El viernes pasado se dio a conocer la declaración de la Cámara de Industrias del Uruguay en apoyo a los sectores agrarios en conflicto y sus demandas. ¿Es el comienzo de la ruptura de las patronales con el gobierno?
En 2013 cuando Tabaré Vázquez confirmaba su candidatura para la presidencia, una encuesta publicada por el semanario Búsqueda daba cuenta del abrumador respaldo a la figura de Danilo Astori como posible futuro ministro de economía por parte de los doscientos dueños y gerentes de las empresas más importantes del Uruguay. Es que el timonel de la economía gozaba de buena reputación entre el empresariado nacional y extranjero y los “inversores” vivían con calma y “previsibilidad” el proceso electoral de 2014.
Después de la década neoliberal, a principios de siglo en Latinoamérica las burguesías nacionales y extranjeras de los distintos países tuvieron que resignarse a que sus partidos directamente no podrían dirigir sus estados. Es así como estos sectores terminan apoyando y confiando la administración del estado a variantes “progresistas”, nacionalistas, y de centroizquierda que marcaron la última década y media. Fueron gobiernos que expresaron una relación de fuerzas caracterizada por el hartazgo con el neoliberalismo como paradigma político.
Es en este marco que debemos referirnos al Frente Amplio como sustituto histórico del Partido Colorado (agotado) en la gestión del estado. Como fuerza política de prevención de estallidos sociales más profundos y que, sin alterar los pilares de la estructura económica de la época anterior, administró el estado ayudado por el “viento de cola” de las materias primas junto a otras ventajas externas.
En este proceso, las patronales uruguayas y el capital financiero internacional se encolumnaron de conjunto detrás de esta variante política. En el caso de las patronales agrarias nacionales y el agronegocio de capital extranjero, las ganancias fueron exorbitantes. En las ciudades, las empresas también gozaron de ventajas impositivas que permitieron aumentar su ganancia, a costa entre otras cosas, de un modelo de bajos salarios para el grueso de la clase trabajadora.
Desde el punto de vista político, el Frente Amplio lograba bajo un clima de “gobernabilidad” garantizar los buenos negocios empresariales. Uno de esos “buenos servicios” está dado por la dirección mayoritaria del PIT-CNT, en su papel de contención del movimiento obrero y legitimación del régimen y sus instituciones, encapsulando a la clase trabajadora en una tenue “puja redistributiva” en el momento de ascenso, y desarmándola políticamente frente a las crisis, cierres de fábricas y ataques de las patronales.
¿Qué buscan las patronales del campo y la ciudad unidas?
El conflicto agrario ha dado lugar a que patronales no agrarias también se pronunciaran y apoyaran la movilización. Unas de las más importantes es la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), que emitió una carta pública. Recientemente ANDEBU, la gremial de los dueños de los medios de prensa, decidió que también apoya la movilización del campo.
La declaración de la CIU expresa una convergencia interesante de advertir. En su carta “No es el campo, es el Uruguay”, afirman que "competitividad, costos del combustible y electricidad, peso tributario que soportan todas las empresas y el endeudamiento son algunos de los problemas que tanto la industria como el agro están soportando y son el eje de esta movilización”. Traducido al criollo: están de acuerdo con la plataforma del campo, que exige un dólar a $36, gas oil a $26, exenciones impositivas, y el recorte de los planes sociales del MIDES.
Esta unidad, podemos afirmar que viene a expresar el intento de la patronal nacional de avanzar en reivindicaciones que corrijan su “rentabilidad”. Y para eso, pone en cuestión al Frente Amplio como instrumento político para dicho fin. Si la última década y media estuvo marcada por el apoyo de estos sectores a la variante frenteamplista, la situación internacional de “viento de cola político” para la derecha continental con el golpe institucional en Brasil, las victorias de Macri, y la reciente de Piñera, pone a la patronal uruguaya a la ofensiva para lograr un gobierno más directamente “propio”, o buscar poner aún más de rodillas al gobierno del Frente Amplio, intentando lograr un consenso para un ataque sin cuartel a las conquistas de los trabajadores y el pueblo.
Una dinámica parecida a la brasileña, donde el PT ya no podía ir a fondo con todo el plan (en enfrentamiento directo con su propia base social) y la burguesía utilizó el impeachment como arma para el recambio del gobierno y lograr mayores ataques.
No en vano son las declaraciones de Lacalle Pou el último fin de semana asegurando que “el ciclo político del FA se terminó”.
El gobierno todavía tiene en su favor los apoyos del capital financiero internacional, el de las calificadoras de riesgo como Standard & Poors que le permite seguir colocando deuda a 2050, entre otras cosas.
Una de las claves para la rentabilidad empresarial es la reforma laboral que le permita a las patronales bajar los costos de producción. El gobierno comenzó dar pasos en ese sentido por sector, con el acuerdo marco en la segunda planta de UPM, pero las patronales necesitan un ataque frontal para recuperar su “competitividad”.
Más específicamente, no es un frente de las patronales contra el gobierno, es un frente contra la clase trabajadora de la ciudad y del campo, y contra el pueblo pobre.
¿Quiénes hegemonizan la movilización en Durazno?
Es cierto que el movimiento comenzó motorizado por la iniciativa de pequeños y medianos productores. Como hemos dicho en este mismo medio, la política del gobierno en estos trece años favoreció al proceso de extranjerización de la tierra más importante de la historia del país. Sin embargo, y a caballo de los genuinos reclamos del pequeño productor, se montan las gremiales empresariales y los latifundistas (anti)nacionales, que con un programa devaluador, de rebaja de impuestos, y recortes sociales toman la posta del discurso en el movimiento.
Tan evidente es la gravitación de los sectores terratenientes que hemos tenido que ver a un Bordaberry desfilando por la tele como productor “autoconvocado”.
Álvaro Jaume, reconocido activista por la tierra y los recursos naturales fue parte del movimiento desde el comienzo, hasta que concurrió a las “reuniones preparatorias” en Durazno. Jaume pudo constatar que el movimiento estaba amañado por el Partido Nacional y las direcciones de las entidades gremiales importantes.
Por su parte, referentes políticos de la oposición confirmaron su presencia. El primero fue Jorge Larrañaga de Alianza Nacional, que ve en este movimiento una oportunidad para regenerar un ala con mística “wilsonista” dentro de su partido. Pero para los blancos no es automático que pueda capitalizar este movimiento, ya que el partido está consumido en riñas internas y problemas éticos y de corrupción.
El diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular concurrirá a la movilización con un apoyo vergonzante a las patronales del campo. El recubrimiento de fraseología “artiguista” y por el pequeño y el mediano productor, no puede tapar que quienes hegemonizaran la movilización serán los sectores rancios con su programa. No es más que una muestra del oportunismo político del Movimiento 26 de Marzo.
Ni con el gobierno, ni con la patronal agraria. Una salida con los trabajadores
Los constantes y estériles llamados “a la paz y la no violencia” por parte del PIT-CNT demuestran que no es su intención como dirección política del movimiento obrero preparar una lucha en las calles contra las patronales y con independencia del gobierno. Es que en el fondo, la central obrera apoya el actual modelo económico y sus maniobras políticas se enmarcan en este apoyo.
Si los pequeños productores, los colonos, y muchos peones rurales quedaron subordinados al programa de las patronales agrarias se debe a la inacción de la central obrera y a la ausencia de un programa hegemónico del movimiento obrero para postularse como sujeto político en la vida nacional. Una plataforma reivindicativa del movimiento obrero debe partir por reivindicar el derecho de los pequeños productores al crédito barato, la expropiación de los grandes terratenientes y del agronegocio, e impuestos progresivos al gran capital. A la vez que debe organizarse y poner en pie sus organismos de lucha para enfrentar a las patronales de la ciudad que buscarán apretar los ritmos de trabajo, rebajar salarios, despedir, y (si los dejan) aprobar una reforma laboral como en Brasil, o como la que quiere aplicar Macri en Argentina.
Ante la actual dirección del PIT-CNT que inmoviliza al movimiento obrero es necesario luchar en cada sindicato por oposiciones clasistas que tengan la capacidad de plantear una perspectiva desde los trabajadores al conjunto de la sociedad, los trabajadores rurales, los pequeños productores, y los pobres urbanos, entre otros.
Damián Recoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario