domingo, 15 de agosto de 2021

China: crece la tensión entre el gobierno y las grandes corporaciones


Regulaciones y restauración capitalista. 

 Estamos asistiendo a una escalada intervencionista del gobierno chino de gran amplitud contra las corporaciones locales, en particular contra las tecnológicas. Se ha puesto en marcha una nueva arquitectura regulatoria (a cargo de una autoridad estatal) con severas medidas antimonopolio, renovadas exigencias para la administración de datos y un control muy estrictos sobre las compañías que cotizan en EE.UU. 
 La escalada ha llegado más lejos de lo que vaticinaban la mayoría de los analistas. Cuando todo esto comenzó, a finales del año pasado, las autoridades bloquearon a último minuto la emisión internacional de acciones de Ant Group (una réplica pero en escala ampliada de Mercado Pago argentino) que estaba destinada a ser el IPO (oferta pública de acciones) más grande de la historia; parecía un cuestionamiento puntual. A lo sumo, se podía argumentar que era una represalia ante las ínfulas de Jack Ma, su mayor accionista y dueño de otros de los gigantes como Alibaba, quien había osado criticar abiertamente el manejo gubernamental del sistema financiero. Recordemos que Jack Ma permaneció desaparecido durante varios meses e, incluso, se temió por su vida. Meses después, reapareció pero con un perfil mucho más bajo. En el caso de DiDi (la Uber china), que tiene 500 millones de usuarios y 15 millones de conductores la emisión de acciones se realizó en Wall Street, en el mes de julio de este año y las sanciones arribaron dos días más tarde con un impacto devastador para los compradores. 
 El nuevo blanco son las empresas de entretenimiento. Todo comenzó cuando Economic Information Daily, un medio ligado a la agencia oficial de noticias, publicó un artículo en el que describía a la industria de videojuegos como “opio espiritual” por su impacto en los adolescentes. El destinario principal fue Tencent, dueña de We Chat, la app de mensajería más utilizada en el país y de algunos de los videojuegos preferidos. La corporación concentra alrededor de la mitad de todo el mercado de videojuegos de China.
 En respuesta, Tencent se comprometió a aplicar un límite de tiempo para los menores de edad e impedir que los menores de 12 años puedan hacer compras dentro de los juegos, entre otras cuestiones. Estas medidas contemporizadoras, sin embargo, no lograron impedir un derrumbe de sus acciones. 
 El régimen chino puso también el foco sobre compañías tecnológicas orientadas a la educación, implementando nuevas normas. Las organizaciones que se dediquen a la enseñanza de materias escolares no podrán tener fines de lucro, captar capital o salir a cotizar en bolsa. Cuando se traten de programas que se den en las escuelas, tampoco podrán ofrecer capacitaciones durante los fines de semana o feriados. Esto ha provocado pérdidas muy sensibles ene este sector, que llegan al 80% en lo que va del año.
 De un modo general, la disputa entre el gobierno chino y las grandes compañías tecnológicas ya borró cerca de 1 billón de dólares en valor de mercado. Acciones como Alibaba o Baidu han perdido un 22% promedio en el 2021. El índice general de las acciones chinas ha caído un 12%. Las cotizaciones han llegado a un mínimo histórico. La incertidumbre en los mercados es hasta qué punto se va a tirar de la cuerda. Obviamente, la persistencia de estas regulaciones podrían provocar un nuevo salto en las tendencias bajistas. 
 Este nuevo escenario ha provocado desconcierto en los círculos financieros internacionales. La incógnita que existe entre los inversores es cuál es el alcance de este giro. Si bien las regulaciones se han concentrado en los grupos económico chinos, se proyectan sobre todo el mundo de negocios, incluido el capital extranjero que viene pugnando romper las barreras e interferencias del Estado para un mayor desembarco y penetración económica.
 No se nos puede escapar que en China ya ha habido tendencias intervencionistas en las últimas décadas pero, indudablemente, ésta es la más pronunciada y sus repercusiones son infinitamente superiores que en el pasado, dado el desarrollo y el peso gravitante que han alcanzado en la economía los gigantes tecnológicos . El impacto ha sido mayor si tenemos presente que el gobierno chino ha promovido por años la expansión de este sector, con bastante libertad y ahora ejerce una presión regulatoria cada vez mayor, desde un nuevo régimen de cotizaciones del exterior y de protección de datos hasta leyes antimonopolio. 
 El órgano regulador chino bloqueó la fusión de las dos firmas más importantes de difusión de juegos y videos, alentada por la empresa líder Tencent. A su vez, las últimas medidas conocidas afectan a dos empresas que acaban de entrar en la bolsa neoyorquina: Full Truck Alliance – una plataforma de transporte pero de camiones- y Kan zhun -un sitio de búsqueda de empleo. Estas plataformas, junto con Didi, recibieron la orden de suspender el registro de nuevos usuarios durante la investigación que se ha abierto. 
 La injerencia sobre las grandes tecnológicas se viene realizando en nombre de “evitar riesgos para la seguridad nacional y proteger el interés público de los consumidores (…) ‘No debemos permitir -reza la propaganda oficial- que ningún gigante de internet se convierta en una superbase de datos de la información personal de los chinos, incluso, más detallada que la del Estado y mucho menos darle el derecho a utilizar estos datos a su antojo’”, dijo el periódico semi oficial Global Times (Ámbito, 5/7).

 Giro del PCCh: significado y alcance

 Esta nueva escalada corrobora que el proceso de restauración capitalista aún está inconcluso. A pesar de su sensible desarrollo, la burguesía china sigue ocupando un rol subordinado en el entramado de relaciones sociales en el gigante asiático, donde el peso más determinante en las decisiones sigue correspondiendo al Estado. Esto explica las tensiones crecientes entre ambos. 
 “Está claro que no hay convivencia (armónica) entre el gobierno y las compañías big tech chinas (…) El gobierno disciplina a todo el sector corporativo. La mano visible del gobierno busca recortar su poder” (ídem, 28/7). La clase capitalista china que creció a la sombra del Estado hoy busca emanciparse de su tutela y afianzar las leyes de mercado (la ley del valor) que hoy se ven interferidas por la acción del régimen. Sin embargo, contradictoriamente necesitan de esa asociación con el Estado para enfrentar a sus rivales extranjeros, donde la competencia y la guerra comercial se han vuelto más virulentas. Las apetitos de la burguesía mundial consisten en avanzar a la restauración capitalista pero bajo su control, lo que implica confinar a China a un status semicolonial, lo cual choca abiertamente con las ambiciones de la clase capitalista nativa. 
 Esto no desmiente el rumbo restauracioncita de la burocracia. El intervencionismo de los jerarcas del Partido Comunista Chino (PCCh) está al servicio de salvar el proceso de restauración, no de liquidarlo. Como lo resume un reconocido especialista financiero: “China quiere disciplinar a su sector corporativo, no fundirlo”. Guardando todas las distancias, viene al caso recordar el papel desempeñado por Vladimir Putin, que apuntó a restablecer el orden por medio una injerencia excepcional del Estado en el proceso restauracionista, inaugurado bajo el mandato de Boris Yeltsin, cuya política de privatizaciones había desencadenado una disputa feroz de camarillas, caos y desorganización económica que comprometía la transición en marcha. Y amenazaba con una desintegración de Rusia, como ocurrió en Yugoslavia .La élite dirigente china, en cambio, logró controlar los hilos del proceso económico y político y preservar la unidad nacional y ejercer un arbitraje, procurando llevar a buen puerto un retorno al capitalismo. En vistas a pavimentar ese camino, se ha visto forzada a actuar en detrimento de sectores de la burguesía. Esto no debería sorprender a nadie pues es la función que habitualmente cumple cualquier Estado capitalista en la sociedad moderna. 
 El régimen chino opera en el mismo sentido. Las medidas que acaba de tomar restringiendo y recortando la libertad y los intereses particulares de ciertos grupos económicos apuntan a preservar el rumbo restauracionista tomado de conjunto. 
El PCCh, cada vez más, tiene que actuar como un piloto de tormentas en la medida que tiene que lidiar con un escenario crecientemente convulsivo condicionado por la crisis capitalista mundial y el fuego y presiones cruzadas del imperialismo, la burguesía china y de la propia clase obrera. En estas condiciones, la capacidad de la burocracia de surfear la transición se hace más difícil, con más razón luego del estallido de la pandemia y de la entrada de la economía mundial en depresión. La irrupción de la cepa delta ya ha empezado a poner en tela de juicio la recuperación china. Por lo pronto, los precios del petróleo en los últimos días han empezado a bajar ante la perspectiva cada vez más instalada que de que el gigante asiático reduzca sus importaciones en ese a rubro. Recordemos que los precios petroleros venían de un gran incremento lo mismo que otras materias primas, por lo que su caída ahora es una señal de alerta sobre otras materias primas y revela la volatilidad y el carácter precario del actual repunte económico. 

 Perspectivas 

Es necesario tener presente que el Estado chino ha ido quemando las municiones que tenia. El gigante asiático está sentado en una montaña de deudas, que es superior a la mayoría de las principales metrópolis y que asciende al 300% del PBI: lejos de ser la vía de salida de la crisis mundial, ha terminado siendo arrastrada por ella, convirtiéndose en un factor de su agravamiento. No olvidemos que antes de la pandemia, la economía china ya venía registrando una sensible desaceleración. No está en condiciones, por lo tanto, de cumplir el rol de locomotora como ocurrió 13 años atrás, con el estallido de la crisis financiera de 2008. El margen de maniobra y su capacidad de arbitraje es menor en medio de una crisis infinitamente superior. Esto es lo que explica los zigzags y giros continuos del PCCh, que debe enfrentar contradicciones que tienen un alcance explosivo y que resultan cada vez más difíciles de pilotear. La política del gobierno de Xi Jinping oscila entre la apertura de la economía, alentando una asociación mayor con el capital internacional, y un mayor intervencionismo. El régimen chino le ha soltado la mano y ha dejado de socorrer financieramente, por primera vez, a un conjunto de empresas que, sin el respaldo del Estado, han ido a la quiebra. El gigantesco endeudamiento hace imposible sostener indefinidamente a empresas chinas obsoletas e inviables económicamente. Si se llevara esta tendencia hasta el final, esto implicaría una ola de cierres de compañías en cadena y despidos masivos. Esto podría ser el detonante que faltaba para hacer estallar una reacción masiva de la clase obrera, cuyo descontento ya es bastante generalizado. 
 Las tentativas de desregulación de modo de abrir paso a las leyes de mercado coexisten con tentativas de regulación, como las que acabamos de describir. En resumen, estamos ante una transición convulsiva que augura choques más violentos entre las fuerzas sociales en presencia, incluidos los propios trabajadores que todavía no ocupan un lugar protagónico pero lo pueden llegar a ocupar en la etapa que se abre. Esto es clave porque el porvenir de China se concentra en la pulseada entre el régimen y las masas. O se consolidan las tendencias restauracionistas y se inflige una derrota estratégica a los trabajadores o éstos desplazan del poder a la burocracia y a la ascendente burguesía autóctona y toman en sus manos la conducción del país, abriendo paso a una revolución política y social, retomando la rica tradición de lucha de los explotados chinos. En definitiva, la suerte del gigante asiático está atada al desenlace de las lucha de clases nacional y, agreguemos, internacional. 
 También es necesario seguir con atención el impacto del derrumbe accionario del país asiático. Hasta el año 2020, las cotizaciones bursátiles de las tecnológicas chinas presentaban elevada correlación con las del Nasdaq (bolsa neoyorquina del campo tecnológico). Sin embargo, en lo que va del año el Nasdaq subió 17 por ciento y se encuentra en nuevos máximos mientras que las tecnológicas chinas acumulan una baja del 12%. Hay quienes creen ver en este desacople una oportunidad de inversión, apostando a una reversión de tendencias, pero cada vez hay más analistas que no comparten ese optimismo y advierten sobre el efecto contagio. “En 2015 mediaron un par de meses de desconexión entre las vicisitudes de la bolsa china y la bonanza de Wall Street, pero después la fractura llegó con fuerza” (ídem). En este caso, si nos atenemos a lo acontecido 6 años atrás, China sería el primer capítulo del temblor bursátil que se avecina. 

 Pablo Heller

viernes, 13 de agosto de 2021

Perú: la primera crisis del gobierno de Castillo


Pedro Castillo junto al ministro de economía, Pedro Francke 

Los explotados no deben subordinar sus reclamos a la “gobernabilidad”. 

 En el mismo acto de asunción del nuevo gabinete estalló la crisis. El nombramiento como primer ministro de Guido Bellido, de Perú Libre, provocó una ola de críticas de los medios de prensa y la derecha, por encontrarlo “radicalizado”, pidiendo que fuera reemplazado. Y los designados como ministros de Economía (Pedro Francke) y de Justicia y Derechos Humanos (Aníbal Torres) se negaron a asumir y se retiraron de la ceremonia. Consideraban que no estaba garantizado que pudieran llevar adelante el programa de convivencia con el gran capital, que habían anunciado en la segunda vuelta de la campaña electoral y en el largo periodo que se tomó la Junta Electoral para reconocer el triunfo de Castillo. 
 Esa misma noche, Castillo se reunió en privado con Francke. Y Bellido sacó un comunicado público dando garantías de que no se iba a tomar medidas contra el gran capital y que Francke iba a poder dirigir la política económica sin ninguna limitación. Esta pulseada la ganó el “neoliberalismo”. 
 Un par de días antes, la elección de la presidencia y vicepresidencias de la Unicameral, también había sido copada por los partidos de la oposición derechista. Versiones fidedignas afirman que esto también fue negociado con el presidente Castillo, para dar más garantías de que el parlamento iba a ser independiente del Poder Ejecutivo. Otro punto para la iniciativa de la derecha.
 Esta es la línea que viene desarrollando el imperialismo y la oligarquía burguesa y sus partidos: presionar para arrancar garantías, limitar el accionar del nuevo gobierno y cortar de cuajo cualquier tendencia a adoptar medidas “populistas”, que den satisfacción a los reclamos de las masas. Están particularmente preocupados porque la lista de Perú Libre y Pedro Castillo fue un imprevisto canal electoral de un proceso de radicalización de amplios sectores de las masas explotadas, en particular campesinas e indígenas.
 Pero la derecha no se conforma con dominar el parlamento y tener metida una fuerte cuña en la política económica. Sigue presionando y amenaza ahora con no darle la conformidad al nuevo gabinete, que de acuerdo a normas constitucionales, debe ser refrendado por el Congreso. Mientras tanto, el ministro de economía ha establecido un acuerdo para que continúe el neoliberal Julio Velarde como presidente del Banco Central y confirmó en su cargo a la superintendente de Bancos y Seguros, Socorro Heysen, “con el fin de cuidar el sistema financiero del país”, y a la mayoría de las secretarías del ministerio, que vienen de anteriores gobiernos “neoliberales”. 
 Hay quienes se alegran porque en el gabinete hay viejos izquierdistas, como Héctor Bejar, líder guerrillero en los 60, nombrado ahora ministro de Relaciones Exteriores. Como si el haber sido guerrillero hace 50 años, fuera una garantía de política antiimperialista. Tenemos fresca la experiencia de José Mujica en Uruguay, que pasó de ser líder de los guerrilleros tupamaros y fuertemente represaliado, a presidente centroizquierdista del Uruguay, saludado por el gran capital. 
 Bejar ya fue funcionario de varios gobiernos anteriores. Se habla de que Perú abandonaría al Grupo de Lima, creado por el yanqui Donald Trump con la participación de los gobiernos derechistas latinoamericanos para alentar planes de intervención imperialista en Venezuela. Pero sus enunciados programáticos no van más allá de la adhesión a tratados de la ONU, pintados de progresistas. 
 Ha quedado claro que no estamos ante un gobierno progresista. Castillo ha reiterado en varias oportunidades su oposición a legalizar el derecho al aborto y los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Su relación con las reaccionarias iglesias católica y evangélica son estrechas. Piensa dejar en pie a las represivas Policía y Fuerzas Armadas, comprometiéndose a reforzarlas y a que avancen en su autogobierno (meritocracia). Anunció una política de persecución contra los inmigrantes latinoamericanos, a los que amenaza con expulsar con trámites de no más de 48 horas. En su discurso de asunción, Castillo ha delineado una política punitivista y regimentadora respecto a la juventud: todo joven que no estudie o trabaje, será enrolado en un servicio militar obligatorio. 
 Perú enfrenta una situación de crisis política, incertidumbre económica y polarización social. Las elecciones no han resuelto la crisis política que se produjo con el golpe que destituyó a Martín Vizcarra y la caída una semana después, producto de una fuerte movilización de la juventud, del golpista presidente Manuel Merino. No resolvió la disgregación de las fuerzas políticas burguesas (18 partidos se presentaron a las elecciones y 10 tienen bancadas en el Congreso). Y todos los sectores burgueses dudan de la capacidad del gobierno de Castillo para contener los reclamos de las masas y su potencial movilización. 
 Como parte de la ofensiva para imponer una primacía de Francke en el nuevo gabinete, la burguesía largó una corrida del dólar y una fuga de capitales. La inflación pegó un primer salto. Francke ha declarado que esto se irá “normalizando” y que en el futuro será contenido. Pero… mientras tanto no hay aumento de salarios para siquiera recuperar lo perdido por los trabajadores. Estamos ante el viejo verso que aplica el gobierno de Alberto Fernández en la Argentina. 

 Conflictos

 La crisis sanitaria y la miseria social explotan. Viendo la tendencia latinoamericana a que los explotados irrumpan con levantamientos contra la masacre sanitaria y los ajustes fondomonetaristas, y tomando en cuenta el antecedente inmediato de la caída de Merino por fuertes movilizaciones populares, la burguesía espera que el gobierno pueda contener esta situación. 
 En una nota anterior señalamos la lucha que habían entablado comunidades campesinas del Cusco: “Este domingo 25, masas campesinas en Chumbivilcas, en el Cusco, después de 4 días de huelga… protestando por la autorización dada al transporte minero que destruye sus caminos comunales fueron fuertemente reprimidas con 15 heridos de gravedad…el lunes 26 volvieron a salir al corte de ruta. Uno de sus representantes declaró ante los medios de prensa, que espera que el presidente Castillo atienda sus pedidos, así como ellos apoyaron su candidatura: ‘Se tiene que recordar que el 97% de nosotros lo respaldó’. La lucha de los campesinos del Cusco debe culminar solo con la derogación de la autorización depredatoria a las mineras, no debe aceptarse ‘promesas’ para levantar el movimiento”, decíamos. 
 Pero apenas asumió el nuevo gabinete, el primer ministro Bellido fue enviado a Chumbivilcas. Allí logró que los campesinos levantaran los cortes por 60 días, en los que deberán seguir viviendo bajo las nubes de polvo que levanta el cruce de los camiones. En el contrato de concesión la minera se había comprometido a construir un mineraloducto subterráneo para impedir la polución ambiental. No lo hizo, para ahorrar inversiones. Y como las rutas asfaltadas son insuficientes, gobiernos anteriores tomaron rutas comunales de tierra y las “transformaron” en nacionales. ¿Qué es lo que hay que estudiar? 
 Bellido proclamó desde Chumbivilcas que es la primera vez que el pueblo está en el poder, y que por eso ya no caben protestas sociales, como fue el caso durante 200 años. 
 Otro conflicto similar estalló entre comunidades campesinas y grandes mineras en Las Bambas en Arequipa. Las comunidades campesinas denuncian que estas mineras que extraen cobre, están envenenado las aguas, los suelos de sus poblados, ganado y cultivos. Sin embargo, en una entrevista con la agencia Reuters, el nuevo ministro de Minería, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad de que “el proyecto [Tía María] iría”. Las organizaciones campesinas calificaron estas declaraciones como una “traición” del ministro. En la campaña electoral, Castillo pasó como candidato por la zona y prometió, firmando un acta con la población movilizada, que su gobierno no autorizaría este emprendimiento contaminante. Pero ahora, las declaraciones son que van a alentar las “inversiones” de las grandes mineras, aunque… con “beneficios sociales”. 
 Las organizaciones campesinas llamaron “a todas las organizaciones sociales a permanecer alertas para ponerse nuevamente en pie de lucha, si es que el ministerio de energía y minas insiste en su errada actitud”. 
 Este es el camino. No a la regimentación sindical. En otras declaraciones de personeros oficialistas ya había pronunciamientos en contra de huelgas de trabajadores estatales y docentes porque… se debían a la comunidad. Y el gobierno no ha encarado ninguno de los reclamos obreros (anulación del régimen de la suspensión perfecta, convenios colectivos, etc.). 

 Encarar la lucha 

La constituyente es usada por el gobierno para tratar de postergar la organización y salida a la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones. Los problemas –nos dicen- serán resueltos en una asamblea constituyente que vote una nueva Constitución. Pero Castillo ha señalado que esa Constituyente será convocada por el parlamento Unicameral. La Constitución actual, impuesta en época de la dictadura de Alberto Fujimori, no da lugar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Solo permite “reformas” al actual texto constitucional que sean votadas por el parlamento. Como incluso la derecha tiene mayoría en la Unicameral, ya ha declarado que no va a votar una modificación de la Constitución que habilite a la convocatoria de una asamblea constituyente. 
 La promesa de una futura Constituyente es usada en este momento para frenar la lucha actual de los explotados. La burocracia stalinista de la central obrera (CGTP) acompaña esta política de parálisis y regimentación. Hizo un llamado a la unidad orgánica de la izquierda “a través de la constitución de un Frente por la Democracia y la Gobernabilidad que debe ser el nexo entre el gobierno y la sociedad”. Se trata, nuevamente, de una política de colaboración de clases. De un corset puesto a las necesidades de las masas obreras y campesinas de pasar a la acción directa por sus reclamos, como encararon las comunidades campesinas del Cusco y Arequipa contra las patronales mineras. 
 El espantapájaros de que la derecha amenaza la gobernabilidad es usado no para organizar la movilización popular, sino para frenarla. La “gobernabilidad” giraría en torno a no provocar con reclamos y luchas a las patronales y la derecha.
 Solo un pueblo movilizado puede derrotar cualquier aventura derechista. Y para que el pueblo trabajador se movilice es necesario encarar la lucha por sus reclamos.
 La vanguardia obrera, estudiantil y campesina y los partidos de izquierda que tienen claro esto deben confluir en plenarios regionales y un gran congreso nacional para votar una plataforma político-reivindicativa y organizar un plan de acción para su concreción. Una verdadera asamblea constituyente deberá ser soberana. Y eso solo será impuesto por la movilización revolucionaria de las masas explotadas. 
 Sucesivas y crecientes crisis irán perfilando la salida política del Perú. El problema vital es que la clase obrera avance en la organización política independiente para poder convertirse en una alternativa política. La creación de un partido obrero revolucionario es imperiosa. 

 Rafael Santos

Ecuador: primera movilización nacional contra Lasso


Otra vez, la cuestión del aumento en los combustibles.

 Este miércoles 11 se desarrolló en Ecuador una jornada de movilizaciones y cortes contra el aumento en los combustibles, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y apoyada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Estuvieron presentes también los reclamos por la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercomunitaria (LOEI) y contra la depredación ambiental. En tanto, productores arroceros y bananeros cortaron rutas en reclamo de mejores precios (en el caso del banano, los productores se quejan porque reciben 2 dólares la caja, pero los exportadores la venden a 6).
 Si bien el anterior gobierno de Lenín Moreno debió retroceder en 2019 en su intento de suprimir los subsidios a los combustibles, a raíz de un levantamiento popular, meses después volvió a la carga con un sistema de bandas que posibilita un incremento gradual de los precios. Cuando adoptó esta decisión, en los comienzos de la pandemia, los precios internacionales estaban en baja, pero han ido creciendo sostenidamente desde entonces. El gobierno derechista de Guillermo Lasso, quien triunfó en el ballotage presidencial de abril, mantiene el esquema dispuesto por su predecesor en el cargo. Debido a los acuerdos con el FMI, apunta a ir suprimiendo los subsidios a los combustibles como parte de las políticas de ajuste fiscal. No hace falta explayarse sobre el carácter socialmente revulsivo de esta política. 
 El de los maestros fue uno de los sectores protagonistas de la jornada del 11. Este viernes llegó a su fin una huelga de hambre de más de un mes de integrantes del magisterio en reclamo de la aplicación de la LOEI, una norma con aspectos favorables a los trabajadores que estaba bloqueada debido a dos planteos de inconstitucionalidad. Aunque la Corte Suprema, como fruto de la medida de lucha, dictaminó este jueves la constitucionalidad de la ley (reconociendo, por ejemplo, el derecho a 30 días de vacaciones consecutivos), dejó en suspenso cuestiones relativas al aumento salarial y a un sistema de jubilación especial, remitiendo nuevamente la cuestión a la Asamblea Nacional. 
 El gobierno de Lasso padece una debilidad de origen, dado que su partido -Creo- solo cosechó 12 diputados sobre 137. Para impedir que el correísmo se quedara con la conducción de la cámara, el gobierno debió anudar un acuerdo con Pachakutik (PK, brazo político de la Conaie y segunda fuerza en cantidad de bancas) e Izquierda Democrática (tercera fuerza en número de escaños) que dejó la presidencia del cuerpo en manos de Guadalupe Llori, de PK. A la vez, se rompió su frente con el Partido Social Cristiano, que había hecho un pacto con la UNES de Andrés Arauz y Rafael Correa.
 Los pilares del gobierno son el ajuste fondomonetarista y un plan petrolero y minero para extender estos sectores. Dicha agenda, sin embargo, aparece condicionada tanto por su debilidad parlamentaria como por la sombra del levantamiento de 2019. En estas circunstancias, se ve obligado a buscar la colaboración políticas de otras fuerzas. 
 A raíz del acuerdo con la derecha en el reparto de autoridades, el excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, se alejó de esta formación política y anunció la constitución de un movimiento político propio. 
 El ajuste de Lasso requiere como respuesta un plan de lucha de las organizaciones obreras, indígenas y estudiantiles. Hay que rechazar todo apoyo político al gobierno y el correísmo; el camino pasa por la independencia política de los trabajadores.

 Gustavo Montenegro

Fidel, la cultura y los tiempos difíciles


lunes, 9 de agosto de 2021

Cuba y las prioridades


Nos urge una «guerrilla semiótica» de acción directa, por todos los medios, para producir los anticuerpos culturales indispensables que exterminen, en plazos cortos, las influencias tóxicas de los medios y los modos burgueses para manipular conciencias. 
 Hay muchos «sesudos» análisis sobre Cuba. Algunos detallan, «doctamente», las diversas «protestas», pero minimizan el bloqueo reduciéndolo a un factor más. Eso es inaceptable porque el bloqueo a Cuba infecta a las vidas hasta lo más íntimo. 
 Si algún revisionismo tiene ganas de auscultar las prioridades de Cuba, debe hacer una parada obligada en las razones históricas de su Revolución. Omitirlo es sospechoso. Siguen ahí, en pie, el antimperialismo y la construcción del socialismo; ahí están el vocerío anticapitalista y la dignificación de la vida; están la lucha por la igualdad y el desprecio a toda exclusión. Está la autocrítica y está el deber marxista por la superación de todas las taras burguesas y, también, están las asignaturas pendientes que ha sido durísimo superar en virtud del bloqueo que atraviesa todas las escalas de la vida… 
 Es insensato asumir solidaridades dogmáticas o acríticas. De nada sirven, a nadie sirven. Pero es necesario exigir bases para desembarcar opiniones, especialmente cuando abunda el palabrerío de «tirios y troyanos» que, incapaces de organizar ni una piñata, pontifican recomendaciones y sentencias como gurúes politólogos. Algunos de ellos, activistas del oportunismo, se trepan al repertorio de los «malestares» y se hacen voceros autoproclamados de un debate interno que no se resuelve con proclamas de manual. Suelen ser ególatras que se creen dueños del revolucionómetro o del marxistómetro. Y en sus territorios no levantan ni un termómetro. 
 Han contribuido a enredar el ya enredado galimatías de las emboscadas ideológicas que poco ayudan al internacionalismo revolucionario y nada ayudan a frenar al imperio. Algunos casos son notablemente sospechosos por su retórica ultraizquierdista, propia del infantilismo añejo que invariablemente ha sido usado por las burguesías. Sin contar el daño táctico y estratégico producto de prohijar confusiones a granel. 
 Solo se avanza, en la Revolución, profundizándola. Completando las tareas que los pueblos ordenan, con su programa de lucha y con el ascenso de la conciencia hacia la práctica del desarrollo soberano, en los tiempos de la praxis dialéctica que avanza entre «lo deseable, lo posible y lo realizable». No a punta de recetarios, sino a fuerza de inmiscuirse con las contradicciones desde sus núcleos más profundos. Y eso no se arregla con espasmos de lucidez o erudición enciclopédica. 
 En las ofensivas desatadas contra la Revolución Cubana, a la hora de su triunfo y hasta los episodios recientes, un común denominador es el bloqueo y, con él, la secuencia de privaciones, retaceos, calumnias y ataques que, desde las trapisondas económicas, las aventuras militares y hasta el martilleo mediático, han dejado caer contra el pueblo de Cuba el peso inmenso del poder imperial a una Isla pequeña. La barbarie militar, financiera y mediática descargando su ferocidad y odio contra un pueblo heroico que se ha defendido, con dignidad y sacrificios, forjándose en la disciplina intelectual férrea y en solidaridad sincera (aunque a veces espasmódica) de muchos hermanos en el mundo. 
 Nuestro punto de unidad, entre otros, es la lucha contra el capitalismo y se escuchan pocas denuncias y repudio de los sabiondos. Es el capitalismo y sus horrores, empeñado en destruir a la Revolución desde afuera y desde adentro. Es el capitalismo con su monstruosidad consustancial endiablada contra un pueblo al que no ha podido derrotar ni por la vía del engaño ni por la vía del hambre. Es el capitalismo y toda su basura ideológica esparcida como pandemia de antivalores pudriéndolo todo con sus razones de usura, egolatría, dispendio, hurto y corrupción «genéticas». Es el capitalismo que no se contenta con robar territorios y riquezas naturales; que no se contenta con esclavizar a los pueblos y que, además, pretende que se lo aplaudamos, se lo agradezcamos, que pensemos que siempre ha tenido la razón por humillarnos y que debemos heredar a nuestra prole su típica moral opresora… como si fuese la mejor herencia. Es el capitalismo con su putrefacción bélica, clerical, financiera y mediática.
 Antes de hablar sobre Cuba, exijámonos todos que se asuma posición firme contra el capitalismo y contra el bloqueo, y que cualquier intento de minimizarlo merezca repudio y sea combatido. Y después hablemos, explicitada la plataforma de militancia desde donde se habla, asumamos un lugar al lado del pueblo cubano (no encima no adelante), hombro con hombro. No asumirse como «fiel de la balanza» o juez demagogo «candil de la calle y oscuridad de la casa». No es mucho pedir. 
 Hacen falta fuerzas generadoras de sentido anticapitalista y antimperialista. Fuerzas de combate contra la ideología de la clase dominante. Nos urge una «guerrilla semiótica» de acción directa, por todos los medios, para producir los anticuerpos culturales indispensables que exterminen, en plazos cortos, las influencias tóxicas de los medios y los modos burgueses para manipular conciencias. Teoría correcta para la acción correcta, sin pontífices de la ambigüedad progre. 

 Fernando Buen Abad Domínguez. Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride, Universidad Nacional de Lanús.

domingo, 8 de agosto de 2021

México: fracaso del referéndum por el enjuiciamiento de los expresidentes


El 1º de agosto tuvo lugar el referéndum llamado por el gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador que debía pronunciarse sobre el enjuiciamiento de expresidentes mexicanos: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Cabe recordar que el texto original que iba a ser sometido a la consideración popular incluía los nombres de estos presidentes, pero la Suprema Corte de justicia dictó un fallo para que los mismos fueran eliminados. Vale la pena decir sobre esta modificación, que no se trató de la mera aplicación de una disposición legal (la legislación mexicana prohíbe que las leyes mencionen nombres y apellidos), sino que había una finalidad oculta consistente en quitarle fuerza, ya que esos nombres están grabados en la memoria colectiva del pueblo azteca como los responsables de corrupción, fraude, asesinatos, narcotráfico, entrega al imperialismo, etc., y podía ser un factor atractivo para los potenciales votantes. Cabe señalar, como ya lo hemos hecho en otro artículo previo al referéndum que el INE (Instituto Nacional Electoral) desfinanció la consulta popular poniendo la mitad de las mesas electorales respecto a otras elecciones y que actuó con renuencia a la hora de publicitar el plebiscito. López Obrador, el presidente mexicano, se apoyó en este argumento, para justificar la escasa cantidad de votantes (apenas el 7% del padrón electoral, unos 6 millones, sobre 93 millones de empadronados). Para tener validez, era necesario que votara el 40% del padrón electoral, 37.400.000 votantes. Es cierto que votó por el sí el 96% de los que acudieron a hacerlo. No obstante, fue una votación no significativa. 

 La responsabilidad del gobierno nacionalista de Morena 

Aunque es cierto que hubo un sabotaje al plebiscito por parte del INE, no lo es menos que el propio López Obrador puso su granito de arena para desalentarlo. Anunció desde el comienzo que no iba a ir a votar, una acción de desaliento a la concurrencia, y en sí misma una devaluación del referéndum. Efectivamente no concurrió a votar y se fue de gira el domingo 1º de agosto. Señaló enfáticamente que estaba en contra de una venganza contra los expresidentes, para justificar sobre su abstencionismo. Un boicot en toda la línea.  Cabe agregar que en varias regiones de México las casillas electorales se armaron bien entrada la tarde del domingo, debilitando la posibilidad de la concurrencia. 

 Un fracaso anunciado 

López Obrador ha declarado que esta exigua votación no constituye un fracaso, afirmando que “la democracia nunca fracasa”. En rigor, como hemos dicho, él ha sido el principal responsable de esos guarismos, por no haber alentado la participación y haber colocado a toda su militancia a votar masivamente; esto implicaba alentar la movilización popular, cuya traducción posterior debía ser la cárcel a los responsables de décadas de crímenes, y potencialmente un choque con los mismos cimientos del estado semicolonial mexicano, cuya gestión apunta a rescatar. No olvidemos que entre sus primeros actos de de gobierno figura la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, como socio menor del T-MEC . El presidente mexicano viene pagando puntualmente la deuda externa mexicana. López Obrador tiene muy presente el contexto de rebeliones populares en América Latina, sobre las cuales ha guardado cuidadoso silencio, a sabiendas de que la tendencia explosiva existente en el continente no es ajena a las masas mexicanas, las cuales padecen salarios miserables (entre 185 y 370 dólares) siendo necesarios entre 420 y 630 dólares mensuales para cubrir el costo de la canasta básica familiar, y el 55% de los trabajadores lo hace en el mercado informal (en negro), avalado por una ley de outsourcing (votada por Morena junto a los partidos de los presidentes que se pretendían juzgar), y de una catástrofe sanitaria, como consecuencia de la política criminal del gobierno frente a la pandemia. 
 También se puede afirmar de un modo concomitante, que la insatisfacción de las necesidades más elementales de las masas mexicanas, el ataque a sus condiciones de existencia, ha sido un factor de desaliento a la concurrencia al referéndum, al que consideraron ajeno y separado de la satisfacción de las mismas. 
 Ahora López Obrador pretende pasar al olvido este referéndum para impulsar la empresa de otro plebiscito que lo ratifique masivamente como presidente al plantear por la afirmativa o la negativa la revocación de su mandato. Una maniobra muy audaz cuyo propósito es distractivo, y además un chantaje al pueblo ya que lo pone ante la disyuntiva de elegir por él o por la derecha. 
 No hay que pedirle peras al olmo: independencia política de los trabajadores y ruptura con el nacionalismo proimperialista de Morena 
 El referéndum del 1º de agosto ha sido apenas un botón de muestra de las limitaciones insalvables de Morena y AMLO, y de los escollos a superar, entre ellos la cooptación de importantes organizaciones de derechos humanos y porciones del movimiento obrero combativo tras una perspectiva opuesta a sus intereses como clase. Habíamos señalado el apoyo al sí en el referéndum sobre la base de dar pasos hacia la independencia política y organizativa de los oprimidos y trabajadores mexicanos sobre la base de un congreso de sus organizaciones de lucha que vote un programa reivindicativo y una salida de los trabajadores contra el capital, superando las maniobras bonapartistas y desmoralizantes del gobierno. Hoy, más que nunca está a la orden del día esa perspectiva. 

 Roberto Gellert

sábado, 7 de agosto de 2021

Fidel y los niños



Despido en Frigorífico Canelones, la libertad de expresión amenazada

Pocos días antes de asumir la presidencia, Luis Lacalle Pou dijo: “Soy liberal, creo en la libertad de las personas”. Lo hizo en el marco de la presentación de la ley de urgente consideración (LUC) que, ciertamente, recorta libertades. Palabras similares fueron dichas, una y otra vez, frente a la pandemia en Uruguay, bajo la idea de “libertad responsable”. 
 A pesar del discurso envolvente, las libertades democráticas se encuentran amenazadas y, con ella, el principio mismo de la organización social democrática. Prueba de ello es el avasallamiento de las libertades de expresión y sindicales por parte de empresas y gobierno. En la enseñanza pública las autoridades sancionan docentes por actividad gremial a partir de las publicaciones de fotos en redes sociales o abren sumarios por expresiones en la prensa de dirigentes sindicales; en la enseñanza privada despiden docentes por realizar publicaciones personales en las redes sociales; en otras ocasiones publicaciones y videos de Facebook criticando conductas de las empresas, opiniones políticas y expresiones en defensa de los derechos de las mujeres en Instagram han tenido como desenlace el despido de las y los trabajadores. 
 A nivel internacional este problema ha sido parte del debate de la jurisprudencia. Por ejemplo, en España en 2017 el Tribunal Superior de Justicia consideró la improcedencia de un despido de un trabajador por comentarios ofensivos hacia la empresa en redes sociales, señalando que el trabajador se encontraba en un momento de vulnerabilidad y que sus manifestaciones no constituían un hecho grave. En otros casos donde se empleó la expresión de “mafiosos” contra la empresa, si bien pueden ser consideradas reprochables moralmente, no superan los límites que otorga el derecho de libertad de expresión del trabajador sin que puedan ser merecedoras del despido.1 

 Minerva cercena la libertad de expresión 

Esta semana se suma una nueva perla del collar. La empresa Minerva, dueña de los frigoríficos Pul, Carrasco y Canelones, despidió a un trabajador (Gastón) de este último establecimiento por realizar comentarios políticos críticos contra la empresa en Facebook. Minerva es una multinacional latinoamericana (con plantas en Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Colombia) líder en la exportación de carne del continente, cuyo capital está compuesto por la familia Vilela de Queiroz, viejos terratenientes-ganaderos brasileños que tienen el 20% del capital accionario y gestionan la empresa; un fondo de inversión Salic (UK) Limited de Arabia Saudita con sede Londres, que controla el 25% de las acciones, y el 50% de las acciones se cotizan en la bolsa. 
 La empresa realizó una donación de frazadas a un barrio carenciado y publicitó la acción. El trabajador comentó lo que muchos piensan en Canelones. Una actitud hipócrita de Minerva que mientras rebaja los salarios a sus trabajadores, se presenta con “responsabilidad social” en el pueblo. 
 ¿Cómo es posible que la expresión de ideas, opiniones o críticas fuera del lugar de trabajo queden sometidas a la discrecionalidad empresarial o gubernamental? ¿Hay que permitir el avance del control de las patronales hacia fuera de las puertas de la fábrica, abarcando nuestra vida personal y social? 
 La libertad de expresión se encuentra consagrada como un derecho ampliamente reconocido en la normativa internacional y nacional (especialmente en la Constitución). Como señala Andrea Rodríguez Yaben,2 los trabajadores están en todo su derecho de exteriorizar -por el medio que crean más conveniente- sus ideas, creencias y pensamientos, aunque estos pudieran molestar, inquietar o disgustar a quienes se dirigen, sin ser sancionados por eso, pues así lo requieren el pluralismo y la tolerancia, sin los cuales no existe sociedad democrática. 
 La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de expresión requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento”.3 De modo que las restricciones a la libertad de expresión del trabajador por parte de la empresa –que adopten la forma de despido u otra conducta empresarial– deben considerarse en principio ilícitas y lesivas del derecho fundamental, salvo que exista una justificación de peso extrema y prioritaria para la salvaguarda de otro interés constitucional en juego.
 De fondo, lo que realmente busca Minerva es descabezar a un sindicato de base que se ha transformado en un símbolo de resistencia para los trabajadores del sector y del movimiento sindical. 
 En este caso, no existe ninguna justificación de peso, por lo que el despido es simplemente un cercenamiento de la libertad de expresión como derecho fundamental. 

 La huelga para defender las libertades y el trabajo 

El sindicato, Soofrica, resolvió no aceptar que se avasallen los derechos y libertades de expresión. Comenzó una huelga por el reintegro del trabajador, y los trabajadores se encadenaron frente a la fábrica. En una expresión de solidaridad de clase, la huelga fue decretada también por el sindicato de los trabajadores del frigorífico Carrasco, Sifrica. La Foica se declaró en preconflicto y discute una paralización de carácter general. Las libertades democráticas se defienden con los métodos de la clase obrera. 
 Los sindicatos entienden que el despido es absolutamente injustificado. La empresa se encuentra, por el momento, en total intransigencia con respecto a mantener la desvinculación del trabajador. Mientras que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, realiza una “mediación” que consiste en trasladar los planteos de la empresa como propios. Frente a la huelga el gobierno desplegó la policía en la puerta de la fábrica para garantizar que las cuadrillas contratadas por la empresa ingresen a la planta. El operativo no logró, sin embargo, que ningún trabajador se animara a entrar a la fábrica. 
 El despido es, como se dice, la punta del iceberg. Las y los trabajadores del frigorífico Canelones estuvieron un año y medio en el seguro de paro producto de un lock out patronal e ingresaron en febrero, luego de una lucha heroica, feroz y que significó una bandera para todo el movimiento obrero, que incluyó una verdadera pueblada en la ciudad de Canelones y la movilización a pie a Montevideo en medio de una pandemia. El acuerdo final fue con una rebaja salarial de 22,5%. Minerva continuó con una política agresiva contra el sindicato y los trabajadores: suspendieron al presidente, Raúl Torres, y despidieron a seis empleados. De fondo, lo que realmente busca Minerva es descabezar a un sindicato de base que se ha transformado en un símbolo de resistencia para los trabajadores del sector y del movimiento sindical, y avanzar luego contra los trabajadores de los demás frigoríficos. 
 El contexto en el cual se encuadra este conflicto es muy distinto al de 2020. Luego de una relativa “calma” el movimiento obrero ha comenzado a mostrar signos de revitalización. Con el espaldarazo de las 800.000 firmas por el referéndum contra la LUC, un verdadero reguero de luchas ha comenzado a desarrollarse estas últimas semanas entre los trabajadores de las empresas públicas, del puerto y, especialmente, una poderosa huelga de los trabajadores marítimos. Esta última fue contra una brutal rebaja salarial de 40% y culminó con un triunfo, lo que refuerza las perspectivas de lucha de cara a la negociación colectiva en los Consejos de Salario que comienzan este mes, donde el gobierno planteó lineamientos salariales a la baja. Del otro lado, los trabajadores del Estado y de la enseñanza han comenzado a planificar huelgas y acciones de lucha contra el ajuste salarial y presupuestal en la Rendición de Cuentas, contra la persecución sindical y en defensa de las libertades democráticas. 
 Como se ve, a la libertad y el trabajo no los defiende el gobierno sino la clase obrera organizada.

 NIcolás Marrero 
 06/08/2021 

1. Raúl Rojas, 12/06/2017 Revista Byte. https://revistabyte.es/actualidad-it/comentarios-en-facebook-causa-despido/
 2.La Diaria 21/07/2021 
3.Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lagos del Campo vs Perú, sentencia del 31 de agosto de 2017

viernes, 6 de agosto de 2021

Revelaciones sobre campos de concentración sionistas

Cientos de habitantes de Gaza fueron encarcelados en campos de detención en condiciones inhumanas durante casi un año en 1971, según un el informe publicado la semana pasada por el periódico Haaretz (29/7) - "secretos que Israel está tratando de ocultar" (ídem). Se trata de una investigación realizada por el Instituto Akevot, que incluye documentos y fotos guardadas en los archivos israelíes, los archivos de la Cruz Roja Internacional y los archivos de la ocupación israelí. 
 En 1971, Israel estableció dos campos de detención (Abu Zenima en el Golfo de Suez, y Nakhl en el desierto del Sinaí), usando como pretexto un ataque contra israelíes cerca de Gaza. Al primero fueron enviadas familias cuyos miembros pertenecían al movimiento Fatah (nacionalismo árabe), calificados como “sospechosos” de terrorismo. El segundo campamento se utilizó de manera “preventiva”, indica el informe, para alojar a jóvenes desempleados, a cientos de niños, mujeres y hombres, en pleno desierto.
 Los detenidos eran personas inocentes de cualquier delito. Estuvieron en detención durante períodos variables, según la decisión de los militares, a menudo durante largos meses, en condiciones que la Cruz Roja Internacional describió como "inaceptables". La ocupación israelí cerró estos campos menos de un año después, pero ocultó los protocolos y registros que los documentan durante 50 años. 

 Un plan sistemático 

Después de la Guerra de los Seis Días y la ocupación en 1967, y en 1971, se llevó a cabo, en la Franja una campaña de asesinatos de supuestos “terroristas”, demolición de viviendas, toques de queda y allanamientos. Ariel Sharon, futuro primer ministro, era el jefe del Comando Sur de las fuerzas israelíes. 
 Uno de los documentos revelados por el periódico muestra el protocolo usado por las “autoridades”. “El archivo de la ocupación aún se niega a revelar la mayoría de sus documentos y prácticas” (ídem).
 La cárcel de Abu Zenima se estableció el 5 de enero de 1971, a 300 km al sur de Gaza. Allí se detuvieron a 27 familias de manera ilegal, con decenas de niños. El 26 de enero, el coordinador de estas actividades, Shlomo Gazit, informó a la Knesset (parlamento) que “Incluye una tercera medida, que es la deportación de familiares” (ídem). 
 El ministro en ese momento, Moshe Dayan, dijo: “Expulsar a las familias al campo de concentración no es un castigo sino un disuasivo para otras familias. Es como demoler casas: demolemos incluso si un miembro de Fatah es un inquilino y no es un propietario - si alguien se une a Fatah, la casa será demolida y, en este caso, la familia será exiliada” (ídem). 
 Los representantes de la Cruz Roja escribieron: “El crimen de estas personas es que uno de sus familiares fue considerado terrorista, ¿pero el bebé de 7 meses y el de 80 años por qué están allí?” (ídem). Dijeron que la condiciones son "casi inhumanas". 
 En segundo campo estaba destinado a los jóvenes desempleados sin sospechas. "La segunda medida y quizás la más radical que hemos tomado es una contra los desempleados", dijo Gazit. "Hay 10.000 personas que no están vinculadas al sector laboral, una gran parte o la mayoría tienen entre 18-25-30 años, y no tenemos ninguna solución para ellos, solían continuar sus estudios en las universidades, y hoy estas puertas están cerradas para ellos”.
 Los desocupados eran arrestados por “merodear”, se les presentaban cargos administrativos y eran “deportados” a Cisjordania. 

 50 años después 

Hace dos meses, se presentó un proyecto de ley que estipula que “los hijos de la familia buscada deben ser expulsados para completar la operación de disuasión, para que las familias palestinas impidan que sus hijos resistan la ocupación o llevar a cabo operaciones, y que la expulsión de familias palestinas salvará la vida de ciudadanos israelíes en el futuro” (ídem).

 Emiliano Monge 
 04/08/2021

jueves, 5 de agosto de 2021

Myanmar: colapso sanitario y seis meses de un golpe criminal


Este domingo se cumplieron seis meses del golpe de Estado en Myanmar que derrocó a Aung San Suu Kyi, referente de la Liga Nacional por la Democracia que había sido reelecta en noviembre pasado. Las fuerzas militares han respondido con una represión despiadada a las manifestaciones antigolpistas, dejando más de 900 muertos. 
 El líder de la junta, Min Aung Hlaing, anunció por estos días su disposición de permanecer en el poder al menos hasta 2023. Mientras tanto, el país se encuentra devastado por el Covid-19 y la crisis económica. 
 En las últimas semanas, las infecciones y muertes se dispararon en el Sudeste Asiático y Myanmar no ha sido la excepción. La ex Birmania tenía 3.300 decesos a comienzos de julio y terminó el mes con más de 8.500. El oxígeno escasea. A su vez, muchos hospitales están cerrados o no cuentan con suficiente personal.
  El régimen detuvo más de 400 médicos y 180 enfermeros desde su llegada al poder, dado que éstos son una pieza clave del Movimiento de Desobediencia Civil. Miles han sido despedidos por entrar en huelga y muchos trabajadores ejercen su profesión de manera remota y clandestina. 
 “Escenas de personas haciendo cola para recibir bombonas de oxígeno y vídeos de cadáveres en las calles acrecientan la ira hacia la junta”, señala el diario madrileño El País (28/7). El colapso sanitario se da en simultáneo con un derrumbe económico. Se estima que la economía se contraerá un 10% este año. China ha cerrado sus fronteras para protegerse del virus, lo que está teniendo un efecto devastador en las exportaciones nacionales. Los precios de los alimentos y de los combustibles se disparan y crece el hambre. 
 El régimen militar se sostiene con el apoyo de China y Rusia. El imperialismo impuso algunas sanciones a las compañías de los jerarcas del régimen (el Ejército es una potencia económica), como una presión para que se alejen de dichos países.
 La resistencia contra el golpe abarca sobre todo a la juventud y sectores del movimiento obrero como el personal de salud, la docencia y los bancarios. Las manifestaciones masivas han cedido, en buena medida por la sanguinaria respuesta de los militares. Aun así, todavía se desarrollan concentraciones más pequeñas y pelea de guerrillas en las ciudades; y sectores juveniles apelan a acciones relámpago en las que trotan por las calles, cantando consignas contra el gobierno. 
 Mientras tanto, fuerzas insurgentes que responden a algunas de las cien etnias que pueblan el país han chocado con el gobierno, que bombardeó sus posiciones. Como fruto de estos ataques, hay 200 mil desplazados adicionales desde febrero. Se suman a los cientos de miles de desplazados de Rakhine (muchos en la vecina Bangladesh), la región en que vive el perseguido pueblo rohingya, minoría de origen musulmán, en un país mayoritariamente budista. Esta persecución, vale aclarar, ya la llevaban a cabo en forma mancomunada la LND de Aung San Suu Kyi y los militares antes del golpe. 
 Abajo el golpe criminal. Viva la lucha de los trabajadores y la juventud.

 Gustavo Montenegro

#Cuba: ¿Qué pasó en la caravana de este 5 de agosto?


martes, 3 de agosto de 2021

Fidel Castro: Un insulto a nuestro pueblo decir que en Cuba se tortura"


Escuelas oficiales de mercenarios y sicarios


El 7 de julio fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse, luego de ser brutalmente torturado y desmembrado. Tal magnicidio fue realizado por un grupo de mercenarios integrado por 26 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano residentes en Miami. Esos mercenarios fueron hasta hace poco tiempo miembros activos del Ejército colombiano. 
 Del grupo de sicarios forman parte militares que están siendo investigados por haber participado en asesinatos en Colombia (en los mal llamados “falsos positivos”) y uno de ellos, Mauricio Groso Guarín, es primo hermano de Rafael Guarín, el Alto Consejero Presidencial para la Seguridad del gobierno de Iván Duque, el mismo que de inmediato salió a decir que no conocía a su primo, nunca lo había tratado y tampoco sabía que había sido miembro del Ejército. ¡Como suele suceder con los uribeños, todo se hace a sus espaldas y ellos inocentes como mansas palomas! 
 Rafael Guarín, Alto Consejero Presidencial para la Seguridad y su primo-mercenario, Mauricio Grosso Guarín. “No lo conozco”, como en la canción vallenata de Diomedes Diaz. 
 Como en tan vil asesinato está comprometido el Ejército colombiano, a través de falsimedia criolla (con la revista Semana a la cabeza) se empezó a difundir la versión que los “pobres” e “indefensos” sicarios colombianos habían sido engañados y se habían convertido en “victimas”. Si esos militares eran tan profesionales en matar y torturar por qué dejaron tantas huellas, ya que actuaron como un elefante en una cristalería. La respuesta fácil que se dio es que eran inexpertos, casi unos novatos en esas “exigentes” labores del sicariato internacional. 
 Una respuesta simple como esta elude el asunto de fondo: ¿Dónde y con qué doctrina fueron formados estos mercenarios? ¿Quiénes los capacitaron y con qué objetivos? 
 Si se mira la historia contemporánea de Colombia y el papel que en ella han desempeñado las fuerzas militares se podrá responder a estas preguntas sin mayor problema. Para empezar, lo que acaban de realizar los mercenarios colombianos en Haití no es novedoso en términos de realidad nacional. Eso mismo es lo que hacen las fuerzas militares, incluyendo a la policía, en nuestro país desde hace 70 años y han dejado a su paso una interminable estela de sangre y horror. En su prontuario deben contabilizarse miles de masacres, torturas, desapariciones, bombardeos, fosas comunes, principalmente en zonas rurales, pero que en los últimos meses se ha hecho evidente en las ciudades, como se comprueba con las decenas de colombianos asesinados durante el paro nacional por fuerzas policiales, militares y paramiitares. Por si hubiera dudas, deben recordarse los asesinatos de Estado mal llamados “falsos positivos”, con miles de colombianos masacrados con saña y premeditación por grandes “héroes” de la patria, bajo la conducción de varios matarifes vestidos de civil.
 No otro puede ser el resultado de unas fuerzas armadas que han sido adiestradas en la doctrina de la Seguridad Nacional, del enemigo interno, del anticomunismo y a las que se les ha enseñado que todo aquel que encarne algún tipo de reivindicación social es un peligroso subversivo vestido de civil, que debe ser dado de baja. Por ello, no sorprende que a los mercenarios colombianos los hayan detenido en la casa en la que se alojaban y dormían a pierna suelta como si nada debieran, con un gran arsenal de armas y con sus pasaportes en regla, donde esperaban tranquilamente a que les dieran el trato de héroes que siempre se les ha dado en Colombia. Claro, porque así los formaron. En este país les enseñaron que podían matar, torturar y desaparecer a los pobres a la luz del día y eso no es ningún problema, antes, por el contrario, ese tipo de accionar les abre las puertas a las condecoraciones, ascensos y reconocimientos en su Hoja de Muerte. Con esos antecedentes, a esos mercenarios formados por las Fuerzas Armadas de Colombia, les debió sorprender que los capturaran y no que los aplaudieran, lo que se suele hacer en este país del sagrado corazón. 
 En escuelas militares en las que se forma a la tropa con cánticos en los que se exhorta a matar y violar a cualquier mujer, que otra cosa distinta podía esperarse, aparte de formar sicarios y mercenarios. Esta es la escuela nacional de contrainsurgencia, en la que se ha enseñado a los militares a odiar, perseguir y matar a la población colombiana. No debe extrañar, en consecuencia, que entre los mercenarios de Haití se encuentren militares con una sangrienta hoja de servicios en contrainsurgencia, con distinciones y condecoraciones por formar parte de comandos especiales que tienen experticia en operaciones de matar y arrasar con lo que se encuentra a su paso. Por ello, que hayan torturado y asesinado al presidente de Haití ni es extraño ni es un descuido de inexpertos. No, ese es el comportamiento típico de los militares en Colombia que torturan y matan a los colombianos pobres y humildes desde hace décadas, sin que eso genere ningún escándalo. Al respecto debe recordarse que desde la década de 1960 en las fuerzas armadas de Colombia se impuso la tristemente célebre “Doctrina Matallana” (que lleva el apellido del militar que la enuncio, José Joaquín Matallana) que sintéticamente dice: “Primero se dispara y luego se averigua”. Eso exactamente fue lo que hicieron en Haití los sicarios-mercenarios del Ejército colombiano: primero torturaron y mataron y luego se enteraron de que habían asesinado al mismísimo presidente de Haití y cuando lo supieron enseguida procedieron a decir que no lo querían matar, que fue un error, que ellos solo querían darle unas caricias muy al estilo colombiano, pero que culpa si ellos siempre hacen eso en nuestro país sin importar que al final se les haya ido la mano y se les muera el civil. ¿Por qué tanto escandalo con un muerto más -aunque sea el presidente de otro país- por parte de los sicarios de las fuerzas armadas de Colombia, si eso es parte de su labor cotidiana en nuestro territorio? Eso es lo que deben pensar en su fuero interno los militares involucrados en este crimen y todos sus voceros en Colombia, empezando por los sicarios que ejercen de periodistas en falsimedia criolla. 
 Pero también debe considerarse la formación internacional como sicarios y mercenarios que brinda Estados Unidos, a través de la Escuela de las Américas, esa fábrica internacional de torturadores y asesinos con uniforme. En el caso de los asesinos del presidente de Haití, el Departamento de Defensa (sic) señala que han “recibido algún tipo de educación [sic] y capacitación financiadas y proporcionadas por Estados Unidos”. En efecto, el Departamento de Defensa de ese país indicó que hasta el momento tiene información de que en ese país se formaron siete de los colombianos que masacraron al presidente de Haití y que los entrenó en “operaciones antidroga, capacitación en liderazgo de unidades pequeñas, capacitación en derechos humanos, capacitación médica de emergencia, alguna capacitación en mantenimiento de helicópteros”, entre otras. En la comunicación oficial, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos insinúa que no hay que hacer tanto ruido porque los mercenarios hayan sido formados en ese país, puesto que se trata solamente de “un pequeño número de colombianos detenidos” y, además, señaló que este tipo de entrenamiento es “muy común” y no condujo ni alentó a “lo que sucedió en Haití”. 
 A ver, examinemos lo que dice la información oficial de los Estados Unidos. Primero que era un pequeño grupo de solo siete mercenarios colombianos, sí, pero siete de 26 es casi una tercera parte, una cifra significativa. Es decir, un treinta por ciento de los mercenarios colombianos que asesinaron a Moise fueron entrenados en los Estados Unidos. Agreguemos que la capacitación que allí ofrecen incluye la participación en magnicidios, atentados, saboteos, torturas, como bien lo saben los militares latinoamericanos formados en la Escuela de las Américas. Incluso este sello de muerte Made in Usa, que tan bien han replicado los militares-mercenarios-sicarios colombianos es aplaudido por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos cuando dice, refiriéndose a los sucesos de Haití: “No conozco ningún plan en este momento, como resultado de lo que sucedió en Haití, para que reconsideremos o cambiemos esta capacitación de liderazgo ético, muy valiosa, que continuamos brindando a socios en el hemisferio occidental y a socios alrededor del mundo”. Ese liderazgo ético (sic) del que tanto han aprendido las fuerzas militares de Colombia prepara para matar y torturar como lo vienen haciendo desde hace 70 años en nuestro territorio y contra nuestra población pobre y que ahora de Colombia se exporta para el mundo, tal y como se ha comprobado en Haití.
 O, como lo ha dicho sin aspavientos ni filtros, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, tan ligada a sicarios con y sin uniforme de los Ejércitos Anti-restitución de Tierras: “Es que el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”. 

 Renán Vega Cantor 
 03/08/2021

lunes, 2 de agosto de 2021

domingo, 1 de agosto de 2021

Trabajo precario en los tercerizados del MIDES


Los/as trabajadores/as tercerizados del MIDES dedicados a la asistencia de personas en situación de calle viven cotidianamente condiciones de precariedad como contratos chatarras, salarios impagos, falta de condiciones laborales, entre otras. La realidad de los/as trabajadores/que trabajan con personas en situación de calle, bajo la órbita del MIDES, pero que desempeñan su actividad laboral bajo un régimen de tercerizaciones denota situaciones de extrema precariedad, algunas de las cuales nos fueron informadas por trabajadores/as del sector. 
 La barbarie capitalista que expulsa a miles de personas a la desocupación y la miseria, también se refleja en el trato que reciben en la asistencia mezquina que presta el Estado capitalista a todas aquellas personas que caen en esa situación. La precariedad se vive en la miserable asistencia, encima tercerizada en muchos casos, que presta el Estado y en las pésimas condiciones laborales que soportan los/as trabajadores/as del sector. 
 Contratos precarios y en algunos casos hasta demoras en la formalización de los mismos; salarios impagos o salarios por debajo del convenio colectivo; la falta de personal en los centros, agravada por los cambios estructurales del programa calle (a partir de la política de recorte del gobierno), hace que un sólo equipo técnico conformado por trabajador /a social, psicólogo/a, enfermero /a y coordinador/a deban repartir sus horas en los diferentes centros, cuestión que genera mayor exposición a las demandas y necesidades de la población en calle y hacia los educadores que también ahora son menos en cada turno; y otras irregularidades de todo tipo (por ejemplo demoras en dar de alta en el BPS). 
 Todo esto sumado a pésimas condiciones laborales, como las sanitarias, de hacinamiento, malas condiciones edilicias, falta de contención para los/as trabajadores/as que deben tratar diariamente con las profundas contradicciones y miserias de la sociedad (patriarcado, problemas de adicciones, violencia, etc.) en especial para las mujeres y disidencias sexuales, entre otras condiciones absolutamente precarias en varios casos.

 Política de la miseria y miseria de la política

 El sistema tercerizador que se establece desde el Estado a través del MIDES, para la asistencia social termina generando un régimen perverso, en donde el lucro de las ONG (técnicamente definidas como Organizaciones de la Sociedad Civil) termina poniéndose por encima de los derechos de los/as usuarios/as y de los trabajadores/as. 
 Alejado totalmente de las soluciones integrales que se les puede y se les debe brindar las personas en las situaciones más vulnerables y de las condiciones de trabajo adecuadas para que los trabajadores cumplan sus tareas de la mejor forma. Tanto unos como otros son sometidos como resultado a una política social de la miseria, sufrida por trabajadores/as y usuarios/as. 
 Este sistema tercerizador es una continuidad con respecto a gobiernos anteriores, modelo que se consolidó a partir de las administraciones del Frente Amplio con la creación del MIDES.
 La política de precariedad no solo la sufren los trabajadores sino que también los usuarios, que también en diferentes oportunidades a través de Ni Todo Está Perdido (NITEP) se ha denunciado a la opinión pública. 
 Si a todo esto sumamos la política particular del gobierno de Lacalle Pou de ajuste fiscal y de recorte o eliminación de los pocos programas en funcionamiento, además de las consecuencias sociales de la política derechista (decenas de miles de desocupados más y de miles de nuevas personas en situación de calle), el panorama tanto para trabajadores, como para usuarios es crítico.

 La lucha de los/as trabajadores/as 

 Los/as trabajadores/as recientemente realizaron una movilización a Torre Ejecutiva denunciando toda esta situación, y cabe agregar que casi a diario surgen denuncias de salarios impagos o situaciones de precariedad en el sector. 
 En lo inmediato la lucha por la regularización de la situación laboral de muchos/as trabajadores/as del sector es lo que está a la orden del día, para que se cumpla el pago de sus salarios y de que se consiga que esta misma remuneración sea digna.
 La unidad de los/as trabajadores/as tercerizados con los formales, junto a los/as usuarios/as, es la que podrá con la lucha revertir estas injusticias. Será un desafío para esta joven generación de luchadoras y luchadores que viene surgiendo en el sector que puedan imponerle al Estado el fin de las tercerizaciones, y de la asunción por parte del mismo Estado de programas sociales que aborden integralmente las situaciones de extrema vulnerabilidad que a diario viven miles de personas y que van más allá del simple asistencialismo que se desarrolla hoy en día. El trabajo genuino y el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, junto con el reclamo de tierra para vivir, son algunas de las soluciones necesarias para superar esta política de la miseria. 

 La Izquierda Diario Uruguay 
 Viernes 30 de julio | 10:29

Cuba : El eterno retorno / l'éternal retour



Cuba: Así, es difícil de creer! // C'est difficile à croire !