Tal como lo había anunciado Trump por twitter, Estados Unidos aplicó desde este jueves en su totalidad la ley Helms-Burton. Se trata de un ataque colateral de la injerencia sobre Venezuela.
Hace tan solo tres días Donald Trump amenazó a Cuba en medio de las tensiones en Venezuela. Fracasado el intento de golpe encabezado por Guaidó y patrocinado desde Washington, Trump advirtió a Cuba que aplicaría sanciones severas si no dejaban de intervenir en Venezuela. Esa amenaza, que se hizo efectiva desde este jueves con la aplicación de un embargo completo, no deja de mostrar la hipocresía de Estados Unidos, que es quién está avasallando la soberanía venezolana con su injerencia directa y las amenazas de una intervención militar.
El salto en el embargo a Cuba le llevó adelante mediante la aplicación plena de la ley conocida con el nombre de Helms-Burton (por los apellidos de los legisladores estadounidenses que la impulsaron). El artículo 3 de esta ley permite que los ciudadanos estadounidenses demanden a empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados después de la Revolución cubana.
La aplicación de esta norma, que ya durante el jueves tuvo una primera empresa acusada formalmente, la compañía de cruceros Carnival, desató la ira de Cuba y la preocupación de la Unión Europea (UE).
Si bien la norma no es nueva, se había mantenido desactivada a lo largo de varios gobiernos estadounidenses para no entrar en conflicto con gobiernos aliados -en algunos momentos- y para no empeorar la relación con Cuba -en épocas más recientes.
Sin embargo como se vio en el capítulo de guerra comercial con China y en menor medida con la Unión Europea, Trump no tiene problema en agitar el fantasma de las fricciones con enemigos y aliados, como parte de su política exterior pragmática, y de sus necesidades políticas domésticas.
Tanto la injerencia sobre Venezuela como el salto en la belicosidad contra Cuba van en consonancia con los intereses de una parte de su electorado como de los gusanos de Miami (quienes huyeron de las isla tras la revolución), que tienen un fuerte poder de lobby en el Congreso estadounidense.
La habilitación para demandar judicialmente a empresas extranjeras por utilización de terrenos o inmuebles expropiados en Cuba está incluida en el Título III de la ley Helms-Burton de 1996.
Desde esa fecha el artículo se había mantenido desactivado y fue Trump quien decidió cambiar esta política de Estado como parte de su decisión de frenar el acercamiento a La Habana que había inaugurado su antecesor, Barack Obama, como mejor forma de buscar una vía a la restauración capitalista en la isla.
La aplicación de la normativa podría desatar una avalancha de juicios y demandas, como lo demostró la primera denuncia ante la Justicia estadounidense. Este mismo jueves dos personas, que dicen ser propietarias y herederas de los puertos de Santiago de Cuba y La Habana durante la dictadura de Batista, antes de la revolución de 1959, exigen multas a la empresa de cruceros Carnival, con sede en Florida, por el uso de esos puertos.
De esta manera muchas transnacionales podrían ser objeto de futuras demandas.
Por ejemplo, cadenas hoteleras europeas, canadienses, japonesas, rusas y chinas; aerolíneas, como Lufthansa y Air France, y grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei y la japonesa Mitsubishi.
Por eso, el giro dado por la Casa Blanca preocupa tanto a la UE como a Cuba, cuya economía depende en gran medida de los ingresos de estas empresas. Es decir, se trata de una medida iniciada por motivos políticos, que busca profundizar el bloqueo y asfixiar al pueblo cubano, en una situación económica que ya es por demás complicada.
"Mentiras y calumnias que constituyen ofensas contra el pueblo cubano, ofenden también y amenazan la soberanía de los pueblos. A esa perversa práctica acude el imperio para justificar su descalabro en Venezuela. No más mentiras y amenazas. Nuestros pueblos no se rinden", denunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por Twitter ni bien entró en vigencia el título III de la Ley Helms-Burton.
John Kavulich, el presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, informó que las autoridades estadounidenses ya certificaron 5.913 casos de ciudadanos y empresas que podrían acogerse a la nueva norma por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones. Se trataría de una presión directa sobre Cuba que se suma al bloqueo iniciado tan solo un año después de la revolución.
El criminal bloqueo estadounidense comenzó con una nota emitida por la Embajada de ese país en La Habana, el 26 de mayo de 1960. Según indicaba la nota, el único motivo por el cual se levantaría la suspensión a la asistencia económica sobre la isla, sería en beneficio del “interés nacional y hemisférico de los Estados Unidos”. El bloqueo fue mantenido por todos los gobiernos y le costó a Cuba decenas de miles de millones de dólares. La Ley Helms-Burton de 1996, que a partir de este jueves se aplica en su totalidad, vino a endurecer las sanciones contra Cuba profundizando el bloqueo en medio de la crisis que vivía el país.
LID
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