Uruguay: La “normalización” criminal del gobierno debe ser frenada

A 45 días de la asunción, y a un mes de la declaración de la crisis sanitaria el gobierno multicolor ha dejado en evidencia su incompetencia, no sólo en lo referente a la propagación del COVID19, sino fundamentalmente en el cuidado de la vida de la población del país. Pero se trata de una incompetencia que no tiene nada que ver con lo inédito de la situación, el paso de mando o con ciertas carencias técnicas, sino que se explica por su carácter de clase y el desprecio que expresa sobre las masas pobres y explotadas. Por ese motivo desde el inicio, su orientación y principal preocupación no ha sido la salud pública y la vida de las personas, sino la continuidad del funcionamiento de la economía. Esta jerarquización del gobierno, no es otra que la lógica capitalista del funcionamiento de la sociedad, pues el capital precisa movilizar las mercancías para producir y realizar la extracción de la plusvalía. La paralización, como lo ha demostrado históricamente la acción colectiva de los trabajadores, siempre atenta contra sus intereses. Por esto, lejos de optar por garantizar las necesidades básicas de existencia al conjunto de la población e imponer una cuarentena general para combatir el virus, que implica una cierta centralización y planificación estatal de la economía, el gobierno ha adoptado una orientación de continuar como si nada sucediera, favoreciendo así a distintos sectores empresariales y del gran capital que incluso se benefician y lucran en el marco de una brutal epidemia y crisis social.
De conjunto, los multicolores han profundizado una política de transferencia de ingresos desde los trabajadores, con la devaluación, los tarifazos y el aumento de los impuestos al consumo (para tarjetas) y el impuesto a los funcionarios públicos, hacía las arcas de los distintos sectores capitalistas y del Estado. Lejos de haberse detenido, la epidemia comienza a extenderse a todos los departamentos y en Montevideo se comienza a registrar una expansión desde los barrios ricos a los barrios obreros y pobres, así lo evidencian los datos del propio Ministerio de Salud Pública sobre los focos de contagios, datos que hasta el más ingenuo puede darse cuenta que constituyen un sub registro de la cantidad real de infectados, producto de la negativa a realizar test masivos de forma organizada al conjunto de la población. Los contagios y la posterior cuarentena de sectores enteros de centros de salud pública como el Hospital Vilardebó y el Hospital Maciel muestran la completa ineptitud y/o desidia de las autoridades en este sentido.
Algo que también graficó la movilización de los funcionarios de INISA del INAU denunciando a las autoridades (en este caso aún frenteamplistas), exigiendo el testeo a todos los jóvenes y trabajadores ante un caso de confirmación de contagio en un trabajador médico del centro de ingreso CIAM. El punto es que nadie quiere hacerse cargo de pagar los costos de los test, dejando librada la salud pública a la lógica del mercado, y a las inversiones que las empresas de la salud decidan realizar en esta materia. En este sentido, la desigualdad social se reproduce en la atención a las personas contagiadas, el caso del cerrense que luego de insistir en atención médica por más de 5 días debió ser hospitalizado en Hospital Español esperando una cama por más de 12 horas en una ambulancia, es un ejemplo de esto.
Los principales líderes del Frente Amplio por su parte, lejos de denunciar la orientación del gobierno vienen adoptando una postura conciliadora, posicionándose como una “oposición constructiva” con un planteo de unidad nacional en el marco de la crisis, apoyando y promoviendo varias de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.
La resolución de la vuelta a clases en las escuelas rurales, el retorno a la actividad en la Industria de la construcción, y las recientes declaraciones de Miguel Asqueta, Director General de Salud de liberar la actividad para la que la gente se contagie y de ese modo generar anticuerpos, son una evidencia concreta de que el gobierno no se propone – y nunca se propuso realmente- combatir la epidemia. Se trata de la misma política que puso en jaque a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil y al propio primer ministro británico Boris Jhonson que culminó internado por coronavirus, con el contagio exponencial de miles de personas y centenares de fallecidos.
Lo que es claro, es que la ‘normalización’ que pretende imponer el gobierno como portavoz de las grandes empresas, es a costa de la salud y la vida de los trabajadores, algo que los sindicatos, las organizaciones sociales y la izquierda que se reclama socialista no podemos permitir. La cuarentena, la seguridad sanitaria estricta bajo protocolos en los servicios esenciales con control de comités de higiene y salud en los lugares de trabajo, sólo podrá hacerse efectiva por acción de los trabajadores, algo que ya se ha puesto en marcha con la asistencia de las ollas populares, el reparto de víveres y canastas, y las huelgas y movilizaciones de distintos sindicatos para imponer protocolos de seguridad y testeos en los lugares de trabajo.
En este sentido, no se puede dejar de señalar como negativo el acuerdo de la construcción firmado por la dirigencia comunista del SUNCA, que concilia con las empresas y se niega a apelar a medidas de lucha, exponiendo a más de 45 mil obreros y sus familias al contagio, en una industria que no es esencial y cuyas principales empresas han amasado ganancias fabulosas en las últimas décadas.
Para defender la vida y la salud pública debemos abrir una deliberación de conjunto, el PIT-CNT debe plantarse firme en defensa de la salud y la vida de los trabajadores, estableciendo qué sectores de la actividad económica son esenciales y cuáles no lo son, y exigiendo que las empresas y el Estado continúen pagando los salarios durante la cuarentena, y se establezca una renta universal a los desocupados y a los trabajadores afectados por la crisis. Junto a estas medidas es preciso batallar por garantizar la cuarentena general para el conjunto de la población y medidas estrictas en términos sanitarios para aquellos que tienen que continuar trabajando. La articulación de las ollas populares y las organizaciones barriales y sindicales son la clave para organizar la cuarentena e incluso el abastecimiento. La huelga general debe estar a la orden del día, si el gobierno continúa con la orientación criminal de retomar las actividades y hacer caso omiso a las recomendaciones médicas. Debemos terminar con la política de conciliación con el Estado y las patronales, por aquí lo que está en juego es la vida de la población trabajadora.
La pandemia ha traslucido al mismo tiempo a nivel global la incompatibilidad de este régimen social con la protección de la salud y la vida, una contradicción histórica que no se condice con el avance técnico y tecnológico que se ha alcanzado socialmente, retomar el planteo de su superación es una tarea política de vida o muerte para el futuro de la clase trabajadora y para el conjunto de la humanidad.

Lucía Siola
16/05/2020