares. La empresa estima que, cuando la planta esté en pleno funcionamiento, se ocuparán unos 10.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos. Esto son 4.000 más que el pico de empleo que se dará en octubre, durante el auge de la obra. 

 Desde UPM– UPM-Kymmene Corporation, empresa finlandesa dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera- señalan que el porcentaje de personal extranjero bajó en un 50% desde la instalación de Botnia, la primera planta, inaugurada en 2007. En aquel entonces los trabajadores foráneos rondaban los 1.400. 

 El crecimiento de las plantas forestales, la plantación, la cosecha en 12 departamentos del país, demuestra el avance de la forestación a pasos agigantados y oculta su lado B: la extranjerización de la tierra y la falta de acceso para las familias rurales. El 64% de las tierras vendidas en los últimos 19 años era de uruguayos y casi la mitad pasó a manos de sociedades anónimas.

  Stora Enso con 308.000 hectáreas, es una empresa sueco-finesa que se dedica a la producción de pulpa de celulosa y papel, formada de la fusión de la compañía minera y forestal sueca Stora y la forestal finesa Enso-Gutzeit Oy. Tiene su sede en Helsinki, cuenta con aproximadamente 46.000 empleados y el Estado finlandés es su principal accionista. Tiene vínculos con Montes del Plata y UPM.

 Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso 

 UPM es socio suscriptor del think tank CERES del que fue director el ex canciller Ernesto Talvi. Los Otegui, una de las familias dueñas del Uruguay, poseen el 10% de la empresa UPM . Javier Otegui se dedica al sector forestal e Ignacio Otegui fue 23 años (el que más estuvo en el puesto) presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción. 

 Miguel Otegui fue diputado por el Partido Nacional y la familia aportó para la campaña de este partido con un millón de pesos como apunta Juan Geymonat en su artículo “Hay margen” en el semanario Brecha. El presidente de la República al ser consultado si iba a gravar a las grandes empresas como UPM, lo negó rotundamente. El favor está devuelto y el negocio queda en familia. 

 El pasado 20 de agosto, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, recibió a los principales ejecutivos de UPM. Participaron del encuentro el presidente y CEO de UPM, Jussi Pesonen, el vicepresidente ejecutivo, Bernd Eikens, y el vicepresidente senior del Proyecto de Desarrollo de UPM en Uruguay, Petri Hakanen.

 Ambientalistas y vecinos afectados por la instalación del tren de la empresa finlandesa UPM, presentaron el mes de agosto una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 “Se basa en irregularidades cometidas por el Estado uruguayo y UPM para instalar la planta de celulosa eludiendo las garantías del debido proceso, alterando los procedimientos de autorización ambiental, desconociendo la Constitución y las leyes protectoras de derechos humanos y medio ambiente y los tratados internacionales respectivos que es signatario Uruguay”, versa el comunicado del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), una de las organizaciones que impulsó la denuncia. 

En un mundo que fluye en la inseguridad general, encerrado entre las dinámicas despiadadas del capitalismo y el riesgo de nuevas derivas autoritarias, el hombre lucha para exorcizar miedos y dudas. En esta nueva fase del capitalismo no crece la interdependencia, sino que se agudiza y profundiza la dependencia de los países subdesarrollados.

 En la era del neoliberalismo, los Estados caen bajo el control de élites superprivilegiadas, asociadas al capital financiero internacional, cuyos intereses se distancian cada vez más de los del conjunto de la nación. 

 Estas tesis plantean que no hay otra opción: lo único posible es funcionar dentro del sistema, para intentar mejorarlo; pero lo que objetivamente ocurre es que son asimiladas, aplican las políticas neoliberales y entran en contradicción con su pasado, sus programas y sus bases. Ese camino conduce a administrar o coadministrar la crisis del capital en beneficio de los capitalistas y a cargar con los costos que a ellos les corresponden. 

 El capitalismo, en su fase neoliberal, demostró ser un sistema basado en el incremento sin límites de la desigualdad y la marginación, que beneficia exclusivamente a las trasnacionales y las élites locales a ellas asociadas. Hemos dejado de ser “nacional” para constituirse como una clase transnacional, y “la izquierda” fue olvidando la idea de clase y, en su versión socialdemócrata, se ha dedicado a gestionar el capitalismo. 

 Habrá que preguntarse, en el mar de la globalización, cuánta ecología le toca a la parte más desigual del mundo.

 Nicolás Centurión, Eduardo Camín | 04/09/2021

 * Centurión es Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Camín es un periodista uruguayo, acreditado en la ONU. en Ginebra. Ambos, analistas asociados al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fidel, la cultura y los tiempos difíciles

El abismo en los ritmos de vacunación entre los países

Es necesario otro abordaje. 

 La Unión Europea anunció que el 70% de su población adulta ya ha completado su vacunación contra el Covid-19. En el viejo continente se encuentran habilitados cuatro inmunizantes: los de Pfizer-Biontech, Astra-Zeneca, Moderna y Johnson&Johnson (en este último caso, solo se aplica una dosis).

 Los números alcanzados por la UE son insuficientes aún para arribar a la inmunidad de rebaño, para la que se estima que se requiere una tasa de entre el 90 y el 95%. Pero antes que cualquier otra cosa, lo que sobresale en las estadísticas es la gran desigualdad en los ritmos de vacunación entre los diferentes países, fundamentalmente entre el este y el oeste del continente. 

A modo de ejemplo, según el sitio Our World Data, Portugal vacunó completamente al 75% de su población; España, casi al 72%; Irlanda, casi al 70%; Francia, Italia, Reino Unido y Alemania están cerca del 60%. En cambio, Albania está en el 28,5%; Rumania en el 27,5%; Bosnia-Herzegovina, en el 17,4%; Ucrania, en el 12,5%. 

 En América también se registran fuertes contrastes. Canadá lidera el ranking con el 73,5% de su población completamente vacunada. Pero hay países centroamericanos que apenas han comenzado: Honduras 27,5%; Guatemala, 18,4%; Jamaica, 13,8%; Nicaragua, 6,6%; Haití, 0,2%. 

 El mayor atraso se verifica en Africa, donde apenas el 2,47% tiene la pauta completa, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (La Nación, 1/9). Con la excepción de Marruecos y Túnez, los números de todos los países de este continente son extremadamente bajos: Argelia, 7,7%; Egipto, 5,9%; Sudán, 1,4%; Nigeria, 1,4%. 

 En Asia y Oceanía, son muchos los países cuyos niveles de inmunización están por los suelos. Siria y Afganistán, agobiados por la guerra, están en el 2%. Papúa Nueva Guinea, en el 1%. Pero aun saliendo de estos casos extremos, en países como Irán y Pakistán apenas se supera el 20%. 

 Estas disparidades crean el caldo de cultivo para la prolongación de la enfermedad en el tiempo y la aparición de nuevas cepas, que en algunos casos son más contagiosas. 

En abril, por ejemplo, se detectó la C.1.2 en Sudáfrica, que ya se diseminó por cuatro continentes. Uno de los países a los que arribó es el Reino Unido, que está entre los más avanzados en la vacunación, es decir que el problema vuelve como un búmeran para las potencias que acapararon las vacunas. Por su propia definición, una pandemia requiere una salida global. En vez de eso, asistimos a un sálvese quien pueda entre los Estados, que contribuye a prolongar la enfermedad. 

 A esto se suma otra cuestión: aquellos países que están más avanzados, tropiezan con dificultades ante franjas de la población que resisten la inmunización. Esto en gran medida se debe a la propaganda de grupos antivacunas y a la conducta de muchos gobiernos y medios de comunicación, que desmerecieron la gravedad de la enfermedad o alentaron tratamientos alternativos, sin comprobación científica. 

 La pandemia, en tanto, sigue golpeando con fuerza en muchos países. México registró en agosto la cantidad más alta de infecciones en lo que va de la enfermedad. Irán registró a mediados de agosto el pico más alto de muertes. La lógica capitalista, que antepone el lucro a la salud de la población, conduce a una dilatación de la enfermedad, con su secuela de muertes e infecciones.

 Es necesario un planteo de los trabajadores, que parta de la abolición de patentes y la estatización de la industria farmacéutica, bajo control de sus trabajadores; la centralización del sistema de salud y la aplicación de las medidas de aislamiento social que resulten necesarias. 

 Gustavo Montenegro

Un año de impunidad del Estado paraguayo: ¡justicia para las niñas Villalba!

Convocatorias frente a la embajada en Buenos Aires y los consulados. 

 Este jueves 2 se cumple un año del crimen de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en la localidad de Yby Yaú, departamento de Concepción de la República del Paraguay, cuando fueron abatidas 2 niñas de 11 años. El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, posó uniformado en todos los medios, anunciando el “operativo exitoso” y se jactó de haber participado en el mismo. 

 Ante el aniversario, el próximo lunes se realizará una actividad frente a la Embajada paraguaya en Buenos Aires. En el caso de Posadas, la concentración es el mismo jueves 2 en la Plaza 9 de Julio de Posadas a partir de las 17 hs para realizar luego un breve acto frente al consulado.

 El caso 

Laura Villalba (37) había cruzado a Paraguay en diciembre con María Carmen Villalba (11), Lilian Mariana (11) y sus primas Tania Tamara, Carmen Elizabeth («Lichita», de 14) y Anahí. Las niñas anhelaban conocer a sus papás, integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Todas ellas residían en la localidad misionera de Puerto Rico, en Argentina, y llevaban una vida normal a la vista de los vecinos. Las niñas iban a la escuela 228; «Lichita» a la EPET 10; Laura estudiaba enfermería y hasta trabajaba precarizada en un reconocido hospital de la localidad. Ellas quedaron varadas en Concepción, Paraguay, debido a la pandemia y el cierre de fronteras. 

 El Estado paraguayo no sólo cometió un crimen al abrir fuego contra las niñas argentinas, sino que mintió por los medios nacionales, destruyó evidencia, no permitió que la familia forme parte de la autopsia ni de los procesos de investigación, y no ha avanzado un solo paso en la investigación de lo ocurrido, para determinar quiénes fueron los involucrados y en qué circunstancias fueron abatidas las niñas. Sí ha avanzado en criminalizar y denunciar a la familia Villalba, acusando a estas mujeres de “reclutar” niños para el EPP, o de sostener una “guardería de guerrilleros”, y las ha denunciado ante organismos internacionales. 

 Desde ese momento el Estado paraguayo garantiza su propia impunidad y la de todos los responsables e implicados en el caso. No accedió al pedido de Argentina de que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice una autopsia de los cuerpos para determinar de qué manera murieron las niñas. Además, ha puesto en duda más de una vez los datos de la filiación y del registro argentino. Esto, además de perseguir a todes les activistas que osaran denunciar semejante crimen en Paraguay, contando con los medios para criminalizar a quienes se manifestaron aquellos días en Asunción. 

 El 25 de diciembre conocíamos la noticia de que Laura Villalba era detenida en un retén de la Policía Nacional en Amambay, norte del Paraguay. Ella se encontraba buscando a “Lichita”, de quien no tenía noticias desde el 30 de noviembre y al día de hoy continúa desaparecida. Ambas fueron testigo de aquel 2 de septiembre, y permanecían escondidas huyendo de la FTC desde aquel día. Consiguieron volver dos de las niñas que hicieron el viaje, Tamara y Anahí, quienes pudieron salir con la ayuda de los pobladores. Esas niñas han dado su versión de los hechos de ese día: afirman que a las niñas se las habrían llevado vivas de un campamento que no era del EPP, y que luego fueron torturadas y ejecutadas. 

 A Laura la detuvieron sin una orden de captura, y por 8 meses la mantuvieron aislada y presa de manera totalmente irregular, en un cuartel militar. Recién hace unas semanas la trasladaron a un penal de Encarnación. Entre los cargos que se le imputan están la falta del deber de cuidado y ser «terrorista» integrante del EPP, a pesar que ella vivía en Misiones hasta el 2019. De esta manera, el Estado paraguayo convierte a las víctimas en victimarios, mientras encubre su responsabilidad en los hechos. 

 Y las desgracias no terminan acá: la familia Villalba que quedó en Misiones, tuvo que volver a exiliarse, a un lugar donde ya no pueden sostener su modo de vida rural. Son víctimas de la persecución de todo un Estado, y víctimas de la omisión de ayuda del gobierno provincial de la Renovación. 

 La represión de la FTC 

 Los pobladores del norte paraguayo conocen bien de la violencia de la FTC, que fue establecida en el 2013 por el presidente Horacio Cartes, con el pretexto de combatir al grupo armado EPP, por un decreto que también suspende ciertas libertades individuales en el norte de Paraguay. Está integrada por mandos militares, policiales y antidrogas. En estos años, además de los millones de dólares asignados de manera oficial y que en su mayoría no precisan rendirse, también acumularon denuncias de abuso institucional que van desde amenazas de ejecución hasta la violencia física, según el informe “Nos trajeron miedo”, del Serpaj. 

 Sabemos que esta investigación no avanzará un paso si no es por la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, que una vez más son testigos de uno de los crímenes más cruentos y perversos, el infanticidio. 

Este jueves 2 de septiembre se realizarán actividades frente a la Embajada paraguaya en Buenos Aires, y frente a los consulados del Paraguay en distintas ciudades de Argentina. #ERan niñas #Aparición con vida de Lichiita. #Libertad para Laura. #Estado paraguayo infanticida. 

 Florencia Aguirre

Frente Amplio: ¿Es la oposición que necesitamos?

En medio de una grave crisis social y económica las recientes declaraciones de referentes del Frente Amplio muestran el intento de “tender puentes con el gobierno” y buscar el dialogo. Se trata de una estrategia opuesta a la que precisan los trabajadores para enfrentar el ajuste; esta no es la oposición que necesitamos. 

 El país atraviesa una importante crisis social, con un fuerte aumento de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida. Esta situación es resultado de la emergencia sanitaria del Covid, pero también de la política que se dio el gobierno de Lacalle Pou para enfrentarla y de los propios avances del proyecto de ajuste que vino a implementar la derecha. 

 No podemos olvidar que Uruguay es el país de América Latina que menos gasto social efectuó en el marco de la pandemia y que por ejemplo la serie de aumentos de los combustibles, con su impacto en el precio de otros productos, es consecuencia directa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que votó el gobierno. 

 En este contexto político vale detenerse a analizar las declaraciones de importantes referentes del Frente Amplio para ver como se posiciona esta fuerza política frente al avance de la derecha. 

 Tendiendo puentes 

 Tanto el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, como el coordinador transitorio del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich han planteado en estas últimas semanas la necesidad de diálogos y acuerdos con el gobierno. Se trata de referentes actuales del Frente Amplio; en tanto Orsi se perfila como uno de los principales candidatos para las próximas elecciones nacionales y Ehrlich es el portavoz y vocero del FA luego que Javier Miranda dejara la presidencia del partido. 

 Ehrlich fue recibido hace dos semanas por Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, y a la salida de un encuentro al que calificó como “muy cordial” señaló que "El tema central fue evitar las grietas, evitar crispar el ambiente”. “Se inicia una etapa de diálogos” agregó Ehrlich. 

 En el mismo sentido, unos días antes, se había expresado el intendente de Canelones Yamandú Orsi. En el contexto de la negativa del gobierno a otorgar el fideicomiso para obras en el departamento, Orsi manifestó que “Cada vez más convencido de que este país se construye con puentes…en mi cabeza y en mi vocación republicana no está eso de la triquiñuela tratando de complicar, no, porque soy de los que piensan que cuanto mejor, mejor” 

 Semanas atrás en una entrevista con el semanario Búsqueda el ex presidente del Frente Amplio Javier Miranda había expresado que el “gobierno nos debe una” porque el Frente Amplio había canalizado el descontento popular de manera “civilizada” y evitaba que en Uruguay pasara lo que en Chile o Colombia 

 El rol del Frente Amplio frente al ajuste del gobierno 

 Aunque es evidente que el que lleva adelante el ajuste antipopular es la coalición multicolor encabezada por Lacalle Pou, la oposición del Frente Amplio no juega un rol eficaz para enfrentar esa ofensiva, por el contrario sus posiciones terminan siendo funcionales al proyecto del gobierno. Las palabras de los referentes frenteamplistas, con sus apuestas al diálogo y los acuerdos se inscriben en esta lógica. 

 Evitar la grieta como dice Ehrlich apunta a consolidar el régimen político de conjunto y marca los límites del Frente Amplio. El propio Miranda lo ha dicho cuando se alegra que los conflictos sociales no se expresen como en Chile o Colombia, es decir con la irrupción de las masas en las calles enfrentando las políticas de los gobiernos de turno. A esto apuesta el FA, y en eso no se diferencia de los partidos tradicionales. Gobierno y oposición buscan el consenso “por arriba” asegurando la paz social y turnándose para administrar el capitalismo con las reglas de juego que se impusieron a partir de la dictadura y luego del periodo neoliberal de los 90. 

 Por algo el Frente Amplio fue incapaz de desandar las reformas que se implementaron en esos años y que incluyen privatizaciones y precarización laboral e incluso mantuvo figuras militares relacionadas con la dictadura en distintos cargos (el ejemplo de Daniel Castellá, vinculado al asesinato con torturas de Vladimir Roslik y ascendido durante los gobiernos del FA es uno de los últimos casos). Sus aspiraciones, con un electoralismo febril que solo piensa en 2024, no va más allá de ser la opción del mal menor frente a la derecha tradicional. 

 La reforma jubilatoria que se está preparando, de contenido regresivo, contra los trabajadores y en función de aumentar el lucro de sectores capitalistas, une a la derecha y al Frente Amplio, como lo atestiguan diferentes declaraciones de varios de sus voceros. 

 La lucha contra la ley de Urgente Consideración (LUC) ha quedado acotada a 135 artículos y en el marco limitado de las vías institucionales. El referéndum no es una herramienta que puede ser usada para alentar y amplificar la movilización contra el proyecto del gobierno sino que es un fin en si mismo. Más allá de su resultado el FA quiere reafirmar que es un socio confiable en administrar el régimen capitalista y que toda resistencia queda acotada al parlamento y los caminos institucionales. Dicho sea de paso no está mal recordar que los aumentos de los combustibles de estos meses son posibles por la LUC y estos artículos fueron votados por el propio Frente Amplio. 

 Al mismo tiempo que los dirigentes de la coalición de izquierdas se esfuerzan por tender puentes con el gobierno, las propias bases (las mismas que se pusieron al hombro la juntada de firmas) buscan un camino más confrontativo. 

 El pasado fin de semana sesionó el Plenario del Frente Amplio y parte de su diagnóstico del programa de gobierno fue señalar que: "También enfrentamos un nuevo capítulo del recorte de nuestras libertades, del presupuesto para la atención de emergencias en salud, educación, vivienda y atención social" en medio de una "nueva ola de privatizaciones y desmantelamiento de las empresas públicas, la destrucción del aparato productivo y la hipoteca de nuestras posibilidades de desarrollo futuro como país". 

 Ante tamaño ajuste, que el propio FA percibe, es evidente que el dialogo y tener buena relación con el gobierno no lleva a nada. En este mismo plenario se señala que se sufre el peor deterioro en las condiciones de vida en mucho tiempo, porque aumentó 40% la pobreza y se incrementó la pobreza extrema. 

 El diagnóstico es contradictorio con la estrategia que promueven los dirigentes, los mismos que hace un año hablaban de unidad nacional o que quieren hacerle homenajes a Alejandro Atchugarry. 

 Este ministro de Jorge Batlle en el 2003 fue el que ideó el plan para salir de la crisis del 2002 y que llevó a una miseria y pobreza nunca vista a importantes sectores de la población. La propuesta de Orsi de que un paseo costero de Canelones lleve el nombre del exministro es otro símbolo de la integración del FA al sistema político y cuál es el rol que espera cumplir Orsi, ya sea en la oposición o en el gobierno. 

 ¿Que izquierda necesitan los trabajadores y las trabajadoras? 

 Para enfrentar y frenar los planes del gobierno (LUC, rendición de cuentas, ajustes tarifarios, recortes presupuestales, reformas de la seguridad social) hay que desarrollar una estrategia opuesta a la que promueven los dirigentes frenteamplistas o los dirigentes del PIT-CNT. 

 La central sindical ha dejado de lado la independencia política y se ha subordinado a la política del Frente Amplio. En este camino se ha perdido la democracia obrera, no son las bases quienes definen la política sino que sus dirigentes son los que resuelven de manera inconsulta. 

 Cuando el Frente Amplio definió impulsar la derogación parcial de la LUC (luego de titubeos y sectores que planteaban no juntar firmas por el referéndum) el PIT-CNT hizo suyo este planteo y presionó al conjunto de las organizaciones sociales para no tomar el camino de la derogación total; más allá de que era una ley que de conjunto y de manera integral es parte del programa de gobierno de la coalición multicolor. 

 La lucha contra la derecha no puede basarse en diálogos y “puentes”, la grieta que Ehrlich dice querer evitar es producto de una sociedad dividida en clases donde los sectores dominantes impulsan a través del gobierno un ajuste antipopular para que el costo de la crisis recaiga sobre los trabajadores y sectores populares. 

 El camino que puede enfrentar estos planes está basado en la movilización en las calles y la organización popular, discutiendo democráticamente un plan de lucha que de una salida obrera a esta crisis. 

 Hernán Yanes 

 Domingo 15 de agosto | 19:30

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