El alcalde Carlos Varela Ubal del Municipio B reclama aplicar sanciones para personas en calle
Personas en calle, un problema social
La problemática de las personas en situación de calle viene tomando una importante visibilidad en este último tiempo.
Los últimos censos del Mides manejan una cifra de alrededor de 1600 personas en esta situación, aunque se estima que el número se ha prácticamente duplicado en estos últimos dos años. La amplísima mayoría son hombres (más del 95%), en general con problemas psiquiátricos, de adicción y exclusión social.
El fenómeno es particularmente visible en las zonas más céntricas de la ciudad, donde las personas en calle desarrollan distintas estrategias de subsistencia, ante la nula respuesta estatal para enfrentar esta problemática.
Los refugios del MIDES se encuentran superpoblados y en pésimas condiciones y son simples “aguantaderos” para pasar la noche. No existe ninguna política seria de reinserción social ni de abordaje a las problemáticas que presentan.
Su presencia masiva en la ciudad es un testimonio, en una de sus faceta más crudas, de las condiciones de vida en el capitalismo.
El incremento en el número de personas en calle debería también interpelar las propias políticas del Frente Amplio. Uno de los “caballitos de batalla” de sus gobiernos es la baja de la pobreza, pero la mayor presencia de personas en calle pone seriamente en cuestión los logros en este sentido.
Las denuncias sobre las condiciones de vida de adolescentes internados en INAU, el número record de presos hacinados en cárceles en condiciones inhumanas, el número de personas en situación de calle sometidos a una muerte lenta, son expresión de las condiciones de vida en el Uruguay de hoy, gobernado hace casi 15 años por el Frente Amplio.
La “solución” represiva del alcalde frenteamplista
Ante tal panorama las declaraciones del alcalde Carlos Varela del municipio B muestran los límites de una gestión política cuyo horizonte es administrar el capitalismo de manera “humana”.
En sus declaraciones Varela expresó al pasar su preocupación “por los derechos vulnerados de ésta persona que está en esas condiciones” para centrarse luego en lo que realmente le importa; como terminar con una presencia que “que claramente vulnera el derecho de los vecinos… vulnera un derecho colectivo, un derecho ciudad”.
En lugar de señalar la falta de políticas sociales reales para estas personas su reclamo se centra en aplicar herramientas jurídicas como la ley de faltas; es decir apelar a una respuesta punitiva y coercitiva para un problema social.
Según el alcalde, integrante del grupo de Astori Asamblea Uruguay, el problema es el “abuso” del derecho individual de la persona a estar en calle que supuestamente atenta contra el derecho colectivo. El razonamiento liberal de Varela invierte la situación y lo que es un problema social, producto de un sistema económico que excluye y margina se transforma en una “elección individual” de la persona en calle.
La propuesta de Varela va en la línea que asume el gobierno del Frente Amplio a nivel nacional de aumento de penas, más seguridad, represión y mano dura.
Recientemente Fernando Gil, director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior tuvo expresiones parecidas al reclamar aplicar la ley de faltas que “no apela a la prisión como primera medida sino a corregir una conducta y aplicar, en primera instancia, el trabajo comunitario”.
Es lamentable que integrantes del Frente Amplio, que además tienen cargos en el gobierno, expresen este tipo de posturas.
Hernán Yanes
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