El encuentro del 'Comando' se realizó en los primeros días de julio con la participación de la Asamblea Nacional de los Pueblos, la Federación de Pueblos Jóvenes, la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, Macro Norte, Macro Sur, Macro Centro y Construcción Civil. El Comando se encuentra integrado por 46 dirigentes en representación de todas las regiones del país.
Los reclamos que llevará la movilización incluyen el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. También se reclamará por la libertad de los detenidos y por justicia para asesinados por el Ejército y la policía en las protestas de febrero pasado.
La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú aseguró que habrá un total de 30.000 ronderos en la Toma de Lima. Dirigentes sociales de las regiones de Piura, Cusco, Arequipa y Apurímac aseguraron al diario La República que hace algunos días comenzaron a viajar a la capital numerosas delegaciones desde el norte y el sur del país y que se realizarán paros totales con cortes de vías el 19 en las respectivas regiones. La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, que agrupa a más de una decena de organizaciones, convoca a parar el 19. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se manifestó a favor de la protesta, pero no convocó al paro, al igual que Fenate, el gremio docente fundado por Castillo en 2017. El presidente de la Unión Nacional de Transportes afirmó que "en principio, no la vamos a apoyar (la protesta). Pero igual tenemos que esperar el consenso de todas las regiones porque hay una parte del sur que quiere sumarse”. El colectivo Ágora Popular sostuvo que el 95% de trabajadores de Gamarra, el mercado de ropa más grande de Sudamérica, estarán presente en las protestas.
El diario El Sol de Lima afirmó que “se podría decir que hay pánico generalizado, no solo en el Ejecutivo, sino también entre los cuestionados parlamentarios”. Sin embargo, el gobierno ha salido a minimizar el alcance que tendrán las protestas. El ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que esperan una movilización de no más de 2000 personas. Días después, ascendió la cifra a 4000. Eso no le impidió prorrogar durante 30 días el estado de emergencia en las principales rutas nacionales y anunciar el despliegue de 24.000 efectivos policiales para hacer frente a las protestas.
El gobierno ha creado un clima verdaderamente bélico alrededor de las protestas y, desde su anuncio, se lanzó a una campaña de amenazas y amedrentamiento permanente. La municipalidad de Lima anunció que las fuerzas represivas contarán con “3 mil cámaras de seguridad a disposición de las autoridades” además de “un software por el cual se puede identificar personas”. El primer ministro Alberto Otárola invocó a “las autoridades a aplicar, conforme a ley, el uso legítimo de la fuerza” y se anunció “la dotación de fondos extra a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal anunció que "vamos a trabajar en aplicación al Decreto Legislativo 1186, que dice uso progresivo y gradual de la fuerza”. El ministro del Interior, Vicente Romero, sostuvo que la Policía elaboró un plan de operaciones a nivel nacional con más de 24 mil efectivos policiales. La Policía Nacional Peruana (PNP) anunció que realizará un registro de las personas que ingresen a Lima para participar en protestas. Otárola reforzó que “todos los ciudadanos (que lleguen a Lima) serán identificados para tener un registro e impedir que ingresen a delinquir”. Las detenciones se vienen produciendo con varios días de anticipación a la movilización, a partir de “controles policiales” que impiden la llegada de los manifestantes a la capital peruana.
El diario La República asegura que “diversas organizaciones, gremios, sindicatos, colectivos, entre otros, han anunciado su participación en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte” y “hasta el momento se ha confirmado que un total de 21 regiones tomarán parte en las protestas programadas para el 19 de julio en Lima”. La jornada cobrará dimensión nacional, ya que “varios gremios han confirmado que marcharán en sus respectivas ciudades de origen para exigir la renuncia de Dina Boluarte”. Debido a la gran presión de las bases, la directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció que se adhieren a la movilización del 19, pero su secretario general aseguró que se garantizará el normal desarrollo de las clases en las escuelas.
Por otra parte, la Universidad Federico Villareal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han suspendido las clases del 17 al 27 de julio, debido a las protestas anunciadas en Lima. En la Primera y la Segunda Toma de Lima, los estudiantes universitarios habían participado activamente de las protestas y la policía ingresó por la fuerza a las sedes estudiantiles, donde detuvieron a decenas de personas.
El Gral. PNP Víctor Zanabria, director Nacional de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, dijo que “la población de Lima (…) a través de sus organizaciones sindicales y gremiales, comerciantes y transportistas no van a participar en ningún paro. Esto evidencia que el desacuerdo con estos planteamientos violentos de unas personas va a minimizar la cantidad de manifestantes que posiblemente puedan llegar a tres mil o cuatro mil personas”. La burocracia sindical ha salido al cruce de sus propias bases que se manifestaron a favor de participar de la Toma de Lima. René Delgado, representante de Alianza de Gremios Formales de Transporte de Carga, salió a 'desmentir' a los “grupos que se autodenominan representantes del transporte” que se manifestaron a favor de las protestas. El mismo dirigente admitió en la misma entrevista que los “gremios del sur” se han adherido a las manifestaciones. El representante del Consejo Nacional del Transporte Terrestre (CNTT) reclamó a la PNP impida cualquier tipo de corte de rutas o calles.
Boluarte llegó a la presidencia el 7 de diciembre de 2022 luego de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. Según encuestas recientes, sólo 14,4% de peruanos aprueba la gestión de la actual mandataria. En el interior del país, el nivel de desaprobación asciende al 88%. Los que aprueban la gestión sólo llegan al 5,9%, mientras que un porcentaje menor no emite opinión. La gestión actual carga con el asesinato de 49 manifestantes que salieron a las calles en febrero para exigir la destitución de Boluarte.
Según afirma el portal de finanzas Bloomberg, Perú se encamina rápidamente a una “recesión técnica”. Los primeros cinco meses del año la economía peruana se contrajo en 0,5% y los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática marcan una caída del PBI peruano en 1,43%. El Congreso y el Ejecutivo peruanos se mantienen pertrechados detrás de un inmenso aparato represivo.
El Be
18/07/2023
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