El paro fue en defensa del salario y por la derogación de 135 artículos de la reaccionaria Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de 476 leyes sancionado en junio de 2020 que implica un ajuste público de fondo y ataca conquistas históricas de la clase obrera. Algunos de estos artículos incluyen restricciones al derecho de huelga, garantías de impunidad para las fuerzas armadas en casos de gatillo fácil y, por si fuera poco, facilitan la privatización de empresas estratégicas como Ancap (petróleo) y Antel (telefónica). Las organizaciones sindicales recolectaron las 700.000 firmas necesarias para que se convoque un referéndum sobre la LUC, cuya fecha debe ser aún fijada por la Corte Electoral.
En apenas un año y medio de mandato, el presidente charrúa impulsó una serie de medidas políticas y económicas que impactan de manera negativa en la población. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en los últimos diez meses, la inflación alcanzó el 7%, por encima del aumento de los salarios, que para peor ya venían con retrocesos. Además, durante la pandemia, el desempleo alcanzó al 10% del país. En suma, se registra un tercer año consecutivo de crecimiento en la pobreza (El País de Uruguay, 26/3). En este contexto crítico, Lacalle Pou subió el precio de la nafta (7%) y del gasoil (11%), incremento que se extendió, automáticamente, a otros rubros.
Hace tres semanas, los docentes también estuvieron de paro contra el ajuste en educación, mostrando su descontento con el gobierno de Lacalle Pou.
Pese a la disposición de lucha de los trabajadores, la conducción del PIT-CNT no ha anunciado nuevas medidas. Es necesario darle continuidad al paro del 15, por medio de un plan de lucha que quiebre el ajuste del gobierno. Esto requiere superar los límites de la dirección del PIT-CNT y la política conciliadora del Frente Amplio.
Álvaro Chust
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