La historia de Soberana 01, el primer candidato de vacuna cubana contra la COVID-19

Testimonios y sentimientos de los creadores de #Soberana, el candidato vacunal contra la pandemia que enorgullece a toda #Cuba.
Un audiovisual realizado por la periodista Gisela García Rivero.

Manini Ríos y su negacionismo de los derechos humanos

La nueva cruzada insignia de Manini es su proyecto de ley para derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad, para reinstalar la impunidad de los criminales de lesa humanidad de la dictadura. Embanderado en un discurso soberanista y negador de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad

El procesamiento y en algunos casos la condena, de criminales de lesa humanidad durante la última dictadura, motivó al ala más reaccionaria del régimen uruguayo con Manini Ríos a la cabeza, a desplegar una nueva ofensiva a favor de la impunidad.
El Senador de Cabildo Abierto primero se reunió con Lacalle Pou, y posteriormente informó sobre el contenido de la conversación con el presidente. En particular confirmó que le hizo el planteo para la derogación de la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. De forma de que vuelva a quedar vigente nuevamente el contenido de impunidad de la mencionada Ley de Caducidad.

Cinismo y mentiras

En declaraciones textuales Manini Ríos reiteró todas las falacias reaccionarias en torno a este tema. Desde decir que “seguir encarcelando gente con dudosos testimonios, con dudosas pruebas y probadamente falsas, le hace mal al estado de derecho y creo que no es propio de un país como Uruguay” y agregando además que los magistrados actuantes cometen el delito de prevaricación (o sea que las decisiones que toman serían arbitrarias). Hasta repetir la perorata acerca de los dos pronunciamientos electorales que mantuvieron la citada ley, sin olvidarse tampoco de la frase bandera de la impunidad: “hay que dar vuelta la página”.
Manini, que fue un oficial activo del Ejército durante la dictadura cívico militar, para defender a sus camaradas genocidas se respalda en la pura mentira acusatoria, pero sabemos que la mentira es una característica de Manini, como cuando les mintió a los familiares de desaparecidos.
Como si las pruebas del accionar represivo sistemático de la dictadura no fuera de público conocimiento (con innumerables publicaciones documentales y fallos judiciales históricos) y ratificado por el testimonio detallado de víctimas y testigo de estos delitos de lesa humanidad. El dedo acusatorio de Manini no es más que demagogia que no presenta ni una sola prueba, ni contra los procesos judiciales llevados a cabo, ni contra los magistrados responsables, lo que también convierte la acusación de Manini en una difamación contra esos funcionarios.
Habla sin vergüenza de la violación del estado de derecho, cuando pide la restauración de una ley que se caracterizó por violar el mismo estado de derecho que ahora dice defender, estableciendo el privilegio de impunidad para los represores que también él defiende. Habla de violación del estado de derecho para defender a los más grandes violadores del mismo en la historia del país, empezando por el golpe de Estado de 1973.
No hace falta ser un abanderado de la democracia liberal ni del estado de derecho, para entender el cinismo de Manini Ríos que como en todo se pone incluso por encima del mismo como si fuera una autoridad suprema.

Demagogia soberanista para defender el terrorismo de Estado

El centro de sus “argumentos” es apelar al uso de “principios del derecho” como la prescriptibilidad y la agitación de razones soberanistas en contra de la “injerencia” de “intereses foráneos”, apuntando sobre todo contra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman.
Manini y su agrupación de facinerosos niegan con esto que los delitos de Lesa Humanidad, en primer lugar no prescriben y en segundo lugar están consagrados nacional e internacionalmente. Ninguna argumentación rebuscada puede refutar ese hecho, incluso si las imputaciones y condenas son posteriores a la ratificación local, los delitos de lesa humanidad rigen desde hace muchas décadas internacionalmente, aunque Manini y su sector simulen no darse por enterados por ser parte interesada.
También repite el discurso acerca de “los pronunciamientos populares” como si un sector de la población pudiera decidir sobre los derechos humanos del resto sin consecuencias, o el “dar vuelta la página” es la continuación del histórico discurso de la derecha para sostener la impunidad de los genocidas.
Otro “argumento” que intenta imponer es el mito de la “persecución” a “inocentes”, negando las pruebas de la justicia e intentando revivir el discurso de los “excesos” de algunos elementos como Gavazzo, para relativizar las razones de la dictadura cívico militar y el real contenido sistemático del terrorismo de Estado en el marco del Plan Cóndor.
Las razones de Manini para la reactivación de esta agitación nostálgica no solo pasan por la defensa corporativa de sus camaradas de la casta militar. También buscan justificar el terrorismo de Estado durante la dictadura, al presentar los hechos históricos como accidentales y “manipulados”, negando el componente sistemático de la represión genocida.

Los aliados de la impunidad

Aunque no de forma unánime los legisladores del partido de gobierno, encabezados por el herrerismo dejaron la puerta abierta para actuar a favor de la propuesta de Manini. En palabras del jefe de bancada Gustavo Penadés: “Lo vamos a analizar y vamos a pensar en las eventuales salidas. Y sin lugar a dudas trabajaremos sobre la misma senda (…) Margen siempre hay”.
Como si fuera algo incuestionable que el Uruguay se permitiera simplemente pasar por encima de los derechos humanos más básicos, respaldándose en una simple interpretación de los principios jurídicos y de nuevo omitiendo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
Incluso más allá de las posteriores y ambiguas declaraciones presidenciales, Manini se encargó de confirmar que el presidente no le negó su proyecto sino que “Me dio la impresión de que lo iba a estudiar seriamente".
El Partido Nacional ha sido un defensor histórico de la impunidad de los crímenes de la dictadura, no es sorpresa esta confluencia con Manini por parte del herrerismo, que al igual que las alas conservadoras del del Partido Colorado, fueron partícipes y promotores de la misma dictadura.

¿Por qué y a qué vino Manini?

En 2019 Manini Ríos fundó Cabildo Abierto, un partido que reunió a buena parte de las sensibilidades de la derecha “dura” que antes se alojaba en los partidos tradicionales. Con un discurso nacionalista y militarista, Manini en su pasaje a la política partidaria y al asumir su candidatura expresó la necesidad de intervención en política por parte de una fracción de las Fuerzas Armadas y de la familia militar, con un sentido de preservación de los privilegios de casta de los militares y de lo que creen, constituye una persecución contra sus camaradas de armas que tuvieron participación en la última dictadura.
La imagen del general con un discurso artiguista, social, de defensa de los más frágiles, le dio a Manini la posibilidad de acceder a una base votante plebeya, que ve determinadas certezas en su figura paternalista y que puede ser una solución a los pedidos de mano dura, que en los últimos años fue creciendo en la sociedad muchas veces alentado por los medios de comunicación. Manini y Cabildo Abierto vienen a llenar un vacío de representación política, aprovechándose con su discurso demagógico del hartazgo y desencanto que la política tradicional expresada en los partidos blanco y colorado ya no estaba pudiendo contener.
El pasaje entre ser un fenómeno social desde su puesto en las FFAA a ser un fenómeno político, responde a la estrategia que adoptan estas nuevas derechas radicales, que, apelando a máscaras republicanas, acceden a posiciones en los parlamentos y en los estados y, desde allí, imponen temas de su interés en las agendas políticas. Estos fenómenos de la ultraderecha en Europa el historiador italiano Enzo Traverso lo denominó “posfascismos”, en diferenciación de los fascismos tradicionales cuya estrategia se caracterizaba por el golpe de estado como método y la guerra civil contra la izquierda y el movimiento obrero.
Los ataques constantes a la justicia y esta propuesta de restauración de la totalidad de la Ley de Caducidad forman parte de esta línea de conducta de Guido Manini Ríos y de toda su formación política.

Derrotar a la reacción en las calles

Con estos anuncios, el régimen de la impunidad muestra su vigencia y es una advertencia para aquellos distraídos que pensaban que se había derrotado con los pocos tímidos avances de los últimos años. Los mismos que también son responsables del surgimiento de Manini y su grupo, a partir de las décadas de régimen de impunidad, relativización de los crímenes de la dictadura y los mismos discursos de reconciliación que no son un invento de Manini sino tomados de otros “actores” del régimen político.
Este ajuste de cuentas reaccionario hacia el pasado que intenta restaurar totalmente la impunidad e imponer una mitología chovinista contra supuestas “injerencias foráneas” a través de los derechos humanos, Debe ser, como toda acción reaccionaria, respondida y combatida en las calles, de forma contundente por los trabajadores y las fuerzas populares, que son los reales objetos de ataque de esta embestida.

Sebastián Artigas
Martes 18 de agosto | 21:45

Guernica 94

El audiovisual completo de 35 min. sobre la represión del Filtro, Uruguay 1994. Un documental que recopila imágenes y testimonios inéditos de diversas fuentes. Donde se narra paralelamente la historia del Guernica y la lucha del pueblo vasco, y la represión que el Estado uruguayo lanzó contra miles de uruguayos solidarios con el derecho de asilo a refugiados políticos vascos. Con el saldo de 2 muertos y cientos de heridos el gobierno del entonces presidente Luis A. Lacalle desato una represión sin precedentes en plena democracia. Hoy en día cada 24 de agosto se realiza una marcha recordando los hechos y reclamando justicia. Muchos de los policías responsables ascendieron los últimos años a cargos de jerarquía en el actual aparato represivo.

Convención Nacional Demócrata: la ilusión de una «normalización» conservadora

La semana del 17/8 sesionó la Convención Nacional Demócrata, de manera digital aunque con sede central en la ciudad de Milwaukee. En la misma se votan y aceptan las candidaturas del partido a presidente y vice. Esta vez, como ya era sabido de antemano, Joe Biden y Kamala Harris.
Sesionaron mientras la crisis económica y sanitaria en EEUU continúa sin dar tregua. Esta semana se volvieron a registrar más de un millón de solicitudes del subsidio de desempleo, al mismo tiempo que los contagios de Covid-19 en el país ascienden a más de 5 millones y medio con casi 175 mil casos fatales. Las huelgas, en estos días en particular los conflictos docentes contra la vuelta a clase en plena pandemia, y movilizaciones se desarrollan por todo el país sin detenerse por el proceso electoral.
El ala izquierda fue relegada a solo 2 intervenciones: el discurso de Bernie Sanders que brindó un apoyo sin condicionantes a la conservadora fórmula presidencial que se impuso y un video de poco más de un minuto de Alexandra Ocasio-Cortez que representaba la moción de la fallida candidatura de Sanders, de carácter meramente formal.
Los oradores del evento trataron de presentar la gravedad de la crisis económica, sanitaria, política y social como un argumento a favor de una normalización que garantizarían, al desplazar el método camarillero y personalista de Trump por un gobierno de más estabilidad institucional, con funcionarios de décadas de confianza del gran capital en todos los puestos claves. La ilusión de una normalización o una restauración del status quo no tiene lugar. Los rasgos de personalismo, chovinismo, y hasta golpismo que Trump despliega no son rasgos particulares de un cerebro afiebrado. Son una tendencia de gobiernos que ha surgido en todo el mundo, desde la India a Brasil, al Reino Unido, en un periodo de choques comerciales, de caída de las tasas de ganancia y de intentos de imponer un retroceso enorme a las condiciones de vida de las masas como consecuencia directa. La propia crisis y la reacción de las masas a la penuria y la represión han golpeado en forma contundente al proyecto político de Trump. Pero eso no quita el enorme desastre que los funcionarios tradicionales de Washington venían generando, y que fue la razón de la victoria presidencial de Trump contra Hillary Clinton en 2016.
Se resaltó la capacidad de Biden de tener una política exterior “más dura” que Trump, es decir la expectativa de poder lanzar una ofensiva imperialista más fuerte, sobre todo en términos de la posibilidad de dominar en forma directa los procesos de restauración capitalista en Rusia y China. También se resaltó que la plataforma de Biden buscará que todos puedan “pagar un seguro de salud”. En el medio de los estragos que la pandemia deja entre la población la Convención rechazó la propuesta de “medicare for all” (salud pública para todos) planteando en su plataforma un sistema mixto a favor de las compañías de seguro y farmacéuticas.
Uno de las apuestas más fuertes de la campaña de Biden es la conquista del voto republicano desilusionado (o espantado) por el gobierno de Trump. El carácter conservador de quien eligió como compañera de fórmula quiere facilitar este apoyo, descontando que quienes se enfrentan a Trump por izquierda los votarán como única opción.
Esta expectativa estuvo representado por la presencia del ex aspirante a la candidatura presidencial Republicana y exgobernador de Ohio, John Kasich. El exgobernador dijo que «esperaba que (Trump) cambiaría, pero no nos ha unido; nos ha dividido”. También participaron los republicanos Meg Whitman, la CEO de Quibi; Christine Whitman, ex gobernadora de Nueva Jersey; y Susan Molinari, ex congresista por Nueva York.
La Convención Demócrata mostró un corrimiento a la derecha del partido y consagró una fórmula que representa esa derechización. La izquierda demócrata, a pesar de su gran peso militante, se limitó a acompañar el procedimiento, sin proponerse lucha política alguna. La superación de la enorme crisis capitalista, de alcance mundial, que está teniendo consecuencias catastróficas día a día para las condiciones de vida de los trabajadores, depende justamente de la capacidad de que las enormes movilizaciones puedan abrir una transformación social de fondo. Esa es la expectativa de millones que en Estados Unidos se han movilizado, más que en ninguna otra etapa de su historia.
Lejos de haber ampliado la base electoral de Biden, todo esta presentación derechista le ha dado un nuevo aire a Trump. Una encuesta de esta semana de CNN con SSRS (Microsoft) pone a la dupla Biden – Harris en un 50% contra un 46% Trump Pence con un 4% de margen de error. Un virtual empate técnico. Esto entusiasma a Trump, que ya ha largado la orientación de cuestionar el voto por correo para aducir fraude electoral y preparar maniobras que permitan hacerse del colegio electoral si pierde el voto popular, como pudo hacerlo George W. Bush en el 2000, haciéndose del poder entre denuncias de fraude.
Las masas que intervienen en la rebelión en curso llegan crecientemente a la conclusión de que sus intereses no están representados por ninguno de los polos de esta pelea electoral.
De acá a noviembre la crisis política en desarrollo asistirá a choques políticos agudos.

Domingo Díaz

Bolivia: la segunda capitulación de Evo Morales

El “cuarto intermedio” bloquea la caída de Añez

La huelga general -convocada por un Cabildo Abierto realizado en El Alto con la dirección de la Central Obrera (COB), sindicatos campesinos y organizaciones populares de 20 provincias-, que se inició el lunes 3 de agosto, se fue extendiendo y profundizando con el correr de los días. Doscientos bloqueos de caminos paralizaron por completo a Bolivia. Las reiteradas amenazas represivas y el aliento al accionar de grupos fascistas (juventud santacruceña y otros) no lograron hacer retroceder la gran huelga, sino que la fueron radicalizando. Empezó reclamando por una fecha de convocatoria a elecciones y rápidamente pasó a plantear la caída del gobierno de Jeanine Añez. En diversos sectores se votaron también plataformas explícitas de reclamos populares (nacionalización del sistema de salud, etc.). Proceso típico de las huelgas generales, se transformó en una huelga política de masas, que se planteó el derrocamiento del régimen golpista.
Contra esta tendencia a un salto abiertamente revolucionario, salió con los tapones de punta el dirigente del MAS, el depuesto presidente por el golpe, Evo Morales. Este se opuso de entrada a pedir la ‘renuncia de Añez’, porque alejaba la posibilidad de un acuerdo electoral -afirmó. Y presionó fuertemente para llegar a un ‘compromiso’ con el gobierno golpista, cuyas garantías eran el aval de las Naciones Unidas (ONU). Evo Morales comprometió a toda la cúpula parlamentaria del MAS a votar una ley aceptando que las elecciones se postergaran al 18 de octubre. En forma ultrarrápida, la presidenta Añez, que se negó durante semanas a aprobar el anterior llamado electoral (finalmente levantado) para el 6 de septiembre, lo aprobó ahora en cuestión de horas.
Se trataba de consumar el operativo de desmovilización (llamado de ‘pacificación’) de las masas en lucha, para impedir su profundización revolucionaria.
Es la segunda vez que Evo Morales capitula ante los golpistas. En noviembre pasado presentó la renuncia y habilitó la suba al gobierno de Añez, llamando a la ‘pacificación’, mientras las masas se movilizaban y eran fuertemente reprimidas con decenas de muertos, heridos y detenidos.
Ahora, nuevamente, ante el ascenso de la huelga general, Evo salió a caucionar al gobierno de Añez, levantándola a cambio de un ‘compromiso’ para una fecha electoral que ya fue cambiada cuatro veces. Es la segunda capitulación de Evo en la lucha contra el golpe. Claro indicador de la cobardía política de la dirección nacionalista burguesa-indigenista, que llega a enfrentar, en defensa del orden burgués, a sus bases y a las masas movilizadas.

“Traición”

Fue el clamor que surgió de las masas piqueteras que defendían los bloqueos contra la derecha y las fuerzas represivas. La misma dirección burocrática de la COB denunció a la bancada parlamentaria del MAS por votar esta ley de convocatoria, que salvaba a Añez de su derrocamiento. Y llamó a mantener los piquetes. Recién 24 horas más tarde, la COB se plegó al operativo de levantamiento. “Bajo protesta”: declaró un “cuarto intermedio” en la lucha.
Una amplia vanguardia, peligrando quedarse aislada, se vio obligada a retirarse, puteando a los traidores.

¿Normalidad constitucional?

Inmediatamente, las cámaras parlamentarias -con presidencias y holgadas mayorías del MAS- entraron a votar leyes. La primera fue la habilitación para que Añez contraiga nuevos préstamos con el Banco Mundial y el BID, por más de 700 millones de dólares. Hasta ahora, el Congreso se había negado a votar esos préstamos como parte de una oposición al régimen golpista corrupto. Añez chantajeó, afirmando no contar con fondos para realizar una política sanitaria y social frente a la pandemia.
La aprobación de los préstamos imperialistas (hay otra cifra similar a endeudarse con el FMI) fue acompañada por algunas tímidas leyes sociales: bono contra el hambre de 1.000 bolivianos (140 dólares) por única vez para los que no tienen ingresos fijos blanqueados; disminución del 50% en los alquileres hasta fin de año; congelamiento del pago de cuotas a los bancos; obligación de las clínicas privadas de atención (a cuenta del Estado) a los infectados de coronavirus. Pero mientras Añez promulgó enseguida la ley que le autoriza a manejar 700 millones de dólares, mantiene sin tocar los otros proyectos. Es más: dos de ellos -el de obligar a las clínicas privadas a atender pacientes con Covid-19 y el de rebaja de alquileres- los mandó a un Tribunal Constitucional para que estudie si no violan normas constitucionales. Los golpistas se hacen los constitucionalistas para no responder a los urgentes problemas de las masas. La dirección del MAS está paralizada en la ‘pacificación’ y posterga toda acción a las eventuales elecciones del 18 de octubre.

La derecha sigue conspirando

El levantamiento de la huelga general y la ‘pacificación’ no significa que la derecha y los golpistas hayan renunciado al continuismo y acepten la convocatoria de elecciones con garantías mínimas para el 18 de octubre.
‘Cívicos’ de Santa Cruz anunciaron públicamente que no permitirán elecciones el 18 de octubre, aduciendo la pandemia y “que no están de acuerdo con la actual convocatoria”. Piden «una nueva convocatoria con la modificación del sistema de votación entre área rural y urbana” en detrimento de las comunidades indígenas.
El gobierno ha impulsado la renuncia de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral a fin de acelerar su acefalía y justificar así que no hay condiciones para la convocatoria electoral. Por otra parte, se siguen sumando procesos contra los dirigentes del MAS con el afán de proscribir incluso al propio MAS. Evo Morales, al que se pretendía condenar como terrorista antes de la huelga general, fue llamado a negociar el levantamiento de la huelga, para ahora, una vez levantada, ser acusado de “pedofilia”. Esto, basado en dos denuncias: una “anónima” y la otra hecha por una senadora derechista que la recogió de una “revista española”.
El levantamiento de la huelga general sin haber terminado con Añez y su gobierno alienta esta conspiración derechista. No hay ningún cambio en la estructura de poder que indique, incluso, que esta vez se cumplirá la convocatoria electoral.

Evo en el “acuerdo nacional”

Con la caución de la ONU, Evo estableció un “acuerdo” político de “pacificación” no solo para levantar la huelga, sino para después de las elecciones. Las ilusiones de amplias masas -y sectores de la vanguardia- de que un retorno del MAS al gobierno revertirá las medidas de ajuste contra el pueblo y abrirán un período de progreso social son infundadas. Un nuevo gobierno del MAS será, incluso, una sombra -hacia la derecha- del anterior. La ONU y los poderes imperialistas actuarán como ‘garantes’ que presionarán claramente en ese sentido.
Cuando llamamos a apoyar y profundizar la lucha por elecciones democráticas, no lo hacemos en el convencimiento de que de estas elecciones saldrá un esquema de gobierno que resolverá los acuciantes problemas de las masas. Nada de eso. Lo hacemos porque es la lucha por un derecho democrático contra un gobierno fascistoide, golpista, agente directo de Trump y Bolsonaro que, al asumir el gobierno, lo hace como parte de una ofensiva abierta contra los trabajadores y campesinos, para que estos paguen la crisis capitalista que horada al mundo y a Bolivia.
En el transcurso de esa lucha, las masas han llegado a la huelga general, una de las medidas más elevadas antes de la insurrección directa. Y, en el transcurso de esta huelga general, los planteos se fueron radicalizando, planteando la caída revolucionaria del gobierno golpista, empezando a desarrollar organismos colectivos en los piquetes, incluso en muchos casos de núcleos y milicias de autodefensa para aplastar el accionar de las bandas paramilitares. El deber de los revolucionarios es estar de este lado de las barricadas. Su participación protagónica en esa lucha creará mejores condiciones para formar una nueva dirección, recuperar las organizaciones de masas y superar a las pusilánimes y traidoras direcciones del nacionalismo burgués.
El POR nuevamente ha estado ausente de la huelga general. Más aún, la enfrentó y batalló contra ella, con los falsos argumentos gorilas del gobierno y la derecha (contra los cortes de ruta porque impedían el paso de tubos de oxígeno hacia las ciudades, etc.). Al igual que otros elementos de la izquierda se llenan la boca de que luchan por “la independencia política de la clase obrera”. Pero no es posible luchar por esa independencia de clase sin estar en la primera línea, sin ser los más consecuentes luchadores de las masas contra la reacción. En boca de estos ‘izquierdistas’, la independencia de clase es la pasividad, es declararse falsamente neutral entre las masas en lucha y el gobierno represivo. La única forma en que la izquierda pueda organizar en forma independiente a las masas es superando en el combate a las direcciones nacionalistas burguesas. Lo contrario es cháchara reaccionaria. Los sectores de la izquierda que han sido protagonistas en esta lucha tienen una gran posibilidad de desarrollar la construcción de un partido revolucionario de clase, políticamente independiente de la burguesía.
No se debe esperar pasivamente las elecciones. Existe, incluso, la posibilidad de que no se terminen realizando. La “vigilia permanente” que ha declarado la burocracia de la COB debe transformarse en una defensa y lucha permanente de los trabajadores.
Se informa de más de 500 despedidos entre los trabajadores fabriles de La Paz. La burocracia sindical “anticipó que se buscará, vía diálogo, que los trabajadores sean reincorporados”. Si el ‘diálogo’ “no da solución vamos a ir la vía penal”, dice. Se da vía libre a las patronales para seguir con su descarga de despidos masivos. No podemos, ni debemos, esperar un eventual 18 de octubre. Prohibición de despidos, ocupar toda empresa que despida.
La pandemia está causando estragos, mientras crece la incompetencia y corrupción del gobierno (el alcalde de La Paz denunció que hace cuatro meses que está esperando autorización para una compra de reactivos del coronavirus y otros).
Nacionalización sin pago de sanatorios y laboratorios privados, sistema único de salud bajo gestión de profesionales y trabajadores sanitarios.
Nacionalización del litio, la minería y los hidrocarburos.
Revolución agraria para expropiar sus tierras a la oligarquía terrateniente.
¡Fuera Añez y su régimen golpista corrupto!

Rafael Santos

Capitalismo explícito: doce millonarios suman una fortuna de trece dígitos

El número preciso es U$S 1.015.188.207.000. El podio lo ocupan Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg. El monto total aumentó un 40% durante la pandemia. Mientras tanto, millones se hunden en la pobreza.

La obscenidad es una de las características más notorias del capitalismo. Mientras la mayoría de la población es cada vez más pobre, una pequeña minoría tienen dinero que no podrían llegar a gastar ni en decenas de generaciones y cada vez acumulan más.
Esa realidad, descrita por Karl Marx y Friedrich Engels hace casi dos siglos en el manifiesto comunista, cada vez se agudiza más. La pandemia del covid no generó ninguna excepción a la regla sino todo lo contrario.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos las 12 personas más ricas suman, combinando sus fortunas, más de un billón de dólares. Trece cifras. Un uno y doce ceros. O para ser más precisos, U$D 1.015.188.207.000. En total es un aumento del 40% desde marzo.
El dato surge de una investigación del Institute for Policy Studies (IPS), que viene haciendo un seguimiento de las fortunas de estos y otros millonarios desde el inicio de la pandemia. La lista de “ganadores” la encabezan Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg.
Bezos, el dueño de Amazon, tiene unos humildes U$S 189.000 millones. Aumentó su fortuna un 68% desde el 18 de marzo, cuando llegó la pandemia a Estados Unidos. Lo consiguió exponiendo a sus trabajadores al virus, sin protocolos ni medidas de protección, y cuando fueron a la huelga, los despidió sin más.
Otras tantas monedas suma a la cuenta el cofundador de Microsoft, que ya tiene U$S 114.000 millones. El CEO de Facebook, por su parte, aumentó en estos poco más de cien días un 75% su capital, pasando a tener U$S 95.000 millones.
Aunque no entró en el podio, el que más ganó durante la pandemia fue Elon Musk, el dueño de Tesla. Desde el 18 de marzo triplicó su fortuna. De hecho, el único de los doce que tuvo un “mal” (entre muchas comillas) 2020 fue Warren Buffet, dueño de Kraft Foods que tuvo la mala suerte de invertir en aerolíneas justo antes de que se extendiera el coronavirus. Pobre.
La lista la completan Steve Ballmer (U$S 71.000 millones), Larry Ellison (U$S 70.900 millones), Larry Page (U$S 67.400 millones), Sergey Brin (U$S 65.600 millones), Alice Walton (U$S 62.500 millones), Jim Walton (U$S 62.300 millones) y Rob Walton (U$S 62.000 millones).
Mientras, en el país del norte 36,5 millones de personas pidieron seguros de desempleo durante la pandemia. Y muchos de quienes no perdieron el trabajo, están en la primera linea de enfrentamiento al virus, exponiendo sus vidas y las de sus familias por salarios miserables. En el país de Trump ya murieron 169.508 personas según datos oficiales. Hace unos días al presidente le hicieron una entrevista durante la cual le preguntaron por estas cifras, y el magnate contestó “es lo que hay”.
El Covid-19 dejó expuesta otra gran verdad planteada por Marx en el siglo XIX: los intereses de los empresarios y los de la clase trabajadora son irreconciliables. Hoy, en el corazón del sistema capitalista la desigualdad más irracional está a los ojos del mundo. La pelea por quién pagará los costos de esta crisis, está abierta.

Javier Nuet
Jueves 20 de agosto | 00:34

Felicidades, el mundo solidario se llama Fidel

Hace 94 años nació Fidel, y de la historia de su vida no me voy a referir a los acontecimientos más conocidos, por eso mismo, porque son conocidos sobremanera. Me quiero referir a él como a un ser humano que se sintió miembro de la clase obrera, miembro de la familia que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo, a esclavizarse para poder comer.
Me quiero referir a él indicando la importancia mundial del dirigente revolucionario de un país pequeño y tercermundista, que ha alcanzado las cotas más altas del mundo en la educación, en la sanidad, en la solidaridad con los más pobres del mundo. Fidel es el gran Río que baña los 5 continentes, es reconocido en los organismos internacionales, en las calles, en todos los pueblos se le celebra. Se encuentra en todas partes porque su vida la dedicó a elevar la conciencia hasta alturas desde las que el pueblo cubano, sostiene la bandera de la soberanía, aun estando sometido a la agresión bárbara imperialista más duradera que ha existido.
La resistencia de Fidel, de la isla fidelista y el mundo fidelista, se debe a su disposición permanente de disputar, de cuestionar los significados, de trabajar cada uno de sus actos con valor radical, que es la práctica crítica. Ustedes conocen la solidaridad de la medicina cubana, de la educación cubana, del acogimiento en su enseñanza a estudiantes de todo el mundo que si no fuese por ello no podrían hacerlo, y la única condición es que una vez que terminen dediquen su trabajo a servir a los que lo necesiten, y tantas y tantas acciones que asombran allí donde las entregan. No, Cuba es mucho más grande que el mundo capitalista, por eso el mundo capitalista no puede tragarla, aunque el mundo capitalista es infinitamente de mayor tamaño. Cuba da solidaridad, comparte lo que tiene. EEUU, Inglaterra, Francia, España, la UE, el mundo imperialista quiere ahogar a Cuba, atar las mentes de los pueblos. La lucha ideológica es fundamental, pero la guerra económica que EEUU ha declarado a Cuba tiene dimensiones que agreden también a la capacidad de resistencia, y es preciso que desde este lado eduquemos la conciencia y nos sumemos a la denuncia del agresor, para hacer retroceder su influencia de pensamiento en las clases trabajadoras y que su impopularidad entre de lleno a parte de su crisis de orden/desorden económico, agudizado por la Covid 19, que la desorientación de la gente de la calle se transforme en despego ideológico, en parte de su descomposición interna, y acelere su pérdida hasta reducirlo.
La última escena planetaria que habla de los dos mundos, el de Fidel con la medicina cubana asistiendo a todo el que ha necesitado de su ayuda, y el de Trump robando mascarillas, respiradores, sancionando y bloqueando, y matando hasta a su propio pueblo desatendiendo sus necesidades sanitarias, ha dado aplausos emocionados y amor a Cuba, y, desprecio al régimen estadounidense. Dos mundos, solidaridad, e, insolidaridad, socialismo, y, capitalismo.
Para mostrar a Fidel en su pensamiento les dejo aquí algunas de sus intervenciones, poco conocidas, les decía al comienzo que lo conocido lo pueden encontrar en cualquier sitio, aquí tienen algunas frases de sus intervenciones sobre diferentes temas. Celebren el cumpleaños del gran Fidel Castro. Felicidades.
Fidel siempre por la educación: Si fue una gloria que la campaña de alfabetización no se parara en medio de la invasión mercenaria, una gloria mucho mayor tiene que ser la de que no se detenga nuestro sistema educacional, aun en las peores circunstancias. Esa es la conciencia que tienen que hacerse ustedes, que tienen que hacerles a todos los compañeros y que tienen que hacerles a todos los estudiantes: velar por la educación como algo sagrado, que no se detre3nga, que nos e afecte y que continúe, incluso, mejorando.
Fidel siempre con los pueblos de América: A partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres.
Fidel siempre en la solidaridad con los pueblos del mundo: Creo, modestamente, que tenemos un mérito: hemos resistido todas las amenazas, todas las presiones, todo el poder político, el bloqueo económico del imperio:… No digo que no sea un mérito exclusivo de nuestro pueblo, mucho debemos a la cooperación y a la solidaridad internacional: pero nosotros no hemos defraudado esa cooperación, ni esa solidaridad, la hemos convertido en obra creadora, en avance, en progreso de nuestra Patria, de nuestro pueblo, y hemos resistido firmemente, dispuestos siempre a pagar el precio que fuera necesario. Y ese mérito histórico no fue el objetivo de nuestras luchas. ¡Nadie luchó por glorias, nadie luchó por honores; luchamos por sentimientos de solidaridad con nuestro pueblo y con todos los pueblos del mundo! La época de los personajes que luchaban por glorias y por vanidades quedó muy atrás. ¡Luchamos con profundas convicciones revolucionarias, que son ajeas a las ideas del prestigio y de la gloria!
Fidel siempre por la paz y el desarrollo: Es un axioma que sin paz no habrá desarrollo, pero es también un axioma que sin desarrollo para las ocho décimas partes de la población mundial no puede haber paz. Luchar por nuestro desarrollo es, pues, luchar por la paz y por el bienestar de todos los pueblos del mundo . Por ello nuestra consigna debe ser luchar sin descanso por nuestras justas y nobles reivindicaciones.
Fidel siempre con la razón argumentada: No nos animó nunca espíritu alguno de revanchismo o rencor contra Estados Unidos. Con pesar, meditaba acerca del error que a mi juicio estaba cometiendo, mas no pronuncié nunca insulto u ofensa personal alguna. No pocas veces he afirmado ante los que participan en esta gran lucha de ideas: no hay que herir personalmente a nadie. Enumerar los hechos, evitar adjetivos, analizar fríamente, usar argumentos. Eso preservará nuestra autoridad moral y nadie tendrá derecho a cuestionar la fortaleza y sinceridad de nuestras posiciones.
Fidel siempre defendiendo a los de abajo y con humildad: No obstante ostentar Cuba la Presidencia del Movimiento de Países No Alineados, su participación en la Reunión de Cancún fue vetada por los Estados Unidos. En gesto reconocido como ejemplar, y también como expresión de la actitud positiva de los países subdesarrollados hacia todo tipo de foro que ofreciera posibilidades de solución a los graves problemas enfrentados por éstos, Cuba renunció a su presencia en el evento. Pero la reunión de Cancún, como es sabido, también terminó con un rotundo fracaso, a causa sobre todo de las actitudes de los Estados Unidos.
Fidel, Fidel, Fidel.

Ramón Pedregal Casanova, autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista.

La pandemia continúa y se agrava la emergencia social en Argentina

Las políticas preventivas ante la emergencia del coronavirus se extienden y más allá de la fecha dispuesta por la continuidad del aislamiento a fines de agosto, el impacto en las condiciones de vida de la sociedad de menores ingresos presenta una enorme gravedad.
Por un lado, la suba de precios es un continuo que se manifiesta en una tendencia a la baja desde el pico del 2019, pero elevada en términos de posibilidad de satisfacer las demandas reproductivas de la mayoría empobrecida. El dato de inflación anualizado, según el INDEC es de 41,4% a julio 2020 y según el BCRA podría llegar a 39,5% en todo el 2020, cuando en diciembre pasado alcanzó 53,8%. Es una tendencia a la baja, sí, pero no favorece la ausencia de actualizaciones por suspensión de paritarias o el caso de las jubilaciones con ajustes por decreto, incluso con mínimos percibidos por una mayoría importante, que apenas llega al tercio de las necesidades del adulto mayor. Por otro lado, merman los ingresos populares por variadas razones, entre los que destaca una carrera a pérdida contra los precios, pero muy especialmente por la baja del empleo registrado, el incremento del desempleo, la subocupación y la creciente precariedad laboral. El Ministerio de Trabajo informa en agosto los datos de julio del 2020 en materia de empleo registrado, resaltando la disminución de 409.000 trabajadores y trabajadoras respecto de mayo 2019, incluso 92.000 menos respecto del mes inmediato anterior, abril del 2019.
Los precios de julio 2020 subieron 1,9% y se temen rebotes en el corto plazo, con presiones incluso del poder económico, que demanda actualización del precio del dólar para mejorar ingresos por exportaciones, pero también de actualización del precio de los combustibles, con las petroleras induciendo la suba, entre ellas YPF, empresa privada con capitales externos, aun cuando sea de gestión estatal.
¿Por qué es más importante la demanda de rentabilidad de las empresas que la de los jubilados y las jubiladas por actualizar sus ingresos?
¿Por qué los exportadores demandan mayor precio de la divisa cuando el proceso de producción para la exportación supone una diversa articulación productiva para la obtención del producto o servicio exportable?
La respuesta a esos interrogantes es política y se reduce a la capacidad de intervenir en la lucha de clases, es decir, quien tiene la fuerza para imponer su precio, el que se deriva de la propiedad privada de los medios de producción o quien lo deriva del precio de venta de la fuerza de trabajo, pauta válida para asociar a los ingresos previsionales.
El empleo registrado viene retrocediendo desde hace tiempo. En el corto plazo, la tendencia es a la baja desde septiembre del 2019, agravada desde marzo pasado por la lógica del parate de la actividad económica; pero en el largo plazo y de modo absoluto las personas con trabajo registrado están al mismo nivel que en 2016, aun con incremento de la población, por lo que en términos relativos existe un fuerte retroceso.
Son 11,7 millones los trabajadores y trabajadoras registrados/as y al mismo tiempo existen unos 5 millones no registrados/as, una cifra equiparable a las trabajadoras y trabajadores registrados. Este dato de no registrados es señal de la impunidad empresaria y de la debilidad del movimiento obrero que no puede imponer los derechos sociales, individuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras. Estos datos ofrecen el real panorama de deterioro de las condiciones de empleo en el país, un objetivo buscado desde mediados de 1975 y afianzado con el golpe genocida de 1976. En rigor, nunca se dejó de lado ese objetivo, que aún se proyecta sobre el país ante la demanda empresarial y de los organismos internacionales por las regresivas reformas laborales y previsionales.
¿Por qué pesa más la demanda empresarial para reducir costo de producción, que la realizada por trabajadores y trabajadoras para mejorar los ingresos populares por salario, prestaciones sociales, jubilaciones o asignaciones diversas que hace a la calidad de vida?
Nuevamente, la respuesta está en la lucha de clases, en la capacidad de intervenir en un sentido o en otro. La ofensiva del capital es la tendencia que se impuso en este tiempo histórico que señala su inicio hacia 1975/76, y no es solo una referencia local, es parte de lo que acontece en el mundo, especialmente luego de la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.

Falta una estrategia popular y un nuevo internacionalismo

La gran discusión remite al qué hacer. En ese sentido, cada cual atiende su juego. Hablando desde los trabajadores y las trabajadoras, lo que existe es dispersión de estrategias, lo que nos permite decir que no hay estrategia del movimiento obrero. La CTA en los 90 pretendió construir un nuevo modelo sindical, generando expectativas y entusiasmo.
Fue el de la CTA un proyecto en expansión hasta el ciclo 2001-03, cuando encontró sus límites, que llevaron a sucesivas fracturas en varias expresiones que demandan ser portadoras del legado histórico. No solo existen tres agrupamientos nacionales que se asumen en ese sentido, sino que se suman algunas realidades locales o provinciales que están por encima y más allá de esas tres que pretenden la representación histórica del proyecto originario.
En la CGT, las idas y vueltas en torno a su conducción y el camino de conciliación, especialmente en los acuerdos con las centrales patronales, la deslegitiman y define, pese a contener en su seno a importantes e históricos sindicatos.
Un dato relevante es la extensión del movimiento social de trabajadoras y trabajadores, que en los 90 tuvieron conchabo y capacidad de acumulación en la CTA, en tanto Central de trabajadoras y trabajadores, pero que al compás de la fragmentación debilitó esa potencia de articular lo sindical y lo social territorial, aun manteniendo una cuota de adhesión de movimientos en los fragmentos de las CTA.
El movimiento social sigue creciendo al amparo del deterioro de las condiciones de vida que venimos señalando y por eso no sorprende la actividad de auto-organización socioeconómico, en simultaneo con la canalización de demanda de ingresos por vía estatal desde la misma crisis del 2001/02.
De hecho, el plan jefes y jefas de hogar, con 2 millones de subsidios fue el inicio de la multiplicidad de planes que llegan al IFE actual, con una demanda de 12 millones de personas que se consideran con derecho a su percepción.
Con esta base surgieron variadas organizaciones populares, que hacen visible ahora su demanda para resolver ingresos a 5 millones de personas y lo visibilizan con principales dirigentes sindicales de la CGT, entre ellos enfrentados en la disputa por la conducción.
Dijimos que cada cual atiende su juego y en efecto, en este acto resulta evidente que cada quien busca la legitimación de su demanda.
El reclamo de los movimientos trasciende el ingreso monetario e incluye tierra para la construcción de viviendas y asentamientos de emprendimientos productivos para la reproducción de la vida cotidiana.
Con ello, puede discutirse la inmediatez del reclamo o la puerta que habilita ingresar un debate más amplio sobre el orden económico, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.
El límite del capitalismo impone la defensa de los intereses por empleo y salario adecuado en las condiciones de la relación capital trabajo, mientras, que, si vamos más allá de las relaciones capitalistas, las experiencias de auto-gestión en movimientos territoriales o en empresas recuperadas, entre otras expresiones de la economía popular, pueden dar sustento a una discusión que trasciende el orden económico capitalista.
La tendencia derivada de la ofensiva capitalista lleva a la pérdida de derechos laborales, por lo que no alcanza con su defensa, sino que se impone ir más allá y construir una estrategia que se proponga lo esencial en materia de objetivos.
Esto supone la definición de objetivos anticapitalistas, los que se construyen en la cotidianeidad del presente, tal como lo intentan en la defensa de los derechos y en contra de la mercantilización cuantiosas organizaciones sociales y territoriales. Estas, disputan recursos públicos para sus objetivos al tiempo que descreen de la estructura estatal en permanente búsqueda de cooptación. Es una relación dialéctica de inserción en el Estado y al mismo tiempo su rechazo. Un entrar y salir complejo según el interés del propio movimiento. Claro que en ese ir y venir se cometen errores o suceden acontecimientos no buscados, entre los cuales sobresale la corrupción, pero no mella el objetivo de búsqueda propuesto.
La variedad de estrategias de supervivencia, algunas más efectivas que otras, hacen evidente la ausencia de una estrategia integral del movimiento de trabajadoras y trabajadores tal como se presenta en esta actualidad de ofensiva capitalista. Es una cuestión para pensar, que trasciende el debate local y tiene proyecciones regionales y globales en el marco de la tercera década del Siglo XXI, lo que requiere de un nuevo internacionalismo de los pueblos.

Julio C. Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Colombia: la detención de Uribe abre una crisis política

Se comprueba el entrelazamiento entre el régimen y los paramilitares.

La reciente orden de arresto domiciliario contra el exmandatario Álvaro Uribe elevada al Congreso de Colombia por parte de la Corte Suprema de Justicia ha generado un cimbronazo en el régimen político. Quien fuera presidente durante dos mandatos y principal dirigente de la derecha es acusado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en lo que constituye apenas un botón de muestra en tanto posee más de medio centenar de procesos abiertos en su contra. Entre quienes figuran como culpables de haber recibido sumas de dinero a cambio de ofrecer testimonios de blindaje a Uribe se encuentra un sujeto perteneciente a los núcleos paramilitares que operan en Colombia, el cual involucra al exmandatario en la creación de un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La situación actual del caso Uribe es la continuación de un proceso abierto en 2012 tras una denuncia realizada por él contra Iván Cepeda, senador de Colombia por el partido Polo Democrático.
La decisión de la Corte ha abierto una crisis que opone al máximo tribunal con el gobierno de Iván Duque, quien pertenece al mismo partido político que Uribe, el Centro Democrático. El presidente colombiano amenazó con avanzar en una reforma judicial. En respaldo a Uribe se han sumado el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el golpista Juan Guaidó, quien a través de Twitter se “solidarizó” con el expresidente colombiano. Uribe fue una pieza clave del Plan Colombia, por el que Estados Unidos brinda ayuda militar al país sudamericano para afianzar su dominio en la región.

Quién es Alvaro Uribe

El proceso judicial en curso viene a comprobar la responsabilidad del exmandatario en el desarrollo de los grupos paramilitares que han defendido a sangre y fuego los intereses de la oligarquía terrateniente. Álvaro Uribe ha sido un elemento determinante en la profundización de las relaciones entre el Estado, la clase capitalista y los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico. Desde su lugar como gobernador de Antioquía (departamento en el noroeste de Colombia) en 1994 fue precursor en la formación de estos grupos al impulsar la creación de las Fuerzas Convivir, un grupo de choque que ha operado bajo la órbita estatal, a los cuales otorgó personería jurídica y les permitió el uso de armas provenientes de los cuarteles del Ejército. Estas fuerzas fueron utilizadas por el capital para enfrentar a las guerrillas y para mantener intactos los negocios de los grandes terratenientes y capitalistas llevando adelante, al mismo tiempo, una política de expulsión del movimiento campesino.
De acuerdo a un artículo de la Agencia de Información Laboral, “entre 1980 y 2010 hubo en el país un total de 1.892 masacres que dejaron 11.751 víctimas, el 15.6% de las masacres y el 14.4% de las victimas sucedieron durante los dos gobiernos [presidenciales] de Álvaro Uribe”. Las bandas paramilitares llevaron a cabo 310 masacres bajo los dos mandatos presidenciales de Uribe (2002-2010), dejando un saldo de 1.688 caídos, y de acuerdo a la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazados (CODHES) se produjeron 2,4 millones de expulsiones de campesinos, dando forma acabada al desarrollo de un proceso de «contrarreforma agraria» en beneficio del acaparamiento capitalista, que ha llevado a Uribe a ser el responsable de más de la mitad de expulsiones campesinas sobre el total acumulado durante casi tres décadas. Tampoco se puede hacer caso omiso al recrudecimiento de las famosas “ejecuciones extrajudiciales” conocidas como “falsos positivos”, una política de exterminio de campesinos que consistía en presentarlos como guerrilleros muertos en combate, que entre 2002 y 2010 aumentaron un 154%.
Una mención especial merece el proceso de “desmovilización” de las AUC, el cual entre 2003 y 2006 produjo el desplazamiento de casi 32 mil paramilitares, y que significó la consumación de la impunidad para el grueso de los paramilitares involucrados en los crímenes de Estado. Los límites del proceso se pusieron de manifiesto al constatarse que mientras se negociaba la desmovilización de los grupos de choque, 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas por bandas de autodefensas. “Remanentes” de las famosas AUC fueron los que dispararon contra una sublevación campesina que tuvo protagonismo en 2008, actuando nuevamente en complicidad con el Ejército. En lugar de las AUC, o “de lo que quedó” de ellas, surgieron nuevas bandas criminales (Bacrim), que hasta 2012 fueron responsables de 30 mil muertes y desplazamientos de millones de personas a través del terror.
El terror paramilitar sigue presente aún hoy en Colombia, como lo atestigua el crimen sistemático contra activistas sociales y las recientes matanzas de jóvenes pobres en Nariño y Cali. La persistencia de estos crímenes, además de la victoria electoral del uribismo en las últimas elecciones presidenciales, ha hecho naufragar el proceso de paz con las Farc, con un ala anunciando el retorno a la lucha armada.

Panorama político

El golpe político que supone el caso Uribe para la coalición gobernante se complementa con los coletazos de una bancarrota capitalista mundial que está ocasionando estragos en la economía colombiana. El PBI del país ha caído un 15,7% en el segundo trimestre del año. Junio ha sido testigo de una suba en el porcentaje de desempleo que trepa al 19,8%, 10 puntos por encima de lo registrado en el mismo mes del pasado año (Dinero, 30/7). Algunos sectores de la burguesía han señalado que la única manera de contrarrestar los efectos del parate económico es imponiendo una reforma laboral que vaya de la mano de una serie de beneficios impositivos. Los capitalistas nucleados en la industria y el comercio, por su parte, se encuentran pujando por una apertura generalizada que deje atrás la cuarentena, en momentos donde Colombia asiste a un alza en la cantidad de contagios, siendo el octavo país con mayor cantidad de infectados.
Es necesario un plan de lucha contra el gobierno reaccionario de Duque, que incluya los planteos urgentes frente a la pandemia y la crisis (centralización del sistema de salud, prohibición de despidos, etc.) y la denuncia de los crímenes contra los luchadores. El proceso de enormes movilizaciones y paros generales de fines de 2019, que tuvo una pausa a raíz de la pandemia, muestra las reservas existentes para acometer esa tarea. En tiempos donde los gobiernos y sus burguesías buscan superar los embates de la crisis mundial a través de la destrucción de las condiciones de vida de las masas, se torna vital oponerle a este curso la destrucción de los planes del capital por medio de una acción histórica de los trabajadores.

Nazareno Kotzev

El rol de la policía para la opresión de las mayorías populares

Las recientes protestas internacionales a partir del asesinato racista de George Floyd en EEUU abrieron un importante debate acerca del rol opresor de las fuerzas policiales. En Uruguay año a año se suman innumerables ejemplos de la misma opresión sobre sectores populares.

En las últimas semanas se ha desarrollado a nivel internacional un gran movimiento de protesta, con epicentro en EEUU, contra la opresión policial a partir del asesinato racista de George Floyd por parte de las fuerzas policiales.
A su vez, se puso en debate una gran discusión acerca del rol de las fuerzas policiales en la sociedad. En EEUU en particular se pueden distinguir distintas posturas, que van desde la defensa irrestricta hasta el cuestionamiento a su propia existencia, pasando también por posturas a favor de una reforma de la fuerza. En dicho país el yugo reformista, a partir de la influencia del Partido Demócrata, es un limitante que favorece la ilusión de una reforma de la fuerza policial, intentando conciliar el hartazgo frente a la arbitrariedad policial, con algunos cambios cosméticos que conserven lo esencial del rol de dicha fuerza.

Un mito universal

Un mito universal en nuestras sociedades, del cual Uruguay no está exento, concibe al Estado por fuera de su carácter de clase, o sea, lo sitúan por encima de las mismas como si fuera un actor neutral, a pesar de los innumerables ejemplos históricos e internacionales que demuestran lo contrario.
Como desarrollo de este mito, en lo que atañe a la policía, se la describe como “servidores públicos” y “garantes” de la paz, la seguridad y el orden. Generalmente este mito es defendido desde lo expuesto declarativamente en las leyes y el ordenamiento jurídico, pero que en la realidad funcionan de otra manera y son privilegiadas de una impunidad de hecho garantizada por el sistema.
¿Pero cuál es la razón de ese doble racero, de esa impunidad establecida? Es porque el principal rol de la policía y demás fuerzas represivas en cualquier sociedad clasista es defender los intereses de la clase dominante. La declaración de neutralidad y supuesta imparcialidad en el conflicto de clase, que se sostiene tienen dichas fuerzas, cumple con la necesidad, por ejemplo, de evitar que cada clase cree sus propias fuerzas armadas para defenderse, evitando los capitalistas de esta forma ser superados por la fuerza social de la clase trabajadora. Como explicaba León Trotsky:
"Todo estado es una organización coercitiva de la clase dominante. El régimen social permanece estable en tanto que la clase dominante es capaz, por medio del Estado, de imponer su voluntad sobre las clases explotadas. La policía y el ejército son los instrumentos más importantes del estado. Los capitalistas renuncian (aunque si bien no totalmente, lo hacen en gran medida) a mantener sus propios ejércitos privados en favor del Estado para evitar que la clase obrera cree sus propias fuerzas armadas." [1]
Esta es la razón de fondo por la que de ninguna manera los capitalistas y sus representantes políticos aceptarían una reforma que cuestionen estos fundamentos y por lo tanto, el por qué es imposible una reforma que termine con la opresión diaria que ejercen las fuerzas policiales.

¿Qué pasa en Uruguay?

Uruguay no está exento de estas características generales, también cotidianamente son de conocimiento público la represión sistemática sobre los sectores más pobres de la sociedad. El gatillo fácil, las racias y el hostigamiento a la juventud pobre son moneda corriente e incluso gozan de aval social. Las cárceles están llenas de población con origen social pobre, mientras los sectores más privilegiados si no gozan de impunidad, gozan de privilegios para sobrellevar su condena sin muchos problemas, evitando el sistema penitenciario.
La policía también siempre está a la orden, y se ha demostrado innumerables veces, para perseguir (espionaje) y reprimir la protesta social y las huelgas obreras. Fueron una pata fundamental en la represión de los sesenta y el régimen dictatorial de los setentas. Conservando incluso sus viejos hábitos despiadados como la tortura, como por ejemplo el reciente caso de tortura con picana eléctrica, la prepotencia por ejemplo contra las personas en situación de calle y los estudiantes liceales en los barrios populares.
La lista es larga y confirma que en Uruguay las fuerzas policiales cumplen con las características universales que comparten internacionalmente dichas fuerzas.

El rol del reformismo en Uruguay

La izquierda reformista en Uruguay ha venido cumpliendo su papel para preservar a las fuerzas policiales. Desde la recomposición de dichas fuerzas, durante los quince años de administración frenteamplista se aumentó sistemáticamente el presupuesto destinado a dichas fuerzas, aumentando su número, remuneración y tecnificación.
La nacionalización de la Guardia Republicana y otras “fuerzas especiales”, junto a la extensión de los sistemas de vigilancia (por cámaras) e instrumentos de espionaje (El Guardián), han fortalecido cualitativamente el poder de dicha fuerza.
También el discurso de reconciliación con las fuerzas represivas que actuaron en la dictadura, ha hecho su aporte en este sentido, sumado a la adhesión del discurso “por la seguridad” explicitado mediante el accionar del Ministerio del Interior durante esas administraciones, ayudando a establecer el sentido común que criminaliza la pobreza y la protesta. Basta repasar los innumerables mega operativos contra los barrios populares, el hostigamiento policial contra la juventud pobre y trabajadora, los casos de gatillo fácil (Sergio Lemos), la represión de la protesta y persecución política contra activistas sociales (CODICEN, Marcha por el Agua, etc.).
Por si fuera poco, dentro del movimiento obrero, el sector oficialista - como parte del reformismo de izquierda - respaldó la integración de los policías dentro del movimiento obrero, admitiendo la incorporación del sindicato policial en el Pit- Cnt, incluso como parte de la dirección.
Bajo el argumento falso de tomar a los policías como trabajadores, haciendo analogía con la remuneración que reciben los empleados estatales, esta argumentación reduccionista esconde que para una definición realista de la pertenencia a la clase asalariada no es un factor suficiente recibir una remuneración, sino que también se debe tomar en cuenta la función del trabajo.
Claramente el resultado de la función policial es la preservación de la propiedad privada y el orden capitalista, en antagonismo abierto frente a los intereses de la clase trabajadora, la policía “trabaja” para reprimir a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores. Empíricamente se puede observar los pronunciamientos y posturas del sindicato policial, justificando todo tipo de abusos y represiones ejercidos por la fuerza estatal que integran.

Por la abolición de la policía

Como vimos el poder policial y la opresión que cumple sobre las clases oprimidas, es para garantizar la existencia del Estado de la clase capitalista. Esa función que cumple, es también la que la hace irreformable, por ser uno de los pilares del dominio de clase. La abolición de dicho aparato abre la perspectiva de fondo de cuestionar la existencia del propio Estado y del domino clasista que garantiza.
Las dificultades que pueden haber en tal planteo no lo hace imposible, sino que muestra que la salida de fondo va acompañada de un antagonismo de poder desde la clase trabajadora y los demás sectores sociales oprimidos por el capital. Un antagonismo basado en la auto organización y la autodefensa de los sectores populares, como se ha dado en la historia en distintas partes del mundo.
Para resolver problemas de raíz hacen falta soluciones radicales, revolucionarias. La unificación de las luchas contra el capital, que junte además de todas las luchas contra la opresión, sino también contra la explotación, la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares, es también una condición fundamental para empezar a hacer realidad lo que nos han tratado de inculcar como imposible.

Sebastián Artigas
Martes 11 de agosto | 15:35

[1] Ver en: Sobre la cuestión de la autodefensa obrera

El lugar histórico de la pandemia

El Triunfo de la Muerte, de Pieter Bruegel (Museo del Prado)

En un artículo publicado por Página 12 (29/3), Mario Rapoport desenvuelve una tesis acerca de las consecuencias socioeconómicas que traerá la pandemia de coronavirus, dando expresión precisa a una idea que sobrevuela en varios análisis que pueblan los medios internacionales. Su tesis es que “la pandemia parirá una nuevo orden económico mundial: el retorno de los Estados de bienestar de la posguerra”.
El autor concibe que la crisis actual es producto de la caída de un modelo económico, el de la “globalización neoliberal”. Llega a esta conclusión partiendo de una premisa aguda, caracterizando de arranque que “la actual pandemia internacional no es ajena a la crisis económica mundial cuyos orígenes pueden remontarse a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI en Estados Unidos con las crisis de las punto com, de Enron y de otras empresas, cajas de ahorro y bancos; crisis financieras que repercuten en el mundo hasta el estallido de la crisis mundial de 2008”. Esta crisis, agrega, es el origen de las guerras del último período, del crecimiento del hambre y también de que numerosas enfermedades azoten mortalmente a enormes sectores de la población mundial, ya previamente al coronavirus.

Globalización y capitalismo buitre

Sin embargo, considera que todo esto es consecuencia de que la globalización neoliberal “borró la barrera de los países y junto a ellas también a muchas de las características benéficas de los Estados de bienestar, creados luego de la Segunda Guerra Mundial”; de que “el mundo de las finanzas superó al de la producción y el trabajo, que predominaba en las primeras décadas del siglo XX”; y “los Estados dejaron de jugar un rol protector como en el pasado y las fuerzas del mercado pasaron a dirigir los proyectos nacionales”.
Concluye finalmente reivindicando el planteo que hiciera Keynes ante la profunda depresión de los años ’30, asignando al Estado la tarea de lograr el pleno empleo, mantener bajas tasas de interés para alentar la inversión y mejorar la distribución del ingreso, todo lo cual evitaría una caída del consumo y mantendría a flote la economía. “Se necesita –agrega Rapoport- el control de los capitales y una especie de ‘vacuna universal’ contra los fondos buitre, que obligue a la reestructuración de las deudas existentes creadas en gran parte artificialmente”. Es decir que concibe que el problema de la sociedad actual es un exceso de la sed de ganancia del capital financiero (la “economía casino” según Keynes), algo que podría y debería ser regulado mediante la intervención benéfica del Estado.
Lo que pierde de vista el autor es que si el coronavirus encontró a la sociedad capitalista como un cuerpo anémico es justamente por el fracaso de las tentativas por reactivar la economía mediante la intervención estatal, una tendencia que ha dominado al mercado mundial desde la crisis de 2008/09.
De hecho, un dato inédito de la economía actual coincide con uno de los aspectos fundamentales de la teoría de Keynes para estimular la economía y el consumo, como son las bajas tasas de interés. Ya antes de la entrada en escena del virus (y por ende de los anuncios de la FED) un tercio de la deuda global tenía tasas negativas, y sin embargo la tendencia era a una caída de las inversiones de capital y a un apalancamiento, y una dirección inequívoca hacia la recesión mundial. Es decir que “el mundo de la producción” se dirigía ya a una crisis a pesar de los estímulos del “mundo de las finanzas”. Lo mismo vale para los estímulos al consumo, ya que uno de los factores que contradice las actuales hipótesis optimistas -que afirman que tras la pandemia vendrá una rápida recuperación- es precisamente el sobreendeudamiento de las familias, que totaliza una burbuja equivalente nada menos que al 60% del PBI mundial.
En efecto, la presencia de fondos buitre revoloteando no es en sí misma la enfermedad, sino solo una manifestación, un síntoma. Lo que el coronavirus sacó a la luz es que la tendencia a las quiebras soberanas va de la mano con la tendencia a las quiebras corporativas, y que los Estados van al default tras haberse embarcado en un rescate del capital durante la última década.
La expresión política de este intervencionismo estatal es la aparición de regímenes bonapartistas y políticas proteccionistas. El ascenso de Trump y las tendencias centrífugas de la Unión Europea (Brexit) ejemplifican este proceso en las potencias imperialistas, los Bolsonaro y Nahendra Modi en los llamados países emergentes. La guerra comercial y monetaria, y los conflictos bélicos propiamente dichos, expresan el esfuerzo de los Estados por salvar a sus pulpos capitalistas disputando una cuota mayor del mercado. Este es también el origen del derrumbe de los precios internacionales del petróleo, generado por la ruptura del equilibrio pactado entre las potencias petroleras (sobre todo entre Arabia Saudita y Rusia), que mantenía dichos precios artificialmente altos; un mecanismo que había sido la clave de la revolución petrolera del esquisto norteamericano –cuyos precios de producción son más altos que los de los pozos convencionales.
La crisis de la globalización es entonces consecuencia de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y los estrechos marcos de los Estados nacionales. Y la crisis del sistema financiero es producto, no de sus excesos usurarios en sí, sino de su afán por revertir la tendencia a la caída de la tasa de ganancia del capital mediante una cada vez mayor valorización ficticia de los capitales por sobre su rentabilidad real, lo que equivale a decir el capital ha violado durante demasiado tiempo su propia ley fundamental: la ley del valor. En definitiva, la bancarrota es el producto de la sobreproducción de capitales.
La paradoja de esta crisis es que si una salida “capitalista clásica” requeriría de la eliminación del capital sobrante, por el contrario hoy los Estados, los bancos centrales más importantes del mundo y hasta los organismos multilaterales de crédito están haciendo “todo lo posible” por evitar las enormes quiebras que se avizoran, las cuales amenazan con llevarse puesto a todo el sistema bancario.
La otra consecuencia de toda crisis de sobreproducción de mercancías y capitales es la destrucción en masa de fuerzas productivas. Es la expresión inconfundible de un régimen social que ya no actúa como factor de progreso técnico y productivo de la sociedad sino como un bloqueo. Además de las quiebras y de los cierres de fábricas, la desocupación masiva y las guerras son vías clásicas por las cuales se desarrolla esa destrucción.
Al formular la tesis de que tras la pandemia la mayor intervención de los Estados derivará en regímenes keynesianos, el autor elude explicar por qué en realidad esos planteos fracasaron en ofrecer una salida a la depresión de los años ’30 y solo fueron aplicados recién después de la Segunda Guerra Mundial, con el orden internacional que surgió tras una liquidación sin precedentes de fuerzas productivas y fundamentalmente como reacción de supervivencia de las burguesías imperialistas tras las revoluciones que para mediados de siglo XX habían expropiado al capital en un tercio del globo. La explicación de ello es que la salida a la Gran Depresión no estuvo determinada por la regulación estatal sino por las guerras y las revoluciones.
Con esta consideración, se evidencian en realidad las limitaciones históricas que se erigen para que la crisis sea superada mediante un resurgimiento de los Estados de bienestar, que actúen como reguladores de las presuntas variantes más voraces del capitalismo. Pero el artículo de Rapoport ofrece una reflexión más.

De la peste negra al coronavirus

Para retratar el alcance histórico que da a los sucesos que estamos viviendo, el autor tituló a su columna “La peste negra, la gran depresión del siglo XIV y el coronavirus”, estableciendo un paralelismo histórico con aquella catastrófica combinación de crisis y epidemia que marcó el final del feudalismo europeo. Sostiene que “muchos fenómenos actuales, pese a las impresionantes transformaciones económicas y tecnológicas producidas desde la revolución industrial, se parecen a los de ese capitalismo mercantil del fin de la Edad Media”.
Entre esos fenómenos, análogos a los de hoy, que habrían marcado a la devastadora crisis del siglo XIV, se ubica en primer lugar un proceso de polarización social: “por un lado, un puñado de individuos y familias enormemente ricos, por otro, el resto de la población, clases bajas y medias que van de la extrema pobreza a una vida insegura de trabajos inestables, pesares y algún bienestar”. Se suman a ello el incremento exponencial de las deudas e intereses usurarios, las burbujas inmobiliarias, las guerras permanentes, las crisis monetarias, la caída de la producción, los gastos improductivos en bienes de lujo y la mayor presión sobre las clases productoras.
Esas serían las causas de las “desgracias del siglo XIV que significaron el principio del fin de un modelo económico: el feudalismo (aunque hubo que esperar varios siglos para su caída definitiva) y el nacimiento del mundo moderno”. La comparación encuentra un punto de apoyo en el papel protagónico que jugó en aquella crisis la peste negra, que constituye aún uno de los hitos más catastróficos de la historia europea. El coronavirus vendría a ser así la peste del siglo XXI, y expresión del fin de un “modelo económico”.
Pero el escenario histórico en que la peste negra (o peste bubónica, que provenía de las ratas) irrumpió para arrasar nada menos que con un tercio de la población de Europa en unos años, fue sin embargo resultado del desarrollo mismo de la sociedad medieval europea, que se chocó violentamente con los límites que le imponían las relaciones sociales que la habían impulsado hasta allí.
El feudalismo había llegado, a principios del siglo XIV, a su apogeo. El crecimiento general del comercio y la orientación de los cultivos de cereales hacia la exportación revelan un proceso de desarrollo económico, al igual que el crecimiento de las ciudades y la manufactura. Pero, como señala el propio Guy Bois -que es citado por Rapoport en su artículo-, el feudalismo solo podía ofrecer un desarrollo extensivo, mediante la ocupación de nuevas tierras y el crecimiento de la población, pero manteniendo en lo esencial la misma base técnica.
De esta manera la economía basada en el régimen señorial no solo no podía incrementar la productividad sino que era sometido a una ley de baja tendencial de la productividad del trabajo (o de rendimientos decrecientes) producto de la menor fertilidad de las tierras marginales que eran ocupadas y puestas a producir, por el retroceso de la ganadería que implicaba menores abonos para la tierra, por el parcelamiento de las explotaciones campesinas en pequeñas unidades ante el aumento de la población. Los menores rendimientos de las tierras llevaban también a una caída de la tasa de tributo que recaudaban los señores feudales, lo que solo podía ser compensado con un incremento de las exacciones sobre los campesinos arrancándoles una cuota mayor de su producción, aumentando la explotación de las familias de productores y del suelo hasta su agotamiento.
Este proceso llevó a que a principios del siglo XIV una serie de hambrunas hiciera estragos en numerosas regiones. Se había terminado la etapa de crecimiento. En este contexto de miseria creciente entró en escena hacia mediados de siglo la peste negra, con su secuela de muertes por asfixia, que se propagó por todo el continente. Siguiendo con Bois, era la propia acumulación feudal la que estaba “trabada por las fuerzas productivas y las relaciones de producción”, y ese era el detonante de las catástrofes del hambre, la peste y las guerras. Lo que entraba en una crisis generalizada, entonces, no era un “modelo económico” sino los cimientos mismos de las relaciones sociales de producción en que se asentaba el feudalismo, expresión de la incapacidad histórica de un régimen social para hacer frente a las condiciones generadas por su propio desarrollo.
Existe, por esto mismo, una distinción esencial entre la crisis del siglo XIV y la actual. La diferencia es que aquella representa el paroxismo de las crisis de sub-producción. La superación de los límites puestos al desarrollo de la productividad del trabajo requería de una ruptura de las barreras que erigía el régimen social. Ese proceso de ruptura histórica empezó con la liquidación de la servidumbre tras los levantamientos populares que sacudieron en esta época a todo el continente, cuyos emblemas fueron las jacqueries francesas y el levantamiento de los campesinos ingleses en 1381.

Los sujetos históricos y las crisis

El hecho de que Rapoport evite hacer mención a estas conmociones sociales no es casual. Podemos concluir que en su análisis son los Estados quienes están llamados a jugar un rol como sujetos históricos definitorios, regulando los excesos del capitalismo. Haciendo una comparación biológica, podríamos decir que estos excesos aparecen primero como una enfermedad de la primera infancia del capital (siglo XIV) y luego como una recaída en una suerte de adolescencia tardía (neoliberalismo) que será superada mediante una vuelta a la madurez (los Estados de bienestar).
En realidad, el predominio del capital financiero y los choques entre las grandes potencias en provecho de sus grandes pulpos son características fundamentales de la etapa imperialista y monopolista del capitalismo. Esta fase superior (como la definiera Lenin) se inició hacia el final del siglo XIX y los albores del siglo XX, y se manifestó de manera extraordinaria en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Estos rasgos de la economía mundial son entonces síntomas de la senilidad histórica del capitalismo, cuando ha creado las condiciones para su superación.
Con esta base, la caracterización común que puede hacerse de la crisis del siglo XIV y la bancarrota actual es que ambas son producto del propio metabolismo del régimen social, de su desarrollo, y por lo tanto no pueden ser superadas por algún tipo de regulación de su dinámica, sino solo mediante una fractura completa del orden social y del surgimiento de una clase revolucionaria capaz de reorganizar sobre nuevas bases la producción social. Llegamos así a la cuestión fundamental. Si la crisis actual es expresión de la decadencia histórica del capitalismo, que ha agotado sus posibilidades de desarrollo, el sujeto histórico que puede dar una salida es la clase obrera, liderando al conjunto de los explotados.
Es insoslayable que avanzamos nuevamente hacia grandes conmociones sociales. Esto porque, como dijimos, los intentos de recomposición del mercado capitalista requerirán de la eliminación de capital sobrante y de una brutal destrucción de fuerzas productivas. El cálculo de la OIT augurando 25 millones de nuevos desocupados tras la pandemia, los cierres de fábricas y el agravamiento de los choques entre las potencias imperialistas lo atestigua. Si ya antes del coronavirus asistíamos a una ofensiva general contra las condiciones de vida de los trabajadores en todo el mundo -condensadas en las reformas laborales y jubilatorias de las más variadas latitudes- y a respuestas enérgicas contra ella de parte de los explotados, esos choques se agudizarán en el futuro cercano. La pelea consiste entonces en construir una dirección política de la clase obrera consciente del rol histórico que ésta está llamada a jugar.
La construcción de esa dirección será el fruto, exactamente, de la lucha contra los intentos por encorsetar a los explotados detrás de programas de conciliación de clases, que tienen su esencia en el culto al papel del Estado como regulador por encima de los antagonismos entre las clases sociales.
Esto vale especialmente para el nacionalismo de contenido burgués. Es interesante observar que los regímenes nacionalistas que se postulaban para desarrollar burguesías nacionales fuertes en los países oprimidos por el imperialismo ingresan en esta etapa en una fase de desintegración, precisamente porque los rescates al capital en el período de crisis rompieron el equilibrio de contención de los choques de clases, que era la columna sobre la que se asentaban. Que la caída de los precios de las materias primas haya privado a estos regímenes de su base de sustentación económica prueba que no fueron un factor de desarrollo autónomo de sus naciones sino que se limitaron a explotar a su favor el período de alza especulativa del mercado de la “globalización neoliberal”.
Señalemos por último la contradicción que surge de la reivindicación de los Estados de bienestar en contraposición a la globalización neoliberal, en momentos en que el combate contra el coronavirus exige en cambio la mayor cooperación internacional. La clave del asunto está en que solo una planificación económica podría dar lugar a tal cooperación, pero ello es incompatible con la anarquía que impera en el capitalismo por el dominio privado de los medios de producción.
Esa anarquía económica es también lo que está en la base de los fracasos por revertir la crisis climática, tras tres décadas de cumbres internacionales que ni siquiera lograron poner en marcha un plan común. La mención no es circunstancial, porque si el agotamiento de los suelos fue uno de los factores de la crisis del siglo XIV, la depredación ambiental y las condiciones insalubres de vida que padece la mayoría de la población son un terreno fértil para los estragos que está causando la pandemia. También en este terreno, solo la clase obrera puede dotar de un programa de salida al ascendente movimiento juvenil que lucha contra el cambio climático, porque para ello hay que subvertir las relaciones sociales de producción.
No son entonces las medidas de rescate de la economía capitalista las que conducen a una superación de la crisis actual. Son las huelgas contra la desidia patronal frente al coronavirus, son las peleas contra la desocupación en masa y la precarización de la juventud, son los levantamientos populares contra los planes de ajuste fondomonetaristas y las reformas reaccionarias, son en definitiva las luchas obreras las portadoras de futuro. Lo que hace falta es dotar a estas luchas de un programa propio de salida a la crisis. Finalmente, como acertara de forma brillante y trágica Rosa Luxemburgo, la dicotomía que domina la era histórica de agotamiento del capital se dirime entre el socialismo o la barbarie.

Iván Hirsch

¿Cómo y por qué se produjo la visita de Fidel a la URSS en 1963?

¿Quién es Kamala Harris, la candidata a vicepresidente de Biden?

El candidato demócrata Joe Biden ya se había comprometido hace meses a elegir a una mujer como compañera de fórmula. Este compromiso llama la atención porque en vez de partir de valorar las cualidades personales de quien va a acompañarlo en el binomio, esto equivale a confesar carencias de su propia candidatura que intentaría suplir con su acompañante.
Por un lado está la propia presencia del movimiento de mujeres, uno de los grandes procesos de lucha que vienen enfrentando al Estado y que el Partido Demócrata intenta entusiasmar como vehículo de recambio político.
Se han desplegado en años recientes el movimiento #metoo de denuncia de los abusos en Hollywood y las enormes movilizaciones de mujeres llamadas “Women’s March” que se han realizado bajo el gobierno de Trump.
Biden, por su parte, cuenta con un problema agregado en ese marco. Se han realizado múltiples denuncias de conducta indebida hacia mujeres. Ha surgido incluso una denuncia por abuso sexual de una empleada del congreso hace 30 años, llamada Tara Reade.
El septuagenario Biden, representante de un régimen político condenado por una población soliviantada y con acusaciones no resueltas de esta gravedad, ha buscado «una mujer» que aparte aporte «diversidad racial» para tratar de resolver la desconfianza que su figura despierta en amplias capas de quienes se oponen a Trump en las calles y deberían apoyarlo en las elecciones de noviembre para que se imponga.
La inclusión de miembros individuales de sectores que sufren la opresión no implica, sin embargo, una modificación de las condiciones reales de vida. No es casual que el movimiento Black Lives Matter haya surgido justamente cuando los asesinatos policiales de la población negra continuaban bajo la presidencia del primer mandatario afroamericano, Barack Obama. Otro tanto podría aportar el movimiento de mujeres de Argentina, que sigue peleando por derechos elementales como el aborto legal, luego de ocho años de que Cristina Fernández de Kirchner ocupara la presidencia.
Finalmente esta semana se definió que la mujer que acompañe a Biden sería Kamala Harris. Conviene detenerse en que cualidades de su trayectoria política hicieron que fuera elegida, más allá del hecho destacado en los medios reiteradamente de que efectivamente se trata de una mujer de origen étnico diverso. La abogada se desempeña actualmente como Senadora por California e hizo su carrera como fiscal de distrito en San Francisco (2004 – 2011) y como fiscal general de California (2011-2017). En diciembre de 2019 había abandonado su precandidatura a presidente en las primarias del Partido Demócrata.
Los medios resaltan la elección de la figura de Harris como un aliciente para tratar de repetir la concurrencia de votantes negros, latinos y jóvenes que tuvo Barack Obama. La elección de Harris, un elemento de larga trayectoria como funcionaria de Estado que goza de la confianza de los aparatos políticos de Washington (incluidos muchos republicanos) y de importantes sectores del gran capital es un desaire fuerte al ala progresista que viene creciendo en el Partido Demócrata. Sin embargo, la nueva formula fue saludada por el ex candidato presidencial izquierdista Bernie Sanders, diciendo que Harris, «sabe lo que hace falta para defender a los trabajadores». La subordinación al aparato partidario del senador Sanders, que se presenta como un candidato independiente y socialista, es total.

Fiscal de Mano dura

En su carrera en la justicia Harris es conocida por ser una fiscal que llevo adelante políticas “tough on crime” (duras contra el crimen), o sea de militarización para los barrios trabajadores e impunidad para el accionar violento de las fuerzas represivas. La Senadora defendió la legislación de “Truancy law”(ley de desertores) que establece multas o la prisión por un año para los padres de los alumnos que se hayan ausentado más de 20 veces de clases. Dicha legislación afecta principalmente a los negros y sectores más carenciados.
Como fiscal general rechazó, en 2014, el dictamen de juez federal del condado de Orange que determinaba que la pena de muerte era inconstitucional. Argumentó que era su responsabilidad como fiscal rechazar ese dictamen con el argumento bizarro de que «socava importantes protecciones que nuestros tribunales brindan a los acusados«. En este momento hay 729 prisioneros en California esperando dicha pena.
Entre otras denuncias que pesan en su contra es interesante que en 2015 se opuso a un proyecto de ley que requería a su oficina la investigación de tiroteos que involucraban oficiales de policía. La activista Phelicia Jones, fundadora de Wealth and Disparities in the Black Community y la Coalición Justicia para Mario Woods (Woods fue asesinado a tiros por agentes de policía de San Francisco en 2015) resumió el carácter de Harris como fiscal en una pregunta “¿Cuantos más tienen que morir antes de que ella intervenga?”. También se opuso a las normas estatales que regulan el uso de cámaras corporales para la policía y la lista sigue.

La favorita de Silicon Valley

El apoyo de un sector de la industria tecnológica es importante para la campaña del partido demócrata. Desde Silicon Valley, la zona de California cercana a San Francisco donde se concentran decenas de gigantes de la industria empezando por Apple y Google, planteaban una preocupación por el ascenso de “sectores izquierdistas” (sic) dentro del partido y la ausencia de una campaña de Biden sobre la situación de las grandes empresas tecnológicas, cuando las empresas tuvieron un nuevo choque con Trump, lo cual ha sido reiterado en todo su mandato, cuando fueron citadas al congreso recientemente a indagar si no les cabe la aplicación de legislación anti-monopólica. La integración internacional de estas empresas, desde sus planteles de trabajadores a su esquema de negocios, ha generado choques con la política proteccionista e insular de Trump desde la primera intentona de frenar de golpe la inmigración en cuanto asumió.
La elección de la figura que acompañaría a Biden en la formula era algo que estaban esperando. Las extendidas relaciones de la senadora Kamala con ejecutivos líderes en tecnología aportan tranquilidad a los donantes vinculados a este sector, lo cual garantizará el ingreso de millones de dólares a la campaña demócrata.
El ascenso político de Harris estuvo financiado desde sus primeros días por la elite de San Francisco, desde magnates petroleros como la familia Getty a los dueños del boom tecnológico que se fue dando en paralelo con su desempeño. Ella tiene una relación muy estrecha con Laurene Powell Jobs (esposa del fallecido Steve Jobs) y también han aportado al inicio de su campaña presidencial relaciones vinculadas a Facebook, Google, eBay entre otros. Reporta al mismo sector de las clases dominantes de California que Nancy Pelosi, la cabeza de la bancada en la cámara baja y que el gobernador Gavin Newsom.
La elección de Kamala Harris como candidata a vicepresidente de los Estados Unidos de parte del Partido Demócrata solo refuerza la percepción de millones de que el régimen político entero de Estados Unidos es propiedad de las grandes corporaciones que fueron rescatadas recientemente por acuerdo casi unánime del congreso mientras más de 160 mil habitantes fueron dejados morir sin movilizar la atención sanitaria necesaria.
Está más planteado que nunca impulsar un partido de trabajadores independiente de demócratas y republicanos que logre llevar a una victoria a los reclamos populares. Fuera Trump. La posibilidad de derrotarlo, como lo dicen miles en las redes sociales en este momento es la huelga general y la acción directa, no el apoyo al partido de los millonarios que representan Biden y Harris.

Domingo Díaz

Deuda argentina, el pasado que no pasa. ¿Qué futuro?

Las negociaciones por la Deuda que lleva adelante el Gobierno Nacional, los 20 años del Fallo basado en las investigaciones de Alejandro Olmos y la necesidad de enjuiciar el mecanismo de endeudamiento permanente, se han dado cita en medio de la pandemia.
Por esas ironías de la historia, que a su paso va dejando indicios, que en algún momento son recuperados, han coincidido la presentación de la última oferta que el Ministro Guzmán hiciera a los bonistas tenedores de deuda bajo legislación extranjera y el 20° aniversario del Fallo del Juez Ballesteros basado en la causa iniciada por Alejandro Olmos. Conviene recordar que su investigación y posteriores denuncias demostraron las irregularidades de la Deuda Externa contraída por la última dictadura militar que ensombreció al país instalando el terrorismo de Estado, cuyos efectos aún nos conmueven y nos impulsan a la acción. El Juez Ballesteros remitió al Congreso Nacional sus actuaciones para que allí se investigara. Desde entonces pasaron varios gobiernos todos, en algún momento, tuvieron mayoría en las Cámaras, pero nada sucedió. El reclamo sigue vigente.

El pasado que no pasa

El historiador italiano Carlo Ginzburg en su ya clásico ensayo El queso y los gusanos trata de establecer un modelo de análisis cultural que se caracteriza por tratar de rescatar los problemas desde “la perspectiva misma de las víctimas” de los procesos históricos estudiados. Este modelo de historia crítica, con las salvedades del caso y el respeto por el mismo, puede aplicarse a la historia de la Deuda desde la dictadura hasta hoy.

Veamos:

En 1976 la Deuda era de 8.000 millones de dólares; en 1983 saltó a 45.000; para 1989 ya sumaba 63.000; en el 2001 trepó a 144.000 y en 2004 alcanzó a 191.000. Con el canje de 2005 se redujo a 149.000. Luego vendría el pago anticipado al FMI por unos 9.000 millones. Los distintos gobiernos que aplicaron el Plan Brady (1991), el megacanje y blindaje (2001) y las re-estructuraciones (2005 y 2010), no se ahorraron en decirnos que las deudas hay que honrarlas, que entrar en cesación de pagos nos aislaba del mundo en términos financieros y comerciales; que luego de esos canjes y re-estructuraciones se solucionaba el problema del endeudamiento y que se abrían las posibilidades para un crecimiento sostenido de nuestra economía.
Los resultados están a la vista. La Deuda Pública del Estado Nacional al 31.12.2019 alcanzaba los 324.000 millones de dólares. De ese total se pueden recortar unos 100.000 que es deuda tomada en tiempo récord y a muy corto plazo por la administración Macri, básicamente son los bonos 2016/18 y parte de la deuda intra-Estado. Pero el resto es deuda de arrastre que se ha reestructurado una y otra vez, sus orígenes se encuentran en aquella deuda contraída por la dictadura genocida de 1976.
Ahora se esgrimen los mismos argumentos de siempre, pero son los argumentos de las clases dominantes, de los gurúes de la City y de los medios hegemónicos a su servicio. Es decir de los ganadores de siempre. Pero siguiendo el modelo de Ginzburg podemos encontrar indicios de que la historia permite otra lectura. Esos indicios se encuentran en la investigación de Alejandro Olmos, que el Congreso ha desestimado una y otra vez. Se encuentran en los cientos de irregularidades que su investigación demostró, que van desde anomalías en la contratación de seguros de cambio, en forzar el endeudamiento de las empresas públicas, en deudas por proyectos de inversión que nunca se realizaron, en el desconocimiento expreso de la Carta Orgánica del Banco Central; en la inexistencia de registros de la deuda tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central, hasta una suerte de libreta negra donde se registraban las colocaciones de reservas en el exterior.
Si se continuaran las investigaciones a partir de lo hecho por Olmos, seguramente se encontrarían muchos más indicios que permitirían caracterizar oficialmente a esta Deuda de fraudulenta, de ilegítima y de odiosa.La Deuda a Juicio. La «Autoconvocatoria por la Suspensión los Pagos y la Investigación de la Deuda», que reúne a referentes de derechos humanos, economistas y dirigentes sindicales, sociales y políticos, viene desarrollando tareas de información y esclarecimiento sobre el impacto de la perpetuación de la deuda y la negativa a investigarla, ha organizado un Juicio Popular e independiente al mecanismo de dominación que contienen tanto la deuda como las relaciones con el FMI.
Este juicio dio inicio el mismo día en que se homenajeó a Alejandro Olmos, evidenciando la necesidad de que al menos esta vez se investigue la Deuda Eterna.
La estructura del Juicio. Cuenta con 4 Fiscales, 2 Defensores, 3 Peritos, 9 integrantes del Jurado y una larga lista de testigos que desde distintas disciplinas -salud, educación, ambiente, trabajo, mujeres y disidencias- exponen el impacto de la deuda en esas actividades y en su propia vida. Los Foros temáticos dieron inicio el pasado 27 de julio y continuarán todos los lunes hasta el 30 de septiembre. En octubre se instalará el Juicio y se conocerá el veredicto final. Todo puede seguirse por Facebook, Youtube.
Ahora, si aplicamos el criterio de Ginzburg de estudiar este largo proceso desde “la perspectiva misma de las víctimas” sería suficiente con comparar la evolución del endeudamiento con la de los índices de pobreza, de desempleo, del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, del PBI per cápita y de las desigualdades sociales desde 1976 a la fecha. El balance sería lapidario.

Un nuevo paso en la dirección de siempre

Ya en la campaña electoral el ahora presidente Alberto Fernández trazó una hoja de ruta para negociar la re-estructuración de la Deuda Pública del Estado nacional. A poco de asumir envió al Congreso un Proyecto de Ley, aprobado por todos los bloques, con excepción de la izquierda, que lo habilitaba para iniciar las negociaciones. En ese acto el Gobierno legalizó una Deuda claramente ilegal y fraudulenta, y que bien se la caracterizó por algunos sectores como odiosa.
Sin embargo, en marzo pasado se desató la pandemia del Covid-19 que cambió bruscamente todas las relaciones económico-sociales a nivel mundial y, que hundió la economía en niveles nunca vistos desde la crisis del ’30 del siglo pasado. En Argentina fue peor, porque el parón de la economía cayo luego de dos años consecutivos de recesión. Para tener una idea a fines de este 2020 el producto per-cápita será unos 20 puntos menor que en 2010. El Gobierno tenía ahí una oportunidad única para declarar el estado de excepción por la pandemia y suspender el inicio de las tratativas y de los pagos e iniciar una investigación de la deuda tomada por el gobierno Macri. Hubo un punto favorable, por iniciativa del propio presidente, que le pidió al Banco Central un informe sobre los prestamos tomados en el período 2016-2019 y la salida de capitales. Este trabajo muy detallado y fundado detalla con precisión el ingreso de los fondos y la fuga de los mismos por medio de empresas y personas físicas. Ahí esta toda la información necesaria, sin embargo quedó archivado como un “paper académico”.
Luego de 8 meses de arduas y trabadas negociaciones, en que el Ministro de Economía Guzmán presentó 5 ofertas, en cada una de ellas fue cediendo a los pedidos de los bonistas, se llegó a un acuerdo con los tres grupos de Fondos que detentan el 60% de los bonos emitidos bajo legislación extranjera. Ahora, para convalidarla siguen tres pasos: a) hasta el 24 de este mes hay tiempo para que los bonistas entreguen sus bonos sujetos a canje; b) luego se conocerá el porcentaje de aceptación del canje-se espera bordee el 80%- si se logró la mayoría necesaria ( esto significa que no habrá bonistas que no aceptaron el canje o que si los hay no tienen entidad suficiente como para hacer peligrar el acuerdo), mientras tanto se redacta la letra chica de los bonos (habrá sorpresas?) y c) canje de los 21 bonos vigentes hasta ese momento por 5 nuevos bonos con las condiciones acordadas. Si se cumple todo quedará perfeccionado el acuerdo.

Las condiciones

Mínima quita de capitales, 1.9% que en la deuda total final se compensa porque los intereses caídos durante la negociación (1757 millones) se capitalizan. Fuerte quita de intereses, la tasa promedio pasa del 6.6% actual a 3.07%, lo que significa una quita respecto de los montos originales de 31.700 millones de dólares en el período 2021 a 2047.
El VPN de la deuda se estableció en 54.8 dólares por lámina de 100. Si se compara con la primera propuesta del gobierno, cuando el VPN era de 40 dólares, hay una cesión a favor de los bonistas de 13.300 millones de dólares.
En el período 2020-2023 no hay vencimientos de capital y los intereses son mínimos, alcanzan a 3.127 millones de dólares en los tres años (2021:136; 2022: 1204 y 2023: 1787) cuando eran 19.000 según la deuda original. Si se agregan los intereses por la deuda bajo legislación nacional, el pago en esos tres años se estima trepará a 4.500 millones.
Todo se complementa con las modificaciones legales en los términos de las Clausulas de Acción colectiva (CAC’s) estas no inciden sobre la actualidad sino a futuro. En realidad, los bonistas se cubren ante una posible nueva crisis de deuda a futuro. De todas formas, estas modificaciones que cambian las condiciones estándar utilizadas hasta ahora por el sistema financiero internacional, tienen que ser aprobadas por los organismos respectivos, algo en lo que Black Rock (que es un jugador mundial) está interesado, pues para ellos el caso argentino es un caso testigo, y las condiciones económicas y legales que aquí se aprueben serán referencia en otros casos en los que están involucrados como prestamistas. “Argentina será de los países donde mejor se apliquen las CACs, se va a convertir en ejemplo” dicen los representantes de algunos Fondos.

El resto de la Deuda

Este acuerdo solo cubre el 20% de la Deuda Pública total del Estado Nacional. Se espera, así lo dijo el Ministro Guzmán en numerosas oportunidades, que la Deuda emitida bajo Legislación Nacional seguirá el mismo criterio tanto con el capital como con los intereses (Diputados acaba de aprobar la Ley que habilita ese canje). Para tomar dimensión del nuevo escenario que se perfila: la carga de vencimientos anuales por la deuda en monedas duras (bonos emitidos bajo Ley Extranjera y Nacional) es del orden del 1% del PBI hasta el 2024, cuando en la situación actual era del 3%.
Queda acordar un nuevo acuerdo con el FMI (Argentina es el principal deudor del FMI, 44.500 millones de dólares), y al mismo tiempo esa deuda es producto del préstamos más grande otorgado por el Fondo a un país. El anterior préstamo ya caducó pero sus vencimientos están aún vigentes. Por lo tanto, Argentina tiene que negociar un nuevo préstamo para pagar el anterior préstamo. Es muy posible obtenga como mínimo una postergación de los pagos por tres años, habrá que esperar si es un Stand by o un Plan de Facilidades Extendidas, porque los plazos de repago y los condicionantes son distintos en cada caso. Si hay arreglo con el Fondo, con el Club de París, unos 2000 millones, se hará rápido. Por último, hay prestamos de otros organismos internacionales (BM, BID, CAF) del orden de los 25.000 millones.

Conclusiones rápidas

El objetivo de mínima del Ministro Guzmán está cumplido: logró despejar de vencimientos todo el período de la Administración Fernández-Fernández. Los vencimientos vuelven a cobrar fuerza a partir del 2025 y más aún en los años que van de 2030 a 2035. El esquema del Ministro supone que en tres años el país podrá volver a endeudarse en los mercados “voluntarios” de crédito, y volver a la rueda de pagar intereses y renovar indefinidamente el capital. Esto es posible porque hay una hiperliquidez en el mundo, resultado de la mayor expansión monetaria de los gobiernos para enfrentar el Covid-19 y sus consecuencias económicas (es el triple de lo emitido cuando la crisis del 2008). Las tasas están bajando rápidamente, el bono del Tesoro de EEUU a 10 años paga hoy una irrisoria tasa de 0.54% anual. En Europa hay tasas de interés negativa. En el mundo financiero se está hablando de una “era de dinero gratis”.
Todas las expresiones políticas, empresariales y la propia CGT, salvo la izquierda, saludan el acuerdo. Como, dice el amigo Julio Gambina, se trata del “partido de la deuda” que siempre está dispuesto a pagar en forma serial, sin preguntar cuánto ni porqué. El gobierno saldrá fortalecido si logra capitalizar la reestructuración. La derecha y los gurúes de la city se han quedado sin argumentos, solo recurren a que la negociación fue demasiado larga y que se podría haber acordado antes, pero estos argumentos no son sostenibles. El arreglo es celebrado con bombos y platillos por las corporaciones que operan en nuestro país y las empresas locales que se financian en el mercado internacional, que acumulan una deuda de 16.000 millones de dólares, que ahora podrán re-financiar a tasas bajas. También mejoran las posibilidades de las provincias endeudadas de reestructurar sus deudas.
Claro que esto solo arregla transitoria y parcialmente la cuestión financiera, a partir de ahora se discutirá la post pandemia, esto es la economía real y como salir de la crisis. Nada de todo esto garantiza que lleguen inversiones productivas, salvo en algunos nichos en que se garantice alta y rápida rentabilidad, se reforzará la tendencia a la agroindustria, la gran minería o la industria del conocimiento porque aportan divisas de exportación. Mientras tanto la rueda de la Deuda seguirá girando.

Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).