Déficit hídrico y sequía de ideas en Uruguay

Montevideo, la capital uruguaya, y la zona metropolitana están consumiendo agua no potable por la sequía y otros componentes que tienen que ver con el modelo de desarrollo productivo que ha optado Uruguay. Oposición y oficialismo se echan culpas, se pasan la pelota sobre qué se podría haber hecho y lo que se tiene que hacer: unos concentrados solo en el pasado, pocos en el presente y la vista en el futuro de corto alcance. 

 Porque no llueve lo suficiente y por “la gran disminución de agua dulce del embalse de Paso Severino”, ubicado en el departamento de Florida, el gobierno derechista uruguayo resolvió días atrás agregar agua del Río de la Plata al proceso de potabilización . La empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) decidió empezar a partir del 26 de abril a realizar una mezcla diferente del agua potable disponible. Este cambio se debe a varios factores. 

 Uno de los principales es el déficit hídrico y la escasez de agua dulce en el río Santa Lucía y en sus embalses, por la sequía que sufre el país. Eso supone tomar una parte del agua de una fuente más cercana al río de la Plata, el estuario que recibe aguas oceánicas saladas. 

 Una semana más tarde, OSE volvió a pedir el aval del Ministerio de Salud Pública para aumentar por segunda vez los niveles de sodio en el agua corriente. OSE optó por suministrar agua más salada a la población: lo perciben con desagrado quienes cocinan con agua de la canilla, la beben o toman mate con ella, pero lo peor es que implica riesgos sanitarios para una considerable cantidad de personas, que pueden ser muchas más si la medida persiste. 

 “Estamos en un escenario que si no bombeamos aguas abajo del Santa Lucía, desde donde hay agua del río de la Plata, lo que trae como consecuencia un aumento de los cloruros y del sodio, no podríamos abastecer el sistema metropolitano de agua continua. Si no lo hacemos, tendríamos también un problema sanitario gravísimo”, dijo en radio la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner. 

 El agua potable es definida como “el agua apta para consumo humano, que no represente riesgos para la salud o que no genere rechazo por parte del mismo”, según se plasma en el decreto 375/01, promulgado el 11 de noviembre de 2011. 

 En la norma también se señala que el valor máximo permitido de sodio para que el agua sea considerada potable es de 200 mg/l, teniendo en cuenta las propiedades sensoriales del agua. Al mismo tiempo, en el caso de cloruros, el nivel máximo es de 250 mg/l. En este contexto se sitúa la medida adoptada por el directorio de OSE de aumentar el nivel de sodio a 440 mg/l y de cloruros a 750 mg/l. La decisión se tuvo que tomar dado que la empresa comenzó a extraer agua para potabilizar proveniente del Río de la Plata. 

 El mautino la diaria señala que son evidentes y abundantes las responsabilidades y los errores que no deben repetirse; se aceptó que en la producción agropecuaria hubiera un aumento sostenido de prácticas que afectan la disponibilidad y la potabilidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía. OSE ha estado lejos de ser una prioridad presupuestaria o política de los gobiernos, y hace décadas que pierde casi la mitad del agua que maneja. 

 La cuenca del Río de la Plata recibe los efluentes urbanos de muchas de sus ciudades, los metales pesados de los desechos de mineras, o los derivados de sus agroquímicos, lo que desemboca en el estuario. Aún más cerca, los efluentes del área metropolitana de Buenos Aires también se lanzan sobre las aguas platenses.

 Ante la situación, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay advirtió sobre el riesgo que supone este aumento de sodio en el agua para la población. En un comunicado, explicó que “casi el 37% de los uruguayos tienen presión arterial elevada” de los cuales un tercio “no lo sabe”. Agregó que los uruguayos ya consumen en promedio un 66% más del sodio recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

 El presidente Luis Lacalle dijo que no habrá rebaja en la tarifa del agua. Pese a los reclamos del director de OSE por el opositor centroizquierdista Frente Amplio, Edgardo Ortuño y por el sindicato, Lacalle dijo que no habrá exoneraciones. Además, alertó que de prolongarse el déficit hídrico podría empeorar la calidad del agua. El jueves 11 el ministro de Ambiente, Roberto Bouvier, aseguró a la prensa que el agua de OSE, en estos momentos, «si vamos a puntos técnicos, no es potable. 

 Y aseguró: «Hay una definición muy estricta, muy profesional que hizo la ministra de Salud Pública. El agua no es potable en la definición perfecta de la potabilidad porque no cumple estrictamente con los indicadores. Pero es bebible, que es otra definición que casi enmarca la otra». 

 Ante el aumento de la concentración de sodio en el agua potable, la Facultad de Medicina realizó una serie de recomendaciones, para la población general, sin diagnóstico de hipertensión arterial, para quienes utilizan medicamentos antihipertensivos y diuréticos, y para la población con alguna de las siguientes condiciones: enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis, embarazadas. 

 Tuya y mía

 Mientras desde el Ministerio de Salud Pública se recomienda bañarse con agua embotellada, por lo menos a las personas que tienen problemas dérmicos, oposición y oficialismo se lanzan dardos. 

 Durante la administración anterior (gobierno del Frente Amplio), OSE proyectó obras para aumentar y mejorar las reservas de agua en el país, pero al asumir el nuevo directorio –impuesto por la coalición derechista de gobierno- en 2020, éstas se postergaron como forma de contener el gasto. Una de ellas era la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá en el departamento de Florida, aprobada por la compañía estatal en 2019.

 La cosecha

 Una de las líneas para comprender por qué se llegó a este punto, es abordar la situación de los suelos uruguayos y el aumento de la forestación, una política de Estado que se sostiene desde fines de la década de los 80. La forestación es una de las actividades productivas que más ha crecido en los últimos treinta años. Las plantaciones de árboles de especies madereras, especialmente eucaliptos y pinos, totalizaron poco más de un millón de hectáreas en ese período.

 El desarrollo de la forestación en Uruguay tiene su origen en la aprobación y posterior aplicación de la denominada Ley Forestal de diciembre de 1987, que declaró de interés nacional al conjunto de las actividades forestales. Estas plantaciones se deben a la instalación de tres plantas de celulosa, conocidas popularmente como “pasteras”. La actividad se abrió paso por todo Uruguay impulsada tanto por capitales nacionales (la familia del presidente Luis Lacalle es un ejemplo) como trasnacionales (entre ellos, las firmas Arauco, Stora Enso y la finlandesa UPM), que aprovechan el suelo autóctono, donde estos árboles toman entre 8 y 10 años en crecer, mientras que en Finlandia lo hacen entre 50 y 60 años. 

 En el año 2018, la superficie total de bosques en Uruguay era de un millón 850 mil hectáreas. De ese total, las plantaciones realizadas al amparo de la Ley Forestal totalizaban un millón 15 mil hectáreas. Existían, además, 835 mil hectáreas de bosque nativo en el país.

 En las últimas tres décadas, el negocio de la madera se convirtió en un pilar de la economía uruguaya, al punto de que el nuevo proyecto de la trasnacional finlandesa UPM —obra proyectada en 4.000 millones de dólares, la mayor inversión privada en la historia del país— prevé aportar 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional cuando la planta esté en funcionamiento. 

 Sin embargo, el cultivo de eucaliptos también conlleva impactos negativos en el suelo y en el agua. Se trata de plantas de crecimiento rápido, que capturan muchísimos nutrientes, toman grandes volúmenes de agua desde las napas freáticas o acuíferos superficiales y alcanzan reservas de agua profundas a las que los pastos no tienen acceso. 

 El año pasado UPM utilizó 125.000 metros cúbicos de agua a diario. Sumado a ello, en 2019, informes ambientales develaron que, en sus viveros, UPM hace uso de agrotóxicos como el hormiguicida fipronil, los herbicidas glifosato, flumioxazin e isoxaflutole así como los fertilizantes multicote y sulfato de amonio. 

 Más allá de dimes y diretes y declaraciones cruzadas, los tres principales políticos de la historia del Uruguay decidieron desde fines de los 80 aceptar de manera sumisa el lugar que le adjudicaron a Uruguay en la cadena productiva. El Frente Amplio que se postulaba como algo distinto, de darle valor agregado a lo producido en el país, terminó cosechando el modelo de monocultivo que la derecha había sembrado.

 La ciudadanía se está cansando y se autoconvocó a tres marchas durante tres días consecutivos, comprendiendo la gravedad de este asunto más allá de banderas ya que estamos hablando de un derecho fundamental como el acceso al agua potable. 

 Este gobierno asumió en el 2020 prometiendo mayor libertad al final de su mandato. Hoy se está discutiendo el consumo del agua y la escasez de la misma. No es sequía, es saqueo, dice un cartel de las manifestaciones. Son ambas, es saqueo de un modelo que nos condena a la destrucción de nuestro ecosistema y hay sequía de perspectiva de mejora. 

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la) Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative

Biden prepara un ataque mayor contra los migrantes

El gobierno yanqui está militarizando la frontera 

El gobierno estadounidense pondrá fin a partir de este 12 de mayo a una norma instaurada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 que, bajo el pretexto de la pandemia, permitía la expulsión inmediata de migrantes irregulares. 

 Bajo esa disposición, conocida como Título 42, se produjeron alrededor de 2,6 millones de deportaciones entre marzo de 2020 y marzo de 2023 (La Nación, 11/5). El actual presidente, Joe Biden, la mantuvo en vigencia al asumir su mandato. 

 El anuncio del fin del Título 42 desató un flujo aún mayor de migrantes a la frontera con Estados Unidos, bajo la expectativa de cruzar al territorio yanqui y esperar allí mientras se tramitan las solicitudes de asilo. Solo en Ciudad Juárez, se estima que hay 12 mil personas esperando para dar el salto. 

 Sin embargo, la Casa Blanca ya aclaró que la norma que queda en pie (Título 8) es aún más dura que la anterior. Prohíbe solicitar asilo a quienes entren en forma irregular y autoriza también una deportación rápida, a menos que el solicitante pueda probar que en el país en cuestión puede sufrir persecución o tortura. El agravante, con respecto al Título 42, es que, una vez deportado, no puede volver a pisar Estados Unidos por cinco años. 

 Los gobiernos de Trump y Biden combinaron en estos años la aplicación del Título 42 y el Título 8: al amparo de este último, entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 hubo cerca de 2,5 millones de expulsiones (El País, 28/2). Sumados, hablamos de 5 millones de personas. Por encima de la gestión de Barack Obama, quien se había ganado el mote de “deportador en jefe”. La política antimigrante es patrimonio común de los dos partidos del régimen.

 En vísperas de los cambios migratorios, Washington reforzó el envío de soldados y vehículos militares a la frontera sur. Prestarán apoyo a las patrullas fronterizas.

 Los cambios se aplican con la estrecha colaboración del gobierno mexicano que lidera Andrés Manuel López Obrador, quien acaba de celebrar una conversación con Biden sobre el problema migratorio. Algunos números: 2022 marcó un récord de detención de irregulares en territorio azteca. Fueron poco más de 440,000, un salto del 44% respecto al año anterior (ídem). México actúa como un Estado tapón.

 El fenómeno de los desplazamientos y caravanas migratorias se acelera con el agravamiento de la situación económica y social en América Latina. Los países que encabezan la diáspora son hoy los del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador, Guatemala) y Venezuela. En esa peligrosa peregrinación se internan familias enteras e incluso menores no acompañados. 

 El imperialismo, que hoy trata de cerrar las puertas y eleva murallas, es el principal responsable de la devastación del subcontinente, por medio del apoyo a dictaduras sangrientas, el mecanismo de exacción que constituye la deuda externa, y el saqueo de los recursos naturales.

 En paralelo a la represión y las deportaciones, los gobiernos y los partidos patronales desarrollan campañas xenófobas con las que buscan convertir a los migrantes en chivos expiatorios de la crisis económica. Defendemos el derecho incondicional de asilo frente a las políticas expulsivas de los Estados.

 Defendemos la unidad de los trabajadores nativos y migrantes, en una lucha común contra el capital, frente a la xenofobia y la persecución. 

 Gustavo Montenegro

Estados Unidos: ¿al borde del caos financiero?

La secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Jellen, acaba de advertir que, a menos que el Congreso actúe pronto para elevar el límite de endeudamiento del país, “se producirá un caos financiero y económico” (Clarín, 9/5). 

 Estados Unidos podría caer en default el 1° de junio. El Capitolio debe elevar el techo de endeudamiento, pero los republicanos exigen a Biden drásticos recortes de gastos, cuando el presidente va por su reelección. Estamos frente a una bomba de tiempo que podría explotar si los legisladores no suben o quitan el techo de endeudamiento para evitar que el país quede en cesación de pagos, lo que podría convertirse en una crisis financiera global. Las negociaciones son febriles para que la situación no se desmadre en la primera potencia mundial y tenga impacto más allá de sus fronteras. 

 El aumento del límite de deuda, que está fijado en la actualidad en 31,381 billones de dólares, es motivo de una fuerte disputa política entre republicanos y demócratas respecto del gasto público, un tema que será de intenso debate en la campaña presidencial, donde es posible que se reedite el duelo entre Biden y el favorito republicano Donald Trump.

 Si ese límite no se eleva, no solo el funcionamiento del gobierno podría quedar paralizado como ha sucedido otras veces, podría haber consecuencias mayores. Estados Unidos tiene un déficit presupuestario, debe pedir prestado grandes sumas de dinero para pagar sus cuentas. Además de pagar los beneficios del Seguro Social, junto con los salarios de los trabajadores militares y gubernamentales, también debe pagar intereses y otros pagos a los tenedores de bonos de la deuda pública.

 Los economistas coinciden que una cesación de pagos sería un hecho gravísimo. El único precedente cercano de insolvencia que tuvo el país fue en 2011, año en que la crisis se pudo resolver in extremis y el país sufrió la primera reducción en toda su historia de su calificación de deuda, haciendo que tuviera que asumir intereses de deuda muchos mayores. La onda expansiva irradió sobre el conjunto de la economía y provocó un temblor en la bolsa de valores. 

 En el momento actual, a causa del mayor riesgo de un incumplimiento, los títulos de la deuda americana se desploman y suben con fuerza los rendimientos. Los bonos del Tesoro americano a un mes evidenciaron un fuerte rally alcista en sus tasas, alcanzando máximos históricos. Actualmente operan con tasas de 5,35%, superando los máximos de 5,1% alcanzados durante la crisis de 2005 y 2006. 

 La deuda del gobierno de Estados Unidos está al límite de su capacidad establecida por el Congreso. Alcanzó el techo indicado en enero y el Departamento del Tesoro ha mantenido las obligaciones justo dentro del límite al suspender las inversiones en algunos fondos de pensiones federales, mientras continúa tomando prestado de los inversionistas.

 Resumiendo, “un incumplimiento tiene el potencial de ser catastrófico: el mercado de crédito se congelaría, el precio del dólar se desplomaría, las tasas de interés se dispararían, sus efectos darían la vuelta al mundo y podría desatarse una crisis financiera y una recesión similar a la que se vivió en 2008 o peor” (Porfolio, 2/5). 

 Quiebras bancarias

 Cuando se daba por concluida la turbulencia financiera que sacudió a los mercados semanas atrás, la amenaza de nuevas quiebras bancarias volvió a reaparecer. 

 El rescate del First National Bank, planteado a través de los aportes de diez bancos, fracasó. No logró evitar el persistente retiro de depósitos lo que obligó a tomar una decisión de emergencia y disponer su absorción por parte del banco J.P. Morgan Chase. 

 Esto fue acompañado por derrumbes accionarios de distintos bancos regionales. Los mayores descensos se registraron en las acciones de PacWest Bancorp y el First Horizon, que se desplomaron más del 30%. 

 La quiebra del First Republic Bank tiene implicaciones más amplias: “La quiebra de un banco que, en apariencia, tenía mucho éxito y no se dedicaba a actividades obviamente arriesgadas es alarmante” (SWS, 8/5). El aumento de la tasa de interés -y más aún en el breve lapso que se produjo- provocó un desequilibro en el balance del banco pues desvalorizó sus activos y, en esa medida, los recursos para hacer frente a sus compromisos con los depositantes. El esquema de negocios funcionó bien con un crédito barato y hasta regalado, pero dejó de hacerlo con la subida de los tipos de interés. Este modelo, sin embargo, no es una excepción sino la regla en todo el sistema bancario y lo mismo podría afirmarse de las actividades especulativas y comerciales de los fondos de cobertura, los bancos de inversión y otras instituciones del sistema financiero. 

 Tanto el gobierno norteamericano como la Reserva Federal han tratado de poner paños fríos al nerviosismo en los mercados, planteando que el sistema bancario es “sólido y resistente”, pero eso no alcanza para disimular la envergadura de la crisis, cuando tres de las cuatro quiebras bancarias más importantes de la historia han tenido lugar en estos últimos dos meses.

 En este marco, la Reserva Federal subió nuevamente la tasa de interés, pero abrió las puertas a una posible pausa en medio de las turbulencias financieras a lo que hay que agregar la recesión que empieza a afirmarse. Todas las estimaciones de los órganos multilaterales de crédito, desde el FMI hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han corregido a la baja sus pronósticos sobre crecimiento económico. La economía de las metrópolis capitalistas podría llegar a 1%, y si se toma el aumento poblacional apenas a cero. La economía global descendería a un anémico 2,8%. Pero no hay que descartar un aterrizaje brusco. Si el crédito se restringe aún más, la economía mundial podría desplomarse al 1%, lo que implica ya una retracción más severa -o sea, una recesión en regla- que no estaría exenta de bancarrotas empresarias. Las denominadas “empresas zombis” (hasta el 20% de todas las de Estados Unidos y Europa) se enfrentan a la quiebra. Las solicitudes de quiebra se han disparado en las principales industrias. En marzo se presentaron 42.368, un 17% más que hace un año. También fue el tercer mes consecutivo de aumentos de bancarrotas. Mientras tanto, la financiación de capital de riesgo para nuevas empresas disminuyó un 55% en el primer trimestre de 2023, en comparación con el mismo período de hace un año. Este es el nivel más bajo en más de cinco años (Michael Roberts, “Las razones del actual pesimismo económico”, 15/4). 

 Lo novedoso es que a las “empresas zombis” se suman ahora los “bancos zombis”. La ola de quiebras bancarias está lejos de haber terminado en Estados Unidos y en Europa. A medida que las tasas de interés aumentan, los depositantes están cambiando su dinero de bancos débiles a cuentas con mejores rendimientos, como los fondos del mercado monetario, huyendo de aquellos bancos que invierten los depósitos de sus clientes en activos con pérdidas, como los bonos del gobierno.

 Esto ha llevado a una fuerte disminución en los préstamos bancarios a empresas de Estados Unidos y Europa lo cual acelera el colapso que pesa en las empresas más vulnerables y asfixia la economía y potencias las tendencias recesivas ya presentes en el actual escenario.

 Las subas de la tasa de interés no han logrado erradicar la inflación, pero ha sido suficiente para provocar una desaceleración de la economía a lo que ahora se le añade la perspectiva de default de la deuda soberana, incluida la norteamericana y una corrida bancaria. Como ha ocurrido en el pasado, el flagelo de la inflación podría ser recién superado de la mano de una recesión en regla, como se provocó en los ’80 a través de una sideral suba de la tasa de interés adoptada por el presidente de ese entonces de la Reserva Federal, Volker. 

 La esperanza de la FED es mantener, por un lado, el endurecimiento de las tasas de interés y, por el otro, el socorro a las instituciones bancarias que enfrenten dificultades. Esto se puede conciliar mientras se trate de casos aislados, pero es imposible sostenerlo si el fenómeno se generaliza. La Reserva Federal debería apelar a una emisión y expansión monetaria de tal magnitud que terminaría por bajar el costo del dinero. 

 Perspectivas 

Viene al caso destacar que la absorción del First Bank fue exhibido como una solución del “sector privado” para tratar de evitar dar la impresión de que se trata de otro rescate gubernamental, pero se están desembolsando grandes cantidades de dinero público. 

 El Estado asumirá una pérdida de 13.000 millones de dólares, que se sumarán a las pérdidas de más de 20.000 millones que ya ha asumido por las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature. Además, J.P. Morgan recibirá una línea de financiación de 50.000 millones de dólares y compartirá con la FED cualquier pérdida. 

 La ayuda del gobierno, en definitiva, ha sido crucial. Los depósitos no asegurados no son el único peligro. Otro es la caída del valor de la propiedad y de los préstamos inmobiliarios comerciales que se han visto afectados por las subidas de los tipos de interés y la caída de la demanda. Los mismos bancos regionales que se encuentran en el centro de la tormenta actual podrían verse gravemente afectados también aquí, ya que representan más de dos tercios de todos los préstamos inmobiliarios comerciales de Estados Unidos. 

 El colapso de la democracia que observamos y que se hace cada vez más visible en los países imperialistas es inseparable de la bancarrota capitalista en desarrollo. La crisis económica actual que es una expresión en crisis de fondo ha terminado por horadar el conjunto de la organización social y como parte de ello, el régimen político, sus instituciones y partidos en las principales metrópolis. Esta tendencia es muy sensible en Reino Unido, que en el lapso de poco tiempo se ha llevado puesto a varios primeros ministros y no está exento Estados Unidos con la irrupción de Trump y el asalto al Capitolio, una tentativa de golpe de Estado al mejor estilo de las asonadas a las que estamos acostumbrados en los países latinoamericanos. 

 Está a la vista que el fracaso de la democracia no es privativo de Argentina sino que es una tendencia general asociada a la descomposición capitalista que hoy tiene una nueva manifestación con la guerra de Ucrania, la escalada belicista y la amenaza de una conflagración generalizada, a lo que hay que agregar la depredación ambiental provocada por la voracidad capitalista que amenaza con la destrucción del planeta. En ese contexto se potencian los desafíos de los trabajadores y la izquierda. Todos los esfuerzos deben estar dirigidos a que los explotados irrumpan en la crisis con su propia fisonomía y como factor independiente y apunten a catapultar a la clase obrera como una alternativa de poder. 

 Pablo Heller

Represión política en Ucrania

Incendio provocado en la Casa de Sindicatos de Odessa, el 2 de mayo de 2014

 Las personas que se oponen al Gobierno actual están detenidas o muertas 

 Ucrania fue considerada durante mucho tiempo el país más libre del espacio postsoviético. Hasta hace diez años, partidos políticos y organizaciones públicas de todos los colores y una variedad de medios de comunicación actuaban libremente en nuestro Estado y adversarios políticos, periodistas y activistas podían criticar abiertamente y sin temor a las autoridades. Cualquier intento de evitar la crítica a las actividades de las autoridades se convertía en causa de un gran escándalo, por lo que se producían pocos de esos intentos. 

 Pero todo cambió espectacularmente desde [las manifestaciones y disturbios de] el Euromaidán de 2014. El régimen oligárquico de extrema derecha que asumió el poder con una ideología nacionalista comenzó a perseguir a sus oponentes utilizando métodos terroristas. 

 El ejemplo más trágico no ya de persecución sino de asesinatos por parte del régimen gobernante de Kiev contra oponentes ideológicos se produjo en Odessa el 2 de mayo de 2014, cuando militantes nacionalistas con la plena connivencia y asistencia de las autoridades impidieron las actividades antifascistas que tenían lugar en la Casa de los Sindicatos prendiendo fuego al edificio, lo que provocó que muchas personas se arrojaran por las ventanas para huir de las llamas y acabaran su vida al impactar contra el suelo. Más de 40 personas murieron entonces, entre ellas Vadim Papura, miembro del Komsomol (el sindicato de jóvenes comunistas) así como Andrei Brazhevsky, miembro de la organización de izquierdas Borotbá. 

 Nadie fue nunca castigado por este crimen, aunque quienes participaron en el atentado quedaron registrados en muchas fotografías y videos. Por si eso fuera poco, uno de los organizadores de la masacre se convirtió posteriormente en portavoz del Parlamento Ucraniano y otro entró en dicho parlamento en las listas del partido del antiguo presidente Poroshenko. 

 Igual ha ocurrido con los asesinos de varios políticos y periodistas bien conocidos de la oposición muertos desde 2014: la exdiputada del Partido Socialista de Ucrania Valentina Semenyuk-Samsonenko, (asesinato disfrazado de suicidio, 27 de agosto de 2014); el exdiputado, organizador de acciones opositoras Oleg Kalashnikov (asesinado el 15 de abril de 2015); el popular escritor y publicista antifascista Oles Buzina (asesinado el 16 de abril de 2015) y muchos otros. Del mismo modo, las actividades del mayor partido de izquierdas del país en aquel momento, el Partido Comunista de Ucrania fueron prohibidas. 

 Además, políticos, periodistas y activistas de mentalidad opositora, muchos de ellos de izquierdas, han sido golpeados, arrestados y encarcelados en los últimos años en base a falsos cargos de “alta traición” y otras acusaciones manifiestamente políticas. Esto fue así, en concreto, con los periodistas Vasily Muravitsky, Dmitry Vasilets, Pavel Volkov, y el activista proderechos humanos Ruslan Kotsaba, entre otros. Resulta característico que una vez en los tribunales, y a pesar de la presión de las autoridades, estas acusaciones por lo general se desmoronan y resultas ser completamente insostenibles.

 La situación política se ha ido agravando año tras año, especialmente desde que Vladimir Zelensky se convirtió en el presidente de Ucrania. La razón formal para la completa eliminación de los restos de las libertades civiles y el inicio de una represión política abierta fue el conflicto militar que comenzó en Ucrania en febrero de 2022.

 Todos los partidos de la oposición en Ucrania, la mayoría de izquierdas, entre los que se encuentra la Unión de Fuerzas de Izquierda (por un Nuevo Socialismo) bajo mi dirección, fueron prohibidos en base a acusaciones inventadas y falsas de ser “prorrusos”. 

 Al mismo tiempo, el único miembro del parlamento ucraniano que fue abiertamente a trabajar en las autoridades creadas por Rusia en el territorio de Ucrania, Oleksiy Kovalyov, representaba al partido del presidente Zelensky, Servidor del Pueblo. Además, durante toda la guerra, el partido gobernante se ha visto sacudido por sonados escándalos de corrupción que socavan la autoridad de los representantes públicos a los ojos del pueblo y destruyen los restos de autoridad de Ucrania a los ojos de la comunidad mundial (los casos del Jefe Adjunto de la Oficina del Presidente Kyrylo Timoshenko, el Ministro de Defensa Oleksiy Reznikov y su adjunto Vyacheslav Shapovalov, el Viceministro de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras Vasily Lozinsky, Presidente del Consejo de Naftogaz Ukrainy Andriy Kobolev, Jefe de la Administración Militar Regional de Dnepropetrovsk Valentyn Reznichenko y otros). A pesar de que esta «actividad» del partido gobernante sea una amenaza directa para la seguridad y la existencia del país, por alguna razón aún no ha sido prohibida por las autoridades.

 El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo a diversos líderes de opinión y periodistas que antes de la guerra hicieron comentarios en los medios de comunicación y criticaron al gobierno. Todos ellos fueron acusados de fomentar una postura prorrusa, alta traición, espionaje, propaganda, etc.

 Una larga lista de detenciones, desapariciones y muertes

 En febrero-marzo de 2022 conocidos blogueros y periodistas fueron detenidos acusados de alta traición e ingresados en centros de detención preventiva (SIZO), como Dmitry Dzhangirov (de ideología izquierdista, colaboró con nuestro partido), Yan Taksyur (de ideología izquierdista), Dmitry Marunich, Mikhail Pogrebinsky, Yuri Tkachev, etc. El motivo de su detención no fue en absoluto el de traición, sino el temor de las autoridades a su posición pública, que no coincidía con la oficial. 

 En marzo de 2022 el historiador Alexander Karevin, conocido por su ciudadanía activa, desapareció sin dejar rastro después de que agentes del SBU visitaran su casa. Karevin había criticado duramente en repetidas ocasiones la actuación de las autoridades ucranianas en el ámbito de las humanidades, la política lingüística y la política de memoria histórica. 

 En febrero de 2023 Dmitry Skvortsov, publicista y bloguero ortodoxo, fue detenido en un monasterio cercano a Kiev e ingresado en un centro de detención preventiva. 

 En marzo de 2022, en Kiev, la abogada y activista de derechos humanos conocida por su posición antifascista, Olena Berezhnaya, fue enviada a un centro de detención preventiva bajo sospecha de traición (en virtud del Artículo 111 del Código Penal). Esta activista había hablado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2021 sobre la ilegalidad de lo que estaba aconteciendo en Ucrania.

 El 3 de marzo de 2022 los hermanos Alexander y Mikhail Kononovichi, activistas antifascistas, fueron detenidos en Kiev acusados de violar el Artículo 109 del Código Penal de Ucrania («acciones dirigidas a cambiar por la fuerza el orden constitucional o tomar el poder del Estado»). Se les ingresó en un centro de detención preventiva hasta finales de 2022 donde fueron golpeados y torturados, y se les negó la asistencia médica oportuna. 

 En mayo de 2022, en Dnipró, el SBU detuvo a Mikhail Tsarev, hermano del excandidato presidencial Oleg Tsarev, acusado de «desestabilizar la situación sociopolítica en la región». En diciembre de 2022 fue condenado por terrorismo a 5 años de prisión. 

 El 7 de marzo de 2022 seis activistas de la organización opositora Patriotas por la Vida desaparecieron sin dejar rastro en Severodonetsk y en mayo uno de los líderes del grupo Azov, Maxim Zhorin, publicó en Internet una foto de sus cadáveres, afirmando que «habían sido ejecutados», y que su asesinato estaba relacionado con su cargo y había sido llevado a cabo por estructuras paramilitares. 

 El 12 de enero de 2023 Sergei Titov, residente en Belaya Tserkov, una persona discapacitada medio ciega con una enfermedad mental, fue arrestado e ingresado en un centro de detención preventiva por «saboteador». El 2 de marzo se informó de que había muerto en dicho centro. 

 Desde noviembre de 2022 Dmitry Shymko, de Khmelnytsky, está en los calabozos por sus convicciones políticas. 

 Cientos de personas perseguidas por distribuir contenido político en Internet 

Las autoridades han tomado bajo un férreo control el espacio informativo de Ucrania, incluido Internet. Cualquier publicación personal de los ciudadanos sobre errores en el frente, sobre la corrupción de las autoridades y los militares o sobre las mentiras de los funcionarios se declara delito. Estas personas, así como los blogueros y los administradores de los canales de Telegram, son objeto de acoso por parte de la policía y el Servicio de Seguridad.

 Según el SBU, en la primavera de este año fueron bloqueados 26 canales de Telegram en los que la gente se informaba mutuamente sobre las convocatorias de movilización. Se realizaron registros a seis administradores públicos considerados sospechosos. De ese modo se bloquearon páginas que funcionaban en las regiones de Ivano-Frankivsk, Cherkasy, Vinnitsa, Chernivtsi, Kiev, Lviv y Odessa, a las que estaban suscritos más de 400.000 usuarios. Los administradores de dichas páginas se enfrentan a diez años de cárcel. 

 En marzo de 2022 se introdujo en el Código Penal de Ucrania el artículo 436-2 sobre la «Justificación, reconocimiento como lícita, negación de la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania, glorificación de sus participantes», que en realidad va dirigido contra cualquier ciudadano de Ucrania que opine algo diferente de la postura política oficial.

 Esta norma está formulada de tal manera que, en esencia, prevé castigar el «delito de pensamiento»: palabras, frases pronunciadas no sólo en público, sino también en una conversación privada, escritas en un canal privado o en un mensaje SMS enviado por teléfono. De hecho, estamos hablando de una invasión de la vida privada de los ciudadanos, de sus pensamientos. Esto se ha visto confirmado por la aplicación de la ley: a fecha de marzo de 2023, hay 380 condenas en el registro de resoluciones judiciales por simples conversaciones en la calle y “likes” en Internet, incluyendo penas reales de prisión. 

 Así, en junio de 2022, en Dnipró, un residente de Mariupol que en marzo de 2022 afirmó que los bombardeos contra la población civil y las infraestructuras civiles de Mariupol habían sido llevados a cabo por militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue condenado a 5 años de prisión. Otra sentencia, basada en una conversación telefónica en marzo de 2023, fue dictada contra un residente de Odessa, condenado a dos años de libertad condicional por conversaciones «antipatrióticas y antiestatales» a través de un teléfono móvil.

 Una residente del pueblo de Maly Bobrik en la región de Sumy, que en abril de 2022, estando en su patio en presencia de tres personas, aprobó las acciones de las autoridades rusas en relación con Ucrania y que luego no admitió su culpabilidad, fue condenada en virtud del Artículo 436-2 del Código Penal en junio de 2022 a una pena real de seis meses de prisión. 

 Al menos 25 ucranianos han sido condenados por «actividades antiucranianas» en las redes sociales. Según la investigación, estos residentes en Ucrania distribuían símbolos «Z», banderas rusas en sus páginas y calificaban la invasión de «liberación». 

 También se impusieron condenas no a quienes distribuyeron tales publicaciones, sino que sólo les «gustaron» (expresaron su aprobación en las redes sociales) -al menos los textos de dos sentencias dicen que los llamados «me gusta» tenían el objetivo de «llevar la idea a un amplio abanico de personas cambiando las fronteras del territorio de Ucrania» y «justificar la agresión armada de la Federación Rusa». La justificación por parte de los investigadores fue que las páginas personales tienen acceso abierto, y las publicaciones con «me gusta» pueden ser vistas por muchas personas. 

 Así, en mayo de 2022, en Uman, una pensionista fue condenada a dos años de prisión con un período de prueba de un año por el hecho de que «debido al rechazo a las actuales autoridades ucranianas […] puso los llamados «me gusta» en la red de Internet Odnoklassniki a una serie de publicaciones que justifican la agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania». 

 En Kremenchug en mayo de 2022, de acuerdo con el Artículo 436-2 del Código Penal de Ucrania, fue condenado un ciudadano de Ucrania, que bajo un apodo habló en Odnoklassniki sobre los nazis en Ucrania y el desarrollo de armas biológicas financiadas por el Pentágono. 

 La represión empleada por el actual gobierno para luchar contra quienes discrepan ha convertido a Ucrania en el estado más carente de libertad de Europa, en un Estado en el que cualquier persona que se atreva a oponerse a las autoridades, a la oligarquía, al nacionalismo y al neonazismo arriesga la libertad y, a menudo, la vida. 

 Solicitamos toda la difusión posible de esta información, ya que en la situación actual solo una amplia publicidad internacional de los hechos presentados en este artículo puede ayudar a salvar a miles de personas cuya libertad y vida están ahora amenazadas en Ucrania. 

 Maxim Goldarb | 11/05/2023 | 

 Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo 

Maxim Goldarb es el Presidente de la Unión de Fuerzas de Izquierda (por un Nuevo Socialismo)

CTC Cuba 1° de mayo 2023

Las crisis bancarias y la crisis de deuda pública en Estados Unidos

Desde marzo pasado han tenido lugar varias quiebras de bancos regionales de Estados Unidos, que dejaron planteada la posibilidad de una crisis financiera de un alcance similar a la de 2007/8 –la más importante desde la depresión de los años 30 del siglo pasado. En el caso del Silvergate Bank, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, el gobierno norteamericano extendió el seguro a la totalidad de los depósitos en esos bancos, atento a que el 80% de ellos superaba el tope de la cobertura estatal de 250 mil dólares. Ante la quiebra reciente de otro banco, el First Republic, la segunda más importante desde 2018, las autoridades cambiaron el método: llamaron a una subasta que fue ganada por el JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos. El Morgan es una especie de banco central privado, pues domina el mercado de dinero de corto plazo, conocido como “money market”, que es el primer nexo de rescate bancario antes de que entre en juego la Reserva Federal. La entrega del First Republic al Morgan es, además de un negociado, un intento de frenar la sangría financiera. En este lapso de tiempo cayó un importante banco europeo, el Credit Suisse, y lo mismo se insinuó con el Deustche Bank, cuando sus acciones cayeron el 15% en una jornada. El presidente de la Reserva Federal saludó el acuerdo de adquicisión del First Republic “como un paso importante para trazar una línea en un período de tensión (“stress”) severo” (Financial Times, 6/5). El Morgan comprará los activos del banco en desgracia con un descuento del 10 al 15%, mientras que la Corporación Estatal de Seguros proveerá al Morgan un financiamiento de 50 mil millones de dólares y compartirá el costo de pérdidas futuras de sus activos. Además, cubrirá las pérdidas eventuales de las inversiones del First Republic en inversiones inmobiliarias residenciales y comerciales por siete años (The Wall Street Journal, 1/5).

 El hilo que liga estas bancarrotas con una crisis mundial es el papel que juegan las inversiones de los bancos en deuda pública. El alza de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal ha desvalorizado esos activos, que fueron comprados a tasas de interés inferiores. La deuda pública, no solamente en Estados Unidos, ha sido el refugio que encontró la abundante masa de dinero que fue emitida, primero para contrarrestar los efectos de la crisis de 2007/8, luego con el dinero creado para subsidiar a bancos y empresas a partir de la irrupción de la pandemia. El aumento de la tasa de interés fue intensamente reclamado por los mismos bancos, ya que de eso depende el margen entre lo que se paga por depósitos y lo que se cobra por créditos. Las autoridades bancarias de Estados Unidos han subido la tasa del 0,5 al 5%, pero no han absorbido el dinero que crearon al financiar esos subsidios. Por otro lado, la deuda pública se ha desvalorizado en el mercado secundario –todavía falta que el Tesoro norteamericano salga a financiarse a esas tasas mayores de interés. Como factor adicional, aunque en realidad es un eje del desarrollo de la crisis, numerosos estados se han retirado del mercado de deuda de Estados Unidos -lo que incide en una baja del precio de los títulos y en un aumento de la tasa de interés- como parte de la guerra económica en desarrollo y de la guerra entre la OTAN y Rusia –con su arsenal de sanciones financieras. 

 Con bastante antelación a estas quiebras, algunos economistas han vaticinado que el estallido de una crisis financiera internacional es inevitable. Señalan que el endeudamiento de conjunto de la economía mundial es del 400% del PBI internacional (sin contar las operaciones de cobertura de esos créditos), y que un 30% de la economía privada está plagada de “bonos basura”, como se llama a la tenencia de préstamos a alta tasa de interés, por parte de compañías que tienen un flujo de fondos que no permiten cubrirlos. Los aumentos de tasas de interés representarían un golpe final para esas empresas. 

 La ‘normalización’ de la tasa de interés, de modo que evite un endeudamiento mayor, de un lado, y las quiebras del otro, no se puede obtener por medio de Inteligencia Artificial, sino que se dirime a través de la anarquía de mercado, con su secuela de inflaciones y depresiones. No existe, ni podría existir, por ejemplo, una tasa de interés internacional única. Estados Unidos y Europa pujan por aumentar la tasa; China y Japón no han movido las suyas. La consecuencia es una fuga de dinero privado de China y Japón hacia el otro lado, y la desvalorización mayor de sus monedas. Pero si estos dos países acompañaran la onda de aumentos, las consecuencias serían muy perjudiciales, en especial para Japón. Japón tiene una deuda pública equivalente al 350% de su PBI, concentrada en su mayor parte en el Banco de Japón. Un aumento de la tasa de interés produciría la desvalorización de la deuda pública corriente y de los activos del Banco. Japón correría el riesgo de una depresión severa.

 En este escenario se desarrolla la crisis política por el tope de endeudamiento público en Estados Unidos. La deuda pública norteamericana se encuentra al tope de lo permitido –31 billones de dólares, frente a un PBI de 23,5 billones, un 130 por ciento. Aunque, como ha ocurrido siempre, se autorice un nuevo margen de endeudamiento y se evite el default (refinanciado vencimientos), la cuestión ha desatado una crisis política que es más intensa que en el pasado. Para autorizar ese margen mayor, los republicanos exigen una política de ajuste, que permita incluso una amortización neta de deuda. Pero la guerra de la OTAN y la aplicación de sanciones económicas a sus rivales internacionales exigen mayor gasto fiscal. La disputa pega en el corazón de los bancos, cuyos balances rebasan de deuda pública. El mercado de deuda pública contagia el mercado hipotecario, que sería arrastrado a una crisis severa.

 Para la Reserva Federal, “las recientes perturbaciones bancarias podrían alimentar un colapso crediticio … ante el temor de pérdidas y fuga de depósitos” (Financial Times, 8/5). Lo esencial es que esta crisis pone al descubierto, con mayor intensidad, el carácter mundial de la crisis de deuda pública, la amenaza para los bancos, la perturbación que crea en los mercados monetarios y la inevitabilidad de la cesación de pagos en los países con menos espalda financiera. La imbrincación de la guerra internacional con una bancarrota financiera está a la vista. 

 Jorge Altamira 

 09/05/2023

El paradigma neocolonial de la reforma y los aprendizajes desechables

Un paradigma embriagado en las lógicas instrumentales de la eficiencia motoriza su marcha hacia el objetivo de la performatividad económica de lxs estudiantes, lo que se traduce en la construcción de sujetos empleables como finalidad última de la educación escolar. 

 La tarea más básica de la producción de conocimiento ha sido y es la pregunta, el cuestionamiento más básico y más perspicaz por el cual no sólo vamos descubriendo el mundo desde las niñeces, sino que es la mayor interpelación de la filosofía: ¿Por qué? 

 Las respuestas, no siempre explícitas y casi nunca verdaderas, que nos ofrece el sistema capitalista y su versión cultural neoliberal, es que hay una necesidad de reformar la escuela (educación), porque el mundo cambia vertiginosamente y hay exigencias y nuevas demandas. Eslogan que, probablemente, haya salido de la publicidad de alguna gaseosa oscura e hiperglucémica, ha tomado forma política y todo el arco ideológico partidario y/o frentista del establishment lo ha utilizado para pasar por amigo del futuro, pero esencialmente como señal inequívoca de su “pertenencia” a las políticas neocoloniales impulsadas desde el poder global. 

 ¿Acaso los cambios se justifican por sí mismos?

 No sólo se trata de decirle “sí” al FMI, también hay que reafirmar la posición neocolonial y decirle “sí” a la reforma educativa de la OCDE, el Banco Mundial, la UNESCO y a todo el proceso de ongeinización (ecosistema de poder formado por ong y fundaciones) parasitario para la entrada empresarial al universo educativo. 

 El mundo cambia vertiginosamente y hay exigencias y nuevas demandas, eslogan parcialmente cierto. El mundo se debate en una crisis ecológica ambiental sin precedentes; los 10 hombres más ricos poseen más riqueza que el 40 % más pobre de la humanidad, dos de los problemas más acuciantes de la coyuntura actual. Pero la reforma economicista de la educación no sólo no tiene entre sus contenidos de “educación financiera” esa terrible injusticia como problema fundacional de la generación de pobreza, como tampoco se presenta la crisis ecológica del planeta como un problema del modo de producción capitalista. Lo que esboza, por lo menos a priori, que el pensamiento crítico, que como veremos es una de las capacidades blandas enunciadas por los reformadores, será tomado o como un mero juicio de valor (me gusta / no me gusta). 

 ¿Cuáles son los factores de cambio a los que se refiere el eslogan del paradigma reformista? 

 Por supuesto, la respuesta automatizada será: la tecnología. Pero la tecnología no opera sola… ¡Ya sé! Me van a decir que la Inteligencia Artificial (IA), llegó para quedarse y uno de sus subconjuntos es el Aprendizaje Automático (AA), con intervención humana mínima, según la definición explícita del oráculo de Google; pero lo que suscita la sospecha no es la discusión sobre las posibilidades reales de la IA en sus formas de AA (cuestionado en su conducta epistemológica por el pensador Noam Chomsky), sino que la reforma economicista de la educación esté tomando ciertas premisas del modelo tecnológico del AA para la construcción de los sujetos empleables, adaptables y flexibles del siglo XXI y una de esas premisas llevadas al aula sería la intervención docente mínima (facilitadores).

 La eficiencia educativa no requiere del conocimiento, en el sentido de la importancia que adquieren los saberes académicos en el desarrollo de la inteligencia, sólo de un canon de aprendizajes que puede ir fluctuando en consonancia con los intereses del mercado, pero que tendrá su focalización en el desarrollo de lo que dieron en llamar la “capacidades”, lo que los organismos internacionales habrían denominado, “enfoque por competencias” tomando como modelo lo requerido por el mercado empresarial. 

 No es novedad que el esfuerzo reformista es asimilar el modelo escolar al modelo empresarial, en cuanto a la disponibilidad de sus atributos y sus estrategias para afianzar la construcción subjetiva en función de la empleabilidad, de manera que la escuela diseñe los actuales y futuros empleados que el mercado requiere y requerirá en función de la productividad y la competitividad. 

 Las habilidades y competencias que necesita el mercado para funcionar de manera eficiente tienen una suerte de canon bastante preciso en términos generales, que es asimilado sin filtros por el creciente proceso de estandarización de la “enseñanza” y el agrupamiento de “saberes” en modelos de “aprendizaje” a través de las reformas curriculares. 

 Una de las preguntas, volviendo al principio de esta nota, es ¿por qué el modelo de educación por competencias ingresa como el paradigma de la educación para el siglo XXI, sin ningún tipo de reparos en quienes ejecutan la política educativa, sin siquiera poner en duda su aplicación y los efectos que puede causar en las actuales y futuras generaciones “adiestradas” en el modelo del enfoque por competencias o capacidades medibles? 

 ¿Acaso no se lo plantearon como problema? ¿No mueve a ningún tipo de sospecha que la educación de lxs estudiantes se reduzca a medir un conjunto de capacidades? 

 A semejanza del Aprendizaje Automático donde se “capacitan a las máquinas para que realicen tareas específicas y entreguen resultados precisos (…) el AA tiene un alcance limitado de aplicaciones (…) usa algoritmos para producir modelos predictivos…” 

 Cuando docentes y estudiantes cuestionan el modelo educativo que se viene implementado con las sucesivas reformas focalizadas, lo hacen porque sienten el utilitarismo inherente al modelo por capacidades o competencias. Porque esas “capacidades” son las que se evalúan en las pruebas estandarizadas, a eso llaman educación basada en resultados y esos resultados deben ser “precisos”, es decir que el objeto del aprendizaje por competencias es la aplicación, no el pensar, ni la explicación. Las competencias se miden en la instancia predictiva de un resultado determinado, pero no explicado.

 Estamos frente a la mercantilización de un conjunto de saberes transformados en “aprendizajes prioritarios” para los que se necesita el adiestramiento en el desarrollo de ciertas capacidades, que coinciden con las llamadas “habilidades del siglo XXI”, incluso pueden variar y/o ampliarse o agruparse, porque sus límites y alcances son difusos, pero éste es el canon que se impone como la receta para la empleabilidad de manera de hacer más competitivas y productivas las empresas: “Trabajo en equipo”; “Comunicación”; “Manejo del tiempo”; “Resolución de problemas”; “Creatividad (enfocada a la innovación tecnológica y la resolución de problemas)”; “Liderazgo”; “Organización”; “Inteligencia emocional”; “Toma de decisiones”, entre otras.

 De esta manera el nuevo “trabajador” se prepara para competir en el mercado, invirtiendo, a través de la “educación”, en el fortalecimiento de sus competencias para desarrollar una trayectoria laboral exitosa en la incertidumbre de un mundo cambiante. Esta es la afirmación de los apologistas del modelo.

 Los documentos sobre el enfoque educativo por capacidades replican las mismas recetas, hablando de trayectorias escolares exitosas, donde los contextos sociales y económicos son obviados y la responsabilidad por el éxito o el fracaso sólo se circunscriben a la escuela y al plano individual. 

 Es decir que la educación, según el paradigma, se resume en lograr sujetos consumibles por el mercado, lo que se llama, en otras palabras, el capital humano. 

 Un breve recorrido documental nos despeja cualquier duda sobre el rumbo y los objetivos del paradigma educativo que tiene más de 50 años desde las primeras conceptualizaciones sobre la “importancia” de “aprender a aprender” y “aprender durante toda la vida”.

 El objetivo del Programa de Educación 2030, explicado en el documento, “El trabajo de la OCDE sobre Educación y Competencias” tiene por objetivo “identificar los conocimientos, competencias, actitudes y valores que los alumnos necesitarán adquirir para tener éxito en el siglo XXI”, no necesitamos explicar otra vez lo que la misma OCDE afirma. 

 Hasta ahí el tono de advertencia para lograr el “éxito”, palabra que suele ser aceptada con mucha liviandad, puesto que la educación queda subordinada a “adiestrar” seres humanos para el “éxito económico” de la máquina corporativa mundial, para la cual los países son reservorios seguros desde el momento que subsumen sus políticas educativas al proyecto global, como viene ocurriendo. 

 El mismo documento OCDE, explica los momentos en que se divide la acción del programa y en una primera fase se deben “abordar cuestiones relacionadas con los planes de estudios, como es la sobrecarga curricular…” y en una segunda fase, se recomienda a los países identificar “los tipos de profesores que mejor puedan apoyar el desarrollo de esas capacidades, así como las mejores maneras de gestionar el cambio en las pedagogías, evaluaciones y entornos de aprendizaje”.

 De esta forma el proyecto global de estandarización educativa se encamina a “rediseñar la educación con el objetivo de mejorar la empleabilidad”, así como el programa sobre “El futuro de las competencias: entender las implicaciones educativas entre la IA y de la Robótica, analiza cómo las computadoras transformarán la demanda de competencias y los requisitos educativos del mercado de trabajo en las próximas décadas”. 

 Pocas líneas del documento OCDE nos ilustran sobre el proceso de “biocontrol” puesto en marcha desde el asalto global de los sistemas educativos. Muchas de las conceptualizaciones esgrimidas en esas breves citas están reproducidas en documentos vernáculos del Consejo Federal de Educación (CFE) y puestos en marcha en el adiestramiento de estudiantes, docentes, directivos y supervisores.

 En el documento del CFE de la secundaria 2030, “Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desarrollo de las capacidades” se establece “…la importancia de organizar el curriculum, la enseñanza y la evaluación en torno a un conjunto de capacidades consideradas centrales: resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, comunicación y el desarrollo de niveles crecientes de competencia digital”. 

 Pero no sólo se trata de la secundaria y sus reformas como “secundaria 2030”, “nueva escuela secundaria”, “secundaria del futuro” , estos dos últimos son los títulos en Ciudad de Buenos Aires, a lo que se suma la reforma curricular en el educación primaria, con un falso debate que aparece plagado de los mismos tics ya organizados y decididos, pero presentados en un Informe que funciona como “democratizador” y de “consenso” de distintas áreas del quehacer escolar y segmentos sociales, “Hablemos de educación, la escuela que queremos”.

 Entre los puntos destacados del Informe, por supuesto las coincidencias están en que las cuestiones prioritarias tienen que ver con que lxs estudiantes tienen que aprender “adaptarse permanentemente a situaciones nuevas”; “incorporación de la tecnología en todas las áreas”; “importancia de formar capacidades a diferencia de transmitir conocimientos puntuales”; “las dificultades en el aprendizaje de Matemática y Comprensión lectora”; “la mayoría de los/as consultados/as cree que el desarrollo de capacidades, tales como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la creatividad, la inteligencia emocional, la adaptación de cambios, etc. deben ser prioritarias”. 

 Como vemos no parece haber ninguna diferencia con lo ya postulado por la OCDE o el CFE, que replica los mismos conceptos y el Informe jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, para la reforma curricular en la escuela primaria, que no difiere conceptualmente de lo realizado en la secundaria. 

 En el informe, entre otros conceptos resaltados, una de las conclusiones afirma que “El mundo anterior ya no existe, hay que cambiar, adaptarse a las tecnologías”. 

 No olvidemos que estamos hablando de un informe para realizar la reforma curricular del nivel primario, y un resaltado que funciona como idea fuerza, bajo la apariencia de un eslogan publicitario, niega el pasado y afronta la tecnología como un futuro al que debemos adaptarnos. No son livianas esas conceptualizaciones, porque proponen y proyectan un mundo organizado por tecnócratas con los servicios digitales instrumentados para el control biosocial. Tal vez, en función de prototipo para esas prácticas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaló cámaras en algunas escuelas. 

 En la síntesis final se destaca que “…busca disminuir la sobrecarga de contenidos”, tal como dice el documento de la OCDE en relación a la “la sobrecarga curricular”. También concluye en la revisión de los tiempos y el estrecho vínculo con la tecnología.

 Este breve recorrido por ideas, conceptos y relaciones intenta ser una muestra más de cómo la pedagogía de la obediencia y la colonialidad del poder se ponen de manifiesto en la aplicación acrítica del paradigma reformista de la educación, porque establece un “error epistemológico”, como dice la filósofa Angélique Del Rey: “Los ideólogos de las competencias no ignoran que el sujeto del aprendizaje es el estudiante, pero desconocen que la subjetividad de este aprendizaje es la inteligencia de ese mismo estudiante, y que la educación consiste precisamente en el desarrollo de esa inteligencia y de todas sus facultades. Por el contrario, la educación por competencias no se orienta al desarrollo de la inteligencia del estudiante, sino más bien y más directamente a determinados ejercicios y desempeños, usos y funciones de dicha inteligencia”.

 El “error epistemológico” es un cambio de clave en el que la educación no es para el desarrollo intelectual del estudiante, sino para el adiestramiento en el manejo de un conjunto incierto e indefinido de capacidades cuya obsolescencia es su principal cualidad, justamente por aquello del “mundo cambiante”. 

 Darío Balvidares | 08/05/2023

El Informe MacBride y los ejes teórico-metodológicos preponderantes

“Esto plantea muchos problemas, pero el que nos interesa aquí se refiere al contenido de la comunicación.” NOMIC

 No pasó desapercibida, para el Informe MacBride, y su filosofía humanista, la disputa teórico-metodológica que subyace en la investigación y la producción de la “comunicación masiva”, especialmente cuando el modo de producción, los medios y las relaciones de producción tienen una influencia imperial mercantilista, individualista y monopólica. Entendieron que debía hacerse visible la vinculación existente entre los enfoques ideológicos y las “prácticas” de los monopolios consagrados a sus negocios, los efectos de la propaganda y a su influencia sobre las sociedades en todos los niveles. Era necesario transparentar la ideología, convertida en gasto enorme, para consolidar “fenómenos de comunicación”, con innovaciones tecnológicas para sus no pocas consecuencias en la subordinación de los “países subdesarrollados”. Transparentar, pues, las raíces ideológicas de la problemática comunicacional. 

 Era de esperarse que, en la propia la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación de la Unesco, presidida por el humanista Sean MacBride, Premio Nobel y Premio Lenin de la Paz, convergieran, no sin contradicciones o debates, las corrientes teórico-metodológicas predominantes en la producción de la información y de la comunicación: funcionalismo, estructuralismo y marxismo; concepciones, para resumirlo muy esquemáticamente, “verticalistas” frente a visiones “horizontalistas”; unas instrumentalistas y otras descolonizadoras. Hay que hacer visibles al ojo crítico, los marcos teóricos y las contradicciones al interior de la Comisión y escuchar las voces múltiples de adentro y de afuera, también para un solo mundo y sus voces múltiples. “Los aspectos de ese proceso se modificarán constantemente, mientras que los objetivos continuarán siendo los mismos: mayor justicia, mayor equidad, mayor reciprocidad en el intercambio de información, menor dependencia en relación a las corrientes de comunicación, menor difusión del mensaje en sentido descendente, mayor auto-suficiencia e identidad cultural y mayor número de ventajas para toda la humanidad”. Sean MacBride. 

 Con tal compendio de posiciones e intereses de la Comisión (16 miembros provenientes de diversas áreas geográficas, culturas, religiones, ideologías y sistemas económicos y políticos, creada en diciembre de 1977) mostrado aquí muy limitadamente, la redacción del Informe adquiere un carácter “ecléctico”, marcado enfáticamente por la “sintaxis diplomática” de su tiempo (1980), y con no pocas derivaciones hacia cierta “neutralidad” con frecuencia poco parecida o representativa de las tensiones, disputas y luchas objetivas del asunto estudiado: El debate capital-trabajo en la producción de la información y la comunicación. Resultó ser un Informe de las disparidades, endógenas y exógenas, existentes en la materia estudiada pero empeñado en reivindicar desde las diversidades, el derecho de los pueblos a la información y a la comunicación priorizando identidades y diversidades culturales, para consolidar un frente de lucha y un movimiento hacia un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación (NOMIC).

 Como en todo “movimiento”, esperaba la Comisión alcanzar con su Informe la nada sencilla unidad en la diversidad a partir de, al menos, diez problemas clave en materia de: 1) políticas de comunicación; 2) dependencia tecnológica; 3) aportes jurídico-políticos; 4) financiamiento y transparencia de la inversión. 5) identidad cultural; 6) derechos humanos; 7) cooperación internacional; 8) educación; 9) libertad de expresión y 10) democratización de la semántica y de las herramientas. Había un clima de reflexión crítica nutrida con análisis y abordajes desde campos múltiples.

 Entendía el Informe MacBride que desde las oficinas de los dueños se financiaba (y sigue financiándose) un proyecto ideológico que, hacia 1980, contrastaba con los procesos democráticos populares y transformadores. Los monopolios auspiciaban una guerra ideológica con dispositivos teóricos y metodológicos para apuntalar, y disfrazar, las contradicciones económico-sociales existentes. Mientras tanto, crecía una corriente crítica y se instalaba en frentes muy diversos, desde donde se expandía la evidencia de que los medios estaban consolidándose como paradigmas privilegiados en la reproducción de la ideología dominante. Estaba en evidencia que la Comunicación ocurre en el marco social de la lucha de clases, y que es posible estudiarla con una base científica poliédrica y dialéctica emancipadora. 

 Funcionalistas, estructuralistas y marxistas, con interpretaciones y expresiones muy diversas, transitaron incluso ortodoxias, yuxtaposiciones y superposiciones, que no siempre exhibieron con nitidez sus marcos teóricos ni en las bibliotecas ni en la práctica, tampoco pidieron permiso para imponerse, sino que se deslizaron silenciosamente como verdades inobjetables entre las fórmulas de sus modelos discursivos a espaldas de sociedades colonizadas, sin saberlo, por modelos ideológicos. Eso se hizo más patente -y cruel- en no pocos espacios de formación o educación que, en todos los niveles, propagaron bibliografías, investigaciones, tesis y congresos animados más por sus urgencias doctrinarias y comerciales que por consolidar cuerpos científicos para democratizar la comunicación democratizándose ellos mismos. 

 No hay espacio aquí para una descripción crítica y profunda del funcionalismo, del estructuralismo y del marxismo, con sus versiones y representantes más influyentes, pero existen referencias documentales que han sabido mirar, en su conjunto, las repercusiones de las tesis y las disputas de estos tres ejes teórico-metodológicos no exclusivos pero predominantes en materia de comunicación. MacBride, desde luego, percibió las diferencias y desacuerdos de la Comisión, pero destacó: “A pesar de esas divergencias, no hubo un solo miembro de la Comisión que no estuviese convencido de la necesidad de efectuar reformas de estructura en el sector de la comunicación y de que el orden actual es inaceptable”.

 En un nuevo informe, con una nueva comisión más amplia, más duradera, más plural, más combativa y menos “diplomática”, hoy serán inexcusables las contribuciones explícitas y programáticas de los millones de voluntades emancipadores que en materia de comunicación buscan organizarse y van empoderándose, poco a poco, desde los frentes de lucha de los pueblos originarios en todo el planeta; las revoluciones de género en plena batalla cultural, económica y política; los movimientos obreros y campesinos; las luchas estudiantiles, científicas y artísticas contra las hegemonías ideológico-formales y, con urgencia, los frentes combativos por el rescate del planeta y de la vida. El nuevo orden económico y el nuevo orden de la comunicación y la información, indivisibles y como producto de las luchas sociales.

 Fernando Buen Abad Domínguez | 14/04/2023

Homenaje de AEBU a todos los Primeros de Mayo en Uruguay

Carta abierta al embajador de Estados Unidos en Venezuela

Sr. Embajador James Story: 

 Me complace saber que la nueva política del gobierno de Estados Unidos incluye la posibilidad de levantar las sanciones económicas a Venezuela, una vieja práctica de Washington desde principios del siglo XX y que consistió en arruinar economías de países con gobiernos independientes o no alineados. Como fue el caso de Chile, cuando las sanciones contra el gobierno democrático de Allende fueron levantadas sólo cuando el complot de Washington y la CIA lograron destruir aquella democracia en su 9/11 de 1973 para reemplazarla por la brutal dictadura de Augusto Pinochet. Sólo entonces las sanciones fueron reemplazadas por millonarias ayudas para producir el promocionado “Milagro chileno”, que ni así evitó varias crisis económicas y sociales. Los ejemplos son múltiples, pero no voy a entrar en más detalles. Lo bueno es que sus responsables nunca, jamás van a enfrentar alguna corte nacional o internacional por sus crímenes de lesa humanidad. La justicia es para los pobres y para los perdedores. 

 Como usted sabe, en 1989 la población venezolana salió a las calles para protestar las políticas de su gobierno, el que intentaba implementar lo que luego se conoció como la doctrina del Consenso de Washington. Cientos de personas (probablemente miles) fueron masacradas por las fuerzas de represión, pero el presidente George H. Bush no bloqueó ni castigó al gobierno venezolano con sanciones sino que, por el contrario, salió al rescate del presidente Carlos Andrés Pérez con una ayuda multimillonaria y con el compromiso de radicalizar las mismas medidas contra las cuales protestaba la población. 

 Según economistas como Jeffrey Sachs, las actuales sanciones contra el pueblo de Venezuela son responsables por la muerte de decenas de miles de venezolanos y, en parte, de los millones de emigrados. Entiendo que la guerra contra Rusia y los más recientes acuerdos de paz propiciados por China entre otros dos grandes productores de petróleo, Arabia Saudita e Irán, hacen necesario y urgente una reconsideración sobre el caso de Venezuela. 

 Pero hablemos de democracia, que es lo que importa. Recientemente usted realizó una declaración oficial urgiendo a los venezolanos a registrarse a votar en las próximas elecciones. Una idea que apoyamos casi todos. Pero que lo diga usted y de forma oficial representa una vieja historia de dos siglos que América latina ha debido sufrir por las injerencias de los gobiernos y las corporaciones privadas de Estados Unidos.

 En los años cuarenta, unos de los países más alejados de la influencia geopolítica de Estados Unidos y uno de los más rebeldes y detestados por eso mismo, según los diplomáticos de Washington de la época, era Argentina. Su independentismo y su falta de obediencia motivaron las intervenciones políticas del embajador estadounidense de la época, Spruille Braden. Con su injerencia en la campaña electoral de 1945, Braden inventó el anti peronismo antes que naciera el peronismo. Casos similares podemos mencionar por decenas y usted lo sabe. En geopolítica se cumple la Tercera ley de Newton, aunque nunca en la misma proporción. Casi siempre la acción aplasta la reacción con alguna dictadura colonial, pero a veces ocurre lo contrario y se llama revolución. 

 En su comunicado del 27 de abril, usted les advirtió a los venezolanos que el gobierno del señor Maduro intentará convencerlos de no votar. Usted también calificó a algunos representantes de la Asamblea Nacional como “alacranes”, quienes usan diferentes siglas políticas para dividir votos.

 ¿Se imagina usted si se aplicase la regla de oro de las relaciones internacionales, el principio de reciprocidad, y el embajador de algún país latinoamericano se dirigiese a los estadounidenses en un mensaje oficial para favorecer a republicanos o a demócratas? ¿Imagina si alguno de ellos le pidiese a los estadounidenses democratizar el sistema electoral eliminando el Colegio Electoral, herencia del sistema esclavista, como tantas otras cosas? ¿O el desproporcionado sistema que asegura dos senadores por estado, sin importar que unos estados tengan cuarenta veces la población de otros? ¿O que los ciudadanos estadounidense de la colonia de Puerto Rico se movilicen para reclamar el derecho a voto? ¿O que las corporaciones dejen de escribir las leyes en los congresos y que dejen de donar cientos de millones de dólares a los candidatos en cada elección? ¿Se Imagina? 

 Pese a todo, sería menos grave, considerando que nunca hubo un país latinoamericano que invadió Estados Unidos, que le quitó la mitad de su territorio, que derribó varios gobiernos e instaló dictaduras militares para proteger las empresas privadas latinoamericanas. ¿Usted conoce algún ejemplo? No, ¿verdad? Pero si se diese ese caso hipotético no sólo ese embajador perdería su puesto, sino que, de ser el embajador de Bolivia o de Venezuela el mundo ya estaría esperando “un cambio de régimen” o un nuevo bloqueo. 

 Por si fuese poco, usted le pidió a los venezolanos “hablar con sus vecinos” porque “se puede ganar las elecciones”. No es que esto sea algo nuevo en la trágica historia de América Latina que, como usted sabe y mucho mejor saben los latinoamericano, cuya vieja y nueva memoria está regada de trágicas injerencias, golpes de Estado y sangrientas “dictaduras amigas” apoyadas por Washington y las corporaciones que tienen más poder que usted y que cualquier otro embajador. Tal vez lo nuevo es que ya ni siquiera se disimula o se lo niega, como solía hacerlo, por ejemplo, el Sr. Kissinger. 

 ¿Cuándo vamos a entender que es del interés del pueblo estadounidense y latinoamericano dejar de fabricar enemigos con estas injerencias paternales, arrogantes y contra principios elementales de las relaciones internacionales? 

 ¿Cuándo vamos a dejar de representar intereses especiales y pensar, en serio, en el bien común de los pueblos, libres e independientes? 

 ¿Cuándo vamos a entender que no sólo es más justo y menos trágico, sino hasta más económico hacer amigos que enemigos, que la “seguridad nacional” pasa por lo primero, no por lo segundo? 

 ¿Cuándo vamos a dejar de ver al mundo como una película de indios contra cowboys, de superhéroes contra villanos, de policías contra ladrones donde nos arrogamos siempre el papel de cowboys, policías y superhéroes olvidando la trágica historia que originó “los chicos malos” mientras el mundo nos va dejando cada vez más solos?

 ¿Cuándo vamos a cambiar nosotros para hacer de este mundo un lugar más justo, con más acuerdos equitativos y menos guerras supremacistas? 

 ¿Cuándo vamos a dejar de controlar la vida de los demás en nombre de viejas y bonitas excusas y dedicarnos a arreglar nuestros propios problemas nacionales que cada día son más y más graves? 

 ¿Es que solo aceptamos que el mundo cambie (y, como siempre, se adapte a nuestras exigencias) y nosotros no? 

 ¿Hasta cuándo seguiremos fracasando con estilo mientras pretendemos darle lecciones al mundo de libertad, de democracia, de derechos humanos, siempre a la fuerza de sanciones económicas cuando no de conocidos bombardeos? ¿Hasta cuándo vamos a dar lecciones de cómo vivir cuando ni nosotros sabemos cómo hacerlo? 

 Atentamente, 

 Jorge Majfud. Abril 2023.

Drones de la OTAN sobre el Kremlin

Los drones que lanzaron explosivos sobre el Kremlin el jueves pasado fueron atribuidos por los círculos de la OTAN a una operación de bandera falsa por parte de Putin, como un pretexto para desencadenar una renovada ola de ataques de Moscú contra la infraestructura civil y militar de Ucrania en vísperas de la anunciada “contraofensiva”. La operación tuvo lugar cuando la OTAN anuncia que ha completado el 96% de los preparativos de una “contraofensiva” para desalojar al ejército de Rusia de los territorios del este y sur de Ucrania. Convenientemente, mientras se desarrollaba el ataque a la sede del gobierno de Rusia, el presidente de Ucrania se encontraba de visita en Finlandia. Zelensky continuó viaje a La Haya, en los Países Bajos, y buscaría sorprender con su presencia en la ceremonia de coronación de Carlos III del Reino Unido. Para algunos, la bandera falsa tendría el objetivo de bloquear las tratativas inciertas entre Pekín y Kiev. 

 Desde el inicio mismo de la guerra, Estados Unidos dejó en claro que una victoria de la OTAN estaba condicionada a un derrocamiento de Putin y a la instalación de un gobierno dispuesto a discutir la rendición de Rusia. Así lo señaló, en forma explícita, Joe Biden, en un discurso a una brigada de intervención de Estados Unidos instalada en Polonia. Es una alternativa que se desprende mecánicamente del rechazo a negociar un acuerdo que suspenda las hostilidades y establezca negociaciones de conjunto. Con esta finalidad, la OTAN estableció un régimen excepcional de sanciones económicas contra Rusia, sin importar su impacto en el comercio de numerosas naciones ajenas al conflicto. Las sanciones han provocado un retiro del mercado de deuda de Estados Unidos por parte de numerosos países y un acrecentamiento de las reservas en oro de los principales Bancos Centrales. El pivot de esta guerra económica afecta a naciones como China, India, Brasil, Indonesia o Singapur. 

 Hace pocos meses hubo, en efecto, una operación de falsa bandera cuando Zelensky atribuyó a Rusia la caída de misiles en el este de Polonia, que enseguida se reconoció que habían sido lanzados por Ucrania, accidentalmente o no. Una investigación del célebre periodista norteamericano Seymour Hersh puso al desnudo que los explosivos que dañaron al NordStream 2, un gasoducto que debía conectar a Rusia con Alemania, fue una operación combinada de Estados Unidos y Dinamarca. Lo mismo ocurrió con los explosivos colocados en el puente más largo del planeta, que une territorio ruso con Crimea. Más recientemente fue atacada la base naval de Sebastopol, ubicada en esa península, la más importante de la marina de Rusia. La extraterritorialidad de la base, ubicada en territorio ucraniano cedido por la Unión Soviética, fue reconocida en los acuerdos internacionales que siguieron a la desvinculación de Ucrania de la ex URSS. Con esta consideración, se puede decir que el ataque a la base ha sido a un territorio de Rusia. Una de las finalidades expresas de la “contraofensiva” de la OTAN, que debería comenzar antes del inicio del verano norteño, es precisamente cortar el corredor que une a los territorios ocupados por Rusia con la península de Crimea y la base de Sebastopol. Lejos del relato que lo aleja de la guerra, el territorio de Rusia está integrado a su escenario. Los drones con explosivos sobre la Plaza Roja constituyen una advertencia. 

 La llamada “contraofensiva”, cuyas primeras operaciones ya han tenido lugar en la provincia de Kherson, adolecería de fuertes limitaciones, según lo han puesto en evidencia los documentos filtrados recientemente del Pentágono. Una insuficiencia en cuanto al material bélico como a los recursos humanos. Un empantanamiento de la “contraofensiva” podría dar lugar a una mesa de mediadores, como reclaman Xi Jinping y Lula, pero también a una escalada militar. Para algunos comentaristas, la admisión de una salida negociada golpearía duramente la continuidad del gobierno de Biden. Una escalada supone la provisión a los contingentes ucranianos de aviación, misiles de largo alcance y naturalmente un arsenal de drones. 

 Más allá de las imputaciones que se prodigan unos y otros acerca de la responsabilidad de la operación, la llegada de dos drones de la OTAN al centro de Moscú deja al descubierto nuevas falencias de inteligencia y de organización por parte del gobierno de Putin. La burocracia reaccionaria de Putin no ha pensado nunca en enfrentar a la OTAN por medio de una confraternización con las masas ucranianas; por el contrario, ha apoyado a todos los gobiernos restauracionistas de la oligarquía de Ucrania. Putin enfrenta a la OTAN por medio de una política de represalias militares, bombardeos indiscriminados, la acción de mercenarios privados y la represión al interior de Rusia. Rusia celebra el próximo martes un aniversario de la derrota del nazismo, por parte del Ejército Rojo, pero Putin no empalma con esta tradición revolucionaria, porque su credo, repetido hasta hartazgo, no es la reconstrucción de la URSS sino del Imperio Zarista. 

 Jorge Altamira

 05/05/2023

Quiebra el First Republic Bank y se extiende la crisis bancaria

¿Y por casa como andamos? 

 La crisis bancaria internacional sigue su curso y tras la quiebra del Silicon Valley Bank cae ahora también el First Republic Bank, el segundo mayor banco en quebrar en la historia de Estados Unidos, por detrás de Washington Mutual en 2008. Frente al constante aumento de tasas de interés por parte de la FED, que ha hecho caer el valor de mercado de los bonos públicos que están en poder de los bancos, se desatan corridas bancarias en la que los clientes retiran sus depósitos por miedo a la insolvencia, hasta que la entidad no pudo hacerle frente a esa demanda. En tanto, el gobierno ha llamado a una subasta de emergencia y el banco JP Morgan decidió asumir la compra del quebrado. 

 El dato más notorio es que, después del colapso del SVB, el gobierno estadounidense y la FED armaron un esquema para evitar que más bancos quiebren. El mismo consiste en que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos garantiza el efectivo para que los bancos puedan responder al retiro de los depositantes (tomando créditos cuya garantía son los propios bonos públicos desvalorizados) de manera de despejar temores para desincentivar la corrida. Además, el First Republic había recibido un fondo aportado por los principales bancos Estados Unidos, entre ellos el JP Morgan, de 30 mil millones de dólares. Todo el plan de rescate fracasó. 

 Ahora el Estado yanqui facilitó la compra por parte del JP Morgan, ya que por un lado flexibilizó las leyes que impiden a bancos muy grandes absorber a otros, y por otro porque la Corporación de Seguros se hizo cargo de enormes pérdidas. Desde la quiebra del Silicon Valley hace un mes y medio, ese fondo -que se presenta como el seguro para evitar el colapso del sistema bancario norteamericano- ya perdió más de la cuarta parte. 

 Pero parece que la crisis no termina acá. El PacWest Bancorp está generando preocupación por una posible quiebra. La entidad percibió caídas del 35% en Wall Street tras informar sus ganancias del cuarto trimestre del 2022. Es la confirmación de que estas quiebras no son “casos aislados de bancos en condiciones muy particulares”, como quieren hacer creer algunos analistas, sino que tiene como telón de fondo la desaceleración de la economía mundial y la caída de las tasas de ganancia. 

 Argentina no es inocua a estos cimbronazos y además atraviesa una situación similar. Hoy por hoy, el 70% de los activos bancarios están puestos en títulos públicos, algo que se agrava producto de la política fondomonetarista del gobierno del Frente de Todos -que consiste en financiarse con endeudamiento para evitar la emisión monetaria. Lo más grave es que para adquirir las Leliqs y pases del Central y ciertos títulos del Tesoro (Lelites, etc.) los bancos utilizan parte de los encajes, que es dinero que debería estar inmovilizado en el BCRA como garantía a los ahorristas. 

 Las presiones devaluatorias hacen que los depositantes tiendan a retirar su dinero para correr hacia el dólar. La banca privada, frente a la desconfianza de que el Estado pueda asumir el pago de la deuda por su carácter explosivo, se presenta reticente a entrar en los canjes, lo que ubica al default a la vuelta de la esquina. Esto allanaría el terreno para que los bancos se retiren con los depósitos de los ahorristas y así se generaría un nuevo corralito. 

 Por este motivo se estableció como zanahoria un seguro que obliga al BCRA a salir a comprar los bonos del Tesoro en caso de que caiga su cotización en el mercado, para que los tenedores se desprendan de ellos sin exponerse a las pérdidas. Es una política de rescate parecida a la que puso en práctica la Reserva Federal norteamericana, que de esta manera blinda a la banca de todo riesgo en sus negocios con la especulación financiera. 

 La diferencia es que, para poder rescatar a la banca, en un contexto de permanente aumento de tasas de interés en Argentina, el BCRA tendría que encausar una enorme emisión que empujaría la inflación, incentivaría la corrida cambiaria y pondría en jaque el pago de sus letras, que fueron adquiridas mediante encajes. Así, una crisis de deuda soberana desataría con seguridad una corrida bancaria. 

 La dolarización que propone Milei agravaría el cuadro porque se requiere la dolarización de toda la base monetaria (incluyendo los depósitos) y las deudas expresadas en pesos, para lo cual sería necesario una emisión de bonos en dólares para cambiar toda la deuda en moneda local del BCRA y del Tesoro por títulos con jurisdicción de Nueva York u otros grandes centros financieros. La experiencia ya ha demostrado que los tribunales neoyorquinos han fallado siempre en beneficio de los acreedores y avanzado en el embargo de cualquier bien que esté vinculado al Estado nacional, como sucedió con los fondos buitre, por lo que la dolarización solo aseguraría la profundización total del saqueo. Además, el contexto de crisis financiera y suba de tasas de interés a nivel internacional aleja toda perspectiva de una atracción masiva de capitales a la Argentina. 

 Queda claro que los Estados capitalistas son los que garantizan que los especuladores se la lleven en pala, a costa de enormes penurias para la población. La crisis financiera que azota al mundo promete profundizarse al ritmo de la del fracaso de los regímenes democráticos y del propio derrumbe del capital. La única forma de reorientar este destino es que los trabajadores, que son los que producen la riqueza de cada país, tomen el gobierno en sus manos y echen a todos los políticos capitalistas que nos trajeron a esta debacle. 

 Camila García

Las elecciones paraguayas, un balance

El 30 de abril fueron las elecciones Las elecciones paraguayas consagraron como presidente a Santiago Peña, del Partido Colorado, con el 42.7% de los votos. El oficialismo conquistó también una cómoda mayoría en las dos cámaras del parlamento y 15 gobernaciones de 17. 

 El voto opositor se dividió. Efraín Alegre, candidato de la Concertación Nacional (integrada por el Partido Liberal y un sector del Frente Guasú, entre otros), obtuvo un 27.4%, un desplome de 15 puntos respecto a su presentación anterior. “Payo” Cubas, del Partido Cruzada Nacional, se transformó en la gran sorpresa de la elección, al lograr el tercer puesto con el 23%. El resto de las listas obtuvieron menos del 2% de los votos. Entre ellas, la de Euclides Acevedo (un exministro del presidente saliente Mario Abdo Benítez, apoyado por un ala del Frente Guasú) y la del ex arquero de Vélez Sarfield, José Luis Chilavert. 

 Cubas denunció tras los comicios un fraude electoral e impulsó cortes de ruta y protestas de sus seguidores frente al tribunal electoral. Estas protestas fueron reprimidas y hubo 80 detenciones. También Alegre y Acevedo reclamaron una apertura parcial del 10% de las urnas, ante las sospechas de irregularidades. 

 De todas maneras, Peña ha sido rápidamente saludado como nuevo mandatario por los gobiernos vecinos (Argentina, Brasil y Uruguay) y por el presidente yanqui Joe Biden, quien declaró que espera que continúe la “cooperación” entre ambos gobiernos. 

 Vale señalar aquí que la campaña transcurrió en medio de las denuncias y sanciones de Washington contra el expresidente Horacio Cartes (padrino político de Peña) y el vice Hugo Velásquez, a los que incluyó en un listado de “corrupción significativa”. Estas denuncias forman parte de un operativo de presión de los yanquis para mantener sus intereses en la zona, que incluyen el plan de navegabilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná, de la que quieren mantener lejos a China. Y la potencial apertura de una base militar en la triple frontera. 

 El nuevo presidente

 Peña trabajó para el FMI, fue titular del Banco Central y ministro de Hacienda de Cartes. Aunque ha reconocido los altos niveles de pobreza que tiene Paraguay, no se puede esperar de él más que un continuismo con las políticas que viene aplicando hace décadas el Partido Colorado, en favor de la oligarquía terrateniente que concentra el 85% de las tierras del país. 

 En el plano de la política exterior, Peña anticipó algunas definiciones: no romperá relaciones con Taiwán; buscará trasladar la embajada paraguaya israelí a Jerusalén (un gesto al sionismo); y probablemente restablezca relaciones con Venezuela -los lazos se rompieron cuando el gobierno de Abdo Benítez reconoció a Juan Guaidó.

 La cuestión de Taiwán fue objeto de discusiones en la campaña. El candidato de la Concertación planteó una revisión del reconocimiento diplomático de la isla, en función de un desarrollo de la exportación de carne y soja a China. La Asociación Rural viene haciendo lobby en esa dirección. El gigante asiático es en la actualidad la principal fuente de importaciones de Paraguay, pero las exportaciones requieren una triangulación a partir de terceros países. 

 Estados Unidos exhortó a que se mantengan los lazos con Taiwán, como un modo de evitar la penetración china en la región. Las declaraciones post-electorales de Peña apuntan a llevar tranquilidad a la Casa Blanca. 

 En cuanto a Venezuela, la cuestión es puramente pragmática: la intentona de Guaidó fracasó, al punto que éste ha quedado completamente desplazado, incluso como cabeza de la oposición venezolana. “El único presidente en Venezuela es Maduro”, se resigna Peña. 

 El fenómeno Cubas

 La gran elección de Payo Cubas merece un análisis especial. Aunque tiene una trayectoria como funcionario, es visto como un outsider. Conquistó en 2018 una banca en el Senado, pero fue expulsado de la cámara un año más tarde, tras protagonizar un altercado con otro senador. 

 Cubas hizo una campaña muy crítica de la corrupción y los partidos tradicionales, atacando tanto a colorados como liberales. En el plano social, cuestionó a los latifundistas que se han robado las tierras campesinas, en especial a los terratenientes brasileños (que poseen un 15% del territorio paraguayo). También defendió los procesos de recuperación de tierras. No obstante, en cuanto a propuestas, se limitó a plantear un incremento del impuesto a la soja y reformular la categoría de “latifundio” (considerarlo como tal a partir de 5 mil hectáreas), para lograr una mayor recaudación impositiva. No habla de expropiación. 

 Estos planteos en materia agraria se combinan con una reivindicación expresa del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su política de “mano dura” contra el delito que ha barrido con las libertades democráticas. Cubas prometió un estado de excepción durante todo su mandato y la presencia de policías y militares en las calles. Además, propuso introducir la pena de muerte a condenados por corrupción y otros delitos. En cuanto a cuestiones civiles, se muestra como un tradicionalista: se opone al aborto legal y al matrimonio igualitario.

 Por sus planteos represivos y sus críticas a la “casta política”, algunos lo comparan a Javier Milei. Pero, a pesar de estas coincidencias con el dirigente “libertario”, esgrime un planteo de aumento de impuestos a los dueños de la tierra. Otros lo tildan de Bolsonaro paraguayo, pero más allá de compartir una agenda represiva y tradicionalista, Cubas lleva a cabo una fuerte agitación contra los hacendados brasileños -que los medios de ese país denuncian como xenófoba. 

 La candidatura sui generis y disruptiva de Cubas terminó canalizando un malestar creciente ante el alza de la pobreza y ante el régimen político (hundido en la corrupción, el contrabando y el narcotráfico). La ausencia de una referencia política nacional de la izquierda facilitó este ascenso. El Frente Guasú terminó dividido entre dos candidaturas patronales que fracasaron. Una izquierda seguidista de la burguesía es funcional al crecimiento de estos personajes. 

 La nueva etapa que se abre en Paraguay deja planteada la necesidad de una fuerza política independiente de las masas obreras y campesinas. 

 Gustavo Montenegro

1° de Mayo 2023 · Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores

Uruguay: el gobierno impone la reforma jubilatoria

En medio de un paro general y una movilización de repudio, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el martes 25 una reforma previsional que eleva la edad de retiro de 60 a 65 años, rebaja los haberes (debido a un nuevo método de cálculo) y obliga a todos los trabajadores a afiliarse a las Afap (administradoras privadas), entre otros puntos perjudiciales. 

 El proyecto se aprobó con el voto favorable de la coalición oficialista. El Frente Amplio votó en contra de la iniciativa en general, pero apoyó en el debate en particular algunos artículos de la norma que consideró progresivos. A la vez, en el debate en la comisión especial de ese cuerpo, se hicieron algunos cambios a la norma original: que las Afap no puedan invertir los aportes en el exterior, y tomar para el cálculo de haberes los mejores 20 años de labor, en lugar de los mejores 25 (actualmente se considera los últimos 10 años o los 20 mejores, según elección del trabajador), a pedido del Partido Colorado y Cabildo Abierto, socios del presidente Luis Lacalle Pou.

 El proyecto aprobado vuelve ahora al Senado, donde será ratificado por la mayoría oficialista. Luego de ello, Lacalle Pou puede promulgar la ley. 

 La elevación a los 65 años se irá aplicando en forma paulatina. Los nacidos en 1975 ya se retirarán a esa edad, en tanto cuenten con 30 años de aportes. Se mantiene la jubilación a los 60 (con 30 años de aporte) para algunas actividades con “alto grado de esfuerzo físico” (como rurales y construcción). 

 El sistema previsional uruguayo es mixto. Los trabajadores aportan al estatal Banco de Previsión Social (BPS) y pueden o deben (si ganan más de 71 mil pesos uruguayos) aportar también a una administradora privada. 

El aporte obrero es del 15% del sueldo (el doble que el aporte patronal, ya que se duplicó durante el gobierno del Frente Amplio). Con los cambios establecidos ahora, todos los trabajadores, sin importar su salario, deben afiliarse a una Afap. Un nuevo negocio para la jubilación privada. 

 La reforma jubilatoria despertó de entrada un amplio rechazo de la población trabajadora uruguaya, pero el gobierno de Lacalle Pou logró abrirse paso debido a la política conciliadora del Frente Amplio (FA) y la dirección del PIT-CNT, la central sindical charrúa.

 El asunto estaba en agenda desde fines de 2021, cuando una comisión de “expertos” formuló el texto de reforma, a pedido del presidente. En mayo de 2022, la presentó a representantes de su coalición. A fines de julio, la dirección del FA recibió en su sede al mandatario, que entregó la propuesta por escrito. El dirigente de la coalición opositora, Fernando Andrade, prometió entonces “tratar el tema con responsabilidad” (Página 12, 2/8/22) y convocó su propia comisión de expertos. 

 Mientras el gobierno avanzaba a paso firme, el FA planteó que era necesaria “otra reforma”, un llamado infructuoso a la negociación. Ya en ocasión del debate de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la conducción del FA había reprochado al Ejecutivo la falta de normas consensuadas. “Nos tenemos que sentar a buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad”, sostuvo entonces Andrade (El País, 23/3/22). 

 Recién en noviembre de 2022, cuando el asunto se discutía ya en el Senado, la dirección del PIT-CNT convocó la primera medida de fuerza. Entre esa fecha y el último paro, fueron tres los ceses de tareas con movilización, dos de ellos de carácter parcial. En el parlamento, en tanto, los dirigentes sindicales hicieron un llamado al “diálogo social”. 

 Con la norma ya aprobada en las dos cámaras, dirigentes del PIT-CNT afirmaron que examinan la viabilidad legal de un plebiscito o referéndum de derogación (para cuya convocatoria se requeriría la recolección de firmas de una parte del padrón electoral), pese a que aún está fresco el recuerdo de la derrota en el referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC), una norma ómnibus de Lacalle Pou que cercenó el derecho de huelga, reforzó las atribuciones de la policía y avanza en el ajuste fiscal.

 Para derrotar las políticas de ajuste y ataque a las libertades democráticas de Lacalle Pou, empezando por la reforma previsional, la cuestión primordial pasa por organizar un plan de lucha progresivo, abandonando la línea de contemporización con el gobierno. 

 Gustavo Montenegro

PARO GENERAL 24/4 · Oratoria contra la reforma jubilatoria

1° de Mayo · A 40 años del Primero de Mayo del '83