Si no somos conscientes de que el extractivismo económico y el racismo son los núcleos duros de la estructuración de las sociedades latinoamericanas, nunca podremos romper con la dependencia que nos impusieron los imperios coloniales hace ya más de 500 años.
Las distintas tendencias de las izquierdas, desde las más revolucionarias hasta transadoras, siempre han hecho hincapié en los efectos brutales del Capital Fabril en los seres humanos. Desde Marx y Bakunin hasta Friederich Ebert siempre se ha problematizado el tema del sistema industrial. Sin embargo el sistema industrial no es la única forma de opresión que utiliza el Capital. En ese sentido tenemos que señalar las dos más antiguas: el racismo y el género. En el caso del racismo, este esta implícitamente relacionado con las estructuras de desigualdad producto del Imperialismo y la colonización. A la vez la colonización se relaciona también con los modos de apropiación de la tierra y los recursos naturales. Es así como se establece una lógica basada en la desigualdad étnica y la apropiación de los recursos la cual denominaremos “colonialidad”.
El ciclo de los gobiernos progresistas de Latinoamérica es un buen ejemplo de como la lógicas coloniales o la “colonialidad” son incluso más profundos que las logicas del capital industrial. No me centraré en la discusión de si los gobiernos progresistas rompieron con las lógicas del capital fabril o no, sino que abordare su relación con las lógicas coloniales. Tampoco me centrare en las diferencias entre los denominados “gobiernos progresistas”, ya que claramente son muy distintos los gobiernos que se desarrollaron en Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y El Salvador de los que se desarrollaron en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Los que esgrimen más las contradicciones que desarrollare son el primer grupo de países, sin embargo estas contradicciones también pueden aplicarse a los del segundo grupo, solo que en menos medida. Es más estas contradicciones pueden aplicarse a la mayoría de la izquierda institucional del Continente, he incluso a algunos sectores puntuales de la izquierda no institucional. En ese sentido este texto es para reflexionar sobre desigualdades y estructuras de dominación sumamente profundas que no han sido abordadas correctamente por la amplísima gama de sectores diferentes de lo denominado “izquierda”.
Cuando hablamos sobre el tema de los derechos laborales y sindicales, claramente la clase política se divide en dos bandos clarísimos, “derecha” e “izquierda”. La denominada “izquierda” a favor de los derechos de los trabajadores y de la reglamentación del mercado laboral, mientras que la “derecha” pregonando una flexibilización laboral e incluso la represión del sindicalismo. Con respecto a las empresa publicas la “izquierda” las defiende, mientras que la “derecha” quiere acabar con ellas. Podríamos decir que dentro de la “izquierda” hay una cierta idea de responsabilidad social, mientras que la “derecha” defiende el liberalismo a ultranza. Sin embargo con respecto al extractivismo económico hay un consenso casi absoluto. Capas que la única diferencia sea en que la “izquierda” plantea efectivizar cargas impositivas para poder después desarrollar planes sociales. Sin embargo en esencia nadie cuestiona el modelo. Nadie cuestiona las plantaciones de soja transgénica o la forestación, nadie cuestiona la megaminería, ni la extracción de hidrocarburos.
Eso también se aplica al tema del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. La discusión entre “izquierda” y “derecha” es si reconocer o no reconocer los derechos culturales o sobre planes sociales para ayudar a los pueblos. Pero si hablamos de autonomía y de respeto irrestricto a los territorios, la cosa cambia. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta contradicción se vio durante la “Marcha del Color de la Tierra” del año 2001 organizada por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de México para promover la Ley de Derecho y Cultura Indígenas. El social-demócrata PRD se alío con la derecha más tradicional y se opuso a los artículos sobre autonomía de las comunidades indígenas contemplados en la ley. Algo similar ocurre en el Uruguay, país donde hace 11 años gobierna la coalición centro-izquierdista Frente Amplio. El Frente Amplio ha impulsado el fortalecimiento del movimiento sindical, de derechos sociales para las mujeres y los colectivos LGBT, así como la mundialmente famosa legalización de la marihuana. Sin embargo los derechos de los afro-descendientes fueron más cuestionados que los de las mujeres y los colectivos LGBT y los derechos para las comunidades charrúas siguen sin ser reconocidos. Justamente uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno para no ratificar el Convenio 169 de la OIT es el tema de los derechos territoriales así como prejuicios racistas sobre la población indígena. Cabe señalar que Uruguay es un país que vive de la exportación de soja transgénica y forestación de eucaliptos además de carne bovina y leche. Si bien el modelo forestal y sojero se desarrollaron en gobiernos de derecha pura como el de Luis Alberto Lacalle y el de Jorge Batlle, ninguno de los gobiernos del Frente Amplio ha tenido la más mínima intención de cambiarlo. Por otro lado es de señalar el intento del Presidente Mujica de impulsar la megaminería de hierro, proyecto que tuvo una muy fuerte oposición social.
Brasil es otro ejemplo con claridad de esta contradicción. El primer gobierno de Lula fue el gobierno con mayor demarcación de tierras indígenas de la historia del Brasil, así como también la implementación de políticas culturales de reivindicación indígena y afro. Sin embargo ni Lula, ni Dilma cambiaron el modelo económico basado en la soja transgénica, la ganadería, la desforestación, la minería de hierro y la explotación de hidrocarburos. Esta contradicción, entre una reivindicación cultural indígena y afro y una apuesta a la exportación de materias primas genero tensiones muy fuertes entre los latifundistas y las comunidades indígenas, quilombolas y sintierras. Esto se vio en el segundo gobierno de Lula que fue el periodo con mayor asesinato de indígenas y campesinos por parte de pistoleros de las haciendas. Y más particularmente con la apuesta del gobierno central en construir la represa sobre el río Xingú, en plena amazonia, para satisfacer la demanda energética de la industria siderúrgica paulista y que genero una oposición férrea de parte de los principales líderes indígenas del Brasil. Estas contradicciones han sido las que han generado las condiciones para la realización del Golpe de Estado contra Dilma Rouself. Ahora los movimientos indígenas, sintierras y quilombolas se encuentran en la disyuntiva de tener que salir a defender un gobierno que no ha hecho mucho por ellos, por el tema de que ahora se viene la derecha más brutal.
Los desafíos futuros que se nos deparan es en crear alternativas y movimientos que no solo cuestionen al mercado laboral o al capitalismo industrial sino que cuestionen al capitalismo más profundo y depredador. Que si no somos conscientes de que el extractivismo económico y el racismo son los núcleos duros de la estructuración de las sociedades latinoamericanas, nunca podremos romper con la dependencia que nos impusieron los imperios coloniales hace ya más de 500 años. Si no descolonizamos a las izquierdas no podremos descolonizar a las sociedades donde vivimos.
Martín Delgado Cultelli
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