En este momento existen alrededor de cinco proyectos con ese fin en el fragmentado congreso boliviano, por lo que el Senado ha creado una comisión “integral” para unificarlos y darle un tratamiento exprés. Si bien el Código Penal ya establece penas contra los piquetes y la presencia de dinamita en los mismos, no establece al bloqueo como delito, uno de los objetivos centrales del gobierno. Además, se busca subir las penas que ahora podrán ir desde tres a 20 años de prisión, imponer resarcimientos económicos a quienes se consideren afectados; y liberar de responsabilidades penales a las fuerzas represivas que actúen en los despejes.
Maniobras
La intentona fue rechazada por la COB y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari (CSUTCB) junto a otras organizaciones sindicales y campesinas, pero hasta el momento ninguna ha decretado una medida de fuerza o paro de advertencia sino apenas un estado de alerta, sin abandonar su predisposición al “diálogo” con el gobierno. Paz Pereira no descarta poder tener su aval, como ya sucedió con los decretos que han impuesto el gasolinazo y otras medidas reaccionarias. El viceministro de Cooperativas, Pánfilo Marca, proveniente del sector de las cooperativas mineras, ha declarado “injusta” una ley antibloqueos (Visión 360, 20/1).
El vicepresidente Edmand Lara, a través de sus redes sociales, denunció la iniciativa como una “trampa” que busca perseguir a opositores y reforzar la tendencia al gobierno por decreto por parte de Paz Pereira. Las relaciones entre uno y otro se encuentran totalmente rotas después de la exclusión del vicepresidente en el armado del gabinete y de la salida del decreto 5515, que habilita al presidente a seguir gobernando estando fuera del país, mediante vías tecnológicas.
Se han presentado distintas maniobras para hacer pasar la ley. El autor de uno de los proyectos, Carlos Alarcón, diputado de la alianza Unidad (un conglomerado derechista), ha propuesto la realización de un referéndum o consulta popular antes de su promulgación por el Ejecutivo (El Deber, 21/1). Paz ha instruido al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, del partido Demócrata Cristiano, a convocar “a todas las organizaciones sociales para socializar el proyecto, una vez que surja un dictamen único” (Ídem).
El MAS, ausente
Ante este debate, nuevamente los restos del MAS no tienen protagonismo alguno. Evo Morales, que se encontraba desaparecido de la escena pública en las últimas tres semanas por encontrarse con dengue, dio un reportaje a TeleSUR denunciando la imposición de un “régimen autoritario” por parte de Paz Pereira por haber eliminado de la grilla estatal los canales RT y TeleSUR, pero sin decir una palabra sobre la ley antibloqueo u otros temas de choque entre las masas y el gobierno (TeleSURtv.net, 21/1). La ausencia de Evo Morales del escenario público alimentó los rumores de una posible fuga del país, como ya pasó con el ex presidente Arce y otros funcionarios del gobierno del MAS. Esto fue desmentido por sus allegados, quienes mantienen en el trópico de Cochabamba una guardia para evitar un intento de arresto, que habría sido exigido por el departamento de Estado norteamericano después de la invasión a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Los lazos entre la Justicia boliviana y el imperialismo yanqui crecen día a día. El martes pasado, la sala plena del Consejo de la Magistratura sostuvo una reunión con la asesora de Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para establecer “mecanismos de cooperación” entre ambos (La Razón, 21/1).
Guerra contra los trabajadores bolivianos
Rodrigo Paz Pereira ha tomado nota de la necesidad de liquidar las respuestas de lucha de la clase obrera y los explotados bolivianos, después de que éstas le impusieron la abrogación de su decreto 5503 y por eso intenta ilegalizar los bloqueos, encarcelar manifestantes y dar la impunidad necesaria para ello a las fuerzas represivas. El quiebre de las luchas sociales es exigido por el gran capital extranjero en nombre de la seguridad jurídica para invertir y por los organismos multilaterales como el BID y el BM, que ya han aprobado una línea de créditos de hasta 8 mil millones de dólares con el condicionamiento de que no se destinen ni a gastos corrientes ni a la importación de hidrocarburos.
Paz Pereira tiene en vistas un ajustazo del 30% sobre el gasto en salarios estatales para reducir el “déficit fiscal”, en nombre de “planillas” e “ítems” “irregulares” (Opinión, 20/1), justo en el momento en que trabajadores de la salud se encuentran en un plan de paros intermitentes y la federación de Maestros Urbanos de La PAZ inicia una lucha por un salario equivalente al salario mínimo recientemente establecido en 3.300 pesos bolivianos. Por otro lado, insistirá, ahora por medio de proyectos parlamentarios, en su intento de avanzar en la explotación litera e hidrocarburífera por parte de capitalistas internacionales, mediante la eliminación de las consultas previas y la aprobación de la asamblea boliviana.
Paz Pereira asumió hace menos de dos meses prometiendo un rápido crecimiento económico, el fin del desabastecimiento de divisas e hidrocarburos y la drástica reducción del déficit fiscal y la inflación en tan solo tres meses. Por lo pronto, su gasolinazo ha oficiado como un acicate de la inflación y el desabastecimiento, que sólo en el 2025 ha reducido en un 50 % el valor adquisitivo de los ingresos de los trabajadores bolivianos, lo que ha llevado la pobreza por arriba del 40%, y la indigencia por arriba del 11%. Los grandes especuladores con la escasez de combustible y divisas -que incluyen a empresarios expendedores, bancos y sojeros- han encontrado nuevas formas de enriquecimiento con la medida del gobierno, mientras las masas sufren la carestía desatada.
Julio Quintana
22/01/2026
