Susana Montoya fue la viuda de Ricardo Fermín Albareda, un comisario vinculado al PRT, secuestrado, torturado y asesinado por la policía cordobesa en 1979. El viernes 2 de agosto, Susana, activa participante de las marchas de derechos humanos, fue asesinada a golpes en la cabeza y degollada en su casa de la Ciudad de Córdoba. En la pared, sus verdugos dejaron escrito un mensaje: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos #Policía”.
El crimen responde a las amenazas que recibió Fernando, uno de los hijos de Susana y Fermín, militante de HIJOS Córdoba y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos.
El 9 de diciembre, a días de asumir el gobierno de Milei, Fernando encontró varios mensajes, escritos con marcador en la puerta de su casa: “Te vamos a juntar con tu papito “; “Sos hijo de terrorista”; “Se te terminaron los amigos”; “No vayas más a la escuela ni a la Jefatura. Vas a morir”. Debajo de los papeles habían dejado seis balas calibre 22 largo.
Una de las tareas militantes de Fernando es dar charlas sobre derechos humanos a los cadetes de la policía provincial. A pesar de las conexiones evidentes, a pesar de que las amenazas se repitieron mes a mes, la investigación a cargo de la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de Córdoba no tuvo avances.
En un documento común, todos los organismos de derechos humanos exigieron “a la Justicia de Córdoba y al poder Ejecutivo: la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad. La seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia”, añadieron.
El asesinato de Susana Montoya generó una crisis en el gobierno de Martín Llaryora. El ministro de Seguridad, Juan Quinteros, debía tener algún indicio del accionar de bandas fascistas dentro de la policía que dirige porque un par de semanas antes del crimen había advertido: "Esta Policía es de la democracia y no hay lugar para trasnochados”. Cualquier investigación debería empezar, entonces, para que Quinteros identifique a los “trasnochados” que la fiscalía no detecta desde diciembre.
Los intentos de Quinteros de desviar el crimen hacia un intento de robo fueron desestimados de plano por Fernando Albareda: “No creo absolutamente en el tema del robo. Esto fue un asesinato. Desde el advenimiento de la democracia para acá al no haberse depurado nunca la fuerza policial, sospecho de todo el mundo”, agregó en declaraciones a Canal 10.
Las puertas de ingreso a la casa de Montoya no fueron forzadas. Además, en la misma cuadra hay custodia policial permanente por un caso de otro orden.
Durante la dictadura, la venganza de la policía cordobesa contra el comisario Albareda fue atroz. Raúl Pedro Telleldín, un exmilitar entonces jefe de la temible División de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba: “Le cortó los testículos, se los metió en la boca y le cosió los labios. Después lo dejaron desangrarse lentamente”, rememoró en el juicio por crímenes de lesa humanidad otro policía, Ramón Calderón.
Su asesino, Raúl Telleldín -el padre de Carlos, el de la AMIA- fue el fundador del Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A. Aunque en 1983 fue dado por muerto en un extraño accidente, siempre se sospechó que seguía vivo. En 1995, el excomisario Octavio Cuello aseguró que Telleldín vivía “en algún lugar de Córdoba” (Clarín 24/2/17). La Justicia cordobesa no se molestó en buscarlo. Vale recordar que, hasta que se murió, el comisario Etchecolatz tuvo una influencia decisiva en la Bonaerense, lo que le costó la vida a Julio López.
La responsabilidad política por el asesinato de Susana Montoya le cabe al gobierno de Martín Llaryora y a sus predecesores, que no han tenido el menor propósito, como dice Fernando Albareda, de meter mano en la Policía. Y es compartida por entero con el gobierno de Milei. No hay que olvidar el video del servicio Tata Yofre para el 24 de Marzo celebrando el genocidio, los planes de la vicepresidenta Villarruel -amiga hasta la muerte del comisario Etchecolatz- para garantizar la domiciliaria a los genocidas, o los legisladores que fueron a Ezeiza a tomar el té con ellos.
Ninguno de los atentados recientes se ha investigado para encontrar a sus ejecutores ni a quienes los avalan. La Justicia garantiza la impunidad de los grupos fascistas que, estimulados por la prédica permanente del gobierno nacional contra los militantes populares y en favor de la dictadura, demuestran una vez más que la mano de obra del terrorismo de Estado y sus herederos sigue actuando tranquilamente en las sombras.
Justicia para Susana Montoya.
Castigo a sus asesinos.
Abajo el gobierno socio de los genocidas.
Ni olvido ni perdón.
Olga Cristóbal
05/08/2024
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