En Uruguay estamos acostumbrados a que en el verano no se destacan conflictos importantes, al menos en los últimos años. El comienzo del 2018 parecía estar en éstos marcos. Con una temporada turística récord, los empresarios del sector y la ministra Kechichian desfilaban contentos por los medios de comunicación. Sin embargo irrumpe en la situación nacional el conflicto del campo y Tabaré Aguerre renuncia a su cargo. Una perspectiva desde la izquierda y la clase trabajadora.
La movilización del día lunes tuvo un importante despliegue de tractores, camionetas, y hasta avionetas en distintas localidades del país. Exactamente en nueve departamentos. Mientras tanto, el gobierno convocaba a la residencia presidencial a las gremiales agrarias.
Como hemos informado en este mismo medio, el sector rural realizó reuniones en distintos departamentos para recoger las demandas de los participantes. Los problemas de rentabilidad es lo que más se hace escuchar, consigna tomada por casi todas las capas de este sector movilizado. En correspondencia con el programa de reivindicaciones que desde siempre levantan las gremiales patronales del campo. Entre sus principales reclamos está el “costo” de los aportes patronales a las jubilaciones de los trabajadores (pagos al BPS), el “costo” del estado, la baja del precio de los combustibles, piden devaluación quejándose del atraso cambiario (en línea con la ARU que viene pidiendo que el dólar pase a 35 pesos), entre otras.
El inicio de este movimiento fue supuestamente a través de mensajes de whatsapp que daban cuenta de una postura enfervorizada y antiobrera. Por ejemplo con las propuestas, luego más de una vez discutidas en las reuniones de este sector, de bloquear los accesos a las grandes ciudades e impedir el ingreso de alimentos. Esto sería una medida de lock out patronal, en contra de la clase trabajadora, sintomático para darse cuenta quienes llevan la voz cantante en este “movimiento”. En reuniones posteriores decidieron confluir nacionalmente en una asamblea del sector el próximo 23 de enero, pero antes ya se hicieron sentir manifestaciones en las rutas y medidas llamadas “tractorazos” en distintos puntos del país.
Las apelaciones que también se hicieron escuchar contra el PIT-CNT no parecen darse por su rol de contención política del movimiento obrero y su alianza con el gobierno, sino más bien expresan un sentimiento reaccionario contra la organización de los trabajadores. Debemos recordar el caso del peón rural en Salto que fue azotado con un rebenque por reclamar sus derechos. Es que para la gran patronal agraria “el mejor sindicato es el que no existe”.
La situación de conflicto del campo tuvo al Partido Nacional como uno de sus primeros adherentes. Es que después de más de una década de gobierno y hegemonía frenteamplista, al calor de la victoria de las derechas en el continente, los blancos piensan que esta es su hora. Sin embargo la actual situación encuentra al partido de Oribe hundido en su propia crisis entre disputas de poder y acusaciones de corrupción.
El movimiento de conjunto se destaca por su heterogeneidad, pero queda claro quienes llevan la voz cantante hasta ahora. Como los que hablan contra el “costo del estado” y el bendito “atraso cambiario”, en los discursos también se manifiesta el desprecio de las grandes patronales por la carga social que representa mantener a sus peones en regla. Este es uno de los “costos” del estado. Es que en el campo, aún existen condiciones en las grandes haciendas que se reducen casi que a la servidumbre.
Todas estas son demandas históricas de sectores medianos y grandes ligados a la ganadería terrateniente, pero también responden al reciente fenómeno de la soja y la producción transgénica y también de la forestación. Cabe destacar además la adhesión de sectores patronales del transporte de carga, que recientemente asesinaron a un dirigente sindical y que públicamente los trabajadores del sector han denunciado una política de sicariato por parte de las patronales buscando amedrentar a los trabajadores.
Por otro lado están los pequeños productores y colonos de la tierra con importantes dificultades para llegar a fin de mes, pero sus necesidades se diluyen o se entremezclan con las de los grandes.
Es cierto que la política de los 13 años de gobierno frenteamplista tendió a desincentivar la producción familiar y de los pequeños propietarios, para dar rienda suelta al proceso de extranjerización de la tierra más imponente en la historia del Uruguay. Del total de las 16 millones de hectáreas de tierra productiva en nuestro país, aproximadamente el 60% de la propiedad se encuentra en manos de sociedades anónimas extranjeras. Mientras tanto, como bien denuncian el colono Gabriel Arrieta y Álvaro Jaume, el proceso de despoblamiento del campo se ha acelerado, favoreciendo aún más la concentración de la tierra.
Una política que ha beneficiado a los grandes terratenientes del Uruguay y a las multinacionales que con los precios de las materias primas de la década pasada han llenado sus arcas. Ahora, muchos de esos sectores subidos al caballo de las demandas de los pequeños y medianos productores, pujan por mayor rentabilidad.
Los costos electorales para el gobierno
Ante esta situación el gobierno ha recibido algunos coletazos, la crítica inicial de todo este sector al Ministro del MGAP Tabaré Aguerre y la difusión de su presentación de renuncia seguido de la aceptación por parte del poder Ejecutivo de la misma, es un índice de la repercusión política que empezó a tener este conflicto, si bien el gobierno quiso aclarar que no tuvo relación con este conflicto.
Pero esto no solo puede tener repercusiones inmediatas. Desde el punto de vista de la dinámica de clases del conflicto y su posible repercusión electoral, el gobierno mira con preocupación este problema. Ya que una de las claves del Frente Amplio para mantenerse en el poder es seguir desarrollando bases de sustentación en el interior del país. Ante el actual conflicto, es un riesgo real que los sectores medios de las ciudades del interior viren hacia un apoyo a las demandas del agro.
Podemos decir que la hegemonía del ciclo frenteamplista se basa en su fortaleza en su bastión (Montevideo y zona metropolitana), y una creciente llegada al interior explicado por su posición de partido de la gestión estatal, un rasgo que lo emparenta a la función histórica del Partido Colorado.
Mientras tanto, la oposición de derecha intenta polarizar con el gobierno alrededor del conflicto, buscando erosionar su apoyo social.
Ante la situación no tan alentadora aún para la vuelta del Partido Nacional al gobierno, su propia base social ve una buena oportunidad para lograr mejores concesiones por parte del gobierno, evitando tener que esperar el supuesto triunfo blanco.
La salida es con el movimiento obrero
Ante la situación de pauperización de pequeños productores y la situación de despojo que vive el trabajador rural es necesario que desde las organizaciones de la clase trabajadora se levante un programa nacional de emergencia que contemple la demanda de las capas bajas del agro. La salida de fondo a la extranjerización de la tierra y la proliferación del monocultivo de la soja y los transgénicos vendrá de la mano de un plan de impuestos progresivos a las grandes fortunas, créditos baratos a los pequeños productores y colonos, la organización de los trabajadores rurales y el respeto de sus derechos y salarios dignos. La producción de alimentos debe estar no al servicio de la ganancia del agro negocio y los grandes hacendados del Uruguay, sino al servicio de los trabajadores y el pueblo pobre. Es necesario terminar con la especulación alrededor de los alimentos para el consumo popular, hay que eliminar el monopolio de las grandes superficies e ir hacia almacenes populares controladas por las organizaciones de trabajadores.
La única salida es que los trabajadores del campo y la ciudad se unan, pero a la vez diferenciados tanto de las patronales rurales como del gobierno. Lo que ahoga a los pequeños productores es la gran propiedad terrateniente, no solo la extranjera sino también la local (como toda la historia del país). Así como las políticas de los gobiernos, que nos mete la mano en los bolsillos tanto al pequeño productor como a los trabajadores rurales y urbanos, en beneficio del gran capital nacional y extranjero. La unidad de los trabajadores rurales y urbanos, junto a los pequeños productores y los colonos, unidad independiente no solamente del gobierno, sino también de las patronales de la ciudad y el campo.
Damián Recoba
Sebastián Artigas
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