La guerra sin misiles contra Cuba

Marcha del silencio. Un reclamo que no cesa

Nuevamente el reclamo por verdad memoria y justicia se hizo sentir en todo el país. Una multitud recorrió las calles de Montevideo y lo mismo sucedió en distintos puntos del interior del país. La lucha contra la impunidad y el terrorismo de estado mostró su vigencia y masividad.

Con la consigna “¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado” una multitud partió de Rivera y Jackson para marchar por 18 de Julio hasta Plaza Cagancha. La marcha fue el corolario de un conjunto de distintas iniciativas populares que se venían dando desde hace varios días para recordar a las víctimas de la dictadura y tuvo también sus réplicas en distintos puntos del país. 

 La marcha este año tuvo como telón de fondo la iniciativa de prisión domiciliaria que impulsa la coalición de gobierno y que en la práctica es una forma de obtener la libertad para los genocidas (los pocos que han sido condenados en estos años y que además están en cárceles VIP). 

 Se da también en el contexto de la persecución contra aquellos que luchan contra la impunidad, como sucede con aquellos que se manifestaron en la Suprema Corte ante el traslado de la jueza Motta. 

 Las marchas e iniciativas en este 20 de mayo se extendieron a todo el país, dando muestras de que es un reclamo profundo que año a año crece y se hace sentir. La Izquierda Diario participó también de la marcha que se realizó en Piriapolis, departamento de Maldonado, donde una multitud partió desde la Rotonda de Piria y recorrió las calles de la ciudad para hacer sentir el reclamo de verdad y justicia. 

 Continuar la lucha contra la impunidad 

 De una u otra manera todo el régimen político intenta sostener la impunidad para los crímenes de la dictadura, impunidad que fue pactada desde el Pacto del Club Naval y atravesó a todos los gobiernos desde la reapertura democrática. 

 Queda claro que para acabar con la impunidad es necesario acabar con el régimen que la garantiza y el poder que la sostiene. La lucha y la movilización en las calles es el camino para derribar ese muro que protege a los represores de la dictadura. Pero también es el camino para enfrentar los avances represivos actuales, lo que impuso la LUC y los que impulsa el gobierno represtigiando a las fuerzas armadas y fuerzas represivas, aumentando su presupuesto y su protagonismo para sostener el control social. 

 No habrá olvido, ni perdón, ni reconciliación con los verdugos del pueblo trabajador. La lucha por la verdad y la justicia, contra la impunidad de ayer y hoy, permanecerán junto con la memoria de todas las victimas del terrorismo de Estado. 

 Izquierda Diario Uruguay 

 Domingo 21 de mayo

El triunfo de la derecha en Grecia

Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego 

Las elecciones parlamentarias griegas le dieron el triunfo a Nueva Democracia, la fuerza de derecha que lidera el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Con un 41% y 146 diputados (cifras que están ligeramente por debajo de lo que había logrado en 2019), supera ampliamente a Syriza, que obtiene un 20% y 71 escaños. La formación del ex primer ministro Alexis Tsipras retrocedió más de diez puntos con respecto a la última elección, siendo la gran derrotada de los comicios. 

 A pesar de su victoria, el oficialismo no consiguió la mayoría absoluta de escaños (151), por lo que se abren dos variantes: un gobierno de coalición, o nuevas elecciones (fines de junio o principios de julio), en las que regiría un “premio” que otorga un bonus de diputados (hasta 50) a la fuerza más votada, con el propósito de facilitar la formación de un gobierno. Entusiasmado por los resultados de la primera vuelta, Mitsotakis quiere las nuevas elecciones, con la seguridad de poder lograr un gobierno monocolor de Nueva Democracia. 

 Además de Syriza, otra fuerza que sale golpeada es Mera25 (de Yannis Varoufakis, un exministro de Tsipras), que sacó menos del 3% y se quedó fuera del parlamento, incluso a pesar de haber sellado una alianza con Unidad Popular –otro desprendimiento de Syriza. El Pasok (partido socialista) saltó del 8 al 12% y también creció el Partido Comunista (KKE), que con el 7,5% se hizo de 26 escaños. En la extrema derecha, Solución Griega sacó un 4,5%, un poco más arriba que en 2019. Antarsya, un frente de izquierda anticapitalista conformado por el NAR y otras organizaciones, obtuvo un 0,54% (contra un 0,41% en 2019). De allí para abajo, otras formaciones de izquierda (maoístas y las dos fracciones del SU) obtuvieron resultados marginales. La abstención fue muy alta (casi 40%), pero estuvo por detrás de las dos elecciones previas. 

 La Troika no se fue 

El triunfo holgado de Nueva Democracia sorprende no solo por las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno de Mitsotakis, sino también por las grandes huelgas y movilizaciones que desató la catástrofe ferroviaria de Tempe, en la que murieron 57 personas, a fines de febrero: las mayores protestas desde las que repudiaron a la Troika (Comisión Europea-Banco Mundial-FMI) en 2015. El primer ministro atribuyó el desastre a un “error humano”, pero el pueblo griego en las calles apuntó al vaciamiento y privatización del sistema ferroviario, que involucra tanto al gobierno de Nueva Democracia como a sus predecesores de Syriza y el Pasok. El gobierno de Mitsotakis se había visto afectado también por un escándalo de espionaje ilegal sobre dirigentes de la oposición y sobre sus propios ministros. 

 Para contrarrestar estos golpes políticos, Mitsotakis hizo campaña señalando que lo peor de la crisis griega ya terminó, debido al final (en agosto de 2022) de las políticas de “vigilancia reforzada” de la Troika, que desde 2010 monitoreaba la economía local. Este discurso es falso, porque Atenas sigue sometida a una supervisión que le exige un superávit fiscal (léase ajuste) durante décadas. En cuanto a los números, la deuda es aún más elevada que la que el país tenía en 2010. Alcanza el 170% del PBI, una de las más altas del mundo (El País, 21/5). El desastre de la intervención de la Troika se resume en que el PBI es un 25% inferior al de 2010, los sueldos cayeron un 30% y se produjo una desindustrialización masiva (Jacobin Lat, 20/5). Grecia tampoco escapó este último año a una disparada inflacionaria y un encarecimiento de la vivienda del orden del 40% (La Nación, 22/5). 

 En estas condiciones, el triunfo de Nueva Democracia se explica no tanto por méritos propios como por el impacto que aún tiene en la población la experiencia frustrada de Syriza (2015-2019). El gobierno de Tsipras, que se entregó al capital financiero y reforzó la influencia de la Otan en el país, provocó una fuerte desmoralización en las masas griegas, e incluso llevó a una recomposición de los dos partidos tradicionales griegos (Nueva Democracia y Pasok), que estaban en caída libre. 

 Las huelgas y movilizaciones que estallaron en febrero marcan un reanimamiento popular, pero que no se tradujo en un apoyo masivo a la izquierda. Es el gran desafío que se le presenta a la izquierda revolucionaria en la nueva etapa. 

 Gustavo Montenegro

Políticas y medios. Jorge Majfud 2022

Argumentos para el socialismo: Ecología y anticapitalismo

Autogolpe en Ecuador

El presidente de Ecuador, el empresario Guillermo Lasso, ha respondido al juicio político en su contra con la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones generales legislativas y presidenciales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá fijar la nueva fecha, que se presume para fines de agosto, aunque podría extenderse hasta 360 días. Los ganadores de esos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo hasta 2025. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto, bajo la supervisión de la Corte Constitucional. 

 Este recurso, conocido como "muerte cruzada" porque disuelve ambos poderes del Estado, fue incoporado a la constitución ecuatoriana en 2008, por la reforma promovida por el ex presidente Rafael Correa. Lasso lo activó ante la inminencia de su destitución por el parlamento. Es acusado de peculado, por haber continuado un contrato petrolero, sancionado antes de su asunción, a pesar de las advertencias de la fiscalía. El monto en cuestión es de 6 millones de dólares. El correísmo es el principal promotor de la destitución de Lasso. “Venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado”, acusó para justificar el autogolpe. Correa se encuentra exiliado en Bélgica, luego de haber sido condenado a 8 años de cárcel por delitos de corrupción. Correa propició la reforma constitucional que habilita la disolución del Parlamento para sortear sus disputas con el viejo sistema parlamentario (bicameral) copado por la oligarquía terrateniente y las cámaras empresariales. Ahora, el oficialismo, en abrumadora minoría en la Asamblea Nacional, enfrentaba un impasse debido al continuo veto del parlamento a sus medidas, pero esta vez bajo la dirección del bloque que responde a Correa. Por su parte, Lasso había decidido estancar todo el trabajo parlamentario que contrariara su política económica – baja de impuestos a las patronales, indexación de la deuda pública y privada, suba de precios de combustibles y gas, entre otras. 

 Lasso es un empresario de derecha que llegó a la presidencia luego de la caída de Lenin Moreno, quien lo había vencido en las presidenciales de 2017. Los capitalistas lo acogieron con entusiasmo pero éste se fue enfriando a medida que aparecían las primeras dificultades políticas. En febrero pasado, Lasso perdió por paliza un referéndum, que precipitó la crisis terminal de su gobierno. Actualmente, la deuda ecuatoriana cotiza por el piso. 

 La decisión de Lasso ha contado con el apoyo inmediato del gobierno golpista de Perú. Estados Unidos también le ha dado su respaldo y aseguró que sus relaciones diplomáticas "siguen fuertes". En el mismo sentido se han expresado la cámara de comercio de Quito y las asociaciones industriales. Lasso ha respondido a este apoyo decretando una rebaja de impuestos a las empresas y a la clase media acomodada de las ciudades. Las Fuerzas Armadas, que habían permanecido expectantes, también han dado su apoyo al gobierno asegurando que “defenderán la Constitución contra todo acto de violencia". 

 Ecuador atraviesa una severa crisis política desde hace años. Su empobrecida población ha protagonizado dos rebeliones populares en el último período. Además, la violencia narco, principalmente en los poblados fronterizos y en los cordones urbanos, se ha convertido en un flagelo. Lasso ha respondido a la crisis social habilitando el uso de armas por parte de la población y militarizando la vida cotidiana. 

 El decreto de muerte cruzada ha sido denunciado por la Confederación indígena (CONAIE) como la instalación de una dictadura. Correa, por su parte, ha denunciado en esta misma línea a Lasso y ha asegurado que de resultar ganadora su formación política, Unión por la Esperanza, retornará al país “para sacarlo del abismo”. 

 Por lo pronto, ninguno de los bloques políticos opositores ha convocado a movilizarse contra el gobierno. La CONAIE, apuesta a una presentación electoral mediante su brazo político, Pachacutik. Ha rechazado realizar alianzas electorales, aunque luego en el Parlamento oscile entre el gobierno y la oposición. El gobierno sabe que se encuentra en el peor momento de su gestión. Los niveles de aprobación de Lasso están por el suelo. El apoyo internacional a su gestión es su mayor baluarte. El correísmo apuesta a que su victoria en las municipales de febrero -cuando conquistó las alcaldías de Quito y Guayaquil, las ciudades más importantes- sea un peldaño para su retorno a la presidencia. 

 La inexistencia de un partido obrero y un polo revolucionario acentúa la crisis de las masas, que ha sido traicionada por la CONAIE en las últimas rebeliones populares. Ecuador se encuentra a las puertas de un nuevo choque entre las masas y el Estado, el correísmo y el indigenismo nacionalista. 

 Joaquín Antúnez 

 19/05/2023

Cuba lamenta el fallecimiento del intelectual y revolucionario Iroel Sánchez

La crisis hídrica: quienes venden el agua no pueden lavarse las manos

Cualquier medida que se tome a partir de ahora será inútil para contrarrestar los efectos negativos de la llamada “crisis hídrica”. El Uruguay ha sobrepasado ese punto de inflexión ya sin retorno. 

 Ahora no habrá, no hay, más alternativa que enfrentar la crisis en toda su magnitud que, sin ánimo de dramatizar, debe ubicarse en una dimensión desconocida porque además de la carencia del líquido, las posibles fuentes futuras y los reservorios disponibles son ya depósitos importantes de elementos tóxicos.

 Dicho en términos domésticos: son veneno y envenenan. Y eso significa que posibles fuentes al alcance de la mano, no son tales por su condición de toxicidad. Adiós Río de la Plata, chau río Uruguay.

 Es cierto que este no es un problema del último año sino resultado de la pésima administración de OSE a lo largo de décadas, del quizás medio siglo transcurrido en el que todas las voces con fundamentación técnica y criterio político honesto puesto al servicio del país, fueron acalladas, relegadas al olvido, desconocidas. 

 Ante esto y pese a la indignación, justificada por la falta de iniciativas para prever situaciones como la presente, quizás se deba preguntar si no es precisamente una emergencia de esta índole la que se buscaba instalar para dar libre acceso a los capitales privados y dejar en manos de ellos la administración del agua. 

 Es decir una crisis provocada, que se veía venir, que daba señales evidentes de que, tarde o temprano, se iba a producir, promovida, instigada, inducida por negligencias en los controles y los permitidos abusos con la inobservancia de la reglamentación existente para el uso de las corrientes de agua o sus depósitos. 

 De modo tal que, con un poco de paciencia y la quieta complicidad de sucesivas administraciones, era seguro que se le podía doblar la muñeca a este testarudo pueblo que plebiscitos mediante confirmó reiteradamente su vocación de soberanía y dominio sobre sus recursos hídricos. 

 Queda a la vista, la “coincidencia casual” de proyectos alternativos de origen privado con la situación de crisis hídrica y sus escarceos, de toda índole, para adueñarse de esas fuentes. Se debe admitir como hipótesis de trabajo que si fuera menester llegar al límite de que realmente se careciera de agua potable para consumo humano, habría disposición para llegar a esos extremos. 

 Pero no olvidemos que desde el año 2004 el agua es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución del país, medida que también exige “ámbitos con participación social real”. Por ahora, “la participación social real” se está dando en la pérdida de soberanía y en el padecimiento por la falta del recurso vital.

 La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) expresó su rechazo al Proyecto Neptuno que ya se ha presentado con su propuesta de administración. En un pasaje de su planteo el sindicato dice: «El Proyecto Neptuno establece que OSE comprará el agua al consorcio privado y pagará un canon anual. Los costos operativos sumados, el incremento de la deuda tomada por el privado, implicarán una carga de 12 millones de dólares anuales, adjudicados por 30 años, es decir, más que si fuese gestionado totalmente por OSE”. “Este proyecto se propuso sin consultar ni promover la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control, tal como lo establece y reglamenta la ley”, argumenta el sindicato. 

 Decir “más claro echarle agua”, en este caso no sería una obviedad. El proyecto está allí, esperando que pidamos agua por señas para instalarse como la solución sin más alternativas a la “crítica situación” como podrán decir. Quien quiera creer que lo haga y no se cuestione, y quien admita la duda que la enfrente. 

 Un colectivo de entidades civiles, preocupadas por la situación han salido a la vía pública para expresar sus reclamos y en el marco de esa protesta han emitido un comunicado en el que denuncian la situación en los términos siguientes: “Después de años de hacer propuestas y alertar sobre la falta de medidas para cuidar el agua del río Santa Lucía y otros cursos de agua del país, sin ser consideradas por los distintos gobiernos, se llegó a una situación de emergencia hídrica sin precedentes. Son responsables de la situación actual todos los gobiernos que no actuaron para cuidar el río y mantener la infraestructura de OSE en condiciones mínimas de funcionamiento” y agregan que “la situación requiere medidas urgentes, contundentes y efectivas, sin dar lugar a la improvisación y especulación”.

 Luego de señalar lo que entienden es “la ineptitud” en el manejo de la crisis hídrica, proponen una serie de medidas cuya entidad corresponde conocer pues eso da una idea de la crisis que se padece y en términos generales ellas son:

 -Convocatoria urgente de ámbitos para abordar la emergencia con participación social real donde se consideren las propuestas de la Universidad de la República y las organizaciones sociales.

 -Plan de contingencia urgente para asegurar el suministro de agua potable a hospitales, escuelas, CAIF y residenciales. Factura con costo cero mientras el agua no sea potable.

 -Restricciones al consumo de agua a los grandes consumidores de agua no residenciales (industria, comercio y servicios) que no brinden servicio de primera necesidad para la población a los efectos de garantizar el acceso al agua potable en forma inmediata. Que ante incumplimientos a las restricciones se apliquen sanciones de clausura por los días que sean necesarios. Seguro de paro especial para los trabajadores afectados por la medida. 

 -Inversión estatal (sin participación privada) para arreglar las cañerías en forma inmediata de todo el país, comenzando por los lugares que tienen mayor riesgo de falta de agua.

 -Ingreso de trabajadores/as presupuestados a OSE para cubrir las vacantes que se han generado en los últimos 5 años, para que el organismo cuente con personal calificado propio, y eliminar las privatizaciones. 

 -Cancelación del proyecto Neptuno. -Cancelación de la presa provisoria e improvisada aguas abajo de Aguas Corrientes. 

 -Apertura de todos los embalses privados no autorizados y estudio de apertura de los que tienen autorización, sobre el río Santa Lucía y todos sus afluentes. 

 -Prohibición de plantaciones o replantaciones de soja y forestación (especies exóticas) para madera en toda la cuenca del Río Santa Lucía. 

 Para calificar situaciones como esta que se han mencionado suele decirse: “estamos en el horno”, y es cierto que lo estamos y para peor ni siquiera nos podemos refrescar. Pero no pensemos que esto es solo por causa de la sequía porque si tuviéramos inundaciones también sería problemático el uso del agua.

 Garabed Arakelian. Periodista, docente, analista uruguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Publicado en Claridad. Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del au

«Elites en contra del establishment» y las paradojas del discurso neofacista

Ecuador: en medio del juicio político, Lasso disuelve el parlamento

Movilización popular para echar al gobierno reaccionario. 

 Recurrió al mecanismo “muerte cruzada”. 

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ordenó este martes 17 la disolución del parlamento y solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a comicios presidenciales y legislativos, que se llevarían a cabo en un plazo de seis meses. En el interregno, podrá gobernar por decreto. Este recurso, que se aplica por primera vez desde que se instituyó en 2008, se conoce como “muerte cruzada”. 

 Lasso tomó la decisión poco después de exponer en la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político que se sustancia por acusaciones de corrupción en su contra. Más exactamente, por tolerar un contrato lesivo para la empresa pública de transporte de petróleo.

 El juicio político fue promovido por el Unes (Unión por la Esperanza), fuerza que responde al expresidente Rafael Correa, pero también recibió el apoyo de viejos socios de Lasso, como el sector mayoritario del Partido Social Cristiano (PSC), que se había aliado al proyecto del banquero (Creo) en las últimas presidenciales. Pachakutik, brazo político de la Conaie (central indígena), se dividió, con once asambleístas que se pronunciaron recientemente en contra de un apartamiento del presidente. Las discrepancias también atravesaban a la bancada de Izquierda Democrática, cuarta fuerza en los últimos comicios. 

 Sectores de la oposición denuncian que el argumento de Lasso para decretar la muerte cruzada, esto es, la presunta existencia de un estado de “conmoción interna”, es infundado, por lo que estaríamos en verdad ante un golpe de Estado. El PSC presentó un recurso ante la Corte Constitucional para invalidar el recurso presidencial, en tanto que Correa también lo consideró ilegal, pero alentó a aprovechar la oportunidad para sacar a Lasso en las urnas. 

 Lasso asumió el mando en 2021 y rápidamente se ganó un amplio repudio popular como fruto de sus políticas de ajuste fondomonetarista, a lo que se suma un incremento del poder de fuego de las bandas narco, la inseguridad en los barrios y las masacres en las unidades penitenciarias. Se estima que el rechazo al titular del Ejecutivo asciende al 80% de la población. En las últimas elecciones municipales, apenas pudo presentar un puñado de candidatos. 

 En 2022, el intento de Lasso por imponer un alza en los combustibles desencadenó una rebelión popular, protagonizada por el movimiento indígena, que estuvo a punto de sacarlo del cargo. En su lugar, se instauró una mesa de diálogo con la que el gobierno buscó descomprimir la situación y dilatar los reclamos de las masas campesinas. 

 Frente al derrumbe acelerado del gobierno derechista, el correísmo siguió una línea de contención, con la intención de relevar a Lasso, pero sin agitar las aguas de la movilización masiva. Ya en las elecciones de 2021, el candidato de la Unes, Andrés Arauz, había hecho una campaña conciliadora hacia Estados Unidos, con la intención de mostrarse como un carta de confianza para el gran capital. 

 La Conaie, en tanto, acaba de convocar a un consejo ampliado extraordinario para definir posibles medidas ante el dictado de la muerte cruzada. 

 Lasso no puede seguir en el cargo un minuto más. Es necesario retomar la movilización para que se vaya y abrir paso a un gobierno de los trabajadores, campesinos e indígenas.

 Gustavo Montenegro

Mundial de fútbol sub 20 (con equipo del Estado sionista genocida)

Protesta en Indonesia contra la participación de Israel en el mundial juvenil

 El campeonato mundial de fútbol sub20 debía desarrollarse este año en Indonesia, elegido como sede por la Fifa. Pero… Israel terminó integrando la nómina de seleccionados a participar. 

 Esto produjo una ola de masivas movilizaciones populares rechazando su participación, como forma de solidaridad con el pueblo palestino, sometido a una sangrienta política sistemática de aparthaeid, persecuciones, cárceles y asesinatos a mansalva. 

 La ola de repudio fue creciendo y, finalmente, el gobierno indonesio se vio obligado a plantear la prohibición de la participación de Israel en el certamen mundial. Fue una sufrida decisión para el gobierno de Indonesia que había invertido grandes sumas en la remodelación de estadios y obras públicas para garantizar el evento y los negocios turísticos que se desarrollarían en torno a él. Para el gobierno indonesio tenía, aparte, el propósito de hacer olvidar el dramático recuerdo de la estampida del año pasado en un estadio de futbol que costó la vida de 135 espectadores. 

 El equipo israelí salió nominado, por primera vez, el año pasado, cuando ya estaba designada la sede del campamento en Indonesia.

 Un arma de lucha 

 Los boicots a diversos eventos deportivos mundiales donde pretendía participar Israel se han vuelto bastante frecuentes, como forma de solidaridad contra la represión sionista al pueblo palestino. 

 En el año 2018, el gobierno de Macri autorizó la participación del seleccionado argentino en un partido “amistoso” con el equipo israelí en Haifa. Fue en los preliminares del campeonato mundial que se realizó ese año en Rusia (donde Israel no había salido seleccionado). Pero el gobierno sionista aprovechó este compromiso trasladando la sede del evento a Jerusalén, la ciudad que se había declarado, unilateralmente, capital oficial de Israel, resolución reconocida por el presidente yanqui Donald Trump. Un movimiento internacional de pronunciamientos se manifestó en contra de que el seleccionado de Messi se prestara a esta provocación propagandística del sionismo (el partido iba a jugarse en un estadio asentado sobre una vieja aldea árabe erradicada por los sionistas). La Argentina finalmente anunció su retiro de este evento. 

 Cinco años después, ante la crisis del mundial de Indonesia y para reconocer al equipo sionista, el “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, ofrece a la Argentina como sede del mundial de sub20. Y esto se hace con el apoyo del gobierno argentino: Sergio Massa, el ministro de economía devenido en primer ministro de facto, fue el que firmó los avales de autorización.

 La alianza con el sionismo es política de Estado: lo que Macri no logró en el 2018, lo hace hoy el gobierno “nacional y popular” de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. 

 El mundial se inicia el sábado 20. Israel jugará contra Colombia el domingo 21 en el estadio de La Plata (luego deberá continuar otras fechas en Mendoza, etc.).

 En el acto realizado ayer frente a la Embajada de Israel para repudiar los bombardeos sionistas contra Gaza y objetivos palestinos, un dirigente de la hinchada del club Comunicaciones denunció esta situación y llamó a organizar repudios a la presencia sionista. No se trata de no mezclar política con deporte, se trata de detener el genocidio del pueblo palestino. 

 Pronunciamientos y actividades en repudio al equipo sionista representante de una potencia racista-imperialista. Solidaridad con los palestinos. Fuera el sionismo de Palestina. Cese de los bombardeos, retiro de las tropas sionistas de los “territorios” palestinos.

 En la Argentina hemos vivido la utilización del mundial de futbol de 1978 por la dictadura de los Videla y Massera. Y contamos con el apoyo de amplios sectores democráticos a nivel internacional que denunciaron y boicotearon la masacre represiva en desarrollo en nuestro país. Gracias a ellos se conocieron las atrocidades represivas de la dictadura.

 Sigamos ese ejemplo de solidaridad internacionalistas antisionista y antiimperialista. 

 Rafael Santos

Conferencia de prensa por la situación del agua. 15/5 · 12 h

¿Quién mató a Neruda?

Acuerdos China - Malasia: la pelea en el Indo - Pacífico

La reunión que durante 4 días mantuvieron en Pekín el Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y su par chino, Xi Jinping, fue prácticamente ignorada por los grandes medios de comunicación occidentales, pero revistió un carácter central en la geopolítica asiática. El líder del gobierno chino comprometió una “inversión récord” de US$ 38.500 millones, equivalente al 10% de PBI de Malasia, en la industria petroquímica, automotriz, financiera y otros sectores claves de la economía. La deuda pública de Malasia ha crecido hasta alcanzar los 346.000 millones de dólares, equivalente al 100% del PBI. China se ha convertido, por lejos, en el principal inversionista en el país, duplicando las inversiones de los Estados Unidos.

 Esta movida político-económica y comercial no es rayo en cielo sereno. El Indo-Pacífico ha sido copado por la OTAN, con Australia, Taiwán y con Filipinas. Por allí pasan anualmente 3 billones de dólares en comercio. Estados Unidos envía rutinariamente buques de guerra para asegurar, dice, la ´libertad de navegación´ en aguas internacionales. Al gobierno chino le preocupa que Filipinas se convierta en sede de bases militares permanentes de la OTAN. Un posible acuerdo entre Malasia y China, en el Mar Meridional, serviría de contrapeso en esta ruta marítima. 

 Un FMI asiático para competirle al dólar 

Las reuniones bilaterales también tocaron otro punto trascendente. Anwar le planteó a Xi realizar las transacciones empleando el Ringgit de Malasia y el Yuan chino. El primer ministro malayo reveló que China estaba abierta a conversaciones sobre la creación de un “Fondo Monetario Asiático”, para reducir la dependencia de Asia del dólar estadounidense. Este fondo patrocinado por los BRICS serviría para evitar el “gansterismo” monetario, como el recurso de EEUU a aplicar sanciones económicas a sus rivales. Las sanciones contra China podrían afectar potencialmente a algunas empresas de Malasia que forman parte de la cadena de suministro de China. El gobierno malayo intenta navegar entre ambos bloques, una posición que se hará cada vez más difícil a medida que avance la confrontación entre los dos contendientes. 

 Mauri Colón 

 13/05/2023

La Otan quiere abrir una oficina de enlace en Japón

La avanzada imperialista en el Pacífico. 

 Japón y la Otan, en tratativas.

 El ministro de relaciones exteriores de Japón, Yoshimassa Hayashi, confirmó en una reciente entrevista con la CNN que su gobierno está en tratativas con la Otan para la instalación en Tokio de una oficina de enlace con la alianza atlántica. 

 Según el funcionario, el motivo es la mayor inestabilidad global derivada de la guerra en el este europeo. En ese conflicto, Tokio apoya, al igual que la alianza militar imperialista, a Ucrania contra Rusia.

 Las negociaciones entre el país del sol naciente y la Otan se inscriben en un escenario de rearme de Japón, que es incentivado desde la Casa Blanca, interesada en trazar un cerco contra China y Rusia.

 Una reciente tapa de la revista Time causó gran revuelo por afirmar que Kishida busca convertir a Japón en una potencia militar, abandonando décadas de “pacifismo”. La Constitución nipona de la segunda posguerra, tras su derrota ante los aliados, establece una renuncia a la guerra que la dejó estrictamente sin ejército -dispone de unas fuerzas de autodefensa. Para justificar su actual desarrollo armamentístico, el gobierno japonés (siguiendo el camino del fallecido Shinzo Abe) hace una reinterpretación a su gusto de la carta magna. Tapa de la revista “Time” con referencias al nuevo militarismo japonés 

 Como parte de los realineamientos globales, el primer ministro japonés visitó el pasado fin de semana Seúl, con el propósito de cerrar viejas heridas con Corea del Sur y consolidar una alianza a tres bandas, incluyendo a la Casa Blanca. La primera visita en doce años de un mandatario japonés a la península incluyó una visita al cementerio donde están enterrados los héroes que enfrentaron la ocupación japonesa que se extendió desde 1910 a 1945. Esa brutal ocupación incluyó el trabajo forzoso de los coreanos para la industria japonesa y la esclavización sexual de cientos de miles de mujeres. La cuestión de las compensaciones económicas por aquellas atrocidades aún es fuente de tensiones y alienta los sentimientos nacionalistas a uno y otro lado. 

 El nuevo gobierno surcoreano quiere dejar en el pasado las disputas con Tokio, a la luz del rediseño de los conflictos globales. En Corea del Sur se impuso en las últimas elecciones un gobierno del derechista Partido del Poder Popular (PPP), que tiene una línea más dura que los liberales hacia Corea del Norte y busca estrechar lazos con Estados Unidos. Hace quince días, el primer ministro Yoon Seok-Yeol visitó a Joe Biden. Ambos mandatarios suscribieron la llamada “declaración de Washington”, que establece que un submarino nuclear yanqui visitará periódicamente la península. El gobierno coreano venía agitando previamente la posibilidad de desarrollar armas nucleares propias, algo que por el momento quedó en el congelador. 

 Como parte del afianzamiento de los lazos económicos y políticos entre Washington y Seúl, la Casa Blanca había construido ya un escudo antimisiles en la zona, que Beijing consideró una nueva provocación. 

 Si a todo esto sumamos los cruces sino-norteamericanos con respecto a Taiwán, el nacimiento del Aukus (acuerdo militar de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia) y los recientes ejercicios militares conjuntos entre Washington y Filipinas, podemos concluir que estamos en presencia de un desarrollo del armamentismo y de las tendencias bélicas en la vasta región del Pacífico, conscientemente alentado por el imperialismo. La gravedad de esta situación se amplía si tenemos en cuenta que en la zona hay toda clase de disputas territoriales y comerciales cruzadas. 

 Por todas estas razones, las organizaciones obreras y populares japonesas deberían rechazar la instalación de una oficina de la Otan en su territorio. 

 Gustavo Montenegro

Déficit hídrico y sequía de ideas en Uruguay

Montevideo, la capital uruguaya, y la zona metropolitana están consumiendo agua no potable por la sequía y otros componentes que tienen que ver con el modelo de desarrollo productivo que ha optado Uruguay. Oposición y oficialismo se echan culpas, se pasan la pelota sobre qué se podría haber hecho y lo que se tiene que hacer: unos concentrados solo en el pasado, pocos en el presente y la vista en el futuro de corto alcance. 

 Porque no llueve lo suficiente y por “la gran disminución de agua dulce del embalse de Paso Severino”, ubicado en el departamento de Florida, el gobierno derechista uruguayo resolvió días atrás agregar agua del Río de la Plata al proceso de potabilización . La empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) decidió empezar a partir del 26 de abril a realizar una mezcla diferente del agua potable disponible. Este cambio se debe a varios factores. 

 Uno de los principales es el déficit hídrico y la escasez de agua dulce en el río Santa Lucía y en sus embalses, por la sequía que sufre el país. Eso supone tomar una parte del agua de una fuente más cercana al río de la Plata, el estuario que recibe aguas oceánicas saladas. 

 Una semana más tarde, OSE volvió a pedir el aval del Ministerio de Salud Pública para aumentar por segunda vez los niveles de sodio en el agua corriente. OSE optó por suministrar agua más salada a la población: lo perciben con desagrado quienes cocinan con agua de la canilla, la beben o toman mate con ella, pero lo peor es que implica riesgos sanitarios para una considerable cantidad de personas, que pueden ser muchas más si la medida persiste. 

 “Estamos en un escenario que si no bombeamos aguas abajo del Santa Lucía, desde donde hay agua del río de la Plata, lo que trae como consecuencia un aumento de los cloruros y del sodio, no podríamos abastecer el sistema metropolitano de agua continua. Si no lo hacemos, tendríamos también un problema sanitario gravísimo”, dijo en radio la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner. 

 El agua potable es definida como “el agua apta para consumo humano, que no represente riesgos para la salud o que no genere rechazo por parte del mismo”, según se plasma en el decreto 375/01, promulgado el 11 de noviembre de 2011. 

 En la norma también se señala que el valor máximo permitido de sodio para que el agua sea considerada potable es de 200 mg/l, teniendo en cuenta las propiedades sensoriales del agua. Al mismo tiempo, en el caso de cloruros, el nivel máximo es de 250 mg/l. En este contexto se sitúa la medida adoptada por el directorio de OSE de aumentar el nivel de sodio a 440 mg/l y de cloruros a 750 mg/l. La decisión se tuvo que tomar dado que la empresa comenzó a extraer agua para potabilizar proveniente del Río de la Plata. 

 El mautino la diaria señala que son evidentes y abundantes las responsabilidades y los errores que no deben repetirse; se aceptó que en la producción agropecuaria hubiera un aumento sostenido de prácticas que afectan la disponibilidad y la potabilidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía. OSE ha estado lejos de ser una prioridad presupuestaria o política de los gobiernos, y hace décadas que pierde casi la mitad del agua que maneja. 

 La cuenca del Río de la Plata recibe los efluentes urbanos de muchas de sus ciudades, los metales pesados de los desechos de mineras, o los derivados de sus agroquímicos, lo que desemboca en el estuario. Aún más cerca, los efluentes del área metropolitana de Buenos Aires también se lanzan sobre las aguas platenses.

 Ante la situación, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay advirtió sobre el riesgo que supone este aumento de sodio en el agua para la población. En un comunicado, explicó que “casi el 37% de los uruguayos tienen presión arterial elevada” de los cuales un tercio “no lo sabe”. Agregó que los uruguayos ya consumen en promedio un 66% más del sodio recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

 El presidente Luis Lacalle dijo que no habrá rebaja en la tarifa del agua. Pese a los reclamos del director de OSE por el opositor centroizquierdista Frente Amplio, Edgardo Ortuño y por el sindicato, Lacalle dijo que no habrá exoneraciones. Además, alertó que de prolongarse el déficit hídrico podría empeorar la calidad del agua. El jueves 11 el ministro de Ambiente, Roberto Bouvier, aseguró a la prensa que el agua de OSE, en estos momentos, «si vamos a puntos técnicos, no es potable. 

 Y aseguró: «Hay una definición muy estricta, muy profesional que hizo la ministra de Salud Pública. El agua no es potable en la definición perfecta de la potabilidad porque no cumple estrictamente con los indicadores. Pero es bebible, que es otra definición que casi enmarca la otra». 

 Ante el aumento de la concentración de sodio en el agua potable, la Facultad de Medicina realizó una serie de recomendaciones, para la población general, sin diagnóstico de hipertensión arterial, para quienes utilizan medicamentos antihipertensivos y diuréticos, y para la población con alguna de las siguientes condiciones: enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis, embarazadas. 

 Tuya y mía

 Mientras desde el Ministerio de Salud Pública se recomienda bañarse con agua embotellada, por lo menos a las personas que tienen problemas dérmicos, oposición y oficialismo se lanzan dardos. 

 Durante la administración anterior (gobierno del Frente Amplio), OSE proyectó obras para aumentar y mejorar las reservas de agua en el país, pero al asumir el nuevo directorio –impuesto por la coalición derechista de gobierno- en 2020, éstas se postergaron como forma de contener el gasto. Una de ellas era la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá en el departamento de Florida, aprobada por la compañía estatal en 2019.

 La cosecha

 Una de las líneas para comprender por qué se llegó a este punto, es abordar la situación de los suelos uruguayos y el aumento de la forestación, una política de Estado que se sostiene desde fines de la década de los 80. La forestación es una de las actividades productivas que más ha crecido en los últimos treinta años. Las plantaciones de árboles de especies madereras, especialmente eucaliptos y pinos, totalizaron poco más de un millón de hectáreas en ese período.

 El desarrollo de la forestación en Uruguay tiene su origen en la aprobación y posterior aplicación de la denominada Ley Forestal de diciembre de 1987, que declaró de interés nacional al conjunto de las actividades forestales. Estas plantaciones se deben a la instalación de tres plantas de celulosa, conocidas popularmente como “pasteras”. La actividad se abrió paso por todo Uruguay impulsada tanto por capitales nacionales (la familia del presidente Luis Lacalle es un ejemplo) como trasnacionales (entre ellos, las firmas Arauco, Stora Enso y la finlandesa UPM), que aprovechan el suelo autóctono, donde estos árboles toman entre 8 y 10 años en crecer, mientras que en Finlandia lo hacen entre 50 y 60 años. 

 En el año 2018, la superficie total de bosques en Uruguay era de un millón 850 mil hectáreas. De ese total, las plantaciones realizadas al amparo de la Ley Forestal totalizaban un millón 15 mil hectáreas. Existían, además, 835 mil hectáreas de bosque nativo en el país.

 En las últimas tres décadas, el negocio de la madera se convirtió en un pilar de la economía uruguaya, al punto de que el nuevo proyecto de la trasnacional finlandesa UPM —obra proyectada en 4.000 millones de dólares, la mayor inversión privada en la historia del país— prevé aportar 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional cuando la planta esté en funcionamiento. 

 Sin embargo, el cultivo de eucaliptos también conlleva impactos negativos en el suelo y en el agua. Se trata de plantas de crecimiento rápido, que capturan muchísimos nutrientes, toman grandes volúmenes de agua desde las napas freáticas o acuíferos superficiales y alcanzan reservas de agua profundas a las que los pastos no tienen acceso. 

 El año pasado UPM utilizó 125.000 metros cúbicos de agua a diario. Sumado a ello, en 2019, informes ambientales develaron que, en sus viveros, UPM hace uso de agrotóxicos como el hormiguicida fipronil, los herbicidas glifosato, flumioxazin e isoxaflutole así como los fertilizantes multicote y sulfato de amonio. 

 Más allá de dimes y diretes y declaraciones cruzadas, los tres principales políticos de la historia del Uruguay decidieron desde fines de los 80 aceptar de manera sumisa el lugar que le adjudicaron a Uruguay en la cadena productiva. El Frente Amplio que se postulaba como algo distinto, de darle valor agregado a lo producido en el país, terminó cosechando el modelo de monocultivo que la derecha había sembrado.

 La ciudadanía se está cansando y se autoconvocó a tres marchas durante tres días consecutivos, comprendiendo la gravedad de este asunto más allá de banderas ya que estamos hablando de un derecho fundamental como el acceso al agua potable. 

 Este gobierno asumió en el 2020 prometiendo mayor libertad al final de su mandato. Hoy se está discutiendo el consumo del agua y la escasez de la misma. No es sequía, es saqueo, dice un cartel de las manifestaciones. Son ambas, es saqueo de un modelo que nos condena a la destrucción de nuestro ecosistema y hay sequía de perspectiva de mejora. 

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la) Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative

Biden prepara un ataque mayor contra los migrantes

El gobierno yanqui está militarizando la frontera 

El gobierno estadounidense pondrá fin a partir de este 12 de mayo a una norma instaurada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 que, bajo el pretexto de la pandemia, permitía la expulsión inmediata de migrantes irregulares. 

 Bajo esa disposición, conocida como Título 42, se produjeron alrededor de 2,6 millones de deportaciones entre marzo de 2020 y marzo de 2023 (La Nación, 11/5). El actual presidente, Joe Biden, la mantuvo en vigencia al asumir su mandato. 

 El anuncio del fin del Título 42 desató un flujo aún mayor de migrantes a la frontera con Estados Unidos, bajo la expectativa de cruzar al territorio yanqui y esperar allí mientras se tramitan las solicitudes de asilo. Solo en Ciudad Juárez, se estima que hay 12 mil personas esperando para dar el salto. 

 Sin embargo, la Casa Blanca ya aclaró que la norma que queda en pie (Título 8) es aún más dura que la anterior. Prohíbe solicitar asilo a quienes entren en forma irregular y autoriza también una deportación rápida, a menos que el solicitante pueda probar que en el país en cuestión puede sufrir persecución o tortura. El agravante, con respecto al Título 42, es que, una vez deportado, no puede volver a pisar Estados Unidos por cinco años. 

 Los gobiernos de Trump y Biden combinaron en estos años la aplicación del Título 42 y el Título 8: al amparo de este último, entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 hubo cerca de 2,5 millones de expulsiones (El País, 28/2). Sumados, hablamos de 5 millones de personas. Por encima de la gestión de Barack Obama, quien se había ganado el mote de “deportador en jefe”. La política antimigrante es patrimonio común de los dos partidos del régimen.

 En vísperas de los cambios migratorios, Washington reforzó el envío de soldados y vehículos militares a la frontera sur. Prestarán apoyo a las patrullas fronterizas.

 Los cambios se aplican con la estrecha colaboración del gobierno mexicano que lidera Andrés Manuel López Obrador, quien acaba de celebrar una conversación con Biden sobre el problema migratorio. Algunos números: 2022 marcó un récord de detención de irregulares en territorio azteca. Fueron poco más de 440,000, un salto del 44% respecto al año anterior (ídem). México actúa como un Estado tapón.

 El fenómeno de los desplazamientos y caravanas migratorias se acelera con el agravamiento de la situación económica y social en América Latina. Los países que encabezan la diáspora son hoy los del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador, Guatemala) y Venezuela. En esa peligrosa peregrinación se internan familias enteras e incluso menores no acompañados. 

 El imperialismo, que hoy trata de cerrar las puertas y eleva murallas, es el principal responsable de la devastación del subcontinente, por medio del apoyo a dictaduras sangrientas, el mecanismo de exacción que constituye la deuda externa, y el saqueo de los recursos naturales.

 En paralelo a la represión y las deportaciones, los gobiernos y los partidos patronales desarrollan campañas xenófobas con las que buscan convertir a los migrantes en chivos expiatorios de la crisis económica. Defendemos el derecho incondicional de asilo frente a las políticas expulsivas de los Estados.

 Defendemos la unidad de los trabajadores nativos y migrantes, en una lucha común contra el capital, frente a la xenofobia y la persecución. 

 Gustavo Montenegro

Estados Unidos: ¿al borde del caos financiero?

La secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Jellen, acaba de advertir que, a menos que el Congreso actúe pronto para elevar el límite de endeudamiento del país, “se producirá un caos financiero y económico” (Clarín, 9/5). 

 Estados Unidos podría caer en default el 1° de junio. El Capitolio debe elevar el techo de endeudamiento, pero los republicanos exigen a Biden drásticos recortes de gastos, cuando el presidente va por su reelección. Estamos frente a una bomba de tiempo que podría explotar si los legisladores no suben o quitan el techo de endeudamiento para evitar que el país quede en cesación de pagos, lo que podría convertirse en una crisis financiera global. Las negociaciones son febriles para que la situación no se desmadre en la primera potencia mundial y tenga impacto más allá de sus fronteras. 

 El aumento del límite de deuda, que está fijado en la actualidad en 31,381 billones de dólares, es motivo de una fuerte disputa política entre republicanos y demócratas respecto del gasto público, un tema que será de intenso debate en la campaña presidencial, donde es posible que se reedite el duelo entre Biden y el favorito republicano Donald Trump.

 Si ese límite no se eleva, no solo el funcionamiento del gobierno podría quedar paralizado como ha sucedido otras veces, podría haber consecuencias mayores. Estados Unidos tiene un déficit presupuestario, debe pedir prestado grandes sumas de dinero para pagar sus cuentas. Además de pagar los beneficios del Seguro Social, junto con los salarios de los trabajadores militares y gubernamentales, también debe pagar intereses y otros pagos a los tenedores de bonos de la deuda pública.

 Los economistas coinciden que una cesación de pagos sería un hecho gravísimo. El único precedente cercano de insolvencia que tuvo el país fue en 2011, año en que la crisis se pudo resolver in extremis y el país sufrió la primera reducción en toda su historia de su calificación de deuda, haciendo que tuviera que asumir intereses de deuda muchos mayores. La onda expansiva irradió sobre el conjunto de la economía y provocó un temblor en la bolsa de valores. 

 En el momento actual, a causa del mayor riesgo de un incumplimiento, los títulos de la deuda americana se desploman y suben con fuerza los rendimientos. Los bonos del Tesoro americano a un mes evidenciaron un fuerte rally alcista en sus tasas, alcanzando máximos históricos. Actualmente operan con tasas de 5,35%, superando los máximos de 5,1% alcanzados durante la crisis de 2005 y 2006. 

 La deuda del gobierno de Estados Unidos está al límite de su capacidad establecida por el Congreso. Alcanzó el techo indicado en enero y el Departamento del Tesoro ha mantenido las obligaciones justo dentro del límite al suspender las inversiones en algunos fondos de pensiones federales, mientras continúa tomando prestado de los inversionistas.

 Resumiendo, “un incumplimiento tiene el potencial de ser catastrófico: el mercado de crédito se congelaría, el precio del dólar se desplomaría, las tasas de interés se dispararían, sus efectos darían la vuelta al mundo y podría desatarse una crisis financiera y una recesión similar a la que se vivió en 2008 o peor” (Porfolio, 2/5). 

 Quiebras bancarias

 Cuando se daba por concluida la turbulencia financiera que sacudió a los mercados semanas atrás, la amenaza de nuevas quiebras bancarias volvió a reaparecer. 

 El rescate del First National Bank, planteado a través de los aportes de diez bancos, fracasó. No logró evitar el persistente retiro de depósitos lo que obligó a tomar una decisión de emergencia y disponer su absorción por parte del banco J.P. Morgan Chase. 

 Esto fue acompañado por derrumbes accionarios de distintos bancos regionales. Los mayores descensos se registraron en las acciones de PacWest Bancorp y el First Horizon, que se desplomaron más del 30%. 

 La quiebra del First Republic Bank tiene implicaciones más amplias: “La quiebra de un banco que, en apariencia, tenía mucho éxito y no se dedicaba a actividades obviamente arriesgadas es alarmante” (SWS, 8/5). El aumento de la tasa de interés -y más aún en el breve lapso que se produjo- provocó un desequilibro en el balance del banco pues desvalorizó sus activos y, en esa medida, los recursos para hacer frente a sus compromisos con los depositantes. El esquema de negocios funcionó bien con un crédito barato y hasta regalado, pero dejó de hacerlo con la subida de los tipos de interés. Este modelo, sin embargo, no es una excepción sino la regla en todo el sistema bancario y lo mismo podría afirmarse de las actividades especulativas y comerciales de los fondos de cobertura, los bancos de inversión y otras instituciones del sistema financiero. 

 Tanto el gobierno norteamericano como la Reserva Federal han tratado de poner paños fríos al nerviosismo en los mercados, planteando que el sistema bancario es “sólido y resistente”, pero eso no alcanza para disimular la envergadura de la crisis, cuando tres de las cuatro quiebras bancarias más importantes de la historia han tenido lugar en estos últimos dos meses.

 En este marco, la Reserva Federal subió nuevamente la tasa de interés, pero abrió las puertas a una posible pausa en medio de las turbulencias financieras a lo que hay que agregar la recesión que empieza a afirmarse. Todas las estimaciones de los órganos multilaterales de crédito, desde el FMI hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han corregido a la baja sus pronósticos sobre crecimiento económico. La economía de las metrópolis capitalistas podría llegar a 1%, y si se toma el aumento poblacional apenas a cero. La economía global descendería a un anémico 2,8%. Pero no hay que descartar un aterrizaje brusco. Si el crédito se restringe aún más, la economía mundial podría desplomarse al 1%, lo que implica ya una retracción más severa -o sea, una recesión en regla- que no estaría exenta de bancarrotas empresarias. Las denominadas “empresas zombis” (hasta el 20% de todas las de Estados Unidos y Europa) se enfrentan a la quiebra. Las solicitudes de quiebra se han disparado en las principales industrias. En marzo se presentaron 42.368, un 17% más que hace un año. También fue el tercer mes consecutivo de aumentos de bancarrotas. Mientras tanto, la financiación de capital de riesgo para nuevas empresas disminuyó un 55% en el primer trimestre de 2023, en comparación con el mismo período de hace un año. Este es el nivel más bajo en más de cinco años (Michael Roberts, “Las razones del actual pesimismo económico”, 15/4). 

 Lo novedoso es que a las “empresas zombis” se suman ahora los “bancos zombis”. La ola de quiebras bancarias está lejos de haber terminado en Estados Unidos y en Europa. A medida que las tasas de interés aumentan, los depositantes están cambiando su dinero de bancos débiles a cuentas con mejores rendimientos, como los fondos del mercado monetario, huyendo de aquellos bancos que invierten los depósitos de sus clientes en activos con pérdidas, como los bonos del gobierno.

 Esto ha llevado a una fuerte disminución en los préstamos bancarios a empresas de Estados Unidos y Europa lo cual acelera el colapso que pesa en las empresas más vulnerables y asfixia la economía y potencias las tendencias recesivas ya presentes en el actual escenario.

 Las subas de la tasa de interés no han logrado erradicar la inflación, pero ha sido suficiente para provocar una desaceleración de la economía a lo que ahora se le añade la perspectiva de default de la deuda soberana, incluida la norteamericana y una corrida bancaria. Como ha ocurrido en el pasado, el flagelo de la inflación podría ser recién superado de la mano de una recesión en regla, como se provocó en los ’80 a través de una sideral suba de la tasa de interés adoptada por el presidente de ese entonces de la Reserva Federal, Volker. 

 La esperanza de la FED es mantener, por un lado, el endurecimiento de las tasas de interés y, por el otro, el socorro a las instituciones bancarias que enfrenten dificultades. Esto se puede conciliar mientras se trate de casos aislados, pero es imposible sostenerlo si el fenómeno se generaliza. La Reserva Federal debería apelar a una emisión y expansión monetaria de tal magnitud que terminaría por bajar el costo del dinero. 

 Perspectivas 

Viene al caso destacar que la absorción del First Bank fue exhibido como una solución del “sector privado” para tratar de evitar dar la impresión de que se trata de otro rescate gubernamental, pero se están desembolsando grandes cantidades de dinero público. 

 El Estado asumirá una pérdida de 13.000 millones de dólares, que se sumarán a las pérdidas de más de 20.000 millones que ya ha asumido por las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature. Además, J.P. Morgan recibirá una línea de financiación de 50.000 millones de dólares y compartirá con la FED cualquier pérdida. 

 La ayuda del gobierno, en definitiva, ha sido crucial. Los depósitos no asegurados no son el único peligro. Otro es la caída del valor de la propiedad y de los préstamos inmobiliarios comerciales que se han visto afectados por las subidas de los tipos de interés y la caída de la demanda. Los mismos bancos regionales que se encuentran en el centro de la tormenta actual podrían verse gravemente afectados también aquí, ya que representan más de dos tercios de todos los préstamos inmobiliarios comerciales de Estados Unidos. 

 El colapso de la democracia que observamos y que se hace cada vez más visible en los países imperialistas es inseparable de la bancarrota capitalista en desarrollo. La crisis económica actual que es una expresión en crisis de fondo ha terminado por horadar el conjunto de la organización social y como parte de ello, el régimen político, sus instituciones y partidos en las principales metrópolis. Esta tendencia es muy sensible en Reino Unido, que en el lapso de poco tiempo se ha llevado puesto a varios primeros ministros y no está exento Estados Unidos con la irrupción de Trump y el asalto al Capitolio, una tentativa de golpe de Estado al mejor estilo de las asonadas a las que estamos acostumbrados en los países latinoamericanos. 

 Está a la vista que el fracaso de la democracia no es privativo de Argentina sino que es una tendencia general asociada a la descomposición capitalista que hoy tiene una nueva manifestación con la guerra de Ucrania, la escalada belicista y la amenaza de una conflagración generalizada, a lo que hay que agregar la depredación ambiental provocada por la voracidad capitalista que amenaza con la destrucción del planeta. En ese contexto se potencian los desafíos de los trabajadores y la izquierda. Todos los esfuerzos deben estar dirigidos a que los explotados irrumpan en la crisis con su propia fisonomía y como factor independiente y apunten a catapultar a la clase obrera como una alternativa de poder. 

 Pablo Heller

Represión política en Ucrania

Incendio provocado en la Casa de Sindicatos de Odessa, el 2 de mayo de 2014

 Las personas que se oponen al Gobierno actual están detenidas o muertas 

 Ucrania fue considerada durante mucho tiempo el país más libre del espacio postsoviético. Hasta hace diez años, partidos políticos y organizaciones públicas de todos los colores y una variedad de medios de comunicación actuaban libremente en nuestro Estado y adversarios políticos, periodistas y activistas podían criticar abiertamente y sin temor a las autoridades. Cualquier intento de evitar la crítica a las actividades de las autoridades se convertía en causa de un gran escándalo, por lo que se producían pocos de esos intentos. 

 Pero todo cambió espectacularmente desde [las manifestaciones y disturbios de] el Euromaidán de 2014. El régimen oligárquico de extrema derecha que asumió el poder con una ideología nacionalista comenzó a perseguir a sus oponentes utilizando métodos terroristas. 

 El ejemplo más trágico no ya de persecución sino de asesinatos por parte del régimen gobernante de Kiev contra oponentes ideológicos se produjo en Odessa el 2 de mayo de 2014, cuando militantes nacionalistas con la plena connivencia y asistencia de las autoridades impidieron las actividades antifascistas que tenían lugar en la Casa de los Sindicatos prendiendo fuego al edificio, lo que provocó que muchas personas se arrojaran por las ventanas para huir de las llamas y acabaran su vida al impactar contra el suelo. Más de 40 personas murieron entonces, entre ellas Vadim Papura, miembro del Komsomol (el sindicato de jóvenes comunistas) así como Andrei Brazhevsky, miembro de la organización de izquierdas Borotbá. 

 Nadie fue nunca castigado por este crimen, aunque quienes participaron en el atentado quedaron registrados en muchas fotografías y videos. Por si eso fuera poco, uno de los organizadores de la masacre se convirtió posteriormente en portavoz del Parlamento Ucraniano y otro entró en dicho parlamento en las listas del partido del antiguo presidente Poroshenko. 

 Igual ha ocurrido con los asesinos de varios políticos y periodistas bien conocidos de la oposición muertos desde 2014: la exdiputada del Partido Socialista de Ucrania Valentina Semenyuk-Samsonenko, (asesinato disfrazado de suicidio, 27 de agosto de 2014); el exdiputado, organizador de acciones opositoras Oleg Kalashnikov (asesinado el 15 de abril de 2015); el popular escritor y publicista antifascista Oles Buzina (asesinado el 16 de abril de 2015) y muchos otros. Del mismo modo, las actividades del mayor partido de izquierdas del país en aquel momento, el Partido Comunista de Ucrania fueron prohibidas. 

 Además, políticos, periodistas y activistas de mentalidad opositora, muchos de ellos de izquierdas, han sido golpeados, arrestados y encarcelados en los últimos años en base a falsos cargos de “alta traición” y otras acusaciones manifiestamente políticas. Esto fue así, en concreto, con los periodistas Vasily Muravitsky, Dmitry Vasilets, Pavel Volkov, y el activista proderechos humanos Ruslan Kotsaba, entre otros. Resulta característico que una vez en los tribunales, y a pesar de la presión de las autoridades, estas acusaciones por lo general se desmoronan y resultas ser completamente insostenibles.

 La situación política se ha ido agravando año tras año, especialmente desde que Vladimir Zelensky se convirtió en el presidente de Ucrania. La razón formal para la completa eliminación de los restos de las libertades civiles y el inicio de una represión política abierta fue el conflicto militar que comenzó en Ucrania en febrero de 2022.

 Todos los partidos de la oposición en Ucrania, la mayoría de izquierdas, entre los que se encuentra la Unión de Fuerzas de Izquierda (por un Nuevo Socialismo) bajo mi dirección, fueron prohibidos en base a acusaciones inventadas y falsas de ser “prorrusos”. 

 Al mismo tiempo, el único miembro del parlamento ucraniano que fue abiertamente a trabajar en las autoridades creadas por Rusia en el territorio de Ucrania, Oleksiy Kovalyov, representaba al partido del presidente Zelensky, Servidor del Pueblo. Además, durante toda la guerra, el partido gobernante se ha visto sacudido por sonados escándalos de corrupción que socavan la autoridad de los representantes públicos a los ojos del pueblo y destruyen los restos de autoridad de Ucrania a los ojos de la comunidad mundial (los casos del Jefe Adjunto de la Oficina del Presidente Kyrylo Timoshenko, el Ministro de Defensa Oleksiy Reznikov y su adjunto Vyacheslav Shapovalov, el Viceministro de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras Vasily Lozinsky, Presidente del Consejo de Naftogaz Ukrainy Andriy Kobolev, Jefe de la Administración Militar Regional de Dnepropetrovsk Valentyn Reznichenko y otros). A pesar de que esta «actividad» del partido gobernante sea una amenaza directa para la seguridad y la existencia del país, por alguna razón aún no ha sido prohibida por las autoridades.

 El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo a diversos líderes de opinión y periodistas que antes de la guerra hicieron comentarios en los medios de comunicación y criticaron al gobierno. Todos ellos fueron acusados de fomentar una postura prorrusa, alta traición, espionaje, propaganda, etc.

 Una larga lista de detenciones, desapariciones y muertes

 En febrero-marzo de 2022 conocidos blogueros y periodistas fueron detenidos acusados de alta traición e ingresados en centros de detención preventiva (SIZO), como Dmitry Dzhangirov (de ideología izquierdista, colaboró con nuestro partido), Yan Taksyur (de ideología izquierdista), Dmitry Marunich, Mikhail Pogrebinsky, Yuri Tkachev, etc. El motivo de su detención no fue en absoluto el de traición, sino el temor de las autoridades a su posición pública, que no coincidía con la oficial. 

 En marzo de 2022 el historiador Alexander Karevin, conocido por su ciudadanía activa, desapareció sin dejar rastro después de que agentes del SBU visitaran su casa. Karevin había criticado duramente en repetidas ocasiones la actuación de las autoridades ucranianas en el ámbito de las humanidades, la política lingüística y la política de memoria histórica. 

 En febrero de 2023 Dmitry Skvortsov, publicista y bloguero ortodoxo, fue detenido en un monasterio cercano a Kiev e ingresado en un centro de detención preventiva. 

 En marzo de 2022, en Kiev, la abogada y activista de derechos humanos conocida por su posición antifascista, Olena Berezhnaya, fue enviada a un centro de detención preventiva bajo sospecha de traición (en virtud del Artículo 111 del Código Penal). Esta activista había hablado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2021 sobre la ilegalidad de lo que estaba aconteciendo en Ucrania.

 El 3 de marzo de 2022 los hermanos Alexander y Mikhail Kononovichi, activistas antifascistas, fueron detenidos en Kiev acusados de violar el Artículo 109 del Código Penal de Ucrania («acciones dirigidas a cambiar por la fuerza el orden constitucional o tomar el poder del Estado»). Se les ingresó en un centro de detención preventiva hasta finales de 2022 donde fueron golpeados y torturados, y se les negó la asistencia médica oportuna. 

 En mayo de 2022, en Dnipró, el SBU detuvo a Mikhail Tsarev, hermano del excandidato presidencial Oleg Tsarev, acusado de «desestabilizar la situación sociopolítica en la región». En diciembre de 2022 fue condenado por terrorismo a 5 años de prisión. 

 El 7 de marzo de 2022 seis activistas de la organización opositora Patriotas por la Vida desaparecieron sin dejar rastro en Severodonetsk y en mayo uno de los líderes del grupo Azov, Maxim Zhorin, publicó en Internet una foto de sus cadáveres, afirmando que «habían sido ejecutados», y que su asesinato estaba relacionado con su cargo y había sido llevado a cabo por estructuras paramilitares. 

 El 12 de enero de 2023 Sergei Titov, residente en Belaya Tserkov, una persona discapacitada medio ciega con una enfermedad mental, fue arrestado e ingresado en un centro de detención preventiva por «saboteador». El 2 de marzo se informó de que había muerto en dicho centro. 

 Desde noviembre de 2022 Dmitry Shymko, de Khmelnytsky, está en los calabozos por sus convicciones políticas. 

 Cientos de personas perseguidas por distribuir contenido político en Internet 

Las autoridades han tomado bajo un férreo control el espacio informativo de Ucrania, incluido Internet. Cualquier publicación personal de los ciudadanos sobre errores en el frente, sobre la corrupción de las autoridades y los militares o sobre las mentiras de los funcionarios se declara delito. Estas personas, así como los blogueros y los administradores de los canales de Telegram, son objeto de acoso por parte de la policía y el Servicio de Seguridad.

 Según el SBU, en la primavera de este año fueron bloqueados 26 canales de Telegram en los que la gente se informaba mutuamente sobre las convocatorias de movilización. Se realizaron registros a seis administradores públicos considerados sospechosos. De ese modo se bloquearon páginas que funcionaban en las regiones de Ivano-Frankivsk, Cherkasy, Vinnitsa, Chernivtsi, Kiev, Lviv y Odessa, a las que estaban suscritos más de 400.000 usuarios. Los administradores de dichas páginas se enfrentan a diez años de cárcel. 

 En marzo de 2022 se introdujo en el Código Penal de Ucrania el artículo 436-2 sobre la «Justificación, reconocimiento como lícita, negación de la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania, glorificación de sus participantes», que en realidad va dirigido contra cualquier ciudadano de Ucrania que opine algo diferente de la postura política oficial.

 Esta norma está formulada de tal manera que, en esencia, prevé castigar el «delito de pensamiento»: palabras, frases pronunciadas no sólo en público, sino también en una conversación privada, escritas en un canal privado o en un mensaje SMS enviado por teléfono. De hecho, estamos hablando de una invasión de la vida privada de los ciudadanos, de sus pensamientos. Esto se ha visto confirmado por la aplicación de la ley: a fecha de marzo de 2023, hay 380 condenas en el registro de resoluciones judiciales por simples conversaciones en la calle y “likes” en Internet, incluyendo penas reales de prisión. 

 Así, en junio de 2022, en Dnipró, un residente de Mariupol que en marzo de 2022 afirmó que los bombardeos contra la población civil y las infraestructuras civiles de Mariupol habían sido llevados a cabo por militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue condenado a 5 años de prisión. Otra sentencia, basada en una conversación telefónica en marzo de 2023, fue dictada contra un residente de Odessa, condenado a dos años de libertad condicional por conversaciones «antipatrióticas y antiestatales» a través de un teléfono móvil.

 Una residente del pueblo de Maly Bobrik en la región de Sumy, que en abril de 2022, estando en su patio en presencia de tres personas, aprobó las acciones de las autoridades rusas en relación con Ucrania y que luego no admitió su culpabilidad, fue condenada en virtud del Artículo 436-2 del Código Penal en junio de 2022 a una pena real de seis meses de prisión. 

 Al menos 25 ucranianos han sido condenados por «actividades antiucranianas» en las redes sociales. Según la investigación, estos residentes en Ucrania distribuían símbolos «Z», banderas rusas en sus páginas y calificaban la invasión de «liberación». 

 También se impusieron condenas no a quienes distribuyeron tales publicaciones, sino que sólo les «gustaron» (expresaron su aprobación en las redes sociales) -al menos los textos de dos sentencias dicen que los llamados «me gusta» tenían el objetivo de «llevar la idea a un amplio abanico de personas cambiando las fronteras del territorio de Ucrania» y «justificar la agresión armada de la Federación Rusa». La justificación por parte de los investigadores fue que las páginas personales tienen acceso abierto, y las publicaciones con «me gusta» pueden ser vistas por muchas personas. 

 Así, en mayo de 2022, en Uman, una pensionista fue condenada a dos años de prisión con un período de prueba de un año por el hecho de que «debido al rechazo a las actuales autoridades ucranianas […] puso los llamados «me gusta» en la red de Internet Odnoklassniki a una serie de publicaciones que justifican la agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania». 

 En Kremenchug en mayo de 2022, de acuerdo con el Artículo 436-2 del Código Penal de Ucrania, fue condenado un ciudadano de Ucrania, que bajo un apodo habló en Odnoklassniki sobre los nazis en Ucrania y el desarrollo de armas biológicas financiadas por el Pentágono. 

 La represión empleada por el actual gobierno para luchar contra quienes discrepan ha convertido a Ucrania en el estado más carente de libertad de Europa, en un Estado en el que cualquier persona que se atreva a oponerse a las autoridades, a la oligarquía, al nacionalismo y al neonazismo arriesga la libertad y, a menudo, la vida. 

 Solicitamos toda la difusión posible de esta información, ya que en la situación actual solo una amplia publicidad internacional de los hechos presentados en este artículo puede ayudar a salvar a miles de personas cuya libertad y vida están ahora amenazadas en Ucrania. 

 Maxim Goldarb | 11/05/2023 | 

 Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo 

Maxim Goldarb es el Presidente de la Unión de Fuerzas de Izquierda (por un Nuevo Socialismo)

CTC Cuba 1° de mayo 2023