Amazon // Tornado, muertes y superexplotación obrera

El sistema financiero global flota en un mar de emisión monetaria de los bancos centrales

La aparición de Bitcoin es inseparable de la crisis del 2008 cuando el sistema financiero dominado por el dólar estuvo cerca del abismo. Surgió como una moneda alternativa, pero lo más llamativo ha sido el crecimiento de sus precios. 

 Bitcoin ahora es solo el 40% de la capitalización de las criptomonedas que ya alcanzó 2,5 billones de dólares. Además de Ethereum, Ada, etc. hay más de 8.000 que negocian diariamente más de 180 mil millones de dólares; es un negocio financiero en crecimiento, donde empresas crean nuevas criptomonedas y lanzan su cotización, que no requiere autorización de los reguladores financieros.

 Además las autoridades financieras en Estados Unidos están autorizando los negocios con Bitcoin en los mercados regulados. Se autorizó el primer fondo de derivados de Bitcoin (Bito) que ya comenzó a cotizar en Wall Street y hay en espera varias solicitudes de nuevos fondos. También ya cotiza una plataforma de negocios de criptomonedas, CoinDesk. Y Bitcoin y Ethereum cotizan desde hace meses en los mercados de derivados de Chicago. En una reciente resolución el Banco de Basilea acaba de aceptar que los bancos tengan criptomonedas en sus carteras, con cobertura de 100%. 

 La “institucionalización” de Bitcoin y las criptomonedas de los reguladores norteamericanos contrasta con las prohibiciones del gobierno chino a la minería y el comercio de Bitcoin. Es indudable que el interés en hacer “negocios” y cobrar comisiones del comercio de criptomonedas de los bancos e intermediarios ejerce una gran presión en los reguladores de Estados Unidos. 

 El sistema monetario está suspendido en el aire

 Desde la crisis de 2008 los bancos centrales no cesaron la emisión monetaria para sostener el sistema bancario y a los grandes capitalistas. 

 Al inicio de la pandemia se produjo un abrupto derrumbe de Wall Street que se esparció a todos los mercados, de deuda, materias primas, etc. Las bolsas tuvieron caídas del 50% en pocos días. La bolsa argentina, que viene en descenso desde 2018, también sufrió el derrumbe. Las materias primas no estuvieron exentas y el petróleo, gas, etc. también cayeron. Para hacer frente al derrumbe los bancos centrales liderados por la Reserva Federal de Estados Unidos implementaron reducir las tasas de interés y líneas de créditos “ilimitadas” en los mercados internacionales, dólares en canilla libre para impedir la continuidad del derrumbe. 

 La calma solo fue lograda con una nueva vuelta de tuerca ahora de manera crónica, como un enfermo terminal conectado con un respirador que dé dólares permanentemente. 

 La crisis financiera del 2008, la mayor desde 1929, conmovió los cimientos del sistema capitalista. El “eficiente” mercado de Wall Street demostró ser un castillo de naipes. Los precios de las viviendas cayeron y el colapso de Wall Street se propagó a todo el mundo. El día antes de la quiebra de Lehman Brothers su calificación de solvencia era AAA la más alta, las calificadoras resultaron ser una estafa al servicio de los bancos. 

 Préstamos y compras de los activos desvalorizados en poder de los bancos fue implementado con emisión monetaria. La FED asistió al sistema bancario global, al que se destinaron billones de dólares. El auxilio al sistema bancario contrastó con el abandono de los millones de desalojados que no pudieron refinanciar sus hipotecas y no recibieron ayudas, la “asistencia” fue para los bancos exclusivamente. Mientras que más de 9 millones perdieron su trabajo y 10 millones su casa. En cuatro años 46,5 millones de norteamericanos vivían en la pobreza. La emisión monetaria de la FED estuvo al servicio del sistema bancario, no de la “sociedad”. 

 Ese mismo plan fue profundizado y mantenido hasta hoy con la pandemia. Fue el campo fértil para la suba de las criptomonedas. En marzo de 2020 el Bitcoin cotizaba a 6.000 dólares, en estos días supera los 60.000. Ethereum, cotizaba en 140 dólares y en estos días supera los 4.450, se multiplicó por 30 veces en menos de dos años. 

 Las acciones de tecnología que cotizan en Wall Street, en promedio han duplicado su precio. Con las excepciones de las que lideran el pelotón, por caso Tesla de 100 dólares ahora está superando los 1.100. 

 Las instituciones financieras estuvieron al servicio de mantener el sistema de dominación del capital financiero, impedir una quiebra bancaria, mantener el capitalismo en pie y generar una suba de activos que crea un espejismo de bienestar a una minoría de la población, a costa de millones de desalojos y desocupados sumergidos en la pobreza. La crisis del 2008 y la de 2020 con la pandemia acrecientan la desigualdad social, las subas de la bolsa y las criptomonedas solo favorecen a una porción minoritaria de la población. 

 Desde la pandemia la creación monetaria supera el crecimiento de la economía, en todo el mundo 

El crecimiento de la economía por habitante desde el 2008 en todo el mundo ha sido de 10% y en ese periodo las bolsas han crecido 4 veces (400%), facilitados por los planes de emisión monetaria. La desconexión entre la economía real y los productos financieros se profundiza generando una suba artificial de los activos financieros. 

 Los bancos centrales, liderados por la FED, emiten monedas que compran la deuda que emite el propio Estado, financiando de esta forma el déficit fiscal. La gran liquidez global reduce las tasas de interés y ahora la mayor parte de la deuda pública tiene rentabilidad negativa ante el aumento de la inflación. 

 Las empresas compran sus acciones y aumentan la capitalización de las empresas, la suba de las bolsas está divorciada de las ganancias empresarias que están estancadas. 

 El aumento de la inflación en los países centrales (Estados Unidos, Europa, etc.) está mostrando los efectos de una creación constante de moneda circulante sin un correlato similar en la producción global. 

 El sistema monetario de los países imperialistas da impulso al sistema financiero que ha creado un capital ficticio que ha roto lazos con la actividad económica y la producción de valor.

 Las inversiones en bonos de deuda pública, ahora con el aumento de la inflación, tienen rendimiento negativo. De allí la búsqueda de formas de inversión que mantengan nominalmente los dineros invertidos. 

 Eso es lo que explica la suba del oro y las criptomonedas. Wall Street tiene un mercado en continuo crecimiento en la búsqueda de rentabilidad al dinero ocioso. Incluso los bancos centrales cuyo principal objetivo sería la preservación del valor de sus monedas, tienen inversiones en acciones, por caso el Banco Nacional Suizo (central) que tiene acciones por más de 160 mil millones de dólares en acciones de Wall Street, entre ellas Apple.

 Los llamados fondos soberanos (SWF) de naciones con grandes reservas (Kuwait, Noruega, Arabia Saudita, China, Emiratos Árabes, Singapur, Qatar, etc.) tienen gran parte en inversiones de riesgo como acciones. Los bancos centrales generan liquidez que crea inflación y desvaloriza la fuerza de trabajo.

 Dentro de este sistema las criptomonedas están siendo impulsadas por una corriente de liquidez, bajas tasas y apalancamiento que creo valoraciones que no tienen ninguna correspondencia con su utilidad ni rentabilidad. 

 El sistema financiero para mantener la rentabilidad de los bancos va socavando los fundamentos de la estabilidad que dicen defender. La demostración han sido las crisis del 2008 y más reciente marzo de 2020. 

 Las criptomonedas son un reflejo del descontrol que los bancos centrales tienen del sistema financiero, con sectores al margen de las regulaciones que deberían controlar y que están creando activos financieros fuera del circuito económico de creación de valor y fuera del sistema financiero de las respectivas monedas nacionales.

 La burguesía requiere del Estado que impulse el uso compulsivo de las monedas nacionales, que son la fuente para emitir y financiar el déficit; facilitar el endeudamiento y generar inflación para licuar los salarios. Las criptomonedas demuestran la incapacidad de los Estados de regular y tener el control el sistema financiero, son una demostración de la descomposición del sistema financiero.

Sergio Rivero

Prensa Obrera, 3/11/21  

La ofensiva de la OTAN en Ucrania, una guerra europea

La determinación estratégica de Estados Unidos de incorporar a Ucrania a la OTAN ha desatado una nueva crisis político-militar con Rusia. Las potencias ‘occidentales’ y la prensa internacional presentan los acontecimientos en forma invertida, atribuyendo las advertencias lanzadas contra Rusia como el resultado de una intención, por parte de ésta, de invadir y ocupar Ucrania. Aunque Rusia haya anexado la península de Crimea para proteger su única base militar sobre el Mar Negro y apoye a los sectores que mantienen el control del este de Ucrania, en la región del Donbass, el régimen de Putin carece de las condiciones internas e internacionales para acometer semejante propósito. En el caso de la OTAN, por el contrario, luego de prometer que no extendería su dominio a Ucrania, cuando en 1991 Ucrania accedió a la independencia, y luego hizo lo mismo al firmarse, en 1994, el tratado de desnuclearización del país, en el pacto de Bruselas. Biden dejó en claro, en una reciente reunión con Putin, que Estados Unidos no acepta ninguna clase de “líneas rojas” con referencia a la adhesión de Ucrania a la OTAN. Los medios internacionales informan de manera regular la violación del espacio aéreo de Rusia por aviones de países de la OTAN, y han convertido a las naciones del Báltico en una plataforma militar contra Rusia. Del mismo modo, los medios han oficiado como voceros a la OTAN, al advertir que Rusia ha perdido la “profundidad estratégica”, o sea su vasto territorio, que la protegió contra Napoleón y contra Hitler, como consecuencia de la capacidad de ataque de los misiles de corto y medio alcance que apuntan contra ella. Estados Unidos y la OTAN han boicoteado los acuerdos de Minsk, firmados en 2016, que establecían negociaciones para la reunificación de Ucrania, porque el lado oriental reclamaba convertir al país en una federación, o sea con autonomía para sus regiones. El objetivo fundamental del “euromaidan”, el golpe de estado que desalojó a la oligarquía pro-rusa del gobierno, en 2014, fue incorporar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, algo que ya había aceptado, en principio, el gobierno pro-ruso’’ derrocado. La proyección estratégica de la OTAN hacia los confines de Rusia arranca con la balcanización de Yugoslavia (valga la redundancia) y el bombardeo sistemático a la república serbia. La restauración ‘pacífica’ del dominio capitalista en Europa oriental, a través de un acuerdo con la burocracia moscovita, va cobrando la forma menos pacífica de nuevas guerras internacionales de dominación política.

 La crisis en desarrollo comporta, sin embargo, un conjunto de elementos que se encuentran más allá de la disputa por Ucrania. En efecto, una pieza decisiva de la situación presente ha sido la construcción de dos gasoductos que atraviesan el Báltico, para abastecer a Alemania y a una parte de Europa, a cargo del monopolio ruso Gazprom. Más que un acuerdo económico es un acuerdo geopolítico, en primer lugar porque crea un vínculo económico estratégico entre ambos países. La nueva ruta degrada la vía histórica de abastecimiento de gas ruso a Europa a través, precisamente, de Ucrania, lo que pone un fin a las posibilidades de extorsión recíproca, de parte de Ucrania a Rusia y viceversa, pero que deja a Ucrania sin el recurso financiero del peaje por el gas y su propio abastecimiento. La ruta de Báltico resuelve un problema estructural de Europa, pero en especial de Alemania, en la provisión de energía, al margen de que ha creado fuertes rivalidades con compañías europeas de transporte de gas. Pero ese acuerdo tiene un alcance de otras dimensiones cuando se tiene en cuenta que implica una apertura privilegiada del mercado ruso a la producción y a las inversiones de Alemania. Gerard Schroeder, ex canciller de Alemania, se ha convertido en director de la misma Gazprom. El acuerdo ofrece la posibilidad de aumentar el peso del capital germano en Europa del este, en primer lugar, la República Checa y varias naciones desprendidas de Yugoslavia. El saldo comercial que favorece a Rusia financia las inversiones de su socio alemán. 

 El acuerdo ruso-alemán no es perjudicial solamente para Ucrania sino también para Estados Unidos, que ha presionado para que la UE se convirtiera en mercado para el gas licuado producido a partir del ‘shale gas’ estadounidense. Estados Unidos ha respondido con sanciones a las constructoras rusas y alemanas del gasoducto número dos, que luego levantó contra las primeras pero no las segundas. Este segundo gasoducto no ha recibido autorización para operar, aunque se encuentra terminado; enfrenta, además, otras cuestiones legales en Alemania y la UE. Estados Unidos exige que Rusia se comprometa a no interrumpir la provisión de gas por medio de Ucrania. Putin ha respondido con una disminución de la oferta de gas al mercado internacional, con la intención de provocar un aumento sustancial del precio, al que se atribuye gran parte de la ola de inflación que se registra en los principales mercados. 

 La cuestión de Ucrania encubre una disputa internacional de gran alcance potencial, que ha ocupado un espacio importante en la agenda de Trump y ahora de Biden, que se refiere al propósito de Alemania y Francia de convertir a la UE en tercera fuerza en la pulseada, con referencia a Estados Unidos y a China; que incluye una apertura rusa al capital europeo. En el marco de un acuerdo estratégico general reclaman el ingreso de Ucrania a la UE – un objetivo de largo plazo pero en desarrollo, cuando culmine el tremendo ajuste fondomonetarista que se desarrolla en Ucrania. El afán de Rusia de lograr una mayor integración al mercado mundial confronta con la ambición de la UE de convertirla en un satélite económico y financiero, que choca a su vez con los intereses de Estados Unidos de recuperar una hegemonía en decadencia, en oposición a unos y a otros. De modo que la nueva escalada militar de la OTAN contra Rusia, por la incorporación de Ucrania a la alianza militar del imperialismo, se extiende al conjunto de Europa, como parte de un nuevo reparto del mercado mundial por las fuerzas en presencia.

 Jorge Altamira

12/12/2021

Bolsonaro, el depredador de Brasil y del mundo

A Emir Sader, el reconocido sociólogo y politólogo brasileño le sobran razones para decir que su país “tiene el presidente (Jair Bolsonaro) más ridiculizado, la víctima más burlada en los medios de comunicación del mundo… son los peores mil días que hemos tenido en nuestras vidas”. 

 Las declaraciones de Sader se reafirmaron cuando en la reciente Cumbre del G-20, el ultraderechista magnate resultó sistemáticamente ignorado por los demás jefes de Estado.

 Los medios de comunicación señalaron que fue tratado como un aguafiestas y durante la mayor parte del tiempo solo pudo hablar con sus propios asesores o con los camareros del evento. Finalmente acabó sentado en uno de los bancos del fondo de la sala sin tener a nadie con quien interactuar. 

 Con los desaires recibidos en la Cumbre del G-20 y los antecedentes de ser el mayor depredador de la Amazonía, catalogada como el pulmón natural del mundo, Bolsonaro desistió de participar en la Cop-26 sobre cambio climático pues sería el hazme reír de todos los participantes. 

 Bajo el régimen de Bolsonaro, solo de agosto de 2019 a julio de 2020, la pérdida de bosque en esa región fue de 9,5 %, según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe). La eliminación de cobertura vegetal ascendió a los 11 088 kilómetros cuadrados. En 2020 resultaron arrasadas 21 000 kilómetros cuadrados, o sea, similar superficie a El Salvador en Centroamericana. 

 Desde su llegada al poder en 2019 ha eliminado las regulaciones de protección ambiental y ampliado el desalojo de los pueblos indígenas, a la par que estimuló el arribo de invasores de tierras, mineros, madereros ilegales, lo cual ha impulsado el asesinato de numerosos pobladores nativos. 

 El Inpe informó de que en 2019 se registraron 99 586 incendios en la Amazonía brasileña y solo en mes de agosto de 2021 ocurrieron 2 308, la peor cifra registrada desde 2007. 

 Este desastre medioambiental motivó a la ONG AllRise presentar una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el presidente brasileño por «crimen contra la humanidad» debido a su implicación en la deforestación del extenso territorio. Asimismo, el equipo de expertos de esa ONG estima que las emisiones que se pueden vincular con las decisiones del Gobierno en materia de deforestación provocarán 180 000 muertes adicionales este siglo, debido al aumento de las temperaturas en el mundo. 

 Si funesto ha sido su desempeño en relación con la Amazonía, lo mismo ha ocurrido con las absurdas respuestas que ha dado sobre la pandemia de Covid-19. 

 El epidemiólogo Pedro Hallal quien participó en una investigación del Congreso brasileño sobre el manejo de la enfermedad, denunció que “si el país hubiera logrado dar una respuesta medianamente buena a la pandemia, más de 400 000 personas seguirían vivas”. 

 Hasta finales de octubre habían muerto por esa causa en el gigante sudamericano 607 400 habitantes. 

El informe recomienda que se acuse al mandatario, a sus tres hijos y a otros funcionarios de alto nivel de nueve delitos, entre ellos: el uso irregular de fondos públicos, violación de los derechos civiles, delitos contra la humanidad, abuso de poder para hacer circular información falsa. 

 Hace pocos días el Departamento de Comunicación Social admitió que les pagó a influyentes en las redes sociales para que elogiaran medicamentos ineficaces contra la Covid. 

 El documento del Congreso que se conformó durante seis meses, agrega que el Gobierno retrasó la compra de cientos de millones de vacunas de fuentes apropiadas, mientras trataba de negociar con intermediarios dudosos la obtención de una vacuna no autorizada. 

 Todos los analistas consideran que será difícil aprobar una medida contra el mandatario pues el fiscal general del país, Augusto Aras, amigo del presidente y quien lo impuso en ese cargo, no dará vía legal a ninguna sanción. Es la democracia de la derecha capitalista. 

 Mientras esto ocurre, Bolsonaro sigue con sus desafortunadas declaraciones al manifestar que hizo lo correcto desde el primer momento; desestima el uso de cubrebocas, a la par que continúa promoviendo medicamentos ineficaces como la hidroxicloroquina y que “las personas que recibieron todas las dosis de la vacuna son más vulnerables al VIH”. 

 El panorama nacional también es desalentador: 40,1 millones en la miseria; 45 millones en inseguridad alimentaria; 15 % de desempleo (durante el Gobierno de Ignacio Lula da Silva solo era de 4,7 %); eliminó el programa Más Médicos para la atención de los brasileños y también el de Luz para Todos. 

 El politólogo Emir Sader aseguró que entre los parados y las personas que viven en condiciones precarias (formas inseguras de sobrevivir, sin contrato de trabajo, sin vacaciones pagadas, subsidio por maternidad), están hoy la mayoría de los habitantes.

 Por todas estas barbaridades no es de extrañar que según una encuesta de Data Poder el excapitán admirador del dictador chileno Augusto Pinochet tiene el rechazo del 64 % de la población. El depredador de Brasil y del mundo está en baja y solo apuntalado por la ultraderecha brasileña y el Gobierno de Estados Unidos. 

 Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Robo de cerebros y de recursos humanos

La pandemia de coronavirus ha resultado desastrosa para todas las naciones del orbe y en especial para las menos desarrolladas a las que ahora se les presenta otra grave amenaza económica: el robo de cerebro y de recursos humanos por parte de los países desarrollados. 

 Un artículo del diario The New York Times del 24 de noviembre de 2021 (de seis consecutivos dedicados a la emigración) destaca que la covid mantuvo a muchas personas encerradas en casa y actualmente varios países desarrollados, que enfrentan el envejecimiento de sus fuerzas laborales y la escasez de trabajadores, se apresuran a reclutar, capacitar e integrar a los extranjeros. 

 “Es una guerra por los talentos jóvenes”, asegura Parag Khanna, autor del libro Move, quien ha asesorado a los gobiernos en materia de política de inmigración. “Hay una escalera mucho más clara y una codificación de los niveles de residencia a medida que los países se toman en serio la necesidad de tener una demografía equilibrada y satisfacer la escasez de mano de obra”.

 Hasta hace poco tiempo, con maniobras propagandísticas solapadas, el saqueo de talentos y profesionales graduados en América Latina y el Caribe ya se estaba convirtiendo en una epidemia mortal para el desarrollo de esas naciones. 

 Antes de la pandemia un informe del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), indicaba que en los últimos tiempos, Latinoamérica había sido la región del mundo con mayor incremento A 41 años de la primera Marcha de la Resistencia, un testimonio sobre la dictadura genocidade la emigración hacia los países más desarrollados. Las cifras resultan económicamente lesivas para las naciones que con pocos recursos y enormes esfuerzos forman a sus profesionales mientras otras, pese a tener mayor potencial, los sustraen sin costo alguno. 

 Entre los años de 1990 a 2010, el SELA denunció que 4,1 millones de médicos, ingenieros, cibernéticos, matemáticos, arquitectos y otros profesionales latinoamericanos emigraron hacia Estados Unidos y un millón lo hicieron hacia la Unión Europea. 

 Pero ahora las cortinas que se utilizaban para ocultar esos robos se han caído y las acciones se realizan abiertamente.

 El artículo del New York Times señala: “A medida que la economía global se reinicia e intenta poner la pandemia a un lado, ha comenzado una batalla mundial por los jóvenes y los capacitados. Con visas rápidas y promesas de residencia permanente, muchas de las naciones ricas que impulsan la economía mundial están enviando un mensaje a los inmigrantes calificados de todo el mundo: les ofrecemos empleo”.

 Cita que en Alemania, las autoridades admitieron que necesitan 400 000 nuevos inmigrantes al año para cubrir diferentes puestos de trabajo y ofrecen visas aceleradas a las personas y seis meses para visitar y encontrar fuentes de empleo.

 Canadá, que por quinto año consecutivo tuvo un descenso de nacimientos, planea dar residencia a 1,2 millones de nuevos inmigrantes y Nueva Zelanda anunció que concederá estancia permanente a cientos de titulares de visas temporales. Bélgica, Finlandia y Grecia, concedieron derechos de trabajo a los extranjeros que habían llegado con visas de estudiante u otras categorías. 

 Agrega que en Australia, donde las minas, los hospitales y los bares están escasos de mano de obra tras casi dos años con la frontera cerrada, el gobierno pretende duplicar el número de inmigrantes, mientras que Gran Bretaña, que ha sufrido una fuga de trabajadores tras el Brexit y la pandemia, admitirá la llegada de fuerza laboral de diferentes naciones. 

 Estados Unidos, el mayor receptor de inmigrantes, asegura la admisión de personal especializado mediante diversos programas establecidos durante décadas como las Green card (tarjetas verdes) y artimañas como los llamados bombos, Parole, entre otras, sin excluir los millones de trabajadores temporales que laboran en la agricultura, los servicios y la construcción. 

 La realidad es que con la fuga de cerebros la nación de origen pierde la inversión en educación superior de esos profesionales, así como el capital social del que formaba parte el individuo lo cual reducen las posibilidades económicas y el desarrollo del país. 

 Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que entre 2015 y 2017 un total de 866 000 mexicanos emigraron, entre ellos, “científicos, técnicos y personal altamente calificado”. 

 A México le siguen Colombia (364 000), Cuba (345 000), Jamaica (271 000), Brasil (266 000), Perú (251 000), Argentina (222 000), Venezuela (199 000), República Dominicana (168 000), Ecuador (160 000), Haití (157 000) y El Salvador (125 000). 

 La República de Cuba ha sido un caso político especial para Estados Unidos, a la que durante más de 60 años le ha impuesto un asfixiante cerco económico-financiero, y para tratar de destruir a su revolución, ofrece amplias facilidades de emigración a cualquier ciudadano de la Isla, única nación del orbe en recibir esas “bondades”. 

 Tras la falta de profesionales calificados por diferentes factores, que padecen actualmente los países desarrollados, éstos se han lanzado como buitres sobre las naciones en desarrollo para extraerles a sus profesionales. Otra vez los ricos se ensañan contra los más pobres por lo que cada vez se hace más necesario la conformación de un mundo más justo y necesario para bien de la humanidad.

 Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

No a la extradición de Julian Assange

La justicia británica da un paso hacia la entrega del fundador de Wikileaks a Estados Unidos.

 La justicia británica dio un paso hacia la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, al aceptar un recurso de apelación interpuesto por Washington contra un tribunal de primera instancia que había señalado que aquel no estaba en condiciones de salud para ser trasladado. 

 Assange es un programador de origen australiano, miembro de Wikileaks, el portal que reveló miles de cables reservados que prueban la matanza de civiles y otros horrores de la intervención imperialista en Irak y Afganistán. Esos documentos fueron reproducidos por los principales medios del mundo. Desde entonces, es perseguido con saña y acusado de espionaje. 

 En Estados Unidos, enfrenta dieciocho cargos que lo pueden dejar preso durante 175 años. 

 Assange se recluyó en la embajada ecuatoriana en Londres en 2012, para evitar una extradición que podía derivar en su muerte o un confinamiento perpetuo en un penal de máxima seguridad. El encierro en esa sede diplomática durante nueve años deterioró su salud. Para peor, el gobierno de Lenín Moreno le retiró en 2019 el asilo político, por lo que fue detenido por la policía británica en abril y encarcelado.

 Su integridad física está en riesgo y ha sido objeto de planes para acabar con su vida. Una reciente investigación de Yahoo News -que no fue desmentida- indicó un proyecto de la CIA en tiempos de Trump para secuestrarlo y asesinarlo, mientras se encontraba refugiado en la embajada ecuatoriana. 

 En enero de este año, una jueza había dictaminado que el fundador de Wikileaks podía intentar suicidarse si era extraditado, por lo que bloqueó ese reclamo. Pero ahora el tribunal de apelaciones ha revertido esa decisión.

 La abogada de Assange, Stella Moris, anunció que apelarán la resolución de este último tribunal a la Corte Suprema y llegado el caso, a la Corte Europea de Derechos Humanos. 

 Al igual que Assange, otras figuras involucradas en importantes revelaciones contra el imperialismo han sido ferozmente perseguidas. Es el caso de Edward Snowden, quien debió exiliarse después de poner en evidencia en 2013 un mecanismo de espionaje de la población civil por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés). O de Chelsea Manning, la analista de inteligencia del ejército que filtró información sobre el asesinato de civiles en Irak a Wikileaks y debió pasar siete años en prisión. 

 Mientras los responsables de la mentira sobre la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak; de los bombardeos en Afganistán; o de los centros de detención y tortura en Abu-Ghraib, Bagram y Guantánamo, están libres, aquellos que alzan la voz para denunciarlo son perseguidos. 

 Por la libertad de Assange. No a la persecución y la extradición. Abajo el imperialismo. 

 Gustavo Montenegro

Se dispara la tensión en Ucrania

Maniobras imperialistas y despliegue de tropas. 

 Las relaciones entre Moscú y Kiev se vienen tensando cada vez más. En los últimos días, los aparatos de inteligencia y las usinas mediáticas del imperialismo dieron rienda suelta a una campaña de propaganda para justificar un aumento de la presión política y militar contra Rusia. Por un lado, a fines de noviembre, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski advertía sobre la inminencia de un supuesto golpe de Estado orquestado desde el Kremlin, a concretarse los primeros días de diciembre, financiado por el magnate ucranio Rinat Ajmetov. Tanto Rusia como Ajmetov negaron tales imputaciones. Por el otro, los servicios de inteligencia difundieron la información de un masivo despliegue de tropas rusas en la frontera ucraniana, lo que, de acuerdo a The Washington Post sería el prolegómeno de una invasión a Ucrania en 2022. Rápidamente, el imperialismo mundial, con Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la Otan como principales protagonistas, asumió un papel de (mayor) confrontación y de arenga belicista contra Rusia. 

 Estos episodios se han abierto paso en un cuadro de profundización de los choques armados en la frontera oriental de Ucrania, en las regiones separatistas del Donbás. Allí las tropas ucranianas combaten contra los soldados de las zonas de Donetsk y Lugansk, los cuales son apoyados por Rusia y reclaman autonomía con respecto a Kiev. 

 El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) detuvo el jueves pasado a tres presuntos agentes ucranianos y divulgó un video en el que los arrestados declaran su intención de hacer estallar bombas en territorio ruso y de fotografiar lugares estratégicos, lo que fue “desmentido” por el gobierno kievita (El País, 2/12). En este marco, un soldado ucraniano murió antes como consecuencia de un enfrentamiento contra los separatistas. El gobierno de Zelenski, por su lado, utilizó por primera vez en la región drones de origen turco. 

 Con estas escaramuzas como escenario, el militarismo imperialista se viene reforzando en las aguas del Mar Negro, frente a las costas de Crimea. Estados Unidos ha enviado destructores; la Otan ha realizado ejercicios navales, con vuelos de bombarderos a millas del espacio aéreo ruso; asimismo, Reino Unido se ha sumado a esta movida anunciando el envío de 600 soldados a Ucrania, en oposición a Rusia. El gobierno de Putin, entretanto, ha defendido “su derecho a desplegar tropas en su propio territorio como lo considere oportuno” (Euronews, 4/12). Rusia rompió sus relaciones diplomáticas con la Otan en octubre. 

 Estados Unidos respalda a Ucrania militar (con el entrenamiento de soldados y enviándole armas antitanques, por ejemplo) y económicamente, mientras que la Otan se dedica a reforzarla con tropas (realizan ejercicios conjuntos) y otros pertrechos bélicos. 

 Kiev, por su parte, dispuso unos 8.500 soldados en su frontera con Moscú y ha anunciado que trasladará las flotas que tiene instaladas en el Mar Negro hacia el mar de Azov, cuyas aguas están en disputa. Pretende hacer lo mismo en su frontera de 1.000 kilómetros con Bielorrusia, a lo que agregaría la construcción de fortificaciones. Para el gobierno ucranio, se trataría de “evitar una situación similar a la ocurrida en la frontera bielorruso-polaca, donde se concentraban unos 2.000 migrantes indocumentados para tratar de entrar en la UE” (Swiss Info, 2/12), y de prevenir que “Moscú utilice el territorio bielorruso para invadir el país”.

 El mandamás bielorruso, Alexander Lukashenko, no tardó en posicionarse a favor del gobierno ruso y dijo que “si hay una nueva guerra en Donbás, Bielorrusia no se quedará al margen”; por eso ha acordado con Putin la puesta en marcha de ejercicios militares conjuntos en la frontera con Ucrania. 

 Los intereses en juego 

La reunión que este 2 de diciembre congregó al canciller ruso Serguéi Lavrov, a una delegación ucraniana, y al Secretario de Estado norteamericano Antony Blinken en Estocolmo, con motivo de discutir los problemas en cuestión, ha revelado con mucha claridad el carácter explosivo de la situación. Blinken le dijo a Lavrov que Estados Unidos tiene “profundas preocupaciones sobre los planes de Rusia para renovar la agresión contra Ucrania” y ha amenazado con que si Moscú no desiste en su aparente intentona “invasora” habrá “grandes consecuencias” (Infobae, 2/12). 

 Lavrov ha dicho que su país busca “garantías de seguridad a largo plazo”, esto es, que se limite la ayuda militar de Occidente a Kiev y que se termine con cualquier vestigio de posibilidad para la incorporación de Ucrania a la Otan, y señaló que “el escenario de pesadilla de una confrontación militar está regresando a Europa”. La siguiente reunión de alto rango entre los países fue entre Biden y Putin, y no arrojó ninguna distensión. 

 Washington acaba de imponer nuevas sanciones al gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 y amenazó con incrementar las sanciones económicas contra Moscú. Cuando habla de “grandes consecuencias” se refiere a que se está barajando la idea de vetar a Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT, que bloquearía de manera considerable los negocios rusos en el sistema financiero internacional.

 La UE sumó presión anunciando nuevas sanciones contra Bielorrusia, y ha denunciado, junto a Estados Unidos, que Rusia se halla desarrollando una “guerra híbrida” en la región; a esto se añade el despliegue de tropas británicas para ayudar al gobierno de Polonia en el enfrentamiento fronterizo que mantiene con Minsk. El gobierno kievita, además, ha firmado un contrato con Francia para la construcción de barcos para la Guardia Costera. 

 Ucrania es para el imperialismo norteamericano una pieza clave en el ajedrez político mundial, pues no solo funciona como un pivote para cercar cada vez más a Rusia y continuar pujando por avanzar en el proceso de restauración capitalista (en Rusia y en el conjunto de los ex Estados obreros, así como también en China), sino también para disputar las esferas de influencia contra sus rivales europeos y mantener una presencia para apuntalar su dominio en el Cáucaso o en Medio Oriente. Putin transita el sendero de la restauración capitalista pero en beneficio de su propia oligarquía, lo cual entra en contradicción con las pretensiones de las potencias imperialistas. 

 La clase trabajadora debe desarrollar un curso de oposición tanto a la avanzada imperialista (y al pro imperialista gobierno ucraniano), como al gobierno de Putin y quienes les responden. Planteamos la lucha por una Ucrania unida, independiente y socialista.

 Nazareno Kotzev

El nuevo gobierno de una Alemania en problemas

El canciller Scholz apunta con su dedo índice. 

Entre el Covid-19 y las metas de ajuste. Esta semana será investido por el parlamento como nuevo canciller alemán Olaf Scholz, quien encabezará un gobierno de coalición entre la socialdemocracia (SPD), los liberales (FDP) y los verdes. Scholz se impuso en las elecciones de septiembre a la Democracia Cristiana de Angela Merkel (CDU), que obtuvo el peor resultado de su historia. La dirigente se retira tras dieciséis años en el cargo.

 Alemania pasará, entonces, de un gobierno bipartito de los dos partidos históricos (demócratas cristianos y socialdemócratas) a uno tripartito, bautizado como “coalición semáforo”, por el color que identifica a sus integrantes (rojo socialdemócrata, amarillo liberal, verde). 

 Los 16 ministros del nuevo gobierno se dividen entre siete socialdemócratas, cinco verdes y cuatro liberales. La socialdemocracia tendrá el ministerio de Trabajo y asuntos sociales; los verdes, la cartera de Economía y clima, y la de Asuntos Exteriores; y los liberales, la estratégica cartera de Finanzas, que ocupará el jefe del partido, Christian Lindner.

 El debate principal que recorre al nuevo gobierno alemán es qué hacer con el endeudamiento, que se disparó a partir de la pandemia. Entre 2020 y 2021, se acumuló un déficit fiscal récord en décadas, que fue a parar a rescates y nacionalizaciones parciales de empresas, y en menor parte a medidas de contención social. Aun así, el PBI se contrajo un 5% en 2020, y este año apenas recuperaría la mitad de lo perdido. En cambio, la deuda pública -que había bajado desde el 82,4% al 60% desde 2010 como fruto de las políticas de ajuste- trepó al 73% (El Economista, 6/2). 

 Los liberales, que ocuparán la cartera de Finanzas, son partidarios de retomar los techos de deuda que fueron suspendidos en el continente a raíz del Covid-19. El 2023 sería la fecha tentativa para ello. El nuevo ministro de Finanzas, Lindner, es visto como un duro, inclinado a los criterios rígidos de los llamados países “frugales” del continente (Holanda, Suecia, Dinamarca, etc.) y hostil a cualquier suba de impuestos a la clase capitalista. Pero otros sectores de la coalición temen el impacto económico de un ajuste repentino, más aún cuando Alemania ni siquiera ha superado el coronavirus. El país asiste a una cuarta ola que Merkel ha definido como “dramática” y que ha obligado al gobierno a reimponer restricciones a los comercios y una mayor tensión en la vacunación de la población. 

 Por otra parte, el planteo de austeridad de Lindner choca con el reclamo de los verdes de conformar un fondo para financiar la descarbonización de la economía. 

 A la luz de estos hechos, varios medios destacan la contradicción de una coalición que promete austeridad y, al mismo tiempo, aumento del salario mínimo, financiación de la transición climática y construcción de viviendas (esto último para afrontar el problema cada vez más grave del aumento de los alquileres -el mismo día de la elección general, un referéndum en Berlín aprobó la expropiación de viviendas ociosas para ponerle un límite a ese encarecimiento). El Bundesbank, que es el banco central alemán, ha emitido un comunicado en que critica el planteo de aumento salarial y el abandono del freno de deuda. 

 A modo de compromiso, los componentes de la coalición buscan salidas intermedias, como restablecer el techo de deuda, pero cambiando el modo de calcularlo, para que el ajuste resulte más gradual. En el caso del fondo climático, usar los excedentes de fondos de 2020 y 2021. También, que el Estado se desprenda de su participación en algunas empresas (Lufthansa, Deutsche Telekom, Deutsche Post) para hacer caja, o bien que sean las compañías públicas las que se endeuden. 

 El otro foco de atención del nuevo gobierno está puesto en la situación internacional. Algunos medios destacan que verdes -a cargo de la cartera de relaciones exteriores- y liberales serían partidarios de una postura más agresiva hacia Rusia, China y algunos de los países del este que vienen teniendo roces con Bruselas (Polonia, Hungría). Berlín es adversario de Moscú, pero al mismo tiempo tiene algunos vínculos con el gobierno de Putin, como en la construcción del gasoducto NordStream 2. Por lo pronto, Schulz ha debutado con fuertes críticas a Rusia por el recalentamiento de la situación en Ucrania, lo cual es un indicio de para dónde va la cosa.

 Los trabajadores alemanes han padecido en las últimas décadas las políticas de ajuste y flexibilización laboral de la CDU y el SPD, que han conducido a un deterioro de las condiciones sociales y a una proliferación de los “mini-empleos”, que son puestos precarios y a tiempo parcial. Mientras tanto, persiste la disparidad entre el oeste y el este del país. La organización e intervención independiente de los trabajadores es necesaria ante la nueva etapa que se abre.

 Gustavo Montenegro

Género, trabajo y DDHH

Perú: fracasó el juicio político contra Castillo

Los bloques de la derecha peruana habían presentado un pedido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que fue acompañado por 28 de los 44 diputados pertenecientes a los bloques de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. El mismo arco político que apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta contra el entonces candidato de Perú Libre. Finalmente la oposición de “centro” rechazó la moción, resultando en 46 votos a favor, 4 abstenciones y 76 en contra. La oposición necesitaba para el desplazamiento de Castillo 52 votos sobre 130 diputados para que fuera aceptado el pedido de vacancia y 87 votos para hacer efectiva la destitución.

 Esta presentación fue “justificada” cuando se hizo pública su supuesta injerencia de Castillo en la promoción de ascensos en las Fuerzas Armadas, al tiempo que se supo de reuniones el Presidente con varios empresarios por un canal de televisión en su casa de Breña. Reuniones que por ley deberían realizarse de manera pública y con cita en el palacio presidencial. 

 Perú Libre, el partido de Castillo, se encuentra en una situación ambigua, pues no ha abandonado el gobierno pero actúa como un partido de oposición. Guido Bellido, que fue jefe de ministros unas semanas, ha salido a cuestionar fuertemente a Castillo por sus reuniones secretas con empresarios asegurando “el presidente no puede ponerse el sombrero para sentarse en Palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios” (Infobae, 29/11). Otros socios inestables de Castillo han salido en su auxilio. Aunque la vicepresidenta segunda del parlamento, Lady Camones, de Alianza Para el Progreso, declaró que podría acompañar el pedido de vacancia tan solo unos días antes, solo dos diputados de este bloque votaron con los fujimoristas.

 Los partidos del parlamento no han acompañado la vacancia de Castillo pero han limitado seriamente su poder, uniéndose para derogar la potestad del presidente para disolver el parlamento y convocar a nuevas elecciones. En el ambiente político general, el pedido de juicio político causó un manifiesto fastidio, que acompañó la oposición del gobierno de Biden a una destitución de Castillo. Éste ha demostrado una gran plasticidad para acomodarse a los reclamos de las petroleras y las mineras. El fujimorismo es visto, por otra parte, como una sucursal del trumpismo en Perú. 

 La inflación ha alcanzado en noviembre un acumulado del 5,6% anual – el doble de lo previsto. La economía peruana se encuentra amenazada por un proceso de fuga de capitales y una devaluación de la moneda. El gobierno desarrolló su campaña con la promesa de una Asamblea Constituyente y en solo 4 meses ha entregado su gabinete a la oposición y convocado al diálogo a todos los bloques que han limitado su poder. Castillo salvó su presidencia, por el momento, gracias a la intervención del gobierno norteamericano. En sólo cuatro meses Castillo ha convertido a su gobierno en una sombra política. 

 Joaquín Antúnez 

 08/12/2021

Guadalupe y Martinica: las últimas colonias francesas se sublevan

Los intentos cada vez menos velados de París por relanzar la influencia imperialista francesa están sufriendo un revés imprevisto. En las colonias de Guadalupe y Martinica, dos pequeñas islas del Caribe de medio millón de habitantes cada una, los sindicatos han declarado la huelga general indefinida. Miles se movilizan en las calles y levantan barricadas en las rutas principales y en cada barrio. Las fuerzas independentistas viven un reverdecer. Se trata de un proceso que debe inscribirse plenamente en la ola de rebeliones que continúa sacudiendo al continente.

 Las protestas comenzaron en Guadalupe, tras las represalias gubernamentales contra trabajadores de salud y otras áreas esenciales. El hecho de que el gobierno central francés dictara la vacunación obligatoria para el personal de este sector fue aplicado en la Isla ejecutando descuentos salariales y 566 suspensiones. Fue la gota que rebalsó el vaso de una inmensa rebelión de marcado contenido plebeyo, contra las fuerzas del orden colonial que rigen las islas desde hace cientos de años. 

 En Guadalupe y Martinica, el problema sanitario es muy sensible. Han recibido partidas de vacunas comparativamente muy inferiores a las de la metrópoli: la inoculación es de menos de la mitad que en Francia. A esto se suma que casi la totalidad de la población fue expuesta durante décadas a químicos contaminantes de las compañías bananeras, y a la escasez de agua potable y redes cloacales. 

 Este hecho ha desencadenado una formidable huelga general que ha paralizado por completo la isla Guadalupe desde hace más de diez días. Está encabezada por la LKP (Colectivo contra la explotación excesiva), un frente de lucha que nuclea 50 sindicatos y organizaciones. En simultáneo, se producen bloqueos en los principales accesos, tanto a cargo de camioneros que impiden el paso como de trabajadores que levantan barricadas con lo que tienen a mano. En los barrios más apartados y en las zonas rurales, los pobladores locales tomaron el control territorial y cercan los accesos para defenderse de la represión. Algunos sectores han declarado simbólicamente su autonomía como “repúblicas independientes”. 

 En Martinica, el estallido fue posterior. Hace una semana que 17 sindicatos paralizan la Isla. Se suceden en todo el territorio imágenes de protestas en las calles, de bloqueos y de expresiones de descontento de todo tipo con la juventud como protagonista, aunque aún sin la magnitud de la vecina Guadalupe. 

 Lejos de quedarse en el problema de vacunación o del rechazo al pase sanitario, el pliego de reivindicaciones en ambas islas es de fuerte contenido político. Piden las renuncias de los gobiernos locales, la creación de puestos de empleo y capacitación laboral, seguro de desempleo, acceso a agua potable, el retiro de las tropas francesas y hasta la anulación de la construcción de una nueva estatua de Cristóbal Colón. 

 El problema de la independencia 

El gobierno francés del presidente Emmanuel Macron ensayó, primero, fuertes medidas represivas, además de propiciar un bloqueo mediático y estigmatizar las manifestaciones por sus “excesos”. Así, se instauró el toque de queda en ambas islas y se envió una importante partida de armas de guerra y municiones, a lo cual se añade el desembarco de cientos de policías de la metrópoli y de tropas de élite francesas (GIGN). Pero nada de esto ha logrado contener la situación. 

 Golpeado, el gobierno francés optó por enviar a Sébastien Lecornu, su ministro de “territorios de ultramar” (es decir, el ministro de colonias) a las islas caribeñas. La escueta agenda, domingo 28 en Guadalupe y lunes 29 en Martinica, tiene como eje tantear a sectores locales con la perspectiva de la “autonomía”, un estatus que el imperio francés reserva para que algunas colonias perciban pequeños beneficios políticos (como las directrices de la gestión sanitaria), reservándose para sí el resto de las prerrogativas. 

 La visita imperial a Guadalupe excluyó deliberadamente a los representantes de los sectores en lucha, que terminaron impugnando la presencia del ministro. 

 Un dato significativo es que el ministro insistió explícitamente en que el debate se ceñía en torno al problema de la autonomía. La independencia de Guadalupe y Martinica, según declaró a toda la prensa reaccionaria francesa, no está en discusión. 

 La independencia de Guadalupe y Martinica divide aguas en el movimiento de lucha. En Guadalupe, la mayor parte del LKP, el sector sindical que encabeza las protestas, es contrario a la independencia, y no vería con malos ojos apoyar la autonomía. Dirigentes de la central sindical mayoritaria se pronunciaron por la importancia de educar en la autonomía y realzar, así, la cultura e identidad de los habitantes de la Isla. En Martinica, las fuerzas que se reclaman independentistas tienen un peso superior, pero su progreso político fue acompañado, en términos generales, por una institucionalización y subordinación al régimen. 

 Pero, al calor de las luchas, comienza a despuntar un reverdecer del movimiento independentista. Resulta especialmente ilustrativo la adopción masiva, durante las movilizaciones y piquetes en Guadalupe, de la bandera independentista popularizada en los 70 y de otros símbolos similares. A la par, se ha conformado un bloque de los grupos independentistas. Se trata de sectores heterogéneos, con elementos que provienen del nacionalismo, del stalinismo, del tercermundismo y de los colectivos negros.

 Tanto en Guadalupe como en Martinica, el Partido Comunista es refractario a la independencia. Al igual que en Francia, adopta una política de sostenimiento del régimen imperialista de la Quinta República.

 La única fuerza que se reclama del trotskismo en Guadalupe es un grupo ligado al partido galo Lutte Ouvrieré. Aunque apoya los reclamos y denuncia el avasallamiento colonial, no se pronuncia por la independencia. Lo cual, por añadidura, lo torna indistinguible de las fuerzas sindicalistas y stalinistas que encabezan las protestas. 

 La independencia para Guadalupe y Martinica, y el fin de cualquier resabio de tutela colonial en el continente, es un problema de principios para los revolucionarios. Para impulsar la lucha por los reclamos que levantan las masas en la calle, los socialistas revolucionarios deben bregar también por dotar al movimiento de un norte estratégico. Junto al retiro de las tropas francesas y la salida de la administración dependiente de París, debe colocarse la consigna de independencia sin restricciones para Guadalupe, Martinica y las islas de las Antillas, y para todas las posesiones coloniales francesas, en el marco de gobiernos de trabajadores y campesinos. 

 La lucha en las colonias francesas en nuestro continente, solo comparable a las grandes rebeliones de estos últimos dos años, también deben tener una expresión política en una nueva Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, continuando el camino trazado en 2020 hacia la constitución de una nueva dirección de trabajadores y campesinos. 

 Luciano Arienti

Carrera armamentista en pandemia

El cuadro de recesión mundial y de incertidumbre económica continúa debido, entre otros factores, a la pandemia, lo cual no evitó que las 100 empresas principales en fabricación de armamento de todo el globo incrementaran sus ingresos un 1,3% en términos reales en 2020, comparados con el año anterior. Eso revela un estudio del Instituto Internacional de Estudios de la Paz de Estocolmo -SIPRI. 

 Así, luego de seis años consecutivos de crecimiento, la cifra de las ventas llegaron a u$s 531.000 millones, es decir un 10% más que el total de la abultadísima deuda pública de Estados Unidos, valuada en u$s 480.000 millones. 

 Estados Unidos mantiene la hegemonía en el mundo con el 54% de las ventas totales -o sea u$s 285.000 millones- distribuido en 41 empresas. Lo sigue la Unión Europea con el 21% -u$s 109.000 millones-, con Inglaterra, Francia y Alemania a la cabeza. China representa con u$s 66.800 millones un 13%, con sus compañías beneficiadas según SIPRI por “los programas de modernización impulsados por Pekín y del foco en la fusión militar-civil”. Las empresas rusas cayeron al 6,5% anual -u$s 28.200 millones- tanto por el fin del programa estatal de armamento como por retrasos provocados por la pandemia. Israel, Corea del Sur y Japón también tienen un rol destacado. Según la investigadora del SIPRI, Alexandra Marksteiner, “los gigantes de la industria (militar) estuvieron ampliamente protegidos por la demanda sostenida de los gobiernos de bienes y servicios militares”.

 La carrera armamentista conlleva gigantes inversiones: la de los misiles hipersónicos. Los mismos pueden volar hasta a más de cinco veces a la velocidad del sonido y en una trayectoria baja en la atmósfera, permitiéndole alcanzar un objetivo más rápidamente. Su rastreo e intercepción son un total secreto. Así, los gobiernos de Rusia -el país más avanzado en el área-, Estados Unidos, China y Corea del Norte se embarcaron en una frenética búsqueda de la mejora de estos misiles, un nuevo capítulo en la historia de las armas nucleares. Todo esto pone de relieve una vez más la incompatibilidad del sistema capitalista con el desarrollo de la humanidad y la naturaleza. 

 Matias Melta 

 07/12/2021

Hipocresía en Cuba se escribe con EFE

Qatar 2022, un Mundial manchado por las muertes obreras y la corrupción

Gustavo Montenegro A menos de un año de la copa, los negociados y la superexplotación. 

 En poco menos de un año, el 21 de noviembre próximo, echará a rodar el balón en el partido inaugural del mundial de Qatar. Algunos medios ya han radicado allí sus corresponsales, que empiezan a recorrer los estadios. Las eliminatorias van llegando a su fin y definen las 32 selecciones que competirán por el título, de las cuales ya hay clasificadas más de una decena, entre ellas la argentina.

 Para la realización de la competición, la corona qatarí emprendió la construcción de ocho estadios, seis de los cuales ya están terminados. En siete de ellos, habrá un sistema de refrigeración para estacionar la temperatura a 22 grados y salvar a los aficionados del sofocante clima del emirato. Todas las sedes se encuentran en la ciudad de Doha y sus alrededores y están conectadas por el subterráneo, por lo que los organizadores celebran que se podrá presenciar más de un partido por jornada. Para amenizar la estadía del millón y medio de turistas que se esperan, el gobierno les permitirá el consumo de alcohol en ciertas áreas, pese a la prohibición que pesa por motivos religiosos para los nativos. Esta masa de turistas plantea uno de los mayores interrogantes de la copa: ¿dónde se hospedarán? Equivalen a la mitad de la población local. Las autoridades recelan de la construcción de un tropel de hoteles que después queden vacíos (en Sudáfrica han sido abandonados incluso costosos estadios, tras el mundial de 2010, ante la falta de mantenimiento). Se evalúan “zonas de aficionados” en el desierto y hoteles flotantes en el puerto. Ya hay contratos establecidos con compañías de cruceros para ese fin. Toda la organización tiene estos tintes faraónicos y excéntricos.

 Pero ninguno de estos preparativos ha podido disipar las sospechas y escándalos que rondan la realización del mundial. En una reciente conferencia de prensa, Nasser Al-Khater, el CEO de la copa, intentó desmentir las denuncias sobre la superexplotación y muertes laborales de obreros en la construcción de los estadios, restringiendo esa cifra a apenas tres casos. 

 Sin embargo, son varias las organizaciones que señalan que son más de 6.500 los trabajadores muertos. La labor extenuante de migrantes de otros países asiáticos, con jornadas de entre 16 y 18 horas diarias, siete días por semana, bajo temperaturas de hasta 50 grados (para los obreros no vale el sistema de refrigeración), ha conducido a ese número luctuoso. 

 En Qatar hay 2 millones de trabajadores migrantes que conforman el 95% de la fuerza laboral. El 40% se desempeña en el sector de la construcción. Rige un sistema llamado “Kafala”, que exige a los obreros semicalificados que ingresen al país bajo un patrocinador, que suele ser la patronal. Esto genera una situación de dependencia extrema que obliga a los empleados a aceptar condiciones infernales de trabajo. Además, viven hacinados y sin condiciones adecuadas de higiene. Esta explotación descomunal está en la base del negocio del mundial 2022 y es debidamente ignorada por los sponsors internacionales. 

 Disputas

 Sobre el mundial se ciernen también las sospechas de corrupción. La prensa europea afirma que Mohammed bin Hamman, jefe de la federación de fútbol qatarí, pagó cerca de cuatro millones de dólares en sobornos a 30 integrantes de la Fifa para que eligieran como sede al país de Medio Oriente.

 En 2013, a su vez, la prensa francesa denunció un pacto secreto entre el emir de Qatar, Tamin bin Hamad al-Thani, con el presidente de la Uefa, el astro Michel Platini, y el entonces presidente galo Nicolás Sarkozy, en que estos se subían al carro de Qatar 2022 a cambio -entre otros puntos- de la compra del Paris Saint Germain (el club cuya camiseta visten hoy en día Messi, Neymar y Mbappé) para salvarlo de la quiebra. Unos años más tarde, la prensa australiana informaba de dos suntuosos pagos de la cadena qatarí Al Jazeera por los derechos de televisación de los mundiales 2018 y 2022, que podían esconder coimas. 

 ¿Por qué estallaron estas revelaciones? Una de las razones es que la elección de Qatar perjudicó a Estados Unidos, que aspiraba también a ser el organizador. Al igual que el país del Golfo, la nación de las barras y estrellas tiene escasa tradición y pergaminos futbolísticos; pero del mismo modo que aquel, viene desembolsando mucho dinero para posicionarse como un jugador de peso en el negocio de la pelota. 

 Tras quedar relegado en la elección del mundial 2022 en la Fifa (por 22 votos a 14), Washington se tomó revancha: en 2015, estalló el “Fifagate”, que puso de relieve un esquema de sobornos, lavado de dinero y fraude en el manejo de los derechos televisivos de varias competencias, con más de 40 acusados (algunos de ellos argentinos). Algunas de esas operaciones se habían hecho vía bancos norteamericanos, lo que fue usado como argumento por el FBI para intervenir. En diciembre de 2015, el entonces presidente de la Fifa, Joseph Blatter, debió renunciar a su cargo. Y Estados Unidos consiguió en 2018 que le asignaran, junto a México y Canadá, la organización de la copa de 2026. 

 El evento más importante del fútbol mundial está regenteado por camarillas mafiosas, poderosos grupos económicos y grandes potencias. La organización de los hinchas en todo el mundo tiene que salvar al deporte más popular de este latrocinio.

 Gustavo Montenegro

Contra la ultraderecha pinochetista, en las urnas y en las calles

A organizarnos para enfrentar su avance. 

 En las elecciones presidenciales del 21 de noviembre pasado, José Antonio Kast (Partido Republicano), candidato del Frente Social Cristiano, se alzó con la victoria en primera vuelta con el 27,9% de los votos, frente al 25,8% obtenido por Gabriel Boric (Frente Amplio) de Apruebo Dignidad, que quedó en segundo lugar. El abstencionismo obtuvo el primer lugar con un 53%. La segunda vuelta, donde se definirá quién gobernará Chile en los próximos años, entre el candidato de la ultraderecha y el de la centroizquierda, se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre. Los partidos políticos que gobernaron el país los últimos treinta años quedaron fuera de carrera, aunque conservan poderío en ambas cámaras del Congreso y ya han operado los realineamientos con las candidaturas que siguen en competencia. 

 El triunfo de Kast, aunque acotado, fue un cimbronazo para la mayoría del pueblo chileno, ya que significa un repunte de la derecha, en su versión más extrema, que tras el estallido de 2019 acumuló sucesivas y profundas derrotas políticas, en particular en el terreno electoral. Es cierto, sin embargo, que logró mantenerse en el poder, pero ello se debe en mayor medida a los favores de la “oposición” cómplice que se empeñó en sostener al presidente Sebastián Piñera, más que a sus propios méritos.

 El significado del voto contra Kast 

Reivindicando el legado de la dictadura militar, Kast representa el pinochetismo puro y duro en toda la línea porque, antes que nada, es la tentativa de resolver en términos represivos la crisis del régimen político abierta con la rebelión popular de octubre de 2019 y así salvaguardar los intereses de la burguesía puestos en peligro por el pueblo chileno movilizado masivamente. Es decir, nos enfrentamos a un endurecimiento de las ya tremendas políticas represivas en las que se respaldó el gobierno de Piñera en los últimos dos años. 

 La reivindicación de carabineros procesados por violaciones a los derechos humanos durante la revuelta; el reforzamiento de la militarización que actualmente sufren pobladores de las regiones de la Araucanía y Bio Bío (funcional a los intereses de las grandes forestales apropiadoras del territorio mapuche); la expresa intención de mantener presos a cientos de luchadorxs y, en contrapartida, la liberación de militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet; la criminalización y expulsión de inmigrantes; el desconocimiento a los derechos conquistados por las mujeres y disidencias trabajadoras, la defensa irrestricta de la estafa de las AFP, así como de la educación privada y confesional y del sistema de salud privatizado, son sólo algunas de las banderas programáticas con que se presentó el candidato en estas elecciones. 

 Como se ve, el programa de gobierno de este sector fascistoide es un catálogo de ataques furibundos a la clase trabajadora, a las naciones originarias y en particular al pueblo mapuche, a las mujeres y disidencias sexo-genéricas, a la comunidad migrante, por lo que se impone la necesidad de frenar su llegada al gobierno desplegando toda la experiencia y capacidad organizativa que el pueblo chileno acumula en años de lucha contra el régimen negador de derechos elementales y, en el plano electoral, valerse del voto a Boric, sin que ello implique depositar ninguna expectativa en su eventual gobierno. 

 Una derrota electoral de Kast abre un terreno que trasciende la política “en la medida de lo posible” de la versión 2.1 de la Concertación que representa la coalición centroizquierdista de Apruebo Dignidad, mejorando las condiciones para luchar por las demandas de las familias trabajadoras que siguen sin respuesta alguna.

 La amenaza real a las libertades democráticas y condiciones de vida mínimas que representa un triunfo de Kast puso en alerta a importantes sectores populares y activistas, que demostraron una notable capacidad de reacción: el movimiento de mujeres, a través de asambleas masivas, definió movilizar fuertemente el 25 de noviembre contra el avance de la derecha protofascista y votar contra Kast; trabajadores del cobre otro tanto, amenazando con huelgas frente a los planes anunciados por Kast de avanzar en la privatización de Codelco en caso de llegar a la Moneda; los trabajadores portuarios, el Colegio de Profesores, organizaciones de lucha en defensa del medio ambiente y del agua, asambleas territoriales, etc., se han pronunciado por un voto contra la ultraderecha. 

 Ninguna confianza en Boric 

La lucha por frenar el avance de Kast valiéndose de la única herramienta que hay en el plano electoral, esto es, votando por Boric, no implica ninguna solidaridad política con este sector de la centroizquierda que ha puesto todos sus recursos al servicio de sostener a Piñera en el gobierno, como parte fundamental del pacto del 15 de noviembre, negociado con los partidos del orden de los 30 años mientras se descargaba una brutal represión contra las masas chilenas movilizadas. 

 El llamado a votar contra Kast es desde un planteo programático antagónico al levantado por Apruebo Dignidad que, dicho sea de paso, ha sido manifiestamente derechizado en los días posteriores a la primera vuelta presidencial para congraciarse -aún más- con la burguesía. Levantamos el pliego de reivindicaciones insignias de la rebelión popular: salarios y jubilaciones que alcancen para vivir sin necesidad de endeudarse; derecho a la vivienda; expropiación sin pago a las AFP, por un sistema previsional público en base a aportes patronales gestionado por las y los trabajadores; acceso universal al derecho a la salud y la educación; por el aborto legal y educación sexual integral laica y científica; desmilitarización del Wallmapu y devolución de las tierras ancestrales a las comunidades originarias, expropiadas de manera ilegítima; desmantelamiento del aparato represivo; libertad a lxs presxs por luchar; justicia y reparación a todas las víctimas de la represión estatal; nacionalización de las mineras, el sistema bancario y los servicios públicos; no al pago de la deuda externa.

 Contra el avance de la ultraderecha nos organizamos. Abajo el régimen explotador de los 30 años. 

 Olivia Campos

Uruguay: Entre el negacionismo, el relato de Lacalle y la realidad de la gente

Día a día la tensión social leuda, silenciosa y moderadamente. A la uruguaya. Las protestas y reclamos se pueden encontrar prácticamente en cualquier sector social, que entre la pandemia y la desidia del gobierno, se han visto afectados enormemente en este último bienio.

El gobierno se esmera en mostrar un país próspero al exterior y a la interna va desguazando cualquier atisbo de justicia social. El centroizquierdista Frente Amplio como oposición se encamina hacia la elección de su presidente o presidenta este 5 de diciembre y allí definirá su rumbo. 

 Los números no mienten, mienten quienes hacen los números

 Restan días nada más para que la Corte Electoral confirme lo que es vox populi: habrá referendo contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), el buque insignia del gobierno liderado por el derechista Luis Lacalle Pou. 

 Faltan 53.663 firmas para alcanzar las 671.544 que se necesitan para el referendo. Se validaron 617.881 papeletas hasta el momento (23.002% del padrón). El rechazo es de 53.795 (8.000%). Sin dudas habrá referendo. La semana pasada el propio gobierno dictó un curso para periodistas sobre cómo abordar la LUC en las noticias en la mismísima Torre Ejecutiva, sede de la oficina del Presidente. Imagine sí sucedía en Venezuela. 

 El gobierno se entrometió en las elecciones del Sindicato Médico, en las del Colegio Médico, en las universitarias, las de la Administración Nacional de la Educación Pública y en las del Banco de Previsión Social. A pesar de contar con el aparato burocrático y propagandístico del Estado, de tener legisladores y ministros violando la veda electoral en más de una ocasión, recibió duros reveses en los últimos meses.

 A cada acto que concurre el presidente Luis Lacalle Pou, ya sea protocolar o de inauguración (de obras que dejó el Frente Amplio a punto de terminar) lo transforma en un mitin electoral para defender la LUC. De igual manera la población reacciona boicoteando y protestando en dichos actos y dejando en claro sus reclamos, ya sea a través de plataformas reivindicativas por gremios y sindicatos o ciudadanos de a pie que expresan su disconformidad con el gobierno. 

 Lacalle Pou los recibe amablemente, los escucha, agenda reuniones, guarda las cartas con reclamos y se muestra afable ante las cámara. Pero la realidad es que aunque se saque muchas selfies y la televisión lo muestre como un vecino más del barrio que visita “espontáneamente” ciudadanos (a lo Macri), esos reclamos quedan guardados en algún cajón que nunca se abre ni revisa. Eso sí, los reclamos y deseos de las cámaras empresariales así como de la Federación Rural se vienen cumpliendo a su piacere. 

 Debido a las finales de las copas Sudamericana y Libertadores –de fútbol profesional- en Montevideo, Lacalle Pou también tuvo tiempo de posar ante las cámaras, dominar la pelota en el Estadio Centenario, sacarse selfies con ex mundialistas de Argentina y Uruguay y con el campeón mundial de surf, su deporte predilecto.

 Pero por otro lado no se ha visto una sola foto del primer mandatario en una olla popular. Mientras declara que el rumbo de la educación “ha cambiado” y que “antes era mala”, por otro lado cierra 150 cursos de educación secundaria, además de la caza de brujas constante de docentes no afines al gobierno. 

 Así con estos llamativos de realidad y relato es que cada quince días, casi que de manera religiosa, aparecen encuestas de la empresa Cifra que le dan una aprobación al presidente que no baja del 58%. Al menos resulta extraño cuando ya pasó lo que analistas llaman “la luna de miel”. Sin embargo, la falta de correspondencia con la realidad de parte del discurso del gobierno se aprecia claramente en las áreas de la seguridad pública y la educación, señalan analistas. 

 Pero la gestión económica del gobierno tiene una aprobación de 37% y un rechazo de 28%, según Opción Consultores, consultora que señaló que el avance de los indicadores económicos y la evaluación de la gestión podrían tener “consecuencias relevantes” en el referéndum contra la LUC

 Reinventando la historia

 Rosario Pérez, secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, insistió con el relato estrafalario sobre los motivos del golpe de Estado de 1973, repitiendo la tesis de la ultraderecha que señala a los grupos armados de izquierda como causantes de la dictadura. Y también acusó al movimiento sindical, claro protagonista de la resistencia y de la recuperación de la democracia.

 Obviamente, los hechos del pasado no cambian, pero su evocación varía mucho cuando hay interpretaciones interesadas para justificar acciones del presente. “Esto afecta la formación ciudadana y, por lo tanto, también la calidad de la convivencia y las decisiones en democracia”, señala el director de Ladiaria, Marcelo Pereira.

 El de Pérez es un relato donde no hay Guerra Fría, ni partidos, ni intereses económicos o políticos, ni militares formados en Estados Unidos para torturar, ni escuadrones de la muerte dentro del Plan Cóndor regional. 

 Es una estrategia de confrontación, donde las disputas se agudizan, aprovechando que quizá que el tiempo transcurrido haya debilitado las memorias y que hay mucha gente que no vivió lo sucedido hace casi cinco décadas, lo que facilita a la derecha en el gobierno a irrumpir con narrativas que niegan incluso los datos más evidentes. 

 Es frecuente que quienes impulsan proyectos derechistas difamen al sindicalismo. En la transición democrática más de uno quiso convencer a la población uruguaya de que los paros y las huelgas eran prácticamente lo mismo que la violencia guerrillera, y de que creaban graves riesgos de otro golpe de Estado. Pero nadie tuvo, por lo menos, el descaro de encomendarle la triste tarea de agitar cucos a una Secretaría de Derechos Humanos. 

 El Frente Amplio y sus elecciones

 El Frente Amplio como oposición por primera vez luego de haber ganado tres veces consecutivas las elecciones, elegirá entre tres candidatos su nuevo presidente o presidenta. Estamos hablando de Gonzalo Civila (Secretario General del Partido Socialista), Ivonne Passada (parlamentaria) y Fernando Pereira (ex Secretario General de la central de trabajadores PIT-CNT). 

 Todo apunta a que Fernando Pereira obtendrá la presidencia con el apoyo de los dos sectores con más caudal de votos, el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular de José “Pepe” Mujica. Allí se configurará la estrategia para derrotar al gobierno en el referendo y el rol del Frente Amplio como oposición en lo que resta de período.

 Mientras tanto, los peajes y el precio del transporte aumentan nuevamente. Los cien mil nuevos pobres siguen en su condición. El salario real en octubre cayó un 2% pero las exportaciones siguen a ritmo récord. Todo esto es una constante que mes a mes y semana a semana se repite.

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

La militarización del Wallmapu en el centro de la situación política chilena

El pasado 27 de noviembre, por petición de Piñera, el senado chileno prorrogó la militarización de las regiones del Wallmapu (territorio mapuche) por 15 días más. La militarización comenzó el pasado 12 de octubre por decreto presidencial, con un gran despliegue de tanquetas blindadas, helicópteros y casi mil militares. 

 El despliegue de Piñera tiene por objetivo reprimir a las comunidades mapuches que se encuentran disputando los territorios ocupados por las industrias forestal e hidroeléctrica, principalmente. Diversas comunidades y organizaciones mapuches repudiaron la militarización y criticaron el rol de los constituyentes indígenas de la Convención que discuten paralelamente al conflicto declarar a Chile como una ‘Estado plurinacional’ en la nueva constitución. “(la militarización) es la demostración objetiva del fracaso de la Convención Constitucional y los escaños reservados, donde la lucha histórica del pueblo Mapuche ha sido relativizada y reducida a una abstracción de ‘pueblos’”, declararon desde la comunidad mapuche de Temucuicui. 

 El líder mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, declaró que el presidente “está apagando el fuego con bencina”. La CAM es una de las organizaciones mapuches más antiguas y reconocidas en Chile, y se ha atribuido centenares de acciones de sabotaje contra plantas forestales; camiones madereros; maquinaria agrícola; fundos y casas terratenientes; y dependencias del Estado Chileno.

 También el mes pasado se difundió un video de otra organización, la Weichan Auka Mapu (WAM; “Lucha del Territorio Rebelde” en mapudungún), donde aparecían comuneros encapuchados portando rifles automáticos de guerra. En el video declararon: “Instamos a esta nueva fuerza policial y militar a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas (...) Como WAM reafirmamos nuestro compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje a los intereses capitalistas, así como las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestras comunidades”. El gobierno se querelló por ‘porte ilegal de armas y paramilitarismo’ contra quienes resulten identificados detrás del video. 

 La militarización de Piñera sobre el Wallmapu se suma a la que ya había establecido institucionalmente el ex presidente Ricardo Lagos hace dos décadas atrás, desplegando a miles de Carabineros, la policía ‘común’, tan militarizados y equipados como un soldado del ejército. La militarización de los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera ha cobrado la vida de decenas de peñis (hermanos mapuches). 

 El conflicto entre el Estado chileno y los mapuches es el conflicto por la tierra y sus recursos, que a causa del extractivismo han depredado miles de hectáreas dejando a ciudades enteras sin agua, y extinguiendo flora y reservas naturales milenarias. La principal ocupación del Wallmapu la ha realizado la industria forestal. Su expansión sobre los territorios fue iniciada durante la dictadura de Pinochet impulsada a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), con la deforestación de flora milenaria y la plantación de pino y eucaliptos. Actualmente la ocupación forestal supera los 3 millones de hectáreas, lo que representa más del 20% de la tierra de la Región de la Araucanía.

 El principal conflicto de las regiones mapuches en lucha se encuentra en torno a la ocupación de los capitalistas de la Empresa Forestal Arauco, que busca instalar un ducto para volcar hacia el océano Pacífico los desechos de su planta celulosa ubicada en la ciudad de Valdivia (Región de Los Ríos). El ducto no ha podido llevarse a cabo debido a la resistencia armada de las comunidades. 

 La lucha contra la depredación ambiental y por el derecho a la tierra no sólo ha cobrado vidas mapuches, sino que además ha establecido por parte del Estado chileno una selectiva y sistemática persecución contra sus líderes. En el 2016 en la Región de Los Ríos, fue asesinada la activista medioambiental Macarena Valdés, quien lideró la lucha contra las centrales hidroeléctrica en el río Tranquil. Su cuerpo fue encontrado ahorcado, y aunque los primeros forenses declararon que se había suicidado, luego de una exhumación de sus restos se reveló que se trataba de un homicidio. Otro que fue encontrado ‘suicidado’ fue el sindicalista y pescador artesanal Alejandro Castro de la comuna de Quintero (Región de Valparaíso) que lideró multitudinarias movilizaciones contra quince empresas de energía, químicos y combustibles bajo las cuales se estableció una ‘Zona de Sacrificio’ que enferma a toda la población. El domingo pasado, fue encontrado el cuerpo torturado y asesinado de Javiera Rojas, luchadora y líder de origen aymara del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) que lucha contra la instalación del embalse La Tranca. 

 En las Regiones de la Araucanía, el Biobío, Ñuble, el Maule y Los Ríos donde están ubicadas la mayoría de las comunidades mapuches, el ultra derecha Kast lideró las votaciones. Su campaña tuvo un fuerte despliegue gracias a los fascistas de la Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía (APRA), una especie de ‘Asociación del rifle norteamericana ’ a la chilena. Sin embargo, en estas regiones la participación electoral fue del 45% en promedio; y una encuesta de la Fundación Chile revela que el 57% de su población está en contra de la militarización del Wallmapu. 

 Al discurso de la ‘mano dura contra el terrorismo mapuche’ de Kast, se viene sumando cada vez más el discurso del ‘respeto del órden, la democracia y la cárcel para los responsables de atentados’ de Boric. Por su parte la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón y otros constituyentes mapuches, hacen el ridículo emplazando a la Conferencia Episcopal y a toda la iglesia a pronunciarse contra la violencia estatal. 

 En un país donde casi el 12% de los 19 millones de la población somos descendientes mapuches, la causa por la recuperación de las tierras se ha transformado en una de las insignias de la rebelión popular, especialmente entre la juventud dado que la mayoría de los weichafes (luchadores, guerreros) asesinados en Wallmapu a manos de carabineros y militares son comuneros jóvenes. Meses antes de la rebelión, el ejecutamiento del comunero de Temucuicui, Camilo Catrillanca de 24 años de edad, provocó movilizaciones multitudinarias y enfrentamientos con la policía en todo el país. También fuera de Chile, comunidades de chilenos en el extranjero nos movilizamos. En Argentina, por ejemplo, centenares de chilenos residentes en Buenos Aires tomamos las dependencias del Consulado chileno en repudio al homicidio de Catrillanca. 

 El 11 de diciembre, una semana antes de la segunda vuelta presidencial, se vencerá la prórroga de la militarización votada por el Congreso chileno, y otra vez la cuestión mapuche se colocará en el centro de la situación política chilena y en un eje de intervención no sólo para el Estado y los presidenciables, sino que también para el pueblo en rebelión. 

 AMETUPE PU SOLTAW AFPE TA WEÑEN MAPUCHES: MARICHI WEW 

 Que se vayan los militares Fin al robo y al saqueo del Wallmapu Gente de la tierra: diez venceremos

Javiera Sarraz

03/12/2021

¿Qué es el JUST IN TIME en el Capitalismo?

Llamado a una intervención militar en Cuba

Honduras: el triunfo de Xiomara Castro

 

La última carta de la burguesía contra la disolución nacional en Centroamérica. 

Xiomara Castro, esposa del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, derrocado por los militares en 2009, ha obtenido una victoria arrasadora (53,6%) contra el 33,8 obtenido por Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, el partido de los golpistas. En tercer lugar quedó el Partido Liberal, que presentó como candidato a Yani Rosenthal -detenido hasta hace pocos meses en Estados Unidos por lavado de activos- y cosechó un 9%.

 La participación en los comicios fue denominada por los medios y analistas políticos como masiva - un 68% del padrón electoral. La consigna utilizada por Castro fue “Voto masivo mata fraude”.

 Honduras bajo el mando de los nacionalistas y los militares se había convertido en un narco Estado. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, tiene a su hermano, Tony Hernández, cumpliendo prisión perpetua en los Estados Unidos, como responsable de una red internacional de narcotráfico. A Hernández lo acompaña en su estadía el hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó entre el 2009 y 2013, también por narcotráfico. 

 Los actuales candidatos de los nacionales no llevan un mejor prontuario: David Chávez, actual diputado y candidato a alcalde de Tegucigalpa - la capital hondureña - puso en riesgo su victoria al subir al escenario en un estado de presunta embriaguez en el cierre de campaña. Nasry Asfura, por su parte, es conocido como “Papi a la orden” (sic), acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos en su rol de alcalde de Tegucigalpa. Los nacionales son un armado delictivo hecho y derecho.

 Castro ha sido desde el golpe de estado de 2006, una figura de la oposición, ligada al Frente Nacional de Resistencia Popular, del cual ha surgido su partido “Libre”. La campaña política estuvo centrada en la denuncia de los aspectos más atroces de la camarilla nacionalista: el narcotráfico, la corrupción, la miseria y la violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales así como de opositores políticos - una campaña contra el “odio”. 

 Xiomara Castro aparece como la única salida a la disolución nacional de Honduras, capturada por un lado por el narcotráfico y el crimen organizado, y forzada por el otro a una intensa emigración hacia Estados Unidos, a través de Guatemala y México. No hay vocero de la burguesía mundial que no salude, de un modo u otro, la victoria de Castro. Por lo señalado, Honduras ya no es siquiera el país que asistió al derrocamiento de su marido, hace quince años. Castro acogió con beneplácito el apurado saludo de su contrincante, Nasry Asfura. Para conservar el apoyo de las grandes potencias, ha prometido una política de conciliación nacional, que es una advertencia anticipada a su fracaso., Cuando Manuel Zelaya fue sacado de su domicilio en pijama por el alto mando, el chavismo era todavía una fuerza pujante, lo mismo que el lulismo, que se atrevió incluso a ofrecer su embajada para traerlo de nuevo a Honduras. Todo aquello es sólo cenizas. Honduras, el domingo pasado, como Perú hace dos meses, es una metáfora de toda América Latina, cuyos países atraviesan por diversos estadios de disolución nacional. 

 La situación social sumamente crítica, el 74% de los hondureños están en la pobreza y las caravanas migrantes, multitudinarias desde 2018, no han cesado. Según Página/12, “Las remesas que envían quienes viven en el exterior superan en valor al 20 por ciento del Producto Bruto Interno, convirtiéndose en el mayor ingreso económico que tiene el Estado y en el único ingreso que tienen muchas familias.” (30/11). 

 A pesar de la magnitud de los embarazos adolescentes, Oxmara ha prometido restablecer la famosa “pastilla del día después”, ilegalizada por los militares, pero ha evitado pronunciarse por la aprobación del aborto. En Honduras, las tasas de femicidios y de asesinatos de miembros de los colectivos lgtbiq+, son altísimas. 

 Salvador Nasralla, el nuevo vicepresidente, se sumó a la fórmula presidencial a finales del año pasado tras un acuerdo con Zelaya en persona. Proviene de sectores que han sido hostiles al ‘zelayismo’, pero que a instancias de Biden, se han resignado a Castro como alternativa última. 

 El nuevo gobierno no representa las necesidades de las masas ni ha nacido de una lucha consecuente contra los golpistas. La disolución nacional que amenaza a toda Centroamérica, solamente puede ser superada una Federación Socialista de Centroamérica y el Caribe.

 Joaquín Antúnez

 01/12/2021