domingo, 20 de septiembre de 2015

México: De la emancipación de la corona española a la subordinación a Estados Unidos




El horror de la “guerra contra el narco”, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la aplicación de las reformas estructurales diseñadas según órdenes de las trasnacionales y el imperialismo marcan la impronta del México contemporáneo. ¿Qué independencia se conmemora?

Once años duró la Guerra de Independencia en México: del 16 de septiembre de 1810 al 27 de septiembre de 1821. Bajo el influjo de la Ilustración y los enciclopedistas franceses se formó el movimiento insurgente.
La lucha por la independencia tuvo numerosos antecedentes, como levantamientos indígenas y hasta de esclavos en el interior y otras conspiraciones.
Sus detonantes: la opresión insoportable de castas, esclavos e indígenas, las ideas de igualdad, fraternidad y libertad, y el carácter antimonárquico de la Revolución Francesa. También la independencia de Estados Unidos. Se sumó a estos factores la invasión francesa en la Península Ibérica y la entrega sin lucha del territorio español por parte de la casa de Borbón.

El movimiento insurgente y los sectores más oprimidos

Tras recibir aviso de que la conspiración de Querétaro había sido descubierta, Miguel Hidalgo convocó a los pobladores frente a la parroquia de Dolores, en Guanajuato. Y según el mito histórico allí dio inicio a la Guerra de la Independencia, con el grito: “¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno!”
Un comienzo plagado de contradicciones, aun reivindicando a la corona española, pero posicionado contra las autoridades virreinales que gobernaban en nombre del rey, ya prisionero de Napoleón.
Lo distintivo de la Independencia de México fue la participación activa de importantes sectores oprimidos de la sociedad novohispana: arrieros, peones, esclavos, que pusieron en jaque el régimen colonial.
La abolición de la esclavitud y de las castas figuraron entre los elementos más avanzados del programa insurgente. También, la demanda de la abolición del latifundio y la expropiación del ganado para alimentar a los pueblos indígenas. Según Gastón García Cantú, Miguel Hidalgo fue el primer socialista de México.
José María Morelos, su discípulo y compañero de armas, planteaba la independencia de España, y desconocía a la corona. Entre las medidas de gobierno que propuso estaban: considerar como enemigos de la nación a todos los españoles y criollos ricos y empleados jerárquicos, la incautación de sus propiedades y la destrucción de las minas. Su objetivo era repartir por igual entre los pobladores pobres los bienes expropiados, y en el caso de las haciendas grandes cuyos terrenos pasaran de dos leguas, se debían repartir las tierras. Por estas propuestas se lo considera a Morelos un precursor del socialismo.
La cuestión de la tierra y su reparto era ya una demanda movilizadora de amplias masas campesinas. Así fue el inicio del movimiento por la independencia.

La invasión estadounidense a México

Pasó el tiempo. Los jóvenes capitales estadounidenses miraban con codicia hacia el sur. En 1846, una amañada escaramuza entre tropas estadounidenses y mexicanas entre los ríos Nueces y Bravo más el reclamo de indemnización por los gastos de la independencia de Texas, de James K. Polk, presidente vecino, dieron salida a la política expansionista estadounidense. Así Estados Unidos se convirtió en el gigante del norte, apropiándose de más de la mitad del territorio entonces mexicano.
El 14 de septiembre de 1847 las tropas estadounidenses entraron al centro de la ciudad de México. Los recibió la manifiesta hostilidad de los pobres entre los pobres: los llamados léperos, que no tenían empleo fijo, que trabajaban por un jornal. También los artesanos y los pequeños comerciantes se unieron a sus filas. Y destacaron las bravas mujeres que encabezaron la lucha contra los invasores. Sus armas: lo que tuvieran a mano. Hasta el día 16 se extendieron las escaramuzas, de las que muy mal parado salió el ejército estadounidense.
Mientras tanto, los poderosos, funcionarios de gobierno, propietarios de minas y haciendas que residían en la ciudad, habían huido. El ejército mexicano, comandado por Santa Anna, había abandonado a la población a su suerte, y hasta llegaron a reprimir los ataques contra los estadounidenses.
De acuerdo con Alejandra Moreno Toscano, en De la Colonia al Imperio / La clase obrera en la historia de México “Esta historia se la contó un artesano a Guillermo Prieto y la concluyó diciendo ‘cuando llega el 15 de septiembre, les digo a mis hijos: a la plaza muchachos, a la plaza, vamos a recordar la fiesta del pueblo’”. Ése es el verdadero origen de la celebración que reúne a familias y amigos.

Contra la independencia “formal”: ruptura con el imperialismo

Aunque México formalmente es un país independiente desde 1821, los planes del imperialismo estadounidense son los que rigen su destino. La firma del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, cuya entrada en vigor se dio a partir de 1994, implicó la aplicación de los planes neoliberales en México. La clave fue la precarización del trabajo.
A esto se sumó la firma de la Iniciativa Mérida en 1998, mediante la cual el gobierno estadounidense financia la “guerra contra el narco”, que implicó para México cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, el surgimiento del fenómeno del feminicidio y la criminalización de la protesta social.
Con la aprobación de las reformas estructurales –la mayoría bajo el gobierno de Peña Nieto, y la laboral bajo la gestión de Felipe Calderón– llegamos al presente donde México ostenta los salarios más bajos y la mayor cantidad de horas trabajadas por año entre los países que son parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como explicamos acá.
Incluso se dio a conocer que en el caso de la reforma energética, fue elaborada por Hillary Clinton mientras fungía como secretaria de Estado de Barack Obama.
Para salir de la profunda crisis política, social y económica, una tarea de primer orden pasa por la ruptura con el imperialismo estadounidense, los organismos internacionales y las trasnacionales.
Es necesario desconocer todos los tratados y acuerdos internacionales que sumergieron a México en la barbarie y la miseria, empezando por el TLC y la Iniciativa Mérida. Es imprescindible dejar de pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Sólo así se puede poner un alto a la injerencia imperialista en la región y dar solución a los grandes problemas del pueblo trabajador y los sectores populares.
Y estas tareas no la van a llevar a cabo ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ni el Partido Acción Nacional (PAN) ni el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estos partidos reconocen sólo el interés del capital extranjero y nacional, y de los cárteles del narcotráfico. Tampoco el Morena de Andrés Manuel López Obrador plantea como salida la ruptura con el imperialismo.
Sólo los trabajadores como fuerza social –hermanados con indígenas, mestizos, esclavos y criollos que lucharon por la independencia, con los léperos que enfrentaron a los invasores estadounidenses–, acaudillando a los sectores populares pueden llevar a cabo la ruptura con el imperialismo. Ése es el camino para avanzar hacia una sociedad sin explotación ni opresión.

Bárbara Funes
México D.F | @barbarafunes2

sábado, 19 de septiembre de 2015

Sabra y Chatila: una masacre impune




“Un niño muerto puede a veces bloquear una calle, son tan estrechas, tan angostas, y los muertos tan cuantiosos”. Así relataba el escritor Jean Genet en su célebre texto “Cuatro horas en Chatila”, dando a luz su testimonio de esa orgía de sangre y lodo.

Durante dos días ininterrumpidos, el 16 y el 17 de septiembre de 1982, las milicias falangistas libanesas (Kataeb) eliminaron “todo lo que se movía” en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila. Arrebataron la vida de más de 3.800 palestinos contabilizados, aunque otros miles de cuerpos descompuestos ni siquiera fueron registrados, perdidos entre los escombros y la barbarie de las calles de Beirut, que aún conservan esas huellas.
Bajo las órdenes del general Elie Hobeika, las milicias cristiano-maronitas asesinaron mujeres, niños y ancianos (los varones adultos con capacidad de combate habían huido), empleando métodos sanguinarios como el descuartizamiento y las degollaciones a cuchillo y hacha. No hicieron ascos en cortar el vientre de las embarazadas ni en mutilar los talones de los viejos como trofeo. No ahorraron sangre ni por las noches, cuando asaltaban las precarias viviendas gracias a la luz de los potentes reflectores proporcionados por el Ejército israelí. El entonces premier Menajem Beguin y su ministro de Defensa Ariel Sharon enviaron dos divisiones de soldados israelíes con la instrucción explícita de acordonar el perímetro de ambos campos de refugiados y evitar la salida de persona alguna hasta después de consumada esa masacre despiadada. Con justa razón Genet desenmascaró la terrible ironía de Beguin, el que se ufanaba de ese degüello señalando que “en Chatila, en Sabra, unos no judíos han masacrado a unos no judíos, ¿en qué nos concierne eso a nosotros?”.
La guerra civil libanesa (1975-1990) movió a las franjas más aristocráticas de la comunidad cristiano-maronita a establecer una alianza político-militar con el Estado de Israel para imponer su dominio sobre las mayoritarias comunidades sunitas y drusas. Prohijada bajo el colonialismo francés, la comunidad maronita estaba integrada por un sector de la alta burguesía acomodada asociada al capital financiero, vinculada a la industria inmobiliaria y de la madera, y de aceitados tratos con el Mossad y la inteligencia militar del Ejército israelí. Con esa finalidad, los popes maronitas comenzaron a alentar el orden y el control de los refugiados palestinos, para lo cual se valieron del mandato que poseían en la Liga Árabe, mediante el que en 1976 ordenaron la movilización de 50 mil soldados sirios, encargados de poner a raya los centros de gravedad donde el Fatah y la OLP seleccionaban sus cuadros y militantes.
Según la UNRWA (la Agencia de la ONU encargada de la asistencia humanitaria) en ese entonces se hacinaban entre 300 y 400 mil refugiados palestinos en el Líbano. Durante 12 años los comandos fedayines liderados por Yasser Arafat concentraron sus fuerzas en determinadas posiciones territoriales, donde lograron reponerse militarmente del revés descargado por Jordania en 1970, tras la oleada de terror de la masacre de Septiembre Negro, ordenada por la monarquía hachemita presidida por el rey Hussein, con el saldo de cientos de palestinos asesinados.
El gobierno de Beguin y Sharon acariciaba la idea de una “solución final” de la resistencia palestina. En esta dirección, el Ejército israelí entrenó y financió a las Kataeb, cuyo primer ejercicio fue el asalto del campo de refugiados de Tel Zaar. Por otro lado, en su afán expansionista (devenida de la naturaleza colonial del Estado judío), los líderes derechistas pusieron en pie el llamado Ejército Libre del Líbano, una banda de mercenarios profesionales que controlaba el territorio del Valle de la Bekaa (y que más tarde alumbrara a Hezbollah, producto de la movilización campesina contra la ocupación).
En mayo de 1982 Beguin lanzó la operación “Paz para la Galilea”, el plan de invasión de Líbano que combinó la movilización de la infantería con ataques rasantes de jets que hicieron polvo y añicos de las calles de Beirut. Más de 16 mil libaneses perdieron la vida. Sobre esa derrota, los sionistas y EE.UU. impusieron en carácter de presidente a Bashir Gemayel, falangista notable y miembro de una de las familias más acaudaladas, que al poco tiempo resultó asesinado. El gobierno israelí resolvió entonces un escarmiento drástico.
La hipocresía de Ronald Reagan y Francois Miterrand también aportó lo suyo asegurando que no habría represalias contra los campos de refugiados si las huestes de Arafat se retiraban, mientras estas escapaban a las montañas de Jordania.
La saña criminal de la masacre abrió el repudio internacional a gran escala, obligando al sionismo a dar una respuesta institucional para lavar sus culpas. La Asamblea General de la ONU declaró que la masacre fue un “acto de genocidio”, bajo la Resolución 37/123. Bajo esa presión fue convocada una comisión formada por el presidente de la Corte Suprema, Itzjak Kahan, el juez de la misma Aharon Barak y el general Iona Efrat. El Informe de la Comisión Kahan concluyó que la barbarie fue exclusivamente cometida por “irresponsabilidad” de Sharon, el que permaneció impune y años más tarde fue elegido primer ministro.
Los crímenes impunes de Sabra y Chatila se perpetúan en el terrorismo del Estado sionista y el porvenir de los doce campos de refugiados en existencia de Líbano, con cientos de miles de parias, apiñados por varias generaciones entre la Nakba de 1948 y la Guerra de los Seis Días de 1967, aunque el 55% de su población es menor de 18 años. La diáspora palestina reúne más de 7,5 millones de personas (4,8 millones refugiados en países árabes) sin derecho de retorno a sus tierras originarias, constituyendo un tercio de la población de refugiados del mundo, bajo entera responsabilidad del Estado de Israel, las burguesías árabes y el establishment internacional.

Miguel Raider

Los refugiados sirios se quieren ir




Cinco familias sirias acampan desde el lunes en una plaza de Montevideo.

Son cinco familias. Fueron acogidas hace casi un año bajo una propuesta del ex presidente Mujica. Pero ahora dicen que no tienen futuro. Y buscan irse a Europa.
Las cinco familias de refugiados sirios, que desde hace casi un año viven en Uruguay, se encuentran acampando en la céntrica Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, reclamando al gobierno que les ayude a salir del país.
Los 42 ciudadanos sirios arribaron desde su refugio del Líbano a Montevideo en octubre de 2014, en el marco del programa para refugiados sirios impulsado por la administración de José Mujica, que desde el vamos les brindó contención, lugar donde vivir y una partida de dinero para poder subsistir.
Pero hoy, después de vivir distintas experiencias en diferentes puntos de Uruguay, se muestran disconformes con el programa de acogida (o buena parte de él) y, fundamentalmente, manifiestan el no poder visualizar, por muchas razones, una proyección de futuro por estas tierras.
“El plan de ayuda del gobierno es por dos años y ya pasó uno. Yo trabajo en un hospital, mi sueldo es muy poco, 11.000 pesos uruguayos (unos 380 dólares). Tengo esposa y tres hijos chicos. “¿Cómo haré para vivir cuando la ayuda termine?”, dijo a la agencia AP Ibrahim Al Mohammed, jefe de una de las familias.
Alguna de estas familias, menos numerosas, parecería ser un poco menos radical en sus reclamos, y contemplaría la posibilidad de quedarse, siempre y cuando reciba una propuesta de las autoridades que, de aquí en adelante, sea un poco más alentadora.
La preocupación básica de todos los jefes de hogar es la dificultad para poder sustentarse (en razón de los sueldos y el costo de vida) cuando en octubre de 2016 la colaboración del programa expire. “No quiero plata, no quiero nada más que volver al Líbano o a Siria. Acá nos vamos a quedar hasta que nos lleven al aeropuerto”’, afirmó Maher Aldees, jefe de otra de las familias instaladas en la plaza, con el objetivo de poder canalizar sus reclamos.
Lo que solicitan, concretamente, es poder ser enviados al Líbano o a Siria, desde donde albergan esperanzas de viajar e instalarse en un país de Europa. Los sirios tienen un documento legal, emitido por Cancillería, que les permite moverse libremente, pero para irse de Uruguay, precisan el visado de la nación que los albergaría.
De hecho, la familia Aldees había abandonado Uruguay hace poco más de un mes, pero debieron regresar tras quedar varados 20 días en el Aeropuerto de Estambul, en Turquía, debido a que esta nación no admitió su ingreso.
“Yo los entiendo. Ven que salir de Uruguay es muy difícil y eso les da una gran inseguridad. Pero el documento de viaje que les otorgó Uruguay es un documento válido. Lo que no podemos hacer, porque está fuera de nuestro alcance, es obligar a terceros países a que lo acepten”, explicó a Associated Press Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos del gobierno y responsable del plan de acogida de los sirios, quien apuntó que parte del malestar de las familias sirias es por la experiencia que les tocó vivir a los Aldees.
Los jefes de las familias sirias se reunieron ayer con Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia de la República, quien se comprometió a darles una respuesta en las próximas horas. De ella depende en gran parte el cómo seguirá esta historia.

Guillermo Pellegrino
Clarín, Buenos Aires, 8-9-2015

viernes, 18 de septiembre de 2015

La filosofía marxista de la praxis.


Homenaje a Sánchez Vázquez de Néstor Kohan en la UNAM



Homenaje al pensador marxista Adolfo Sánchez Vázquez en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), septiembre de 2015. Intervención de Néstor Kohan. Se puede leer la ponencia escrita en: www.cipec.nuevaradio.org (Proyecto "Memoria del futuro" de Brancaleone films, Cátedra Che Guevara, Cátedra "De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana" y Centro de Investigación en Pensamiento Crítico [CIPEC], Sociología, UBA, Argentina).

jueves, 17 de septiembre de 2015

El éxodo sirio: lo peor está por venir




El colapso repentino o la caída de un centro urbano importante harán que este flujo constante se transforme en un torrente convirtiendo, de la noche a la mañana, a millones de seres en refugiados.

La situación de los desesperados refugiados que alcanzan las costas de Europa, traspasando por miles sus fronteras, viene encabezando últimamente las noticias. Se estima que uno de cada cuatro refugiados es sirio, con una impactante cifra de cuatro millones de seres fuera del país y otros siete millones de desplazados a nivel interno: alrededor de la mitad de la población total.
Imágenes escalofriantes y terribles de cadáveres de niños sirios arrastrados por el mar se convirtieron en virales en los medios dominantes y redes sociales, promoviendo una avalancha de simpatía y protestas públicas por la indiferencia ante su sufrimiento y poniendo de nuevo el conflicto sirio en la vanguardia de la atención mundial. Pero mientras los políticos pelean y discuten sobre qué hacer con la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial, el flujo continuo de refugiados, desafiando todas las posibilidades de alcanzar el santuario en lo que está ya convirtiéndose en el gran éxodo sirio, no tiene fin.
El país se está vaciando mientras los sirios abandonan en tropel su nación en lo que probablemente constituye la mayor migración masiva que la nación ha contemplado en sus miles de años de historia; un éxodo hacia la “Tierra Prometida”: la fortaleza Europa. En el camino tendrán que enfrentarse a mares crueles y temperamentales en los que se han ahogado miles de personas antes que ellos, a traficantes sin escrúpulos y a bandas armadas que les roban todo a lo largo del peligroso viaje por mar y tierra a través de los Estados del este de Europa y los Balcanes meridionales.
La mayor parte de los fugitivos sólo tiene una vaga idea de lo que les espera cuando lleguen: los meses de limbo en atestados centros de refugiados y los cruciales desafíos a los que tendrán que enfrentarse para empezar una nueva vida en un nuevo país con una lengua, cultura y tradiciones diferentes, aunque, francamente, todo esto les tiene sin cuidado. El único objetivo es llegar allí, es decir, al sueño inalcanzable y aparentemente imposible, todo lo demás puede esperar.
Ahmed tenía un puesto callejero de golosinas –un síntoma visible de la economía de guerra de Alepo-, vendió lo que pudo de sus escasas pertenencias y se puso de camino hacia el Líbano para coger un avión que le llevara a Turquía y después, por mar, a Grecia. Como señala de forma conmovedora: “Si nos ahogamos, habrá acabado nuestra desgracia, y si llegamos a Europa, acabará nuestra desgracia. De una forma u otra terminará”. Esto, queridos lectores, resume lo que pasa por la mente de cada refugiado sirio que arriesga su vida y la de su familia en su peligroso viaje al santuario.
Para poder comprender lo que lleva a la gente a renunciar y dejar atrás todo lo que han conocido hasta ese momento, precipitándose a un destino incierto, tienen que saber cómo es la mentalidad de alguien que lleva viviendo años en una zona de guerra. El miedo constante, el estrés diario, la lucha para poder alimentar a tu familia y mantenerla en medio de una escasez crónica y una infraestructura en ruinas, la expectativa de que la muerte puede llegar en cualquier momento, o lo que es peor, la mutilación y las heridas, la incertidumbre y la preocupación por el futuro y el de tus hijos en medio del estrangulamiento económico y el creciente caos de un Estado colapsado.
No pueden subestimar el impacto psicológico de todo esto, que es por lo que muchos, que lo habían soportado desde el principio y planeaban aguantar, han perdido finalmente la esperanza al comprender que la guerra siria no acabará nunca, o que si acaba, no va a dejar nada a salvo detrás. La caída de muchas zonas de Siria en el caos y el extremismo mientras el Estado se colapsa y el poder del Gobierno central se desvanece ha convencido a muchos de que aquí no hay futuro. Mientras las bombas de barril del Gobierno arrasan barriadas enteras vaciándolas de sus habitantes, convirtiéndolas en masas de escombros y matando a civiles inocentes, los terroristas del Estado Islámico siguen apoderándose de nuevos territorios, decapitando académicos y volando los tesoros históricos de la nación a medida que avanzan, obligando a miles de personas a huir a su paso.

El impasse político y militar no da señales de terminar y parece casi imposible encontrar una solución al conflicto.

Mientras que la oleada inicial de refugiados que salieron de Siria cuando empezó el conflicto se componía de quienes estaban viviendo directamente en las áreas de las zonas de batalla o de quienes se habían empobrecido y desembocado en la indigencia por el repentino colapso de gran parte de la economía, esta última oleada está compuesta en gran parte de licenciados, profesionales, trabajadores especializados y pequeños empresarios, muchos de los cuales estaban viviendo en zonas “relativamente” seguras de Siria. El hecho de que estén vendiendo todo lo que poseen –casas, coches, empresas e incluso animales domésticos y muebles- para poder financiar su viaje, muestra que no se plantean volver jamás, convirtiéndose para siempre en parte de la diáspora en el propio éxodo de características bíblicas de Siria.
Este es el tiro de gracia a la nación siria, el hecho de que su propio pueblo la abandone; esa hemorragia de quienes más capaces serían a la hora de reconstruirla y ponerla de nuevo en pie debería hacer que la guerra terminara de inmediato. Ha habido campañas , tanto del Gobierno como de los rebeldes, desanimando a la gente de marcharse con lemas tales como “tu país te necesita” y “¿en manos de quién estás dejando a tu país?”, así como fatwas de clérigos y consejo religiosos proclamando que irse es un pecado, pero todo cae en oídos sordos. Es difícil convencer a alguien que escapa de la muerte en una guerra de la que no quieren formar parte de que se quede atrás. Todas las acusaciones de un lado y otro acerca de una conspiración para conseguir un cambio demográfico y la partición de Siria vaciándola de su pueblo nativo parecen haber tenido también escasas resonancias.
Además de los impactos obvios e inmediatos de una guerra civil, como son las bombas, las matanzas y la violencia, hay otros muchos factores que hacen de la vida un infierno insoportable. Los jóvenes que viven en las zonas rebeldes huyen para evitar unirse a las milicias rebeldes y a los grupos extremistas, que se han convertido en una de las pocas fuentes de ingresos, mientras que quienes se encuentran en las áreas bajo control del Gobierno escapan del reclutamiento obligatorio o del servicio de la reserva en un ejército sirio cada vez más reducido.
Mientras el caos y el extremismo religioso campan a sus anchas en las zonas rebeldes, el colapso económico y el aumento de la anarquía se agudizan en muchas de las zonas bajo control del Gobierno, así como una devastadora escasez de lo más básico y el colapso de los servicios públicos, presionando aún más a una población acosada. Los subsidios del Gobierno, que solían financiar salarios, alimentos, combustible y medicinas para el ciudadano medio, se han evaporado todos, dejando a muchos en una situación desesperada y totalmente dependientes de la ayuda humanitaria, que en el mejor de los casos es irregular o no existe en absoluto en las zonas que están asediadas o soportando el grueso de la lucha.
El índice de criminalidad y el saqueo en las zonas del Gobierno son cada vez más desenfrenados. Las milicias Lijan , una colección de voluntarios locales y reclutas que combaten junto al régimen, están saqueando las fábricas de la zona industrial de Alepo a plena luz del día, llevándose todo por los puestos de control que les son leales. Lo que no pueden llevarse, como los grandes transformadores eléctricos, los desmantelan por partes o los funden para conseguir cobre. Ha habido un firme clamor en contra por parte del director de la cámara de industria de Alepo, ferozmente leal al Gobierno, así como de importantes periodistas del Gobierno, pero todo ha sido en vano.
Parece que el régimen sirio, impotente a la hora de parar todo, o quizá corto de dinero, está haciendo la vista gorda ante el saqueo de las milicias con tal de que sigan a su lado. Los pocos empresarios que quedaban en lo que fue la capital industrial y comercial de Siria ya están marchándose, al haber tenido que abandonar toda esperanza de que sus fábricas puedan volver a funcionar mientras tienen que ver cómo las saquean y se llevan todo descaradamente.
Ha habido también una oleada de secuestros para pedir rescate en los puestos de control progubernamentales. Recientemente, un famoso cantante de Alepo fue secuestrado cerca de Salamieh, en lo que se conoce ya como el puesto de control del “millón”, en referencia a la suma que hay que pagar allí por el rescate.
Es importante señalar que la mayoría de los sirios que todavía quedan en el país viven en las zonas controladas por el Gobierno y el deterioro de la situación allí, así como una serie de pérdidas recientes y reveses en el campo de batalla, son el factor impulsor más importante en el actual flujo de refugiados que salen del país. Esta tendencia continuará si el Estado sigue debilitándose, mientras que un colapso repentino o la caída de un centro urbano importante hará que este flujo constante se convierta en un torrente mientras varios millones de personas más se convierten en refugiadas de la noche a la mañana para escapar del caos y del baño de sangre.
Gran parte de las conversaciones y cotilleos en cafés y entre amigos y familiares gira en torno a los traficantes y a las rutas que siguen y a qué países hay que dirigirse. Con los relatos de los conocidos y de los familiares que ya lo han hecho, cada hogar en Siria conoce ya a alguien que murió en la guerra o que se ha convertido en refugiado por ese motivo.
Marcharse, para un pueblo que lo ha perdido todo y que continúa sufriendo horrores inimaginables, es la única esperanza que queda en estos momentos. Si no hay ningún intento serio de poner fin a la guerra, cada vez más sirios correrán el riesgo de lanzarse hacia lo desconocido, exacerbando lo que se ha convertido ya en la mayor crisis de refugiados en generaciones. Parece que por ahora, mientras todo lo demás se les cierra, seguirán golpeando las puertas de la fortaleza Europa.

Edward Dark
Middle East Eye

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Edward Dark es un columnista de MEE, vive en Alepo y escribe bajo seudónimo.

miércoles, 16 de septiembre de 2015

Grecia y el fracaso del reformismo en el poder




La capitulación de Alexis Tsipras frente a los ajustes exigidos por el imperialismo europeo y el pago de más de 3.000 millones de euros a los acreedores, consumó la traición del gobierno de Syriza (Coalición de la Izquierda Radical) al mandato popular expresado en el referéndum del 5/7 y a sus promesas de campaña.

Su posterior renuncia al cargo de primer ministro y la convocatoria a elecciones (finalmente confirmadas para el 20/9) en las que tratará de conseguir un nuevo mandato, cerró una etapa política que permite sacar importantes conclusiones.
Syriza llegó al poder como una izquierda que no pretendía terminar con el capitalismo sino administrar el estado capitalista. Desde el Programa de Salónica hasta las promesas de campaña electoral, nunca pasó del compromiso de frenar los ajustes salvajes de los gobiernos anteriores, negociar una reestructuración de la deuda externa y poner en marcha planes de inversión para generar empleo. En enero de 2015, durante la campaña electoral y en respuesta a los furiosos ataques de la derecha (tanto de Grecia como de toda Europa) que amenazaba con el caos si ganaba Syriza, Tsipras dejó bien claro que su intensión era llegar a un acuerdo con los acreedores y no salir del euro.
Sin ir más lejos, los referentes latinoamericanos de Syriza son Chávez y Evo Morales, dirigentes que han llevado adelante distintos modelos llámese “socialismo con empresarios” en Venezuela o “capitalismo andino” en Bolivia que lejos de romper con el capitalismo, le incorporan una mayor intervención estatal, subsidios y planes sociales sin afectar seriamente los intereses empresario. Por el contrario les han garantizado grandes negocios no solo a los capitalistas “nacionales” sino a los monopolios imperialistas.
Lo mismo sucedió con los proyectos “nacional y popular” del Kirchnerismo en Argentina, o del “progresismo” lulista o frenteamplista en Brasil y Uruguay. Y hoy, cuando se acabaron los años de bonanza económica y altos precios de materias primas, todo el reformismo latinoamericano está aplicando ajustes vía devaluaciones, inflación, recorte de subsidios y despidos y suspensiones. El ejemplo más drástico lo muestra Venezuela donde tras años de hablar de “socialismo del siglo XXI” hoy el chavismo de la mano de Maduro, descarga la crisis sobre el pueblo pobre.

El reformismo fomenta la resignación al ajuste

Esta estrategia reformista, basada en la falsa ilusión de que es posible conciliar los intereses de las masas trabajadoras con los del gran capital (nacional y extranjero), acaba de demostrar una vez más su total fracaso en Grecia. El gobierno de Tsipras fue cediendo una tras otra a todas las presiones de la Troika y el Eurogrupo y cruzando las propias “líneas rojas” que se había comprometido a no negociar (no recortar pensiones y jubilaciones, no flexibilizar el régimen laboral, no hacer más privatizaciones).
Fue la consecuencia directa de no querer enfrentar a los acreedores y gobiernos imperialistas y tratar de evitar la movilización social, condición indispensable para toserle el brazo a los buitres. Por el contrario, se dedicaron a una gran campaña por convencer a la población de que no había más salida que negociar y aceptar las condiciones que imponía la Troika. Esto es lo más nefasto de la estrategia reformista ya que no solo impuso a las masas el peor ajuste de la historia reciente de Grecia, sino que se apoya y empuja a la resignación y a aceptar que no hay alternativas.
La única vía realista y posible para una salida progresiva a la crisis social y económica es la que Tsipras y Syriza temen como a la peste: desarrollar la movilización y la organización de las masas para que la crisis la paguen los capitalistas.

Unidad Popular, la nueva “izquierda”

Es por eso que la nueva Unidad Popular, surgida del ala ubicada más a la izquierda dentro de la coalición de gobierno (llamada Plataforma de Izquierda), no representa ninguna alternativa ya que es el intento de reeditar una nueva Syriza. Esta nueva formación liderada por ex ministros del gobierno de Tsipras, critica la firma del memorándum como si fuera un parteaguas, pero no dice una palabra de que sostuvieron a su gobierno durante los 7 meses que duró. En ningún momento fueron capaces, ni quisieron hacerlo, de movilizar una fuerza social que enfrentara el nuevo pacto con la Troika. Ni siquiera cuando los manifestantes fueron reprimidos frente al parlamento por el propio “gobierno de izquierda”.
Incluso ahora, la diferencia central que plantean con Syriza es conformar un “bloque anti-memorándum” y la orientación más clara, que ya la anunciaban cuando estaban dentro, hacia una “salida ordenada del euro” (una vez más, garantizando la estabilidad capitalista). Pero ¿qué salida implica romper con el euro si no se parte de tomar las medidas anticapitalistas y antimperialistas elementales que puedan sostener la economía? Ni más ni menos que una devaluación abrupta de la moneda nacional con todas las desastrosas consecuencias sociales que conocemos como la fuga de capitales, una inflación galopante, escasez de productos. Una respuesta “nacionalista”, es decir capitalista, a la crisis. En Argentina ya vivimos una experiencia similar con el fin de la Convertibilidad, sin afectar los intereses capitalistas, durante el gobierno de Duhalde que redujo el poder adquisitivo del salario a una tercera parte de su valor.

Por una salida obrera y popular

No hay lugar para una salida a favor de los intereses populares sin nacionalizar la banca y ponerla bajo control de los trabajadores para evitar la fuga de capitales y la extorsión financiera, sin expropiar a los grandes capitales para evitar cierres y despidos, sin un plan de obras públicas financiado con un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa para terminar con la desocupación. Y estas medidas sólo pueden imponerse a través de la movilización obrera y popular que, retomando el camino truncado de las 30 huelgas generales contra los ajustes anteriores, logre derrotar la resistencia de los capitalistas y su Estado represor, es decir una revolución social que por medio de un gobierno de las organizaciones obreras y populares en lucha avance en un programa anticapitalista y antimperialista.
Para esto es indispensable poner en pié una fuerza política enraizada en las fábricas, lugares de trabajo y estudio, capaz de llevar adelante este programa e imponerlo con la fuerza de la movilización en las calles. Un partido revolucionario basado en la lucha de clases y no en el parlamentarismo reformista. Que sea capaz de utilizar el frente único obrero para hacer frente a los ataques de los capitalistas. Que ponga las posiciones conquistadas en los sindicatos y en el parlamento al servicio de preparar las condiciones para pasar a la ofensiva en la perspectiva de la revolución socialista.

Diego Dalai

martes, 15 de septiembre de 2015

En el nombre del padre capitalismo…




La visita del papa Francisco a Cuba (programada para el próximo día 20), su llamado a respetar los derechos de los refugiados y su promesa de abrir los archivos que guardan los secretos de las relaciones entre la alta jerarquía católica y la dictadura militar argentina, solo pueden ser decisiones trascendentes si forman parte de un proyecto integral de transformación institucional.
Lo mismo se puede decir acerca del innegable papel de la Iglesia (y del pontífice como jefe de la misma) en las conversaciones de alto nivel entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para la reapertura de relaciones diplomáticas.

La definición política

En el caso de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, se alcanza a ver coincidencias sustanciales entre la visión del presidente Barack Obama y la del papa Francisco I.
"Vamos a seguir apoyando a la sociedad civil en Cuba. Agradezco el apoyo del papa Francisco", declara Barack Obama.
Para Obama, la sociedad civil es la mal llamada disidencia. Y tanto Obama como el pontífice han posado junto a miembros de esa “disidencia” a quienes han exhortado a seguir adelante en su activismo contra el avance político.
Barack Obama entiende que es posible revertir el proceso revolucionario manteniendo relaciones y dotando de una posición amistosa a los representantes de Estados Unidos en Cuba. La actitud del papa Francisco no es, en apariencia, distinta.
La visita papal a Cuba es una continuidad de la línea trazada por Juan Pablo II, quien mostró disposición a entenderse con el nazismo pero jamás con el socialismo.
Benedicto XVI, también derechista y ultraconservador, visitó Cuba y pronunció frases ambiguas que recuerdan el contenido de la encíclica Centesimus Annus (1991), en la cual su antecesor llamó a humanizar el capitalismo, pero condenó el socialismo.
Juan Pablo II tuvo con Ronald Reagan un nivel tan alto de coincidencia como el que muestra Francisco I con Obama.
Mientras Francisco I no demuestre que se propone romper con los sectores retardatarios, la interpretación más certera de su papel en el diálogo entre los dos gobiernos y de la inclusión de Cuba entre los países a visitar, es que actúa para dar apariencia de legitimidad al capitalismo, aunque critique acciones realizadas hace más de medio siglo y que han probado no ser efectivas.
Entre esas acciones figura el bloqueo contra Cuba, que el propio Obama califica como anacrónico.
Si Juan Pablo II fue aliado de Ronald Reagan (asesorado por estrategas yanquis como Alexander Haig y Vernon Walters) y colaboró en el desmonte de los regímenes socialistas en Europa del Este, Francisco I es aliado de Obama.
¿Avance o adaptación a la coyuntura? Han pasado más de tres décadas, y los cambios en el panorama político han determinado la reorientación del trabajo político.
La alianza de Juan Pablo II con Reagan y la de Francisco con Obama, se producen en coyunturas diferentes, pero tienen un origen común que es el objetivo de preservar el orden global.
Cuando las instituciones directoras del sistema entran en crisis, las diferencias entre la derecha y la ultraderecha se desdibujan.

Entre comillas la palabra cambio

La posición del obispo Jorge Mario Bergoglio (hoy papa Francisco) ante la dictadura militar argentina no fue de enfrentamiento.
Su elección como papa tras la renuncia (abdicación, dimisión o cualquier palabra nada elegante) de Benedicto XVI, generó comentarios diversos. Los medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones de que cientos de perseguidos fueron escondidos y protegidos por Bergoglio en ese período de la historia política argentina.
Sin embargo, no siempre fue idílica la relación de Bergoglio con los organismos de derechos humanos.
En el año 2007, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (quien visitó el Vaticano junto a su nieto recuperado) declaró: "Por no hablar y mantener el silencio en este país tuvimos 30.000 desaparecidos y 560 nietos apropiados por represores". Y agregó: "Nosotros aún estamos esperando de la Iglesia haga una autocrítica sobre su actuación durante la última dictadura".
Habló en esos términos, porque el cardenal hacía silencio o hablaba a medias.
En el artículo sobre el tema que publicó en el año 2012 la periodista Ana Delicado, además de las declaraciones de Estela de Carlotto, hay una cita de Estela de la Cuadra, tía de Ana Libertad, una de las nietas recuperadas el año pasado.
De la Cuadra critica la posición que asumió el cardenal Bergoglio cuando recibió la solicitud de colaborar en la búsqueda de Ana, hija de Elena de la Cuadra, quien fue secuestrada con 5 meses de embarazo. “ ¿Cómo es que Bergoglio dice que hace solo diez años sabe del robo de bebés?", preguntó Estela ante los tribunales. "Es la tercera vez que lo pido ante un tribunal: ¿lo vamos a citar para que declare o no lo vamos a citar para que declare?"
En más de un escrito (incluso un libro publicado), el papa Francisco ha explicado por qué guardó silencio. Lo que no podría explicar es por qué supone que actuó con apego a la justicia.
Es este personaje el encargado de mejorar la imagen de la Iglesia Católica, pero mejorar la imagen y transformar de manera sustancial no son expresiones sinónimas.
Si en 1958, después de las manifestaciones ultraderechistas del papa Pío XII era necesario llevar al asiento principal del Vaticano a un reformador, en el año 2013, debido a la rapidez con que se propagan los escándalos y a la magnitud de los líos financieros y sexuales en el seno de la Iglesia y al descrédito que en la línea ultraconservadora imprimieron las gestiones de los ultraconservadores de los cardenales Karol Józef Wojtyla (coronado después de la misteriosa y altamente sospechosa muerte de Juan Pablo I) y Joseph Aloisius Ratzinger, no fue posible esperar la muerte de este último para entregar el cetro a un obispo cuyo nombre pudiera asociarse a la palabra cambio.

¿Qué cambiará?

Los medios de comunicación más influyentes han liberado al papa del compromiso de hablar sobre su relación con la dictadura militar argentina.
Ángela Boitano, presidenta de la Asociación Argentina de Familiares de Desaparecidos, le preguntó cuándo serán abiertos los archivos del Vaticano, y él anunció: “Lo estamos haciendo”.
Lo que queda claro es que él realiza su trabajo. La entrevista pudo tener como objetivo la realización de ese anuncio, pero aunque así no fuera, el beneficio a su propia imagen y a la de la Iglesia no está en cuestionamiento.
¿Se abrirán estos archivos sin cortapisas y sin manipulación? Ojalá. Se trata de un importante recurso documental.
Pero no solo esto se necesita para anunciar el inicio de una transformación real en el seno de la Iglesia Católica. Esto no alcanzaría para borrar una larga historia de complicidad con los represores.
Juan XXIII y Paulo VI fueron reformadores sin despojar a la Iglesia de su condición de organismo confesional del poder capitalista. Por eso, años después (abril de 1987), Juan Pablo II pudo posar junto a Augusto Pinochet en el balcón del Palacio de la Moneda. ¿Por qué había de negarse a bendecir a tan poderoso anticomunista?
Francisco I, hasta que pruebe lo contrario, es un reformador de la misma naturaleza que Juan XXIII y Paulo VI. Condena la guerra y el despojo, pero no retira su apoyo a quienes están a la cabeza del armamentismo y del saqueo.
Por eso la curia vaticana lo protege... Para lavar el prestigio de la Iglesia, sigue anunciando un cambio que no llega… Actúa en el nombre del padre capitalismo, de sus engendros que son las formas modernas de opresión, discriminación, neocolonialismo y explotación, y del espíritu capitalista que es su esencia saqueadora… El apego a la justicia y la moral revolucionaria obligan a no pronunciar en este escenario la palabra amén…

Lilliam Oviedo

lunes, 14 de septiembre de 2015

Los estudiantes de Secundaria van por el 6 % para ANEP-UDELAR




Durante las últimas dos semanas varios liceos aparecieron ocupados por sus estudiantes en Montevideo: el Miranda, el Zorrilla y el Bauzá son algunos de ellos.
Los estudiantes, que emergieron como fuerza social en el conflicto de la enseñanza que hoy se mantiene en curso, votaron en asambleas ocupar varios lugares de estudio. Ellos consideran que la lucha continúa, pese a que las direcciones de los gremios de la educación llamaron cínicamente a levantar las medidas de lucha. Con mucha firmeza, se mantenían al día de hoy las ocupaciones en algunos de los liceos más emblemáticos.

La dirección burocrática llamó a levantar las medidas de lucha

Los dirigentes de FUM, FENAPES y otros gremios de la enseñanza junto con el Secretariado del PIT-CNT firmaron a fines de agosto un acuerdo con el gobierno de Tabaré Vázquez en donde se comprometían a levantar las medidas de lucha (huelgas, paros y ocupaciones) a cambio del levantamiento del decreto de esencialidad en la educación. Provocaban así el levantamiento de las medidas de docentes y profesores en un proceso de lucha que no se veía en años. Su actitud implicó el desconocimiento de las bases que en asambleas masivas votaban continuar el conflicto. Pero las direcciones burocráticas pasaron por encima de miles y miles de voluntades y firmaron el acuerdo con “su” gobierno, en el que no hay un compromiso del ejecutivo de satisfacer la demanda de los gremios que fundamentalmente tiene que ver con el aumento de los salarios y la necesidad de aumento del presupuesto educativo para poder estudiar y trabajar en condiciones dignas. Si bien se levantó el decreto de esencialidad, producto de las movilizaciones y el repudio que se expresó en las calles en manifestaciones multitudinarias, la burocracia levantó sin obtener ninguno de los reclamos por los que se luchaba, algo que le valió el repudio en más de una asamblea.
En los distintos gremios, las asambleas de los trabajadores levantaron las medidas, pero ratificaron su voluntad de seguir luchando, y por eso se mantiene la organización en zonales y núcleos tanto en liceos como en escuelas, donde se votan acciones de promoción y difusión de la lucha.

Los estudiantes mantienen sus banderas de lucha

Mientras tanto, los estudiantes vienen manteniendo las medidas de lucha. Se han organizado en los liceos, han “re-fundando” varios centros de estudiantes a partir de la activación de muchos gurises que ven que la lucha es legítima. “No luchamos por una tontería, es algo serio” declaraba una estudiante a LID en la ocupación del Liceo Bauzá.
Las ocupaciones comienzan desde temprano en la mañana, y durante el día se llenan de actividades, talleres, charlas y películas. También está el momento del deporte con algún “picadito” y la expresión artística con el armado de murales y pintadas de graffitis.

La unidad entre docentes y estudiantes

Una de las cuestiones distintivas de este conflicto fue la tendencia espontánea de unificar desde las bases la lucha. Así surgían zonales en donde confluían docentes de secundaria con profesores de UTU, a la vez que estudiantes del profesorado IPA.
También se vio cómo los estudiantes que ocupaban sus liceos buscaban el apoyo de sus propios profesores, y así comenzaba a forjarse una unidad en la lucha, expresada en la coordinación de actividades en común, como los talleres de reflexión sobre presupuesto y otros temas. Un ejemplo de esto fue el Taller de DDHH que se desarrolló el pasado viernes 11 en el Bauzá ocupado por sus estudiantes. El Taller estuvo a cargo de docentes que integran la Comisión de Derechos Humanos de ADES Montevideo.

Se preparan ocupaciones en la Universidad

La semana pasada estuvo ocupada la Facultad de Psicología en reclamo para que se aumenten las partidas para ANEP y UDELAR, teniendo en cuenta que el proyecto de presupuesto propuesto por el ejecutivo – y que fuera enviado al parlamento para su tratamiento – solo atiende un 10 % de lo que reclama la Universidad de la República para un normal funcionamiento. Esta es la educación que quiere el gobierno frenteamplista: de mala calidad para la universidad pública, y si alguien pretende excelencia, a estudiar en las privadas.
La semana que viene se preparan varias ocupaciones no solo de parte de los estudiantes sino también de los funcionarios de la Universidad nucleados en AFFUR. Entre ellas, la Facultad de Ciencias Sociales ocupará el próximo lunes 14, y el jueves 17 lo hará la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en una acción que promete soldar la unidad entre trabajadores y estudiantes en un reclamo común.

Karina Rojas
Montevideo

Brasil: el gigante sudamericano en crisis




Con un combo que incluye una fuerte crisis política y una creciente degradación de las variables de la economía, se vislumbra un escenario de mayores tensiones.

La semana que se cerró este viernes fue prolífica en malas noticias para el gobierno de Dilma Rousseff. En el marco de un escenario marcado por una crisis económica, social y política, dos anuncios vinieron a agregar más leña al fuego en el que se cocina el gobierno de Brasil.

Mala calificación

El miércoles de conoció el anuncio de la agencia Standard & Poor’s que dio cuenta de una baja en la calificación de la deuda soberana del país.
Esto, más allá de sus consecuencias económicas, implica un duro golpe político al dejar en evidencia las limitaciones que el capital imperialista (o franjas del mismo) ven en el gobierno para implementar un plan de ajuste más abierto.
Este jueves se conoció la declaración de las mayores cámaras patronales del país, que se autodefinieron “perplejas por la inacción del gobierno frente al creciente deterioro del panorama económico del país”.
Esto, que se señala en el marco de que el gobierno viene realizando ajustes desde hace meses -recorte del 50% en algunos planes educacionales en 50%, duplicación del tiempo para acceder al seguro de desempleo- lo que empuja el desarrollo de la crisis social en curso, evidencia los límites que las patronales ven en el gobierno.
“La principal crisis en Brasil es política y no económica. Miramos al gobierno en Brasilia y no hay camino, orientación”, dijo André Perfeito, jefe de la consultora Gradual Investimentos en San Pablo, hace pocas horas. El mismo economista dio cuenta de que “todo el mundo sabía que la rebaja se acercaba” pero no tan rápido.

Impeachment

Si faltaba algo, el mismo miércoles se hizo público el lanzamiento de un Movimiento Pro Impeachmente, es decir por el juicio político a la presidenta. Carlos Sampaio, dirigente del opositor PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), explicó el objetivo, afirmando que "la finalidad de este movimiento es iniciar un amplio proceso de convencimiento en el Parlamento y la sociedad, sobre la necesidad de que se tomen medidas concretas contra este gobierno".
Cuando se ingresa al sitio creado para dar impulso al movimiento se pueden leer las “razones” que le dan lugar: pedalear sobre las cuentas públicas, abuso de poder económico, dinero ilícito de campaña y crisis de gobierno como las principales.
El hecho de que hablen de un “proceso de convencimiento” parece responder a dos cuestiones. La primera es que esta coalición no tiene la fuerza suficiente en el terreno parlamentario para imponer el juicio político. La segunda es que impulsarlo podría conducir a una crisis mayor. El mismo Perfeito señala en otro medio que “sería importante que la oposición política entendiera que un impeachment a Dilma podría empeorar aún más el panorama”.

Una crisis de largo plazo

En noviembre de 2014, en la revista Ideas de Izquierda n°15 se leía que “las elecciones y la polarización entre el PT y el PSDB sirvieron como un “aliento” para el régimen en Brasil tras la crisis de representatividad (…) permitieron despertar las pasiones de dos proyectos dominantes en disputa. Pero pasadas las elecciones, los problemas de un país que vive hoy crisis estructurales como la falta de agua en el Sudeste, un amplio cuestionamiento como los escándalos de corrupción en Petrobras, una situación económica que puede afianzar la recesión económica, entre otros problemas, pueden transformar un simple aliento en falta de aire, y puede fortalecerse al cuestionamiento del gobierno de Dilma, que ha salido debilitado a mediano y largo plazo”.
Esa dinámica es la que se ha confirmado a lo largo de 2015. En el proceso de crisis política del gobierno brasilero hay que sumar el giro de Dilma hacia una política de ajuste, opuesta por el vértice a la que sostuvo en el discurso de campaña electoral. Esa traición golpeó duramente a su base social.
El PT emergió como un partido que expresaba a amplias capas de la clase trabajadora y los sectores populares en el cuestionamiento al régimen capitalista de Brasil. Pero su integración al mismo lo llevó a convertirse en el vehículo del ajuste en curso.
Al mismo tiempo, lo hizo adoptar todos los rasgos más decadentes de ese régimen. La crisis del “mensalao” durante el gobierno de Lula y la actual crisis de la Operación Lava Jato que salpica a decenas de funcionarios petistas, pone en evidencia el entrelazamiento entre el viejo partido de base obrera reformista y el poder del gran capital.
El crecimiento del descontento social y la baja popularidad de Dilma (8%) es resultando de las condiciones económicas y de la crisis social en crecimiento. Esa baja popularidad se alimenta tanto por derecha –como se vio en las movilizaciones ocurridas hace tres semanas- como por izquierda con el descontento obrero y popular ante el avance de suspensiones, despidos y aumento de tarifas.
Frente a esa situación, la política desplegada en estos días parece indicar que el gobierno ve como salida una fuga hacia adelante, buscando garantizar al capital imperialista su “seriedad” a la hora de garantizar sus ganancias. En el marco de las tensiones económicas y con la crisis política aguda de fondo, el escenario está abierto y tiene una marcada inestabilidad.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo

sábado, 12 de septiembre de 2015

Procesamiento con prisión para los asesinos de Aldo Perrini




Luego de conocer la noticia, el General Barneix se suicidó

Los hechos de hace 41 años

Aldo “Chiquito” Perrini, heladero de la Ciudad de Carmelo en la época en que se daba el golpe de Estado en Uruguay, murió como consecuencia de las torturas recibidas durante su detención por parte de militares. Fue llevado de su domicilio el 26 de febrero de 1974 y trasladado junto con otros detenidos al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, sito en la ciudad de Colonia del Sacramento.
De acuerdo al fallo de la Justicia “Perrini y los restantes detenidos fueron sometidos a diversos métodos de tortura: plantón durante varios días sin agua ni comida, golpes en todo el cuerpo mediante golpes de puño o puntapiés, submarino, picana eléctrica, amén de los abusos sexuales que sufrieron las detenidas –jóvenes entre diecinueve y veinticinco años”. Finalmente, “el día 3 de marzo de 1975 siendo aproximadamente las diecisiete horas, Aldo Perrini fue trasladado desde la habitación donde se encontraba junto con los restantes detenidos hasta la llamada “sala de interrogatorios” donde los detenidos eran interrogados por el S2 y su equipo mientras se los sometía a métodos de tortura tales como el “submarino” y la “picana eléctrica”… “Esa tarde se encontraban en la sala el Capitán Baudean, que cumplía las funciones de S2, y los Tenientes José Puigvert y Pedro Ramón Barneix”.
De acuerdo a los testimonios, Perrini intentó evitar y protestar por las violaciones que hacían los militares hacia las jóvenes presas, por lo cual los militares se ensañaron especialmente con él, muriendo a consecuencia de las torturas recibidas.

La búsqueda de justicia

Tras largos años de lucha, la familia Perrini apoyada por las organizaciones de Derechos Humanos logró el procesamiento de Barneix y Puigvert, luego de que la Suprema Corte de Justicia los considerara crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Una gran victoria de tantos años de lucha y movilización motivada por una persistente búsqueda de justicia que mantuvieron durante todos estos años los familiares de Chiquito, y que se expresaron en marchas, correcaminatas y escraches.

El suicidio y los honores

En el momento en que iba a ser formalmente notificado de su detención, Barneix se suicidó. Su entierro fue el pretexto para una nueva reivindicación de los militares genocidas por parte de las Fuerzas Armadas, con la complicidad del gobierno frenteamplista. Barneix fue sepultado con honores militares y con la presencia de varios generales, en un contexto de reivindicación del terrorismo de estado. El presidente del Centro Militar, el coronel retirado Guillermo Cedrez, declaró “En otra circunstancia injusta, en otra circunstancia en que se están agitando fantasmas del pasado y creando muertos en el presente. Este hombre no tuvo la culpa para nada, le tocó estar de guardia; algún día tiene que terminar todo esto”.
El asesino de Barneix fue parte de una comisión del Ejército que por encargo de Tabaré Vázquez en su primer período de gobierno investigó sobre el destino de los desaparecidos en la dictadura.
Su procesamiento por su clara participación en el asesinato de Perrini da cuenta de la connivencia entre el poder político (con el FA como uno de los principales protagonistas) que encarga a directos involucrados en la represión dictatorial aportar información para “dar vuelta la página” y cerrar el tema de vulneraciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Lamentablemente el cobarde suicidio de Barneix evitará que cumpla su condena como corresponde. Aunque no debemos dejar de recordar que gracias a la política del FA si hubiese sido encarcelado habría cumplido su pena en la cárcel VIP de Domingo Arenas donde los torturadores y asesinos gozan de grandes privilegios en su cautiverio y desde donde siguen operando, junto a destacadas figuras del gobierno frenteamplista como el ministro de Defensa Fernández Huidobro, por la impunidad y la reivindicación de las fuerzas armadas genocidas.

A redoblar la lucha contra la impunidad

La política del Frente Amplio de nombrar a probados torturadores como informantes o investigadores de los crímenes de la dictadura muestra cómo desde el gobierno siguen siendo garantes de la impunidad, como lo hacen desde el pacto del Club Naval hasta la fecha.
Es necesario redoblar la lucha por el juicio y castigo a los culpables nombrando una comisión investigadora independiente compuesta por las víctimas, los familiares, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de trabajadores y estudiantes que fueron el blanco del ataque de estos asesinos mandados por la patronal y el imperialismo, una comisión que avance decididamente en la investigación de los hechos para garantizar con la movilización popular la cárcel para todos los genocidas y sus cómplices civiles. Hay que exigir que se abran todos los archivos y acabar con la información a cuenta gotas.

Hernán Yanes

Allende vive y el socialismo chileno ha dejado de existir




“Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer. ¡No podrán ser destruidos!” (Salvador Allende, 1972)

Allende vive porque su ejemplo es de lo poco de lo que pueden echar mano las nuevas generaciones chilenas para seguir adelante. Durante años, muchos en Chile, desinformados por los medios de comunicación, deslumbrados por los oropeles de las promesas neoliberales y la falsa premisa de que no había otra opción que esa, lo consideraron un perdedor. En el mundo del dinero, perder no tiene valor de cambio.
El fracaso del neoliberalismo, el de la transición negociada con los poderes facticos y el desprestigio de la política partidaria chilena que se hunde en la corrupción, ha traído como consecuencia positiva el hecho de que hoy el pueblo – que no el oficialismo - reivindique su figura como ejemplo de dignidad, de ética política, y de convicciones democráticas.
Salvador Allende Gossens (1908-1973) nació en el seno de una familia que creía en la búsqueda del bien común y en la redistribución de la riqueza por la vía de un Estado de Bienestar. Con solo 25 años fue co-fundador del partido Socialista (marxista) de Valparaíso. Tenía 29 cuando fue elegido parlamentario en tanto simultáneamente ejercía la medicina. Fue Ministro de Salud durante el Gobierno del Frente Popular (anti-fascista) del presidente Radical, Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) – aquel Frente Popular que con el poeta Pablo Neruda como actor principal, dio refugio y oportunidades en Chile a numerosas víctimas de la Guerra Civil Española, acción que nos enriqueció moral y culturalmente como pueblo. El lema del gobierno popular era: “gobernar es educar”, y lo hicieron a todos los niveles, contribuyendo así a avanzar hacia una cultura igualitaria.
El Frente Popular, además de significar grandes avances para la clase obrera, desplazó a los partidos oligárquicos que habían gobernado Chile desde su independencia en 1810, y forjó en Allende la firme convicción de que la unión de las fuerzas progresistas había sido imprescindible para lograrlo. A pesar de ello, Allende continuó su militancia en el Partido Socialista (PS) toda su vida, y llegó a ser su Secretario General en 1943.
Después de un periodo de retroceso político y democrático, y de la derechización del Partido Radical (PR) que pactó con liberales y conservadores, se imposibilitó cualquier opción de continuidad del antiguo Frente. El PR - el más importante de los partidos que habían conformado el Frente - en su deterioro, había sellado su futuro de irrelevancia política, de subdivisiones y de vaivenes en sus alianzas espurias en busca de mantener su visibilidad.
Surgirá en cambio el Frente de Acción Popular (FRAP), la alianza comunista-socialista que con Salvador Allende a la cabeza se presentó a las elecciones presidenciales en 1958 y 1964. Los resultados de 1958 no tuvieron mayor significado. Tras una feroz campaña del terror orquestada y financiada por los EE.UU., el FRAP perdió ante la Democracia Cristiana (DC) la elección de 1964. La Revolución Cubana ya había triunfado y Estados Unidos no quería “una segunda Cuba” en su patio trasero.
A pesar de su “revolución en libertad” y de su evidente avance reformista, el triunfo de la DC, fue de corta duración, especialmente al perder el apoyo de la derecha, precisamente por no comulgar con las reformas. La próxima contienda electoral a realizarse en 1970 se disputaría, en consecuencia, entre tres candidaturas. Por primera vez en Chile la Unidad Popular (UP) de la izquierda marxista, los Socialdemócratas, los Cristianos por el Socialismo, junto con sectores progresistas independientes, unieron fuerzas alrededor de un programa común de gobierno, el Programa de la Unidad Popular. Más allá de responder a las necesidades básicas de la población, como lo habían hecho en el pasado otros frentes populares, esta vez el Programa se dirigía también a las raíces de esas necesidades, fundamentalmente: el capitalismo, el imperialismo, los monopolios y la concentración de la propiedad de la tierra.
Allende entendía al Socialismo como una forma perfeccionada de la democracia y como tal, se constituyó en principio inspirador de la Vía Chilena hacia el Socialismo. El poder se lograría sin recurrir a la insurrección armada, lo que no significaba que se renunciara a su carácter revolucionario dado que se ponía al servicio de las masas y de la lucha de clases. La UP estaba convencida de que las viejas leyes podían dar mucho de sí en un gobierno con voluntad política de emplearlas para cumplir con sus compromisos electorales.
Los resultados favorables a la UP llevaron a Salvador Allende a la presidencia en 1970 a pesar de múltiples obstáculos. El triunfo de Allende representaba la primera elección libre de un marxista comprometido con una transformación fundamental del orden socioeconómico vigente dentro del marco constitucional y legal existente, algo que los EEUU consideraban un ejemplo peligroso que no debía propagarse en el imaginario de otros pueblos.
Si bien Allende había sido el candidato más votado, su 36,6 % de votación no equiparaba la suma de la de sus dos contrincantes y de acuerdo con la Constitución vigente, debía ser ratificada por el Congreso que estaba dominado por la DC y la derecha. El clima de polarización política se intensificaba aun antes de que la elección estuviera zanjada.
Ante su fracaso en las urnas, amplios sectores de la DC renunciaron a su componente democrático y se volvieron golpistas, con funestas consecuencias posteriores dentro de sus propias filas. Otros grupos con intereses socioeconómicos supuestamente amenazados por la UP, también priorizaron estos intereses por sobre los de la democracia y los de la sociedad. Estados Unidos amablemente los alimentaba ideológica y financieramente. Los intereses en Chile de las grandes transnacionales estadounidenses, estaban en juego. El Presidente Nixon ordeno a la CIA impedir la elección de Allende.
Se provocaron artificialmente pánicos financieros y corridas bancarias. Se llego a intentar un golpe de estado para impedir la ratificación parlamentaria. Este intento fue rechazado por el Comandante en Jefe del Ejército, General Rene Schneider, dado su férrea convicción de la función de los militares como garantes de la Constitución. El golpismo terminó asesinándolo.
En un giro insospechado, y dado que Chile no tenía una historia vinculada al asesinato político, el repudio a esta acción abominable llegó hasta el Parlamento que decidió ratificar el triunfo de Allende, no sin antes imponer un Estatuto de Garantías Constitucionales. Esto no significó que disminuyeran los afanes antidemocráticos ni que la clase trabajadora se consolidara como fuerza dominante. La UP recurrió entonces al fortalecimiento de la consciencia de clase y a la unidad de los trabajadores, así como también a forjar una coexistencia con los sectores de clase media dentro de la oposición.
A pocos días de iniciado su mandato, en Diciembre de 1970, Allende presentó al Congreso una enmienda constitucional que otorgaría el control absoluto, exclusivo, inalienable e irrevocable sobre la industria minera del cobre, incluido el poder para expropiar los bienes de cualquier empresa extranjera cuando fuera de interés público. El cobre era y continúa siendo el principal producto de exportación y fuente de ingresos de Chile.
Tras un prolongado debate, la enmienda fue aprobada por unanimidad, autorizando la nacionalización de la minería del cobre a la que Allende llamaba “el sueldo de Chile”. Aunque la oposición estaba consciente que se estaba dando un espaldarazo a Allende, hubo de reconocer que la medida contaba con una popularidad casi total, incluyendo el entusiasta apoyo del derrotado contendor presidencial de la DC, Radomiro Tomic.
La necesidad de negociar para ampliar la base de apoyo, se transformó en la única alternativa viable para poder concretar el Programa de la UP. Allende anunció su plan para una reforma constitucional más amplia con el objetivo de institucionalizar la participación de los trabajadores en todos los niveles de toma de decisión. Buscaba apoyar al gobierno popular en su base de clase en lugar de en su limitada base electoral.
Plenamente consciente de los riesgos que implicaban el cambio constitucional, se preocupó de explicar incansablemente esta iniciativa diciendo:
“…someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista. Y el sistema bicameral existente por una Cámara Única.”
“Es conforme con esta realidad que nuestro Programa de Gobierno se ha comprometido a realizar su obra revolucionaria, respetando el Estado de Derecho.” (Allende, 1971:38)
“…El pueblo de Chile está conquistando el poder político sin verse obligado a usar las armas. Avanza en el camino de su liberación social sin haber debido combatir contra un régimen despótico o dictatorial, sino contra las limitaciones de una democracia liberal.”
“…es mi obligación advertir que un peligro puede amenazar la nítida trayectoria de nuestra emancipación… este peligro es la violencia contra la decisión del pueblo.” (Allende, 1971:41)
El mayor desafío consistía en lograr avanzar hacia el socialismo en circunstancias en que sólo se había conquistado el Poder Ejecutivo. La oposición usaba todos los medios legales posibles para frenar el Programa de la UP, incluyendo el establecer demandas en contra del ejecutivo y el bloqueo de la aprobación del presupuesto. Se aprobó, por parte de la oposición, una reforma constitucional impidiendo al Presidente nacionalizar nuevas empresas sin la expresa aprobación del Parlamento. Allende vetó esta reforma y la oposición no consiguió los 2/3 necesarios para anular el veto.
Estados Unidos también apoyaba la guerra económica impulsada por la oposición ya sea directamente o por la vía de organismos bajo su control como el Banco Mundial. Se creaban artificialmente tanto un proceso inflacionario como el desabastecimiento de productos de primera necesidad. El nivel de conflicto social se elevaba día a día y permeaba a la sociedad entera. Sin embargo, el gobierno logró sobrepasar las metas en cuanto a redistribución de ingreso y de gasto social, y aumentó su apoyo electoral en las elecciones locales en abril de 1971.
El año 1972 fue más difícil porque aumentó el consumo de las clases populares, bajó el precio internacional del cobre y Chile fue sometido a un bloqueo en cuanto a créditos e importaciones. El gobierno comenzó a perder el apoyo de la pequeña burguesía. Las iniciativas de la UP eran sistemáticamente bloqueadas por la compleja institucionalidad vigente. La Central Única de Trabajadores eligió a un dirigente de la DC, y se elevó la actividad huelguística. El sabotaje económico y la polarización se exacerbaban. Las movilizaciones y confrontaciones culminaron con un paro patronal en Octubre de 1972. El liderazgo político en gran medida había perdido el control sobre sus propios militantes a ambos lados de la contienda.
Allende incorporo a militares dentro de su gabinete, incluido el Comandante en Jefe del Ejército, General leal y constitucionalista, Carlos Prats, como Ministro del Interior. La reacción a esta maniobra desde ambos extremos no se dejó esperar por lo que permanecieron poco tiempo en sus cargos.
A pesar de todo esto, la Unidad Popular volvió a aumentar su votación en las elecciones parlamentarias de Marzo de 1973 aunque lejos de obtener una mayoría parlamentaria, como tampoco lo consiguió la oposición que se dio cuenta que por la vía electoral no conseguiría sus objetivos. Se intensificó la política confrontacional y comenzó la conspiración en busca de una salida militar. En Junio de 1973 una guarnición militar intentó un golpe que pudo ser frenado por el General Prats. Pero este finalmente perdió autoridad frente a sus tropas. La izquierda, por su parte, llamó a la organización de la defensa de la clase obrera, provocando a las Fuerzas Armadas que comenzaron con allanamientos en busca de armas que en realidad no existían.
Ante la oposición atrincherada en el Parlamento y el Poder Judicial, el PS enarbolaba la bandera de la necesidad de destruir la institucionalidad vigente. Allende se opuso vigorosamente argumentando que el poder de la burguesía no se alojaba en las instituciones sino en su poder económico. También recordó al PS que había sido el pueblo Chileno quien había conquistado las instituciones del ejecutivo para poder llevar a cabo el Programa de la UP. Las instituciones deben ser modificadas pero no destruidas, afirmó.
A mediados de 1973, el PS ya era más radical que el Partido Comunista (PC). Tan radical que se negaban a apoyar al Presidente socialista cuando más apoyo necesitaba. No apreciaba la brillantez táctica de Allende y lo acusaba de ser un reformista conciliador. No aceptaba los ritmos políticos que el proceso demandaba, exigiendo “avanzar sin transar” con políticas públicas que iban más allá de las capacidades legales y políticas de la UP y con movilizaciones sociales que aumentaban la polarización. Tampoco aceptaba la necesidad de ampliar la base política abriéndose al ala izquierda de la DC, fundamentalmente seguidores de la Teología de la Liberación. Por el contrario, el PS avalaba las prácticas violentas o ilegales del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que no formaba parte de la UP, y que provocaban a la derecha.
Como Allende mantenía la firme convicción de que el socialismo debía ser la máxima expresión de la democracia, no tomo acción en contra de los que actuaban fuera de la ley, y tampoco utilizo la fuerza pública para reprimirlos o desalojarlos. Amplios sectores de la oposición vieron a Allende como incapaz de establecer el orden y de controlar la violencia. Contradictoriamente, estos mismos sectores ejercían la violencia y el sabotaje apoyándose tanto en el grupo ultraderechista Patria y Libertad como en los medios de desinformación, especialmente en el diario El Mercurio, provocando al gobierno. La Dirección de la DC pasó a su ala de derecha con lo que se perdió el apoyo de su ala de izquierda. Vino un segundo gabinete con participación militar, esta vez denominado Gabinete de Salvación Nacional que terminó incluyendo a el General Augusto Pinochet quien se había manifestado siempre como constitucionalista, engañando tanto al Presidente como al General Prats que lo recomendó
Tan pronto Allende completó su propuesta para una nueva Constitución que democratizara al Estado, la circuló entre los partidos políticos que constituían la UP. El paso siguiente seria su discusión en el Parlamento. A esas alturas, la oposición lideraba una verdadera insurrección en contra del gobierno lo que provocó una postergación del debate. La intención de Allende era pactar con el ala más moderada de la DC sobre los principales elementos de discordia: la relativa importancia que el Estado concedería a la propiedad estatal, privada y mixta. La naturaleza de las negociaciones llegó a convencer a Allende que la única solución real sería someter el proyecto directamente al pueblo Chileno para su aprobación en un plebiscito.
La propuesta, reformulada respondiendo a las demandas y expectativas de las clases populares y medias, aumentaba el nivel de control de estas clases sociales sobre el poder y sobre los excedentes económicos. El Presidente comunicó a las fuerzas armadas su intención de llamar a un plebiscito para dicho efecto. Pero las fuerzas armadas ya habían avanzado lo suficiente en la planificación de un nuevo golpe de estado y decidieron que el momento era el oportuno para poder evitar esta acción presidencial.
El Presidente preparaba su discurso televisivo para informar a la Nación de estas intenciones, cuando las fuerzas armadas traicionaron su mandato constitucional dando inicio al Golpe de Estado el 11 de Septiembre de 1973. El ataque a la casa presidencial con el apoyo entusiasta de Washington, resultó en la muerte del Presidente y en el nacimiento de un nuevo Estado liderado por el General traidor, Augusto Pinochet, militarizado, basado en el terror, la tortura, y el desmantelamiento de todo programa revolucionario.
La cruel ironía resulta ser que la Vía Chilena hacia el Socialismo no era armada pero tampoco era pacífica. En tanto se amparaba en la Constitución, no podía ser refutada legalmente por la oposición. Para impedirla, ésta tuvo que recurrir a la destrucción del Estado. El Estado que Allende había defendido con todas sus energías.
La mesa estaba servida para la imposición a sangre y fuego del primer experimento neoliberal influenciado por el rancio gremialismo católico que emanaba de la dictadura Franquista y por el fundamentalismo neoliberal de Milton Friedman y la Chicago School of Economics. Años después, instituyendo la Constitución de 1980, la Dictadura se aseguró de atar al modelo de tal forma que ya no importaría quien gobernara en el futuro. Un país reconocido mundialmente por sus políticas sociales de avanzada y por la fortaleza de sus sindicatos, pronto quedo despojado de ambos.
Hasta el día de hoy la legalidad y la institucionalidad heredada de la Dictadura de Augusto Pinochet constituyen un obstáculo para la recuperación de la verdadera democracia. Esa clase de democracia perfeccionada con la que soñaba Allende al impulsar la Vía Chilena hacia el Socialismo.
También resulta patético constatar que la consolidación del modelo neoliberal de la mano de Socialistas Renovados y Demócrata Cristianos, se aleja sistemáticamente la más mínima posibilidad de recuperar un Estado de Bienestar como el que existió décadas antes de la existencia de la UP. Los chilenos deben acudir al mercado para satisfacer necesidades básicas que debieran constituir derechos. Solo los extremadamente pobres, si consiguen demostrar serlo, y logran vencer la burocracia, consiguen acceso a magros subsidios. La democracia imperfecta se limita solo al derecho al voto en el marco de un sistema electoral sesgado que impide participación alguna de las minorías. Los derechos a protestar de los sectores más perjudicados y a la integridad física de los mapuche y de los rapa nui que defienden su territorio, se mantienen severamente conculcados.
La radicalidad del PS inicialmente se perdió en los brazos de la social democracia y en el entusiasmo por la tercera vía. El PS se renovó abandonando al marxismo pero argumentando que intentaban humanizar el capitalismo. Más adelante, de regreso en el gobierno en coalición con sus antiguos enemigos sediciosos - la DC - el PS ha sido un fiel promotor del neoliberalismo y defensor de los intereses de la gran empresa en lugar de los del pueblo. Se ha negado a aceptar un proceso constituyente que cambie democráticamente la Constitución de la Dictadura. En lugar de humanizar el capitalismo lo han perfeccionado y defendido del descontento popular. Han transformado a Chile en uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo.
Durante la presidencia de Ricardo Lagos, traicionado los principios del socialismo que dice profesar, legitimó con su firma la Constitución de la Dictadura, sin consultar al pueblo, cambiando solo algunos artículos, pero dejando intacta la imposición del neoliberalismo y los candados que impiden eliminarlo. Dentro de sus innumerables traiciones, tal vez la peor, durante su mandato, ha sido la de entregarle a intereses foráneos la concesión plena de la minería del cobre, que concede aún mayores beneficios que su propiedad, revirtiendo el proceso de nacionalización por la cual Allende había dado su vida.
En materia de política internacional, el PS se ha transformado además en el paladín de la defensa de los intereses de los EE.UU. No solo ha servido de punta de lanza para la formación de la Alianza del Pacifico, sino que ha aceptado una base militar estadounidense, ha abierto los servicios públicos como la seguridad social y los fondos de pensiones a las transnacionales estadounidenses, ha invertido en deuda pública norteamericana y ha acompañado activamente a EE.UU. en sus campañas de desestabilización de los países miembros de ALBA, la integración Latinoamericana alternativa y solidaria. Tanto es así que Lagos fue el único presidente Latinoamericano que apoyó el golpe de 2002 en Venezuela, reconociendo al efímero gobierno del traidor Carmona.
El PS también se ha transformado en tenaz defensor de la impunidad y la amnistía para los crímenes de la Dictadura. El ejemplo más sangrante es la defensa y el rescate del Dictador Augusto Pinochet desde su arresto en Londres. Ahora se ha sabido que siempre hubo un pacto de silencio con las fuerzas armadas para garantizar su impunidad. De igual modo se ha sabido tardíamente que la Concertación, coalición de gobierno liderada por el PS y la DC, que inicio la transición a la democracia, lo hizo pactando con la Dictadura y engañando al pueblo respecto a su intención de cumplir el programa de gobierno por el que llegó al poder.
La inmoralidad del PS ha impactado en todos los ámbitos de la vida de los chilenos. Ya sería suficiente con la traición, el engaño y con la puerta giratoria establecida entre el gobierno y la empresa privada, que ha enriquecido a su cúpula. Pero hay mucho más. La máxima expresión de inmoralidad de los mal llamados socialistas ha sido la forma en que han subvertido la escasa democracia, financiando tanto sus propios bolsillos como los de su partido con las comisiones que cobran a los empresarios para legislar en su favor. La guinda del pastel ha sido que el mayor financista de los otrora revolucionarios ha sido el yerno del Dictador que accedió a una incuantificable fortuna personal al adjudicarse empresas mineras de propiedad pública, a precio de remate.
A diferencia de la Vía Chilena hacia el Socialismo, esta vez lo que se necesita es un nuevo comienzo. Utilizar el orden legal y la institucionalidad ilegitima existente no es una alternativa. La única posibilidad verdaderamente democrática es la de un proceso constituyente con poderes supra-constitucionales, culminando en un plebiscito para ratificar una nueva Constitución elaborada por el pueblo.
Ha llegado el momento en que la educación política, la organización y la unidad popular se hacen urgentes e imprescindibles. Una comprensión integral de la realidad actual y la inspiración que proviene de nuestra rica herencia política, servirán de orientación a las luchas que están por venir. El heroico ejemplo ético y político de Salvador Allende nos acompaña.

Ximena de la Barra

Referencias:

Allende, Salvador. 1972. Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Obras escogidas (1970-1973) (Barcelona: Critica), 4 de Diciembre. http://salvador-allende.cl/Biblioteca/AllendetomoII.pdf (1971) La Vía Chilena hacia el Socialismo . México: Editorial Fundamentos.

jueves, 10 de septiembre de 2015

China: del comunismo rural al capitalismo salvaje




A medida que China se adentra en el siglo XXI y compite como potencial mundial en el capitalismo global, asistimos como la mayor de sus paradojas al hecho de que todo este cambio se haya producido bajo la supervisión del Partido Comunista Chino, en otro tiempo un enemigo radical de la empresa mercantil y la propiedad privada. Sin embargo, hay que reconocerle a la antigua burocracia comunista china, que sus reformas más relevantes han sido de cosecha propia, no viniendo dictadas desde el exterior por gobiernos extranjeros u organismos internacionales.

La historia de la República Popular China debe dividirse en dos etapas notablemente diferenciadas. La primera estuvo dominada por la figura del Mao Zedong, quien desde una visión derivada de la ortodoxia ideológica comunista implementó su catecismo en todos los ámbitos de la sociedad; mientras la segunda, tras su muerte en 1976 y una corta sucesión por parte de Hua Guofeng, que desembocó en el ascenso de Den Xiaoping al poder en 1981, marcó el punto de inflexión a partir del cual se pondrá fin a las políticas implementadas bajo el “socialismo real” maoísta, e iniciará una serie de reformas que desembocaron en un proceso de intenso crecimiento económico que convertiría a la República Popular China en una gran potencial económica inmersa en el capitalismo global.

Antecedentes históricos

A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, durante la ocupación japonesa y la guerra civil china, el ejército de campesino de Mao Zedong soportó graves penurias, incluyendo la Larga Marcha de 12.400 kilómetros. Sus fuerzas sufrieron diversas derrotas como la de Yan´an, hasta que a partir de 1947 comenzaron a ganar territorio, apoderándose posteriormente de Manchuria y la toma de Peking, actual Beijing.
El triunfo revolucionario campesino comunista de 1949 puso fin a décadas de guerras internas, teniendo que enfrentar el nuevo gobierno la reconstrucción del país. El nuevo Estado quedó bajo en total control del Partido Comunista Chino a través de sus organizaciones regionales coordinadas por un Comité Central establecido bajo las pautas de un “centralismo democrático” de corte leninista. Al nacimiento de la República Popular -octubre de 1949-, el Partido Comunista contaba con 4.5 millones de miembros, de los cuales nueve de cada diez tenían antecedentes campesinos. En la búsqueda de las verdaderas fuentes del socialismo, Mao Zedong creía en “las ventajas del atraso” –cuanto más atrasada la economía, más fácil es la transición-, lo que le llevó a buscar sus bases en aquellos sectores de la sociedad menos influenciados por el capitalismo, es decir, un campesinado mayormente al margen de las relaciones capitalistas y una intelligentsia no corrompida por la ideología burguesa.
Los primeros años del gobierno de Mao Zedong vinieron marcados por la reconstrucción masiva de China, donde la nueva prosperidad y estabilidad del país contrastaba con los tumultos y calamidades de las décadas anteriores.
Desde los primeros años de comunismo, el gobierno chino se convirtió de una forma u otra en el propietario de toda la tierra en China. La revolución puso fin a un sistema de propiedad de la tierra que se remontaba a muchos siglos atrás y que se conformó bajo una lógica feudal y esclavista.
La reforma agraria llegó en 1950, lo que abolió el derecho individual a poseer tierras. Lo primero y principal fue proceder con la incautación de tierras a los viejos terratenientes chinos, los cuales poseían gigantescas extensiones de terreno, otorgándose el usufructo de dichas parcelas a quienes anteriormente eran sus arrendatarios. La reforma sirvió para poner la tierra en manos de los campesinos que la trabajaban, aunque paralelamente se les arrebató la propiedad a millones de pequeños agricultores que eran propietarios de pequeños terrenos rurales. Se estima que antes de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en China, el 60% de su población rural -por lo general familias muy empobrecidas-, poseían algo de tierra aunque con escasez de medios y condiciones apropiadas para su explotación.
Tras el final de la Guerra de Corea (1950-1953) la colaboración con la Unión Soviética se vio muy reforzada, decidiendo el Comité Central del Partido Comunista Chino apostar por el modelo soviético de desarrollo: economía planificada, centrada en la industria pesada y en la producción agrícola. La ruptura y el conflicto con la extinta URSS llegaría unos años después con el declive del estalinismo.
La apuesta se concretó en un plan quinquenal que estableció objetivos de crecimiento para los años comprendidos entre 1953 y 1957, aunque la falta de expertise por parte de la nueva burocracia china retrasaría su aplicación hasta febrero de 1955. Es a partir de entonces cuando se pasa del uso individual de la tierra al modelo soviético de colectivización.
Durante el primer plan quinquenal se introdujo el sistema de cooperativas en el mundo rural, mediante el cual extensiones de cultivo hasta entonces divididas en pequeñas parcelas pasaban a estar agrupadas para compartir recursos. El cambio más radical se produjo en 1956, cuando se colectivizó toda la tierra y todas las propiedades, incluyendo los animales y las herramientas agrícolas. Las medidas más extremas desplazaron a la población fuera de sus hogares y territorios, en búsqueda de la eficiencia productiva, conformándose grupos compuestos por centenares de familias que pasaron a trabajar en común la tierra. La fuerza de trabajo agrario en China se mantuvo junto a las tierras en donde pudiera ejercer su función de “ejército de reserva”, al que el partido pudiera llamar a la acción para sus proyectos de industrialización cuando fuera necesario. Se trataba de usar el excedente agrícola y parte de la mano de obra agraria para financiar y empujar un programa de industrialización patrocinado desde el mismo Estado.
El triunfo de la revolución trajo consigo también el control de la propiedad privada por parte del Estado, eliminándose millares de pequeños negocios que servían al comercio cotidiano en las zonas rurales del país. Las familias que poseían estos pequeños comercios los perdieron, viéndose obligados a volcarse sobre el trabajo agrario a tiempo completo. En 1956, el gobierno promulgó un edicto que prohibía que las fábricas, las minas, las empresas de construcción y los medios de transporte contrataran a nadie que procediera de las explotaciones agrarias salvo autorización expresa del Estado.
Los importantes cambios sociales y culturales impulsados por el gobierno revolucionario de Mao Zedong fueron acompañados en un primer momento por una economía en continuo crecimiento. El éxito del primer plan quinquenal llevó a la burocracia comunista china a implementar un segundo plan, mucho más ambicioso para el período comprendido entre 1958 y 1962, el cual se convertiría a la postre en el mayor fracaso económico de la época maoísta.
Durante un breve período de tiempo en 1959 y 1960, a través de la implementación de un plan de industrialización adscrito al Gran Salto Adelante, se permitió que los agricultores abandonaran el campo y se incorporaran a explotaciones urbanas, transformando a parte del campesinado en clase obrera. Según Mao Zedong, había llegado el turno de una gran revolución tecnológica, en la que el esfuerzo de la población debía dedicarse al incremento de la producción agrícola e industrial. Se reclutó para las ciudades a 19 millones de campesinos, pero emigraron en torno a 50 millones fruto de la falta de perspectivas existentes en el ámbito rural. En aquel momento el crecimiento estaba concentrado en la costa del este alrededor de los centros de negocios importantes como Sanghai, Beijing y Guangzhou.
El Partido Comunista Chino se vio obligado a tomar medidas de protección a sus trabajadores urbanos, deportando a gran parte de la población de emigrantes rurales nuevamente hacia el campo. El sistema hukou fue concebido inicialmente como un medio para controlar el aumento de los inmigrantes provenientes de las zonas rurales a las urbanas, y aquellos cuyo pasaporte delataba su origen rural y viajaban a las ciudades sin las autorizaciones correspondientes eran deportados de nuevo a sus granjas. Así el Estado predestinaba a los hijos de los agricultores a que se quedaran en las granjas en base a la planificación productiva realizada por el Estado.
Para impulsar el crecimiento de la producción agrícola el régimen consideró la creación del sistema de “comunas populares”, fusionando las 740.000 cooperativas entonces existentes en las zonas rurales en tan solo 26.000 comunas. El sistema de comunas conllevó la incorporación de la mujer al trabajo agrario, cubriendo las vacantes dejadas por la población masculina movilizada para trabajar en fábricas y proyectos de infraestructuras. En resumen, bajo un criterio que busca la eficiencia en la explotación agraria y el desarrollo industrial y tecnológico del país, se alteró la formas de vida tradicional en el medio rural y se desestructuró a gran parte de las familias. Los resultados finales fueron nefastos.
La exigencia de que las explotaciones colectivas cumplieran con determinados objetivos de producción sin incentivo alguno, el enorme tamaño de las comunas en las cuales se diluían responsabilidades y una serie de desastres naturales que se concadenaron en esa época, desembocó en el hecho de que los agricultores campesinos que cultivaban el alimento del país pasaran hambre. Aunque existe mucha discrepancia respecto a los datos, se estima alrededor de 30 millones de muertes por hambruna entre 1958 y 1962.
Como resultado del desastre ocasionado por el Gran Salto Adelante, Mao Zedong abandonaría la jefatura del Estado, aunque que conservaría su puesto como presidente del Partido Comunista Chino y de máximo referente ideológico. Algo más tarde, través de la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria y el IX Congreso del Partido Comunista Chino, Mao Zedong reconfirmaría su liderazgo absoluto.
Pero el maoísmo, aunque tuvo éxito como una ideología revolucionaria, eventualmente resultó ser desastroso en la era posrevolucionaria. La tragedia del Gran Salto Adelante y el caos de la Revolución Cultural fueron el resultado del intento por revivir el maoísmo de los años revolucionarios. Esta expresión política fue precisamente la que más radicalmente se apartó de la tradición marxista: rechazo al capitalismo basado en la simpleza de considerarlo simplemente malvado, ignorándolo como una etapa progresiva en el desarrollo histórico de un país atrasado; la asunción del campesinado como el sujeto revolucionario y motor de la “transición al comunismo” –durante la Revolución Cultural los trabajadores urbanos eran enviados al campo para aprender virtudes proletarias por parte del campesinado-; y una visión exaltada de las “ventajas del atraso”, donde la “pobreza y desnudez” fue considerado positivo. En palabras del propio Mao Zedong, “en una hoja de papel en blanco, desnuda, se pueden escribir las palabras más nuevas y más hermosas y pintar los cuadros más originales y bellos”.
La escasez que vivió China en su ámbito rural durante las décadas de 1960 y 1970 y la desacreditación, fruto del fracaso, de la misma idea de socialismo en las mentes de muchos chinos, estimuló clandestinas tentativas reformadoras por parte de sectores del campesinado. Algunos agricultores practicaron pequeños sobornos para ganarse el privilegio de poder vender sus cosechas. Los funcionarios provinciales permitieron pequeños experimentos ilegales, los cuales fueron posteriormente autorizados por Deng Xiaoping aludiendo al pacto de Xiaogang –punto de partida de la reforma rural de 1978, que nace a raíz de un acuerdo de campesinos locales que decidieron dividir voluntariamente las tierras garantizando el tributo agrícola al Estado- como “un sistema de contratos responsable con beneficios vinculados a la producción”. La aldea de Xiaogang, conocida en toda la provincia por su elevado nivel de pobreza, generó en ese mismo año una producción local equivalente a la cosecha global de los últimos 20 años.

China: nueva potencia capitalista

Para la transición hacia la segunda etapa, en este caso capitalista, en que hoy se enmarca el desarrollo chino, ha sido fundamental la transformación en la visión del Estado respecto a la propiedad privada y las empresas.
De esta manera y con Deng Xiaoping como administrador económico de China y en la cúpula del Partido Comunista Chino, se inauguró la era más pragmática del país. Al cabo de un año del pacto de Xiaogang la mayor parte de los agricultores de Anhui, una provincia rural de 50 millones de habitantes, estaban ya actuando bajo una versión de lo que acabaría conociéndose como el Sistema de Responsabilidad Familiar. Dicho sistema autorizaba a las familias a lucrarse con el cultivo y la venta de sus cosechas, siempre que cumplieran con sus responsabilidades alícuotas con el Estado. La economía de mercado actualmente existente en China despegó, de hecho, gracias a aquellos agricultores conceptualizados por el maoísmo como motor revolucionario para la transformación social y la transición hacia el socialismo.
Una vez que los agricultores empezaron a ganar algún dinero buscaron nuevas formas de rentabilizar sus pequeños capitales, lo cual ha derivado en muchas pequeñas empresas posteriores que se configuraron a partir de los ahorros acumulados en zonas atrasadas. Entre ellas se encuentran las cooperativas y empresas colectivas que no son propiedad del gobierno central, sino de miembros de las comunidades locales o de los gobierno locales bajo la modalidad de inversiones privadas, las llamadas en terminología académica estadounidense “township and village enterprises”.
Paradójicamente, las campañas de colectivización maoísta realizadas en el campo y la ciudad forjaron una masa trabajadora dócil y maleable que posteriormente fueron utilizadas por transnacionales extranjeras para la ampliación barata de sus procesos de producción. Fueron esas mismas empresas estadounidenses y europeas quienes enseñaron al nuevo capitalismo chino cómo utilizar esa misma fuerza de trabajo para obtener ventajas competitivas frente a ellos en el mercado global.
La frase mas citada de Deng Xiaoping, “gato negro, gato blanco… lo importante es que cace ratones”, fue acuñada durante los debates políticos de la década de 1960, pero se invocó posteriormente para referirse al fracaso de la antigua economía comunista, que “no cazaba ratones”, y a la que se conformó después, según la cual la población recibió autorización para centrarse en los fines sin dedicar ni un segundo a pensar en los medios.
La burocracia del Partido Comunista Chino supo desde el inicio que las primeras etapas de acumulación de capital en una economía de mercado incipiente estaban destinadas a ser desordenadas. Un ejemplo de eso habían sido las economías de su entorno regional, Japón y Corea con sus zaibatsus y chaebols, el acogedor conglomerado entrelazado de bancos, industria, políticos y militares, todos ellos deseando coordinarse entre ellos y esconder conjuntamente sus pecados. El trenzado de intereses del empresario privado y el funcionario en el poder se convirtió en un lugar común en China.
Este proceso contribuyó a vincular a grupos de China cuyos intereses no estaban alineados históricamente en el mismo bando. De un lado estaba una clase media y empresarial con aspiraciones que necesitaba dinero y derechos de propiedad para dirigir negocios. De otro estaba el Estado y los funcionarios del partido que tenían una predisposición ideológica negativa hacia los negocios y la propiedad privada. Hoy en día ya es inexistente la separación entre ambos.
Una de las facetas más sorprendentes del desarrollo económico de China fue el surgimiento de tantos recursos financieros por todo el país. Con el paso del tiempo parece como si una multitud de empresarios imitadores en China se hubieran hecho cargo de casi cualquier sector industrial del mundo, aprovechando de una mano de obra barata y casi ilimitada destinada a ponerse a trabajar en cualquier tipo de fábrica productiva. El inicial desarrollo de una rápida producción de baja calidad desbordó a la competencia mundial.
En 1987, ante una delegación de la extinta Yugoslavia, Deng Xiaoping diría: “Nuestras reformas rurales han avanzado muy deprisa, y los agricultores se han mostrado entusiasmados. El desarrollo de las empresas de poblados y aldeas nos pilló completamente por sorpresa. Fue como si en el campo apareciera un ejército extraño fabricando y vendiendo una inmensa diversidad de artículos. Este no es un logro de nuestro gobierno central (…), fue una sorpresa.”
Entre la década de 1950 y 1970 dos terceras partes de las provincias de China dependían de sus redes industriales para abastecer a sus ciudades de casi todo lo que consumían. Se esperaba que las industrias produjeran artículos a bajo precio asequibles para la población. Sin embargo, en la práctica la diseminación de la industria estatal china agravaba su ineficiencia y cuando llegaron las reformas del mercado estas se debilitaron, volviéndose muy vulnerables ante el empuje de las nuevas empresas que se afincaban en el país. Cuando la inversión comenzó a llegar a las ciudades del litoral chino, la industria comenzó a concentrarse de nuevo allí, obligando a las anticuadas y ya ineficientes empresas estatales a abandonar sus mercados locales a favor de los mejores productos del este del país. La economía de mercado introdujo una cuña entre el pasado y el presente, que convirtió en aún más ricas y seductoras a las ciudades orientales.
El nuevo capitalismo chino ha vivido una era de Goldilocks economy o “economía de hadas” similar a la que disfrutó EEUU en la década de 1990, aunque con un crecimiento mucho más rápido y a escala planetaria. Aunque se intentó aplicar medidas de corrección en diferentes momentos, la burocracia china entonó el cántico del éxito veloz y duradero con un optimismo indiscriminado. Pero el espejismo comienza a caer en base a las leyes básicas de la gravedad económica, lo cual está devolviendo a la tierra a China y a otros tantos grandes mercados emergentes.
La República Popular China sigue un modelo de crecimiento basado en las exportaciones similar al adoptado por Japón, Corea del Sur y Taiwán después de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas economías de alza bajaron del 9 o 10% a alrededor del 5 o 6% cuando sus rentas per cápita alcanzaron un nivel medio-alto. Japón tocó ese máximo a mediados de la década de 1970; Taiwán y Corea del Sur lo hicieron en las dos décadas subsiguientes.
Después de que Deng Xiaoping empezara a implementar sus reformas de libre mercado a principios de la década de 1980, China se preparó para lanzar una reforma tipo “Big Bang” cada cinco años, y cada nueva medida aperturista –primero la privatización de la agricultura, luego de los negocios, después franquear la entrada de empresas extranjeras- precipitó una nueva racha de crecimiento. Pero este ciclo ya toca a su fin.
Es un hecho bajo las leyes del capitalismo global que a lo largo de cualquier década desde 1950, sólo una tercera parte de los mercados emergentes han logrado crecer a una tasa anual del 5% o superior. Menos de un cuarto han mantenido ese ritmo durante dos décadas y la décima parte durante tres. Sólo seis países –Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Hong Kong- han mantenido esta tasa de crecimiento durante cuatro décadas y dos de ellos –Corea del Sur y Taiwán- durante cinco. De hecho, en la última década, con excepción de China e India, todos los demás países que consiguieron mantener una tasa de crecimiento del 5%, desde Angola y Tanzania a Armenia y Tayikistán, era la primera vez que lo hacían. Es de suponer entonces que en los años venideros la nueva normalidad en mercados emergentes sea muy parecida a la vieja normalidad existente en las décadas de 1950 y 1960, cuando el crecimiento rondaba el 5% y la carrera por los primeros puestos siempre era apretada.
China empieza una nueva etapa en la que los costes de proyectos y la opinión pública importan, y en la que el alcance de experimentos faraónicos multimillonarios se reduce. Ya en 2008 el entonces primer ministro Wen Jiabao calificó el crecimiento chino de “desequilibrado, descoordinado e insostenible” y desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar. Su deuda en relación al PIB crece con rapidez y la ventaja que suponía la mano de obra barata en años anteriores, clave en el crecimiento chino, se está esfumando dado que la demanda supera a la oferta, motivo por el cual los trabajadores se han dotado de mecanismos sindicales para negociar mejoras en las condiciones de contratación.
La China capitalista de hoy prosperó a la manera antigua, construyendo carreteras para unir las fábricas a los puertos, desarrollando redes de telecomunicaciones para conectar unos negocios con otros y ofreciendo a los campesinos desempleados puestos de trabajo con mayor capacidad adquisitiva en fábricas urbanas. Ahora todas estas medidas llegan a su fase de madurez, a medida que la oferta de mano de obra procedente de zonas rurales se agota el empleo en las fábricas alcanza su máxima capacidad y la red de autopistas ya llegó a los 75.000 kilómetros, la segunda más larga del mundo después de EEUU. La tendencia demográfica que en décadas recientes ha inclinado la balanza de población hacia los trabajadores jóvenes y en activo pertenece ya al pasado y una cada vez mayor clase social de pensionistas pronto empezará a hacer mella sobre el presupuesto público, fenómeno novedoso para el gobierno chino. En paralelo, la afluencia de campesinos a las ciudades en busca de empleos mejor pagados está disminuyendo de forma acelerado. Según un estudio realizado hace pocos años, de los habitantes de la China rural que ya no son necesarios para las tareas agrícolas, 150 millones ya habían emigrado a las grandes ciudades, 84 millones habían encontrado trabajos no agrícolas en el sector rural y tan sólo 15 millones permanecían como “ejército de reserva” o mano de obra excedente. Las migraciones internas a los núcleos urbanos está descendiendo de manera anual en unos cinco millones de personas.
En paralelo, la brecha existente entre los salarios de la mano de obra migrada al sector industrial que realizan tareas manuales y los de titulados universitarios se han acortado, mientras que los salarios agrícolas han crecido más rápido que los ingresos que perciben los inmigrantes rurales en las ciudades. Así pues, la afluencia a las ciudades y la matriculación en la universidad –puesto que se supone que un título universitario se traduce en mayores ingresos- han caído.
Cuanto más rico es un país, más duro es el reto de crecer y es posible que en el marco del capitalismo global, hasta haya demasiados países grandes para hacerlo. En 1998 China, para que su economía de un billón de dólares creciera en un 10%, tuvo que expandir sus actividades económicas en 100.000 millones de dólares y consumir sólo el 10% de las materias primas industriales mundiales. Ya en 2011, para que su economía de seis billones de dólares creciera igual de rápido, necesitó expandirse en 600.000 millones de dólares al año y absorber más del 30% de la producción global de materias primas. Evidentemente China ahora está sufriendo el problema de insostenibilidad en su modelo de crecimiento económico.

Decio Machado / Director de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA)