Colombia: dos semanas de paro y rebelión popular

Entre la represión y el “diálogo” y el camino de Cali 

 A la caída del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, escriba del proyecto de reforma tributaria que disparó la rebelión popular, le ha seguido ahora la caída de la ministra de relaciones Exteriores Claudia Blum. La ahora ex ministra Blum ha sentido el asedio de la opinión pública internacional, que ha condenado la represión criminal que el gobierno de Iván Duque ejecuta contra el pueblo colombiano.

 Aunque la renuncia de la ministra se hizo pública el viernes 14, había sido presentada según diversos medios varios días antes, luego de que se transformara en un escándalo internacional la emboscada perpetrada por las bandas paramilitares y las fuerzas represivas contra la guardia indígena en Cali. Aquella emboscada del domingo 9 por la tarde tuvo como saldo 14 campesinos heridos con balas de plomo.

 La represión, a poco más de dos semanas de desatada la rebelión popular, ya se ha cobrado la vida de más de 40 manifestantes, a lo que hay que sumarle los centenares de heridos y un número desconocido de desaparecidos. El viernes 14, organizaciones de derechos humanos de la localidad de Popayán denunciaron el suicidio de una joven de 17 años, luego de ser detenida en las inmediaciones de una manifestación y violada por miembros de la policía. A raíz de este hecho, se produjo un estallido de furia en Popayán, con movilizaciones a las comisarias en repudio a las fuerzas de seguridad, lo que derivó en enfrentamientos y una brutal represión que nuevamente se cobró la vida de un joven. Voceros de la oposición han salido a pedir por la cabeza del director del Esmad y de la policía nacional. La rebelión ha puesto en jaque también al proyecto de ley de reforma de la salud privatista, otros de los reclamos centrales de las masas movilizadas. La presión popular es lo que ha empujado a los parlamentarios de los partidos Conservador, “de la U” y Liberal, a retirar su apoyo al proyecto, luego de haberlo acompañado originalmente. Solo el gobierno y el partido Cambio Radical, la fuerza a la que pertenece el ministro de Salud Fernando Ruiz, sostiene el proyecto de reforma sanitaria. Pero Ruiz, además de encontrarse cuestionado por el pueblo que rechaza la reforma, ha sido regañado por el presidente de su propio partido, que le pidió la renuncia. Una eventual salida del ministro de salud, en momentos donde la crisis epidemiológica ha dejado a Colombia con la ocupación de camas UTI al 100%, significaría un nuevo salto en la crisis política que afronta el gobierno de Duque. 

 El “diálogo”

 La estrategia política adoptada por el gobierno tiene dos aristas fundamentales. Por un lado profundiza la represión, apoyándose incluso en las bandas paramilitares, con el objetivo de generar un clima de terror y disuadir la movilización popular, lo que por el momento ha fracasado. Por el otro impulsa el “diálogo”, tanto con la oposición como con el Comité Nacional de Paro, con el objetivo de mostrarse como un gobierno ‘sensible’ a las demandas populares. 

 Duque apunta especialmente a persuadir a la juventud, la gran protagonista de la rebelión, a través de concesiones parciales. El lunes pasado anunció la gratuidad de las matrículas de la educación superior durante el segundo semestre de 2021, para los estudiantes de los primeros tres años. En una reunión que mantuvo el jueves con los funcionarios de las 16 subregiones y los 170 municipios que integran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), anunció el impulso de “nuevos proyectos con mano de obra local y mano de obra joven». Naturalmente, no perdió la oportunidad de condenar, junto a los gobernadores y los alcaldes, “los bloqueos” de rutas que levanta el pueblo colombiano y «todas las formas de violencia”, equiparando la resistencia popular con la represión criminal que el propio gobierno impulsa. 

 Una parte de la oposición, la Coalición de la Esperanza, se ha sumado al “dialogo” impulsado por el gobierno. Antes, una de sus principales referentes, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, rechazó las “protestas violentas”, pidió la militarización de Bogotá e incluso habilitó que las instalaciones del Colegio Claretiano en Bosa sean utilizadas por los helicópteros de la Policía. Aunque el llamado Pacto Histórico no se ha sumado al “diálogo”, su principal referente, Gustavo Petro, ha dejado en claro en un artículo de opinión firmado por él, que su fuerza “no está con la consigna de derribar a Duque” y que “Duque debe terminar su mandato” (Cuarto de Hora 9/5). Es decir que -en contraste con el clamor de las masas colombianas, que reclaman que Duque se vaya ahora- Petro busca que el descontento se canalice a través de las elecciones presidenciales de 2022. Por su parte, el Comité Nacional de Paro (CNP) acudió a la convocatoria al diálogo de Duque con un pliego. Esto, a pesar de que la rebelión popular colombiana trasciende al CNP, que no es reconocido como un interlocutor válido y legítimo por parte de las masas en lucha. Sucede que la dirección del CNP le cerró la participación a una enorme masa de organizaciones y ha quedado prácticamente reducido a las tres centrales obreras. 

Por su subordinación política a la oposición patronal, el CNP rechaza luchar por la caída de Duque y por ende se resiste a profundizar la rebelión. Es por eso que en vez de impulsar un congreso de trabajadores, para transformar el paro en una verdadera huelga general, solo se limita a impulsar convocatorias a movilizaciones aisladas. El paro del 28 de abril solo ha continuado como consecuencia de la presión que generó el estallido de la rebelión popular. El gobierno de Duque debe negociar con una dirección que no es reconocida por las masas en lucha y a la cual ni siquiera puede garantizarle su pliego mínimo de reivindicaciones, ya que va en la dirección opuesta a su plan de austeridad, diseñado por el FMI y los acreedores externos. 

 El laboratorio de Cali 

De la mano de la rebelión ha surgido un extensísimo proceso de organización, con el nacimiento de asambleas populares y una “primera línea” que le hace frente a la represión, como se ve en el Portal de las Américas de Bogotá. Sin embargo, es en la ciudad de Cali, la tercera más importante del país, y más en general en todo el Valle del Cauca, donde se procesa la experiencia más avanzada de la rebelión colombiana. 

 Según el periodista caleño Luis Alfonso Mena, en Cali existen puntos de movilización y resistencia en Sameco, en Puerto Resistencia, en Terrón Colorado, Loma de la Cruz, entre otros. Los camioneros se sumaron a los piquetes en Cali, permitiendo únicamente el pase de alimentos y medicamentos. La llegada de la Guardia Indígena y la Minga el 2 de mayo, con más de 5 mil indígenas, terminó de transformar a Cali en el epicentro de la rebelión. Hacia el norte del Valle, se encuentra paralizado el Puerto Buenaventura, el principal puerto del país de acceso al pacífico. En el municipio de Yumbo, denominada la capital industrial del Valle del Cauca, al norte de Cali, se encuentra jugando un importante papel el Sintramunicipio, un histórico sindicato combativo que ha logrado parar la producción industrial, algo que no se veía desde el paro 1977. El 6 de mayo, una reunión de representantes electos de los 15 puntos de resistencia y de numerosas organizaciones, realizada en la Universidad del Valle del Cauca, emitió un comunicado que alertó sobre el rol desmovilizador de las mesas sectoriales convocadas por Duque, cuestionó la representación del CNP y convocó a impulsar asambleas populares y a que se centralicen en un espacio único de coordinación. 

 El 10 de mayo, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, decretó el cierre total del departamento, con el objetivo de aislar la lucha en Cali y que solo tengan paso las fuerzas armadas. Un “diálogo” montado por el gobierno nacional y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con los sectores en lucha, terminó siendo levantado en el medio de un escándalo. Es que mientras se ficcionaba un “diálogo”, en Buga, otra localidad cercana a Cali que también pertenece al Valle del Cauca, la policía desenvolvía una represión brutal con el objetivo de levantar un bloqueo de ruta. 

 En Cali y en toda Colombia, está presente la tendencia a la puesta en pie de asambleas populares y a su coordinación. Numerosas organizaciones combativas y de izquierda, levantan la consigna “Fuera Duque” y junto con ello plantean el impulso de un Encuentro Nacional de emergencia o una Asamblea Popular Nacional. Su concreción significaría un paso adelante fundamental, para centralizar el movimiento de lucha, elaborar un programa económico y político de los obreros, los campesinos, los indígenas y estudiantes, e impulsar la huelga general hasta que caiga Duque. 

 Pablo Giachello

Jerusalén: desalojos y “limpieza étnica”

Sheikh Jarrah es uno de los barrios árabes históricos de Jerusalén construido fuera de las murallas otomanas. Sus habitantes son refugiados palestinos –o descendientes de ellos–que fueron expulsados de sus aldeas por las milicias sionistas durante la Nakba (éxodo) de 1948. La decisión de desalojar a algunas de sus familias palestinas de sus hogares, se puso en el centro de los conflictos entre israelíes y palestinos.

 No es nuevo el intento del estado israelí de desalojar familias de origen árabe para entregar sus casas a colonos hebreos y así “judaizar” los territorios. Según Grassroots Jerusalem, una ONG que es una plataforma para la movilización comunitaria palestina, en Sheikh Jarrah ha habido una afluencia de colonos judíos desde 2001 "que han sido responsables de desalojos forzosos y terrorismo en el vecindario".

 En medio del Ramadán -mes sagrado musulmán- y de la pandemia, teniendo en cuenta que gran parte de los palestinos no están vacunados, varias familias palestinas, que suman 30 personas, se han enfrentado a la amenaza de desalojo, después de que un tribunal israelí rechazara sus peticiones a mediados de febrero contra las decisiones de expulsarlos de la zona y entregar sus hogares a colonos ilegales. Se espera que otras tres familias corran la misma suerte a principios de agosto. 

 Se han llevado a cabo protestas contra los desalojos, en el mismo barrio y también en ciudades palestinas de Cisjordania y por parte de árabes israelíes en Haifa y Nazaret, entre otras. 

 Los vecinos del barrio, denuncian que la organización de colonos judíos Nahalat Shimon ha obtenido fallos judiciales con respecto a la propiedad de la tierra, alegando que los judíos la compraron hace 130 años. Los propietarios palestinos lo niegan e insisten en que la "prueba" documental está falsificada. Hay que recordar que este barrio se formó luego que, en 1956, Jordania llegara a un acuerdo con la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), que estipulaba el reasentamiento de 28 familias de refugiados palestinos en Jerusalén y les proporcionaba viviendas construidas por el gobierno jordano. El acuerdo estaba condicionado a que la propiedad se les transfiriera automáticamente si aceptaban renunciar a su condición de refugiados. Así, en 1959 los vecinos se convirtieron en propietarios legales de sus viviendas. Desde entonces, las 28 familias originales han crecido hasta llegar a unas 72, con alrededor de 550 personas en total, la mayoría de las cuales son niños.

 'Equilibrio demográfico' 

La toma de posesión de propiedades robadas a los palestinos por colonos judíos son parte del plan esbozado por las autoridades de ocupación para cambiar la demografía y fortalecer a la mayoría judía en la ciudad ocupada. La ONG israelí Peace Now ha afirmado que los tribunales que dictan estas órdenes de desalojo "no son más que la herramienta que utilizan los colonos, con el estrecho apoyo de las autoridades estatales, para cometer el delito de desplazar a toda una comunidad y sustituirla por un asentamiento". Desde la década de 1970, el gobierno israelí ha trabajado para implementar un "equilibrio demográfico" en Jerusalén en una proporción de 70-30, limitando la población palestina en la ciudad al 30% o menos. Esta planificación urbana ha sido ejecutada por una serie de políticas como la confiscación de tierras, el desplazamiento y la colonización de barrios palestinos. (Aljazeera, 21/11/20)

 Palestinos y grupos de derechos humanos manifiestan que esta política no es una disputa inmobiliaria entre particulares, sino resultado de una sistemática estrategia de limpieza étnica impulsada por movimientos de ultraderecha supremacista israelí, como Elad, generosamente financiado por particulares y empresas radicadas en paraísos fiscales, y avalado y protegido por el gobierno de Benjamin Netanyahu. 

 Sheikh Jarrah se convirtió en un emblema de la resistencia palestina. Nos sumamos a repudiar esta política fascista llevada por el Apartheid sionista. 

 Mauri Colón

 14/05/2021

Jesús Santrich FARC-EP 2da Marquetalia Ɩ Desde alguna parte de Colombia

Bertolt Brecht: poesía y fragmentos | Paco Ignacio Taibo II

Los bombardeos contra Gaza y las movilizaciones en Jerusalén Este

Los últimos bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza han dejado al menos 26 muertos, entre ellos varios niños. “Hemos empezado, y digo bien, empezado a atacar objetivos militares en Gaza”, dijo el vocero del ejército israelí, preanunciando una intensificación de los ataques (La Nación, 11/5). Entre los muertos figuran algunos dirigentes de Hamas y la Jihad Islámica. Además, se han desplegado cinco mil soldados en la frontera con el enclave. 

 El nuevo ataque criminal fue presentado por el gobierno de Benjamin Netanyahu como una respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hamas, pero no es esa la verdadera raíz del conflicto. Asistimos a una nueva serie de provocaciones del sionismo, como parte de su política de ocupación. Cabe añadir, además, que el grueso de los lanzamientos de las milicias islámicas no tiene ningún impacto, dado que la asimetría de fuerzas militares entre ambos bandos es inmensa. Israel posee un sistema defensivo y ofensivo, llamado Domo de Hierro, construido en parte con financiamiento norteamericano, que intercepta casi todos los lanzamientos desde suelo palestino.

 Hay tres motivos que explican la presente crisis. Por un lado, una orden de desalojo de la Corte Suprema contra residentes palestinos del barrio Sheikh Jarrah, ubicado en Jerusalén Este, en favor de un nuevo asentamiento colonial. Por otro, el intento de impedir las reuniones de musulmanes en el mes sagrado (Ramadán), por ejemplo a través del vallado de la Puerta de Damasco, un sitio donde los musulmanes se juntan a ayunar desde el amanecer al atardecer, y que es uno de los accesos a la Ciudad Vieja, también ubicada en Jerusalén Este. El gobierno esgrimió como pretexto las medidas de aislamiento frente a la pandemia, lo que solo muestra su doble vara, dado que tolera todo tipo de infracciones por parte de los judíos ultraortodoxos (como las bodas masivas). Además, ha desplegado soldados en la Explanada de las Mezquitas. Finalmente, una última cuestión que encendió la mecha de la movilización popular fueron los actos de grupos ultranacionalistas israelíes al grito de “muerte a los árabes”. En los últimos años, se vienen multiplicando las concentraciones de estas bandas, que marchan por la Ciudad Vieja y atraviesan el Barrio Musulmán, en una abierta provocación.

 El este de Jerusalén (que concentra varios sitios sagrados del islamismo, el judaísmo y el cristianismo) fue anexado por Israel tras la guerra de 1967, junto a la Franja de Gaza y gran parte de Cisjordania. Los 10 de mayo, el día de Jerusalén conmemora esta usurpación. Las movilizaciones que suscitó la nueva andanada de provocaciones del sionismo son las más importantes en muchísimos años y han sido fuertemente reprimidas por Israel, con un saldo de cientos de heridos. 

 El desarrollo de las colonias en territorio palestino se viene acelerando en los últimos años. El año 2020 marcó el récord en una década. Para fines de octubre, se habían autorizado 12 mil nuevas viviendas para colonos en Cisjordania (El País, 28/10/20). En el este de Jerusalén, ya viven 220 mil personas en esos asentamientos, mientras los barrios palestinos son condenados al hacinamiento y pende sobre ellos la amenaza de la demolición. A todo esto se debe añadir la represión en 2019 contra las manifestaciones del retorno, que dejaron 250 muertos en la frontera entre Gaza e Israel. Y el “acuerdo del siglo”, diseñado por Netanyahu-Trump, que pretendía avanzar en una mayor colonización, incluyendo la apropiación del valle del Jordán, y que fue suspendido como resultado de la crisis sanitaria y la crisis política israelí (esta crisis continúa: ante el fracaso de Netanyahu en formar gobierno, se ha pasado la posta a su rival Yair Lapid, y en caso de que este fracase, se iría a los quintos comicios en dos años). 

 La política beligerante del sionismo parece estar llevando a la población palestina -que vive además en condiciones de enorme precariedad- a un punto de saturación y de emblocamiento contra Israel. Algunos observadores (Middle East Eye, 11/5) señalan, además, que los palestinos han perdido toda expectativa en el apoyo de los estados árabes vecinos, a raíz de la política de normalización de relaciones que las burguesías árabes vienen emprendiendo con el sionismo (Emiratos, Bahrein, Sudán, Marruecos, y habría conversaciones con Arabia Saudita). La pérdida de autoridad política se extiende a la Autoridad Palestina de Mohammed Abbas, que ha reanudado -tras un breve paréntesis- en noviembre de 2020 los acuerdos de cooperación en seguridad con el sionismo.

 En rechazo a la represión y los bombardeos contra Gaza, se han producido ya movilizaciones de varios miles de personas en la capital de Jordania (Amman), y también hubo una movilización en Beirut, capital del Líbano. 

 Es necesario repudiar enérgicamente los nuevos ataques del sionismo, que cuentan con la complicidad del imperialismo, que se limita a una condena genérica de la violencia que encubre la ocupación y los crímenes. A esta barbarie le oponemos la perspectiva de una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente. 

 Gustavo Montenegro

Covid-19: lejos de la "inmunidad colectiva" y sus consecuencias

Se han administrado más de 1.300 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, lo que equivale a 17 dosis por cada 100 personas. Alrededor del 83% de las inyecciones de Covid se han administrado en países de ingresos altos y medianos altos, mientras que solo el 0,3% de las dosis se han administrado en países de ingresos bajos. En América del Norte, más del 30% recibió al menos una dosis, indica Our World in Data. En Europa, la cifra es 24%; África poco más del 1%. Los expertos advierten que si el virus puede propagarse desenfrenado en gran parte del mundo, indomable por las vacunas, las variantes peligrosas seguirán evolucionando y propagándose, amenazando a todos los países (NYT, 9/5).

 Diferentes inmunólogos planteaban que para “superar” la pandemia se necesitaba alcanzar la inmunidad de manada. Muchos gobiernos, que ningunearon la pandemia de entrada, vieron en la reproducción de contagios una “salida” (Suecia, Gran Bretaña, Estado Unidos, Brasil). Todo con desprecio por la mortalidad de este virus y su capacidad de mutar y variar. Más de un año después, el virus rompe récords de muertos y contagios en India con una temible segunda ola y también en América Latina. Los expertos indican que las nuevas cepas son cada vez más contagiosas y se propagan con demasiada facilidad y las vacunas están siendo acaparadas, por lo que la inmunidad colectiva esté muy lejos. Para científicos y epidemiólogos la propagación del Covid-19 significa que está en camino de convertirse en endémico (NYT, 9/5). 

 Las vacunas se desarrollaron salteando pasos de control, pero la distribución mundial ha sido lenta y desigual, situación. Menos del 10% de población de la India está vacunada, lo que ofrece poco freno a su avalancha de infecciones.

 La CDC confirma contagios en espacios cerrados 

El Dr. Anthony Fauci dijo que ya no sería necesario usar barbijos en lugares interiores debido al aumento de las vacunas. Pero EEUU está lejos de la inmunidad de manada. Biden, al alentar estas medidas pone en riesgo a la población frente a un nuevo pico de contagios. 

 Fauci dijo que estaba dispuesto a relajar las reglas de uso de barbijos en interiores, “sólo dos días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enfatizaran tardíamente el peligro de la transmisión aérea” (ídem). EEUU, todavía con un promedio de 43.000 casos a diario, el viernes, el CDC “actualizó su guía sobre cómo se propaga el coronavirus, indicando explícitamente que las personas pueden inhalar virus en el aire incluso cuando están a más de seis pies de distancia de una persona infectada. Anteriormente, la agencia había dicho que la mayoría de las infecciones se adquirían por ‘contacto cercano, no por transmisión aérea’”. Esto corrobora los peligros destacados por The Lancet sobre los “aerosoles”. The Lancet incluso había cuestionado los parámetros de la OMS.

 “La actualización puso a la agencia en línea con la evidencia del peligro de las gotitas en el aire que los epidemiólogos habían notado a medida que se desarrollaba la pandemia el año pasado. Según algunos expertos, también subrayó la urgencia de que la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional emita normas para que los empleadores aborden los posibles peligros aerotransportados en el lugar de trabajo” (ídem). Este punto es fundamental y pone blanco sobre negro a todos aquellos gobiernos, ministros de salud y especialistas que incentivan la “seguridad” de los espacios laborales como escuelas, empresas o fábricas. La CDC norteamericana confirma, ante toda la evidencia recolectada, que estos espacios no son seguros.  

Fauci dijo que el CDC tenía que “actualizar sus recomendaciones”, y agregó “Pero sí, tenemos que empezar a ser más liberales a medida que vacunamos a más personas”. Dice que liberal las restricciones ahora daría “más credibilidad” cuando se tenga que volver a implementar medidas restrictivas si aumentan los casos en el otoño o en el invierno. Esto indica a las claras que están pronosticando una nueva ola de casos, a pesar que más de un tercio de la población de EEUU (112 millones de personas), está completamente vacunada y otros 40 millones de personas han recibido la primera dosis de un protocolo de dos dosis. 

 El CDC, que emite una guía nacional sobre enmascaramiento, dice que incluso las personas vacunadas deben continuar usando máscaras en espacios públicos interiores, incluidos los restaurantes, cuando no estén comiendo ni bebiendo activamente. 

 ¿Inmunidad de manada? 

Según algunas estimaciones, se requiere que el 70-90% de la población sea inmune para adquirir la inmunidad de manada. (El número exacto aún no se conoce de manera concluyente). Pero al ritmo actual, incluso si todos los que desean la vacuna pueden obtenerla, esto no será posible (The Economist, 6/5). 

 Hay muchos científicos que ponen en cuestión la inmunidad de manada, no sólo por las nuevas variantes que vulneran las vacunas, sino porque sería necesario, en cambio, poner un piso de inmunización no menor al 70%. Jeffrey Zients, coordinador de respuesta de Covid de Biden, sugirió que “en lugar de alcanzar la inmunidad colectiva, el punto en el que suficientes personas son inmunes al virus y ya no puede propagarse a través de la población, el objetivo debería ser lograr un cierto sentido de normalidad al inmunizar al 70 por ciento de los estadounidenses. El presidente Biden ha pedido que el 70% tenga al menos una dosis para el 4 de julio” (ídem). Alcanzar esa cifra creará "un patrón de disminución de casos, hospitalizaciones y muertes y nos llevará a un nivel bajo sostenible". 

 Esto es, que el virus seguirá circulando, lo cual plantea a la clase obrera la necesidad de un programa de conjunto, porque la confrontación con el capital acerca de la salud y la vida, que la pandemia puso al desnudo más que nunca, seguirá en agenda. Es fundamental, por ejemplo, la reducción a seis horas de la jornada laboral, sin desmedro del salario. Un gasto gigantesco para becar a la juventud, desde el jardín a la graduación, para incrementar en forma exponencial la actividad relacionada con la salud, que no se reduce a Medicina. La nacionalización integral de los monopolios farmacéuticos es apremiante, para que el progreso científico (que, de todos modos, es financiado por el Estado) no sea expropiado socialmente en beneficio de un puñado de capitalistas. La vivienda se convierte en crucial; para que haya una construcción masiva es necesario contar con el dinero que circula por bancos y fondos – las partidas presupuestarias son limitadas. Queda planteada la nacionalización de bancos y fondos para aplicar al habitat de la mayoría. Los ejemplos son infinitos, pero todos se reducen a lo siguiente: capitalismo en decadencia o socialismo; unión internacional de repúblicas o rivalidades capitalistas y guerras; gobierno de una ultraminoría de grandes patronales o gobierno de trabajadores. 

 Emiliano Monge y Jorge Altamira

 11/05/2021

En el centro de la escena...

En general uno vuelve, toma impulso y sigue. 

Siempre hay intentos, siempre surge de nuevo aquello "de esta salimos todos juntos". No hay un interés "patriótico" y no lo habrá, de parte del enemigo de clase, mucho menos un camino de salida en la consigna fofa, en el todo y en un mismo interés. 

 La clase dominante tiene claro a dónde va, ahí prevalece la tasa de ganancia, la acumulación desenfrenada y para ello debe intensificar la explotación. Tiene instrumento y lo utiliza. 

 Dejo acá esta reflexión del año anterior: 

 Unidad y acuerdo no puede comprometer un proyecto de clase ligado a los interéses de las grandes mayorías. 

Elaborar y formular en términos orgánicos y programático es una tarea fundamental. La construcción de un arco opositor no puede prescindir de las herramientas.

 El reformismo con o sin brújula, con historia o sin ella no es, no fue y no será la salida. 

 Nada puede esperar la clase obrera y el movimiento popular del reformismo. 

 Está históricamente agotado y orgánicamente desconcertado. 

 No hay un Uruguay único y de todos, hay si un Uruguay de clases sociales, de explotados y explotadores. 

 No hay un Uruguay de políticas de ESTADO, los estados responden a una funcionalidad de clase y este es un instrumento de consensos y represión, represión y consenso. Se ajusta a la necesidad del enemigo de clase.

 ¿Acuerdo social con el gobierno?

 Hace más de 15 días adelantábamos que existían sondeos, promociones y estímulos para la consigna "de esto salimos todos juntos", y más "entre todos podemos". Seguramente hay más, estás son las que más recuerdo. 

 La impresión que me surgía es que no veía al gobierno interesado por promover ya lo que definiamos como GOBIERNO DE SALVATAJE NACIONAL. 

 Los hechos caprichosos demuestran que hoy el gobierno Uruguayo sigue la orientación de la "gobernanza mundial" y siente que puede ir a fondo, lo está haciendo. 

Ahora ya entro la ley de urgente consideración y saldrá. Muestra que no tiene intensiones hoy, de plantear un acuerdo nacional inmediato, se siente fuerte y con escasos obstáculos, es que la pandemia le allanó el camino a la operación LIMPIEZA Y DEPURACIÓN. 

 Veo si y observo que a la oposición le interesa poder pararse en la escena, un sector de la oposición ve factible o tiene deseo de promover ese encuentro o ámbito. Tabaré en ese sentido juega cartas, a partir de una propuesta de trabajo adelanta anuncios. Desde luego que estos planteos no son novedosos, se corresponde con "lo políticamente correcto" y su relación se enmarca en el Uruguay entre todos, todos juntos salimos y otras frases de época. 

 La impresión que tengo está vinculada a una iniciativa para posicionarse en la agenda política uruguaya, esto que tanto le está costando a la oposición. Sobre el fondo de la cuestión entiendo que no hay mucho más que eso. Desde luego que sí tengo opinión clara frente a estas nada nuevas iniciativas de salidas "todos juntos y a la uruguaya". 

 Hace unos 15 días escribía sobre alguna de estas cuestiones, de manera que aún está en mi perfil la opinión a ese respecto. * Adjunto aquella opinión *

 "Es si un plan en marcha, ese es el cuadro general que propone la "gobernanza" mundial. Acá en nuestro país y bajo la consigna "está bueno cambiar", operación LIMPIEZA Y DEPURACIÓN... Hora de resistencia y por lo mismo, hora de hombres y mujeres de..." Está confirmado y en marcha. Las cámaras empresariales y el gobierno Blanco y multicolor aprietan el acelerador. Entre la ambigüedad transita y con espectáculos televisivo de rescate y ayuda humanitaria como telón. Ley de Urgente Consideración y embalaje para iniciar el proceso de "LIMPIEZA Y DEPURACIÓN".

 La oposición, es decir el FA aún no atina a entender que perdió las elecciones y su rol es hoy de oposición. Carga por cierto con dificultades, aspectos de su gestión que allanan el camino a esta "derecha". Aún no es la hora y lo será más adelante, la aplicación e instrumentación de la "escencialidad" sobre esto hay antecedentes muy recientes.

 Acá se agrega un nuevo aspecto vinculado a la reglamentación sindical y a la exclusión de la ocupación como extensión del derecho de huelga. Seguramente algunos de los "políticamente correcto" pensó y piensa en esto...el gobierno por el momento muestra su intención clara para donde irá, no está preocupado en ir a un encuentro que promueva un "acuerdo nacional" por la legitimación y legalización de un fenómeno inerente al capitalismo "los pobres subsidian a los ricos". De todos modos hay que alertar... 

 NO HAY ESPACIO PARA UN ACUERDO ENTRE DESIGUALES 

 LIMPIEZA Y DEPURACIÓN Tal es el cuadro. Lo políticamente correcto es el acuerdo entre desiguales, todo apunta para allí. "De esta salimos todos juntos, entre todos podemos" esto ya lo estás escuchando. Desde luego que también hay un llamado "patriótico", todo ello va allanando camino para el acuerdo. La idea es colocar en las grandes masas la catástrofe y la necesidad. Necesidad de... GOBIERNO DE SALVATAJE NACIONAL. La lejanía de campaña electoral y las contradicciones de una oposición que carece de iniciativa política y por cierto, sus propias contradicciones, hacen propicio lo POLÍTICAMENTE CORRECTO. 

 A mi la experiencia me dice que los fenómenos de acuerdo entre desiguales concluyen siempre con la sumisión y despojo de las grandes mayorías.

 La CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO puso de furgón de cola a la clase obrera bajo la ilusión de un acuerdo patriótico con el empresariado nacional.

 En la década de los 60 de siglo pasado la clase obrera asumió la iniciativa y en un cuadro de crisis coyuntural regional y mundial, fue capaz de sentar las bases en el primer CONGRESO DEL PUEBLO. 

 No hay espacio para acuerdo entre desiguales.

 El movimiento obrero debe centrar sus demandas en el marco de un gran acuerdo en el campo popular que coloque como aspecto central el trabajo y el salario. 

 La renta básica es uno de los aspectos que empuja a llevar medidas anti cíclicas y empuja a la dinamización social. Una de las palancas de empuje está en la inversión pública particularmente en la construcción de viviendas. 

 Esa palanca tiene como motor dinamizador a las empresas públicas (Entes Estatales) estás están en la agenda para ser dinamitadas.

 El escenario mundial advierte que los bloques o ejes van por la sumisión de las grandes masas a través de la construcción de una gobernanza mundial autoritaria y represiva. 

 No se advierte un escenario sencillo y si en cambio un nuevo intento de reordenamiento capitalista en el marco de una crisis capitalista, cuyo costó pretende que lo pagan una vez más por los explotados. 

 Esto se irá dando a escala Mundial, la tensión se colocará en esos términos y dependerá de las reservas de la clase obrera mundial, dar un salto cualitativo". 

 Osbaldo Zuñiga

Chad: crisis política y militar en el “patio trasero” de Francia

Colombia: un gobierno con custodia militar, para-militar y narco La muerte del presidente Déby y las perspectivas que se abren. 

 La caída en combate del presidente chadiano Idriss Déby, un aliado clave del imperialismo francés en la región, ha abierto una crisis política de magnitudes impredecibles. El fallecimiento ocurrió mientras guerreaba al mando de las tropas del Ejército local contra el Frente para la Alternancia y la Concordia de Chad (FACT), un grupo armado que opera desde Libia. El hecho ocurrió apenas 24 horas antes de que se oficializara el resultado que lo dio por vencedor, con un 79% de los votos, en las amañadas elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 11 de abril. Esto le hubiese permitido al mandatario ostentar el cargo de presidente por sexta vez -hasta 2033-, gracias a las dos reformas constitucionales que impulsó en 2005 y 2018, consolidando un régimen autoritario de características personales. El proceso electoral estuvo signado por intensas protestas contra el continuismo presidencial y, asimismo, por un recrudecimiento de la represión y la persecución política, lo que llevó incluso a que muchos candidatos se retiraran de la contienda. 

 El fallecimiento de Déby ocurrió en el contexto de los diversos choques bélicos que tienen lugar en la región africana del Sahel. En Chad, desde la década de 1990 una serie de grupos rebeldes, muchos de ellos identificados con alguna etnia, han tratado de derrocar al ex mandatario. 

 El último gran capítulo de este enfrentamiento contra el régimen chadiano estuvo protagonizado por el mencionado FACT, que irrumpió en la zona de Kanem, al oeste del país. Los combates se intensificaron fuertemente durante el fin de semana electoral y el Ejército de Chad terminó adjudicándose la muerte de “más de 300 rebeldes”. 

 Chad y el imperialismo francés 

El gobierno de Déby se ha caracterizado por el brutal atropello de las libertades democráticas, por el empobrecimiento de las masas y por la expoliación del imperialismo. El ex mandamás impulsó esta política con mano de hierro durante 30 años luego de tomar el poder mediante un golpe militar respaldado por Francia. Chad está situado en el antepenúltimo puesto en la lista de naciones por índice de Desarrollo Humano (IHD), que tiene en cuenta valores como la esperanza de vida, la escolarización o el PBI per cápita; su población sobrevive con menos de un dólar al día (El País, 20/4). El empobrecimiento en el seno de las masas se ha venido desarrollando al calor de, entre otras cosas, la expropiación por parte de la camarilla castrense de los fondos procedentes del petróleo –constituyen un 60 por ciento del presupuesto nacional-, que explotan principalmente empresas chinas desde hace aproximadamente 20 años. Esto explica, además, por qué las Fuerzas Armadas chadianas se han convertido en las más robustas de la región. 

 El capital galo encuentra en Chad y en la región nichos muy importantes para usufructuar las riquezas nacionales. La petrolera Total, por ejemplo, posee estaciones de servicio en Chad y asimismo bombea petróleo en el Congo y Gabón. En Chad, el sector de los servicios, fundamentalmente en lo que respecta a las telecomunicaciones y la banca, está representado por inversiones francesas y chinas. El banco francés BNP Paribas, el gigante de las telecomunicaciones Orange, y el holding industrial y de inversión Bolloré, que domina los principales puertos y redes de transporte de la región, son otros elementos de la burguesía gala que operan fuerte en el continente. 

 Se trata de un aliado clave para el imperialismo galo en el control de la región. Francia utiliza la base de Yamena (capital) para guerrear contra el yihadismo en el marco de la operación militar Barkhane, por la que el ejército francés mantiene en el Sahel a más de 5.000 soldados desde 2014. París viene incrementando su presencia militar en la zona y cuenta con el apoyo de la fuerza especial europea Takuba, que ha desplegado cientos de soldados suecos, estonios y checos. España también ha ido ganando peso diplomático y militar en la región, siendo el país que más efectivos aporta a la misión de formación del Ejército de Malí, otro de los países carcomidos por los enfrentamientos. 

 Esta orientación ha sido refrendada por el presidente francés Emmanuel Macron en la cumbre de su país y la Unión Europea con los jefes de Estado del denominado G5 Sahel (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger), celebrada en febrero, donde ha dicho que “precipitar un repliegue francés, retirar masivamente hombres”, que es un esquema que ha estudiado durante semanas, “sería un error”. Pese a subrayar que no habrá reducción de tropas, dejó abierta la posibilidad de un repliegue futuro (ídem, 16/2). Macron pretende que las fuerzas locales asuman un mayor protagonismo y que las fuerzas especiales europeas introduzcan más militares. El islamismo es el pretexto de Francia para seguir fungiendo como gendarme en la región. Esta intervención, sin embargo, no ha podido derrotar a los grupos armados y genera un fuerte rechazo popular.

 Transición 

Como fruto de los últimos acontecimientos, Chad ha ingresado a una crisis política de grandes magnitudes, donde el mismo Ejército se halla dividido y ha cobrado fuerza la movilización popular. 

 Déby fue reemplazado por un consejo militar que ya en el poder suspendió la Constitución, disolvió el parlamento y el gobierno y reforzó la militarización del país, con lo cual pretende ejercer por un periodo de 18 meses para el que designará un gobierno de transición. Está dirigido por uno de los hijos de Déby, el general Mahamat Idriss Déby, un líder militar. 

 Miles de obreros y jóvenes se movilizaron el martes 27 de abril en Yamena para pedir la dimisión del nuevo gobierno. En las protestas se han quemado banderas de Francia e incluso varias sucursales de Total, lo que remembró a sucesos similares que ocurrieron recientemente en Senegal y en Malí. El gobierno ha respondido desplegando al Ejército y los manifestantes acusaron a las fuerzas de seguridad de utilizar munición real contra la movilización, en la que al menos cinco personas fallecieron y una veintena de personas resultaron heridas. 

 Ante esto, el francés Macron, que ha presenciado el funeral del difunto Déby para luego dar su apoyo al nuevo consejo militar, tuvo que cambiar el tono de su posición y llamó a realizar un “proceso de transición inclusivo” que considere a “todas las fuerzas políticas” y que lleve a elecciones en 18 meses (DW, 27/4). El primer apoyo del presidente galo había generado un enorme malestar entre diversos sectores chadianos e incluso en la propia Francia. En algunos periódicos de la prensa gala se ha desenvuelto una polémica en relación a la continuidad del apoyo francés al gobierno de Chad y en términos generales a la política bélica de la operación Barkhane. En medio de las movilizaciones y el desmadre político reinante, el imperialismo francés, de todos modos, ha salido al rescate de los herederos de Déby. 

 Para ponerle fin a la barbarie que existe en el Sahel, es necesaria, en primer lugar, la expulsión del imperialismo, responsable del saqueo histórico del continente. Solo una intervención política independiente de las masas puede alumbrar ese camino.

Nazareno Kotzev

Colombia: un gobierno con custodia militar, para-militar y narco

Tras más de 10 días de huelgas y rebelión popular, Colombia atraviesa un punto nodal de la crisis política. Las masas y sobre todo la juventud, han salido masivamente a las calles tras el paro nacional convocado el 28 de abril. Son los que sostuvieron el paro a pesar del abandono de las protestas por parte del Comité Nacional del Paro. Desde el 28A hasta el 8 de mayo se realizaron según la Defensoría del Pueblo: 4.028 actividades, 1.931 concentraciones, 797 marchas, 1.071 bloqueos, y 237 movilizaciones, en 689 municipios de los 32 departamentos del país. 

 La respuesta ha sido la militarización; el Escuadrón Antidisturbios y las FFAA ha convertido a los puntos de protesta en escenarios de guerra. Cali es comparada con Siria o Irak. En Bogotá los helicópteros aterrizan en las escuelas; se denuncian torturas y campos de detención en centros comerciales. Hay al menos 37 muertos, según organizaciones de DDHH. La Defensoría denuncia 548 “presuntas” desapariciones y 400 heridos. Más de 30 con heridas oculares sólo en Bogotá, revelan en asesoramiento a la represión por parte del Mossad israelí. Junto con la asfixia en el cuello, como ha ocurrido en EEUU y Brasil, con personas negras, son el aporte tecnológico del sionismo a las represiones locales y en otros países. Los cortes de luz y de internet, son parte del mismo arsenal. El desabastecimiento es atroz, en toda Colombia se han habilitado 140 corredores humanitarios en 26 departamentos, por medio de los manifestantes (Infobae, 8/5). 

 Entre 2017-19 en Colombia se registran 39.613 casos de violencia policial, 289 homicidios y 102 casos de violencia sexual, según la ONG Temblores. El responsable de Humans Rights Watch, en Colombia, dijo, “no recuerdo que se haya producido una situación de tantos abusos y donde la Policía haya actuado de una manera deliberadamente brutal" (Bluradio, 8/4)

 "Diálogo" 

 Luego de haber desplegado al ejército y ordenado el uso de munición letal, Duque, ha llamado al “diálogo”. Al mismo tiempo anunció la posibilidad de decretar el “estado de conmoción interna”, o sea la ley marcial. 

 Gustavo Petro ex alcalde de Bogotá y primero en las encuestas para las elecciones del año que viene, está más interesado en obtener una alianza con los liberales. Caracteriza a la represión militar como un intento de "aterrorizar a la gente que había expresado una intención de voto por Petro" (telam, 8/5). Petro, advirtió, “como escenario posible, (que) el oficialismo podría promover el golpe de Estado e impedir que haya elecciones el año próximo". Con ese argumento justifica su llamado a un apaciguamiento de las movilizaciones. 

 La izquierda plantea convocar un “encuentro nacional de Emergencia” del CNP, que levante los 6 puntos a los que el Comité redujo su “programa” (PSTcolombia, 6/5). El Partido comunista llama a un “gran diálogo nacional” (7/5), mientras el semanario Voz que el Pacto Histórico (frente con Colombia Humana, Polo Democrático y MAIS), que busca un puente con Duque, se ponga a la cabeza de las movilizaciones (5/5).

 Los jóvenes que sostienen los cortes, inundan las plazas y los parques, responden que no se van a sentar a negociar y reclaman la caída del gobierno. Son los que nutren la “primer línea”, junto a amplios sectores de la clase obrera. Lo mismo plantea el personal de salud y los 6.000 indígenas del Cauca (CRIC) que rearmaron la Minga, y movilizaron hasta Cali en defensa de las protestas. 

 Emiliano Monge

 09/05/2021

Crisis del imperialismo y alternativas populares - Nestor Kohan.

Un balance de la situación en Colombia

Colombia atraviesa una nueva rebelión popular. Es la continuidad del proceso iniciado el 21 de noviembre de 2019, cuando después de 40 años se convocó a una huelga general. En el 21N, la consigna “Fuera Duque” resonó en todas las movilizaciones. Tras una secuencia de paros aislados por parte del Comité Nacional del Paro (CNP), se llegó a un planteo de más de 100 reivindicaciones. Son una suerte de programa mínimo, que incluye un rescate al pequeño capitalista, pero que no afecta a los grandes grupos económicos. La consigna “Fuera Duque” fue retirada, porque obstaculizaba la posibilidad de una negociación. 

 La pandemia y los confinamientos posteriores apagaron las iniciativas de nuevas movilizaciones. La situación social se agravó seriamente. 

 El año pasado los docentes se organizaron para luchar contra la vuelta a la presencialidad. El gobierno fue a un esquema de “alternancia” virtual-presencial (fecode, 14/9/20). El presupuesto destina a las medidas de bioseguridad sólo cubre el 10% de lo necesario (fecode, 28/8/20). En consecuencia: “Rechazamos el “Regreso Gradual, Progresivo y Seguro” (comunicado, 14/9). 

 Los estudiantes salieron a reclamar que no se cobre matrícula y que se condonen las deudas estudiantiles. El negocio de la educación privada está en manos de la iglesia y fondos de inversión. Colombia registra el mayor número de muertos por habitante por el Covid: sobrepasa los 70.000 muertos. Debido a la escasez, el gobierno interrumpió veces la vacunación. La lucha del personal de salud estuvo en la primera hora del paro nacional. El desarrollo de la crisis económica llevó al gobierno de Duque a eliminar las ayudas iniciales y a impulsar una reforma fiscal. Se paga el rescate de Avianca, se aumenta el financiamiento de la policía y las fuerzas armadas y se recortan impuestos a las grandes multinacionales mineras. 

 El gobierno de Iván Duque intentó enfrentar un agujero fiscal y la caída del PBI del 8% con una reforma que ataca el bolsillo de los más pobres. Pretendía recaudar 6.400 millones de dólares aumentando el IVA, subiendo el impuesto a la renta, y congelando salarios. Naufragó en el Congreso y tuvo que ser reformulado. Ni siquiera el Uribismo apoyó la reforma de Duque. Casi sin quererlo, el Comité Nacional del Paro convocó a una movilización para el 28 de abril, que fue masiva: millones de colombianos salieron a las calles, en miles de cortes en todo el país, en más de 500 alcaldías. 

 La respuesta fue una declaración de guerra contra la población civil. Uribe reclamó el uso de munición contra el pueblo, Duque defendió el accionar del ejército. En Cali, la capital de la Resistencia, operan bandas parapoliciales conjuntamente con el Esmad, el escuadrón anti-disturbios, y el ejército. No sólo masacraron a los manifestantes durante varias noches, sino que intentaron desabastecer la ciudad, cortaron la luz e internet en las zonas de protestas, y atacaron a los organismos de DDHH. El Congreso estudia una ley de “Conmoción interna” que le daría al presidente la posibilidad de prohibir toda manifestación, encarcelar a los impulsores sin debido proceso y prohibir la movilidad de los ciudadanos. 

 Las masas en Colombia lideran una rebelión popular que sacude al continente. 

 Emiliano Monge 

 08/05/2021

¿Quien es quien? Iván Duque || #VivaLaRebeliónEnColombia

Colombia: la rebelión popular no se detiene // “A parar para avanzar, viva el paro nacional”

Colombia: la rebelión popular no se detiene

Movilización contra la reforma tributaria en Santa Marta, Colombia. 

 La criminal represión y los sucesivos recules del gobierno de Iván Duque –primero modificando el proyecto de reforma tributaria, luego directamente retirándolo y finalmente despidiendo al autor del mismo, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla– fracasaron en desactivar el paro general y la rebelión popular que se desarrolla en Colombia. Los camioneros junto a diversos sectores se mantienen bloqueando las carreteras, lo que está empezando a generar desabastecimiento en distintas ciudades. Los paros, los piquetes, las movilizaciones y los combates contra las fuerzas represivas, se suceden día tras día, son de masas y tienen un alcance nacional. Dando una magistral clase de dialéctica, a través de un cántico, el pueblo colombiano ha popularizado la consigna “a parar para avanzar, viva el paro nacional”. 

 Abajo Duque 

Las masas movilizadas han visto en el recule de Duque, en primer lugar, el potencial que encierra el paro, la lucha y la movilización popular. Pero también han visto la oportunidad de voltear la reforma sanitaria privatizadora, que al día de hoy mantiene “mensaje de urgencia” en el Congreso Nacional, y de tirar abajo todo el “paquetazo de Duque”, es decir la reforma laboral y pensional que motivaron los grandes paros y movilizaciones de noviembre de 2019. La lucha contra la reforma sanitaria adquiere una importancia decisiva ante la situación de colapso en la que se encuentra el sistema de salud, como consecuencia del mal manejo de la crisis pandémica y el fracaso del plan de vacunación. La lucha contra el “paquetazo” aparece como otra cuestión clave en momentos donde el 42,5% de la población se encuentra en la pobreza y un 17% de los trabajadores desocupados. La juventud, la gran protagonista de la rebelión popular, encara esta lucha con el objetivo de terminar con la precariedad laboral y poner fin al arancelamiento en las universidades, que mantienen vedado el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior. El movimiento campesino e indígena reclama el acceso a la tierra, luego de que se incumpliera la limitadísima reforma agraria que se estableció en los Acuerdos de Paz de 2016. 

 A su vez, las masas quieren terminar con un Estado policial profundamente represivo. En Colombia, las fuerzas de seguridad y los paramilitares son responsables del asesinato de centenares de dirigentes sociales año tras año. En el marco de las actuales jornadas de protesta las fuerzas represivas del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) han asesinado a 24 manifestantes (solo si tomamos como fehacientes los registros de la Defensoría del Pueblo) y han detenido y herido, en algunos casos gravemente, a centenares de luchadores. Asimismo, existen denuncias de que hay más de 80 desaparecidos desde que se iniciaron las protestas. El gobierno ha sacado a los militares a patrullar las calles y amenaza con declarar el “estado de conmoción interior”, lo que habilitaría a las autoridades a suspender cargos de gobernantes regionales, restringir las manifestaciones sociales, asumir el control de la radio y la televisión durante un periodo máximo de 90 días y realizar inspecciones a domicilios sin necesidad de una orden judicial previa. 

 Como consecuencia del rechazo de las masas a toda esta política ajustadora y represiva, la consigna “Abajo Duque” se ha instalado como una de las reivindicaciones centrales de la rebelión popular colombiana. 

 Crisis y maniobras 

Habiendo fracasado el proyecto original de reforma tributaria, Duque pergeña un nuevo proyecto que le permita revertir el cuadro de quebranto estatal. Sucede que, para este año, se prevé un déficit fiscal del 8,6% del PBI. Obligado por la rebelión, el gobierno ha mermado sus aspiraciones iniciales, y busca ahora recaudar 14 billones pesos -en vez de los 23 billones que pretendía recaudar con el proyecto original. Pero el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dejó en claro que “el 80 por ciento del gasto público es inflexible a la baja, porque se refiere a la deuda pública, entre otros temas” (El Tiempo, 5/5). De esta manera, el gobierno pretende darle una señal de confianza a los sectores del capital financiero que especulan con la deuda pública colombiana, luego de que el martes se produjera una corrida cambiaria que motivó una fuerte devaluación del peso. En el presupuesto 2021, el gobierno estipuló pagos equivalentes a los 70 billones de pesos en materia de deuda pública, de los cuales 23 billones son para el pago de deuda externa. 

 Mientras refuerza la represión e incluso criminaliza a los sectores más combativos del movimiento de masas, el gobierno de Duque ha convocado a la oposición política, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y estudiantiles a un “diálogo nacional”, con el objetivo de desactivar la rebelión popular. La oposición, por su parte, tanto la encabezada por Gustavo Petro como la Coalición Esperanza, aboga por una salida en los marcos del régimen. Y aunque es cierto que rechazó el proyecto de reforma tributaria de Duque y repudió la represión, también lo es que rechaza de plano el planteo de tirar abajo al gobierno Duque y sus cómplices. El objetivo principal de esta oposición pasa por capitalizar políticamente el descontento popular en el terreno institucional, a través de las elecciones presidenciales de mayo de 2022. 

 Política revolucionaria 

En oposición al planteo que levanta el Comité Nacional de Paro, que al igual que los bloques políticos opositores rechaza levantar la consigna “Fuera Duque”, es necesario profundizar la rebelión hasta que caiga el gobierno y todo el régimen. Esto, empoderaría aún más a los trabajadores colombianos y abriría un nuevo escenario político en el país y en el continente. La clave pasa por profundizar el paro por tiempo indeterminado, transformándolo en una verdadera huelga general que logre paralizar el conjunto de la actividad productiva. Un congreso de trabajadores, estudiantes y campesinos, podría funcionar como un factor de centralización de la lucha a escala nacional, elaborar un programa obrero y popular de salida a la crisis y, de ese modo, proyectarse como alternativa política de poder.

 La rebelión popular en Colombia, y ni hablar de una eventual caída del gobierno de Duque, no solo le asesta un fuerte golpe a la derecha latinoamericana. También pone en aprietos a los gobiernos del Grupo de Puebla, que están ejecutando ajustes de las mismas características en los países donde gobiernan (Argentina y México tienen índices de pobreza y desocupación similares a los de Colombia). Es lo que explica que los “nacionales y populares” Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador no hayan abierto la boca sobre los brutales crímenes que Duque ejecuta contra el pueblo colombiano.

 Pero por sobre todas las cosas, el desarrollo de la rebelión popular colombiana representa un golpe brutal al imperialismo norteamericano. Sucede que Colombia es, desde hace décadas, el principal enclave del imperialismo yanqui en América Latina. Las Fuerzas Aéreas norteamericanas y colombianas vienen realizando ejercicios conjuntos en el país sudamericano y más de 800 soldados norteamericanos se desplegaron, en junio pasado, por territorio colombiano. A todo esto, se le suman las siete bases militares que los yanquis aún tienen instaladas en Colombia. 

 La rebelión popular colombiana debe inspirar al conjunto de los pueblos latinoamericanos, que necesitan sacarse de encima a los gobiernos entreguistas y ajustadores para instaurar gobiernos de trabajadores.

Pablo Giachello

Sociología del conflicto colombiano - Nestor Kohan

Viva la rebelión del pueblo de Colombia

Abajo el gobierno ajustador y represor de Iván Duque. 

 Desde el 28 de abril Colombia está viviendo intensas jornadas de lucha contra el gobierno del derechista Iván Duque con paros nacionales y movilizaciones masivas. Decenas de miles han copado las calles de Bogotá, Cali, Medellín y cada rincón del país. Jóvenes, trabajadores, pueblos originarios, campesinos se enfrentan a la brutal represión militarizada del gobierno de Duque. Las bandas del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asesinan, golpean y abusan con total impunidad. Detrás de este accionar brutal de las fuerzas de seguridad está el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de Duque, representante de la narcopolítica y el terrorismo estatal y paraestatal.

 Ese miércoles 28 el Comando Nacional de Paro integrado por las tres centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y la Fecode (Federación de docentes) convocó a un paro nacional al cual también se sumaron organizaciones estudiantiles, la Minga indígena y organizaciones de diversas comunidades rurales y urbanas. 

Pero tal era la bronca que el paro desbordó a las direcciones y se extendió después del 28 de abril. Se expresó en las principales ciudades del país a través de masivas movilizaciones. El epicentro ha sido la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, donde las protestas han sido particularmente masivas y el paro es casi total con cortes de caminos y rutas hacia las zonas aledañas. Un verdadero levantamiento popular en toda Colombia. 

 La reacción de las clases dominantes y su Estado no se hizo esperar. Al menos 30 manifestantes fueron asesinados por la policía, hay centenares de heridos y detenidos, decenas de desaparecidos y diversos organismos de derechos humanos denuncian distintos tipos de abusos y vejaciones por parte de las fuerzas represivas. 

 De manera demagógica, hasta el gobierno de Joe Biden ha manifestado su preocupación por la violación a los derechos humanos. Hipocresía total por parte del mismo imperialismo norteamericano que ha financiado la guerra sucia contra las Farc con el “plan Colombia”, permitido la masacre sistemática de dirigentes sindicales y sociales (solo en el 2020 se acusa de 320 asesinatos por fuerzas paramilitares) y que hoy ve peligrar a uno de sus principales aliados en su patio trasero. Lo mismo vale para los gobiernos derechistas de América Latina nucleadas en el bloque de Lima. Denunciamos, asimismo el silencio cómplice del gobierno argentino de Alberto Fernández y mexicano de López Obrador enrolados en el grupo Puebla frente a esta masacre. 

 Colombia viene atravesando una profunda crisis sanitaria, económica y social, profundizada por la pandemia del coronavirus que está haciendo estragos y se cobra la vida de unos 500 colombianos por día.

 La situación es catastrófica para el pueblo trabajador. El desempleo se ubica en el 17%, crece la precarización y el trabajo informal y el acceso a la salud es un privilegio para unos pocos. En el segundo año de la pandemia, la pobreza ya alcanza el 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos/as no pueden cubrir sus necesidades básicas. A todo esto, se suma el reclamo por el retraso en la campaña de vacunación que había prometido el gobierno, que apenas ha llegado a menos del 10% de la población, de acuerdo a las propias cifras oficiales. 

 La gota que colmó el vaso e hizo estallar la bronca y el descontento que se venían acumulando fue la reforma impositiva que intentó imponer Duque para hacer que los trabajadores y los sectores populares paguen los costos de la crisis y preservar las ganancias de los grandes empresarios. Con esta reforma tributaria, conocida como “Ley de solidaridad sostenible”, el gobierno neoliberal de Duque pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares para “sanear” las arcas del Estado y mantener la calificación crediticia de las agencias de calificación de riesgo internacional. El 73% de ese dinero iba a salir de un impuesto a la renta de las personas que ganen 633 dólares, en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares, y de un aumento del IVA. Un ataque en regla contra los y las trabajadores, sectores populares y las clases medias empobrecidas. 

 Las multitudinarias movilizaciones que pusieron al gobierno contra las cuerdas, obligaron a Duque a retroceder. El 2 de mayo, anunció el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para descomprimir. Esa primera victoria de la rebelión popular ha tonificado la lucha que no se ha detenido, pese a brutal represión. 

 El Comité Nacional del Paro, integrado por las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC) y la Fecode (federación de educadores), mantuvo el llamado al paro nacional del 5 de mayo y otras acciones presionados por la enorme disposición a la lucha de sus bases. Sin embargo, hasta ahora su política es convocar a acciones de un día y no preparar y organizar una verdadera huelga general que tire al gobierno de Duque. Pero la realidad es que desde el 28 de abril hay una huelga de hecho, con millones en las calles, con cientos de bloqueos de rutas y calles y marchas masivas en todo el país.

 Hasta el momento toda su política ha sido, luego de intensas movilizaciones, dar treguas y pactar, como lo vimos en todo el largo procesos de “diálogo” con el gobierno luego de las jornadas del 21N de 2019, que fue lo que le dio un respiro a Duque y conseguir desmovilizar. Se transforman así en un dique de contención. 

 Ante la agudización de la situación, el gobierno lanzó la propuesta de un “diálogo social y político”, una trampa para dividir a las masas en lucha, salvar al gobierno y al régimen que la oposición de centroizquierda nucleada en la Coalición Esperanza y el “Pacto Histórico” de Gustavo Petro ven con simpatía. Solo están esperando el momento oportuno para entregar la movilización. 

 La política del régimen es doble: la trampa del diálogo y la represión contra los sectores de vanguardia, a los que Uribe acusa de “saqueadores”, “vándalos” y “narcos”. De esta manera buscan aislar a los sectores más combativos con la campaña en contra de la “violencia” poniendo un signo igual entre la represión de la policía y la justa resistencia obrera y popular. 

 La derrota del gobierno producto de la acción combativa de la clase trabajadora y los sectores populares sería un triunfo enorme que alentaría las luchas obreras y populares contra los planes fondomonetaristas y de “ajuste” en toda Latinoamérica y modificaría sustancialmente la correlación de fuerzas para ir por más. Es necesario desarrollar las asambleas de trabajadores y sectores populares y otras instancias de organización democrática que están surgiendo al calor del proceso e impulsar la convocatoria a un Congreso o Encuentro Nacional de trabajadores para llevar la rebelión en curso a la victoria y discutir una salida de la clase obrera frente a la crisis nacional. 

 Defendemos el justo derecho de los trabajadores y sectores populares a organizar su autodefensa para enfrentar la brutal represión de los escuadrones de la muerte de la policía militarizada. Es necesario con la fuerza de la movilización poner en pie Comités de huelga en cada fábrica, colegio, localidad para extender la huelga general hasta que caiga el gobierno de Duque. Contra las trampas del régimen ya sea de la extrema derecha uribista o de la centroizquierda, que intenta contener y desviar el proceso con las elecciones del año próximo para salvar al conjunto del régimen y al Estado burgués. Luchamos por el desarrollo de la huelga general para sacar a Duque e imponer un gobierno de la clase trabajadora. Que reorganice el país sin paquetazos de ajuste, sin represión heredada del Plan Colombia y con una economía obrera y popular que rompa la subordinación del país al imperialismo y a las multinacionales, comenzando por la nacionalización de la banca, del comercio exterior, el no pago de la deuda y la implementación de un fuerte impuesto a todas las grandes fortunas, para atender las demandas sociales.

 Quienes integramos el Frente de Izquierda Unidad nos solidarizamos con el levantamiento del pueblo colombiano contra sus explotadores y opresores. Y llamamos a la más amplia movilización latinoamericana e internacional contra la brutal represión del gobierno de Duque.

 El triunfo de los/as trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los pueblos originarios de Colombia será un triunfo para todos los explotados de América Latina. 

 Viva el levantamiento del pueblo de Colombia 

 Abajo el paquetazo contra el pueblo Abajo el gobierno de Duque Basta de represión. 

Castigo a los responsables de los asesinatos de manifestantes Abajo el “plan Colombia”. 

Fuera el imperialismo de Colombia y América Latina. 

Por la Unidad Socialista de Latinoamérica.

 Frente de Izquierda Unidad

🇨🇴 Jornada de Paro Nacional en Colombia | El pueblo resiste en las calles

Vo Nguyen Giap, figura clave en la victoria de Vietnam

Nuevo pico mundial de coronavirus: la aguda situación de Sudamérica

Una comparación entre los países del epicentro: India, Uruguay y Argentina. 

 Argentina sumó el día de ayer 11.394 casos en 24 horas y alcanzó los 3.005.259 contagios desde que inició la pandemia. Al mismo tiempo, The New York Times publicó un informe en el cual alerta sobre el avance del coronavirus en todo el mundo: el viernes 30 de abril se llegó al pico histórico de infectados, con 884.586 casos diarios. El promedio de todo el mes de abril estuvo por encima de 800.000; el último pico había sido en enero, con 740.000 diarios. 

 El informe pone el eje en dos escenarios particulares: el de Sudamérica -especialmente Uruguay y Argentina- y el de India, que hoy aporta el 40% de los casos diarios al total mundial, superando a EE.UU., y está rompiendo récord de fallecimientos diarios.

 En este sentido, las imágenes y noticias provenientes de India acerca de personas muriendo en las calles por no poder acceder a un hospital saturado o con falta de oxígeno y de crematorios que no dan abasto por la enorme cantidad de muertos dieron vuelta al mundo. Sin embargo, es Sudamérica quien hoy tiene la tasa de contagios más alta del mundo. 

 Solo comparando los casos diarios nuevos por millón de habitantes se puede observar, ya que Argentina supera por creces los de India, con 456,38 vs. 270,43. Lo de Uruguay es particularmente grave, supera a ambos con 724,91 por millón, lo cual parte del promedio de 3.000 casos diarios que tuvieron durante casi todo abril con una población de 3,5 millones. Este dato lo consolida como el mayor generador de casos por habitante del mundo. Brasil está por detrás con 278, 32 por millón.

 En muertes totales desde que inició la pandemia, Brasil escala al primer lugar con 1.917 por millón de habitantes; es seguido por Argentina con 1.421 y Uruguay con 784. En el último lugar de comparación de estos 3 países se encuentra India con 158. Es decir que Argentina tiene 9 veces más muertos por millón que India.

 

Para tomar los datos del progreso de la pandemia más actuales, se utilizan los nuevos casos diarios, una medición de los últimos 7 días. Allí vemos de vuelta que Uruguay lidera con 16,37 nuevas muertes cada millón y es seguido por Brasil (11, 32) y Argentina (8,29). Luego India con 2,47.

 Si bien el mundo entero mira al país asiático, lo cierto es que los números en América Latina son peores, mostrando los más graves estragos de la pandemia y de este régimen a nivel social, económico y sanitario.

 La situación sanitaria de Argentina 

La semana pasada el presidente anunció la extensión de las limitadas medidas de restricción establecidas hace dos semanas. Días atrás, el presidente y sus ministros, con el apoyo de los gobernadores, mostraron que no iban a profundizar las medidas ni disponer el freno a las actividades económicas no esenciales, aun conociendo la precaria situación sanitaria.

 El gobierno justifica el no haber profundizado las restricciones por el amesetamiento de casos de las últimas dos semanas. Particularmente se observa una disminución en los menores de entre 10 y 19 años, donde bajaron casi un 30% en las últimas dos semanas, lo que revela que las versiones oficiales que afirmaban que «en las escuelas no se producían contagios» eran una falacia para intentar mantener los colegios abiertos. Sin embargo, estas disminuciones son insuficientes, sobre todo si se tiene en cuenta que la edad promedio de los contagiados es de 38 años, franja etaria que continúa yendo a sus puestos laborales diariamente y tomando el transporte público.

 También son insuficientes porque una meseta de 20 mil casos diarios es altísima, y evidentemente el sistema de salud no está preparado para soportarla. La ocupación de camas a nivel nacional continúa en 69%, pero la del AMBA llega al 97% según un relevamiento realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sobre 47 unidades de terapia intensiva y 1.139 camas. En el mismo indica que la ocupación en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 82 al 89% en menos de una semana. 

 La consecuencia de esto es el aumento en la mortalidad que se vio en las últimas semanas, alcanzando nuestro propio récord de fallecimientos diarios y un promedio de alrededor de 500. Es producto de cientos de pacientes bollando en busca de una cama por más de 10 horas y luego encontrarse con una internación y atención deficitaria, en tanto los hospitales y los profesionales no están preparados para recibir semejante caudal de enfermos, incluso aunque el resto de las patologías hayan pasado a un segundo plano.

 Los informes tanto del Ministerio de Salud como de la Sociedad de Terapia Intensiva muestran que, por un lado, los números entre el sector público y el privado varían en varios puntos porcentuales, e incluso varían considerablemente de acuerdo a la institución que se tome de referencia. Por el otro, no hay datos acerca de otros elementos faltantes, como el oxígeno o los medicamentos. Esto solo se conoce a partir de la denuncia de los trabajadores de la salud, que son finalmente quienes exponen las deficiencias de un sistema de salud fraccionado y descentralizado.

 

Quienes sostienen este régimen de muerte y miseria no tienen salida ante semejante desastre, solo son capaces de profundizarlo. La salida hoy está en manos de quienes encabezan las principales luchas del país, como los trabajadores de la salud de Neuquén, ejemplo para toda la clase obrera de la lucha por la defensa de salarios y sus condiciones laborales, a lo que se suma la pelea por un salario mínimo igual a la canasta básica familiar y seguro al parado de $40 mil. De esa manera, garantizar que la población pueda sostener las medidas de aislamiento, así como discutir nuevas y más profundas para detener la circulación de personas y del virus. 

 Esta misma lucha va de la mano de la reapertura de todos los centros de salud cerrados durante la pandemia, la urgente centralización del sistema de salud para optimizar los recursos, el aumento del presupuesto de salud para garantizar la compra de todos los elementos sanitarios necesarios (ampliación de camas UTI, respiradores, oxígeno medicinal) y la vacunación para toda la población, con prioridades discutidas entre expertos epidemiólogos y la clase trabajadora. Para garantizar las dosis, intervención de los laboratorios donde se producen vacunas contra el coronavirus en Argentina (en especial el laboratorio mABxience de Hugo Sigman) y la amplificación de dicha producción. 

 Lucía Cope

Una nueva rebelión popular sacude a Colombia

La reforma tributaria de Duque que aumenta el IVA de alimentos, congela salarios, y aumenta el “impuesto a la renta” (impuesto al salario), llevó a millones de personas y centenares de piquetes a las rutas, calles y accesos. El país enfrenta actualmente un tercer pico de contagios, sin vacunas, y el sistema hospitalario colapsado. Los docentes protestaron nuevamente contra la presencialidad y la “alternancia”. 

 Las protestas siguieron por cuarto día consecutivo y se profundizaron a pesar de la pasividad de las burocracias sindicales, partidos de oposición y de la intransigencia de Duque. “Los trabajadores del puerto de Buenaventura bloquearon el ingreso al puerto más importante del pacífico colombiano, el bloqueo de la vía al mar en Restrepo-Valle ya completa cuatro días a pesar de la represión del Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-, e igualmente se mantienen bloqueos en diferentes puntos del departamento de Arauca. Campesinos cerraron la vía Tunja-Bogotá, comunidades y procesos del centro oriente permanecen en la carretera en paro cívico, comunidades del nordeste antioqueño continúan en el paro minero y cocalero en Anorí, y varias ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Pasto han tenido movilizaciones consecutivas” (colombiainforma, 1/5). 

 El Comité Nacional del Paro, que nuclea sindicatos nacionales, jubilados, campesinos, estudiantes y docentes, le da oxígeno a Duque mientras escasea oxígeno en las UTI. La popularidad del presidente cayó un 33% y se encuentra en el nivel más bajo (la tercera, 1/5). Duque llamó a militarizar el país.

 Fuera Duque

 Duque prometió que no habrá IVA para bienes y servicios públicos, gasolina y productos de la canasta básica familiar, tampoco ampliará la base del impuesto de renta. El Centro Democrático y Conservadores están abiertos al debate, desde los Verdes (Fajardo), que habían pedido retirar la reforma y que renuncie Carrasquilla (min. economía). Petro llamó a retirar la reforma, y el partido Liberal tampoco la votará. El senador Ivan Cepeda llamó a un “paro legislativo”. Duque dijo que no lo hará “porque enviaría un mensaje de incertidumbre financiera”. 

 El Primero de Mayo fue una enorme jornada de luchas en todo el país, con la ciudad de Cali como epicentro. Incluso el América de Cali salió a apoyar a los manifestantes: “los trabajadores somos el pueblo, el motor del progreso de un país”, en su cuenta de twitter. El Paro continúa sin importar la llegada de militares y fuerzas especiales de la policía. 

 Se produjeron cortes en los accesos a Bogotá, Medellín y Barranquilla. En La Candelaria, centro de Bogotá, la policía reprimió hasta altas horas de la noche. Medellín suspendió el metro. En Tunja, Sogamoso y Duitama, provincia de Boyacá, caravanas de camiones que cortaron los accesos y movilizaciones hacia las plazas y parques. El “plan tortuga”, frenar el tránsito y sumar a la población. Se hicieron asambleas en los piquetes: “tendrá que caerse la reforma, el aumento a los combustibles, como así los supuestos representantes del pueblo que apoyan esta reforma”, en las afueras de Tunja.

 El Consejo Regional Indígena del Cauca reactivó la “Minga” indígena en apoyo al Paro, y contra la represión (colombiainforma, 1/5), para realizar “tomas de las vías públicas, las marchas y los actos simbólicos (…) configurar una minga en el marco de las diversas actividades que se puedan realizar en las veredas, pueblos, territorios y ciudades y que podamos salir a manifestarnos en contra de este régimen y del Gobierno” (ídem). 

 Cali Resiste 

Organizaciones de DDHH protestaron contra el ESMAD, responsable del asesinato de más de una decena de personas el año pasado durante la rebelión desatada contra la violencia policial y el asesinato de un joven en Bogotá.. “En Cali se presentaron alteraciones importantes el viernes que habrían dejado 14 muertos, en Bogotá hubo 28 detenidos por manifestarse y en Antioquia ya decretaron toque de queda” (pulzo, 1/5). Según el último balance oficial hay 209 policías heridos y 185 arrestos. 

 La respuesta a la represión en Cali fueron cientos de miles en las calles, la ciudad fue bautizada “capital nacional de la Resistencia” (#Parosigue #CALIRESISTENCIA #ParoIndefinido). En Popayán, capital de Cauca (mayor cantidad de desplazados y violencia paramilitar por asesinatos a líderes sociales) incendiaron establecimientos de policía y de la fiscalía. La justicia es cómplice de los ataques a los manifestantes y de los asesinatos policiales y paramilitares. También en Bucaramanga, Santander, los manifestantes respondieron a los ataques policiales. El ESMAD ingresó a la Universidad Industrial de Santander, reprimiendo a los estudiantes. 

 Los manifestantes gritan “Fuera Duque” porque entienden que no se trata de poner fin a una reforma tributaria, sino a un régimen político y social.

 Emiliano Monge

 02/05/2021

La catástrofe sanitaria en la India y su impacto global

Cremación masiva de fallecidos por coronavirus. 

 India superó este lunes los 350 mil casos diarios de coronavirus (más de un tercio de los casos globales) y acumuló un millón de nuevos infectados en apenas tres días. Tiene casi 3 millones de casos activos y un promedio de aproximadamente 3 mil muertos por día en las últimas jornadas. Es el cuarto país con mayor cantidad de decesos (195 mil) en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y México. 

 El sistema sanitario y funerario se encuentran colapsados. En los hospitales de la capital, Nueva Delhi, “los pasillos están abarrotados de camas y camillas, y los seres queridos reclaman oxígeno o la admisión de sus allegados enfermos, sin éxito. Algunos mueren en la puerta del hospital” (La Nación, 27/4). En otras ciudades, los cuerpos empiezan a amontonarse en las calles (como ocurrió el año pasado en Guayaquil, Ecuador), porque no dan abasto las morgues hospitalarias. En la capital, se improvisan lugares para cremaciones masivas.

 Son varios los factores que explican esta nueva oleada de la enfermedad: el bajo nivel de vacunación; la aparición de una cepa (la B.1.617) que sería más contagiosa; y el abandono de las medidas de aislamiento social.

 Desequilibrios 

Pese a ser el principal productor de vacunas del mundo y a fabricar varias de las que enfrentan el Covid-19, en India solo el 10% de la población ha recibido al menos una dosis (El País, 27/4). Más de mil millones de personas no se encuentran inmunizadas. En cierto modo, esto responde a que buena parte de la producción se exporta, ya sea por convenios comerciales o (en mucha menor medida) por el mecanismo Covax que busca abastecer a los países más pobres. En India se elaboran la Sputnik y la Johnson & Johnson, entre otras, con destino a países más afortunados. El grueso de las vacunas aplicadas a nivel local corresponden a la Covishield, fabricada por una asociación del estatal Instituto Serum y la británico-sueca AstraZeneca, que a su vez también se exporta.

 Pero al mismo tiempo que el gobierno posterga a la población nativa en aras de los convenios comerciales, Estados Unidos está acaparando los insumos para la fabricación de vacunas, lo que crea “cuellos de botella” en la producción local (Bloomberg, 27/4). El gobierno de Joe Biden se ampara en una ley de producción nacional para frenar la exportación de dichos elementos. 

 Como resultado de la falta de insumos y del recrudecimiento de la pandemia, India se vio obligada a comienzos de este mes a restringir los envíos al exterior y las entregas al mecanismo Covax. Se estima que bajo las tortuosas condiciones actuales de producción los “países medios” deberían extender su vacunación hasta fines de 2022 y los países más pobres por lo menos hasta 2023 (El Diario, 31/3).

 La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la diferencia entre la aplicación de vacunas entre los países centrales y los de Covax “es cada día más grotesca” (ídem). Debido a la administración capitalista del proceso de vacunación, se genera el desequilibrio de que Estados Unidos tenga un excedente de decenas de millones de dosis (que usa como herramienta política) y otros países no hayan recibido todavía ningún lote. El problema se acentúa debido al sistema de patentes, que impide una mayor fabricación. Los grandes laboratorios financiaron sus investigaciones para el Covid-19 con dinero estatal y ahora se apropian de los descubrimientos y entorpecen el progreso de la vacunación. 

 El retraso en la vacunación permite que el virus siga mutando y se desarrollen cepas más peligrosas, que restan efectividad a las vacunas diseñadas. En octubre apareció en la India la B.1.617, una doble mutación que sería más contagiosa y que ayudaría a explicar parcialmente el aumento de casos actual en la India. Esto tiene una repercusión global, dado que ya se ha encontrado esta variante en el Reino Unido y otros veinte países. 

 De este modo, las potencias que acaparan las vacunas ven cómo el problema que quisieron resolver cerrando la puerta se mete por la ventana. El impacto global de lo que está ocurriendo en la India ha obligado a estos países a comprometer su ayuda. Estados Unidos discute la posibilidad de permitir la exportación de insumos para la fabricación de vacunas para el Covid-19 en India y la asignación de dosis de AstraZeneca que no están aprobadas para su uso en suelo norteamericano. Hay una razón adicional que explica el apoyo de Biden: el gobierno supremacista y antiobrero de Narendra Modi es un aliado clave del imperialismo yanqui en la lucha contra China. 

 El gobierno de Modi, responsable

 Un último elemento que ayuda a entender la catástrofe actual es el abandono de las medidas de restricción social. A comienzos de año, frente a una caída en el número de casos (llegó a haber menos de 10 mil diarios), el gobierno relajó las medidas y se difundieron falsas informaciones, como que el país había alcanzado la llamada inmunidad de rebaño. Se permitió la realización de festividades religiosas masivas, como el Kumbh Mela, en que millones de personas se sumergen en las aguas del Ganges. A su vez, el partido de gobierno (BJP) realiza mítines masivos -mientras reclama a los agricultores en huelga que depongan sus medidas, con el pretexto del Covid-19. 

 Recién ahora, con el país ya colapsado, el gobierno empieza a adoptar algunas tímidas medidas de restricción. Como ha sido la regla en el mundo, el gobierno indio antepone los intereses de los grandes grupos empresarios, que quieren seguir funcionando a toda costa, a la salud de la población. Vale señalar, además, que el presupuesto del sector equivale apenas al 1,5% del PBI (ver «India: el presupuesto debe priorizar la salud, la educación», en sarrauteducacion.com, 22/1). 

 La crisis india revela el fracaso del capitalismo en el enfrentamiento del Covid-19, pese a que están dadas las condiciones técnicas y los recursos humanos para vencer la enfermedad. Es necesario otro tipo de organización social, que no esté basada en el lucro privado, y permita una planificación de la vida material. En el camino de superar la crisis, es vital la abolición de patentes, la producción pública de medicamentos, la formación de comités de trabajadores que garanticen la aplicación de protocolos sanitarios (con capacidad de paralizar los lugares de trabajo), la prohibición de los despidos, la garantía del 100% del salario y el subsidio a los desocupados y sectores informales, de modo que puedan sobrellevar las medidas de aislamiento. 

 Gustavo Montenegro

Lo que hay detrás de las tensiones entre Ucrania y Rusia

En los últimos días, Putin decidió desmovilizar a los miles de soldados que había dirigido hacia las fronteras con Ucrania en las semanas recientes con el presunto motivo de realizar ejercicios militares. La movilización de las tropas, estimadas en 100 mil soldados, fue la más numerosa en décadas y se complementó con decenas de navíos, cientos de aviones, así como piezas de artillería y misiles. Estos desplazamientos, que fueron defendidos por parte del Kremlin como un accionar soberano y defensivo ante maniobras de la Otan y del gobierno ucraniano, contribuyeron a la escalada de tensión política y militar en las regiones separatistas del Donbás, en el este ucraniano, donde los choques se vienen intensificando. Buena parte de los analistas internacionales previeron la posibilidad de una escalada que derive en un conflicto abierto, en principio, entre Ucrania y Rusia, habida cuenta la cantidad de intereses encontrados en juego, los cuales no han desaparecido. De hecho, el equipamiento pesado desplegado por Rusia, así como miles de soldados, permanecen próximos a Ucrania, así como estacionados en la península de Crimea. 

 La escalada en el este de Ucrania

 Con 19 soldados ucranianos caídos en lo que va del año, como consecuencia de enfrentamientos con tropas de las regiones de Donetsk y Lugansk (las cuales buscan su autonomía respecto de Kiev), el conflicto de la región del Donbás se encuentra en su peor momento desde los llamados acuerdos de Minsk firmados en 2015 que, sin mitigar el conflicto armado completamente, supusieron una suavización del mismo. En los 7 años que transcurrieron desde el inicio de la confrontación, perdieron la vida más de 14 mil personas. La causa última del conflicto, la profundización de la orientación pro Otan de Ucrania, es decir de una avanzada por parte del imperialismo contra el área de influencia rusa histórica en la perspectiva de un copamiento completo del espacio que otrora ocuparan los ex estados obreros, sigue en pie, alimentando la continuidad de crisis políticas en la región. La respuesta de Rusia a esa orientación ha sido la anexión de Crimea, y el apoyo a los autonomistas de Donetsk y Lugansk.

 De acuerdo a los funcionarios de Moscú, la movilización de las tropas que tuvo en vilo a buena parte del establishment internacional, fue una respuesta a acciones amenazantes de las FFAA ucranianas que anticiparían un “genocidio” de la población del Donbás. El gobierno ucraniano, por su parte, aprovechó la oportunidad de la escalada para reforzar el reclamo de que su país sea incluido en la Otan, así como para avanzar en una integración en la Unión Europea. La relación entre la UE y Rusia tiene en estos momentos múltiples contradicciones; en lo fundamental, Alemania busca no dinamitar los lazos con Putin habida cuenta de los negocios ligados a los hidrocarburos que los unen, mientras recibe la presión de Estados Unidos y los gobiernos del este europeo para no finalizar obras como la del gasoducto Nord Stream 2, que uniría a Rusia directamente con el territorio germano a través del Mar Báltico. Un aumento de la tensión podría haber sido provocada por el mismo gobierno ucraniano de Volodímir Zelenski con el objetivo de dar por finalizada cualquier sociedad entre Berlín y Moscú, ya que su eventual solidificación impediría el giro pro occidente de Kiev, el cual es completamente vetado por Putin. Al mismo tiempo, una mayor confrontación con un enemigo externo desviaría parte de la presión interna que sufre Zelenski en un contexto de descalabro económico y sanitario local. Ucrania lleva más de dos millones de contagiados de Covid y sólo han sido vacunadas, con una dosis, 500 mil personas en un país de 41 millones de habitantes.

 La ofensiva imperialista del demócrata Biden 

Del mismo modo, los episodios del este europeo no pueden ser separados del reforzamiento de la ofensiva que el imperialismo yanqui busca desplegar en todos los terrenos desde la asunción de Joe Biden. La Casa Blanca declaró que defendería a Ucrania en un eventual conflicto e incluso amenazó con desplegar parte de su flota en el Mar Negro. Una mayor presencia militar de EEUU en Ucrania completaría un cerco en la periferia rusa, habida cuenta el despliegue de tropas ya existente en otros países como Polonia. Biden, quien no tuvo pruritos en llamar asesino a su par ruso recientemente, dispuso sanciones económicas a funcionarios y empresas rusas, así como le ha impedido al capital norteamericano operar en el mercado de deuda del país eslavo; la excusa sería la intromisión de Putin en la elección presidencial norteamericana. El cuadro de presiones contra Rusia se completa con la expulsión de diplomáticos acusados de espionaje por parte de Bulgaria o la República Checa, así como de amenazas de mayores sanciones en el caso de que se profundice la persecución contra la oposición local, encabezada por el derechista Aleksei Navalni. Putin ha respondido a estas iniciativas haciendo alardes militaristas y con el mencionado despliegue de tropas.

 La crisis capitalista como telón de fondo 

El renovado militarismo yanqui y sus amenazas alrededor del globo no son sino una de las expresiones de la tentativa de superar la crisis capitalista. El objetivo, en marcha desde hace décadas, es la colonización completa, por parte del capital imperialista, de Rusia, China y el conjunto de los ex estados obreros. L

a casta del Kremlin, sucedánea de la burocracia stalinista, encabezada por Putin, pretende oficiar de intermediaria de este proceso de restauración capitalista en provecho de su propia oligarquía, lo cual entra en colisión en muchos casos con los apetitos y ambiciones de las metrópolis imperialistas. Asimismo, busca ejercer ella misma una tutela sobre el territorio ucraniano. 

 Una oposición de fondo a la avanzada imperialista y los gobiernos ajustadores es una tarea que solo puede asumir la clase obrera, que debe estructurar, para este objetivo, una alternativa política propia. Planteamos la lucha por una Ucrania independiente y sobre bases socialistas, liderada por las masas del este y el oeste. 

 Leandro Morgan

La Comuna de París (frente al republicanismo liberal) - Nestor Kohan. Entrevista de Luis Hernandez

¿ Por qué el 1ro de Mayo es el DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES?