En lo que va del año, ya se dieron varios hechos que podrían estar marcando el comienzo de un proceso más profundo en nuestro país.
Si bien los economistas nacionales e internacionales destacan la solidez económica de Uruguay, para enfrentar la crisis internacional, la desaceleración del crecimiento es notoria, y el gobierno se prepara para lo que vendrá ofreciendo mayores garantías para el capital y apretando los bolsillos de los trabajadores con aumentos ínfimos y en muchos casos congelamientos o directamente pérdida salarial. Poniéndose a tono con la política de los demás gobiernos pos-neoliberales de la región. Esto último se puede contemplar en el actual presupuesto para trabajadores públicos, pero especialmente en las rondas de negociación salarial del sector privado, con proyección de “aumentos” por debajo del aumento real del costo de vida.
Recordemos que estamos a un año de las últimas elecciones nacionales donde es reelecto y por tercera vez el Frente Amplio, con Tabaré Vázquez ganando a su competidor con cerca del 60% de los votos. Este partido de coalición, tiene la particularidad de crecer y llegar al poder con amplio apoyo de los sectores populares, y como bien dicen varios analistas internacionales, su gran cualidad es que dirige y controla la cabeza de los sindicatos.
Pero los trabajadores van por más
El FA llegó al poder con grandes expectativas de los trabajadores, que vieron avances en recuperación salarial desde la crisis del 2001-02, pero lo cierto es que los grandes favorecidos han sido los empresarios, como los López Mena (monopolio transporte del río de la plata), los dueños de Fripur (monopolio pesquero), Ecolat (de las mayores fábricas lácteas), y especialmente el gran capital inversor con sus papeleras y demás negocios. Esto es cada vez más notorio para los trabajadores y cuando se empieza a poner en cuestión quién paga el costo de la crisis, los trabajadores empiezan a reaccionar, como lo fue la huelga docente de este año, las ocupaciones de fábricas por tiempo indeterminado y las movilizaciones en reclamo de mejores condiciones de vida y trabajo.
El histórico conflicto de la educación
Al conflicto de educación se llega con un fuerte descontento ante algunas acciones del gobierno. Si bien fue un sector que obtuvo una recuperación salarial, los reclamos históricos de autonomía y co-gobierno para toda la educación pública, entre otros reclamos, no fueron contemplados por el FA. El conflicto tuvo como antecedente la huelga de 2013, donde más de 20 mil personas marcharon en las calles desbordando la “contención” de la burocracia sindical oficialista.
Los trabajadores de la educación salieron a luchar este 2015 con una plataforma que reclama un 6 % del PBI para la educación, autonomía y co-gobierno y en contra de toda reforma educativa que tienda a la mercantilización de la educación, entre otras reivindicaciones.
La huelga arrancó con miles de trabajadores haciendo paro, tomando escuelas y liceos, y saliendo a movilizarse a las calles, pero el gobierno seguía firme con su propuesta de un aumento salarial ínfimo. El conflicto se masificó cuando el gobierno decreta la educación pública “servicio esencial”, una herramienta legal utilizada históricamente por los gobiernos dictatoriales para quebrar los conflictos y huelgas. La “esencialidad” no solo no fue acatada por los trabajadores sino que se tornó en contra del gobierno porque el conflicto logró un amplio apoyo popular, teniendo como punto más alto la movilización masiva del 27 de agosto donde se estiman que asistieron más de 50 o 60 mil personas.
El gobierno del FA quiso dar un mensaje claro al resto de los trabajadores que quisieran imitar a los docentes huelguistas. Estos tuvieron que enfrentar a un gobierno muy duro que cuenta obviamente con el respaldo de la oposición de derecha, los grandes medios de comunicación y todo el arco empresarial en frenar las protestas obreras, así como con la complicidad de la dirección oficialista de la central obrera PIT-CNT y de la mayoría de los sindicatos. Pero en este caso el conflicto de la educación le marcó un límite al autoritarismo y desbordó a la burocracia sindical. El gobierno tuvo que levantar la medida de esencialidad porque se dio cuenta que de lo contrario el conflicto no haría más que masificarse. La burocracia sindical firmó un pre-acuerdo donde aceptaba levantar las medidas de paro, pero las bases de la capital tanto de escuelas, liceos y escuelas técnicas (UTU), rechazaron el pre-acuerdo y siguieron por algunos días las medidas, aunque luego fueron levantando paulatinamente al quedar cada vez más aislados.
En lo que más se ganó fue la masividad, donde centros de estudio de todo el país eran tomados por los trabajadores y estudiantes, donde se fundaron núcleos de afiliados para sostener medidas, donde quedó claro el apoyo popular a las reivindicaciones del conflicto. No logramos obtener los reclamos por los que luchamos, pero quedó claro que la principal responsabilidad de no obtener lo que se reclama por parte del gobierno fue por las direcciones burocráticas y esa es una de las principales conclusiones que corren por la base docente. Aunque sabemos que hemos ejercido una gran presión a la hora de votar el presupuesto ya se vislumbran algunas concesiones mínimas, y sabemos que es fruto a nuestra fuerza y organización.
Una vez entrada en la etapa de paros aislados, quienes sostuvieron el conflicto en la calle fueron estudiantes de secundaria. Un montón de centros de estudio fueron refundados y estaban ocupando sus liceos, exigiendo más presupuesto para educación. Tal es así que una semana después de levantadas las medidas por los trabajadores, varios centros de estudios de segundo ciclo de secundaria decidieron ocupar el edificio del CODICEN (autoridad de educación). Esto continúa por tres días mientras exigían una mesa de negociación donde estuviera un representante del ministerio de economía. Este proceso toca un punto de inflexión en lo que tiene que ver con el derecho a la protesta y lo que el gobierno está dispuesto a hacer, porque ordenó un desalojo violento contra estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales que se solidarizaban (como Plenaria Memoria y Justicia, los trabajadores del taxi, entre otros), que fueron fuertemente reprimidos. Incluso al día de hoy siguen los procesamientos judiciales de más de una decena de los presentes. Muchas de las detenciones fueron ilegales, realizadas con personal de civil al estilo de la dictadura.
Las perspectivas
Pocos días después del levantamiento de huelga y la represión en el Codicen, algunos docentes y estudiantes seguimos apostando a la coordinación con el resto de los sectores de la educación para la lucha. Es así que logramos impulsar la Asamblea Intersindical Gremial de la Educación, que se realizó el sábado 3 de octubre donde se congregaron unas 500 personas de la educación. Fue un hecho poco común, la primera experiencia de este tipo en muchos años.
La AIG es una gran experiencia y muestra un avance en la organización de los trabajadores no corporativa. Aún queda pendiente cómo se articula este espacio con todo lo que vendrá y que sea algo realmente al servicio de los conflictos. En ese sentido, la misma votó comisiones de trabajo intersindical que abordarán cuestiones de políticas educativas, presupuesto, así como una campaña contra la criminalización de la protesta social. Apostamos a volver a masificar la lucha, con grandes acciones unitarias. Impulsamos esta lucha en la perspectiva de recuperar los sindicatos para los trabajadores, o sea, expulsar a la burocracia sindical, ya que ese es nuestro principal problema a la hora de luchar.
Claudio Álvarez
María Noel Silvera
Docente de Derecho y militante de ADES Montevideo
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