Entrevista a Nicolás Ferreira (FFOSE)

Ciudadanos uruguayos se pronuncian contra Ley de urgente consideración de Lacalle Pou

El portazo de Uruguay y el impasse del Mercosur

La cumbre del bloque vuelve a expresar el dislocamiento regional, producto de la inserción colonial en un mercado mundial dominado por la guerra comercial. 

 Si las vísperas del clásico sudamericano en la final de la Copa América no era suficiente condimento para la cumbre de un Mercosur que se encuentra empantanado por el dislocamiento comercial de la región, el anuncio del gobierno uruguayo de comenzar a negociar de forma unilateral acuerdos por fuera del bloque terminó de ponerle picante. Refuerza así la presión, comandada por Jair Bolsonaro, de reducir los aranceles comunes a las importaciones, lo cual es resistido por las confederaciones industriales de los cuatro países miembro. Alberto Fernández, que busca negociar un punto medio con el derechista carioca y cuestionó la decisión de Uruguay, expresa una posición defensiva e incapaz de revertir la desintegracion económica regional, porque esta obedece a la crisis capitalista y la inserción semicolonial de las naciones sudamericanas en un mercado mundial caracterizado por la guerra comercial. 

 Si bien la comunicación que hizo el canciller de Luis Lacalle Pou, acerca de que Uruguay encararía negociaciones extrabloque de manera unilateral -abandonando la práctica establecida de avanzar solo en común-, cayó como un baldazo de agua fría en la previa del encuentro virtual entre los mandatarios del Mercosur y Estados asociados, lo cierto es que es la decantación de una tensión que se arrastra en torno a la flexibilización arancelaria y en materia de acuerdos comerciales con otros países y bloques. El tema dominó la cumbre de marzo, celebrada a 30 años del Tratado de Asunción que le dio origen, y fue el motivo de la suspensión de una reunión de cancilleres que debía realizarse en junio. Ahora, al asumir la presidencia pro témpore del bloque, Bolsonaro reiteró que apostará por una «modernización».

 La intención de proceder a acuerdos comerciales por separado estaba sobre la mesa desde hace tiempo, debido al empantanamiento de las gestiones por poner en marcha tratados de libre comercio. Ello, sin embargo, no se debe exclusivamente a que Argentina ponga palos en la rueda -aunque se opone a algunas negociaciones, especialmente con China. Finalmente, Alberto Fernández abandonó sus críticas al acuerdo Mercosur – Unión Europea (que tanto cuestionó en campaña electoral), pero el mismo sigue trabado por las reticencias que despierta tanto en el sector agrícola del viejo continente como en las patronales industriales sudamercianas. Esto porque la liberalización arancelaria favorecería las exportaciones agroganaderas pero afectaría de lleno a sectores como las farmacéuticas o la automotrices, que deberían competir con las importaciones europeas. Estos choques intercapitalistas son el trasfondo de la disputa, y la demostración de que el conflicto no responde a diferencias ideológicas entre presidentes. Tal es así que, una vez más, las cámaras industriales de los cuatro países salieron a cuestionar tanto las tratativas unilaterales como las propuestas de reducción del Arancel Externo Común (que grava las importaciones) y la modificación a la baja del Régimen de Origen. Las patronales advierten que no tienen capacidad para competir con industrias extranjeras y que una liberalización las llevaría a la ruina. Como observamos, esto vale más que nada para la automotriz, que está protegida con aranceles del 35%. Una baja significativa, como la propuesta por Bolsonaro y su ministro de Economía Paulo Guedes de reducir unos 20 puntos todos los gravámenes, amenaza con barrer parte del parque industrial criollo. Alberto Fernández intenta acordar que se exima de la baja arancelaria al 25% de los rubros, entre los cuales se encuentran el textil, el automotriz y el químico. Como fuera, estamos ante una declinación del comercio intrarregional, y más aún del fracaso rotundo en avanzar en una integración tras tres décadas de vigencia. Desde su pico histórico en 2011, el intercambio al interior del bloque cayó casi en una cuarta parte. No se ha registrado un desarrollo industrial en ninguno de los países, aunque sí es cierto que las empresas (a menudo multinacionales) se beneficiaron con los menores impuestos entre naciones y especialmente con la presión bajista que ejerció sobre los convenios colectivos de trabajo. Hoy tenemos a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay compitiendo por las exportaciones de los mismos productos, primarios y derivados de la soja y la carne, a los mismos destinos. Este comercio exterior colonial es la raíz del dislocamiento, agravado por las devaluaciones de las monedas respectivas.

 El portazo anunciado por Lacalle Pou no solo reafirma el sentido por el cual venía insistiendo su gestión, sino que incluso tiene antecedentes en los frenteamplistas Tabaré Vázquez y José Mujica, y hasta en el colorado Jorge Batlle. Esto porque Uruguay ha sido expoliado por Brasil y Argentina, con quienes históricamente mantiene un intercambio deficitario. El objetivo principal es allanar el camino para un acuerdo con China, que es el destino de la cuarta parte de las exportaciones charrúas, y se ha convertido en uno de sus principales fuentes de financiamiento. Para el gigante asiático sería además la puerta de entrada para destrabar la resistencia de los dos socios mayoritarios a un tratado de libre comercio. 

 El alto impacto que esto tendría en la región es un factor de crisis. De hecho, la decisión del mandatario uruguayo de cortarse solo responde a cierto giro del gobierno brasileño, que apoyaba aquella postura a cambio de un respaldo en su intento por flexibilizar aranceles. Pero la magnitud de la crisis política en su país, el rechazo de los industriales paulistas y la proximidad de las elecciones llevaron a Bolsonaro a adoptar una posición más cuidadosa. La oposición a la baja arancelaria fue uno de las temas centrales de la sugestiva reunión que mantuvieron los expresidentes Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso. 

 Lo que nadie puede ocultar es que el impasse del Mercosur obedece a su fracaso en catapultar un desarrollo de las naciones que lo componen. Las burguesías nacionales nunca dejaron de ser socias menores del saqueo de los grandes pulpos imperialistas, que dominan sobre todo las grandes ramas de exportación. La posición de Alberto Fernández no expresa ninguna ambición nacionalista, sino una postura defensiva y hasta de parálisis, derivada de su postración al imperialismo y el capital financiero. Su viraje respecto del acuerdo Mercosur-UE obedece a la necesidad de ofrecer garantías de repago el FMI, para lo cual depende de las divisas del complejo agroexportador. Por otro lado, la resistencia a un tratado de libre comercio con China no puede ocultar que el intercambio comercial con la nación celeste, a pesar del boom sojero, es marcadamente deficitario (en 2.450 millones de dólares en los primeros cinco meses del año) porque de allí se importan bienes de capital e insumos industriales. Hasta con los propios socios del bloque registra un déficit comercial de 1.300 millones de dólares. 

 Para China no se trata solo de mejorar sus ventas. Es el principal comprador de las exportaciones del Mercosur, pero los capitales yanquis siguen siendo dominantes en cuanto inversión extranjera directa. Por eso la ambición del régimen de Xi Jinping en penetrar en obras de infraestructura y en ramas estratégicas: es lo que vemos en Argentina con el papel destacado de Cofco y Syngenta en la cadena agroindustrial y los préstamos para la construcción de centrales hidroeléctricas en Santa Cruz, y en la ambición de quedarse con la concesión de la Hidrovía y hasta las obras de gasoductos planificadas. En definitiva, se enmarca en la apuesta estratégica incorporar a Sudamérica en la Nueva Ruta de la Seda. 

 Esto choca con la política exterior de Joe Biden, que pretende recomponer su injerencia imperialista en la región. Si hace tiempo que ello se expresa en la carrera por la instalación de la tecnología 5G de las telecomunicaciones, hoy lo refleja de manera destacada el lobby de sus farmacéuticas por hacerse con el mercado de vacunas contra el Covid-19 (materia en la que se adelantaron Rusia y China). Este es el trasfondo del vergonzoso decreto del gobierno argentino que, al punto de violentar una ley ya leonina, consagró todas las exigencias de Pfizer para contar con inmunidad absoluta. Lo mismo puede decirse de las idas y vueltas en torno a la licitación de la Hidrovía, que el gobierno argentino prometió colocar bajo supervisión de la OCDE. 

 Con todo, es una presión contradictoria, porque si el acatamiento a las exigencias del FMI condicionan toda la política económica del Frente de Todos, al mismo tiempo el repago de la deuda depende de las exportaciones agrarias a China. Es un precario equilibrio, que en todos los casos implica un saqueo de los recursos del país, una reprimarización productiva y un dominio del capital internacional. La apuesta por esquivarle al bulto recurriendo a organismos internacionales de crédito viene de sufrir una derrota en la CAF (Corporación Andina de Fomento), donde precisamente por la ausencia de apoyos del Mercosur quedó sin sustento la candidatura del argentino Christian Asinelli.

 Aclaremos por último que ni el gobierno de Alberto Fernández ni las cámaras industriales que salieron con los tapones de punta contra la liquidación del esquema arancelario de Mercosur ofrecen vía alguna para el desarrollo productivo regional. Si el primero expresa un impasse, las segundas evidencian un rol parasitario. El complejo automotriz, principal implicado en la cuestión, opera tanto en Argentina como en Brasil por debajo de la mitad de su capacidad instalada (con predominio de componentes importados), y el retiro de Ford del país carioca sacó a relucir la contracción del mercado. En este cuadro, las patronales aprovechan la volteada para presionar por incrementar la competitividad a fuerza de flexibilización laboral y reducciones impositivas (para lo cual exigen un mayor ajuste del gasto público). A los trabajadores solo le tocan los platos rotos. 

 El hundimiento del Mercosur es una manifestación evidente de la incapacidad del las burguesías sudamericanas, y los gobiernos (centroizquierdistas, nacionalistas y neoliberales) que se sucedieron en los distintos países durante las últimas décadas, en lograr un desarrollo industrial y superar la dependencia económica. La asociación con el capital imperialista, la fuga de capitales y el mecanismo de expoliación de la deuda externa son la base de esta tendencia declinante del capitalismo regional, que hoy enfrenta a los distintos países como exportadores primarios y los deja a la deriva en la guerra comercial que domina el mercado mundial. 

 Solo la unidad de la clase obrera, cuyos intereses trascienden las fronteras y no deben subordinarse a sus patronales parasitarias (como brega la burocracia sindical y los voceros nac&pop), puede abrir paso a una etapa de integración regional, sobre la base del repudio de la deuda externa y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para invertir la riqueza producida en una industrialización y desarrollo autónomo, en la perspectiva de una federación socialista de América Latina. La ola de rebeliones que surca desde Colombia a Chile, pasando por Paraguay y las grandes movilizaciones en Brasil, ponen sobre la mesa la justeza de este programa. 

 Iván Hirsch

Haití: el crimen del presidente y un país en llamas

Un video difundido por los medios capturó momentos del atentado. 

 El presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado anoche en su domicilio de Puerto Príncipe, capital del país caribeño. Su esposa, Martine Marie Etienne Joseph, resultó gravemente herida. Un grupo comando, que según la versión oficial hablaba español e inglés (en la isla las lenguas son el francés y el creol), fue el autor del atentado. Tras una sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro interino Claude Joseph informó el dictado del estado de sitio. 

 Aún no hay claridad sobre quiénes fueron los promotores políticos del magnicidio. Moïse, perteneciente al PHTK (Partido Haitiano Tét Kale, “cabezas rapadas”), un partido de derecha, había llegado a la máxima magistratura en 2017 y era el hombre fuerte del país. Desde enero de 2020, cuando dispuso el cese de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado, alegando el fin de sus mandatos, gobernaba en base a decretos. Venía llevando a cabo también un proceso de depuración del Poder Judicial. La oposición denunciaba que su mandato estaba vencido desde febrero de este año, por lo que se produjeron movilizaciones e incluso un paro general para reclamar su salida. La clase dominante se dividió, con un sector alentando la salida del mandatario, lo mismo que el clero, en tanto que la Corte también planteó que su período había culminado. Moïse interpretó que en realidad le quedaba un año más de gobierno, un enfoque que contó con el apoyo de Estados Unidos. No sólo eso: la OEA y Naciones Unidas convalidaron el calendario electoral del oficialismo, que establecía elecciones presidenciales y legislativas para septiembre y, sobre todo, un referéndum constitucional para la misma fecha concebido para reforzar las atribuciones del Poder Ejecutivo (fin del cargo de primer ministro; disolución del Senado y reemplazo por un parlamento unicameral devaluado; habilitación de la reelección -dos períodos consecutivos-, etc.).

 ¿Vacío de poder?

 Con la muerte del presidente, un sitio haitiano (AyiboPost) se pregunta entonces con cierta perplejidad quién gobernará ahora la nación antillana. Ocurre que el primer ministro en funciones es una figura interina, dado que Moïse designó la semana pasada a un sucesor -quien iba a ser el séptimo primer ministro bajo su gestión, lo que muestra el debilitamiento del cargo. El parlamento, como ya vimos, está disuelto. La Corte Suprema cuenta con la mitad de sus miembros, debido a algunos desplazamientos por parte del presidente, y acaba de morir por Covid su titular René Sylvestre. 

 Por el lado de las fuerzas represivas, las cosas no van mejor. La Policía Nacional, que cuenta con unos 15 mil efectivos, y es por tanto el principal aparato de seguridad del país (el Ejército fue disuelto en los 90, y si bien Moïse lo removilizó, solo cuenta con algunos cientos de efectivos), se encuentra sumida en una crisis. En marzo, una facción rebelada contra la cúpula -Fantom 509- se manifestó y amenazó con “prender fuego el país” si no le devolvían los cuerpos de algunos oficiales caídos. A su vez, en las últimas semanas Puerto Príncipe y el área metropolitana se han visto asoladas por el choque entre bandas criminales (hay alrededor de 77) y de éstas con la policía. En este contexto, una facción de uniformados desató hace pocos días una masacre en un barrio capitalino (entre las 15 víctimas estaban el periodista Diego Charles y la activista por los derechos de las mujeres, Antoinette Duclair), a modo de descargo por la muerte de uno de sus referentes. Más de cien personas han muerto y cerca de 20 mil debieron huir de la capital, a raíz de esta espiral de violencia armada. Hay denuncias de violencia sexual contra las desplazadas y un campamento de refugiados fue incendiado. 

 No existe una barrera infranqueable entre la policía y las bandas criminales. “Barbecue”, el cabecilla de la federación criminal G9, es un oficial exonerado hace pocos años de la Unidad de Mantenimiento del Orden. En julio de 2020, la alianza delictiva marchó impunemente por la capital, con vehículos similares a los que utilizan las fuerzas de seguridad. 

 Barbecue participó personalmente a comienzos de 2020 de la entrega de alimentos en un barrio empobrecido de la capital, junto a efectivos de la Policía Nacional. El oficialista PHTK está acusado de apoyar estas bandas, que les sirven para aterrorizar a las masas. El G9 controla lugares estratégicos de la capital y el área metropolitana. Según un interesante artículo de Lautaro Rivara, estos grupos bloqueaban los accesos de barrios empobrecidos y amenazaban de muerte a quienes quisieran movilizarse hacia Champ de Mars, centro del poder político, durante las jornadas de movilización nacional (Resumen Latinoamericano, 1/7). En marzo pasado, el secuestro del médico Jerry Bitar desató un paro de trabajadores de la salud y una movilización, que logró finalmente su liberación. El pueblo haitiano protagonizó dos levantamientos populares en 2017 y 2019, motorizados por el aumento y el desabastecimiento de los combustibles. Las bandas armadas son un recurso para tratar de mantenerlas a raya mediante el terror. El valor del paro de los hospitales es que expresa un principio de intervención obrera en medio de una situación espeluznante. 

 Al apelar a las bandas criminales, el oficialismo juega con fuego. En las últimas semanas, Barbecue señaló en un video -rodeado de seguidores encapuchados- el comienzo de una “revolución armada” (ídem). 

 Descomposición estatal 

Todo lo dicho configura un escenario de descomposición estatal, en uno de los países más pobres del continente y que hasta hace unas semanas no había inoculado una sola vacuna contra el Covid-19. La vecina República Dominicana dispuso el cierre y militarización de la frontera.

 La crisis que abre la muerte de Moïse plantea la amenaza de salidas golpistas o de una nueva intervención extranjera. A comienzos de siglo, el imperialismo impulsó la Minustah, una fuerza de 7 mil efectivos votada por el Consejo de Seguridad de la ONU (a la que aportaron varios gobiernos “nacionales y populares” del momento, como la Argentina de Néstor Kirchner y el Brasil de Lula) que cometió todo tipo de abusos contra los derechos humanos de la población, además de introducir el cólera. La misión llegó a su fin en 2017. Hoy está presente la Binuh, una misión injerencista de carácter político, pero que no dispone de soldados. 

 Está planteado desarrollar un reagrupamiento independiente, en la perspectiva de abrir una salida de los trabajadores frente a los inauditos padecimientos a que el imperialismo y el régimen someten al pueblo haitiano. 

 Gustavo Montenegro

¿Quién era Jovenel Moïse?

Asesinaron al odiado mandatario y empresario haitiano. 

 Durante la madrugada del miércoles, fue asesinado Jovenel Moïse, presidente de Haití. Un grupo comando ingresó Álvaro Chust a su residencia de Puerto Príncipe y lo baleó junto a su esposa, Martin Joseph. 

 Este magnicidio, del que aún se desconocen sus promotores políticos, coincide con una espiral de violencia armada en el país que involucra a las fuerzas policiales y bandas criminales. Moïse accedió al cargo en 2017 y desde enero de 2020 gobernaba mediante decretos, sin parlamento, y a partir de febrero de 2021 con su mandato presidencial vencido, según las denuncias de la oposición. Así se ganó el mote de “hijo de los Duvalier”, clan familiar que gobernó de facto entre 1957 y 1987.

 Carrera empresarial y primeros pasos en la política 

Moïse se lanzó a la carrera empresarial en 2001 primero con plantaciones de bananos y luego con una planta de agua potable que abastecía a todo el norte del país. En 2004 fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Noroeste (CCINO) y secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH).

 Entre 2008 y 2014, fue favorecido con préstamos millonarios para la producción agrícola que le otorgara el presidente Michel Martelly. Cuando éste conforma el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK, de derecha), Moïse da sus primeros pasos políticos. Rápidamente, se convierte en el delfín de Martelly. Ambos fueron denunciados por maniobras electorales fraudulentas y ambos fueron fieles defensores de los intereses del imperialismo yanqui en el país. 

 Presidencia 

Hacia finales de 2018, la Corte Superior de Cuentas informó que los fondos del programa Petrocaribe habían sido desviados de la compra de combustibles a empresas ligadas a Moïse (quien ya era presidente en ejercicio), sus funcionarios y otros senadores oficialistas y opositores. Esto desató grandes movilizaciones populares. 

 Pero además, hubo dos levantamientos bajo su mandato, reprimidos con un saldo de decenas de muertos. El de 2017 fue desatado por el recorte de subsidios en los combustibles. En el de 2019, fue su desabastecimiento la gota que rebalsó un vaso lleno de furia contra el régimen. Numerosos sectores de la población se quedaron sin agua potable, electricidad, alimentos e insumos para hospitales. “Fuera Moïse”, se escuchó entonces en las calles. Los barrios se organizaron para obtener agua y alimentos. Barricadas y cortes de ruta se convirtieron en las postales cotidianas del país. Por varios meses, los hospitales, colegios y comercios dejaron de funcionar. 

 Si Moïse se mantuvo en el poder, fue gracias al respaldo del imperialismo yanqui, que convalidó incluso su maniobra para prolongar su mandato hasta 2022. La línea de algunos sectores de la oposición fue producir un recambio ordenado, pero no concitó la atención de las potencias extranjeras. 

 Un país arruinado

 Moïse ha dejado un país mucho peor a como lo encontró. El 40% de la población está en emergencia alimentaria y el 70% vive en la pobreza (Nueva Sociedad, 1/12/20). El 60% de la población gana menos de dos dólares la hora (La Nación, 7/7). Todavía se sienten los estragos del terremoto de 2010: 316.000 muertos (según la parcial cifra oficial), tres ciudades en ruinas, 200.000 familias sin vivienda y fondos de ayuda humanitaria que jamás llegaron a las víctimas. A esto falta sumarle la inaccesibilidad al agua potable, el riesgo de las redes de trata, la inseguridad y las bandas criminales que someten a la población. 

 Moïse fue un agente del gran capital y del imperialismo, que han destruido Haití. La nación antillana necesita una salida de los trabajadores. 

 Álvaro Chust

Canadá: continúa la quema de iglesias tras el hallazgo de restos de cientos de niños indígenas

También derribaron estatuas de las reinas Isabel y Victoria. 

 Miles de manifestantes en distintas ciudades de Canadá reaccionaron con quema de iglesias y derribo de estatuas ante los recientes hallazgos de fosas comunes con cientos de niños indígenas que vivieron en internados católicos en el siglo pasado. Entre mayo y junio de este año fueron encontrados más de 1.000 cadáveres de niños en emplazamientos pertenecientes a la Iglesia Católica y gestionados por el gobierno, y la respuesta popular no se hizo esperar. 

El derribo de las estatuas de las reinas Isabel y Victoria- símbolos de la opresión de los pueblos originarios- se produjo en la fecha de la conmemoración anual del «día de Canadá», el 1 de julio. En la ciudad de Winnipeg, miles de personas movilizaron para honrar a las víctimas de los internados y para mostrar su apoyo a las comunidades indígenas. Otro grupo de manifestantes acudió hasta la sede del Poder Legislativo de Manitoba como parte de su protesta por la muerte de los niños.

 Durante el último año, en movilizaciones en todo el mundo en contra de la discriminación y atropellos de tipo racial se han producido manifestaciones en contra de símbolos del imperialismo, del colonialismo y de la esclavitud. 

 Una política de exterminio 

El sistema de escuelas residenciales formó parte de una política orquestada desde el propio Estado canadiense y desde las entrañas de la clase dominante, cuyo objetivo fue consolidar las relaciones sociales capitalistas en la región sobre la base de la expulsión de los pueblos nativos (Prensa Obrera, 10/6). 

 Si bien aún se desconocen los detalles de las muertes, las especulaciones más fuertes giran en torno a una política de “exterminio” de las comunidades originarias de la zona que tenía como eje el “Sistema Escolar de residencias indígenas” y que se extendió desde 1860 hasta 1998 aproximadamente. Este sistema comprendía 139 internados- escuelas, que estaban administrados por el gobierno y por autoridades eclesiásticas (ídem). Se calcula que entre los años 1869 y 1998, más de 150.000 niños fueron arrancados de sus familias para ser enviados a estas escuelas donde no podían ni siquiera hablar su propia lengua. 

 Para Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, estos hallazgos “reafirman una verdad que conocen desde hace mucho tiempo” y “pidió disculpas”. Los compromisos de investigación por parte del gobierno no han pasado de promesas. Cae sobre sus espaldas la responsabilidad de estos atropellos mancomunados junto a la Iglesia Católica. Por su parte, el Papa Francisco y el Vaticano no han emitido palabra. 

 Vamos por la real separación de las Iglesias y el Estado. 

 Camila Mic

Chile: una Constituyente soberana a partir de la lucha popular

Ante el comienzo de las sesiones de la convención.

 El domingo 4 de julio tuvo lugar la sesión de instalación de la convención constituyente. Asumieron lxs 155 convencionales electxs y fue elegida como presidenta Elisa Loncon, una dirigente mapuche y académica lingüista que llega a la convención por los escaños reservados para los pueblos originarios. Como vicepresidente fue nombrado Jaime Bassa, un abogado que fue candidato por Convergencia social, partido del Frente Amplio. 

 El inicio de las sesiones de la Convención estuvo marcado por las movilizaciones que tuvieron lugar en Santiago principalmente y congregaron a miles de personas. Las convocatorias eran múltiples y, por lo tanto, de distinto carácter pero en todas estuvo presente -y con una centralidad indiscutida- la consigna de “Libertad a lxs presxs políticxs”.

 Se desplegó un fuerte operativo represivo para evitar la llegada de las columnas al lugar donde se llevaba a cabo la sesión inaugural. La represión no tardó en desatarse y un grupo de convencionales solicitó la suspensión de la sesión y el retiro de las fuerzas especiales. Lo cierto es que la acción represiva duró horas y una vez dispersado el grueso de lxs manifestantes comenzó la cacería por las inmediaciones con el resultado de numerosos detenidos. Carros hidrantes, gases lacrimógenos y detenciones fue la respuesta del gobierno a quienes se movilizaron.

 El inicio formal de las sesiones estuvo precedido por un álgido debate sobre el carácter de la convención y, en virtud de ello, sus atribuciones. La conformación del espacio “la vocería de los pueblos”, que se declaró prescindente de los límites impuestos al proceso de reforma constitucional por el “acuerdo por la paz social y la nueva constitución” y llamó a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, generó el rechazo entre los partidos del orden que lo diseñaron con el objetivo de salvar al régimen político que representan. 

 Así, el propio presidente Sebastián Piñera, en ocasión de firmar el decreto de convocatoria a la primera sesión de la convención, no se limitó a ello sino que introdujo en su articulado en forma expresa que la aceptación del cargo de constituyente implica un sometimiento a los límites impuestos por la cocina del gobierno y la oposición al proceso, declarando en esa oportunidad que “no podrá poner término anticipado al período de las autoridades elegidas por votación” y remarcó que “su misión no es gobernar ni legislar”. 

 La convención no puede sesionar con presxs políticxs

 Las movilizaciones que marcaron el inicio de las sesiones de la convención y la respuesta represiva que suscitaron dan cuenta del enorme problema político en que se ha convertido para los partidos patronales, sobre todo los de centroizquierda, la cuestión de la prisión política, que en Chile ha sido una herramienta utilizada por décadas para acallar y perseguir luchadorxs, pero que a partir del 18 de octubre del 2019 se usó de manera generalizada, como dan cuenta los cientos de presxs por salir a manifestarse contra el régimen político.

 Los términos y condiciones planteadas por los 34 convencionales que conformaron originalmente la “vocería de los pueblos”, en particular la exigencia de libertad a las y los presxs políticxs (que aparece como la primera de las 6 condiciones que “han de marcar un quiebre con la continuidad de las violencias de Estado que hemos enfrentado”, según expresa la primera declaración de este espacio) causaron el rechazo, con matices, de todo el arco político. 

 Sin embargo, la contundencia de la primera declaración de la “vocería de los pueblos” en esta dirección se fue diluyendo en las sucesivas reuniones ampliadas que tuvieron lugar por iniciativa de este bloque. En la última participaron 88 convencionales, provenientes de Apruebo Dignidad (PC-FA), PS, Independientes e Independientes No Neutrales.

 La suma de convencionales de los partidos de los 30 años se tradujo en un retroceso en los planteamientos políticos con que la “vocería de los pueblos” se plantara en la escena política semanas atrás. Concretamente, en relación a la libertad de las y los presos políticos, en la última reunión se acordó una “salida política” que consistiría en impulsar la aprobación de la ley de indulto general y que el gobierno retire las querellas por la Ley de Seguridad del Estado y la desmilitarización del territorio mapuche. 

 Es decir, en lugar de tomar en sus manos el tema delegan su resolución al Poder Ejecutivo y Legislativo que está compuesto mayoritariamente por las fuerzas políticas tradicionales, representativas del orden de estos 30 años que han sido responsables y cómplices de la criminalización de la protesta social y del encarcelamiento de los luchadores.

 Alrededor de la libertad de los presos políticos está en juego una pulseada fundamental: lo que está en discusión es cuáles son las atribuciones y el alcance de la constituyente: si va a defender tener un funcionamiento soberano o va a quedar subordinada al actual marco institucional y a los poderes políticos vigentes.

 Plantear que sean las instituciones de la Constitución pinochetista las que tiene que resolver el problema de la prisión política implica que la convención se declara incompetente para resolver esta demanda popular, lo que significa una adaptación al pacto del 15 de noviembre. 

 Por su parte, las y los constituyentes electos del PC, en una declaración pública emitida el 24/6, plantean que si las instituciones no reparan “la injusticia” de la prisión política “nos impondrá a las y los constituyentes, el deber ético de propiciar la libertad de todas las y los presos políticos mediante una disposición transitoria en la nueva constitución”. Otra vez, se insta a los poderes responsables de la violación sistemática de los derechos humanos a que resuelvan la libertad, para después plantear una salida que deberá superar los dos tercios de los votos para materializarse. Pero el nivel de demagogia se hace patente al considerar que legisladores del PC votaron, el mismo día de emitida la declaración de sus convencionales, a favor de la prórroga del estado de excepción solicitada por el gobierno, otorgándole la herramienta represiva por excelencia al criminal de Piñera. 

 La inmediata libertad de las y los presxs políticxs no va a venir de la mano de acuerdos y compromisos con los actuales poderes del Estado y sus representantes políticos. No se nos puede escapar que ese obstáculo está presente en la propia Constituyente. Si bien la derecha no reúne el tercio necesario para bloquear lo que se decida, es necesario tener presente la existencia de los convencionales de la vieja concertación, de modo tal que, sumados ambos bloques, pueden obstaculizar sus resoluciones. Está claro que la remoción de ese escollo es un requisito para imponer cualquier reclamo popular. Ni qué hablar si lo que está en juego es poner fin al actual orden social y político vigente y abrir paso a las transformaciones sociales que el pueblo anhela y necesita. Se trata de una batalla política que debe ser acompañada y sostenida por una irrupción popular. No se trata de una acción confinada al ámbito parlamentario sino que reclama la movilización popular y la iniciativa callejera, multitudinaria, capaz de desafiar y derrotar a los poderes del Estado y la clase capitalista. 

 Necesitamos romper con los límites impuestos por la cocina de los partidos del orden y que se abra paso una constituyente soberana, con poder para dar respuestas a las reivindicaciones urgentes del pueblo trabajador. 

 Fuera Piñera. Abajo el Estado represor. Por una verdadera Constituyente, soberana y con poder. 

 Olga Aguirre desde Chile

A 100 años. Los Arditi del Popolo: ¿quiénes fueron los primeros antifascistas?

Aunque fue una experiencia corta y limitada los Arditi del Popolo lograron frenar y derrotar en varias ciudades italianas los ataques fascistas, siendo el caso más importante la Batalla de Parma. Una historia borrada de la clase trabajadora que vale la pena conocer. 

 Los Arditi del Popolo suelen pasar desapercibidos en los estudios históricos, sin embargo, su historia es muy importante porque fueron los primeros antifascistas en la Italia de los años 20 y porque fueron una experiencia de defensa de la clase trabajadora.

 En agosto de 1922 se produjeron los hechos conocidos como la Batalla de Parma. Un enfrentamiento entre fascistas y antifascistas que involucró la participación de miles de personas en las calles de esta ciudad del norte de Italia y que terminó con la huida desordenada de los primeros. 

 Todo comenzó en la madrugada del 2 de agosto, cuando 15.000 fascistas o “camisas negras” de distintas partes del país llegaron en camiones a Parma para reventar una huelga general. Un día antes, la policía y los funcionarios habían abandonado comisarías y oficinas para dar vía libre al ataque. Las escuadras fascistas financiadas por industrialistas y terratenientes de la zona, estaban al mando de Ítalo Balbo, uno de los jefes principales del Partido Fascista. Pretendían dejar un mensaje aleccionador y no era la primera vez. Esos meses habían estado marcados por la violencia fascistas contra huelgas y movilizaciones, contra locales partidarios de izquierda y medios de prensa. Solían llamar a este tipo de acciones como “expediciones punitivas”, trasladándose de región en región en grandes grupos armados con enorme libertad de acción y particular saña contra los comunistas y “bolches”. 

 El plan era atacar y saquear Oltretorrente, el barrio obrero ubicado en la zona más alta y más pobre de la ciudad, epicentro de la huelga. Pero los fascistas no esperaban encontrarse con una resistencia organizada por miles de trabajadores y trabajadoras, niños, ancianos, vecinos y comerciantes bajo las órdenes del Comando regional de los Arditi del Popolo, una organización política/militar con fuerte protagonismo de la clase trabajadora que había cobrado fuerza en gran parte de Italia y que en Parma tenía como dirigente a Guido Picelli, diputado del Partido Socialista (y más tarde miembro del Partido Comunista). 

 Trabajadores bajo la dirección de los arditi cavaron trincheras, levantaron barricadas con vagones, autos, bancos y madera; y alambrados por doquier (1). Formaron treinta y dos cuadrillas armadas destinadas a enfrentamientos físicos, de entre 8 y 10 personas, distribuidas en las cuatro zonas en las que dividió la resistencia en la ciudad, todas comandadas por arditi. Los campanarios de las iglesias fueron usados como torres de vigilancia. Plazas y carreteras bloqueadas y se colocaron minas. Se dividieron las tareas de defensa y organización interna, suministros y salud. Todos y todas estaban bajo disciplina militar. Los comerciantes y sectores de clase media proporcionaron alimentos, apoyando la lucha antifascista. 

 El quinto día el Ejército ingresó y pidió a los trabajadores que abandonen las armas pero fue rechazado. Y el sexto día llegaron noticias en las primeras horas que los fascistas lanzarían un gran ataque. 

 Si los hombres de Ítalo Balbo lograban entrar a Oltretorrente, las órdenes eran combatir calle por calle, casa por casa; por eso las mujeres eran abastecidas con aceite y gasolina para hacer explosivos, fabricaron cuchillos y dagas. La disposición de los francotiradores trabajadores, apostados en los techos, impidió el avance fascista hasta que terminaron abortando la misión. Luego de seis días de enfrentamientos, locales partidarios y oficinas de partidos de izquierda incendiados y con la ciudad bloqueada, las escuadras fascistas salieron despavoridas y desorganizadas de la ciudad. También huyeron de sus casas los terratenientes locales por miedo a represalias dado que estaban entre los organizadores y financistas del ataque. Las bajas fascitas fueron 39 muertos y 150 heridos mientras que del lado antifascista fueron 5 muertos y varios heridos.

 Las masas de Parma festejaron en las calles el triunfo y las banderas rojas colgaban de los balcones en los barrios obreros. Años más tarde el dirigente arditi Guido Picelli dijo recordando los hechos que “Una de las reglas generales de la guerra, y por tanto de la lucha callejera, es nunca dejar la iniciativa a tu enemigo. Y en una situación en la que descubras sus intenciones y el plan de ataque debes frustrarlos, atacando antes, obligándolos a cambiar toda su estrategia mediante una acción determinada e inesperada”. 

 Con la huida de los grupos fachos, el Ejército ingresó y declaró el Estado de sitio. Los combatientes locales depusieron las armas porque, según Picelli, no estaban en condiciones materiales de enfrentarlo, porque se habrían quedado sin armas. Así finalizaba una de las experiencias de defensa, o mejor dicho de autodefensa obrera, más importantes del período para la clase trabajadora italiana; aunque no había sido la única, también hubo en Roma, Viterbo, Bari, Sarzana, entre otras ciudades.

 Sin duda la experiencia de los Arditi del Popolo es importante porque es parte de la historia de la clase trabajadora que ha permanecido oculta, o mejor dicho borrada, con fines claros: evitar mostrar la capacidad y enorme potencialidad que puede tener para enfrentar los peores elementos de la reacción capitalista y de la contrarrevolución. La organización, la disciplina se combinaron con el factor moral, es decir, la voluntad de las masas de no rehuir el combate sino por el contrario hacerle frente. 

 Más allá de su accionar y del golpe que fue para el fascismo, no pudo detener el ritmo de los acontecimientos y dos meses después de la Batalla de Parma, en octubre de 1922, el partido de Mussolini se apoderaba del poder político nacional, mientras que los arditi fueron perdiendo fuerza y miembros. 

 Lo que viene a continuación tiene el fin de reflexionar sobre el rol que jugaron los Arditi del Popolo en estos años, como destacamentos o milicias antifascistas con protagonismo obrero. ¿Qué perspectiva y límites tuvo? ¿Cómo surgió y qué rol jugó el Partido Comunista en sus filas? ¿por qué es importante rescatarlos del olvido? 

 Su aparición fue en Roma entre junio y julio del año 1921, un año antes de los hechos de Parma, de la mano del militante anarquista Argo Secondari. Su función sería la de enfrentar manu militari, es decir con la fuerza de las armas, a las escuadras fascistas. Sobre todo en sus inicios participaron en su formación y composición trabajadores -muchos ex combatientes- y militantes anarquistas, socialistas y comunistas; estos últimos dos por fuera de la orientación de sus partidos. 

 Su aparición pública fue en una marcha antifascista en Roma el 6 de julio que reunió a decenas de miles de personas y desfilaron alrededor de 2000 miembros de los “Arditi del Popolo”, una marcha que atrajo hasta la atención de Lenin que planteó que era uno de los hechos más importantes del momento. Rápidamente la organización fue extendiéndose por la mayoría de las ciudades de Italia, con presencia en el norte industrial pero también en el centro y sur agrícola. Para Secondari llegó a alcanzar los 20.000 miembros. Los arditi con conocimientos en el campo de batalla entrenaban a sus nuevos compañeros de armas. 

 Lo interesante fue su determinante composición obrera. En su mayoría eran trabajadores de sectores estratégicos de la economía italiana como la construcción, los telégrafos, metalúrgicos, del campo y sobre todo ferroviarios que a su vez organizaron a un importante sector juvenil. Incluso la expansión de los Arditi antifascistas se produce a lo largo de las líneas de los ferrocarriles y carreteras que salen de Roma hacia el norte y centro del país (2).

 ¿Cómo surgieron los Arditi del Popolo? 

Los antecedentes hay que buscarlos en la Primera Guerra Mundial, cuando en 1917 se crearon nuevas unidades especiales militares de asalto llamadas “arditi” o audaces. Eran rápidas, sorpresivas y estaban entrenadas para diferentes combates y atacar con rapidez y decisión los destacamentos enemigos en medio de la noche. Como grupo de élite tuvieron ciertos privilegios como ropa o raciones de comida con respecto al resto de las tropas. pero cuando finalizó la guerra formaron parte de los millones de ex combatientes que debieron reinsertarse en la vida civil con muchas dificultades y en medio de un importante índice de desocupación.

 En un sector muy importante de los arditi caló profundo las ideas de Mussolini como el voluntarismo, frustración y patriotismo, sentimientos de pertenencia a un grupo “especial” y anti neutralismo, es decir, opuestos a las posiciones que tuvieron el Partido Socialista y también un sector del anarquismo de rechazar y no intervenir en la guerra. Muchos de ellos formaron parte de los comandos o escuadras fascista. Sin embargo, un sector tomó conciencia de que estaban siendo utilizados como grupos de choque de los capitalistas y poderosos del campo y la ciudad, y marcaron un importante límite de clase.

 Esto se vio en 1919. Ese año comenzó el Bienio Rojo, una rebelión del movimiento obrero italiano que se inspiró en la Revolución rusa y que respondía a las pésimas condiciones económicas y sociales en las que había quedado el país luego de la guerra. Fueron huelgas largas y duras por aumentos salariales, se crearon comisiones internas y consejos de fábrica que eran organismos de base, anti burocráticos, con enorme capacidad de movilización y convocatoria. 

 En 1920 la conflictividad y la violencia aumentó. Se tomaron masivamente fábricas, minas y grandes propiedades agrarias y hasta se armaron las “Guardias rojas” destinadas a custodiar los establecimientos, pero la reacción del gobierno y la patronal involucrando a las fuerzas militares, y el rol conciliador que tomó el Partido Socialista en ese momento que concentró sus tareas en el Parlamento, hicieron que semejante fuerza pierda la oportunidad de luchar por el poder. 

 Fue en estos años de dura lucha de clases que la burguesía vio con buenos ojos la creación de las escuadras fascistas de Mussolini. Quién explica más sencillamente el avance de estas fuerzas fue León trotsky: 

 “Había 160 diputados socialistas en el Parlamento. Más de un tercio de los municipios estaban en sus manos; los sectores más importantes de Italia estaban en manos de los socialistas, hegemónicos entre los obreros [...] Sin embargo, la reacción de la pequeña burguesía y de los oficiales desmovilizados, ante esta situación, fue tremenda [...] En ciudades de diez mil habitantes bajo control socialista bastaron treinta hombres organizados para entrar en la ciudad; quemar el ayuntamiento, las casas; fusilar a los líderes e imponer las condiciones de trabajo de los capitalistas. De allí se iban a otro sitio, haciendo lo mismo, una tras otra, en cientos y cientos de ciudades. Sembraron el terror y, realizando estos actos sistemáticamente, destruyeron totalmente los sindicatos, haciéndose los amos de Italia, a pesar de ser una minoría insignificante” (3).

 La primera “expedición punitiva” a gran escala fue en abril de 1919 con el ataque a la redacción del periodico socialista “¡Avanti!” con complicidad civil y militar. El nivel de violencia y los hechos que se venían dando terminaron de decidir al grupo arditi que comenzó a acercarse hacia posiciones más de izquierda y radicales, vinculandose a las milicias y al movimiento del Bienio Rojo; hasta terminar en la conformación de los Arditi del Popolo como milicias antifascistas. 

 Los límites frente al fascismo 

Los “arditi del Popolo” fueron debilitándose en Italia a medida que el fascismo iba cobrando fuerza y poder. Esto se debió a varios factores que es necesario analizar con mayor detenimiento del que hacemos aquí pero sintéticamente el problema fue que no tuvieron ningún horizonte político, por el contrario, se limitaron a la defensa militar frente ataques puntuales del fascismo como ocurrió en la Batalla de Parma. La separación entre la lucha sindical y política y la ausencia de un verdadero partido revolucionario que dirija todo este proceso para darle otra perspectiva, llevó a que se pierda una importante oportunidad. Un ejemplo de esto fue el levantamiento de una huelga general a fines de julio de 1921 por parte de Argo Secondari que terminó en un gran fracaso justamente en un momento donde era clave organizarse y mostrar fuerzas ante el avance del fascismo.

 El Partido Comunista Italiano, que había sido creado en abril de 1921, mostró su sectarismo en un momento en el que la reacción burguesa se desplegaba con todas sus fuerzas a través del fascismo; y era necesario defenderse. Aunque algunos de sus militantes se sumaron a pelear con los “Arditi del Popolo”, no lo hicieron en forma orgánica porque el partido se negó a participar de estas organizaciones, apuntando a crear milicias propias.

 Si bien hicieron algunas acciones en común con los “arditi”, como fue la defensa de la ciudad de Bari, se opusieron a seguir la política de Frente Único impulsada por la Internacional Comunista en su III Congreso. Allí se planteaba hacer un llamado a las organizaciones y partidos obreros de masas para pelear en común frente a la ofensiva capitalista en el plano político, sindical -y también militar- lo que, a su vez, permitía a los trabajadores hacer una experiencia con sus direcciones conciliadoras. 

 Antonio Gramsci, que aún pertenecía a un ala minoritaria dentro del partido, vio con buenos ojos el desarrollo de estos arditi, aunque dejaba en claro su límite. Resaltaba la importancia de crear organizaciones específicas de combate en términos militares pero el problema era que le faltaba proyección política y apuntar sus cañones (o armas) a paralizar los principales engranajes que sostienen el aparato estatal. Es decir, faltaba pasar del plano defensivo al ofensivo.

 Como bien planteó Trotsky, el principal problema del Partido Comunista Italiano fue que “no se daba cuenta de las dimensiones del peligro fascista, se alimentaba de ilusiones revolucionarias, era irreductiblemente hostil a la política de frente único, sufría, en definitiva, todas las enfermedades infantiles. No hay nada de asombroso en ello: solamente tenía dos años. No veía en el fascismo más que la “reacción capitalista”. 

 El Partido Socialista pactó un supuesto “acuerdo de pacificación” con el gobierno y los fascistas que nunca se cumplieron y Mussolini y sus fuerzas marcharon sobre Roma en octubre de 1922 y se hicieron del poder político. 

 Con el triunfo del fascismo el resto de la historia es conocida. Se abrió un período reaccionario -pero también de revoluciones- que se extendió por Europa y terminó en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los Arditi del Popolo y la Batalla de Parma demostraron la enorme capacidad, fuerza y voluntad que pueden tener las masas de defender sus conquistas y luchas contra los peores elementos de la reacción. Incluso los fascistas no volvieron a atacar la ciudad nunca más. Trabajadores y trabajadoras de Parma vieron la necesidad de armarse y enfrentar al fascismo y no sólo eso; organizados y con disciplina lo derrotaron de una manera humillante. 

Claudia Ferri 

@clau.ferriok 

 Viernes 25 de junio | 20:59

 Notas 

 1. Pino Cacucci, Oltretorrente, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano. 

2. Eros Francescángeli, Arditi del Popolo. Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista (1917-1922). 

 3. León Trotsky en "Completar el programa y ponerlo en marcha" en Programa de Transición (pag 268/269), ediciones IPS.

Larrañaga, un representante de la política de mano dura y represión

Murió Jorge Larrañaga. Todo el régimen político, incluido la dirigencia del Frente Amplio, llora su pérdida y elogia la figura del ex ministro del interior; el mismo que en estos últimos años eligió ser el portavoz de los que piden mano dura y represión. ¿Qué representa su figura para los trabajadores y sectores populares?

 El fin de semana se vio sacudido por la inesperada muerte del Ministro del Interior del gobierno de la coalición multicolor, Jorge W. Larrañaga. 

 Originario de Paysandú desde joven participó en política, siempre en el Partido Nacional, donde era el líder del sector Alianza Nacional desde 1999. 

 Edil en su departamento desde el año 85; a los 32 años fue electo Intendente y reelegido para el siguiente periodo. 

 Posteriormente en el año 2000 fue electo Senador, cargo para el que volvió a ser reelegido por 3 periodos consecutivos más. Busco acceder a la presidencia del país desde 1999 de manera ininterrumpida pero nunca pudo lograr su propósito, siendo derrotado por el Frente Amplio o por el herrerismo de los Lacalle (padre e hijo). 

 Su accionar político 

 Su trayectoria política se desarrolló desde poco antes del retorno de la democracia hasta el presente; es decir que atravesó casi 40 años de la vida política del país. 

 Habiendo sido cercano a los sectores del Partido Nacional que se definían como más “progresistas” dentro de su partido (el wilsonismo) sus últimos años lo vieron militar fervientemente por el punitivismo, la represión y la mano dura. 

 Negando y desconociendo los vínculos entre la delincuencia y las problemáticas sociales producto de este injusto sistema económico; Larrañaga se convirtió en un ferviente perseguidor de “la delincuencia” y el “narcotráfico”. Obviamente en su definición de delincuencia solo entraban los pobres y excluidos, hizo sistemáticamente la vista gorda frente a los ladrones de guante blanco y a la violencia estructural de este sistema social; y jamás se metió con los sectores poderosos que están detrás del narcotráfico. Su obsesión parecía ser las “bocas” de los barrios que son el último eslabón de una larga cadena que comienza por el poder y está siempre en connivencia con sectores corruptos de las fuerzas represivas.

 Su campaña “Vivir sin miedo” y sus acciones como ministro del Interior fueron los puntos culminantes de esta perspectiva punitivista. 

 La iniciativa de reforma de la Constitución que impulsó el ex ministro incluía la creación de una Guardia Nacional militar con efectivos de las Fuerzas Armadas, la prohibición de la libertad anticipada para determinados delitos, la inclusión de la cadena perpetua y la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos. Todo un decálogo de medidas represivas que ponían el foco en el castigo, el autoritarismo y el mayor control estatal; y que profundizaban el enfoque que todo el sistema político venía sosteniendo desde hace décadas sobre la temática de la “seguridad nacional” . 

 A pesar que la propuesta fue rechazada, al asumir como Ministro impulsó esta misma perspectiva en su mandato. La Ley de Urgente Consideración fue el paraguas legal desde el cual se intentó nuevamente avanzar en la mano dura, dejando vía libre para el gatillo fácil y un accionar policial sin controles. Sus apariciones públicas y su gestión terminaban siempre remarcando este enfoque; proponiendo mayor intervención policial, más equipamiento para las fuerzas represivas, el hostigamiento a la juventud pobre, los operativos, la persecución y el ensañamiento hacia los excluidos de este sistema social. 

 Una casta política al servicio de este régimen social 

 El fallecimiento del ex ministro del interior generó una importante repercusión en la clase política del país. Referentes de todos los partidos prodigaron toda clase de elogios y muestras de pesar y congoja por la muerte del líder nacionalista 

 Nadie pone en duda que Larrañaga dedicó su vida a la defensa y consolidación de este injusto y podrido régimen social. Su compromiso fue con la clase social que está en el poder de este país desde siempre y a ella le dio todos sus servicios. 

 En este sentido fue un fiel representante de la casta política que gobierna el Uruguay y que no distingue entre blancos ni colorados ni cabildantes y a la que lamentablemente también se le ha sumado la dirigencia del Frente Amplio. 

 Alcanza con ver las declaraciones de referentes frenteamplistas, que se llenan la boca de elogios, que dicen que es un día duro para la República (Orsi) o que es una pérdida para el país y para todo el sistema político (Mujica).

 Dirigentes del PIT-CNT se han sumado también a esta postura y ahora resulta que un integrante central de este gobierno antiobrero y antipopular se convierte en un “profundo demócrata” y “ un buen tipo”. La dirigencia frenteamplista está tan integrada a este régimen y se siente tan parte de esta casta política que gobierna el país que parece olvidarse de los intereses que defendía Larrañaga. 

 Por el contrario podemos preguntarnos que significó su figura para los trabajadores, los pobres y los excluidos.

 Que pensará de él la juventud pobre que sufre en carne propia la prepotencia policial, que es hostigada sistemáticamente por una policía que con este ministro se sentía a sus anchas para mostrar su faceta más represiva y autoritaria. 

 Este gobierno multicolor que viene profundizando la degradación de las condiciones de vida de las mayorías, precarizando trabajos, recortando derechos, disminuyendo las políticas sociales tiene en el Ministerio del Interior al garante de la tranquilidad interna, el encargado de evitar la protesta social y de mantener el control social. Al frente de este Ministerio es que estuvo Larrañaga, declarado partidario de la mano dura y la represión. 

 Las clases dominantes, y sus representantes políticos, rinden homenaje a su figura e intentan construir un símbolo de unidad nacional. 

 Los trabajadores no podemos olvidar que el accionar político de Larrañaga estuvo al servicio de intereses opuestos a nuestra clase. 

 La Izquierda Diario Uruguay 

 Martes 25 de mayo | 22:13

Derriban estatua de Isabel II en Canadá tras hallazgo masivo de tumbas de niños indígenas

Canadá conmemoró este jueves el aniversario de su fundación sin nada para festejar. El reciente hallazgo de más de 1.000 tumbas de niños indígenas sin identificar en terrenos de antiguos internados gubernamentales desató la bronca. Manifestantes derribaron las estatuas de la reina Isabel II y la reina Victoria, símbolo de la colonización. 

 Canadá conmemoró este jueves su fiesta nacional, que marca la fecha oficial de fundación del país el 1 de julio de 1867. Sin embargo no había nada que festejar. El aniversario tiene lugar en medio del descubrimiento en las últimas semanas de más de 1.000 tumbas de niños indígenas sin identificar en terrenos de antiguos internados gubernamentales. 

 Durante la jornada de este jueves fueron derribadas las estatuas de la reina Isabel II y la reina Victoria en Winnipeg.

 Los manifestantes ataron cuerdas al cuello de las estatuas y las tiraron al suelo en medio de gritos y cantos de “no al genocidio”. La indignación ha ido creciendo en el país por el descubrimiento de cientos de tumbas clandestinas pertenecientes a habitantes de los pueblos originarios. Hace unos días esa bronca terminó en la quema de iglesias, las responsables de administrar esas escuelas de "reeducación" de niños indígenas en el pasado, en las que fueron asesinados de a cientos de esos niños y enterrados en tumbas sin identificar.

 Desde que a finales de mayo los tk’emlúps te secwépemc, un grupo indígena del oeste de Canadá, revelaron el hallazgo de los restos de al menos 215 niños indígenas enterrados en la antigua residencia escolar de Kamloops, un creciente número de voces había solicitado la cancelación de las celebraciones del Día de Canadá. 

 El anuncio de otros dos grupos indígenas del descubrimiento de más tumbas no identificadas en otras tantas residencias escolares, instituciones gubernamentales gestionados por órdenes religiosas en los que los niños aborígenes eran internados a la fuerza, ha hecho que muchos más se cuestionen la validez de conmemorar la fundación de Canadá. 

 Al menos 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias para asistir a las escuelas durante un siglo como parte de la campaña del gobierno canadiense de "reeducación", la forma más brutal de colonización. 

 A principios del siglo XX, la política de asimilación forzosa de niños indígenas se mantuvo vigente durante décadas, y la última escuela cerró en 1996. El sistema ha sido acusado de privar a los niños de sus lenguas ancestrales y exponer a muchos a abusos físicos y sexuales por parte de maestros y autoridades religiosas. 

 El hallazgo más importante de tumbas, 751 cuerpos sin identificar, se realizó en los terrenos de la antigua residencia escolar de Marievel, un internado situado a unos 2.500 kilómetros al noroeste de Toronto y que operó entre 1899 y 1996.

 A Marievel fueron enviados miles de niños indígenas. Allí sufrieron todo tipo de abusos físicos, emocionales y sexuales como parte del sistema de "reeducación" para eliminar la cultura indígena. Como el internado de Kamloops, Marievel estuvo gestionado por los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, una orden católica.

 Este jueves el primer ministro canadiense Justin Trudeau señaló en un comunicado que "el horroroso descubrimiento de los restos de centenares de niños en antiguas residencias escolares de Columbia Británica y Saskatchewan nos ha obligado a reflexionar con toda justeza sobre los fallos históricos de nuestro país y las injusticias que todavía se cometen contra los indígenas y muchos otros en Canadá". 

 Sin embargo, esa sola reflexión no parece suficiente. El hecho de que esas escuelas hayan seguido existiendo hasta hace solo unas décadas tiene que ver con el brutal racismo contra los pueblo originarios que existe en Canadá. Sus propios testimonios señalan cómo la mayoría de los niños eran obligados a terminar en ese tipo de escuelas e internados al ser expulsados del sistema educativo regular por el brutal racismo y la discriminación que vivían diariamente. 

 La Izquierda Diario

 Viernes 2 de julio | 12:51

Movilizaciones masivas contra la Autoridad Palestina

Cada vez más desacreditada ante la población. 

 El asesinato de un dirigente opositor por parte de las fuerzas de seguridad ha desatado importantes movilizaciones en Cisjordania. Nizar Banat fue detenido el 24 de junio y golpeado en la cabeza y en el cuerpo con barras de hierro, lo que le provocó la muerte.

 Banat había roto con Fatah, el partido del líder de la Autoridad Palestina (AP), Mohammed Abbas, y presentado una candidatura propia para las elecciones legislativas convocadas para mayo pasado, que fueron finalmente aplazadas por el gobierno. Desde su cuenta de Facebook, con 100 mil seguidores, denunciaba la cooperación en seguridad de la AP con Israel y la corrupción oficial. 

 En las movilizaciones contra el crimen, en que resonaron los cantos de “Fuera Abbas” y “abajo el régimen”, hubo represión. Policías de civil y fuerzas de choque de Fatah cargaron contra manifestantes y periodistas. Peor aún, el gobierno habría presentado un pedido de compra de armamento a Israel para pertrechar sus fuerzas policiales y enfrentar las protestas (Middle East Eye, 30/6). Las fuerzas de seguridad de la AP están acusadas de maltrato sistemático a detenidos políticos, según el director de Human Rights Watch para Israel y Palestina (El País, 2/7). 

 El gobierno de Abbas es rechazado abrumadoramente por la población palestina. De acuerdo a una encuesta del Centro de Investigaciones Políticas y Sondeos, solo el 14% lo respalda. Las últimas movilizaciones ante los bombardeos contra Gaza y los desalojos de familias palestinas en Jerusalén Este mostraron una nueva generación que rechaza tanto la ocupación sionista como el liderazgo de Fatah. 

 El gobierno no ha realizado elecciones desde 2006. Las legislativas de mayo y presidenciales de julio fueron aplazadas con el argumento de que Israel prohibió su realización en Jerusalén Este, pero es indudable que en la decisión opera también la consideración de la propia debilidad oficial. 

 Fatah viene sufriendo desprendimientos que lo desafían. Marwan Barguti, uno de los referentes de la segunda intifada (2000), anudó un acuerdo con Naser al Kidwa, sobrino de Yasser Arafat (fundador de la OLP), quien fue expulsado de Fatah recientemente y promovía un armado electoral propio. Barguti, que goza de popularidad, fue condenado a cadena perpetua por Israel y en 2017 lideró una huelga de hambre de 1.500 presos. También presentó una lista propia Mohamed Dahlan, quien rompió con Fatah hace más de una década. Este cuenta con un prontuario: está acusado de cooperar con la CIA y los servicios secretos israelíes, además de la persecución contra militantes de Hamas. 

 El desprestigio de Abbas y las rupturas de Fatah favorecen a la organización islámica, que según los sondeos aludidos ganaría las elecciones en caso de que se realizaran hoy. Hay quienes señalan que el grupo que gobierna la Franja de Gaza desde 2007 se ha valorizado ante la población con la resistencia a los últimos bombardeos, pero también están los que afirman que no sale indemne del cuestionamiento de la nueva generación de luchadores.

 Aproximaciones

 Egipto está mediando actualmente entre las dos facciones palestinas. Los enviados de Abbas proponen la formación de un gobierno de unidad apañado por el llamado Cuarteto Internacional (Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, ONU), que incluya el reconocimiento del Estado de Israel. La guinda para atraer a Hamas sería asociarlo a un plan de reconstrucción del enclave, diezmado por los bombardeos y el bloqueo económico sionista. La propuesta, hasta ahora, ha sido rechazada por la organización islámica (Arab Weekly, 19/6). 

 Joe Biden, el presidente norteamericano, fue uno de los que planteó esta reconstrucción de Gaza, luego de haber apañado los bombardeos sionistas, si bien dijo que Hamas debía ser excluida del plan. El líder estadounidense impulsa un restablecimiento de las negociaciones entre Israel y la AP, congeladas desde 2014. Según versiones periodísticas, la AP formó ya un equipo negociador, lo que fue criticado por el grupo islámico y otras formaciones políticas (Frente Democrático, Frente Popular). 

 Biden sale al rescate de la Autoridad Palestina, ante su desprestigio creciente, a la vez que busca recuperar la influencia perdida en la región. Pero se encuentra ante un campo minado, no solo por un pueblo que no acepta una repetición farsesca de los acuerdos de Oslo, sino por la propia dinámica colonizadora del sionismo. En estos días, el Ejército demolió una carnicería en Silwan, para allanar el camino a los colonos. En Eviatar, Cisjordania, la justicia instiga a las familias a tirar abajo sus propias viviendas, bajo amenaza de intervenir con la fuerza. En ambos casos, el pueblo resiste. Por último, el sionismo volvió a bombardear hoy por tercera vez la Franja de Gaza desde la tregua sellada en mayo. No hay salida para la región con el sionismo y el colaboracionismo de la AP. Es necesaria una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente. 

 Gustavo Montenegro

El desafío de China al orden mundial

Amazon es cómplice de la ocupación israelí de Palestina y de sus operaciones militares

Piénselo antes de ordenar su compra en línea

 Antes de apretar el botón de “comprar” en Amazon piense un momento en el papel que el gigante del comercio electrónico desempeña en la creación del terror en Palestina 

 En su Prime Day de 2021 [el mayor acontecimiento de ofertas de este gigante digital] Amazon espera superar su previo récord de ventas: 10.400 millones de dólares. Cada vez hay más clientes que se han vuelto críticos del modo en que Amazon trata a sus trabajadores, de su acoso a los sindicatos y su asociación con la policía de inmigración y de aduanas, por lo que algunos han hecho un llamamiento para boicotear estos días de ofertas especiales. Pero lo que tal vez no sepan algunos miembros de Amazon Prime es que la compañía con sede en Seattle también colabora en la ampliación de la ocupación militar israelí.

 Al tiempo que se producían los ataques mortales más recientes de Israel contra la Franja de Gaza y el desplazamiento de residentes palestinos en el barrio de Sheik Jarrah en Jerusalén, Amazon Web Services (AWS) y Google han firmado un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno israelí. El acuerdo, llamado “Project Nimbus” es un proyecto bandera para proporcionar un “ecosistema” de servicios en la nube para el sector público israelí, cuyo principal beneficiario serán sus fuerzas armadas. Ya se ha iniciado la construcción de tres centros de servidores de datos.

 Amazon sostiene que el acuerdo impulsará las start-ups innovadoras y “fomentará el desarrollo económico en todo el país”. Lo que no dice es que un objetivo central del Proyecto Nimbus es la seguridad nacional de Israel. El sistema asegura que los datos “permanecerán dentro de las fronteras israelíes”, según el ministro de finanzas israelí, y pretende aumentar la competencia de las fuerzas armadas en tecnologías de inteligencia artificial, como las empleadas en la represión de los activistas palestinos, la vigilancia a lo largo de la frontera con Gaza y el sistema Cúpula de Hierro de Israel.

 El servicio en la nube de Amazon también ayudará a la expansión de las colonias israelíes aportando información para la Administración de Tierras de Israel (ILA), la agencia del gobierno que administra y asigna tierras del Estado. Según Human Rights Watch la ILA administra de forma discriminatoria las políticas de la tierra que “sostienen el crecimiento y la expansión” de asentamientos predominantemente judíos, mientras concentra a los palestinos en centros con alta densidad de población en “términos totalmente discriminatorios”. 

 Desde la guerra árabe-israelí de 1948 que supuso el establecimiento de Israel, 700.000 palestinos han sido expulsados de sus tierras, en un proceso continuo de desahucios y exilio que los palestinos denominan la Nakba, la catástrofe. 

 Los activistas palestinos consideran que Israel ejecuta su poder no solo por la vía militar, sino también gracias al respaldo internacional de empresas y gobiernos. 

 Amazon abrió sus primeras oficinas en Israel en 2014, el mismo año que este lanzó su ataque brutal contra la Franja de Gaza en la que murieron más de 2.000 gazatíes. Desde entonces Amazon ha expandido sus actividades en Israel y empleará en los próximos años a miles de personas que tendrán que recibir el visto bueno del aparato de seguridad israelí. 

 La asociación con Israel es de doble sentido: desde 2015 el fabricante público aeroespacial y de armamento Israel Aerospace Industries (IAI) ha servido a la flota de aviones de carga de Amazon y en la actualidad presta servicio al 80% de los aviones de Amazon. IAI suministra al ejército israelí y está a la vanguardia de los experimentos con “francotiradores-robot” y drones autónomos desplegados a lo largo de la frontera con Gaza. También ha vendido armamento al ejército de Myanmar después de que este iniciara sus ataques contra la minoría rohinyá. 

 Las compañías tecnológicas estadounidenses llevan años forjando lazos con el sector tecnológico israelí, pero cada vez ponen mayor empeño en lograr contratos lucrativos con el gobierno. Como afirma el grupo activista Trabajadores de Amazon por la Justicia Climática, el Proyecto Nimbus forma parte de un “modelo de militarización” que incluye contratos con el ejército, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cuerpos de policía de EE.UU. Estos contratos han proporcionado importantes beneficios para Amazon. AWS, la principal fuente de beneficios de Amazon, fue responsable del 63% de los beneficios totales de explotación de la compañía el pasado año. A su vez, esos beneficios permiten la expansión de la infraestructura logística de Amazon para sus operaciones globales de comercio electrónico. 

 En 2019 Amazon expandió sus operaciones de comercio electrónico en Israel y ofreció entregas sin gastos de envío para pedidos superiores a 49 dólares. Una investigación del Financial Times descubrió que Amazon ofrecía además entrega gratuita para las colonias israelíes de la Cisjordania ocupada, pero no para los palestinos, a no ser que estos escribieran que su residencia oficial estaba en Israel. 

 Para los grupos defensores de derechos humanos, se trataba de discriminación, pues esta política legitimaba las colonias israelíes y obligaba a los palestinos a identificarse con el Estado ocupante. Cuando se descubrió el escándalo, Amazon se retractó de la iniciativa. 

 Los puestos de control israelíes y las “carreteras del apartheid” de Cisjordania ocupada limitan gravemente el flujo de bienes esenciales en una economía ya muy frágil. Dado el limitado acceso de los palestinos a productos básicos, no debería entenderse esta rectificación del rumbo de Amazon como una rama de olivo. Por el contrario, al cooperar con el aparato de seguridad, las relaciones de Amazon con el gobierno israelí le han permitido acceder a un mercado de consumo cautivo sitiado por los muros y por la exclusión.

 En mayo, el aumento de la preocupación por “el continuo ataque de Israel a los derechos humanos básicos de los palestinos” motivó a cientos de trabajadores de Amazon a firmar una carta en la que solicitaban que la dirección de la compañía reconociera el sufrimiento de los palestinos y estableciera un marco de derechos humanos para sus operaciones comerciales. A pesar de que el movimiento internacional contra Amazon está cobrando cada vez más fuerza, la oposición al Proyecto Nimbus puede verse obstaculizada por las condiciones del contrato con el gobierno israelí, que impiden que Amazon y Google interrumpan sus servicios a causa de la presión del boicot. Esta cláusula muestra que Israel es consciente de que el movimiento por el Boicot, la Desinversión y las Sanciones (BDS) está teniendo mayor influencia en las empresas relacionadas con los asentamientos ilegales. 

 Al tiempo que los 200 millones de miembros de Amazon Prime en todo el mundo se hacen cada vez más dependientes de su servicio de puerta a puerta, es preciso recordar que nuestro consumo tiene relación con el papel de Amazon en la ocupación israelí. Personas de todo el mundo han exigido a sus gobiernos que detengan la cooperación con Israel y que boicoteen a las empresas que invierten en la maquinaria de guerra israelí. Hoy en día, enfrentarse con Amazon, que despide y explota a sus trabajadores en el ámbito interno mientras es cómplice del robo de tierras y de la violencia de los colonos en el ámbito externo, es más necesario que nunca. ¡Boicot, desinversión y sanciones contra Israel! 

 Autores:

 Charmaine Chua es profesor de estudios globales en la Universidad de California en Santa Bárbara. Jake Alimahomed-Wilson es profesor de sociología en la Universidad del Estado de California en Long Beach y coeditor de The Cost of Free-Shipping: Amazon in the Global Economy (Pluto Press, 2020). Spencer Louis Potiker es doctorando en estudios globales en la Universidad de California en Irvine.

 Fuente: https://www.thenation.com/article/economy/amazon-prime-day-israel/ El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a sus autores, a su traductor y a Rebelión como fuente de la traducción

Historia del movimiento obrero Uruguayo

Suecia: dimite el primer ministro, en medio de una aguda crisis política

La bancarrota de la socialdemocracia. 

 En el marco de una fuerte crisis política, renunció en Suecia el premier socialdemócrata Stefan Löfven, luego de que el parlamento aprobara una moción de censura contra su persona. El proceso de negociaciones que se abrió a partir de este suceso, con el fin de encontrar un nuevo jefe de gobierno, tiene hasta el momento un resultado incierto. Su fracaso podría conducir a la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que no ocurre en el país escandinavo desde 1958. 

 El escenario político que se ha configurado en Suecia encuentra su detonante en la propuesta de liberalización de precios de los alquileres para las viviendas de nueva construcción que hiciera el gobierno semanas atrás. Este ha sido uno de los puntos programáticos incluidos en el llamado “Acuerdo de Enero”, que fue firmado en 2019 por los dos partidos de la coalición gubernamental (Socialdemocracia-Partido Verde) y los dos centroderechistas (Partido del Centro y Liberales) para lograr la investidura de Löfven y aislar al ultraderechista Demócratas de Suecia (DS).

 En este cuadro, el Partido de la Izquierda (de pasado stalinista) retiró su apoyo al gobierno, dejándolo en minoría parlamentaria. Los “izquierdistas” no formaban parte del gobierno rojiverde, pero facilitaron en 2019 el encumbramiento del primer ministro absteniéndose en la votación. 

 La coalición rojiverde y las dos formaciones centroderechistas ensayaron un intento de acuerdo con el Partido de la Izquierda, que consistía en que las partes afectadas (las asociaciones de propietarios, inquilinos y de compañías de vivienda pública) negocien una propuesta alternativa, con plazo hasta septiembre. La líder del partido, Nooshi Dadgostar, rechazó la oferta señalando que la única forma de evitar una moción de censura era retirando la reforma de marras. 

 Sin embargo, el impulso a la moción de censura ha terminado en manos de los ultras de DS, la cual ha sido acompañada por el Partido de la Izquierda, y, asimismo, por las otras dos formaciones opositoras, los Conservadores y los Demócratas Cristianos. Estas dos fuerzas, contradictoriamente, son partidarias de la desregulación de los alquileres, pero han aprovechado la ocasión para tumbar al gobierno a sabiendas de que las negociaciones pueden dar luz a un gobierno de carácter conservador.

 La posición del Partido de la Izquierda, a saber, presentarse ante las masas como un defensor del estado de bienestar (sic), es ante todo un encubrimiento de su política de adaptación a la socialdemocracia. Su papel en la arena política nacional ha consistido todo este tiempo en colaborar con los gobiernos socialdemócratas.

 Así las cosas, se ha abierto un periodo de negociaciones que estará atravesado por fuertes disputas políticas. El presidente parlamentario, Andreas Norlen, del Partido Moderado, ha ofrecido a Ulf Kristersson, del mismo partido, la posibilidad de formar un nuevo gobierno en aras de evitar la celebración de elecciones anticipadas. Este podría aliarse con los Democristianos y los ultraderechistas Demócratas Suecos, y todo parece indicar que se anotará el apoyo del Partido Liberal. El Partido del Centro, en cambio, ha advertido que “no respaldará ningún gabinete apoyado por la ultraderecha” (Infobae, 29/6). Por otro lado, la socialdemocracia intentará también constituir una mayoría, apelando a la centroderecha y/o al Partido de la Izquierda y los verdes.

 Si la intención de poner en pie un nuevo gobierno fracasa y se avanza hacia elecciones anticipadas, los comicios nacionales que están pactados para septiembre del próximo año, según la Constitución sueca, no podrán evitarse. Mientras tanto, el gobierno continuará ejerciendo el poder como gobierno interino. 

 Reforma de alquileres

 La crisis habitacional en Suecia ha tomado características brutales, dos tercios de los municipios informan escasez de viviendas y existen listas de espera para alquilar de décadas. El mercado inmobiliario se encuentra regulado por el gobierno desde lo que fue el auge del modelo de bienestar, promovido en los años ochenta por el ex primer ministro Olof Palme. 

Al calor de la especulación capitalista, se ha formado una burbuja inmobiliaria sin precedentes, fundamentalmente en Estocolmo (capital). Las interminables listas de espera, entretanto, han ido pavimentando el camino para la creación de un mercado paralelo con precios mayores. 

 Con la legislación actual, los precios de los alquileres son fijados a través de un acuerdo entre los propietarios y la Asociación Sueca de Inquilinos, donde se toma como referencia el “valor de utilidad”, que se calcula sobre la base de las características de la vivienda y su localización (El Confidencial, 20/6). Si la reforma hubiese prosperado, se permitiría a los propietarios ajustar el precio de las viviendas de acuerdo a la inflación y a la especulación de la tierra, lo que conduciría a un encarecimiento. 

 La Asociación Sueca de Inquilinos ha dicho que si bien la reforma urdida por el gobierno apunta a desregular los precios de las viviendas a construir, esto sería tan solo el puntapié inicial para avanzar hacia una liberalización de alcance general. 

 La falta de viviendas ha llevado a la población a subalquilar, es decir, a tomar en arriendo una habitación al inquilino principal; la alta demanda de esta práctica ha producido una suba de los precios de este tipo de alquileres. 

 Ajuste 

La tentativa del premier sueco constituye un episodio más de la deriva anti obrera de la Socialdemocracia sueca y mundial en su conjunto. La coalición rojiverde ha estado desarrollando una política de fuerte ataque contra las masas, esto es, destrucción de los derechos laborales (reducción de las indemnizaciones, etcétera), recorte del gasto público, despidos, y todo tipo de exenciones impositivas para la burguesía. Además, ha continuado dándole cabida al proceso de privatizaciones que se viene desenvolviendo a todo vapor desde la década de 1990. El resultado de esta política se ilustra de forma cristalina, por ejemplo, en la tasa de desempleo concerniente a este último periodo, que ha asumido niveles que no tienen parangón alguno; en mayo de 2020, esta era de un 8,6 por ciento, y alcanzaba un 28 por ciento en los jóvenes de entre 16 y 24 años.

 El desmantelamiento del “estado de bienestar” pegó un salto cualitativo en los noventa tras el impacto de la crisis bancaria y la recesión, con su desenlace en un rescate del capital bancario por parte del Estado. La integración de Suecia a la Unión Europea, asimismo, ha reforzado las políticas de austeridad. A su vez, la economía nacional ha venido teniendo como uno de sus principales motores a la industria armamentística, terreno en el cual Suecia se ha convertido en el tercer exportador de armas per cápita del mundo, luego de Israel y Rusia. Desde su lugar como miembro de la OTAN, ha suministrado de pertrechos militares a todo tipo de regímenes represivos y reaccionarios, entre ellos Arabia Saudita, Tailandia o Egipto. 

 La orientación del gobierno para afrontar la pandemia de coronavirus, por otro lado, fue desastrosa; Löfven llevó adelante una política de “inmunidad colectiva” que condujo a que, en un país con 10 millones de habitantes, más de un millón de personas se infecten y más de 14.200 fallezcan. Al mismo tiempo, ha sometido a los trabajadores de la salud a un régimen de trabajo precario y con salarios bajísimos.

 Frente a la crisis política abierta y al ajuste del gobierno, los trabajadores deben construir una alternativa propia para que no sean ellos quienes paguen la crisis. 

 Nazareno Kotzev

Se derrumban las acusaciones contra Julián Assange

El medio islandés “Stundin” ha publicado una entrevista realizada al principal testigo en las causas contra Julián Assange, fundador de WikiLeaks, que supone un duro revés a las acusaciones de Obama-Trump-Biden en su contra de Assange, el periodista que filtró datos secretos que revelan toda clase de atropellos y crímenes de los gobiernos imperialistas y las grandes corporaciones.

 El principal ´testigo´ contra Assange, Sigurdur Ingi Thordarson, un joven islandés de 28 años, admitió públicamente que las acusaciones son falsas. 

 Según su relato, el FBI lo habían reclutado luego de presentarse como un “íntimo colaborador” de Assange. Lo cierto es que Thordarson se había ofrecido en 2010 como un colaborador voluntario de WikiLeaks. El vínculo terminó cuando se descubrió que había malversado más de 50 mil dólares de la organización. 

 En sus acusaciones, Thordarson había relatado supuestas instrucciones de Assange para cometer piratería en Islandia. El objetivo, dice Stundin, “fue aparentemente apuntalar y apoyar el cargo de conspiración contra Assange en relación con sus interacciones con Chelsea Manning”. En ese momento, Assange se encontraba residiendo en Islandia y colaborando con algunos parlamentarios de dicho país para adaptar las leyes de libertad de prensa. Ahora Thordarson admite “que Assange nunca le pidió que pirateara o tuviera acceso a grabaciones telefónicas de parlamentarios.” 

 El propio Thordarson les facilitó a los periodistas de Stundin una recopilación de chats de 2010 y 2011, que muestran su relación con WikiLeaks, así como conversaciones con otros hackers. Nada muestra que recibiera órdenes de WikiLeaks. Por el contrario, se revela que Thordarson, para engañar a hackers y periodistas, ´inflaba´ su rol en la organización.

 Thordarson se contactó con el FBI intentando escapar de una investigación interna de WikiLeaks por el robo de 50 mil dólares. La desilusión norteamericana no tardó en llegar, puesto que el islandés ha demostrado pocos conocimientos como hacker. Su prontuario delictivo, sale a la luz ahora, incluye fraude masivo, falsificaciones y robo, e incluso pedofilia. Una evaluación psiquiátrica presentada en los tribunales islandeses señala que Thordarson es un sociópata, “incapaz de arrepentirse” A pesar de haber permanecido un tiempo preso, en 2019 volvió al ruedo criminal de manera intensificada por una inmunidad otorgada por la gestión Trump, siempre bajo el patrón de falsificaciones, fraudes y robos. El descrédito es total. 

 Estados Unidos pierde así una de sus principales argumentos para continuar insistiendo en la extradición de Assange de Reino Unido a Estados Unidos, donde de ser declarado culpable podría enfrentar sentencias por 175 años de prisión. La jueza del Tribunal de Primera Instancia Vanessa Baraitser, había negado su extradición haciendo alusión a motivos humanitarios, pero no desacreditaba la argumentación estadounidense. Las confesiones de Thordarson son un gran golpe a todo el armado contra el fundador de WikiLeaks.

 La lucha por la libertad de Julián Assange cobra nueva fuerza a la luz de este episodio, incluso en el plano judicial. Las acciones políticas para retenerlo en prisión han sido desnudadas como una maniobra política lisa y llana. La defensa de la salud y la vida de Assange debe ser una reivindicación del conjunto de las organizaciones que se reclaman democráticas.

 Joaquín Antúnez 

 01/07/2021

¿Por qué volver a Palabras a los Intelectuales?

Se encuentran los restos de casi 1.000 niños indígenas en internados católicos de Canadá

La repercusión ha sido la quema de 4 iglesias católicas en lo que va de la semana.

 Entre los meses de mayo y junio de este año, Canadá fue sacudido ante la conmoción que produjeron dos hallazgos: una fosa común con los restos de 215 niños en el internado “Kamloops Indian Residential School” en Columbia Británica, (al oeste de Canadá) que se encontraba cerrado desde 1978 y otras 750 tumbas sin identificación en el emplazamiento de otro internado de la iglesia católica en la Residencia Merieval. Las repercusiones por estas horas, es la quema de 4 iglesias católicas en lo que va de la semana; dos en Okanagan y otras dos al sur del país. 

 Si bien aún se desconocen los detalles de las muertes, las especulaciones más fuertes giran en torno a una política de “exterminio” de las comunidades originarias de la zona que tenía como eje el “Sistema Escolar de residencias indígenas” y que se extendió desde 1860 hasta 1998 aproximadamente. Este sistema comprendía 139 internados/ escuelas, que estaban administrados por el gobierno y por autoridades religiosas, particularmente de la Iglesia Católica entre el siglo XIX y XX. Los internados/escuelas cumplían la función de integrar por la fuerza a los jóvenes indígenas. Entre 1869 y 1998, más de 150.000 niños fueron arrancados de sus familias para ser enviados a estas escuelas donde no podían ni siquiera hablar su propia lengua. 

 «Los graves descubrimientos han reavivado el trauma sufrido por unos 150.000 niños amerindios, mestizos e inuit que fueron apartados de sus familias, su lengua y su cultura y reclutados a la fuerza (…). Muchos de ellos fueron sometidos a malos tratos o abusos sexuales y más de 4.000 murieron, según una comisión de investigación que concluyó que Canadá había cometido un «genocidio cultural» (Elmundo.es, 28/6).

 Por el momento, solo el primer ministro Justin Trudeau pidió disculpas en nombre de su país, una mera formalidad, mientras que el Papa y las iglesias se han negado siquiera a pronunciarse.

 Las tropelías cometidas por la iglesia católica no cesan y las estrategias para encubrir o quitarle responsabilidad de los hechos tampoco. Llevan una larga tradición encubriendo los abusos de sus propios miembros a menores de edad, bloqueando el acceso a nuestros derechos, interfiriendo en la educación y en todos los estratos estatales dada su connivencia con los gobiernos.

 Por ello, más que nunca ¡Separación de las Iglesias y el Estado!

 Laura Carboni

Las elecciones iraníes y el futuro del plan nuclear

Las elecciones presidenciales iraníes del 18 de junio arrojaron como ganador a Ebrahim Raisi, presidente del Poder Judicial y miembro del ala conservadora del régimen teocrático. Raisi era el candidato favorito del ayatollah Ali Jameneí. 

 Sin embargo, el dato distintivo fue la abstención, superior al 50%, la más alta en una elección presidencial desde la revolución de 1979. Tomando en cuenta este dato, Raisi ganó con el 62% de los votos emitidos, pero con el respaldo de apenas un tercio del padrón. A su vez, el voto en blanco y nulo rondó el 14% de los emitidos, con lo que quedó en segundo lugar. 

 Es probable que la pandemia haya influido en la baja participación, pero hay otros factores más importantes. Por un lado, la proscripción de candidatos críticos por parte del Consejo de los Guardianes, que motivó el boicot electoral de una porción del ala reformista. Por otro, el malestar ante la corrupción y una situación social crítica: la inflación ronda el 40% anual y el desempleo el 11%, con una tasa mucha más elevada aún en la juventud. 

 De esta manera, se da la contradicción de que el ala conservadora consolida sus posiciones de poder, pero en el marco de un régimen más cuestionado por las masas. Vale recordar que en noviembre de 2019, el anuncio oficial de un aumento en los combustibles desató enormes movilizaciones populares, en el curso de las cuales las fuerzas represivas asesinaron a más de cien manifestantes. El nuevo presidente está acusado de ordenar arrestos masivos y de garantizar la impunidad de los asesinos.

 Raisi sucederá en el cargo a Hassan Rohaní, una figura calificada como “moderada”, que no pudo competir esta vez porque ya ocupó el lugar en dos ocasiones consecutivas. Los conservadores habían ganado a su vez la mayoría de las bancas en juego en las elecciones legislativas de febrero de 2020, aunque en el marco de una abstención aún superior. 

 Los reformistas, como ya indicamos, se dividieron. Mientras que un sector promovió la abstención o el voto en blanco, otro se inclinó -ante el veto de sus candidatos- por apoyar la candidatura del exgobernador del Banco Central Abdolnasser Hemmatí, quien apenas obtuvo el 8,5% de los votos. Hemmatí era el único candidato que no pertenecía a la facción conservadora. 

 El acuerdo nuclear 

La consolidación del ala más dura del régimen parece una respuesta al abandono del acuerdo nuclear por parte de Donald Trump, quien reimpuso las sanciones económicas contra la nación persa. Además de bloquear las exportaciones petroleras, EE.UU. castiga a los bancos que hacen transacciones con Irán.

 El gobierno de Joe Biden, como es sabido, expresó su disposición a retomar el acuerdo y ya hay negociaciones abiertas en Viena. Ocurre que, si bien la reintroducción de las penalidades golpearon a la economía persa, la decisión de Trump llevó al régimen iraní a profundizar sus vínculos con China y Rusia, reforzando la influencia de estos en la zona. Cabe agregar aquí que los gobiernos europeos, también defensores de los compromisos de 2015, perdieron grandes negocios como resultado del portazo del magnate yanqui. 

 Como parte del intento por recuperar la influencia perdida en el Medio Oriente, Biden apuesta además a mediar entre Israel y la Autoridad Palestina, tras el fracaso del “acuerdo del siglo” de Trump-Netanyahu, un tema que hemos abordado en un artículo específico. 

 Raisi, el nuevo presidente iraní, se ha mostrado proclive en su primera conferencia de prensa a avanzar en el diálogo. Pero, según los trascendidos periodísticos, lo que está trabando la negociación es que los norteamericanos sólo se muestran dispuestos a un levantamiento temporal de las sanciones. Y, al mismo tiempo, estos quieren que Irán se comprometa no sólo a frenar el plan nuclear, sino a abrir conversaciones sobre su programa misilístico y su apoyo a organizaciones como Hezbollah. Irán es un jugador de peso en el tablero regional, con influencia en Siria, Líbano e Irak.

 El establecimiento de un acuerdo parece posible, pero aún preñado de obstáculos. Entre los problemas adicionales que enfrenta Biden está el rechazo a los acuerdos de 2015 por parte de sus aliados en la región, Israel y Arabia Saudita. Y, claro, la agitación contraria del trumpismo.

 Fuera el imperialismo

 Los ataques contra Irán en los últimos años por parte de EE.UU. no han sido solamente económicos, como lo mostraron el asesinato del general Qasem Soleimani y las provocaciones navales en el Golfo Pérsico. Washington tiene desplegados decenas de miles de soldados en sus bases militares en la región. Es necesario reclamar el retiro sin condiciones de las sanciones económicas contra Irán y luchar por la expulsión del imperialismo del Medio Oriente.

 En cuanto al régimen teocrático, es precisa la organización e irrupción independiente de los trabajadores para derrotarlo. 

 Gustavo Montenegro