domingo, 19 de mayo de 2019

Asamblea del Gas vota Huelga General para el próximo 27




En Asamblea, y frente a los anuncios de más despidos por parte de PETROBRAS, las trabajadoras y trabajadores de Montevideo Gas decidieron profundizar las medidas. Anuncian Huelga General del gremio desde el 27 de mayo si para esa fecha no hay una salida del gobierno.

En una Asamblea General con carácter de Grave y Urgente convocada por la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGAS), trabajadoras y trabajadores se reunieron en la sede de su sindicato ubicado en la calle Convención, en el centro de Montevideo.
Allí se evaluó la situación a partir de la ofensiva de la empresa PETROBRAS, que ayer en la reunión tripartita anunció su disposición de avanzar con nuevos despidos (concretamente 4, que se suman a los 7 anteriores) y aplicar suspensiones con apercibimiento de despido (que suman 53 en total) a quienes han participado de la acción de control obrero del mes pasado, en el marco de la lucha encarada desde el Sindicato del Gas.
En tal sentido, en la Asamblea se mencionó que la actitud de la empresa constituye en los hechos un lock out patronal, ya que suspender a tanta cantidad de trabajadores compromete seriamente el normal servicio del gas por cañería.
La empresa PETROBRAS ya anunció su decisión de retirarse del país. Pero antes – y para no tener que pagar ninguna multa ni sanción – quiere llevarse puestas todas las conquistas obreras y las fuentes laborales. Quién sabe, si llega a echar a unos 100 trabajadores, como es su intención, luego decide quedarse y contratar nuevo personal bajo condiciones de precariedad laboral y sin los derechos sindicales que tiene el personal que, en su mayoría, viene de cuando la compañía estaba en manos del Estado uruguayo.
Está clarísimo que PETROBRAS aplica una medida totalmente antiobrera y antisindical contra quienes ejercieron una medida de lucha como el control obrero, una extensión junto a la ocupación del derecho a huelga. Además, de concretarse los despidos, se descabezaría toda la organización sindical ya que la medida incluye a toda la directiva y los delegados por sector. Claramente Petrobras quiere atacar a la organización obrera y así dar un golpe ejemplar al conjunto de la clase trabajadora.
Luego de más de una hora de deliberación, la Asamblea General procedió a votar. La propuesta de la directiva del Sindicato fue iniciar una Huelga General a partir del próximo 27 de mayo si para esa fecha el Poder Ejecutivo no ha resuelto nada con respecto a garantizar la continuidad de las fuentes laborales y del servicio público.
El comunicado que emitió el Sindicato dice textualmente: “Comenzar la huelga general de los trabajadores del gas a partir del lunes 27 de mayo si no hay una modificación sustancial en la realidad que estamos viviendo tanto desde PETROBRAS como desde el Poder Ejecutivo, exigiendo la defensa de la fuente de trabajo y el servicio público de gas natural”.
Es que, frente a la dureza de la patronal, los trabajadores y trabajadoras no pueden menos que responder profundizando sus medidas. A la huelga de hambre que están realizando dos trabajadores, que hoy llega 16 días (eran tres trabajadores, pero uno debió suspenderla por problemas de salud), ahora se suma la perspectiva de la huelga general.

Karina Rojas
Montevideo
Miércoles 15 de mayo | 19:02

Brasil: el tsunami educativo se puede transformar en una tormenta perfecta para Bolsonaro


Cristina da garantías a los mercados




No romperemos con el Fondo y pagaremos la deuda

En una tarea sistemática por llevar tranquilidad al capital financiero y al imperialismo, ante un eventual futuro gobierno K, distintos alfiles de CFK –en particular su ex ministro de Economía, Axel Kicillof- han desfilado frente a múltiples representantes de los buitres internacionales para dar garantías de que una administracion kirchnerista no rompería relaciones con el Fondo Monetario y pagaría religiosamente la deuda externa, que hoy llega casi al 100% del PBI, es decir a toda la riqueza producida en el país en el curso de un año.
En este camino, Kicillof marchó hace pocos días a Wall Street para garantizar el cumplimiento de los compromisos externos si hay un gobierno K: “Nadie quiere un default en Argentina”, dijo el ex funcionario.
Kicillof ha sido el delfín más activo en el ofrecimiento de garantías. Mantuvo reuniones con directivos del Fondo y, en el viaje a los EE.UU, como vocero de Cristina, habló ante representantes del capital financiero a quienes les recordó que "durante el Gobierno de Cristina Kirchner cumplimos con todos nuestros compromisos”.
Sin embargo, la profundidad de la crisis no quita del horizonte la posibilidad de una renegociación de la deuda. Y si bien consideró "audaz" hablar ahora de una renegociación, Kicillof puntualizó: "hay que ver en qué condiciones deja (la economía) este gobierno. Si están cerrados todos los mercados, las reservas están vacías y hay vencimientos al otro día, no es algo que se pueda decidir" (La Nación, 10/5).
Otro de los que recorre despachos en los Estados Unidos a nombre de Cristina es el que fuera segundo de Kicillof, Emmanuel Álvarez Agis, quien aportó a las garantías con los antecedentes del kirchnerismo: “nosotros les pagamos a todos. Pagamos puntualmente cada vencimiento de bonos. También afrontamos los pagos en el tribunal del Ciadi; al Club de París, y a Repsol por la expropiación de YPF. Nadie puede dudar de la voluntad de pago del gobierno de Cristina" (Iprofesional, 26/4).
Cristina también se lanzó a la campaña para aportar tranquilidad al imperialismo. En la presentación de su libro en la Rural, le recriminó al gobierno macrista que no siguiera los lineamientos del gobierno de Donald Trump, en un guiño al gobierno norteamericano, colocado aún en el apoyo decidido a la reeleccion de Macri.
Pero, ante tantas señales de obsecuencia, el funcionario del FMI Roberto Caldarelli, encargado de la misión que controla las cuentas de nuestro país, deslizó que el FMI desea -y trabaja para- un triunfo de Macri, aunque “no se asusta” con la vuelta de Cristina” (Clarín 16/5).
Lanzada a la campaña electoral y a la de tranquilizar a los mercados con la fórmula explicitada que relega a Cristina de la presidencia, la tarea de CFK para dejar en el olvido cualquier reminicencia nac&pop, seguramente se va a multiplicar. Más garantías al gran capital, más miseria para los trabajadores y los demás sectores explotados.

La historia no los absuelve

En setiembre del 2013, cuando, junto a su fallecido esposo, habían cubierto diez año de gobierno, Cristina Fernandez de Kirchner dijo una de sus frases más recordadas: “Argentina, que durante muchísimo tiempo había sido una deudora serial, hoy es una pagadora serial”. Efectivamente, en los 12 años de gobierno los K pagaron u$s200.000 millones de deuda externa, incluyendo los u$s10.000 millones abonados al contado al FMI y una cifra similar al Club de Paris y los u$s10.000 que fueron a los bolsillos de Repsol cuando se le expropió la empresa que habían vaciado.
La frase de CFK fue dicha en medio de la disputa con una porción minoritaria de los fondos buitres poseedora de bonos que bloqueaba los pagos a la mayoría que había aceptado un acuerdo de pago. Respecto de estos últimos dio la “tranquilidad al 93% de nuestros acreedores de que le vamos a pagar en término y la moneda que se acordó”.
El pago de la deuda al FMI, en particular y a los acreedores externos en general, fue presentado como una forma de alcanzar independencia económica y política. Lejos de esto, la contrapartida de los pagos fue un drenaje de divisas del Banco Central que prácticamente vaciaron sus arcas y, en diciembre del 2015, al final del gobierno de CFK, quedaban menos de u$s10.000 millones de libre disponibilidad.
Cristina, que con algunas frases desplegaba claridad respecto de los andares de su gobierno y respecto de quienes eran los verdaderos beneficiarios de su política, dijo también, en la misma línea, que los bancos y los grandes empresarios “la juntaron en pala” durante su administración, mientras las jubilaciones siguieron en niveles de miseria y los salarios medios se mantenían lejos del costo de la canasta necesaria para cubrir las necesidad de la familia obrera.
En una entrevista con la revista Forbes de hace un par de meses, el ex ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, destacó que fue bajo la década K cuando más ganaron los bancos.

De vieja data

El ex funcionario, claro, ya había dado muestras de “respeto” a los buitres. El fue quien acordó el pago de la deuda con el Club de París, incluyendo punitorios fraudulentos por miles de millones de dólares. Esa deuda había sido estatizada por la dictadura de Videla, en beneficio de empresarios como el mismo grupo Macri.
En una muestra de que es claramente permicioso para la Argentina, “El convenio con el Club de París es -increíblemente- aún secreto y confidencial. Nunca fue elevado al Congreso, y así se vulneraron leyes de la Argentina” (Clarín 16/5). Es decir que ante estos negociados la grieta se cierra.
El delfín de CFK fue, además, quien le reconoció una fabulosa deuda y le pagó u$s10.000 millones a la expropiada Repsol, que había vaciado la empresa petrolera argentina. También fue el mentor del acuerdo secreto con Chevrón, que comenzó la entrega de Vaca Muerta a los monopolios petroleros internacionales y locales, asegurándoles ganancias superiores a la media gracias a los subsidios del Estado.
El otro delfín y ahora candidato a presidente, Alberto Fernandez, también ha dado muestras de ser un hombre “sensible” ante la banca y el gran capital. Funcionario menemista, manejó el gran negociado de las AFJP, que le permitió “llevarsela en pala” a los bancos y aseguradoras, en perjuicio de jubilados y pensionados, a quienes les sustrayeron miles de millones de dólares mientras duró el regimen.
Luego, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner jugó un papel central en la reestructuración de la deuda en default, reconociendo títulos totalmente desvalorizados. Junto con otro precandidato a presidente, Roberto Lavagna, inventaron en época del gobierno de Néstor Kirchner, el llamado 'cupón PBI’, que permitió recuperar a los buitres parte importante de la quita por los bonos revendidos entonces al Estado.
Estos antecedentes y las garantías actuales son las barajas que colocan sobre la mesa los mentores y actores de la propuesta de gobierno ya declarada de CFK, para mostrar su carácter de clase al gran capital. De ellos nada puede esperar la clase trabajadora.

Nelson Marinelli

Radical transformación del campo cubano




Se escogió para promulgar esta legislación el día en que se conmemora la muerte de Niceto Pérez, mártir y héroe de las luchas campesinas

Era un espléndido día el 17 de mayo de 1946. En la finca El Vínculo, ubicada dentro de un realengo limítrofe con las propiedades del terrateniente Lino Mancebo, Niceto Pérez desyerbaba con sus hijos un boniatal. En los últimos días el geófago lo acosaba para que abandonara el lugar, pues pretendía agrandar su latifundio a costa de su sembradío. Frente a las intimidaciones, la respuesta del agricultor fue tajante: “Para quitarme la tierra, hay que matarme”.
Aquel 17 de mayo, irrumpieron los esbirros de Mancebo en El Vínculo, acompañados de la Guardia Rural. El campesino se hallaba desarmado. Uno de los matones descargó un revólver calibre 38 contra su pecho. Apenas sobrevivió una hora. El crimen cometido no acobardó, sino que encendió la indignación del pueblo. Guantánamo, acogió a los trabajadores del campo y de la ciudad, quienes se unieron en manifestación de duelo y de repulsa por el asesinato de Niceto Pérez, que sería desde ese momento y para siempre el héroe del campesinado cubano.

Fidel 1953

En el juicio por los sucesos del 26 de Julio en Santiago de Cuba y Bayamo, al asumir su autodefensa, Fidel pronunció el alegato conocido como La Historia me absolverá, donde al precisar su concepto de pueblo, incluía a “los quinientos mil obreros del campo que habitan en los bohíos miserables, que trabajan cuatro meses al año y pasan hambre el resto compartiendo con sus hijos la miseria, que no tienen una pulgada de tierra para sembrar y cuya existencia debiera mover más a compasión si no hubiera tantos corazones de piedra”.
Definió cómo los graves problemas que aquejaban entonces a Cuba, el de la tierra, la industrialización, la vivienda, el desempleo, la educación y la salud del pueblo. Sobre el primero de ellos abundó: “El 85 por ciento de los pequeños agricultores cubanos está pagando renta y vive bajo la perenne amenaza del desalojo de sus parcelas. Más de la mitad de las mejores tierras de producción cultivadas está en manos extranjeras. En Oriente, que es la provincia más ancha, las tierras de la United Fruit Company y la West Indies unen la costa norte con la costa sur. Hay 200 000 familias campesinas que no tienen una vara de tierra donde sembrar unas viandas para sus hambrientos hijos y, en cambio, permanecen sin cultivar, en manos de poderosos intereses, cerca de 300 000 caballerías de tierras productivas.
“Si Cuba es un país eminentemente agrícola, si su población es en gran parte campesina, si la ciudad depende del campo, si el campo hizo la independencia, si la grandeza y prosperidad de nuestra nación depende de un campesinado saludable y vigoroso que ame y sepa cultivar la tierra, de un Estado que lo proteja y lo oriente, ¿cómo es posible que continúe este estado de cosas?
“Un gobierno revolucionario, después de asentar sobre sus parcelas con carácter de dueños a los 100 000 agricultores pequeños que hoy pagan rentas, procedería a concluir definitivamente el problema de la tierra, primero: estableciendo como ordena la Constitución un máximo de extensión para cada tipo de empresa agrícola y adquiriendo el exceso por vía de expropiación, reivindicando las tierras usurpadas al Estado, desecando marismas y terrenos pantanosos, plantando enormes viveros y reservando zonas para la repoblación forestal; segundo: repartiendo el resto disponible entre familias campesinas con preferencia a las más numerosas, fomentando cooperativas de agricultores para la utilización común de equipos de mucho costo, frigoríficos y una misma dirección profesional técnica en el cultivo y la crianza y facilitando, por último, recursos, equipos, protección y conocimientos útiles al campesinado”.

Seis mayos después

Los torrenciales aguaceros del 17 de mayo de 1959, hicieron más difícil la llegada a La Plata del Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario, encabezado por Fidel y Manuel Urrutia, entonces premier y presidente de la República respectivamente. Jorge Enrique Mendoza, uno de los legendarios locutores de Radio Rebelde, quien años después dirigiría el matutino Granma durante dos décadas, inició el acto presentando a Violeta Casals, su compañera de locución en los días de la Sierra Maestra, cuya voz devino emblema y carta de presentación de la emisora guerrillera.
Ambos, para Cuba y el mundo, dieron lectura al cuerpo de la Ley de Reforma Agraria y a los decretos del Consejo de Ministros en los que se designaba a Fidel como presidente y a Antonio Núñez Jiménez, como director ejecutivo, del Instituto que llevaría a cabo la aplicación de la legislación que transformaría al campo cubano. En el resumen del acto, el líder de la Revolución expresó: “Nosotros entendemos que esta ley inicia una etapa enteramente nueva en nuestra vida económica y que un esplendoroso porvenir espera a la patria, si nos dedicamos todos a trabajar con el mayor ahínco […].
“No se nos escapa que se lesionan algunos intereses, no se nos escapa que la Ley producirá la natural oposición que una medida revolucionaria de esta índole siempre origina. Sin embargo debemos exponer aquí que solo hacemos leyes para beneficiar a la nación, aunque dolorosamente estas tengan que perjudicar a algún sector del país […] No era justo que nuestro país siguiera avanzando hacia la mayor miseria a que lo llevaban como consecuencia de los gravísimos conflictos sociales, a un caos de imprevisibles consecuencias”.

La ley que caracterizó una etapa

La Reforma Agraria proscribió el latifundio, aunque la primera ley, suscrita el 17 de mayo de 1959, fijaba en 30 caballerías (unas 402 hectáreas) “el máximo de extensión de tierra que podrá tener una persona natural o jurídica”. A la vez, esta legislación entregó a quienes las trabajaban propiedades de hasta un máximo de cinco caballerías (es decir, unas 67 hectáreas) y socializó una parte del área cultivable del país a través de las cooperativas y granjas del pueblo. Para los académicos, esta primera ley, al abrir el camino hacia transformaciones socioeconómicas más profundas, signó a la Revolución al otorgarle un carácter democrático-popular agrario y antimperialista, al lesionar incluso intereses foráneos, sobre todo estadounidenses, por lo que el diferendo de Washington con la Revolución Cubana se ahondó aún más.
En la segunda Ley, promulgada en 1963, en medio de una agudización de la lucha de clases, que en el Escambray alcanzó altos niveles de violencia debido al terror implantado contra la población civil por las bandas contrarrevolucionarias que allí operaron, se rebajó el máximo a cinco caballerías. De esta forma desaparecieron los residuos de la burguesía rural. También se redujo el desempleo y mejoró ostensiblemente el nivel de vida del campesinado. Cerca del 30 por ciento del área cultivable quedó en manos de los pequeños agricultores.
La obra de la Revolución se hizo sentir en el campo cubano. La electrificación llegó hasta los lugares más apartados. Se construyeron escuelas y postas médicas hasta en las montañas.

Revolución, transformación constante

A partir de la promulgación de las leyes de Reforma Agraria surgieron en la década de los 60, casi de manera espontánea, las llamadas Sociedades Agropecuarias o Asociaciones Campesinas como formas de producción cooperativa. Luego se estructuraron las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), en la que los campesinos miembros mantienen la propiedad individual sobre la tierra, pero se unen para contratar determinados servicios, solicitar créditos y realizar trámites. Tomando como punto de referencia estas dos anteriores es que surgen las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), en las que los propietarios de la tierra y restantes medios de producción deciden, bajo el principio de la voluntariedad, aportar dichos medios a la cooperativa, pasando a ser propietarios colectivos.
En los años 90 surgieron las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), integrada por trabajadores con autonomía en su gestión y administración de sus recursos, que como organización socioeconómica recibe la tierra y otros bienes en usufructo indefinidamente y posee personalidad jurídica propia. Desde 2007, entre una serie de medidas encaminadas a reactivar el sector agropecuario, se descentralizaron funciones, el municipio devino centro para el desempeño y toma de decisiones, se han simplificado estructuras y funciones ministeriales y se procedió a la entrega de tierras agrícolas ociosas.
Estas entregas, bajo condiciones de usufructo a personas naturales, se realizan bajo contrato de arrendamiento, por un período de 10 años renovables. De esta forma casi las tres cuartas partes del área cultivable pasaron al sector no estatal. La Revolución, para los cubanos, es un proceso de constante transformación, sin abandono de su esencia y sus principios, y el sector agropecuario no constituye una excepción. En cada momento hay que hacer lo que en cada momento es necesario, alertaba Martí, y nuevas situaciones exigen nuevas soluciones.
Para hacer una agricultura eficiente y sostenible, ha manifestado la dirigencia del Estado cubano que se harán todos los cambios requeridos, acordes con el momento histórico. Porque como señaló Fidel en su genial concepto, Revolución es cambiar lo que debe ser cambiado.

Pedro Antonio García

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Fuentes consultadas

Los libros Gobierno revolucionario cubano: génesis y primeros pasos, de Luis Buch; y Reforma Agraria 40 años después, de Carmen María Díaz García. La compilación Fidel en el año de la Libertad, de Eugenio Suárez y Acela Caner.

sábado, 18 de mayo de 2019

Tsunami educativo contra Bolsonaro




Más de un millón y medio de manifestantes repudiaron en todo Brasil los recortes a las universidades y la reforma previsional en carpeta.

Estudiantes y educadores brasileños protagonizaron ayer una masiva huelga nacional educativa, contra los recortes educativos de Jair Bolsonaro y su plan de imponer una brutal reforma previsional.
Las protestas del presidente ultraderechista, que desde su paso por Texas calificó a los manifestantes de “idiotas útiles, imbéciles que están siendo usados como masa de maniobra por una minoría maliciosa”, se despeñan ante una jornada que congregó a más de un millón y medio de manifestantes en cerca de 170 ciudades, en los 27 estados del país.
“Bolsonaro, preste atención, quite sus manos de la educación” fue uno de los múltiples cánticos de repudio al reciente recorte, por parte del ministro de Educación Abraham Weintraub, de un recorte del 30% en el presupuesto de universidades e institutos federales (91 millones de reales), que amenaza su continuidad a corto plazo y se integra a un gigantesco ajuste en el área educativa. Los ajustes confluyen con estímulos para el pasaje a la educación privada, y con una abierta avanzada fascistoide del gobierno: Weintraub declaró que los recortes caerán sobre aquellos liceos “que promuevan el desorden” y que el socialismo es un “cáncer” que hay que extirpar de las aulas, mientras que Bolsonaro viene de crear por decreto una Subsecretaría de Fomento a las Escuelas Cívico-Militares, para su fin de crear una en cada capital del país.
Los estudiantes secundarios y universitarios representaron el mayor caudal de la jornada, junto al conjunto de los sindicatos docentes –que, en el caso de los de universidades estaduales, se encuentran hace más de un mes en huelga contra el congelamiento de sueldos desde 2015. La no apertura de entre el 80 y el 90% de las escuelas públicas marcó la contundente adhesión de los educadores a la huelga.
La organización Luta Pelo Socialismo destacó en su página la participación solidaria de trabajadores de numerosos gremios, señalando que “el grito ‘unidos, unidos, el estudiante junto con el trabajador’ orientó las manifestaciones, como en el caso de Belo Horizonte, que, según los organizadores, reunió a más de 200 mil personas”. Entre otras concentraciones multitudinarias estuvieron las de San Pablo, donde está la mayor universidad del país; de Río de Janeiro (pese a una lluvia persistente), de Salvador y Manaus; fueron más de 100 mil personas en Fortaleza, 60 mil en Brasilia, 50 mil en Recife, 30 mil en Florianópolis y 20 mil en João Pessoa. Pero la comunidad educativa, incluidos los padres de los estudiantes, tomó la posta también en pequeñísimas ciudades de regiones como el Amazonas.
Los manifestantes se hicieron eco a su vez de otros flancos de crisis del gobierno: en San Pablo y Río se oyeron los cánticos denunciando que “hay plata para las milicias y no para la educación”, en referencia a los avances judiciales sobre el hijo del presidente por su vinculación con las criminales milicias paramilitares que han invadido las favelas. El escándalo se suma a las internas sin saldar al interior del gobierno, y al marcado retroceso de la economía.
La marea de ayer se constituye como la primera revuelta masiva contra Bolsonaro desde las marchas del movimiento de mujeres que clamaron Ele Não (“Él No”) ante su ascenso electoral, siete meses atrás. Habrá una nueva jornada educativa el 30.
Se hace vital, como se expresó en numerosas oportunidades en la jornada, dar una continuidad a las luchas, profundizando las acciones, para quebrar las avanzadas del gobierno derechista. El próximo 14 de junio está convocada una huelga general: la clase obrera y el conjunto de los explotados tienen allí una cita clave, para organizar desde esa base la derrota de la reforma previsional.

Tomás Eps

Estados Unidos y Venezuela: Contexto histórico

"Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Ellos las tienen y nosotros las queremos” (Funcionario anónimo de la Administración Trump)

Introducción

La hostilidad hacia Venezuela y las iniciativas estadounidenses para derrocar a su gobierno forman parte de la larga e ignominiosa historia de intervenciones de EE.UU. en América Latina que se remonta a la segunda década del siglo XIX.
En 1823, el presidente Monroe declaró en la doctrina que lleva su nombre el derecho de EE.UU. a mantener alejados de la región a los europeos, junto con el derecho de EE.UU. a intervenir para favorecer sus intereses económicos, políticos y militares.
Vamos a resumir en este artículo las fases históricas de la intervención política y militar de Estados Unidos en la región con el fin de favoreces los intereses de las empresas y los bancos de ese país, así como los movimientos sociales y políticos latinoamericanos que se le han opuesto a lo largo del tiempo.
El primer periodo comprende desde finales del siglo XIX a la década de los treinta, e incluye intervenciones de los marines, la implementación de dictaduras clientelares y la resistencia popular liderada por figuras revolucionarias en El Salvador (Farabundo Martí), Nicaragua (Augusto Sandino), Cuba (José Martí) y México (Lázaro Cárdenas).
Luego resumiremos las intervenciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el derribo de gobiernos populares y la represión de los movimientos sociales en Guatemala (1954), el golpe de Estado de Chile (1973) y la invasión de República Dominicana (1965), Granada (1982) y Panamá (1989).
Terminaremos examinando las iniciativas estadounidenses para derrocar al gobierno venezolano (desde 1998 hasta la actualidad).

Política de Estados Unidos en América Latina: Democracia, dictaduras y movimientos sociales

El general estadounidense Smedley Butler resumía sus 33 años en el ejército afirmando que “[he sido] un músculo que trabajaba a favor de las grandes empresas, Wall Street y los banqueros […] Contribuí a mantener a salvo los intereses petroleros en México en 1914. Ayudé a que Cuba y Haití se convirtieran en lugares decentes para que el National City Bank pudiera recoger beneficios […] Colaboré en el saqueo de media docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de Wall Street. Ayudé a purificar Nicaragua para el Banco de Brown Brothers entre 1902 y 1912. Favorecí los intereses de la industria azucarera estadounidense en República Dominicana en 2016. Contribuí a que Honduras aceptara las compañías fruteras en 1903 […] Cuando miro hacia atrás, ¡pienso que podría haber dado algunos buenos consejos a Al Capone!
En los primeros 40 años del siglo XX, Estados Unidos invadió Cuba convirtiéndola en una cuasi colonia y repudiando al héroe de su independencia José Martí; proporcionó asistencia militar y asesoría al dictador de El Salvador, asesinó a su dirigente revolucionario Farabundo Martí y a 30.000 campesinos sin tierra que pretendían la reforma agraria. Intervino en Nicaragua, combatiendo a su líder patriótico Augusto Sandino e instaló una dinastía dictatorial dirigida por los Somoza, que se mantuvo en el poder hasta 1979. También intervino en Cuba en 1933 para instalar una dictadura militar que reprimiera el alzamiento de los trabajadores del azúcar. Entre 1952 y 1958, Washington armó a Batista en su lucha contra el movimiento revolucionario 26 de Julio, liderado por Fidel Castro. A finales de los treinta, EE.UU. amenazó con invadir México cuando su presidente, Lázaro Cárdenas, nacionalizó las compañías petroleras estadounidenses y redistribuyó la tierra entre millones de campesinos sin acceso a ella.
Tras la derrota del fascismo (1941-1945), se produjo un crecimiento significativo de gobiernos socialdemócratas en América Latina, a los que EE.UU. se oponía. En 1954, derrocó al presidente electo de Guatemala, Jacobo Arbenz, que había expropiado las plantaciones bananeras de la United Fruit Company. Apoyó un golpe militar en Brasil en 1964, que mantuvo el poder veinte años. En 1963, derrocó al gobierno de Juan Bosch, elegido democráticamente, e invadió República Dominicana para evitar un levantamiento popular. En 1973 respaldó el golpe militar chileno que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y sostuvo el régimen militar del dictador Augusto Pinochet durante casi veinte años. Posteriormente, EE.UU. ocupó Granada en 1983 y Panamá en 1989.
Estados Unidos sostuvo a los regímenes derechistas de la región que apoyaban a los oligarcas de la banca y las grandes compañías estadounidenses, los mismos que explotaban los recursos, a los trabajadores y a los campesinos.
Pero a comienzos de los noventa, poderosos movimientos sociales encabezados por trabajadores, campesinos, funcionarios de clase media, médicos y profesores desafiaron la alianza entre las élites gobernantes de EE.UU. y las distintas naciones. En Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra, que agrupaba a 300.000 campesinos, consiguió la expropiación de grandes latifundios improductivos; en Bolivia, los mineros y campesinos indígenas, incluyendo a los cocaleros, derribaron a la oligarquía. En Argentina, las huelgas generales y los movimientos de masa de desempleados consiguieron echar a los gobernantes corruptos aliados del City Bank. El éxito de los movimientos nacionalistas y populistas llevó a la convocatoria de elecciones libres que ganaron presidentes progresistas de izquierdas en toda América Latina, especialmente en Venezuela.

Venezuela: elecciones democráticas, reformas sociales y triunfo del presidente Chávez

En 1989, los programas de austeridad impuestos por el presidente de Venezuela, con el respaldo de EE.UU. dieron paso a manifestaciones de protesta (el Caracazo) fuertemente reprimidas por la policía y el ejército, que causaron cientos de muertos y heridos. Hugo Chávez, un oficial del ejército, se rebeló y apoyó la revuelta popular. Fue detenido, encarcelado, posteriormente liberado y se presentó como candidato a la presidencia. En 1999 resultó elegido por un amplio margen sobre la base de un programa de reformas sociales, nacionalismo económico, fin de la corrupción e independencia política.
Washington inició entonces una campaña de hostilidades para que Chávez se uniera a la guerra global del presidente Bush en Afganistán y el resto del mundo. Pero Chávez se negó a someterse, afirmando: “No se combate el terror con el terror”. A finales de 2001, el embajador de EE.UU. se reunió con la élite empresarial y un sector del ejército para destituir a Chávez mediante un golpe de Estado que se produciría en abril de 2002. El golpe apenas duró 24 horas. Más de un millón de personas, la mayor parte residentes de los barrios de chabolas, marcharon hacia el palacio presidencial con el apoyo de los militares leales. Derrotaron el golpe y restituyeron a Chávez. A partir de ahí, Chávez ganó una docena de elecciones democráticas y referendos a lo largo de la década siguiente. El presidente Chávez triunfó, en buena medida, gracias a su programa exhaustivo de reformas socioeconómicas a favor de los trabajadores, desempleados y clase media.
Construyó más de dos millones de casas y apartamentos, que se distribuyeron de forma gratuita entre las clases populares; cientos de clínicas y hospitales que ofrecían sanidad gratuita en los barrios más pobres; universidades, escuelas de formación y centros médicos para estudiantes de baja renta con acceso libre.
Miles de personas debatieron y votaron temas políticos y sociales en los centros comunitarios de los barrios, incluyendo críticas y destituciones de políticos locales, algunos incluso funcionarios chavistas.
Entre 1998 y 2012, el presidente Hugo Chávez ganó cuatro elecciones presidenciales directas, varias mayorías en el Congreso y dos referendos nacionales, obteniendo entre el 56% y más del 60% de los votos. Tras su muerte, el presidente Maduro ganó las elecciones en 2013 y en 2018, aunque por un margen menor. La democracia floreció y las elecciones fueron libres y abiertas a todos los partidos.
Como los candidatos respaldados por EE.UU. eran incapaces de ganar elecciones, Washington recurrió a los disturbios callejeros violentos e hizo un llamamiento a la rebelión en el ejército para revertir los resultados electorales. El presidente Obama optó por aplicar sanciones al país, que Trump profundizó. Estados Unidos ha incautado miles de millones de dólares en activos venezolanos y en las refinerías petroleras en Estados Unidos. Luego escogió un nuevo presidente (no elegido), Guaidó, cuya misión era subvertir al ejército para que tomara el poder.
Pero no lo consiguieron: apenas cien soldados, de a un ejército de 267.000 efectivos, y unos pocos miles de simpatizantes de derechas secundaron la llamada. La revuelta de la “oposición” fue un completo fracaso.
Este fracaso de Estados Unidos era previsible, pues la masa de votantes defiende sus logros socioeconómicos, su control del poder local, su dignidad y su derecho a ser respetada. Más del 80% de la población, incluyendo la mayoría de la oposición, se opone a una invasión de EE.UU.
Las sanciones económicas de Estados Unidos han contribuido a una hiperinflación y a la muerte de unos 40.000 venezolanos debido a la escasez de suministros médicos.

Conclusión

Estados Unidos y la CIA han continuado aplicando la estrategia que tan buenos resultados les dio el siglo pasado para intentar derribar al gobierno venezolano y hacerse con el control de sus recursos petroleros y minerales. Al igual que entones, han intentado imponer un dictador sumiso que reprimiría los movimientos populares y subvertiría los procesos electorales democráticos. Washington pretendía imponer un aparato electoral que asegurara la elección de líderes manejables, como hizo en el pasado y ha hecho en época reciente en Paraguay, Honduras y Brasil.
Por el momento, Washington no lo ha conseguido, en buena parte porque el pueblo ha defendido sus logros históricos. La mayor parte de los pobres y los trabajadores son conscientes de que una invasión y ocupación por parte de Estados Unidos produciría una masacre y la destrucción de su soberanía y su dignidad.
El pueblo es consciente de la agresión de Estados Unidos y de los errores del gobierno venezolano. Y quiere correcciones y rectificaciones. El gobierno del presidente Maduro está a favor del diálogo con la oposición no violenta. Los venezolanos están desarrollando lazos económicos con Rusia, China, Irán, Turquí, Bolivia, México y otros países independientes.
Latinoamérica ha sufrido décadas de explotación y dominación por parte de Estados Unidos, pero también cuenta con una historia de resistencia popular exitosa, incluyendo las revoluciones de México, Bolivia y Cuba, y los movimientos sociales y triunfos electorales posteriores en Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela.
El presidente Trump y su séquito asesino compuesto por [el secretario de Estado Mike] Pompeo, [el consejero de seguridad John] Bolton y [el emisario especial para Venezuela Elliott] Abrams han declarado la guerra al pueblo de Venezuela, pero por el momento han sido derrotados.
La lucha continúa.

James Petras
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

viernes, 17 de mayo de 2019

Abajo la escalada estadounidense contra Irán




La ofensiva norteamericana se entrecruza con el escenario de guerra comercial.

La tensión entre Irán y Estados Unidos aumenta con el paso de los días. Al envío de un nuevo buque de guerra por parte de Washington y un sistema de defensa antiaérea, se sumaron esta semana los trascendidos de un preparativo de despliegue militar que ha encendido las alarmas. The New York Times publicó que el Pentágono había discutido ya un plan que contemplaba el envío de hasta 120.000 efectivos a Oriente Próximo si Irán aceleraba su desarrollo de armamento nuclear. Aunque el presidente estadounidense lo desmintió, no descartó que Estados Unidos pudiera echar mano a tal expediente.
A este clima se agrega la denuncia de Arabia Saudita de un ataque contra un oleoducto ubicado en su territorio y el sabotaje sufrido por dos barcos petroleros en aguas de Emiratos Arabes. El dedo acusador fue dirigido contra el régimen de Teherán.
Este despliegue militar es la culminación de una escalada yanqui que no ha cesado de crecer desde la retirada de Estados Unidos del acuerdo de nuclear con Irán. El Departamento de Estado anunció la designación como grupo terrorista de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el principal cuerpo armado de Teherán. La designación supone un salto cualitativo sin precedentes: por primera vez, el Departamento de Estado designa a las Fuerzas Armadas de un país en su conjunto como grupo terrorista. Washington, asimismo, apretó aún más las clavijas a Teherán al poner fin a la exención que permitía, pese a las sanciones, que países altamente dependientes del petróleo iraní como India, Turquía y China importasen crudo del país persa. Este es un golpe muy fuerte a las vías de sustento de Irán, cuyos ingresos principales dependen de la venta del crudo. Tampoco escaparon a las sanciones económicas las exportaciones de acero, que le siguen en importancia a los hidrocarburos.
Junto a la avanzada militar en aguas del golfo Pérsico, la Casa Blanca atacó el corazón del acuerdo de no proliferación nuclear, al anunciar que no permitiría a Irán enriquecer uranio o transferir uranio enriquecido a cambio de uranio natural, actividades permitidas, ambas, por el acuerdo firmado con Obama.

Europa

La ofensiva norteamericana se entrecruza con el escenario de guerra comercial. Las represalias económicas contra Irán son un tiro por elevación contra las potencias europeas. Las sanciones incluyen la denegación de acceso a los mercados financieros estadounidenses para cualquier empresa que haga negocios en Irán y el bloqueo de las importaciones o exportaciones de múltiples bienes como el petróleo, metales preciosos o las manufacturas.
Esto supone un duro golpe para la Unión Europea, porque sus empresas ya habían empezado a invertir en Irán. La europea Airbus había pactado fabricar cien aviones para la principal aerolínea iraní por valor de 20.000 millones de dólares. De igual manera, el fin de las sanciones para el sector automovilístico se tradujo en contratos con Peugeot, para inversiones de 400 millones de euros en una joint-venture (emprendimiento conjunto), o con Renault, para aumentar en un 75% sus exportaciones al país asiático. La petrolera francesa Total acordó inversiones en el sector energético iraní por valor de 2.000 millones de euros, en aras de aprovechar el enorme potencial petrolífero de Irán. La retirada de sanciones económicas abría para Europa un mercado de 80 millones de personas, privilegiado por su cercanía geográfica y su potencial de crecimiento.
Sin embargo, la decisión de Trump de romper el acuerdo nuclear en 2018 ha llevado al filo del abismo esta nueva era de relaciones europeo-iraníes. Es necesario tener presente que el control norteamericano del sistema de transacciones financieras internacionales impide que las empresas europeas comercien con las iraníes. El comercio global se desarrolla a través de telecomunicaciones financieras entre bancos. Las organizaciones encargadas de este sistema -fundamentalmente, la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (Swift, en sus siglas en inglés)- están ubicadas en Estados Unidos.
La tentativa de la Unión Europea por desafiar esas sanciones, creando un nuevo sistema de transacciones internacionales europeo, de forma independiente a los canales controlados por Estados Unidos, no ha logrado revertir la situación. Las multinacionales del Viejo Continente, que tienen negocios en Estados Unidos, no se arriesgan por miedo a las multas que sus filiales podrían sufrir en suelo norteamericano.
Lo cierto es que esta represalia norteamericana viene teniendo un efecto demoledor en sólo unos meses. La producción de petróleo ha caído de 2,5 a 1,1 millones de barriles al día. De pasar de crecer un 7% en 2017-2018, el PBI va a contraerse un 5% en 2018-2019, de acuerdo con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. La inversión europea se ha batido en retirada: Airbus, Renault, Peugeot, Siemens, las navieras Maersk y MSC, British Airways, Total y la mayoría de grandes empresas europeas ha cancelado sus inversiones, con pérdidas millonarias para la economía del Viejo Continente.
El régimen iraní ha reaccionado emplazando a los gobiernos europeos a cumplir sus compromisos y que se desmarquen de Estados Unidos, y hagan realidad el mecanismo para sortear las sanciones impuestas por la Casa Blanca. Más allá de represalias menores ya tomadas, el Consejo Supremo anunció medidas de mayor envergadura en un plazo de 60 días, en caso de que no se modifique la situación: empezar a enriquecer uranio por encima del porcentaje de pureza establecido en el acuerdo y paralizar el rediseño de la central de Arak (cuyo reactor de agua pesada se desmanteló tras el acuerdo por el riesgo de que sus residuos se utilizaran para obtener plutonio). El ultimátum iraní ha dado lugar a una advertencia de los líderes europeos de que eso podría traer aparejadas sanciones del Consejo de Seguridad. Aunque el gobierno persa está tratando de hacer malabarismos, el frágil equilibrio que aún se mantiene alrededor del acuerdo podría terminar de romperse. Lo cierto es que la falta de avances ya está haciendo que Teherán busque recostarse y estrechar sus vínculos con Rusia, China y Turquía.

Trump y su frente interno

Hay quienes han señalado que, 16 años después, estaría abriéndose paso una nueva invasión como fue la de Irak. Pero no se puede perder de vista que la intervención militar en Afganistán, que se prolonga hasta el día de hoy, hace aguas por todos lados y que Estados Unidos viene de un fracaso estrepitoso de su incursión en territorio iraquí. Para lograr la expulsión del Estado Islámico, el gobierno norteamericano no tuvo más remedio que apoyarse en Rusia e Irán, quienes lograron afianzar su presencia política en la región. Un ataque puede terminar siendo una aventura y eso pesa en los círculos del poder norteamericano. Por lo pronto, estas vacilaciones pueden verse en Venezuela, donde la Casa Blanca si bien ha dicho que todas las opciones están abiertas, no se ha decidido por una invasión, que podría desatar una reacción popular imprevisible en América Latina.
La arremetida de Trump contra el régimen iraní, lo mismo que contra el régimen venezolano, responde no sólo al escenario internacional sino que apunta a su propio frente interno. El magnate necesita exhibir éxitos en materia de política exterior que logren compensar sus problemas crecientes dentro de sus fronteras, donde la recuperación económica basada en los incentivos fiscales empieza a agotarse y la guerra comercial desatada con China empieza a convertirse en un búmeran, con encarecimiento de precios al consumo, aumento del costo de los insumos importados y cierre de mercados.
Esta ofensiva en desarrollo tampoco puede disimular la improvisación en la política exterior que reina en la administración Trump, como coinciden en destacar diferentes analistas.

Irán

El conflicto internacional en desarrollo tiene repercusiones internas en Irán. El colapso del acuerdo nuclear está provocando un debilitamiento del gobierno, encabezado por el ala moderada y reformista encabezada por el primer ministro Hasán Rohaní. En este cuadro, hay analistas que advierten que el fracaso del acercamiento con Occidente, va a dar aliento a las fracciones populistas y nacionalistas, opuestas a la gestión actual. Pero esto podría ir más lejos y escaparse de las manos y desencadenar una irrupción popular, con más razón ahora que estamos en medio de un renacimiento de la primavera árabe, con los levantamientos en Argelia y Sudán. Y la onda expansiva que vienen produciendo.
Un aviso de ello fue la explosión popular de enero de 2018. Esta rebelión se diferenció de los levantamientos de 2009 en aspectos importantes: su base es la población más pobre, no la clase media; las reivindicaciones económicas ocupan un lugar mayor; constituyó un cuestionamiento al régimen teocrático de los ayatollás en su conjunto, incluida la administración del gobierno "liberal” que ha provocado una gran decepción en la población. No hubo un liderazgo obrero en las protestas nombradas, pero el dato relevante es que en el último año, estamos asistiendo a una reactivación sindical.

Pablo Heller

Assange, los informantes y la impunidad para crímenes de EE.UU.




En pocas semanas hemos tenido acontecimientos importantes que marcan la intencionalidad expresa del gobierno de Estados Unidos de garantizar la impunidad de sus crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La impunidad siempre es protección de quién ya cometió un delito, pero es, al mismo tiempo, un impulso a nuevos crímenes por parte de quienes sienten que no deberán responder por sus faltas.

Assange o el arresto del mensajero

El primero es el arresto de Assange, en un acto que avergüenza al Ecuador y que violó la soberanía de una de nuestras embajadas. Theresa May, Primera Ministra de Reino Unido, al anunciar su arresto en la Cámara de los Comunes, dejó claro que “También ha sido arrestado en relación con una solicitud de extradición de las autoridades de los Estados Unidos”. Ese día, 11 de abril, se desbarató la justificación morenista de que había un acuerdo con Reino Unido, del cual no ha presentado ni un documento.
¿Por qué Estados Unidos lo busca? Esto es lo realmente importante. Se trata de persecución por haber difundido videos y documentos de crímenes de guerra. Por la misma razón persigue y encarcela a Chelsea (antes usaba el nombre de Bradley) Maning, quien en 2010 entregó a Wikileaks más de 92.000 documentos sobre la guerra en Afganistán, importantes al grado que la británica MaireadCorrigan-Maguire, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1976, candidatizó a Manning a ese mismo premio, porque: “Su increíble revelación de documentos secretos a WikiLeaks ayudó a poner fin a la guerra de Irak y puede haber ayudado a prevenir más conflictos en otros lugares”.
No se puede olvidar el caso de Edward Snowden, que en 2013 dio las pruebas de violación del derecho a la privacidad y espionaje del gobierno de Estados Unidos dentro y fuera de su país.Continua perseguido aunque tiene refugio en Rusia.
En los tres casos, se trata de informantes, de gente que denuncia crímenes a riesgo de su seguridad personal, ya que ninguno lo hizo por existir un juicio en su contra. Su calidad de informantes de delitos,cuyos culpables deben estar procesados, obliga a los estados a protegerlos. Hay claros casos en la historia que demuestran la importancia judicial e histórica de estas personas (ver: El caso Snowden: entre filtraciones y neocolonialismo. por Edgar Isch L. lalineadefuego.info), por lo que se ve la necesidad de su información para conocer la verdad.
Esta es la información que los halcones de la guerra encumbrados en el gobierno de Trump quieren ocultar y, más aún, que no se pueda juzgar. Su presión es tal que los medios que reprodujeron en su momentos los documentos presentados por wikileaks, ahora atacan a Assange repitiendo cosas de segundo orden: que no es periodista, como si la verdad tuviera que entubarse en los grandes medios de comunicación; que es antipático y malcriado, como si ello significara que no merece derechos humanos incluyendo el de asilo en un embajada; que es información lograda de manera oscura, como si los delincuentes dejaran las pruebas a luz pública y no señalaran como “secretos de Estado” a los crímenes de guerra.Sin embargo, la veracidad de lo difundido por wikileaks no se discute.
Argumentos de ese tipo ponen en riesgo a todo periodismo de investigación. El tratamiento del “lava jato”, de los “papeles de Panamá”, de investigación sobre casos ocultados de acoso y violencia sexual en escuelas ecuatorianas, entre muchos otros, difícilmente podrán realizarse sin temor de juicios contra los periodistas.

Otras formas de impedir denuncias

El 23 de abril el New York Times publicó un reportaje sobre la manera en que fueron presionados siete SEAL (fuerzas de operaciones especiales de la Armada) para que “dejen de hablar” sobre acciones de su oficial en Irak, que incluyen “apuñalar hasta la muerte a un adolescente indefenso cautivo”, “escoger a una niña en edad escolar y a un anciano desde un puesto de francotiradores” y “rociar indiscriminadamente los barrios con cohetes y disparos de ametralladoras”.
A pesar de las amenazas sobre su futuro en la Armada y otros, los denunciantes mantuvieron su posición dentro y fuera de la institucion por más de un año y el oficial denunciado enfrentará un juicio desde mayo próximo.El informe de la investigación indica que varios otros SEALde alto rango también conocían las acusaciones y no las informaron. Sin embargo, ninguno está acusado de encubrimiento de los crímenes de guerra.

Las cortes secretas de EEUU

Chelsea Maning, quien ya estaba libre por haber entregado información sobre los crímenes de guerra, hoy está nuevamente detenido por haberse negado a declarar contra Assange ante un jurado a puerta cerrada. A Manning no se le dijo lo que estaba investigando el gran jurado, y una audiencia en la que ella presentó objeciones a la obligación de testificar ocurrió en secreto.
Es decir que la verdad y la justicia no son asunto de interés de ese jurado, sino armar pruebas sobre los supuestos delitos de Assange. Una declaración forzada no puede considerarse de validez y castigar a quien se niega a realizar una es prueba de que se imponen mentiras.
“Se supone que los grandes jurados deben determinar si existe una causa probable para devolver una acusación penal. Originalmente, se suponía que debían actuar como un control del poder fiscal. Sin embargo, hoy en día, se suele decir que un fiscal puede hacer que un gran jurado "condene un emparedado de jamón". Como resultado, los grandes jurados a menudo se utilizan como expediciones de pesca contra activistas políticos y movimientos sociales. Manning citó estas preocupaciones al explicar su negativa a declarar. Luego, ella señaló: "En solidaridad con muchos activistas que enfrentan las dificultades, mantendré mis principios" ... (Chip Gibbons, "Let Chelsea go", The Jacobin, 27 de marzo de 2019).

La Corte Penal Internacional cae en el lodazal

Pues bien, hasta aquí está el interés de ocultamiento de la información. Pero ¿Qué pasa si la información sale? Entonces hay que impedir los juicios. Por tanto, la noticia complementaria, del 12 de abril, es que nada menos que la Corte Penal Internacional (CPI), tras amenazas del gobierno de Trump, anunció que no investigará los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de los que esté acusado Estados Unidos y otros actores en Afganistán. La CPI sugirió que su decisión se debía a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos con la investigación, con lo que si no hay colaboración del acusado no podrá haber juicio, un antecedente terrible para la justicia en el mundo.
Esta caída de la CPI en el lodazal se da luego de amenazas de John Bolton, asesor de Trump de sanciones económicas a los miembros de la Corte y pocos días después de que el gobierno estadounidense revocó la visa de la fiscal principal, FatouBensouda que encabezaba desde 2016, la acusación contra el ejército de EE.UU. por torturas en al menos 61 presos en Afganistán durante la guerra. Dicho informe también acusaba a la CIA de someter a prácticas de tortura —incluyendo violaciones— a por lo menos 27 presos en los centros de detención de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumania y Lituania.Estados Unidos no es parte de la CPI pero puede ser juzgado porque los crímenes se cometieron en estados miembros.
Si no se puede acusar a los criminales a pesar de la presentación de pruebas, significa que la justicia no es un interés de la CPI ni las víctimas un asunto de su atención. Y más graves porque estos no son los únicos casos, debido a que Estados Unidos y otras potencias activan guerras en muchas partes y cometen crímenes permanentes. Las guerras son, además un gran negocio de la industria de armas, pues como buenos capitalistas crean las condiciones para vender aceleradamente sus productos, de manera que nuevas guerras y crímenes de lesa humanidad vendrán.
Hay que considerar la declaración de Trump “Desde la creación de la CPI, los Estados Unidos se han negado sistemáticamente a unirse a la corte debido a sus poderes fiscales amplios e irresponsables; la amenaza que representa para la soberanía estadounidense; y otras deficiencias que lo hacen ilegítimo. Cualquier intento de atacar al personal estadounidense, israelí o aliado para ser procesado recibirá una respuesta rápida y vigorosa". Por tanto, la impunidad abarca a otros criminales, mientras estén en la lista de aliados del criminal mayor. Si es pro yanqui, está perdonado.

Enjuiciar al denunciante y proteger al criminal

En suma, el gobierno de Estados Unidos, cuando se trata de crímenes de guerra cometidos por sus militares, lo que pretende es enjuiciar a los que denuncian y proteger a los criminales. Claro, esta es parte de la naturaleza del imperialismo a lo largo de la historia. Otras potencias han actuado de la misma manera, siendo las guerras de agresión un crimen gigantesco en si mismo. Recuérdese que principalmente, pero no solo de allí, fue desde Estados Unidos y el Reino Unido que salieron las mentiras sobre las armas de destrucción masiva que justificaban destruir Irak. Aunque en ambos países más tarde y tras cientos de miles de muertes se reconoció en los respectivos congresos que fue todo mentira, no hay nadie enjuiciado por enormes daños humanos, ecológicos, culturales y otros cometidos.
La lucha por la verdad está en momentos difíciles, pero lógicamente es obligatorio continuarla. La gente debe conocer estos hechos y antecedentes, antes que caiga en la trampa de las mentiras miles de veces dichas y que justifican crímenes mayores. Pero, ante todo, comprender que a las potencias imperialistas no les importan los derechos humanos,qué si los mencionan o hablan de crisis humanitarias, es solo como coartada de sus ataques a pueblos enteros. Justificación que la vemos hoy todos los días en los noticiarios y periódicos más vendidos (en los dos sentidos de la palabra).

Edgar Isch L. Académico y exministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

A propósito de la Ley Helms-Burton y Cuba




Estados Unidos: un imperio en retirada

“Esta nueva provocación [de la entrada en vigencia plena de la Ley Helms-Burton] se estrellará frente al sentido unitario del pueblo cubano”
Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba

I
Estados Unidos es una gran potencia, la exposición máxima del capitalismo desarrollado. Desde la llegada de los primeros conquistadores británicos a suelo de América del Norte en el siglo XVI, su empuje capitalista fue arrollador. Creció ininterrumpidamente por décadas, llegándose a constituirse en un fiero rival de las potencias europeas. Tan es así, que apenas entrado el siglo XIX pudo proclamar ya su llamada Doctrina Monroe (“América para los americanos”, léase: la totalidad del continente americano para nosotros, los Estados Unidos), demarcando su territorio “natural” frente al capitalismo europeo.
Su expansión siguió imparable, siendo ya en los inicios del siglo XX quien marcaba el rumbo mundial, en todo sentido. Y fue después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando quedó constituida como la gran potencia capitalista, líder absoluto del planeta. Devastada Europa luego de la contienda, con una Unión Soviética triunfadora en la guerra pero con grandes pérdidas materiales y humanas, Estados Unidos aparecía como imbatible. Productor de más del 50% de la riqueza mundial, con el monopolio del arma nuclear y un fabuloso desarrollo científico-técnico que superaba a todos, su hegemonía fue indiscutible.
Por años estableció el ritmo de la economía, la política, la cultura y la supremacía militar en todo el globo. El primer Estado obrero y campesino del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pasó a ser su gran enemigo. La Guerra Fría (enfrentamiento en el plano ideológico que no llevó al choque directo a estos dos grandes países, pero que se libró en terceras naciones, quienes pusieron los muertos y la destrucción) fue, para Estados Unidos, una forma de neutralizar el ideario socialista, y un gran negocio (la industria militar pasó a ser fundamental en su economía).
La gran potencia fijaba las reglas de juego de todo el mundo capitalista, haciendo de su moneda, el dólar, el patrón obligado de toda transacción comercial. Pero algo comenzó a suceder.
La pujanza espectacular de los primeros cuáqueros del Mayflower que crearon la grandeza norteamericana en los siglos XVII y XVIII comenzó a dar lugar a un hedonismo consumista que pasó factura. La sociedad estadounidense, convertida en imperio mundial hegemónico, consumía más de lo que producía. Eso es inviable, y la dura realidad mostró la falacia.
Como su poder global asienta en su moneda –que en realidad no tiene un genuino respaldo orgánico–, la deuda que fue contrayendo, técnicamente impagable por lo abultada, no traía especiales problemas. El mismo país emitía la moneda con que se pagaba la deuda. El resguardo último de su poder no fue ya entonces su economía sino sus fuerzas armadas. Estados Unidos se convirtió en el “matón” planetario, desarrollando un poder militar sin precedentes. Con la caída del campo socialista en la década del 90 del pasado siglo, si bien su economía no iba viento en popa como en décadas pasadas, su hegemonía no se discutía.
Pero el mundo empezó a cambiar en estos últimos tiempos. Caída la Unión Soviética y desaparecido el bloque socialista este-europeo, Estados Unidos vivió por unos años la ilusión de imperio absolutamente imbatible, sin rivales a la vista. Mundo unipolar, se dijo. Años después, entrado el siglo XXI, la República Popular China, con un complejo modelo de socialismo de mercado (“dos sistemas, un país”), pasó a ser una super potencia económica, y la Federación Rusa, recompuesta luego de su colapso y con un portentoso nuevo poder bélico, aparecieron como dos grandes desafíos a la hegemonía unipolar de Washington. La glotonería hiper consumista del american way of live, ya muy alejada de aquella ética puritana de los inicios, hizo que se detuviera su empuje inicial (más consumo que trabajo), siendo reemplazado en su papel de “locomotora de la humanidad” por otros esfuerzos. Hoy Estados Unidos produce apenas el 18% del producto mundial, pero sigue consumiendo alocadamente de un modo frenético. Eso, sin dudas, es insostenible, y hay que pagarlo.
Estados Unidos, desde la Doctrina Monroe de 1823 en adelante, consideró a América Latina como su natural patio trasero, su depósito de recursos naturales y mano de obra barata, además de mercado obligado para su producción. Eso fue así durante todo el siglo XX. Aunque –la historia la escriben los ganadores, pero los perdedores también la hacen– aparecieron posteriormente “piedritas en el zapato” para la dominación hemisférica de la Casa Blanca. En 1959 se da la primera revolución socialista en Latinoamérica, en Cuba. Posteriormente aparecen nuevas “irreverencias” contra el imperio: la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979, la Revolución Bolivariana en Venezuela hacia 1998 con su proclamado socialismo del siglo XXI y la nacionalización de las reservas petroleras. La lucha de clases y la dinámica de las contradicciones sociales insalvables nunca terminaron.
Todas esas afrentas (la historia no había terminado, pese a la ostentosa proclamación de Francis Fukuyama ante la caída del Muro de Berlín), más la reaparición de Rusia y China en la escena internacional como incuestionables nuevas potencias de alcance global, prendieron las alarmas de la clase dominante estadounidense. Más aún: la presencia de estos países euroasiáticos en la dinámica latinoamericana hizo ver a Washington que los tiempos habían cambiado. El mundo dejó de ser unipolar.

II

Cualquier intento de contestación al imperialismo capitalista en lo que la clase hegemónica norteamericana y su gobierno, la Casa Blanca, consideran como su “espacio natural” en Latinoamérica, fue siempre torpedeado. Intentos tibios, reformistas incluso, como Guatemala del 45 o Chile de los 70 con Salvador Allende, fueron pisoteados, pulverizados. Intentos claramente socialistas, como “osó” la Perla de las Antillas, ni se diga. La Revolución Cubana, desde su mismo inicio en 1959, fue un peligro a enfrentar para la política exterior de Estados Unidos.
Similar suerte de agresión corrió la experiencia de Nicaragua, asediada durante toda una década con una guerra descarnada, llevada adelante por la Contra (ejército irregular financiado por Estados Unidos), lo que le costó al país centroamericano 17,000 millones de dólares en pérdidas materiales y la muerte de 15,000 personas, lo que posibilitó en 1990 el retorno de la derecha capitalista al poder por vía electoral.
Algo similar le está sucediendo hoy a Venezuela, asediada en forma brutal por el imperio a través de todos los medios inimaginables, no descartándose la posibilidad de una intervención militar, quizá no directa, pero sí a través de un ejército mercenario copiado de la Contra nicaragüense. Aquí la situación se complejiza, porque no solo está el “mal ejemplo” de un país latinoamericano que quiere levantar la voz en forma soberana, sino que Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, lo que posibilita su explotación y comercialización por varias décadas, quizá hasta fines del presente siglo. Ello, para la voracidad de la clase dominante estadounidense, sería un salvoconducto para evitar su caída económica, puesto que dicha reserva, de agenciársela, se comercializaría solo en dólares, con lo que las nuevas monedas que entraron a tallar en el plano internacional (el yuan chino, el rublo ruso, las cestas combinadas), perderían vitalidad ante un petróleo dolarizado, elemento básico para las sociedades actuales, cada vez más industrializadas.
¿Por qué ese encono de la gran potencia americana contra la Revolución Bolivariana? Simplemente porque esas reservas (305,000 millones de barriles de crudo de la Franja del Río Orinoco), ahora manejadas por el Estado venezolano, puestas en manos de las petroleras estadounidenses (Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, Conoco-Phillips, Amoco, etc.) le devolverían la dinámica perdida al imperio. Pero la presencia rusa y china en Venezuela desespera a Washington. De ahí esta fenomenal avanzada contra todo elemento que le haga sombra, que contradiga su hegemonía continental. Por eso, con el mayor descaro y cinismo, las actuales autoridades norteamericanas “protestan por la injerencia rusa” en el país petrolero. Justamente Estados Unidos, que dispone de 74 bases militares en territorio latinoamericano cuidando sus propios intereses. “Los pájaros tirándole a la escopeta”…
Cuba no dispone de esos recursos naturales, pero sigue siendo un ejemplo de dignidad y soberanía; de ahí que, al igual que contra Venezuela y contra Nicaragua, ahora se redobla la agresión por parte del imperio. La Revolución Socialista de Cuba es un “mal mensaje” para los pueblos vecinos. Por eso debe silenciarse.

III

En realidad, en Cuba el bloqueo comenzó casi inmediatamente después de producida la Revolución, a partir de una orden ejecutiva del por entonces presidente John Kennedy, estableciéndose la prohibición de comerciar con la isla, la interdicción para barcos estadounidenses de llegar a puertos cubanos, la proscripción de realizar transacciones financieras con el gobierno de La Habana, todo lo cual fue endureciéndose paulatinamente. De todos modos, la agresión contra Cuba no solo no terminó con el fin de la Guerra Fría en los años 90 del siglo pasado sino que se incrementó luego de ello, incluso presentándose abiertamente como política de Estado de la Casa Blanca, estableciéndose los mecanismos necesarios para que ningún gobierno de Washington pudiera dar marcha atrás con esa línea estratégica.
El bloqueo nunca terminó, y las formas de tratar de contrarrestar la Revolución fueron interminables. Al igual que está haciendo el imperio hoy con la República Bolivariana de Venezuela, intentó cuanta cosa se le pudo ocurrir para revertir el proceso iniciado. Invasiones armadas, ataques bacteriológicos, sabotajes de los más variados, intentos de magnicidio contra el líder Fidel Castro, guerra psicológica, y un inmisericorde bloqueo económico, sistematizado en su momento por dos instrumentos jurídicos: la Ley Torricelli (aprobada en buena medida con fines electorales por el entonces presidente George Bush padre para ganar el electorado anticubano de Florida, en 1992), y posteriormente por la llamada Ley Helms-Burton, en 1996, bajo la presidencia de James Carter.
Como dice Ricardo Alarcón en su prólogo al estudio de Frances Stonor “La CIA y la Guerra Fría cultural”: “Las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) proclamaron abiertamente sus propósitos de derrocar al régimen revolucionario valiéndose también de la subversión interna con el empleo de grupos respaldados por Washington. Desde entonces encaramos dos proyectos Cuba: el que lleva a cabo clandestinamente la CIA desde 1959, y el que desde los noventa corre a cuenta del Departamento de Estado y la llamada Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)”.
En 1996 es aprobada la “Ley para la Libertad y la Solidaridad cubanas (Ley Libertad)”. La misma fue presentada por Jesse Helms, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Dan Burton, Presidente del Comité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes. “Es hora de apretar los tornillos”, dijo Helms. “El último clavo en el ataúd [de Fidel Castro]”, agregó Burton, al momento de presentar la iniciativa. La ley, ya aprobada, se conoció desde entonces como Ley Helms-Burton. Intenta sistematizar y codificar todos los intentos de agresión y bloqueo económico del imperio contra Cuba, fijándola como política exterior oficial de Washington, inmodificable.
Contiene cuatro capítulos: el primero de ellos, para fortalecer el bloqueo; el segundo establece un programa de restauración del capitalismo; un tercero que permite enjuiciar a los inversionistas que inviertan en propiedades estadounidenses nacionalizadas durante la Revolución (que nunca entró en vigencia); y un cuarto que niega visas a aquellas personas que trafiquen con propiedades reclamadas por Estados Unidos, impidiéndoles a ellos y a sus familiares ingresar en el país del Norte al no otorgarles visas. Al mismo tiempo establece la figura de un presunto “virrey”, nombrado por Washington, que coordinaría todas las acciones tendientes a restablecer el sistema capitalista en la isla, negándosele en la tarea toda participación a cubanos que hayan formado parte de la Revolución.
El bloqueo, de todos modos, no se levantaría hasta tanto no se haga efectiva la devolución de todas las propiedades de ciudadanos estadounidenses, o se estableciera una compensación económica, estimada por algunos cálculos norteamericanos en aproximadamente 100,000 millones de dólares. Por lo pronto, la empresa petrolera de origen estadounidense Exxon-Mobil acaba de presentar una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos contra Cuba-Petróleo –CUPET–, propiedad del Estado cubano, y la empresa CIMEX S.A. –encargada de manejar las remesas–, por una refinería, gasolineras y otros activos incautados en 1960, pidiendo un reclamo de alrededor de 70 millones de dólares.
Como puede apreciarse, la iniciativa de hacer entrar en vigencia ese capítulo de la Ley Helms-Burton (el Título III) busca eternizar el bloqueo hasta lograrse el fin buscado desde siempre por la clase dirigente estadounidense y su administración en la casa de gobierno: terminar con la experiencia socialista en Cuba. Distinto a lo que sucede en Venezuela, donde sí hay recursos naturales imprescindibles para la economía estadounidense, en Cuba se trata de un mensaje político: “cualquiera que se intente ir de la égida de Washington lo pagará caro”. La injerencia es desvergonzada, absoluta; para patética evidencia, además de la ley en su conjunto, la Sección 115 donde se establecen “lícitas las acciones de inteligencia contra Cuba, para cumplir los propósitos del bloqueo”.
Como Estados Unidos comienza a ver que Rusia y China están sentando sus reales en estas tierras, en su “zona natural de influencia”, reacciona airado. Y reacciona de la peor manera posible: mostrando descaradamente de lo que es capaz para no perder su american way of live hoy en declive. Si para ello debe apelar a sus más denigrantes argucias, incluida la muerte de venezolanos, nicaragüenses o cubanos, ello no parece importarle. Se sigue sintiendo el amo absoluto, dominador exclusivo del planeta, y con un presunto destino manifiesto que le confiere esa desvergonzada prepotencia.

IV

El 16 de enero pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que suspendería la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton solo por 45 días, y no por seis meses como era norma de todas las administraciones desde que se aprobó la ley en 1996. Dicha suspensión, que se venía realizando sistemáticamente por todos los presidentes (reconociendo así tácitamente que dicho apartado constituye una monstruosidad jurídica del derecho internacional, absolutamente violatorio de la soberanía nacional de cualquier Estado, pues establece una demencial extraterritorialidad de una ley nacional) fue ahora modificada, según declara Washington “para realizar una cuidadosa revisión a la luz de los intereses nacionales de Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”.
Con la entrada en vigencia de ese apartado de la Ley a partir del pasado 2 de mayo, el gobierno de Estados Unidos no busca la protección de antiguos propietarios norteamericanos sino que es una maniobra más para asfixiar y poner de rodillas la Revolución. En realidad es parte de un diabólico plan pensado por la actual dirigencia de la Casa Blanca, ultra reaccionaria y visceralmente anticomunista (Donald Trump, Mike Pompeo, John Bolton, Mike Pence, Elliot Abrams, Marco Rubio), tendiente a desarticular cualquier intento de soberanía nacional en la región, y ratificar a fuego la tristemente célebre Doctrina Monroe: “América para nosotros; China y Rusia ¡fuera de aquí!”
De aplicarse enteramente el Título III de este instrumento jurídico, todo cubano perdería inmediatamente cualquier certeza jurídica respecto a cosas mínimas y elementales, como la casa donde vive, la comunidad donde está su vivienda, la escuela a la que concurren sus hijos, el sitio donde está emplazado el centro de salud al que asiste, el terreno donde cultiva, su centro de trabajo. Evidentemente, es una medida perversa para intentar asfixiar a todo un pueblo, porque cualquier persona podría ser objeto de una reclamación. Ello tiene efectos económicos, y más aún: políticos y psicológicos. En otros términos: busca desesperar. Es una repugnante forma de ejercer presión. ¿Qué haría el lector, por ejemplo, si ahora se entera que una empresa norteamericana viene a reclamarle su casa como propia y le pide una cuantiosa indemnización en dólares? Es demencialmente perverso.
“Quien hurgue un poco en el pasado –explica acertadamente Rosa Miriam Elizalde– comprobará que cuando triunfó la Revolución, el gobierno caribeño llegó a acuerdos de compensación con Reino Unido, Canadá, España y otros países, salvo con Estados Unidos, porque se negó a cualquier entendimiento mientras, en secreto, planificaba la invasión por Playa Girón en 1961”.
De hecho, la Ley Helms-Burton no tiene valor en territorio cubano porque es una ley extranjera, válida solamente en Estados Unidos. Un Estado soberano no puede aplicar una ley externa a su territorio; eso va diametralmente en contra del derecho internacional. Pero para la prepotencia estadounidense, por lo que se ve, eso no importa. “La ley persigue varios propósitos. En primer lugar, internacionalizar el bloqueo económico, tratar de que la comunidad internacional, lejos de repudiar el bloqueo económico como hace año tras año, se incorpore al sistema de sanciones contra Cuba”, analiza Fernández de Cossio. Del mismo modo, busca “disuadir, inhibir la posibilidad de que capital extranjero llegara a Cuba en la modalidad de inversión extranjera”.
Es evidente que la clase dirigente de Estados Unidos comprendió a cabalidad el peligro que comienza a correr: su hegemonía absoluta e indiscutible de décadas atrás está en entredicho. Su gran poder económico de antaño, por la misma razón de un consumo despilfarrador voraz, incontenible, se ha perdido. Consume más de lo que produce, y eso no es sano; por el contrario, es una enfermedad terminal que nunca puede acabar bien. Ahora debe mucho más de lo que tiene, y eso debe pagarse. Y las armas, la pura fuerza bruta, ya no es garantía total de triunfo. El renacer de Rusia como hiperpotencia militar, demostrada en Siria donde impidió el triunfo de las fuerzas estadounidenses con tecnología que está unos cinco años por delante del desarrollo norteamericano, enfurece. Y el crecimiento espectacular de China como nuevo centro económico del mundo la pone muy nerviosa. El “nuevo siglo americano” para el siglo XXI que pedían los Documentos de Santa Fe está puesto en entredicho. Los pueblos están reaccionando y hay nuevos actores principales en la arena internacional.
La actual profundización de la agresión contra Cuba es un acto inmoral, absolutamente reñido con el derecho internacional y las normas mínimas de convivencia civilizada. De esa manera, Estados Unidos echa al traste toda la construcción civilizada que implican las normas mundiales de sana y pacífica convivencia, el derecho internacional y los esfuerzos concentrados en la Organización de Naciones Unidas. Pero ello parece no importarle.
Esa clase dominante de Estados Unidos, al ver perder su supremacía y al comenzar a notar síntomas de deterioro, está reaccionando de forma desesperada. Ahí está el peligro, porque agobiada como se empieza a sentir, puede apelar a las salidas más inimaginables en contra de los pueblos, solo para preservar sus privilegios. Nunca hay que olvidar, de todos modos, que jugar con fuego puede quemar. La eventualidad de una nueva guerra mundial es escalofriante, porque las posibilidades de destrucción total de la especie humana con los armamentos que se cuenta hoy día están a la vuelta de la esquina. En tal sentido, es una responsabilidad ética de todos los habitantes del planeta condenar estas demenciales medidas injerencistas como la entrada en vigencia plena de la Ley Helms-Burton. Nunca más oportunas que ahora las palabras –plásticamente representadas en una fabulosa obra pictórica– de Francisco de Goya: “el sueño de la razón produce monstruos”.

Marcelo Colussi

jueves, 16 de mayo de 2019

Polonia: documental sobre abusos sexuales en la Iglesia desata una crisis política




Publicado el sábado 11 de mayo en YouTube, el documental “No se lo digas a nadie”, sobre los casos de abuso sexual de niños y niñas dentro de la Iglesia Católica en Polonia, alcanzó en pocos días 11 millones de vistas, generando una gran conmoción y una ola masiva de pedidos de renuncia colectiva a la Iglesia polaca.
La película, de Tomasz Sekielski, rompe el silencio que había impuesto la Iglesia sobre el tema. Decenas de víctimas relatan por primera vez públicamente los abusos sufridos por sacerdotes y confrontan a sus agresores, que llegan hasta las altas cúpulas eclesiásticas. A su turno, se exponen las respuestas de los perpetradores, ofreciendo incluso plata a sus víctimas a cambio de silencio; y se revela la impunidad que rige en la Iglesia, con sacerdotes denunciados por estos crímenes a cargo de retiros religiosos para menores. El documental critica fuertemente a la Iglesia por la laxitud ante los casos y acusa al papa Juan Pablo II por ocultar el tema.
El Episcopado polaco publicó una declaración en la que afirma “tristeza” por los “errores” cometidos, a la que Sekielski respondió que “tanto los perpetradores como la jerarquía de la Iglesia tiene una total falta de empatía con las víctimas. Las declaraciones no van más allá de los lemas típicos como 'tenemos a las víctimas en nuestros corazones' o ‘estamos con ellos’, pero nada más, no sucede nada en absoluto".
La Iglesia polaca viene siendo sacudida por las denuncias de abuso sexual. Un mes antes de la difusión del documental, a fines de marzo, la Conferencia Episcopal de Polonia publicó un informe donde se recopilan 625 casos de abuso sexual entre 1990 y 2018 que implican a 382 sacerdotes –pero fue duramente criticado por las organizaciones de víctimas por abarcar una parte menor del total de abusos.
En esa ocasión el arzobispo polaco Mrek Jedraszwski criticó la política de “Tolerancia cero” frente a los abusos y comparó el reclamo de las víctimas con el nazismo. Esto cuando solamente 68 de los sacerdotes denunciados (el 17%) fueron apartados de la Iglesia, mientras que 109 fueron suspendidos momentáneamente, 31 recibieron sanciones menores y 28 fueron directamente absueltos. El resto no ha sido juzgado o se encuentra en proceso.
La impunidad que reina en la Iglesia polaca está amparada por un poder político aliado. Desde el pro-clerical y conservador partido gobernante, Ley y Justicia, señalaron que “quien alza la mano contra la Iglesia, la alza contra Polonia”, mientras que su dirigente y ex primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, criticó que “solamente denuncie a curas y no pederastas en general” y declaró que “un pequeño número de sacerdotes, no dan el derecho de atacar a la iglesia, de ofender a los católicos”. La difusión del documental es silenciada en los medios oficialistas.
Ley y Justicia dio cuenta de la crisis abierta con el planteo de un aumento de las penas sobre abusadores de menores de 15 años –elevándolas de un máximo de 12 a 30 años de prisión–, medida punitivista con la que preserva su alianza estratégica con la Iglesia y refuerza a su vez el aparato represivo del Estado.
El carácter profundamente reaccionario de la alianza entre Ley y Justicia y la Iglesia Católica ya había quedado expuesto ante el mundo en 2016, cuando se intentó imponer una ley que hacía aún más regresiva la legislación existente sobre el aborto –la más restrictiva de la Unión Europea, solo para casos de violación y riesgo grave para la mujer–, prohibiendo completamente la práctica y estableciendo penas de hasta cinco años. La avanzada fue derrotada por una contundente huelga de mujeres, quienes volvieron a movilizarse masivamente en 2018 ante nuevas intentonas clericales en este sentido.
Con “No se lo digas a nadie”, Sekielski hace un gran aporte a la gran lucha contra el oscurantismo en Polonia.

Rocío Zavaleta

La crisis de Venezuela: Perspectiva desde las Comunas

A las pocas horas de que el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó convocara movilizaciones callejeras para apoyar el intento de golpe militar contra el presidente Nicolás Maduro el 30 de abril, seguidores de Guaidó saquearon y prendieron fuego a la sede de la Comuna Indio Caricuao en el sudoeste de Caracas.
El edificio se utilizaba para celebrar las reuniones de los residentes y albergaba una empresa textil gestionada por la comuna que financia proyectos en la comunidad.
Atenea Jiménez, de la Red Nacional de Comuneros afirmó: “Los ataques de los sectores fascistas a las comunas han vuelto a empezar”.
Señaló asimismo que los comuneros “se enfrentan también a una persecución por parte de sectores del gobierno”, en referencia a la detención el pasado 23 de marzo de diez comuneros –que habían ocupado una planta estatal procesadora de arroz en el estado de Portuguesa– y su encarcelamiento durante 71 días. La ocupación denunciaba el hecho de que la empresa privada seleccionada para administrarla se negaba a trabajar con productores locales.
“¿Por qué está ocurriendo esto? Porque la comuna es el único espacio que pone en duda al poder... es uno de los pocos espacios auténticos y autoconvocados en los que se construye democracia directa”, afirmó Jiménez.

Poder de base

Las comunas venezolanas agrupan a consejos comunales de 200-400 familias en entornos urbanos y de 20-50 familias en entornos rurales, para abordar temas como la vivienda, la sanidad, la educación y el acceso a los servicios básicos en la comunidad local. Son las asambleas de ciudadanos las que deciden sobre qué problemas son los prioritarios y cómo resolverlos.
La idea en la que se basan las comunas es que las comunidades locales puedan asumir proyectos de mayor envergadura y ser autosostenibles creando empresas de propiedad comunal gestionadas por la propia comunidad. El presidente Hugo Chávez las consideraba la pieza esencial de un nuevo Estado comunal basado en la autogestión y la democracia participativa.
Según el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, en la actualidad existen más de 37.000 de consejos comunales registrados y cerca de 3.000 comunas, aunque muchos de los activistas con los que conversé en mi visita a Venezuela en marzo creían que su número era inferior.
Jiménez explicó que “el movimiento comunero agrupa a comunas que se han ido consolidando a lo largo de los diez últimos años [...] En ese tiempo han surgido nuevas comunas, se han producido avances interesantes y, claro está, también ha habido comunas que han caído por el camino”.
“Pero las comunas siguen activas y han adquirido un nivel de consolidación ideológica y política muy interesante, además de la determinación de seguir adelante. Lo que tenemos es el arraigo de diez de trabajo años y una fuerza basada en el conocimiento de que existen problemas pero que podemos resolverlos si trabajamos juntos mediante la autogestión”.

Autogestión

Jesús García, de la Comuna Socialista Altos de Lidice (que agrupa a siete consejos vecinales que se encaraman en las colinas de Caracas, en la zona conocida como La Pastora) explicó que formaron la comuna porque “los consejos comunitarios locales se dieron cuenta de que compartían la misma problemática y que no podían resolverla cada uno por su lado”. Añadió que el objetivo de la comuna “no es solo unirse para resolver problemas sino que queremos ir más lejos y construir un autentico autogobierno”.
Si bien García reconoce que las comunas son una creación chavista, la de Altos de Lidice incluye también a residentes opuestos a Maduro.
“Hay muchas personas descontentas, mucha oposición. Pero también ellas participan en la dinámica de la comuna; no la rechazan, la aceptan y, poco a poco, van comprendiendo que juntos podemos hacer más”.
“Son conscientes de que, si no nos unimos, ambos sufriremos. Así que es preciso armarnos de paciencia y comprendernos mutuamente”.
“Me ha sorprendido el alto grado de paciencia. Creo que, con todo lo que ha pasado este año y el año pasado, cualquier otro país ya habría explotado”.
En el cercano barrio 23 de Enero, la Comuna Panal 2021 –que agrupa a ocho consejos comunales y alrededor de 3.600 familias– es un ejemplo de la clase de autogobierno local que muchos comuneros pretenden conseguir.
Cucaracho, un activista de Panal 2021, contaba que la comuna se inició cuando algunos activistas empezaron a buscar de fondos mediante rifas y otras actividades. La comuna atravesó un periodo de cogestión en el que recibió fondos del Estado para algunos proyectos, pero ahora ya se autogestiona.
Panal 2021 cuenta con sus propias panaderías, una fábrica textil y otra de empaquetamiento de azúcar, un almacén de alimentos y un centro de distribución. Los ingresos que producen estas empresas gestionadas por la comunidad se depositan en un banco comunal, y son las asambleas ciudadanas las que deciden cómo se redistribuyen en proyectos comunitarios.
La capacidad de Panal 2021 para generar sus propios ingresos, al igual que muchas de las comunas existentes en la actualidad, ha sido vital para garantizar su supervivencia. Desde el inicio de la crisis económica actual, el Estado ha dejado prácticamente de traspasar fondos a las comunidades locales.
Julián, miembro de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (una corriente radical de base integrada en el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela) cree que esto ha influido en el nivel de organización comunitaria. “Cuando el gobierno financiaba proyectos, creaba expectativas y fomentaba la participación, porque la gente sentía que sus problemas podían ser resueltos. Pero, a causa de la gran “cultura rentista” existente, muchos han pensado ‘si no recibimos nada, no podemos hacer nada´. En esos casos, los consejos comunitarios se limitan mayormente a administrar la distribución de servicios del gobierno, como las bombonas de gas, en su comunidad”.
“El error consistió en poner el foco en la promoción de la participación inicial y no prestar la misma atención a la creación de capacidad para que las comunidades pudieran autoorganizarse. Las comunas más activas hoy día son aquellas que no están tan relacionadas con el gobierno y que el PSUV no controla”.

Tensiones

La producción y distribución de alimentos para cubrir las necesidades de la comunidad en tiempo de crisis se ha convertido en una prioridad para muchas comunas, incluyendo las de Caracas. Canal 2021 se ha vinculado con comunas del mundo rural para llevar comida a la ciudad y venderla a precios mucho más baratos que los supermercados de propiedad privada.
Jiménez afirma que muchas comunas están haciendo lo mismo: “Hay sistemas de intercambio de comida y servicios entre comunas, que funcionan a distintos niveles de complejidad pero que han ido mejorando”.
A pesar de su importancia –o quizá por eso mismo– la producción y distribución han sido un importante punto de tensión entre el Estado y el movimiento comunero. Hace ya varios años, la Red Nacional de Comuneros entregó una propuesta a Maduro para la creación de una empresa comunal de ámbito nacional para la producción y distribución de alimentos.
La idea era que todas las comunas y todos los campesinos pudieran distribuir sus productos mediante un sistema controlado por el pueblo y no mediante intermediarios privados, con el fin de asegurar que los alimentos económicos llegaran hasta aquellos que los necesitaban. Según Jiménez, “Nos planteábamos que todo lo que produce el campo debía distribuirse, y no perderse, y que solo cuando alcanzáramos esa meta deberíamos importar aquello que no producimos, y no al contrario”.
En lugar de eso, el gobierno creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Jiménez señala que “aunque incluyan la P de producción en su nombre, no se contó con los comuneros y campesinos en su proceso de creación. Por el contrario, dichos comités están en gran parte controlados por funcionarios locales del PSUV y todo lo que distribuyen es importado”.
Jiménez cree que esto significa “dar de lado a las organizaciones existentes porque son más difíciles de controlar, porque en una comuna las propuestas tienen que debatirse en asamblea, mientras que con los CLAP puedes limitarte a decir a la gente lo que tiene que hacer”.
En la práctica, según Julián, eso significa que en muchas comunidades los CLAP han desplazado a las comunas como centro de organización comunitaria. “No es que las demás estructuras no existan, sino que la más dinámica es el la del CLAP, porque el acceso a la comida es el asunto primordial para muchas personas”.
“En algunos casos, los CLAP han debilitado las comunas y creo que lo han hecho de forma deliberada, porque, a diferencia de las comunas, los CLAP responden ante el partido.
“El partido nunca ha desempeñado un papel esencial en la promoción de las comunas y los consejos comunales, exceptuando en algunos lugares; ha preferido concentrarse en temas electorales y de gobierno.
“Existe la idea de que los comuneros están en conflicto permanente con el partido, con el alcalde del lugar o con el gobernador, debido a la propia dinámica de las comunas, basada en el concepto de autogobierno”.
“Los comuneros han propuesto la transferencia de responsabilidades de los consejos municipales a las comunas con el fin de que las personas empiecen a autogobernarse.
“Esto ha creado una tensión entre el movimiento comunero, por un lado, y los representantes del partido y del gobierno local por otro, que no quieren transferir responsabilidades como la recogida de basuras en Caracas, porque en muchos casos supone un negocio para ellos.
“Creo que el partido llegó a la conclusión de que tenía que crear los CLAP y controlarlos. No podían controlar las comunas debido a su naturaleza democrática, contestataria e irreverente, pero podía designar a quienes dirigían los CLAP.
“La fuerte cultura rentista y clientelar existente ha supuesto que la gente se decante por los CLAP, financiados y apoyados por el gobierno, que se han convertido en el centro de la organización en muchos lugares”.

Relaciones de amor y odio

Resumiendo la situación, García afirma que “dado el descontrol actual, el Estado no tiene la capacidad para resolver todos los problemas, pero el pueblo está intentando en todas partes resolver sus preocupaciones.
“Y, sin embargo, uno de los mayores problemas del gobierno es su dificultad para ceder espacio; no quiere soltar las riendas para que las personas puedan resolver sus problemas.
“Por tanto, existe una relación de amor-odio entre el gobierno y la comuna.
“A pesar de todas sus debilidades y fracasos, se trata de nuestro Estado, de nuestro gobierno. Eso no quita que tengamos que luchar, no podemos negarlo.
“Hay productos que nos faltan, necesitamos producir alimentos en un momento en que casi todos los que necesitamos son importados. Pero, en lugar de ayudarnos, el Estado nos pone toda clase de obstáculos cuando lo único que intentamos es garantizar que el pueblo tenga comida y abordar la problemática de la malnutrición infantil.
“Por otro lado tenemos claro que solo con este gobierno podemos hacer lo que hacemos en las comunas. Cualquier otro gobierno, y mucho más el gobierno de derechas que Guaidó quiere instaurar con este golpe, impediría nuestra propia existencia”.
Con independencia de lo que vaya a acontecer en Venezuela, Julián cree que el alto nivel de organización comunitaria logrado en las dos últimas décadas no desaparecerá fácilmente: “Sigue existiendo un elevado nivel organizativo, una gran fuerza. Mires donde mires verás una comuna, una cooperativa, algún tipo de comité u organización.
“Si [el gobierno] cayera, la organización seguiría existiendo; este enorme espíritu de participación seguiría existiendo y sería un problema para cualquier gobierno intentar desmantelarlo”.

Federico Fuentes
Green Left Weekly
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

miércoles, 15 de mayo de 2019

Organismos de DDHH se pronuncian contra inminente aprobación de la ley antiterrorista




Los organismos de DDHH Espacio Anti represivo y la Plenaria Memoria y Justicia se pronuncian contra la aprobación parlamentaria de la ley antiterrorista. Se denuncia el aumento de la represión estatal y de la criminalización de la protesta social, como ya ha pasado en otros países como Argentina y Chile donde se ha aplicado este tipo de leyes.
El proyecto de ley ya tiene su media sanción en el Senado y respaldada por los grandes bloques parlamentarios (FA, PN, PC) y se espera su inminente aprobación en las próximas horas en Diputados. Coincidente con la visita el próximo 17 de mayo de los directivos de la trasnacional finlandesa UPM y la confluencia de los grandes partidos del régimen de aplicar a pie juntillas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que recientemente visitó el país.
Se convoca a concentrar en protesta contra la aprobación de la ley para hoy a las 15 horas.

Sebastián Artigas
Martes 14 de mayo | 13:36

Compartimos con nuestros lectores los comunicados de los organismos de DDHH.

Comunicado de Plenaria Memoria y Justicia

Montevideo 14 de Mayo de 2019

Comunicado:

Se está por votar una ley denominada antiterrorista que más allá de todo aspecto técnico en debate, en los hechos es otro episodio más que contribuye a la militarización de la sociedad y la criminalización de la protesta. Frenar al fascismo es frenar el conjunto de mecanismos que lo fortalecen. Esta ley es uno de esos mecanismos.
El pasado 7 de mayo en la cámara de senadores fue aprobado un proyecto de ley denominado: “Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Este hecho se debe a las presiones ejercidas por el capital internacional para obtener de parte del Estado “garantías” para los inversores transnacionales como es el caso de la tercera planta de celulosa que se quiere instalar.
Se enmarca en un proceso de criminalización de la protesta en Latinoamérica que impulsan EEUU y el Sionismo, mediante organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), con directivas a los gobiernos nacionales. Ejemplo de ello son los casos de Argentina y Chile donde la persecución y represión de la lucha Mapuche y la de los trabajadores de “Las Heras” es criminalizada con este tipo de leyes.
Esto se ve implicado dentro de las políticas represivas antiterroristas donde Uruguay, ya cuenta con 4 leyes; ley 17704 del 2003, ley 17.835 del 2004 (modificada por la 18.474), ley 19574 y este nuevo proyecto, que muestra el avance de la represión hacia las organizaciones sociales, así alineándose a las políticas internacionales dictadas por los intereses del capital transnacional.
Esta ley define de forma amplía el concepto de terrorismo que ya existía en la Ley 17.835. de forma ambigua y laxa, dejando a criterio de los fiscales y jueces, qué actividades se verán enmarcadas dentro de la misma, por ejemplo; dejando impune las decisiones que tome el Estado a través de la criminalización de organizaciones o individuos que busquen romper con el status quo.
Asimismo, bajo la excusa de prevenir actos terroristas explicita el aval para el uso de técnicas especiales de investigación, tales como, la intercepción de comunicaciones, o lo más grave, la infiltración de tiras dentro de las organizaciones que ellos entiendan puedan realizar estos actos. Esto último es, legitimar una persecución política, que ya existe, de organizaciones sociales a través de la infiltración de tiras. (Esto se explicita en el artículo 64 de la ley n° 19.574).
Llamamos a las organizaciones sociales e individuos a parar este avance represivo en nuestra región.

Contra la criminalización de la protesta
Contra la ley antiterrorista

Plenaria Memoria y Justicia