Entre los principales expositores estaban el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, el diputado irlandés Richard Boyd Barrett, el médico británico-palestino y rector de la Universidad de Glasgow Ghassan Abu-Sitteh, el experto en Palestina de 86 años Salman Abu Sitta, antiguo miembro del Consejo Nacional Palestino, el cineasta judío Dror Dayan y el periodista palestino Hebh Jamal. Antes de comenzar el Congreso, a Yanis Varoufakis y a Abu-Sitteh, quien trabajó en el hospital Al-Shifa de Gaza tras el comienzo de la guerra, se les denegó la entrada en el aeropuerto de Berlín.
El mismo viernes en que debía comenzar el congreso, 900 policías rodearon el lugar y solo dejaron pasar a 250 personas a pesar de que el espacio estaba habilitado para albergar a 1.000. Los que quedaron afuera fueron dispersados, e incluso resultaron detenidos judíos antisionistas que portaban inconfundibles quipás.
El Congreso sólo pudo comenzar tras un largo retraso, con policías armados dentro de la sala. El pretexto para su disolución fue entonces una videoconferencia de Salman Abu Sitta, palestino expulsado en el 48, a quien también se había negado la entrada al Congreso.
Entonces la policía irrumpió violentamente en la sala de control y cortó la electricidad y las luces para interrumpir la retransmisión en directo desde el Congreso. Media hora después ordenó a los participantes que desalojaran sin dar explicaciones. Más tarde, justificaron su arbitrariedad argumentando el peligro de que los oradores pudieran negar el Holocausto o glorificar la violencia.
En los días previos los medios de comunicación y un amplio arco político habían operado contra "el congreso antisemita".
Una 'Alianza contra el Terrorismo Antisemita' de todos los partidos, que abarca a políticos desde la derechista Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana hasta el partido La Izquierda, declaró que se esperaba que el Congreso 'difundiera el odio antisemita' y que Berlín no debería convertirse en 'el centro de la glorificación del terrorismo'.
En Alemania están prohibidas las movilizaciones contra Israel, todo aquel que se manifieste contra el genocidio de los palestinos en Alemania es denunciado como antisemita. Se detiene a los manifestantes, se censuran arbitrariamente las consignas. Se cancelan las invitaciones a artistas, se despide a académicos como a Nancy Fraser y se expulsa a estudiantes de las universidades. La mayoría de ellos son judíos, ya que son de los pocos que se animan a desafiar al macartismo prosionista. Sin embargo, la resistencia crece. Según una encuesta, el 69 por ciento de la población alemana rechaza la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.
La condena histórica al Holocausto es utilizada para equiparar el antisionismo al antisemitismo en una maniobra pérfida que utiliza a las víctimas de un genocidio, el perpetrado por los nazis, para encubrir y promover otro, perpetrado por el sionismo, hoy día. Y el argumento es doblemente pérfido cuando, en Alemania, los partidos de extrema derecha realizan sus mítines libremente pregonando el odio por los inmigrantes, mientras, hacía afuera, el gobierno sigue financiando a los nazis ucranianos, quienes no tienen reparos en mostrar sus esvásticas en su guerra contra Rusia.
Esta operación, que en Alemania puede llegar más lejos debido a su responsabilidad en el Holocausto, se lleva a cabo en muchos países con diferentes niveles de éxito. Se trata de una operación impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) con el objetivo de lograr un velo de impunidad sobre las violaciones sistemáticas realizadas por Israel al derecho internacional. En Argentina lograron que la Legislatura portera y la Legislatura de Entre Ríos asumieran la definición de "Antisemitismo" de la Alianza, la cual incluye cualquier denuncia contra el Estado de Israel.
Alemania es responsable
A pesar de su retórica antigenocida, el gobierno alemán no puede escapar de las nuevas acusaciones que le caben en la materia. El 8 y 9 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya celebró las audiencias sobre el caso presentado por Nicaragua acusando al Gobierno alemán de violar la Convención sobre Genocidio de Naciones Unidas y otros tratados internacionales de los que Alemania es signataria.
Según la demanda, Alemania no ha hecho nada para evitar el genocidio en Gaza. En cambio, ha suministrado ayuda a Israel, incluyendo equipo militar, que se ha empleado en perpetrarlo. Se ha rehusado a procesar o castigar a personas que han cometido crímenes graves contra el derecho internacional, y en una violación aún mayor de sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, ha dejado de apoyar financieramente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, en inglés).
Según un nuevo estudio de la agencia de investigación Forensis, Alemania es el segundo proveedor de armas de Israel, por detrás de Estados Unidos. En los últimos cinco años, ha representado el 30 por ciento de todas las importaciones de armas israelíes, y el año pasado incluso el 47 por ciento.
La venta de armas a Israel aumentó al mismo ritmo que la escalada en Gaza, aun cuando las Naciones Unidas ya se habían pronunciado por un alto al fuego.
Alemania también es el segundo vendedor de armas a los nazis ucranianos y les envió dos batallones de apoyo.
Si bien las sentencias de la CIJ son vinculantes para Alemania, el tribunal no tiene medios para hacerlas cumplir, e Israel ha dado varias pruebas de que el derecho internacional no es igual para todos.
Ni a los gobiernos de Alemania ni de Israel les importa el bienestar de los judíos, como lo demuestran los judíos antisionistas que son reprimidos en ambos países en nombre de la lucha contra el antisemitismo. De lo único que se trata, es de lograr algún acompañamiento de la opinión pública mundial para reprimir la reacción popular mientras se pertrecha al imperialismo para una guerra de escala mundial.
Luciana Diaz
16/04/2024
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