Medidas para las pequeñas y medianas empresas
La ministra de Economía Azucena Arbeleche señaló que el gobierno prevé un gasto de 900 millones de dólares para amortiguar los efectos de la pandemia.
Las medidas anunciadas están enfocadas en aquellos sectores que el gobierno considera más afectados en el nivel de actividad, el turismo, la educación, la cultura y el esparcimiento entre otros.
Para las pequeñas y medianas empresas de estos sectores se anuncian medidas de apoyo como exoneración de aportes patronales, no pago de anticipo de IRAE ni impuesto al patrimonio durante el primer semestre.
Asimismo se anunció que se facilitará el acceso al crédito con tasa 0, se postergan vencimientos de préstamos y un descuento en las tarifas de UTE para los sectores en problemas.
Las medidas para los trabajadores y sectores vulnerables
A su turno los ministros de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres y del MIDES, Pablo Bartol fueron los encargados de describir las medidas que el gobierno consideró para los trabajadores y sectores de mayor vulnerabilidad.
Pablo Mieres señaló que se flexibilizarán las condiciones para acceder al seguro de desempleo en distintos sectores económicos (se baja de 75 jornales a 12 y de 6 meses de trabajo a 1 mes) y que se otorgará un subsidio de 7300 pesos por 3 meses para trabajadores de la cultura y el esparcimiento).
A su turno Pablo Bartol anunció un pago de 7300 pesos para alrededor de 12000 trabajadores monotributistas vinculados a distintos programas del MIDES así como la duplicación de las asignaciones familiares del Plan de Equidad y la extensión hasta junio de la canasta alimenticia que se venía otorgando en abril y mayo.
Emergencia social pero la ganancia capitalista no se toca
Aunque el gobierno pretende presentar las medidas como un gran esfuerzo de su parte, en realidad se trata de un paquete de anuncios de muy bajo impacto que no modifica la grave situación estructural de cientos de miles de uruguayos.
La cifra de trabajadores informales es mayor a 300mil mientras que los subsidios anunciados (de un monto absolutamente insuficiente) alcanzan a alrededor de 20mil personas.
Según datos oficiales del INE desde el comienzo de la pandemia se han perdido más de 60mil puestos de trabajo; más de 100mil uruguayos han caído bajo la línea de pobreza y alrededor de 15mil se encuentran en la indigencia.
El impacto de la pobreza es especialmente grave en niños y adolescentes: La pobreza afecta al 21,3% de los niños menores de 6 años, al 20,6% de los niños entre 6 y 12 años, al 18,9% de los adolescentes entre 13 y 17 años; mientras que en la población entre 18 y 64 años el porcentaje llega al 10% y en mayores de 65 es del 2.3%.
A su vez ha aumentado la desigualdad: el índice Gini (un indicador que varía entre 0 y 1, cuanto más cerca de 0, más repartido está el ingreso y cuanto más cerca de 1, más concentrado está el ingreso) ha crecido en 2021 a 0,387, mientras que en 2019 era de 0,383 y en 2018 de 0.380.
La propia CEPAL ha subrayado que el gobierno uruguayo es el que menos gasto social ha realizado durante la pandemia en América Latina.
Estas últimas medidas, a un año del comienzo de la emergencia sanitaria, no son más que un intento demagógico de quedar bien y dar una buena imagen ante la catástrofe social que atraviesa el país, intentando amortiguar los impactos más extremos de la crisis y ganar tiempo hasta que la situación sanitaria mejore.
Este es un gobierno de empresarios y capitalistas, y como tal actúa, aún en momentos graves como el que atravesamos:
Estas medidas anunciadas se dan en el contexto de ataques a las condiciones de vida que se vienen llevando adelante desde que asumió la Coalición Multicolor, con recortes en programas asistenciales, en los presupuestos de educación y salud; así como rebajas de salarios, pérdidas de empleo y deterioro de las condiciones laborales.
El gobierno está utilizando la pandemia como excusa para llevar adelante sus proyectos e implementar las reformas que responden a su programa antiobrero y sabe también que en este contexto actual se debilita la capacidad de resistencia.
Al mismo tiempo que empeoran las condiciones de vida de la mayoría de la población se conoce que hay sectores sociales que han aumentado sus ganancias durante la pandemia:
Algunas cifras aparecidas en el semanario Brecha muestran que “los fondos que el sector privado residente depositó en el sistema bancario uruguayo se incrementaron un 9 por ciento con respecto a 2020 y los activos en el exterior crecieron en 1.728 millones de dólares, al tiempo que las exportaciones de bienes uruguayos aumentaron un 19 por ciento durante el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo período del año anterior”.
El gobierno ya ha declarado que jamás tocará las ganancias de estos sectores que se siguen enriqueciendo (a la vez que pone impuestos a sectores de trabajadores públicos con “altos ingresos”), porque precisamente es para ellos que gobierna.
Una salida de los trabajadores
Las necesidades de los trabajadores y sectores populares van por caminos opuestos a las medidas que toma el gobierno.
No es verdad que no hay dinero para tomar las medidas necesarias, hay que afectar a estos sectores que se siguen enriqueciendo, con impuestos a las grandes fortunas y a los grandes empresarios. La estructura tributaria del Uruguay es absolutamente injusta y regresiva porque los impuestos recaen en los asalariados y en el consumo.
En este momento de emergencia sanitaria además hay que imponer impuestos extraordinarios a quienes concentran la riqueza, terminando con los subsidios, facilidades, exenciones impositivas y otros apoyos que usufructúan gracias a los políticos que gobiernan para ellos.
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Ante la grave situación que atraviesan grandes sectores de la población algunas medidas urgentes que hay que tomar son la prohibición de despidos, garantizar ingresos dignos para todos los trabajadores desocupados y trabajadores informales y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Además hay que suspender los desalojos y los cortes en los servicios esenciales para la población (luz, agua, etc.), asegurando el acceso a la atención en salud y la educación.
Estas y otras medidas no serán parte de las iniciativas del gobierno, ni serán producto de diálogos sociales como proponen el Frente Amplio y el PIT-CNT.
Por el contrario el PIT-CNT debe romper con esta parálisis que implica su postura dialoguista y se tiene que poner a la cabeza de un plan de lucha discutido democráticamente entre los trabajadores y basado en la movilización popular.
Hernán Yanes
Miércoles
21 de abril | 16:15
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