Los Juicios de Nüremberg fueron una serie de 13 procesos judiciales realizados por un Tribunal Militar Internacional acordado entre Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS y Francia contra jerarcas y otros implicados en la maquinaria del nazismo.
El 20 de noviembre de 1945 comenzaba, en el Palacio de Justicia de una ciudad de Nüremberg devastada por los bombardeos aliados durante la guerra, el primer juicio contra los principales líderes de la Alemania nazi.
Lejos de estar destinados a encarcelar a todos los responsables del genocidio nazi, los juicios fueron una enorme puesta en escena donde los vencedores buscaron legitimarse como los nuevos amos del mundo que reivindicaban su derecho a imponer el orden de la postguerra. Sugestivamente, el estatuto de este Tribunal Militar Internacional, que introdujo la noción jurídica de “crimen contra la humanidad”(1), había sido hecho público en agosto de 1945, simultáneo al brutal bombardeo en Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos que masacró a cientos de miles de japoneses; cuestión que llevó a Hannah Arendt a denunciar que el juzgamiento de unos cuantos criminales nazis obedecía a una política de prudencia por parte de las potencias occidentales, evitando “el caso de crímenes a propósito de los cuales se habría podido invocar el tu quoque” (tu también).
Así, en los 13 procesos conjuntos englobados en los juicios fueron sometidos a procesamiento 611 figuras emblemáticas de diferentes esferas: jerarcas políticos y militares nazis, médicos, jueces, etc., de las casi 5 mil peticiones de procesamientos individuales que se habían elevado al tribunal. En el primer juicio, el más emblemático por tratarse del juzgamiento de las altas jerarquías, fueron llevados al banquillo 24 líderes nazis. Luego de 216 sesiones, el 1 de octubre de 1946 se emitió el veredicto por el que fueron condenados a muerte a 12 acusados (Goering, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart y Bormann), tres fueron condenados a cadena perpetua (Hess, el ministro de economía Walther Funk y Raeder) y cuatro recibieron sentencias de 10 a 20 años (Doenitz, Schirach, Speer y Neurath). Fueron absueltos Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank, Franz von Papen, ministro y vicecanciller, Hans Fritzsche, ayudante de Joseph Goebels en el Ministerio de Propaganda y no recibieron condena Gustav Krupp, industrial que amasó su fortuna a costa del trabajo esclavo y Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo que organizaba y planificaba la explotación de este trabajo forzado.
La impunidad de la burguesía alemana
No sólo quedaron sin juzgar decenas de miles de nazis, sino que los grandes industriales alemanes que se enriquecieron a costa del masivo trabajo esclavo de judíos, gitanos, obreros deportados compulsivamente de los países ocupados, partisanos, homosexuales, que fueron obligados a trabajar hasta morir de agotamiento y enfermedad, gozaron de la más absoluta impunidad. Tal fue el caso, por citar sólo un ejemplo reconocido, de la actual Bayer, en aquellos tiempos IG Farben, una de las mayores empresas del sector químico y farmacéutico que, sirviéndose del trabajo forzado, fabricó el gas Zyklon B que usaba el régimen nazi para aniquilar judíos en los campos de concentración. Así lo testimonia el gran Primo Levi, químico y escritor italiano en sus obras Si esto es un Hombre y Así fue Auschwitz donde reconstruye su terrible experiencia en la Buna, fábrica donde los prisioneros de Auschwitz Monowitz eran brutalmente esclavizados para producir caucho para la IG Farben.
Tampoco fueron encarcelados los grandes banqueros que se enriquecieron gracias al nazismo, como sucedió con el Dresdner Bank que transfirió todos los bienes y riquezas de los judíos a manos de los burgueses ligados al régimen. El único gran emblema de la burguesía alemana que fue sometido a juicio en Nüremberg, Gustav Krupp, dueño de la Krupp AG (compañía del sector armamentístico que abasteció la maquinaria de guerra nazi), no recibió allí ninguna condena debido a ser declarado incapacitado para enfrentar un juicio. Así, los grandes burgueses y financistas que amasaron sus fortunas a base de la sangre y el genocidio de millones, gozaron a la salida de la guerra de la más completa impunidad garantizada por las democracias imperialistas.
La justicia de las masas
Lo juicios de Nüremberg deben ser entendidos como un intento de lograr un proceso emblemático a nivel internacional que cierre “por arriba” el proceso que se extendió por abajo a la salida de la guerra, donde amplias masas mostraron sus aspiraciones democráticas. Esto fue clave en aquellos países que experimentaron ascensos de la lucha de clases o procesos revolucionarios a la salida de la guerra como Francia e Italia. En Francia, minoritariamente desde antes de la liberación (cuando era llevada a cabo por distintos grupos de la resistencia en la clandestinidad) pero de manera generalizada después de agosto del año 1944, se desplegó un proceso popular de juzgamiento a los colaboracionistas, conocido como la “depuración”, que expresaba las profundas aspiraciones de las masas a que fueran condenados los cómplices de la ocupación alemana que sostuvieron el régimen colaboracionista de Vichy. Como cuentan Herbert Lottman en su libro La depuración y Enzo Traverso en A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), allí miles de funcionarios, miembros de grupos paramilitares que perseguían ferozmente a la resistencia, delatores, torturadores y comerciantes enriquecidos gracias a la especulación, fueron juzgados, condenados y ejecutados por tribunales obreros y populares espontáneos que surgían por todas partes buscando imponer justicia.
Para contener la radicalización de este proceso que amenazaba con volverse contra el conjunto de la burguesía francesa –cuya mayor parte había sido colaboracionista de los nazis-, De Gaulle promovió el “modelo Nüremberg” de juicios amañados donde fueron juzgados sólo unos pocos cientos mientras miles de genocidas fueron amnistiados en varias oleadas entre 1947 y 1953, y muchos de estos se integraron posteriormente a la función pública durante la Cuarta y la Quinta República. El propio Mariscal Pétain, presidente del gobierno de Vichy y personaje ampliamente repudiado por las masas francesas, fue dejado en libertad en el año 1951.
Lo mismo sucedió en Italia, donde la resistencia partisana ejecutó en el año 1945 entre 10 y 15 mil fascistas miembros de la República de Saló, entre ellos el propio Mussolini, linchado en la plaza Loreto durante la liberación de Milán. Este proceso de justicia popular, enormemente extendido debido a la existencia de una resistencia armada de masas contra la ocupación nazi, fue contenido desde arriba una vez que la burguesía italiana pudo, con ayuda de los aliados y del Partido Comunista –entregado a la política de “unidad nacional” de contención de la revolución-, reconstruir el Estado. De tal manera, como plantea Enzo Traverso, “en nombre de la continuidad del Estado –y gracias a la complicidad de las fuerzas de ocupación aliadas, que percibían cada vez más a la resistencia como una amenaza de subversión social y política- el gobierno italiano impidió toda investigación sobre las grandes empresas que habían apoyado al fascismo y se negó a entregar a los principales responsables de los crímenes perpetrados por el ejército fascista en Yugoslavia, Grecia y Albania.”(2)
Muchos de estos criminales fascistas y nazis fueron ayudados por la Iglesia católica, que les facilitó la tarea de fugarse a distintos países sudamericanos a través del llamado “pasillo Vaticano”, es decir la influencia de la diplomacia papal3() que consiguió pasaportes, visados, etc., como relata magistralmente Robert Katz en su libro La batalla de Roma. Los nazis, los aliados, los partisanos y el papa. Esta nefasta tarea de impunidad contó asimismo con el activo protagonismo del Partido Comunista Italiano, cuyo máximo dirigente, Palmiro Togliatti, siendo ministro de Justicia amnistió en el año 1946 a 219.481 genocidas, reduciéndole las condenas a unos 3 mil fascistas acusados de crímenes graves. Y esto, apenas un año después de la expulsión de los nazis a manos de las masas obreras y campesinas que habían conquistado con sus propias fuerzas la liberación de todo el norte italiano. Gracias a estas amnistías, una gran parte de los miembros de la elite dirigente y la burguesía italiana que habían sostenido el fascismo, se reincorporaron a su profesión e incluso a la función pública, reciclándose en el aparato represivo. De hecho, para el año 1960, 62 prefectos sobre un total de 64 habían sido funcionarios de alto rango bajo el régimen fascista.
Los genocidios “democráticos” que no fueron al banquillo
Una de las grandes falacias que logró instalar el triunfalismo ideológico liberal a la salida de la guerra es que esta fue un enfrentamiento entre la democracia y el fascismo, donde las potencias “democráticas” habrían cumplido un rol progresivo en su lucha contra el fascismo, defendiendo los valores de la libertad y la democracia. Este relato no sólo oculta los verdaderos objetivos de reparto del mundo que llevaron a los distintos imperialismos a la guerra entre sí –cuestión que ha sido abordada por Andrea Robles y Gabriela Liszt en los ensayos introductorios al tomo I del libro Guerra y Revolución. Una interpretación alternativa de la Segunda Guerra Mundial(4)-, sino también los propios genocidios perpetrados por las potencias occidentales “democráticas”, tales como las masacres a la población civil de Dresden, Hiroshima y Nagasaki. En Dresden, Alemania, se estima que en febrero de 1945 más de 500 mil personas murieron por efecto de las más de 700 mil bombas de fósforo lanzadas por los aviones ingleses sobre una población total de 1 millón de personas. Como han reiterado numerosos historiadores y analistas, Dresden no poseía interés militar alguno, ya que era una ciudad utilizada como centro de refugiados, y su bombardeo fue realizado bajo el estricto objetivo de hacer una demostración de fuerza por parte de Inglaterra que reclamaba un papel importante en el orden de post-guerra. Lo mismo sucedió con los bombardeos perpetrados por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, que fueron realizados cuando la victoria en la guerra ya estaba asegurada con el único fin de demostrar quién era el nuevo amo del mundo –demostración que estaba dirigida centralmente a la Unión Soviética, siendo realizados los bombardeos precisamente un día antes del inicio de la conferencia de Potsdam en que los imperialismos se dividieron las zonas de influencia del mundo con la URSS-. Se estima que entre ambas ciudades murieron en total cerca de 500 mil personas. ¿Fueron juzgados los militares y funcionarios norteamericanos e ingleses por cometer estos genocidios? Muy por el contrario, pasaron a erigirse en los supuestos defensores de la democracia internacional.
Paula Schaller
Licenciada en Historia - Conductora del programa Giro a la Izquierda
Notas:
1.“Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra; o persecución por razones políticas, raciales o religiosas en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea que violen o no las leyes nacionales del país donde son perpetrados”.
2. Traverso, Enzo, A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), PUV, Valencia, 2009, pp. 121-122.
3. Se estima que en la postguerra unos 60 mil criminales de guerra ingresaron a la Argentina mediante el pasillo vaticano. Ver: Katz, Robert, La batalla de Roma. Los nazis, los aliados, los partisanos y el papa, Turner, España, p. 426.
4. Hoy se pueden leer estos ensayos en León Trotsky, La Segunda Guerra Mundial y la revolución, Obras Escogidas 8, Bs. As., Ediciones IPS-CEIP.
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