sábado, 12 de julio de 2025
jueves, 10 de julio de 2025
Trump lanza un golpe económico contra Brasil, con la mira puesta en un golpe de estado
Donald Trump anunció el miércoles 9 que establecería una sobretasa arancelaria del 50% contra la totalidad de los productos de exportación de Brasil – se encuentren ya tasados, como el acero, el aluminio, el azúcar y el bíoetanol, o no. En el caso de este tarifazo “recíproco” no hizo casi alusión al intercambio comercial con ese país, que registra un pequeño superávit a favor de Estados Unidos dentro de un marco de exportaciones de 40 mil millones de dólares cada uno.
Lo bizarro, en apariencia, de todo el asunto, es que Trump ha justificado ese arancelamiento recargado en lo que ha llamado “la persecución judicial” contra Jair Bolsonaro. El expresidente de ultraderecha se encuentra acusado de tentativa de golpe de estado, en enero de 2023, y destrozos de propiedades y patrimonios públicos. Trump denuncia “una caza de brujas” y ha reclamado el indulto al golpista incluso antes de recibir una condena. Las autoridades brasileñas caracterizan la extorsión de Trump como un ataque a las instituciones del Estado, especialmente contra el Tribunal Superior Federal. Dentro de una guerra arancelaria que nunca ha sido solamente comercial, sino que forma parte de una guerra mundial imperialista propiamente dicha, la bravuconada del mandatario norteamericano representa un ostensible salto, o sea a la guerra política. Trump ha cargado sobre sus espaldas la orientación a un golpe de Estado en Brasil, con la expectativa de obtener un éxito mayor que los fracasados golpes que él y su compinche brasileño intentaron, respectivamente. En el juicio a Bolsonaro se encuentran acusados de sedición varios jefes militares brasileños.
De acuerdo a la prensa brasileña (Folha de Sao Paulo), Bolsonaro estaría preparando su fuga y el asilo político por parte de Trump. El hijo mayor del golpista frustrado, Eduardo Bolsonaro, ha obtenido residencia en Estados Unidos, donde se ha declarado “diputado en el exilio”. El mismo Bolsonaro se habría refugiado en la embajada de Hungría en Brasilia durante 48 horas, luego que la Justicia le retirara el pasaporte. Aunque el Congreso de Brasil ampara políticamente a Bolsonaro, en el marco de una política para consagrar al ultraderechista gobernador de Sao Paulo como próximo presidente de la nación, Trump apunta sus dardos con el Tribunal de Justicia, a quien acusa de atacar la libertad de expresión y acallar las redes sociales, por los límites que le ha impuesto a las noticias falsas y políticamente desestabilizadoras que promueven Elon Musk y la camarilla oficialista MAGA de Donald Trump. Es claro para cualquiera que el candidato a dictador de Estados Unidos (por de pronto ha vulnerado principios constitucionales decisivos como el derecho de nacionalidad) proyecta una suerte de fascismo universal bajo los pliegos de un bonapartismo militarizado internacional.
El tiro golpista contra el gobierno y el poder judicial brasileño apunta a objetivos más ambiciosos. Donald Trump ha amenazado con la guerra a los BRICS, la coalición que integra Brasil, junto a Rusia, China, India y Sudáfrica, si continúan “socavando” la primacía del dólar, en referencia a los acuerdos comerciales de esos países mediante el uso de monedas locales. Trump mira a Brasilia pero apunta a Pekín y Moscú. Como ocurrió con el simulacro engañoso que utilizó para bombardear a Irán mientras pretendía públicamente lo contrario, el objetivo de Trump son las cabezas de sus rivales económicos y, en última instancia, geopolíticos e imperialistas de cuño propio. En un reciente pre-acuerdo comercial con Vietnam, Trump ha impuesto un desalojo de China del sudeste asiático. Cuando las principales potencias, y en especial el imperialismo norteamericano y la OTAN, dan los pasos necesarios para desarrollar una guerra mundial, es que estamos en una guerra mundial. Los planes para proceder a una “limpieza étnica” en Gaza y en Cisjordania prosiguen sin pausas; en cuanto a Ucrania, la guerra se ha convertido en ilimitada – involucra al territorio ruso y lo mismo ocurrirá con las naciones que bordean el Mar Negro, sin exceptuar a Turquía.
Una semana antes de estos improperios imperialistas contra Brasil, Lula y Milei habían convenido en una lista de 150 posiciones arancelarias para negociar con Trump una serie de concesiones recíprocas, en especial, acero, aluminio, etanol, azúcar, carne y otros. El asalto de Trump contra Brasil va dirigido a desintegrar al Mercosur, sin reparar los privilegios que esta asociación ofrece a industrias y agroindustrias de sus países. La declaración de guerra a América Latina que comenzó con la amenaza de ocupar por la fuerza el canal de Panamá, gana un nuevo desarrollo. A esto se añade el régimen de deportaciones arbitrarias por parte de Trump; las amenazas contra México, que so pretexto de la lucha contra los carteles de la droga está dirigido a quebrar el sistema bancario mexicano; o el proyecto de una base militar en Tierra del Fuego.
Las campañas electorales de medio término, en Argentina, ignoran olímpicamente el alcance de la guerra, salvo cuando se escapa la tortuga, ocasionalmente, y dos legisladoras de condición judía, una por la LLA y la otra por UxP, se acusan, también recíprocamente, de “antisemitismo”, una, y de “genocidio”, la otra, sin que el juez Daniel Rafecas sea convocado o se ofrezca a laudar.
Las compras de todo tipo de pertrechos militares a Estados Unidos, los protocolos represivos de todo orden, el uso abundante de la Gendarmería contra los trabajadores en lucha y la extensión del espionaje a la ciudadanía, muestran que la tendencia al golpe de estado no es exclusiva de Trump contra Brasil; el ex secretario de Carlos Saúl Menem, Alberto Kohan, acaba de exhortar a una disolución del Congreso, como respuesta a los obstáculos (ficticios) que enfrentan Caputo y Milei en el Senado y Diputados.
Jorge Altamira
10/07/2025
miércoles, 9 de julio de 2025
Milei ofrenda las Malvinas y sigue comprando armamento obsoleto según las exigencias de la Otan
Mientras hambrea al pueblo, Milei sigue rematando el país para congraciarse con las potencias imperialistas, colocando a la Argentina como peón de la Otan en la región. Según la revista británica The Economist, el gobierno está negociando con el Reino Unido “moderar o incluso desactivar” el reclamo sobre las Islas Malvinas y comprarle pertrechos militares.
Las tratativas son secretas. Estamos ante un intento del imperialismo por imponer la venta de sus armas –cuando no hay ninguna hipótesis de conflicto militar en la región– y de avanzar en una mayor colonización económica y política de la Argentina. Desde la Guerra de Malvinas, el Reino Unido impuso un embargo a las exportaciones de armamento hacia Argentina, que incluye la prohibición de vender equipos y componentes militares fabricados en suelo británico. Dicho embargo se levantaría si Argentina abandona su reclamo de soberanía sobre las Islas.
EE.UU. y el Reino Unido buscan reforzar su injerencia en Argentina y América Latina, en el marco de la crisis capitalista y las disputas con China y Rusia. Son países que, como las demás potencias capitalistas, vienen aumentando sus presupuestos militares –incluso en armamento nuclear– al calor de la escalada en los choques comerciales y bélicos que amenazan con llevar a una nueva conflagración mundial.
Milei ha dado sobradas muestras de proimperialismo en el tema Malvinas, al punto de defender la “autodeterminación” de los kelpers ocupantes. Su gobierno permitió al Reino Unido extender su control sobre el Mar Argentino y no dice nada sobre los ejercicios militares que realiza en las Islas.
The Economist señaló que el ministro de Defensa, Luis Petri, impulsa la integración de Argentina como “socio global de la Otan” –categoría que ya tienen países como Colombia, Japón y Corea del Sur. Actualmente, Argentina es “aliado extra Otan”, un estatus obtenido durante el gobierno peronista de Menem cuando estableció las “relaciones carnales” con Estados Unidos.
Ser “socio global” traería consigo un mayor alineamiento con el imperialismo en conflictos bélicos y temas de “seguridad” y “terrorismo”, mayor intromisión de los países miembro en el aparato militar, un reforzamiento de la participación en misiones de la Otan y la inclusión en entrenamientos para operaciones futuras.
Milei viene profundizando la subordinación de Argentina a las grandes potencias. Ya sumó al país a iniciativas como la fuerza marítima proimperialista en el Medio Oriente e incrementó la participación en ejercicios militares internacionales –incluso con fuerzas británicas.
Además, hay negociaciones con EE.UU. para permitir el atraque de sumergibles nucleares en Tierra del Fuego, donde quiere construir una base militar. A esto se suma la intención de comprar submarinos franceses y helicópteros.
El gobierno libertario nos alinea con el imperialismo en su intento por ir a una nueva guerra por el reparto del mundo. La tendencia hacia una tercera guerra se ve en los conflictos en Medio Oriente (con los ataques del imperialismo e Israel a Gaza, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán), en Europa (guerra en Ucrania), en el aumento de las tensiones en el Pacífico (Estados Unidos-China) y en los conflictos armados en África.
Milei afirmó que Argentina es la 23° potencia militar mundial, dato desmentido, pero que no oculta que aumenta el presupuesto de defensa mientras aplica un brutal ajuste contra los trabajadores: recortes a jubilaciones, salarios, despidos masivos y reducción de fondos para salud y educación.
El gobierno adquirió 24 cazas F-16 estadounidenses de segunda mano a Dinamarca, la mayor inversión aérea en décadas, y vehículos blindados Stryker 8x8 (con capacidad para lanzagranadas y ametralladoras). Además, planea comprar fragatas, más blindados, fusiles y aviones de transporte. Todo esto es impulsado por un gobierno que entrega la soberanía nacional en un país sin hipótesis de conflicto armado.
El elenco gobernante refuerza a las Fuerzas Armadas para aumentar la represión y regimentación de la clase obrera, como parte de su intento por poner en pie un régimen totalitario donde las libertades democráticas queden reducidas a su mínima expresión.
Abajo el gobierno represor. Fuera el imperialismo de Argentina y América Latina.
Nazareno Suozzi
domingo, 6 de julio de 2025
El Mercosur y la guerra arancelaria
La guerra de “aranceles recíprocos” ha ocupado extensivamente a la prensa y a la información internacional, pero no en cuanto al Mercosur. Con un arancel externo común de los países que lo integran, el Mercosur es una víctima objetiva de esta guerra. Trump ha aumentado en un 10 % los gravámenes a la exportación de acero y de aluminio a Argentina, Brasil y México, y en estos días ha prohibido el ingreso de tubos sin costura que produce Tenaris. Esto explica que los países del Mercosur hayan elevado a 150 los productos a los que no se aplicaría el arancel externo común, con el propósito de que cada país por su cuenta pueda negociar una reducción de ellos a cambio de la supresión o reducción de los aranceles impuestos por Trump.
Frente a la ofensiva comercial trumpista, Javier Milei optaría, dice la información, por la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos; Lula, por una intensificación del comercio con Asia, desde China, India y el Asia Central; el agronegocio brasileño y también la industria, compiten con EEUU en el mercado mundial. Un TLC con EEUU sería inviable, porque Argentina no puede perder el mercado chino y porque Trump no está interesado en abrir el mercado norteamericano (de acero, bíocombustibles o aluminio) a Argentina. Estados Unidos ha bloqueado incluso la importación de litio desde aquellos países que no integran, a partir de ese mineral, una cadena de producción con dominio norteamericano con destino a Estados Unidos. El gobierno de Trump está dispuesto a extender los aranceles al acero y al aluminio a los productos industriales derivados de esas materias primas (desde cuchillos a automóviles). Por otro lado, el cierre relativo del mercado norteamericano a China, Japón y la Unión Europea, obliga a esos países o bloques a derivar sus exportaciones a otros mercados, como los “emergentes”. Cuando más necesaria resultaría fortalecer la capacidad para negociar como bloque, el Mercosur aborda la guerra económica con tropas dispersas.
A fuerza de discutir hasta el aburrimiento acerca de la acumulación de reservas del Banco Central, la cuestión más decisiva, la comercial, ha quedado fuera del radar público. Pero ella jugará un papel más disolvente en la economía que la política monetaria de Caputo. Argentina depende financieramente de la deuda pública, principalmente en manos norteamericanas, pero mucho más del comercio mundial, que gira en torno a los rivales de Estados Unidos.
En definitiva, las contradicciones objetivas llevan a un choque entre Trump y Milei, a una capitulación de Milei y a un probable golpe de mano de la burguesía local.
sábado, 5 de julio de 2025
El fallo buitre por YPF, una radiografía del saqueo de Argentina
Solo una movilización antiimperialista de los trabajadores puede terminar esta rapiña.
El fallo del tribunal de Nueva York que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a un buffet de abogados buitre es la coronación de uno de los capítulos más infames del saqueo de la Argentina por el imperialismo, los capitalistas criollos y sus gobiernos. Milei le echa la culpa al "inútil soviético" de Kicillof para presentarlo como el resultado de un estatismo negligente, cuando por el contrario es una muestra del carácter buitre del capitalismo argentino.
Toda la trama que termina en este juicio es una estafa monumental, en la que dejaron sus huellas digitales los gobiernos capitalistas de todos los colores que se alternaron en las últimas décadas .
La demanda alega que cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol, en 2012, se incumplió un estatuto que ordenaba compensar por igual al resto de los accionistas. Esa norma, alevosamente inconstitucional, pretendía bloquear toda posibilidad de intervención estatal en la petrolera que rige la industria energética en el país. De respetarse se hubiera duplicado la usura que pactó el gobierno de Cristina Kirchner con Repsol en 2014, con Axel Kicillof como ministro emisario, fijando una indemnización de 8.900 millones de dólares (si contamos los intereses de los bonos con que se pagó) a pesar del vaciamiento perpetrado por el pulpo español y los pasivos ambientales con que dejó a YPF.
El "damnificado" sería el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que en aquel momento controlaba el 25% de las acciones de la compañía, adquiridas por medio de un fraude concertado para terminar de vaciar la petrolera. Fijémonos.
Los Eskenazi son un exponente del empresariado que hizo buenos negocios con el remate de las empresas públicas en los '90, cuando entre otras se quedaron con el Banco de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, quien por entonces desde la provincia petrolera apoyaba también la privatización menemista de YPF. Años después, el mismo Kirchner impulsaba desde la presidencia la “argentinización de YPF”... para que los Eskenazi se hicieran con el 25% de la compañía sin poner un solo peso.
Para eso, los Eskenazi crearon en España las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas fantasma sin activos ni actividad. Compraron las acciones de YPF gracias a un préstamo de un consorcio bancario y de la misma Repsol, que ni siquiera le pidieron garantías porque acordaron que se repagaba con el giro de utilidades de la propia empresa. Una maniobra fraudulenta por la cual entre 2008 y 2011 se repartieron entre ambos grupos empresarios dividendos por casi 6.000 millones de dólares, a pesar de que las ganancias fueron de unos 4.000 millones.
Sin reinversión alguna, YPF fue sobreendeudada (su pasivo saltó de 3.000 a 9.000 millones de dólares) mientras la producción de petróleo cayó 21% y la de gas un 10%, las reservas netas se desplomaron un 24% y la exploración tocó el punto más bajo de su historia. El país, mientras tanto, caía en un descomunal déficit en su balanza energética debido a la necesidad de importar combustibles.
En aquellos años, Enrique, Sebastián y Matías Eskenazi eran vicepresidente, CEO y director de la petrolera respectivamente, y cobraban millonarias bonificaciones extrasalariales que no eran aprobadas por la asamblea de accionistas. Luego de la expropiación a Repsol la administración prohibió el giro de dividendos y el Grupo Petersen se declaró en quiebra por no poder afrontar las deudas con los bancos extranjeros. En 2015 vendió el derecho a litigar a un estudio de abogados inglés, Burford Capital, por 15 millones de dólares (menos del 0,1% del monto fijado ahora por el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska).
Burford es un fondo de cobertura (hedge fund), lo que significa que es un buffet de abogados caranchos que hacen negocios con la compra de derechos de litigio de empresas quebradas para después cobrar los juicios. De hecho, vendiendo parte de esos derechos ya multiplicó por 20 su "inversión" inicial en este caso. Es análogo a lo que hacen fondos buitre que compran títulos de deuda defaulteada que valen centavos para exigir después el pago total. Los argentinos ya conocemos esta carroña.
Es un secreto a voces que entre los que se asociaron a Burford en este megaestafa hay varios empresarios argentinos. Una prueba es que parte de la sentencia sería cobrada por el fondo buitre Eton Park Managment, socia de Pampa Energía en el negocio con las privatizadas energéticas, incluidos enjuagues como la compra fantasma de la empresa Iecsa al entonces presidente Macri y su primo Ángelo Calcaterra. Usó para eso la plata que cobró del fallo de Thomas Griesa (precursor de Preska), que obligó a pagarle casi 10.000 millones de dólares a un puñado de fondos buitre que no ingresaron a los canjes de deuda de los Kirchner.
Burford supo aprovechar los tiempos políticos. Inició sus acciones legales cuando Cristina y Kicillof ya ensayaban su política de “vuelta los mercados”, que incluía el pago de todas las sentencias contra Argentina en los tribunales internacionales del Ciadi -que insumieron 1.000 millones de dólares durante los últimos años del mandato de CFK. Como todavía hoy tenemos a un gobierno cuya estrategia se reduce a lograr acceder al mercado de crédito internacional, podemos descontar que la apelación de Milei a este fallo solo busca ganar tiempo y finalmente negociar el pago multimillonario mediante una nueva megaemisión de bonos de deuda.
Lo dicho permite ver que la política de intentar complacer al capital financiero internacional es como un barril sin fondo, y que el saqueo del país por estos buitres es lo verdaderamente inviable. No el "sovietismo", sino el estatismo capitalista. Por eso en solo una semana el "market friendly" Milei vio cómo el JP Morgan le bajó el pulgar a la bicicleta financiera con bonos de deuda y el Morgan Stanley mantuvo la peor calificación para la inversión en acciones argentinas. Ahora, con el fallo buitre, se recrudecen las dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda, y además se complican operaciones de endeudamiento corporativo como la que iba a financiar el oleoducto Vaca Muerta Sur para exportar crudo.
Esta estafa es el corolario lógico de la "renacionalización" trucha de YPF por el kirchnerismo, que mantuvo a la compañía como sociedad anónima que cotiza en Wall Street y se asoció a la yanqui Chevron para impulsar el negocio de Vaca Muerta. Hoy los habitantes del país pagamos el triple por calefaccionarnos y la nafta a precio internacional, mientras un puñado de pulpos hizo grandes negocios exportando petróleo. Por esa orientación social, y cuando su estrategia es que el gran capital los vaya a buscar cuando fracase el experimento Milei, el peronismo ni insinúa la necesidad de una movilización popular contra esta intromisión buitre de un juzgado de Nueva York que ni siquiera tiene competencia en el asunto.
Solo la clase obrera tiene un interés en combatir este saqueo, y puede impulsar una movilización antiimperialista del pueblo argentino para impedir que se consume esta nueva estafa, reclamar la nacionalización integral de la industria energética en función de las necesidades del país, y en definitiva pelear por la ruptura con el capital financiero internacional que hunde a la Argentina en un espiral descendente de devaluaciones, defaults, tarifazos y empobrecimiento.
Iván Hirsch
Los jerarcas del Opus Dei denunciados por trata de mujeres para servidumbre
La Fiscalía argentina imputó al sacerdote Mariano Fazio, segundo al mando del Opus Dei, por reducción a la servidumbre y trata de personas en una causa que involucra a otros jerarcas. Otra muestra del carácter barbárico de esta institución, que posee vínculos importantes con el mundo político y empresarial en Argentina y otros países.
La investigación judicial de los hechos, ocurridos en el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (Icied), comenzó en 2022 tras las denuncias de 43 víctimas durante el año anterior; la acusación se formalizó en 2024. La causa está a cargo de la Procuraduría contra la Trata de Personas y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3.
Inicialmente, los acusados fueron jerarcas que dirigieron la delegación argentina del Opus entre 1991 y 2022. Fazio es el principal colaborador de Fernando Ocáriz, prelado (máxima autoridad) de la institución, y el primero en la línea sucesoria. El infierno del Icied, que funcionó entre 1973 y 2017 -fue cerrado por el Ministerio de Educación bonaerense-, ha sido relatado por Claudia, una de las víctimas, en un documento.
Las 43 mujeres, pertenecientes a familias trabajadoras-rurales pobres y católicas, fueron reclutadas por el Opus Dei cuando eran menores de edad con la promesa de tener un hogar, ir a la escuela y acceder a un trabajo. Finalmente, trabajaron gratis durante décadas como empleadas domésticas para satisfacer las demandas de los miembros varones del Opus.
Claudia contabilizó veintidós años y seis meses de servidumbre en el Icied. Secó miles de vasos, limpió pisos de rodillas, planchó y fregó sotanas innumerables veces, y cocinó para hombres de la élite vinculados al Opus (empresarios, políticos, jueces, académicos, terratenientes). En los casi diez mil días que trabajó, “rezó, se flageló y besó el piso al sonar el despertador, cada mañana a las 6, diciendo: te serviré” (ElDiarioAr, 29/6).
Las mismas penurias sufrieron otras 42 mujeres. Trabajaban desde las 6 am hasta altas horas de la noche bajo un régimen opresivo. El adoctrinamiento y la manipulación ideológica eran la norma. Bajo amenaza de castigo, debían aceptar la obligación de castidad, la ruptura de lazos familiares y sociales, y revisiones periódicas de salud que incluían medicación psiquiátrica (El País, 3/7).
Además, no tenían acceso a medios de comunicación. Las autoridades del Icied controlaban las cartas que recibían: si anunciaban la muerte de un familiar, las ocultaban durante meses para evitar visitas; otras simplemente se descartaban. Una de las víctimas declaró en abril que sirvió directamente a Fazio.
El Opus Dei ha negado los cargos y pidió que se permita dar “su versión de los hechos” a los implicados. Mientras tanto, como era de esperarse -por su historial en la vulneración de derechos y la defensa de curas abusadores-, el Vaticano ignora las denuncias.
La sotana, la política y el dinero
El Opus Dei es una facción derechista de rasgos sectarios que pertenece a la Iglesia Católica. Fue fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, canonizado en 2002 por Juan Pablo II -Francisco beatificó a Álvaro del Portillo, su sucesor. Opera como una logia; en su seno hay jerarquías e impera el secretismo, y muchos de sus miembros pertenecen a la élite capitalista. Solo se sabe si alguien es del Opus cuando trasciende, pues no hay actas públicas.
Durante la Guerra Civil española, el Opus apoyó al bando fascista de Franco. Balaguer creía que los republicanos estaban controlados “por una camarilla de judíos, masones y comunistas empeñados en socavar a los nacionalistas y a la Iglesia” (Perfil, 15/12/2014). Algunos miembros del régimen franquista pertenecían al Opus.
Aprovechando sus vínculos con el franquismo, Balaguer logró expandir la organización usando los mismos métodos que Fazio y su séquito: reclutamiento de jóvenes engañados para ingresarlos a la organización, a la que entregaban sus salarios y herencias. Actualmente, los miembros célibes ejercen profesiones bien remuneradas y están obligados a ceder todo su dinero a la organización.
El Opus considera que el rol de la mujer debe reducirse al de ama de casa, prohíbe los anticonceptivos a los matrimonios, predica entre la juventud que el sexo prematrimonial es pecado y obliga al celibato a los solteros. A algunos miembros les colocaban un anillo de púas apretado en las piernas para “reprimir el deseo”.
“Las prácticas de autolesión, las técnicas agresivas de reclutamiento, la segregación de sexos en sus centros residenciales y de estudios, además de los informes de exmiembros a quienes se prohibía el contacto con sus familias, contribuyeron a la percepción de que el Opus era más una secta que una institución, pese a contar con la bendición del Papado”, señala Perfil (ídem).
Los miembros de élite del Opus viven en comunidades cerradas y segregadas, actuando como células clandestinas en ciudades de todo el mundo. Su objetivo es extender su influencia entre ricos y poderosos, según el periodista Gareth Gore, autor de un libro que trata sobre los chanchullos empresariales del Opus.
Y así lo demostró la realidad. El presidente del Banco Popular español fue Luis Valls Taberner, miembro del Opus. La organización tuvo entre sus filas a otros banqueros españoles y a un presidente de las cajas de ahorro. Desde su posición, facilitó que un comerciante de vino se convirtiera en dueño de un holding multinacional, en una movida en la que se vieron involucradas empresas fantasma. Una versión a mayor escala del kirchnerista Lázaro Báez. El Opus, claro, se benefició de esto.
“El propósito de la Sindicatura era presuntamente emplear su dinero para crear redes de reclutamiento y explotación de niñas en países como Nigeria, Filipinas, Australia, Bélgica, Francia y Argentina, entre otros. Hasta cien millones de euros anuales se desviaban del banco a través de esa red”, señala Gore. El Banco Popular fue llevado a la bancarrota.
Sus negocios se extendieron a Europa (Reino Unido, Suiza, etcétera) y América Latina (Argentina, Chile, etcétera). En Argentina, el Opus Dei es dueño de la Universidad y el Hospital Austral. Además, tuvo lazos con Gregorio Pérez Companc, que giró grandes sumas a la organización, y con Jorge Neuss, cuya familia está vinculada a Santiago y Francisco Caputo. En pleno 2000 de crisis, Neuss donó al Opus un predio de casi 5.000 hectáreas en Miramar y le construyó una mansión.
“Ninguna institución del Opus Dei tiene nombre religioso: Los Molinos, Universidad Austral, Universidad de los Andes (Chile), Universidad de Montevideo (Uruguay) o la Universidad de Navarra (España)”, señaló la periodista Paula Bistagnino. El Opus también tuvo vínculos con la dictadura de Videla. El Icied funcionó cerca de Campo de Mayo, el mayor centro de tortura, y obtuvo fondos gracias al militar Osvaldo Cacciatore, que estaba a cargo de la intendencia de Buenos Aires.
Gustavo Béliz, exfuncionario de Menem, Néstor Kirchner y Alberto Fernández, cultivó relaciones con el Opus. Jorge O’Reilly, miembro de la organización, egresado de la misma escuela que Mauricio Macri y desarrollador inmobiliario en Tigre, se alió con Sergio Massa durante su intendencia y fue su nexo con la embajada estadounidense (Revista En Defensa del Marxismo, 2023). Manzur, que obligó a una niña de 11 años a parir tras haber sido abusada y solicitar el derecho a la interrupción legal del embarazo y uno de los dirigentes favoritos de Cristina Kirchner -fue su ministro de Salud-, es un agente del Opus. También son conocidos los lazos del macrismo con la organización. Milei intentó colocar como miembro de la Corte Suprema a Manuel García-Mansilla, hombre del Opus Dei. Y la lista continúa. Ningún partido capitalista ha roto con esta lacra.
Nazareno Suozzi
miércoles, 2 de julio de 2025
martes, 1 de julio de 2025
Cumbre de la OTAN en La Haya: otro hito de la guerra mundial
Como señaló una periodista presente en la sala del discurso, Trump abandonó (“given up”) el supuesto objetivo de una política diplomática americana “aislacionista” y de no intervención militar en el extranjero, al mismo tiempo que su sueño de imponer en pocos días un acuerdo de paz en Ucrania quedó frustrado y todo indica que quedará frustrado por bastante tiempo. El mismo Trump lo expresó con una torpeza, habiendo relatado una llamada donde Putin le preguntaba si necesitaba una “ayuda con Irán” y donde la respuesta sarcástica fue “me podés ayudar con Rusia”. La conversación señala emblemáticamente que Putin anhela un compromiso imperialista con Trump para gestionar el mundo, utilizando sus influencias diplomáticas y su capacidad militar; también expone los limites insalvables de esa política “multipolar”, dado que Trump no logra llegar a un acuerdo en Ucrania en cuanto quiere imponer a Putin una “victoria mutilada” –expresión acuñada por D’Annunzio luego de que Italia no obtuvo lo esperado en la primera guerra, a pesar de su participación en el bando de los ganadores y a pesar de las victimas sin precedentes-. Una Rusia siempre más sostenida militarmente por la industria china (Enabling Russia’s War, The Economist, 21/06/25).
Así que la pregunta oportuna es: ¿es una verdadera victoria la de Trump? A primera vista parece indudable que Estados Unidos logró imponer un mayor gasto militar de los aliados para beneficiar su balance público y un mejor uso de sus recursos militares. Un aumento del 2 % del PBI al 5 % total, entre gastos militares (3,5 %) y gastos infraestructurales (1,5). En la última década el porcentaje de inversiones militares americanas sobre las inversiones totales de la OTAN bajaron del 73 % al 63 %, caída aún más significativa cuando se considera el 85 % del año 2010. Los países de la OTAN casi duplicaron su gasto militar (de 250 a 430.000 millones de dólares), mientras Estados Unidos lo subió de 90.000 millones. Ese menor gasto americano en términos relativos permite a Trump reducir sus gastos para “proteger” a Europa y liberar recursos y militares para su política de guerra hacia China (los militares yankees en Europa suman 80.000 efectivos). Además, el crecimiento repentino del gasto militar -o sea, de la demanda en ese sector- resulta incapaz de ser sustentado con la producción europea que ve una escasa integración de los capitales industriales en el sector militar; así que probablemente la industria americana se vea beneficiada por una mayor venta de sus bienes militares (el mismo Trump, en el discurso, señaló descaradamente que “hopefully” (afortunadamente) los medios militares y los misiles sean americanos porque funcionan “very well” (muy bien).
En una segunda mirada, la victoria es mera propaganda, porque todavía hay que constatar cuál será el efectivo aumento de los gastos por los países europeos y el desarrollo de la Unión Europea como polo imperialista y sus relaciones con Estados Unidos.
“Parenti serpenti, cugini assassini, fratelli coltelli”
El tema de fondo que ese acuerdo no puede ocultar son los intereses conflictivos entre Estados Unidos y la Unión Europea, o mejor dicho, el eje Francia-Alemania. Con la guerra en Ucrania Biden rompió la nueva Ostpolitik de Merkel, un eje económico donde Rusia abastecía la industria alemana de energía barata que luego exportaba sus bienes instrumentales a China y Rusia y sus bienes de consumo a Estados Unidos. Al mismo tiempo se beneficiaba de la OTAN para tener un escaso gasto militar que le permitía tener menores impuestos y un mayor gasto social. Ese atraso del imperialismo alemán y francés en términos de fuerza militar y de integración de los ejércitos significó una subordinación política en la gestión y en el comienzo del conflicto ucranio (Macron de hecho logró un acuerdo con Putin antes del estallido de la guerra que fue rechazado por Biden). Y el conflicto determinó la crisis industrial y fiscal (y en el futuro monetaria) de la Unión Europea, con Alemania a la cabeza de esa crisis económica.
El imperialismo europeo está muy consciente de que una reversión de la crisis pasa por la formación de una fuerza militar europea unificada, condición necesaria para la unificación política de la UE y base de apoyo para sus miras imperialistas (sea o no factible ese proyecto franco-alemán), como es muy consciente de que el camino de ese desarrollo imperialista será constelado por luchas de clase profundas. En su forma ideológica Draghi lo expresó así: “para defender nuestra libertad tenemos que apagar los acondicionadores de aire… tenemos que hacer sacrificios”. Lástima que los sacrificios reales consisten en la matanza social que sufrió Grecia en la pasada década, con la reaparición de la malnutrición infantil y la desocupación masiva; algo más que tener calor en el verano. Eso implica una secuela de crisis políticas y de rebeliones populares en cada Estado de la Unión Europea.
La Unión Europea, en el medio de ese marasmo, tiene que enfrentar las tarifas americanas que apuntan a obtener un alineamiento europeo con los propósitos diplomáticos y militares de Trump, con una política muy agresiva que apunta incluso a determinar las leyes europeas hacia la producción industrial y su impacto ambiental, en favor de los intereses de Exxon y de las empresas americanas (Wall Street Journal, 28/06). Trump utilizó la amenaza tarifaria para obtener el aumento de los gastos militares al 5 % del PBI, así como hizo emerger Meloni, por la negativa, afirmando en la cumbre de la OTAN “el target del 5 % y una zona de free trade entre las dos orillas del Atlántico son dos caras de la misma moneda” (Corriere della Sera, 27/06). Al mismo tiempo “Daddy” Trump apoya los partidos “soberanistas” en la misma forma que apoyó el Brexit en 2016, buscando abiertamente una Europa fragmentada y sin autonomía económica y militar. Es llamativo que el apodo antes citado -”Daddy”, papito en inglés- haya sido utilizado por el jefe de la OTAN, Mark Rutte, exprimer ministro de Holanda. Rutte -que por su historia representa el imperialismo europeo y que espera una alianza estable entre la UE y los Estados Unidos- no se enteró de que su “Daddy” es un Cronos que quiere comerse a los hijos.
Conclusión
Llamativamente un articulista de The Economist (“Why Europeans won’t fight”, 21/06) señala como “problema” la tendencia al pacifismo de los jóvenes y de las masas trabajadoras. “Los europeos son orgullosos de sus formas pacíficas”. “Atraer los jóvenes a una carrera que implica ser disparado nunca fue fácil”. Buscando una causa de ese “reprochable” efecto pone una hipótesis “sociológica”: nos encontramos en una era “post-heroica” y la realización personal obstaculiza el fervor patriótico. Él mismo, pero, señala como era postheroica o no era postheroica, fervor patriótico o no fervor patriótico, lo que preocupa a las masas europeas consiste en “la inflación, los impuestos, las jubilaciones y el cambio climático”, lo que un viejo revolucionario definiría como las condiciones materiales de existencia. Si la cumbre es un hito en el desarrollo de la guerra mundial que estamos viviendo por su escalada armamentista, aunque no haya resuelto las contradicciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, la otra cara de ese hito es la lucha sistemática del proletariado en contra de una guerra imperialista. Le guste o no al Economist, los europeos y los pueblos de todo el mundo siguen teniendo una conciencia. Sigue vigente la poesía “General” de Bertolt Brecht, donde en una conversación imaginaria el poeta le dice a un general que por mucho que sea potente el tanque y los bombarderos inventados, todavía el hombre tiene un “defecto”: ¡pensar! Y con su conciencia moral no accionar esas herramientas de destrucción masiva.
Nuestra tarea es transformar en lucha organizada los pensamientos y los sentimientos hostiles a la guerra de las masas proletarias.
Michele Amura
30/06/2025
viernes, 27 de junio de 2025
jueves, 26 de junio de 2025
Brasil: el juicio contra Bolsonaro y los “militares de 4 estrellas” por el asalto al Planalto
Testigos y acusados coincidieron en la veracidad del propósito del todavía gobierno de Bolsonaro y los militares que lo acompañaban de acometer un golpe de Estado para impedir la jura presidencial de Lula. El punto central de la conspiración fue la reunión del 7 de diciembre de 2023, un mes antes de la asunción del gobierno de Lula, cuando Bolsonaro convocó a varios militares muy cercanos a él para debatir “qué se podía hacer en el marco de la Constitución” para evitar la asunción de Lula.
Bolsonaro y su partido, el PL, habían presentado una acusación de fraude electoral. Alentaba las versiones, además, de que el sistema de voto electrónico utilizado en Brasil fuera sensible a intervenciones externas y distorsiones, algo que no pudo ser probado. El propio Bolsonaro reconoció en su interrogatorio que “no puedo aportar pruebas” y agregó que se trataba de un recurso “retórico”.
Mauro Cid, el edecán arrepentido que ha firmado un acuerdo de colaboración judicial, señaló en múltiples ocasiones que “se presentó al entonces presidente un documento que preveía la declaración del estado de defensa y de sitio, además del encarcelamiento de magistrados del Supremo”. En esa declaración “el testigo señaló que el expresidente recortó la lista de autoridades que figurarían en el documento, pero mantuvo a Moraes. También relató que el borrador fue llevado a una reunión con los comandantes de las Fuerzas Armadas en la residencia oficial de Bolsonaro en Brasilia” (ídem). Cid también reveló un quiebre en las Fuerzas Armadas, debido al rechazo de Freire Gomes a ponerse a disposición de las maniobras golpistas, mientras que el jefe de la Marina, Almir Garnier, en cambio, habría ofrecido el apoyo de sus tropas. El tercero en discordia, quien también asistió como testigo y no como acusado, fue el comandante de la Fuerza Aérea, Baptista Júnior, quien rechazó de plano colaborar con un golpe de Estado.
Bolsonaro y sus principales colaboradores, como el general Augusto Heleno, rechazaron de plano haber llevado adelante cualquier acción golpista, algo que catalogaron de “terrible” e “inimaginable”. Negaron haberse salido de los marcos de la Constitución brasileña, que incluye un artículo que estipula que el Presidente tiene facultades para convocar a los generales de la plana mayor de las Fuerzas Armadas para debatir sobre asuntos que pueden conmover la seguridad y estabilidad interna del país, sin precisar a qué se referían, sino a la derrota electoral de su gobierno.
Bolsonaro ha denunciado que este es un juicio orquestado y que tiene como única finalidad alejarlo de las elecciones presidenciales de 2026, para las cuales asegura que es favorito. El año pasado, por sus dichos contra el voto el electrónico, la justicia lo inhabilitó para ocupar cargos públicos hasta 2030. La burguesía brasileña ya tiene decidido que el candidato de la ultraderecha sea Tarcisio de Freitas, el actual gobernador de Sao Paulo. Bolsonaro exige que Tarciso se comprometa a dictar un indulto en su beneficio.
Los “mítines” y movilizaciones callejeras convocadas por la ultraderecha en defensa de Bolsonaro tuvieron una recepción decepcionante. Su verdadero punto de apoyo actualmente se encuentra en el ala fascista del Partido Republicano, incluso en los altos niveles del gobierno Trump. Marco Rubio, secretario de Estado, declaró que el gobierno analiza retirarle el visado estadounidense al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil e impulsor de la causa contra el golpe, Alexandre de Moraes, el mismo que, años antes, fue uno de quienes llevó a la cárcel a Lula, y que luego votó por la anulación de ese fallo. De Moraes ha obligado a Elon Musk a ajustar a X a las condiciones de las leyes brasileñas.
Bolsonaro manifiesta que el gobierno de Lula ha entrado en un pozo sin salida y que se candidatea para suceder al petismo en el gobierno. Asegura que será candidato sí o sí en 2026, a pesar de la inhabilitación polìtica temporal que le fue impuesta. La ultraderecha se ha fragmentado en las elecciones municipales del año pasado. Tarcisio de Freitas, un seguidor “incondicional” de Bolsonaro padre, es el candidato más firme.
La popularidad del gobierno de Lula, asimismo, ha caído a niveles históricos, aunque Lula mantiene la confianza en un nuevo mandato. La derechización de su gobierno ha dejado en pie todas las contrarreformas laborales, previsionales, disposiciones represivas y el avance fenomenal del agronegocio sobre la Amazonia que se implantaron bajo los gobiernos de Temer y Bolsonaro. En Brasil, la guerra entre Estados Unidos contra China tiene una vigencia dominante.
Joaquín Antúnez
25/06/2025
miércoles, 25 de junio de 2025
Escalada de violencia política en EE.UU.
En cuanto se confirmó la muerte de la legisladora, el gobernador Tim Walz salió a decir que se trató de “un asesinato político”. Ambos congresistas representaban al norte de Minnesota. Hortman, de 55 años, era la principal líder demócrata en la Legislatura estatal y colaboró en la aprobación de varias políticas sobre el derecho al aborto y la marihuana, entre 2023 y 2024. En tanto Hoffman, de 60 años, es senador por el Partido Demócrata y siempre se ha desempeñado en temas relacionados con los servicios para personas con discapacidad y las necesidades de niños y familias.
Vance Boelter, por su parte, el hombre detenido por los atentados, es un exfuncionario público de Minnesota, primero en la administración del gobernador Mark Dayton desde 2016, reelegido en 2019 por el gobernador Tim Walz, ambos demócratas. Su mandato terminó en enero de 2023. Está asociado con una empresa de seguridad, Praetorian Guard Security Services, donde su esposa, Jenny Boelter, figura como Directora Ejecutiva. A pesar del nombre rimbombante de la compañía y del alto cargo que opstenta la esposa de Boelter, a la agencia no se le conocen clientes y está registrada en el domicilio familiar.
Pero Boelter es, además, un exmilitar y pastor evangélico asociado al movimiento de Christian Nationalism y la New Apostolic Reformation. Fundó Revoformation Ministries y predicaba consignas antiaborto y anti LGTBQ, enmarcadas en una visión de “guerra espiritual”. Tras su huida, August Vance fue buscado por más de 40 horas en una cacería policial y del FBI. Lo capturaron en una zona rural de Sibley County, vestido con atuendo militar, tras ser identificado por vecinos. En el vehículo que usó para los atentados -camuflado como vehículo policial- se encontró una libreta con setenta nombres, que incluía políticos demócratas y figuras proderechos reproductivos.
Lejos de ser un lobo solitario, Boelter expresa un síntoma de un proceso de radicalización de la derecha político-religiosa en EE. UU., donde el nacionalismo cristiano articula odio ideológico, violencia política y utopía teocrática. El nacionalismo cristiano (Christian Nationalism) es una corriente político-religiosa que sostiene que Estados Unidos debe ser una nación explícitamente cristiana, donde las leyes, instituciones y autoridades se rijan por preceptos bíblicos. Rechaza el secularismo y propugna un “retorno” a los valores cristianos tradicionales. Es la base que utiliza la escritora canadiense Margaret Atwood para su conocida obra de ciencia ficción social, The Handmaid’s Tale (“El cuento de la criada”), trasformada en serie de televisión. Revoformation Ministries, por otra parte, el movimiento religioso fundado por Boelter, deja ver en la denominación una mixtura entre “revolución” y “reforma” para su idea religiosa en clave política (o viceversa), que deja atrás por varias vueltas a un Lutero aminorado.
El tiroteo tuvo lugar en medio de profundas divisiones políticas en Estados Unidos y grandes protestas contra las políticas de Trump. El trumpismo (no nos referimos solamente al movimiento político que propugna el magnate, sino a la dinámica social, en sentido amplio, que impulsa) es un crisol donde arde una miríada de episodios de violencia política. No aludimos, por caso, a confrontaciones en las calles, entre trabajadores y fuerzas policiales o la Guardia Nacional, ni siquiera a la explotación y los abusos del poder que llevaron a estas confrontaciones, como las que hemos visto en California en estos días. Hablamos, en cambio, de episodios puntuales, donde atacantes individuales o grupales -pero por fuera de la clase obrera movilizada por la agresión contra sus condiciones de vida- atacan a individuos, grupos, comunidades enteras y también infraestructura simbólica o funcional como edificios públicos, religiosos o de servicios como salud, transporte, comunicación, etcétera. Desde Lincoln, probablemente, ha habido en la historia norteamericana una cantidad considerable de este tipo de ataques, pero ciertos estudios arrojan que han aumentado en cantidad con el ascenso político de Donald Trump, donde 2017, el año de su primera asunción como presidente, parece ser un año distintivo.
Por supuesto ha habido violencia política antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, incluso extrema, pero era menos frecuente, más marginal y menos centrada en la política partidaria inmediata que la que se registra a partir de enero de 2017, con antecedentes en 2016 (otros estudios registran el inicio del alza de atentados en ese año), y las amenazas contra funcionarios electos eran mucho menos intensas y más fáciles de controlar.
Veamos algunos datos:
Incremento de amenazas a miembros del Congreso
En 2017 se registraron 3.939 casos investigados por la Policía del Capitolio. Para 2021, esta cifra había ascendido a 9.625 -un aumento de más del doble– y se mantuvo alta en 2022 (7.500) y 2023 (8.000) (counterterrorismgroup.com, tampabay.com).
Más ataques terroristas motivados por razones partidarias
Entre 2016 y abril de 2024 ocurrieron alrededor de 21 ataques o planes violentos dirigidos a funcionarios o lugares gubernamentales por motivos partidarios, frente a solo dos incidentes en los 20 años previos (csis.org). Otra fuente eleva esa cifra a 25 casos entre 2016 y 2025, con una marcada mayoría de origen extremista de derechas.
Creciente normalización del discurso violento
Encuestas indican que, aunque una minoría apoya directamente la violencia política, el porcentaje subió del 7 % al 20 % desde 2017, reflejando una erosión de las normas pacíficas (reddit.com, theguardian.com). El número de amenazas procesadas por los tribunales federales pasó de un promedio de 38 por año (2013-16) a 62 por año entre 2017 y 2022 (nolabels.org).
Atentados de alto perfil
Entre 2022 y 2023 hubo múltiples episodios: intentos de asesinato contra Trump (en julio de 2024; en septiembre, un segundo intento fue abortado en un campo de golf del multimillonario, cuando un francotirador escondido entre arbustos fue interceptado sin disparar, y en julio del año siguiente fue desbaratado otro plan para matarlo, sin que llegara a la fase de intento) y Pelosi (2022); ataque incendiario a la casa del gobernador Josh Shapiro (2022); intento de toma y violencia en oficinas de campaña demócrata (Arizona 2022) (npr.org).
Es necesario aclarar que la gran mayoría de los ataques que estamos comentando entran en lo que el FBI y el Departamento de Justicia consideran “terrorismo doméstico”. Ahora bien, también hay que aclarar que la definición no hace hincapié en la nacionalidad del atacante, sino en la de quien lo dirige; vale decir que si un norteamericano cometiera un atentado bajo las órdenes o los planes de una organización foránea, sería considerado un acto de terrorismo internacional. Sin embargo, lo relevante en el análisis presente es que en el 95 % de los casos se trata de ataques de nativos contra nativos, en razón de violentas discrepancias políticas: supremacistas blancos contra afroamericanos, judíos, latinos o el Estado; milicias antigobierno contra funcionarios electos; antiabortistas contra clínicas; grupos de izquierda radical contra instalaciones policiales o símbolos de derecha (casos mucho menos frecuentes); etcétera.
Por otro lado, dejamos aparte la ocupación del Capitolio del 6 de enero de 2021, porque representó un fuerte salto cualitativo en la crisis política. Fue la primera vez en la historia moderna de EE. UU. que una turba (más de 1.200 personas fueron arrestadas: una cifra inusitada en la “democracia” norteamericana), en gran medida armada, motivada políticamente y alentada por el propio presidente en ejercicio, irrumpió en el Congreso con la intención explícita de frenar una transición democrática. Vale decir: un golpe de Estado. Trump, que no aceptaba la derrota electoral y que había incitado directamente a la sedición, no sólo no condenó el ataque en tiempo real, sino que lo minimizó después, consolidando un precedente de validación presidencial de la violencia y/o la asunción de parte de mucha gente con opinión heterogénea respecto de que la violencia explícita es un recurso legítimo, cuando no el único, para salir de contradicciones.
Ceferino Cruz
23/06/2025
martes, 24 de junio de 2025
El ataque a Irán no fue sólo obra de Israel con la “ayuda” de Estados Unidos
Hay varios indicios que dan cuenta de que el ataque israelí contra Irán contó con un armado internacional de mayor alcance.
En primer lugar está el claro papel de los Estados Unidos quien en los días previos le dio falsas garantías a Irán de que las negociaciones por el desarme nuclear iraní transcurrirían sin acciones bélicas por parte de Israel. Hoy muchos medios dan como un hecho que Trump, no solo no fue sorprendido por los ataques, tal como él mismo terminó admitiendo, sino que dio las ubicaciones de los negociadores para que fueran ejecutados igual que los científicos y los altos mandos iraníes.
Más allá de los supuestos deseos de Trump de quitarle a Estados Unidos su papel de gendarme mundial -tal como prometió en campaña- las internas al interior del gobierno y la dinámica de la crisis imperialista mundial determinan sus acciones.
Un papel semejante pero que no tuvo tanto protagonismo cumplieron los países árabes al establecer reuniones de supuesto acercamiento con Irán.
Días antes de la ofensiva israelí el responsable de la Defensa saudí, Khalid bin Salman se reunió con el líder de la República Islámica de Irán, Seyed Ali Jamenei, para discutir un supuesto acuerdo bilateral de defensa, lo cual resulta inverosímil sabiendo que tanto Emiratos árabes como Arabia saudi tienen acuerdos con Israel en su conflicto con los hutíes en Yemen -conflicto proxy con Irán-.
Son todas maniobras que apuntaron a bajar la guardia del gobierno iraní, pero son armas de una sola bala que mellan la credibilidad de los implicados.
A pesar de haber firmado una declaración junto con todos los países árabes “condenando el ataque israeli a una nación islámica” Jordania colabora desde el primer día directamente con el régimen genocida derribando los drones y los misiles iraníes que vuelan por su espacio aéreo.
Por su parte, Arabia Saudita proporciona datos de radar y tolera el acceso israelí a su espacio aéreo, especialmente en la parte norte del país.
Bastó que Irán ejerciera su derecho a defensa atacando las bases militares norteamericanas para que se corriera aún más el velo entre los países árabes. Respaldándose en que una de esas bases está en Qatar, Jordania y Arabia Saudí repudiaron el ataque y declararon “el despliegue de todos los medios para apoyar a Qatar en todas las medidas que adopte”, en una demostración de que están impacientes de encontrar una excusa para entrar en el conflicto. Otros países árabes también repudiaron el ataque, aunque sin tanta efervescencia. Uno de los casos más lamentables es el de la Autoridad Palestina que condena el ataque a las bases militares del país que pertrecha al genocida de su propio pueblo. No se puede esperar otra cosa del guardiacárcel del gueto en que se está convirtiendo Cisjordania.
A todos ellos en el pasado los tuvo sin cuidado que Qatar infringiera su propia soberanía y pusiera en riesgo a la región al aceptar bases militares yanquis y británicas en su territorio, de la misma manera que también lo hicieron Emiratos árabes y Arabia Saudí.
Por el contrario, el que le bajó el precio al ataque fue el mismo Donald Trump quien declaró que no hubo víctimas yanquis debido a que el mismo Irán le había dado aviso previo.
La OIEA
A criterio del régimen iraní, el que también cumplió su función fue el argentino Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El régimen de Teherán consideró que la reciente publicación de un informe del OIEA, en el que se detallan aspectos sensibles de su programa nuclear, fue funcional para que la comunidad internacional apoye la ofensiva israelí. Según el informe, Irán contaba con suficiente uranio enriquecido como para crear, luego de un proceso, una bomba nuclear. Ahora Grossi está de gira por los medios alertando que todo el Tratado de No Proliferación Nuclear está en peligro y aclarando que Irán no tiene armas nucleares, pero la guerra ya estalló.
Reino Unido
Otro actor que tiene una actuación velada es Reino Unido.
La semana pasada la Armada iraní interceptó a un destructor de Reino Unido que navegada en el mar de Omán hacia el Golfo Pérsico, para apoyar a Israel, y le obligó a cambiar de rumbo con drones.
Los aviones israelíes se abastecen y refugian en las bases militares que Reino Unido tiene en Chipre, y, para algunos analistas, el ataque de drones israelíes que salieron desde el propio territorio iraní en camiones es muy semejante al ataque que sufrieron las cuatro bases aéreas rusas desde dentro de su propio territorio, también desde camiones, -por drones que se suponen de fabricación ucraniana pero que el gobierno ruso denuncia que contaron con apoyo y planeación británicos-.
Por lo tanto, toda la pantomima británica previa sobre sanciones a instituciones y personas vinculadas a grupos de colonos, la suspensión de las relaciones comerciales con Israel y el llamado al embajador por una supuesta condena al genocidio palestino, solo tuvo como objetivo levantar una cohartada para llevar adelante, solapadamente, el apoyo militar pleno a Israel.
Escalado el conflicto, Reino Unido reforzó su presencia militar en Chipre con el envío de aviones de combate Typhoon y aviones cisterna Voyager.
Esta confabulación internacional contra Irán es solo un eslabón de la guerra imperialista que tuvo como escalones necesarios el cambio de régimen en Siria, el genocidio palestino y los ataques terroristas contra Hezbolla. De momento, el anhelo imperialista de cambio de régimen en Irán está siendo detenido por el rechazo popular que genera el ataque sionista y que se expresa en movilizaciones multitudinarias en Teherán a pesar de la crisis económica y el recrudecimiento de la represión interna del régimen de los ayatolá.
Aldana González
24/06/2025
Tras el ataque de Trump a las centrales iraníes
Estados Unidos atacó tres instalaciones del programa nuclear iraní
El ataque de las fuerzas norteamericanas contra las instalaciones nucleares de Natanz, Fordo e Isfahan marcó un involucramiento directo de la Casa Blanca en la agresión contra Irán y agudiza el riesgo de una guerra de características regionales. Teherán respondió con una andanada de misiles sobre Israel, que había iniciado la agresión sobre territorio persa el viernes 13, y este lunes 23 atacó la estratégica base militar yanqui en Al Udeid, ubicada en Qatar. Hace apenas un mes, Trump se había llevado el compromiso de las autoridades qataríes de invertir 38 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura de este lugar donde hay 8 mil soldados estadounidenses desplegados.
Tras el ataque, Trump planteó en sus redes sociales: “No es políticamente correcto utilizar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní es incapaz de hacer a Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen?”. Pero avanzar en esa dirección podría implicar la apertura de un largo conflicto, como en Irak a comienzos de siglo. ¿Cuál sería la diferencia esta vez? El vicepresidente J.V. Vance no dejó muy tranquila a la prensa con su respuesta. “La diferencia es que entonces teníamos presidentes tontos y ahora tenemos un presidente que realmente sabe cómo cumplir los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos”.
En Estados Unidos se ha disparado otra polémica, que gira en torno a si Trump tiene facultades constitucionales para lanzar unilateralmente la guerra contra Irán, o si debería pedir autorización al Congreso. Pero fuera de esta objeción, no se conoce ninguna crítica de fondo de los popes del Partido Demócrata al ataque a las instalaciones nucleares iraníes. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Shumer, había respaldado públicamente los ataques israelíes del viernes 13 contra Irán. Además, recordemos, el expresidente Joe Biden fue uno de los principales soportes de la ofensiva genocida del sionismo contra el pueblo palestino.
El ataque estadounidense contra las centrales iraníes involucró a 125 aviones y bombas GBU-57, las llamadas “anti-búnker”, con capacidad para destruir instalaciones subterráneas, una característica con la que no cuenta la aviación israelí. Aún no es claro el daño que pudieron producir estos ataques. Las autoridades yanquis aseguran que fue demoledor, y el titular del Organismo Internacional de Argentina Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, lo calificó como “muy significativo”, aunque no faltan fuentes que relativicen esas afirmaciones. Hasta aquí, Irán había logrado enriquecer uranio al 60%.
La Casa Blanca exige una capitulación total de Teherán: desmantelamiento completo del programa nuclear, de su plan misilístico y el cese del apoyo a Hezbollah y otros grupos armados de la región. Por ahora, el gobierno iraní dice que no se sentará a negociar si no cesan primero los ataques armados. Entre las cartas con que cuenta Teherán, más allá de los ataques militares, figura un potencial cierre del estrecho de Ormuz -una importancia vía comercial-, que según las agencias informativas podría llevar el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares.
Los ataques contra Irán han vuelto a dejar en un segundo plano la situación en Gaza, donde decenas de personas siguen siendo asesinadas cada día a manos del ejército israelí, muchas de ellas ejecutadas a quemarropa en el intento de adquirir asistencia alimentaria, que no ingresa al territorio costero debido al bloqueo israelí iniciado en marzo.
El ataque en curso contra Irán se inscribe en una agresión de carácter general que incluye también a Palestina, Siria, Líbano y Yemen. El sionismo y el imperialismo buscan remodelar el Medio Oriente a su conveniencia. Como en ocasión de la guerra de Irak, en 2003, necesitamos repetir las movilizaciones masivas que repudiaron la guerra imperialista. En Argentina ya se están preparando movilizaciones.
Gustavo Montenegro
lunes, 23 de junio de 2025
domingo, 22 de junio de 2025
Cristina Kirchner, “rigurosamente vigilada”
La cuestión de las condiciones de detención de Cristina Kirchner ha vuelto a levantar temperatura en las últimas horas. Los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, denunciaron como “improcedente” una visita de la intendenta quilmeña Mayra Mendoza a la expresidenta y apelaron el permiso otorgado por el juez Jorge Gorini para que la expresidenta se asome al balcón. El Tribunal Oral (tres jueces) ha determinado que, con excepción de algunos familiares, abogados o médicos personales, las visitas deberán contar con un permiso judicial. Es una exigencia que supera las condiciones generales de la prisión domiciliaria -los genocidas de la dictadura gozan de visitas irrestrictas e incluso de salidas-. Es una medida de incomunicación política, a despecho de una larga tradición histórica de agitación y propaganda política ejercidas desde la cárcel. Este ensañamiento fue precedido por la colocación de la tobillera electrónica a la detenida. Hay una presencia permanente de fuerzas federales en las inmediaciones del edificio de la calle San José.
En la picota
Sobre la expresidenta penden varias causas judiciales; algunas en conexión directa con la de Vialidad. Es el caso de la causa Hotesur-Los Sauces, donde se pretende probar ‘retornos’ pagados por Lázaro Báez, el designado como “testaferro” de la familia Kirchner para las obras viales, a través de la contratación de servicios de los hoteles de Calafate. La otra causa, “Cuadernos”, apunta a una red de “retornos” por obras públicas realizadas por la gran “patria contratista” de la burguesía. Aquí, Cristina Kirchner se encuentra imputada como presunta jefa de una asociación ilícita. El sobreseimiento o la conversión de varios de los empresarios imputados a la condición de “colaboradores de la causa” “arrepentidos” -como Ángelo Calcaterra, el primo ‘del alma’ de Mauricio Macri-, anticipa hacia dónde se dirigirá el dedo acusador.
Con menos prensa, pero muy superiores implicancias políticas, se encuentra la causa que se le sigue a Cristina por la firma del “Memorándum con Irán”. Es el acta que suscribió el gobierno de CFK en 2013 con aquel país para interrogar, en Teherán, a personeros del régimen iraní presuntamente involucrados en el atentado a la AMIA. El memorándum fue aprobado por el Congreso argentino, pero nunca lo refrendó el parlamento iraní. La acusación fundamental reposa en que el Memorándum implicaría el cese de las órdenes de detención –“alertas rojas”- de Interpol contra los iraníes acusados. Pero Interpol lo desmintió y señaló que tales “alertas” nunca fueron suspendidas. La acusación de “traición a la patria” contra Cristina, que Milei refrendó en el reportaje que brindó anoche a LN, viene cruzada con la causa de la muerte del fiscal Nisman.
Milei ha reflotado la cuestión del memorándum en medio del agravamiento de la guerra internacional y de la escalada de Netanyahu contra Irán, con la complicidad de Trump y de la “democrática” Unión Europea. En el reportaje, el presidente argentino presentó al criminal de guerra Netanyahu como un “hidalgo”, en abierta apología del genocidio. Días antes, y a través de un comunicado oficial, el gobierno argentino respaldaba las incursiones militares de Israel contra Irán y denunciaba que uno de los oficiales iraníes mencionados en la causa AMIA acababa de ser ascendido al alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní. El gobierno liberticida ha metido a fondo la cuestión de la guerra internacional en la crisis política interna, desmintiendo a todos aquellos para quienes la guerra es un asunto ‘exterior’, sin conexión con la guerra social y política que se libra contra las masas en Argentina. Asociando al kirchnerismo con el “eje internacional del mal”, Milei apunta a librar una lucha política abierta para crear un polo fascista en la clase media, que no tiene hoy.
Prisión perpetua
La seguidilla de causas, y en particular la que se relaciona con el Memorándum, puede terminar en una sumatoria de condenas que equivalga a una prisión a perpetuidad. Ese horizonte está presente en la camarilla de fiscales y jueces que le dictó la condena y que hoy administra su detención. El régimen legal vigente sobre condiciones carcelarias -desde la selección de las visitas hasta las eventuales salidas- las relaciona con el tipo de condena recibida. En ese sentido, la tobillera y las restricciones descuentan un agravamiento de las penas por venir. Con el desarrollo de la guerra internacional, una condena a Cristina por el Memorándum nunca ejecutado con Irán sería funcional a la guerra de Netanyahu y Trump, después de tres décadas de encubrimiento del Estado argentino tanto al atentado a la AMIA como al perpetrado contra la embajada de Israel. En este último caso, la intervención y responsabilidad de la Corte ha terminado archivada.
La anunciada visita de Lula a CFK probablemente tenga que ver con este cuadro político –una extensión de la pena hasta equivaler para Cristina a una perpetua-; el brasileño, por su parte, pelea por una condena contra Bolsonaro por tentativa de golpe de estado. Pero Trump quiere la cabeza del juez Alexandre de Morais, que dirige la causa contra el golpista brasileño.
La expresidenta no pronunció una sola palabra de condena del genocidio palestino ni de la guerra contra Irán, probablemente por los temores a un agravamiento de su situación judicial, pero ello no excusa el silencio del conjunto del kirchnerismo y del peronismo; “la tercera posición” ni se hizo ver. La cuestión judicial, en uno y otro país, así como en varias otras regiones, desde Estados Unidos a Tierra del Fuego, son una expresión de una crisis de conjunto que amenaza con explotar. Las violaciones judiciales y constitucionales en el país de Trump tienen un carácter masivo.
A la luz de este cuadro, es muy claro que las tobilleras, los permisos y las condiciones carcelarias no son una anécdota. Los límites del kirchnerismo y de su jefa para abordar esta crisis general son insuperables; en su discurso del miércoles, solo atinó a crear la expectativa de un estallido de la política económica, con la esperanza de que “ya me van a venir a buscar”.
Marcelo Ramal
20/06/2025
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