Se busca crédito. El principio del fin

Eso, crédito, es lo que frenéticamente buscan todos los países del ámbito capitalista acostumbrados a vivir del cuento. Y eso va a costar la caída del sistema.

Y el 15M mundial, si actúa con una inteligencia inédita y dispuesta a asumir impertérrita las consecuencias, puede contribuir al rápido y estrepitoso final. Lo que no debe es vacilar, andarse por las ramas y practicar eso tan extendido en el sistema del "sí pero no..."
Llevábamos mucho tiempo esperándolo. Pero ya está aquí. El pro­ceso de derrumbamiento del imperio estadounidense empezó hace tiempo, pero ahora empiezan a asomar las señales más es­truendo­sas. Y ese de­rrumbamiento arrastrará a los países del euro. Hasta ahora el deterioro venía emboscado en un sistema de pagos que permite que los procesos de confianza/desconfianza sean len­tos. Pero todo tiene un límite.
Las cosas gigantescas sólo se destruyen por dentro. Eso les ha pasado a todos los imperios. De una u otra manera, pero la falta de dinero ha sido la más relevante. El imperio romano se desmoronó cuando las arcas públicas se agotaron, cuando se acabó el dinero y no pudo pagar la mesnada a sus legiones. Entonces el sistema era exactamente monetarista. Más o menos desde principios del siglo XX los pagos empezaron a configurarse como fiduciarios; una mo­dalidad que en otro tiempo era rara. Hasta que llegamos a la fi­nan­ciera que no afecta a una porción de la economía solamente sino que engloba a todo el sistema capitalista. El financiero es la modali­dad fiduciaria pero preñada de falsedades que son a su vez motor de tracción y de cambio… hasta que revientan.
Pasado mañana Estados Unidos, su gobierno, el núcleo de su im­pe­rio, deberá hacer frente a unos 307.000 millones de dólares en gas­tos para agosto, mientras que las expectativas para los ingresos son de 172.000 millones. La suspensión de pagos sobrevuela la Casa Blanca. El 3 de agosto tendrá una factura de 23.000 millones de dólares en pagos a las 54 millones de personas que dependen de la Seguridad Social. Los jubilados, los pensionistas y los vetera­nos de guerra se quedarán sin cobrar. Estados Unidos seguirá pa­gando los intereses de los bonos a costa de que los anteriores dejen de cobrar sus prestaciones.
La confianza, el crédito y la solvencia del imperio no es que estén en entredicho, es que están resquebrajados. Los efectos sobre el resto de los países que pertenecen a su sistema serán demoledo­res. China podría adueñarse virtualmente del imperio a través del in­cruento cauce de exigir el pago instantáneo de la deuda y los inter­eses de los bonos. Lo que no va a hacer, porque eso significaría la guerra.
La imposibilidad de hacer frente a la Deuda va a ser la bomba que destruya el siniestro aparato del imperio pensado para invadir, saquear, ma­tar, robar y devastar. Lo que han hecho siempre los imperios.
A ver si lo enterramos cuanto antes aunque tengamos que volver a la economía de trueque. Será divertida. Pero eso significa que ten­dremos que dejar de "vivir" y pasar a sobrevivir. Todo un aconteci­miento. Porque de una sociedad que ha vivido del cuento, por pri­mera vez pasaríamos a una sociedad que nos igualaríamos por ahí. Como en las guerras. De momento ya saben qué es el hambre 32 países que se están muriendo a causa de ella. Y nosotros –los paí­ses y los individuos capitalistas- los hemos estado saqueado hasta las heces y despilfarrando la ri­queza del planeta.
Todo lo que nos sobrevenga lo merecemos. Y, evidentemente, quienes pusieron en marcha un sistema depredador que ya no lo aguanta ni dios. Todo lo que le pase a Estados Unidos, y de paso a nosotros mismos, será celebrado por más de la mitad de los países del globo. Aunque también es cierto que gran parte de esa pobla­ción que no perte­nece a la clase patricia no tiene la culpa y está padeciendo directamente y muy de cerca los excesos y barbarida­des del imperio que habita. Pero ella se unirá a la causa de los que se han pasado la historia como eternos perdedores...

Jaime Richart

La escuela de las Americas

Los “interrogadores”

Son sesenta sargentos, cabos y soldados que el Estado uruguayo envió a Panamá entre 1968 y 1976 para capacitarse en “contrainsurgencia”. Varios de ellos han sido denunciados como represores. Realizaron cursos especiales como el de “interrogador de inteligencia militar”. Estuvieron en las detenciones, torturas, muertes y enterramientos de las víctimas de la dictadura. Ningún fiscal ni juez los ha llamado aún a testificar.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

Sesenta suboficiales uruguayos que realizaron cursos especiales en la norteamericana Escuela de las Américas de Panamá entre 1968 y 1976, podrían aportar información a la justicia sobre la represión de la dictadura en varios casos que ya se instruyen y en otros, particularmente las causas por tortura contra cada unidad militar, que serán presentadas en las próximas semanas por las propias víctimas.
Los sargentos, cabos y subalternos que pasaron por la School of Americas (SOA) participaron de la llamada “lucha antisubversiva” y estuvieron presentes en las operaciones de represión, en los “interrogatorios” a los detenidos, en los episodios en los que hubo muertes y probablemente en algunos de los enterramientos de las víctimas de desaparición forzada. Ninguno de ellos ha sido llamado a declarar como testigos o indagados.
Bajo el nombre de “Centro de Adiestramiento Latinoamericano: División Terrestre” la escuela comenzó a operar en 1946 en el Fuerte Amador de Panamá y a partir de 1950 se afincó en el Fuerte Gulick donde se denominó “Escuela del Caribe del Ejército de Estados Unidos”, para transformarse desde 1963, ya designada como “School of America”, en el principal centro de adiestramiento en “contrainsurgencia” de los militares latinoamericanos.
Desde 1949, un millar de oficiales y subalternos uruguayos pasaron por los cursos de la Escuela de las Américas que a partir de los años sesenta se constituyó en la base de operaciones norteamericana donde se formó a más de 60 mil soldados latinoamericanos en técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y, particularmente, sistemas de tortura, para luchar contra el “comunismo internacional” en el marco de la guerra fría.
Es a partir de 1967 que el Estado uruguayo sistematizó la participación de militares en la SOA, con el envío de todas las generaciones de cadetes del Ejército que cada año fueron egresando de cursos de mayor nivel represivo: “Cadet Orientation” (1967), “Special Cadet Course” (1968), “CC-1” (1969 y 1970), “Internal Security Operations CC-6” (1971, 1972 y 1973), “Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6” (1974 y 1975) y “Small Unit Leader's Orien C-6” (1976).
De esos cursos de la SOA surgieron algunos de los más conocidos represores de la dictadura: Gustavo Criado Carmona y Eduardo Ferro (1967), Armando Méndez, Manuel Cardeillac, Juan Delpino, Jorge Silveira y Carlos Silva (1968), Guillermo Abella y Antranig Ohannessian (1969), Glauco Yannone (1970), Gustavo Taramasco (1971), Daniel Blanco, Miguel Dalmao, Tranquilino Machado, Gustavo Mieres y José Boudean (1972), Elmar Castiglioni (1973), Tomas Casella (1974), Carlos Calcagno (1975), Luis Maurente (1976).
También son egresados de la Escuela de las Américas la mayoría de los hoy integrantes del generalato del Ejército: Daniel Castellá (División I), Miguel Dalmao (procesado), Raúl Gloodtdofsky (Misión ONU Pakistán), Juan Villagrán (División III), Pedro Aguerre (División IV), Willie Purtscher (División II), Felicio De los Santos (Misión ONU Haití), Neris Corbo (Sanidad Militar), José Burone (Estado Mayor de Defensa), Sergio D’Olveira (IMES) y Juan Saavedra (IMAE).
Uruguay volvió a enviar efectivos a los cursos a partir de 1986 y hasta marzo de 2006, cuando la ministro de Defensa, Azucena Berrutti, anunció que nunca más se enviaría militares al adiestramiento norteamericano que desde el año 2001 se realizan en Fort Benning, Estado de Georgia, bajo el nombre de Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation - WHINSEC).


Los “interrogadores”

Entre 1967 y 1976 (cuando cesaron los cursos de la SOA para Uruguay porque Estados Unidos retiró su ayuda militar a la dictadura a través de la “enmienda Koch”), hubo más de 120 suboficiales (varios de ellos denunciados como torturadores) que realizaron cursos en Panamá. La mitad de ellos egresó de sospechosos “cursos especiales” o de específicos cursos de “interrogador de inteligencia militar”.
Estos “NCO” (Non-commissioned officer), como se denomina a los suboficiales en la jerga militar estadounidense, comenzaron a “especializarse” mucho antes de la dictadura y aún antes de que el gobierno de Jorge Pacheco Areco les encomendara la dirección de la lucha antisubversiva en 1971. En 1968, catorce suboficiales ya realizaron un primer “Special Course” en Panamá.
Aquel grupo que “estudió” en agosto de 1968, estaba integrado por los sargentos Juan Antonio Deniz, Aníbal Díaz Rojas, Dectino Micol, Esmir Rambao, Omar Gómez Curi, Liserio Toledo y Ariel Torres, y por los cabos Ignacio Alvez Brum, Gilberto Alvez, Mario Cardozo Reboiras, Ruben Lavega, Carmelo Cardozo y Juan Fermín. Todos pasaron luego a aplicar lo aprendido.
En 1969, el cabo de primera Arístides Torres y los cabos de segunda Lisandro Corbo, Emilio González, Alberto Sappia y Alesis Valentti, realizaron el curso “NCO General Supply E-26” y para 1970 ya se recibían cursos de “Interrogador de Inteligencia Militar E-15” de los que egresaron el suboficial mayor Alfonso Fachelli y los sargentos de primera Wilson Vega Fonseca y Ricardo Coitinho.
Un curso de “Inteligencia Militar para Alistado E-16” realizaron el suboficial mayor José López Alvez y el sargento de primera Andrés Fernández Silvera en 1971, y un año después se recibían cursos de “Military Policie NCO E-10” por los cabos de segunda Hugo Milesi y Regelio Veiga, por el marinero de primera Washington Del Río y por el suboficial de primera Augusto Lauber.
En 1972, también egresaban como “Military Intelligence NCO E-16” los cabos de segunda Mario Díaz, Isolino Martínez y Rubén Santos y en 1973 se sucedieron los cursos denominados “E-42” para los sargentos Julio Antúnez, Alfredo Bottaro, Pedro Cabrera, Luis López y Carlos Pedreira, “E-44” para el sargento Luis Leites, y los cabos Atilio Denis y Hugo Muniz, “E-26” para los sargentos Antonio Da Silva, José Del Pino, Néstor Lemos y el cabo Victor Madruca, y “E-11” para los sargentos Juan Charquero y Luis Nuñez.
Entre mayo y julio de 1974, los sargentos Clever Cotelo y Jacinto Paiva, junto a los cabos Heber Quiñones y Hugo Gómez Fagúndez realizaron el curso “NCO General Supply E-26”, mientras los sargentos Raul Barraco, Ivo Lima Chagas, Julio Marín y René Segovia cursaban “Military Intelligence Interrogador E-15”, Lucas Terra Silva estudiaba como “Military Police NCO E-11” y Carlos Techera, Rodolfo Suárez y Manuel Zapata hacían el “Military Intelligence NCO”.
En 1975 y 1976, los sargentos Obdulio Custodio Amaro, Manuel López Vila y y Cándido Santana fueron los últimos en recibir el “Military Intelligence NCO E-16”, un curso que un suboficial chileno de apellido González denunció internacionalmente porque allí “los militares latinoamericanos era torturados por sus propios instructores y a su vez se torturaban entre ellos para poder luego ejecutar mejor ese mismo procedimiento de interrogación a su enemigo”.

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2011/07/los-interrogadores.html

Invitacion a conferencia: Situación y perspectivas de la clase obrera y el campo popular en Uruguay

INVITACION

CONFERENCIA NACIONAL

Sábado 6 de Agosto desde las 11 hs en el teatro de AEBU -Camacua y Reconquista-

Situación y perspectivas de la clase obrera y el campo popular en Uruguay.

El gobierno de Mujica, continuador del gobierno de Vázquez y la fuerza política Frente Amplio en su conjunto, al igual que los otros partidos de la burguesía, se han revelado como fieles sostenedores de la rapiña imperialista y de la explotación capitalista.
La entrega de los recursos naturales ( casi un tercio de la tierra, mas de la mitad de los frigoríficos, arroceras, industrias de alimentos, ahora el hierro para Aratiri, etc ) pasando por las leyes neo liberales de la educación, y en la salud, la nueva ley ( PPP ) privatizadora, la profundización de la flexibilización, precarización y explotación del trabajo asalariado y la propia consolidación de la impunidad para los represores de nuestro pueblo, muestran el grado de sometimiento a las estrategias de dominio imperiales y de explotación capitalista.
Las conducciones dominantes de las principales organizaciones sociales ( PitCnt, Feuu, Fucvam, Onajpu) de nuestro país, se han disciplinado a estas políticas. Han abandonado toda independencia de clase e impuesto la conciliación y la negociación por encima de la lucha y adoptado el rol de justificadores sociales de las políticas neoliberales del progresismo.
Las condiciones históricas (crisis internacional del capitalismo) y la coyuntura, (ofensiva del gobierno y las clases dominantes contra los intereses populares) exigen la construcción de un movimiento que organice e instrumente una estrategia de los trabajadores para romper las cadenas de la explotación y la opresión.
Son tiempos de dar pelea, tiempos generar unidad de acción, de encarar la lucha de nuestra clase por sus necesidades inmediatas y por sus intereses históricos.
No se puede postergar el debate ni la lucha. Para ello convocamos, para el sábado 6 de agosto a las 11 hs en el teatro de AEBU a los trabajadores de ayer y de hoy, a los estudiantes, amas de casa, intelectuales, artistas, etc.
Para debatir y avanzar en una plataforma y un plan de acción que permita a todos aquellos que nos ubicamos claramente en la independencia de clase, la democracia obrera, el clasismo, la combatividad, generar la necesaria unidad para luchar y no para someterse

Convocan: militantes, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales clasistas.

Correo electrónico: conferencia6811@gmail.com

Un millón de firmas por la libertad de los cinco cubanos presos en EEUU

La iniciativa surgió desde el Comité por Los Cinco del Estado español, y numerosos comités territoriales compilan ya firmas en papel y por vía electrónica.
Recordemos que estos cinco ciudadanos cubanos recogían información en grupos de la extrema derecha de Miami, con el fin de evitar atentados terroristas en Cuba. Las pruebas de estas actividades criminales fueron entregadas al FBI, pero éste, lejos de actuar, decidió detener y encarcelar, el 12 de septiembre de 1998, a René, Gerardo, Fernando, Ramón y Antonio, conocidos como Los Cinco Héroes cubanos.
Un proceso judicial en Miami, sin las debidas garantías, en una atmósfera de linchamiento mediático y de amenazas al jurado, los condenó sin pruebas a injustas penas, que van desde los 15 años hasta dos cadenas perpetuas, por cargos diversos, como el de “conspiración para cometer espionaje”. Dicha carencia de pruebas ha sido reconocida por la propia Fiscalía de EEUU. Es una opinión ampliamente compartida que Los Cinco han sido víctimas de un juicio político. El Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU se ha interesado por este caso, y comparte el cuestionamiento de las condiciones en que se celebró el juicio.
Desde su detención se les han aplicado medidas de especial rigor en las condiciones de su encarcelamiento: internamientos de aislamiento en el llamado “hueco”, continuas negativas por parte del Gobierno estadounidense para que sean visitados por sus familiares, y se han violado en numerosas ocasiones las propias leyes estadounidenses y los más elementales derechos humanos.
Esta campaña pretende reunir un millón de voces solidarias con estos cinco hombres dignos que, tras casi 13 años de inquebrantable defensa de sus convicciones, han ganado el reconocimiento y admiración de millones de personas en el mundo.
El presidente de EEUU puede y debe ordenar la libertad de Los Cinco.

Cubainformación

Poner fin a la impunidad.

Ante la necesidad de terminar con los efectos de la Ley de Caducidad y poner fin a la Impunidad

El conjunto de integrantes de la Mesa Permanente Contra la Impunidad, ante la necesidad de una acción conjunta del Estado uruguayo para dejar sin efecto los efectos de la Ley de Caducidad como un paso fundamental y decisivo en la lucha contra la Impunidad, declaran:
1.-Que el 24 de febrero de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado carece de efectos jurídicos y que el Estado uruguayo debía eliminar los obstáculos que impidan la acción de la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar.
2.- Que es la primera vez que Uruguay es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los crímenes cometidos por la dictadura. Que confiamos en que Uruguay, al igual que otros países de la región, encontrará los caminos para adecuar su derecho interno al derecho internacional y de esa manera poder cumplir cabalmente las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3.- Consideramos que el prestigio del sistema democrático uruguayo hace imprescindible que todas las instituciones del Estado actúen a tiempo y asuma una política decidida para remover los obstáculos existentes y asegurar verdad y justicia a las víctimas. Que el juzgamiento de los autores de crímenes aberrantes contra la humanidad, como la desaparición forzada, la tortura, el asesinato y la sustracción de identidad no admite ninguna demora.
4.-De este modo Uruguay estará garantizando a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, y a toda la sociedad, su derecho a la verdad y a la justicia, removiendo todo obstáculo existente.
5.- Advertimos, que la aplicación de normas validas para el proceso penal ordinario a delitos comprendidos en las normas del derecho internacional contradice los acuerdos, tratados y disposiciones internacionales en la materia, y contribuye a consolidar la impunidad.
6.- Que nuestro país decidió libremente asumir distintos tipos de obligaciones internacionales, las cuales se comprometió a cumplir. Así el 19 de abril de 1985, Uruguay aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dictó sentencia y se pronunció como ya lo había sostenido la Suprema Corte de Justicia uruguaya en noviembre de 2009 en sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad (caso Sabalsagaray).
7.-Todos los poderes del Estado -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial- deben dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana. Deben ejercer en el ámbito de sus competencias las acciones que permitan dejar sin efecto todos los obstáculos existentes en el camino a la verdad y la justicia asegurar una política para otorgar a las víctimas los derechos que les corresponden.
8.- Las organizaciones aquí reunidas, decimos hoy, que los responsables de desapariciones deben responder por el delito de desaparición forzada por que la desaparición forzada es un delito permanente, su consumación prosigue en el tiempo, en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos. Porque, aún muertas, las víctimas permanecen desaparecidas y según el art. III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, “deberá ser considerado como delito permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.
9.-La Mesa Permanente exige que el estado uruguayo tome en forma inmediata las medidas necesarias para que los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles como la tortura, los asesinatos, los secuestros, las violaciones, la sustracción de identidad y las desapariciones, sean considerados de acuerdo a lo establecido por las normas de derecho internacional.
10.-Que consecuentes con nuestro pasado, continuaremos ejerciendo las acciones a todos los niveles para alcanzar la Justicia e impedir la Impunidad que se contrapone con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
11.- Que creemos ser coherentes y consecuentes con nuestras mejores tradiciones, con los valores morales y éticos, y el único compromiso es con nuestros compañeros y sus familiares

http://www.militaresycomplicespresos.blogspot.com

El juicio contra la JUP

La jueza Graciela Eustachio comienza a tomar hoy testimonios. Ya actuó en la causa contra el Escuadrón de la Muerte. La denuncia del caso Rodríguez Muela presentada hace dos años sostiene que la JUP era el brazo armado estudiantil. El Mayor (r) Enrique Mangini y seis cómplices aparecen comprometidos en el asesinato. El expediente del juez Milton Cairoli evidencia cobertura de policías y militares en el ataque al Liceo Nº 8 el 11 de agosto de 1972. La historiadora Clara Aldrighi confirma que Miguel Sofía les entregaba armas enviadas por Brasil. Documento desclasificado en la DNII describe el organigrama, apoyos e integrantes de sus células operativas.

Siete ex estudiantes de ultraderecha que integraban la patota que el 11 de agosto de 1972 ingresó armada al Liceo Nº 8 y asesinó de un balazo al estudiante Nelson Santiago Rodríguez Muela, al igual que otros miembros de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), volverán a enfrentar a la justicia penal, cuando a partir de hoy la jueza de 8º turno Graciela Eustachio reinicie la etapa testimonial del caso denunciado hace casi dos años.
La causa Rodríguez Muela -que se constituye en la primera denuncia penal contra la organización de jóvenes de ultraderecha que a principios de los años setenta actuó como un brazo estudiantil armado de los Escuadrones de la Muerte-, derivó casualmente al despacho de la jueza Eustachio, quien en 2009 procesó con prisión a los ex agentes Nelson Bardesio y Pedro Fleitas por crímenes del grupo parapolicial.
La denuncia fue presentada el 23 de octubre de 2009 –dos días antes del voto rosado y la primera vuelta electoral- por la tía de Santiago, María Muela, quien representada por la abogada Pilar Elhordoy tomó como base de su escrito los elementos surgidos en un juicio de febrero de 2007 cuando el mayor (r) Enrique Mangini acusó por difamación a un periodista (quien suscribe) que finalmente fue sobreseído por la justicia.
Mangini había sido denunciado como uno de los asesinos de Rodríguez Muela en una investigación periodística publicada en La República, donde se reveló su identidad e historia del militar, luego de haber sido captado en una fotografía portando un arma en la cintura frente a los juzgados penales de la calle Misiones cuando junto al coronel Eduardo Ferro actuaba como guardaespaldas del general Iván Paulós en 2006.
En el juicio de prensa a cargo del juez penal de 19º turno, Luis Charles, se confirmó que el militar había sido uno de los protagonistas de aquel copamiento del liceo ubicado en la calle 8 de Octubre donde el estudiante fue asesinado y entre las pruebas presentadas apareció el expediente judicial que en 1972 había instruido el juez Milton Cairoli, quien entonces procesó por “violencia privada” a Mangini y sus cómplices.

El expediente de Cairoli

El expediente elaborado por Cairoli en el entonces juzgado de 5º turno, confirma que los siete miembros de la JUP que dieron muerte a Rodríguez Muela habían sido procesado por el delito de “violencia privada”, que permanecieron ocho meses en prisión y luego en libertad condicional, hasta que fueron beneficiados por una ley de amnistía a presos comunes que en 1978 aprobó el Consejo de Estado de la dictadura.
La extensa y prolija instrucción judicial, que se realizó en pleno período de guerra interno y durante el proceso previo y posterior al golpe de Estado de 1973, evidencia la existencia de diversas presiones sobre el magistrado y el fiscal Mario Pascual, quienes continuaron la indagación y debieron archivar el expediente sin perjuicio al no poder confirmar entonces quién fue el autor material del homicidio del estudiante.
En la instrucción de Cairoli se procesó como miembros de la patota de la JUP a Enrique Mangini Usera, Claro Rubens Monalli Barrios, Ricardo María Druillet Canavarro, Juan Said Llugdar Villarroel, Homero Gabriel Corbo Piffaretti, Alfredo Gervasio De Bellis y Haroldo Javier Rosso Ciociano. También eran parte del grupo los menores Osvaldo Lencina Bassi, Juan Carlos Díaz Dos Santos y Milton Darío Fernández Varela.
Del expediente surge que al menos otros cinco miembros de la JUP inicialmente capturados fueron dejados en libertad antes de llegar al juez y sustituidos por otros jóvenes detenidos en la zona, entre ellos el maestro Leopoldo Garín, los seminaristas Jorge Osorio y Jorge Moreira, y el artesano Fernando Rodríguez, quienes vieron cómo en la comisaría los otros detenidos intercambiaban sus ropas para confundir a testigos.
Mangini era sobrino del director del Servicio de Información y Defensa (SID), coronel Ramón Trabal, en la zona se encontraban los miembros de Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) Saúl Humberto Clavería y Juan Ricardo Zabala Quinteros, y al mando de las patrullas militares que intervinieron estaban el teniente Roberto Martínez Ferrán y el alférez Víctor Hugo Capo Tello (ambos egresados de la Escuela de las Américas en Panamá), quienes “accidentalmente” estaban al servicio del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) que comandaba el general Gregorio “Goyo” Álvarez.

El homicidio de Santiago

La muerte de Santiago Rodríguez Muela cerró una serie de más de doscientos atentados de la ultraderecha que se sucedieron desde abril a agosto de 1972 contra liceos, facultades y comités de base del Frente Amplio, que fueron firmados con pintadas del Movimiento Nueva Generación (MNG), la Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes (CREI) y la propio Juventud Uruguaya de Pie (JUP).
Aquel 11 de agosto en el Liceo Nº 8 se realizaba una reunión de padres, estudiantes y profesores para analizar la creciente violencia en los centros de enseñanza. En el mismo momento en el Bar Sirocco de Albo y 8 de octubre se reunía el grupo convocado desde el Liceo Bauzá, que atacó la casa de estudios ubicada frente a la entonces sede del Esmaco sin que nadie lo impidiera. Más de 40 personas invaden el lugar y al menos 15 entran, entre las que los testigos identifican a varios armados.
Nelson Santiago Rodríguez Muela había nacido el 4 de octubre de 1947. Criado en una familia de trabajadores, su padre era empleado de Ancap y su madre se dedicaba a tareas del hogar. Trabajaba en el ente de los combustibles junto a su padre y estudiaba en el turno nocturno del Liceo Nº 8. Estaba casado con Susana Escudero. Militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Rodríguez Muela procuró impedir el ataque a su liceo y fue baleado cuando intentaba arrojar una silla a los copadores. El cuerpo del estudiante fue llevado por uno de los padres, Júpiter Irigoyen, al Sanatorio Achard, cercano al liceo, donde falleció. Los intrusos permanecieron largo rato en el lugar, amenazando con armas a los participantes de la asamblea antes de que llegara al lugar personal de la Seccional Nº 9.
La mayoría de los atacantes intentó escapar por los fondos, hacia la calle Urquiza donde fueron detenidos por una patrulla del Ejército. En el jardín de acceso se encontró una capsula de bala. Los testigos indican que había otros cinco detenidos en la puerta (que desaparecieron) y que un soldado vació las balas de un revólver incautado, que nunca fue entregado. En su lugar el alférez Capó mostró al juez un arma de juguete.

Los juveniles del Escuadrón

La Juventud Uruguaya de Pie (JUP) se fundó formalmente el 24 de octubre de 1970 en la ciudad de Salto. El nombre se puso en oposición a las “sentadas estudiantiles” con las que se protestaba en la época. Pero la génesis de la organización fue impulsada a partir de que el gobierno de Jorge Pacheco Areco intervino la Enseñanza, por sectores colorados, agrupaciones del ruralismo y el grupo Seusa (La Mañana y El Diario).
En Montevideo se instalaron en una sede sobre 18 de julio, en el local de la Liga Federal de Acción Ruralista. Tenían una audición en Radio Rural y se organizaron acciones sociales y marchas hacia el interior del país. Definidos anticomunistas, se pronunciaron contra el Frente Amplio en las elecciones de 1971. Por entonces comenzó a denunciarse que realizaban prácticas de contrainsurgencia en una estancia de Tacuarembó y que varios de sus dirigentes andaban armados y eran protegidos por la policía.
Uno de sus centros de actividad fue el Liceo Bauzá, donde funcionaba la agrupación anticomunista “Por siempre Bauzá”. El liceo fue copado el 27 de abril de 1971. Al día siguiente ocurrió lo mismo en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, desde donde se baleó a los estudiantes que quedaron fuera. El hecho se denunció a la policía, pero nadie intervino. Llegaron “chanchitas” (que detuvieron a los estudiantes en la calle) y un Volkswagen blanco desde donde también se disparaba.
Entre los principales dirigentes de la JUP se encontraban Hugo Manini Ríos (hijo de uno de los fundadores de la Liga de Acción Ruralista), Miguel Sofía (a quien se incautó un arma en 1968), el policía Gualberto Cuenca (empleado de la OEA), Luis Sica, Gabriel Melogno (nombrado adscripto del liceo tras la intervención), y el “Manco” Ulises Fernández. En 1972 apareció el semanario “Nuevo Amanecer”, órgano oficial de la JUP, dirigido por Rogelio Mendiondo y Artigas González.
La violencia de la JUP se intensificó tras la muerte de su militante Gastón Zapicán Arhancet, de 16 años, estudiante del Liceo Miranda e hijo de un militar, quien junto a otro joven lanzó una bomba contra un comité del Frente Amplio en agosto de 1971. Arhancet llevaba una pistola calibre 45 con caño adaptado para calibre 22, según el parte policial. Su compañero de 18 años tenía un revolver calibre 38. Arhancet murió en un forcejeo cuando lo quisieron sacar el arma y se escapó un tiro.

La investigación de Aldrighi

Para la historiadora Clara Aldrighi, catedrática de la Universidad de la República, la JUP y el Escuadrón de la Muerte “fueron dos niveles de un mismo diseño subversivo y desestabilizador de las instituciones promovido por el Estado. Las acciones violentas del escuadrón y de la JUP contribuyen a acentuar la polarización política, a acrecentar las tensiones políticas y sociales”.
El Escuadrón surge en agosto de 1970 para realizar atentados contra la izquierda, pero a mediados de 1971 se crea un grupo más selecto, que firmaba como “Comando Caza Tupamaros” que realiza las desapariciones y asesinatos de militantes vinculados al MLN-T. Varios integrantes de este grupo aparecen vinculados a la JUP, como el subsecretario del interior, Armando Acosta y Lara, y el hoy prófugo Miguel Sofía.
En la investigación realizada por Aldrighi se demuestra que luego de regresar de Brasil, donde realizaron cursos en 1971, dos policías del Departamento 4 de la DNII, a las órdenes de Pablo Fontana, trajeron como donación de la inteligencia brasileña 10 revólveres calibre 38 destinados a la JUP. Las armas fueron entregadas a Miguel Sofía, quien los derivó a sus destinatarios.
“El Escuadrón de la Muerte cesó su actividad tras la declaración del Estado de Guerra Interno, ya que su labor se institucionalizó en las acciones represivas de las OCOA y del SID, pero en el caso de la JUP, sus actividades perduran para mantener un clima de caos en la enseñanza que favoreciera la aprobación de la Ley de Educación y para que, ante el desorden, la opinión pública aceptara soluciones autoritarias”, explica la historiadora.
Aldrighi recuerda que simultáneamente a lo que ocurría en Uruguay, en Chile surgió una organización juvenil análoga, Patria y Libertad, que realizaba las mismas acciones de la JUP y contribuyó a desencadenar el golpe de Estado contra Allende. Según la documentación obtenida por la historiadora, había sido organizada y financiada por la CIA. Impuesta la dictadura chilena, el grupo se disolvió.

Un Organigrama de la DNII

Uno de los grupos de investigación que se encuentra desarchivando documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), encontró en los archivos de esa dependencia policial un documento de origen desconocido (firmado por “Servicio de Información”) donde se hace un detallado informe sobre la JUP, su ideología, organización, táctica, conexiones, sistemas de financiación y “células operativas”.
El documento, al que accedió Caras&Caretas, explica que en Montevideo la JUP estaba estructurada por un Consejo Ejecutivo integrado por 9 miembros, una coordinación de servicios, departamentos y un plenario de grupos autónomos, mientras que en el interior existían dos proyectos para organizarse en 5 o 15 regiones, donde aparecían diferencias entre el dirigente del interior Ariel Ribas y los capitalinos Manini Ríos y Melogno.
Entre los contactos políticos de la JUP se incluye a Juan Escuadroni, Terra Trindade y Enrique Sánchez Varela de la Lista 620 de Aguerrondo-Heber, a Diógenes Cano del Wilsonismo, y a Juan Pintos, Tabaré Caputti, Sergio Molaguero, Juan J. Gari, F. García Capurro, Armando Acosta y Lara y Santiago De Brum Carbajal del Partido Colorado, entre otros. También aparece una lista de policías y militares que los apoyaban.
Como organizaciones paralelas se menciona a la Asociación Siempre Bauza, al propio Escuadrón de la Muerte, al Comando Arhancet y al “Comando Caza Comunistas” del que se dice: “Púrpura, De la Sovera y Sánchez y Sánchez, formaron este grupo el que tendría instrucción militar y llevaría un fichero completo de compañeros. A su vez, Púrpura con un tal Pérez, está reclutando gente para la JUP, la que sería entrenada militarmente en una estancia que posee en Florida”.
El documento, menciona tres células con sus vehículos y un equipo de “pegatineros” como grupos operativos. Una de ellas sería la “Célula Bien”, con mayor vínculo policial, compuesta por los hermanos Tebas (“consiguen armas de la cana”) con un Citroen negro, Abeledo (preso), Luis Sica, Omar Rodríguez, Carlos Díaz (“Palomo”) con un Simca, Fito Gagliardini, Antonio Palma y Tony Cartelao con un Fiat rojo.
También se menciona a la “Célula Lorsa”, integrada por el “Flaco Jorge” con un Chrisler blanco, Carlos Fernández con un Ford 8, Manco Ulises Fernández y Nelson Di Candia (“Estos cuatro son los “capos”. Van a fiestas los sábados de noche y salen a balear casas desde las fiestas. Van, balean y vuelven a contar la “hazaña”. Se reúnen en el Bar British o Británico). También figuran Andrés Ciapessoni, Daniel Fernández Rial, el gordo Villia, Alberto Martínez y Miguel A. Núñez.
La tercera es la “Célula Capurro”, donde se identifica a Felipe Corrensana (auto rojo grande), Daniel Tagle, Marcelino Carballo, Mario Papasián (Cadillac gris claro descapotable) y Guillermo Román. Entre los “pegatineros” se menciona a Juan Paladine, Hugo Cardozo y Enrique Goethe (Flaco Veiga).
El material desarchivado de la DNII también recuerda declaraciones de Juan María Bordaberry en las que decía “La JUP le ha devuelto la confianza a la juventud uruguaya” y afirma que como apoyo han obtenido pasajes de AFE, el traslado al interior por la Fuerza Aérea y la caballería del Ejército para un desfile de la JUP en Paysandú.
En el aspecto financiero, la JUP recibía una contribución mensual del Banco De Crédito (“se hace provenir de Gastos Generales, del subrubro Donaciones y Propinas”) que retiraba “una persona de apellido Methol”. También recibían dinero de José Luis Santayana (Bancos Comercial y De Crédito) y de Alberto Gallinal y Juan J. Gari, según dice el documento desclasificado.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

Agrotóxicos en Uruguay

Más pan y menos circo, por favor...

Hay temas que son difíciles de analizar al separarlos de la carga emotiva que generan, temas en los que los sentimientos se ven pincelados por expectativas con las que vivimos hasta el momento en que descubrimos que son mentiras. Hay personas en las que depositamos un voto de confianza por motivos diametralmente opuestos a los que hoy nos hacen cuestionarlas.
No se si los equivocados y equivocadas somos los que vemos con tristeza y bronca algo que nos parece una metamorfosis de quienes en otro momento fueron compañeras y compañeros, nuestros referentes y hoy se sitúan al otro lado de la acera. O simplemente nos “comimos la pastilla” y no vimos lo que era evidente. Lo importante es que somos muchos los que nos encontramos en esta situación, creo que es bueno trasmitir lo que siento y veo, para no incurrir nuevamente en el error de reconocer solo a la máscara y no al rostro de la verdad. Por supuesto no todos llegamos a las mismas conclusiones frente a estos hechos, pero por lo menos espero que sean cuales sean esas conclusiones, lleguemos a ellas con los ojos abiertos. Tampoco estaría de más que nos preguntemos si estamos de acuerdo con muchas de las cosas que están sucediendo en nombre de la “izquierda” y sobre todo que decidamos si vamos a dejar que estos hechos transcurran mientras callamos y miramos para otro lado, o vamos a decir lo que pensamos al respecto.
...
“Las paredes se caen a pedazos, humedad en todos los pisos, mugre, baños clausurados, jeringas tiradas, un panorama dantesco que tiene que ver más con una imagen de un país en guerra y no uno de primera como el eslogan del gobierno.” “Se suspenden operaciones por esta causa y por falta de personal. Los trabajadores reclaman por como están trabajando y los pacientes se quejan de las cucarachas que deambulan por los pasillos.” (extraído del Blog Atea y sublevada, referido al Hospital de Clínicas).
Diego Fischer escribe en el País Digital sobre la denuncia formulada por la Cámara de Emergencias Móviles acerca de los problemas y demoras que deben soportar los equipos médicos de las ambulancias, a la hora de internar a un paciente grave en un hospital. Afirma que al menos tres personas murieron en lo que va de este año porque ASSE demoró horas (más de seis en algunas situaciones) en encontrarles lugar a estos enfermos en un centro asistencial estatal.
“Mil mujeres están en lista de espera para realizarse exámenes en el hospital de Colonia, al tiempo que los usuarios de ese establecimiento se movilizaron por la "mala" situación edilicia, sin rubros asignados en infraestructura y ante la demora en la construcción del nuevo hospital prometido durante la administración de Tabaré Vázquez. La semana pasada se realizó una marcha reclamando el comienzo de la construcción del nuevo centro hospitalario, así como el mantenimiento del viejo hospital con 100 años de existencia y que atiende a 40.000 usuarios.” (Ultimas Noticias).
“Las explicaciones de una crisis. La denuncia de las emergencias móviles de que pacientes mueren aguardando lugar en hospitales movilizó al sistema de salud Un censo da las claves del problema. Hay cerca de 630 camas de CTI en el país.” “Aunque los estándares internacionales indican que la cifra sería suficiente, cuando las infecciones respiratorias se disparan, el sistema falla por una desigual distribución: solo el 25% de los CTI son públicos.” (País Digital)
En lo que va del año fallecieron al menos tres pacientes graves aguardando ingresar en un hospital de Montevideo, la demora ocurre en también en otros departamentos. Una mujer con traumatismo de cráneo debió esperar en Cerro Largo 36 horas para acceder a una cama de cuidados intensivos. Según la coordinadora de CTI, no había ninguna cama disponible en ningún lugar del país.
Se habla de "alerta roja" con nada más ni nada menos que el 75% de las camas ocupadas. Obviamente el 25% restante puede llegar a ocuparse en un día, además debemos tener en cuenta los tiempos de esterilización y mantenimiento de los equipos.
Sin embargo y como era previsible, Eleuterio Fernández Huidobro está sumamente preocupado porque el Hospital Militar atraviesa una gravísima crisis, el resto de las situaciones críticas que atravesamos no son tan importantes, ya que los ciudadanos civiles se han convertido en ciudadanos de segunda desde que en nuestro país se determinó por la base de los hechos que no todos somos iguales ante la ley, encubriendo y suavizando las condenas de los delincuentes militares con cárceles especiales o como en el caso del ex dictador Bordaberry, que murió rodeado de su familia, cómodamente recluido en su domicilio, de forma muy distinta a la que murieron nuestras y nuestros compañeros en los vuelos de la muerte, en la tortura o en las cárceles de la dictadura.
Sin sorpresa leo en La Diaria que hay un aumento destinado a la ANEP (973 millones), a la Udelar (243 millones), al Hospital Militar (154 millones) y al Banco de Tumores (cerca de 1,3 millones), nada se dice del Clínica y otros hospitales de la capital y el interior del país. La Diaria nos informa también, de que “Luego de entregar en mano el proyecto de ley al vicepresidente Danilo Astori, Lorenzo dijo que en la propuesta no hay más incrementos presupuestales que los previstos para Educación y el Hospital Militar y que, como en todo presupuesto, "quedan demandas insatisfechas". Creo que es importante echar un vistazo a las “demandas insatisfechas” y observar hacia donde se inclina la balanza cuando de dar prioridad a las necesidades básicas de nuestro pueblo se trata.
¿Qué ha estado haciendo Huidobro estos últimos meses?
Fernández Huidobro ocupó durante este período su banca en el Senado hasta el 6 de mayo, luego de que renunciara a ella por no estar de acuerdo con la iniciativa del Frente Amplio de anular la ley de Caducidad, fiel y consecuente con la política que llevó a cabo dentro de la Cap L desde antes de que se plebiscitara por el SI rosado. Huidobro votó el proyecto de ley por disciplina partidaria pero al mismo tiempo anunció su renuncia. “No me quiero hacer responsable de un error político”, argumentó. Tenían la jugada bien definida, no había peligro de que saliera un resultado adverso a lo que tan bien se calculó. Se contaba con comodines como Saravia, Semproni (y algún otro que no necesitó salir a luz) y por supuesto, el doble discurso de Mujica. La renuncia y la sustitución de Rosadilla (oportunamente enfermo), por un recuperado Huidobro que se encuentra en su “salsa”. Según las declaraciones que hizo a Búsqueda: “Cuando habla sobre cuestiones militares se entusiasma. Lee revistas sobre armamento y tácticas, libros, conoce las últimas novedades sobre asuntos bélicos”. Sin ninguna duda se entusiasma, como si ser ministro de defensa fuera lo que siempre quiso ser.
Siento vergüenza ajena al escuchar a Huidobro hablar sobre los militares y sobre los DDHH, no tiene el menor respeto por los compañeros y compañeras muertas ni por sus familiares, o por las y los compañeros que, al igual que él, pasaron por el infierno de cárcel, persecución y tortura y sin embargo no piensan como él. A mi entender, a esta altura perdió el respeto por si mismo como luchador y ser humano coherente. Creo que sencillamente se dio cuenta de que se equivocó de bando y nosotros le dimos la oportunidad de poder dar el salto hacia lo que realmente admira y respeta.
A nadie le es ajena su posición frente a los intentos por anular la Ley de Caducidad y castigar a los responsables de los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado. A nadie le quedan dudas de cual ha sido su forma de pararse frente a los militares e incluso el vínculo personal que ha desarrollado con algunos de ellos.
Por eso no nos sorprende, aunque nos da rabia, cuando declara en conferencia de prensa que trabajará para “mejorar la relación de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía”. “Vamos a propugnar que esta relación sea cada día más íntima”, “que el pueblo sienta propias a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se sientan parte del pueblo”. Se olvida sin embargo de la deuda por saldar que los militares tienen con la sociedad uruguaya, evita recordar el papel de las FFAA durante el período de dictadura.
Fue víctima de las arbitrariedades y barbaridades cometidas, no solo hacia el, sino hacia un significativo número de uruguayos, su compañera, su hija... Sin embargo redime a sus verdugos, admira a sus carceleros. ¿Es esto normal?
Cuando se refiere al incendio que afectó la semana pasada a una dependencia de la Armada ubicado en la calle Misiones entre 25 de Mayo y Rincón, lo hace como un “hecho desgraciado” que “Cae justo cuando reina sobre el tema una suspicacia”. ¿A qué se deberán las suspicacias?, no será por casualidad a que algunos de los ex guerrilleros que están en el gobierno se han dedicado a encubrir a los militares y a justificarlos a cualquier precio. Dios nos libre y guarde de que ahora la gente de forma “suspicaz” crea que los milicos quieren ocultar algún defalco económico y borrar las huellas del mismo, así como ocultan el paradero de las víctimas y los nombres de los responsables.
Huidobro dijo también que la reforma en las Fuerzas Armadas es muy complicada y que parte de esa complicación es la “dictadura feroz” que practica el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en el momento de asignar los recursos.
No me cabe duda de que Huidobro va a luchar con uñas y dientes para conseguir más armamento para los militares, mejores sueldos y condiciones optimas, dándoles así la posibilidad de prepararse para reprimir a su propio pueblo o a otros pueblos a través de las “misiones de paz”. Paradójicamente, este hombre que otrora luchó contra todo eso, hoy, dando un peligroso giro lo defiende y fomenta.
Declara que “A la salida de la dictadura hubo un gran rechazo a lo militar que nosotros no compartimos”, habría que ver a que se refiere con “rechazo”, ¿será que este señor interpreta los intentos por obtener justicia y verdad como un ataque a las FFAA?, cosa que ha llegado a sentir como algo personal.
“Obviamente, en el tema derechos humanos todo el repudio, eso está bien, pero aparte de eso hay otros problemas. No se puede despachar el tema de la defensa por el tema derechos humanos”. (El Observador).Yo agrego, no se puede poner el tema de la defensa por encima de los DDHH, ni se puede encubrir ni defender asesinos sin convertirse en cómplice de ellos.
Además, banaliza un tema de principios que está profundamente arraigado en muchos al expresar: “No es fácil romper esa costra, que nada tiene que ver con los derechos humanos, sino que es de principios del siglo pasado. Eso ya estaba instalado y siguió de largo y con la dictadura recrudeció. Creo que la discusión sobre la ley de defensa ayudó mucho, pero el principal instrumento es colocar el tema con seriedad y debatirlo para comprender que la defensa es fundamentalmente civil y que lo militar es solo una parte”. (El Observador). Nos han vendido versos y han perpetrado la impunidad. Han demorado todo lo que tiene que ver con la justicia en casos de violaciones de los DDHH hasta un punto crítico, ¿pensarán que su recorrido histórico y su actual situación política les da derecho de hacerlo?, si es así, están muy equivocados.
Hoy aparece en Ultimas Noticias bajo el titular de “Uruguay compró a Rusia blindados para la Guardia Republicana”, un artículo que nos informa sobre el dinero que se sigue gastando en armamento, se compraron al módico precio de 280 mil dólares por unidad, blindados 4x4... una ganga. Mientras tanto la educación y la salud se caen a pedazos, se sale a pedir dinero a la calle para construir unos cabañas deficientes o debería decir ranchos mejorados. En este país los únicos que parecen haberse vuelto más cultos (hasta hablan inglés), son los militares, según las propias palabras de Eleuterio. Lo que es la población civil que concurre a escuelas públicas, apenas habla el español y no hablemos de escribirlo. A pesar de las inversiones realizadas por el gobierno, las cárceles para los presos que no pertenecen a la elite “VIP”, se encuentran en condiciones deficientes.
Piden más dinero para el Hospital Militar, porque no utilizan el dinero destinado a comprar armamento para la salud?, ¿o esperan algún ataque extraterrestre? Si los extranjeros nos atacan, no tenemos chance. Para reprimir a los uruguayos civiles, no es necesario gastar tanto dinero y ese es el fin verdadero. Los otros, los asesinos del Terrorismo de estado están muy cómodos en sus cárceles especiales o sueltos.
No se para que van a adquirir patrulleros y camionetas que se sumarán al actual parque automotor de la Policía, si según Mujica la culpa de la violencia la tiene la prensa, sería más barato cerrar la prensa. Los 1.050 hombres, y grupos especiales en cada una de las jefaturas policiales del país no han servido de mucho cuando de combatir la delincuencia se trata, a pesar de Bonomi y su sistema de represión.
La policía habla de una inversión de 10 millones de dólares. Tenemos 32.850 funcionarios del Ministerio del Interior, 24.686 policías ejecutivos y 5.500 revisten en la Jefatura de Policía de Montevideo. Les parece poco?
No nos dieron mucho pan, pero si bastante circo; habría que ver hasta que punto es inofensiva para el país esta bizarra situación de expresos jugando a militares

Veronika Engler
http://www.simplesite.com/veronikaengler/44265015

La verdad secuestrada

“Porque nada hay encubierto,
que no haya de descubrirse;
ni oculto que no haya de saberse”
(San Lucas 12.2)

El tema que me han asignado para este seminario se titula “Situación actual del caso de nuestros Cinco Héroes”.
Comenzaré diciendo que desde el punto de vista jurídico ha concluido ya su curso normal. Acudimos ahora a un procedimiento extraordinario, el llamado Habeas Corpus, que es una oportunidad que se ofrece por una sola vez a los condenados después que agotaron sin éxito todos sus recursos apelativos. Si se toma en cuenta los antecedentes son muy remotas las posibilidades de obtener por esta vía la liberación de nuestros compañeros.
Damos este paso, sin embargo, por dos razones fundamentales. La primera es una cuestión de principios: debemos librar esta batalla en todos los terrenos que podamos pues se trata de cinco inocentes que sufren injusta y cruel prisión. La segunda es que sólo alrededor de decisiones tomadas en instancias judiciales se ha logrado quebrar, aunque sea parcial y limitadamente, la férrea censura que los grandes medios de comunicación imponen a este caso.
También podría haber iniciado esta charla diciendo que la situación actual de los Cinco es idéntica a la que encaran hace trece años. Sobre ellos no hay noticias. Sufren un doble encierro, el de sus carceleros y el de los periodistas.
La primera reflexión que habría que hacer es ¿por qué ese silencio mediático? ¿Es que Cuba, su Revolución, sus problemas, han sido temas de escaso interés para esos medios? Ustedes saben que es al revés. Nuestra Patria ha recibido y recibe una atención incomparablemente mayor a la de otros países del Continente; se nos analiza día y noche bajo potentes reflectores y poderosas lupas que tratan, casi siempre distorsionando, los más diversos aspectos de nuestra realidad. Entonces ¿por qué casi nunca han dicho algo sobre este caso? Si los Cinco hubieran cometido algún crimen, si alguno de ellos hubiese hecho o intentado hacer algo contra el pueblo norteamericano ¿tiene alguien la menor duda de que ellos habrían sido tema constante en la propaganda anticubana?
La verdad es que los Cinco son completamente inocentes y son literalmente, sin exageración alguna, héroes, que han sacrificado sus vidas por salvar las nuestras, dando una prueba de altruismo insuperable. No hago un ejercicio de retórica.
Esa verdad consta en documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos y de sus tribunales. Que su misión era tratar de descubrir los planes terroristas contra Cuba está con todas las letras en numerosos escritos, desde el Acta acusatoria inicial formulada contra ellos y en varias mociones de la fiscalía al comienzo del juicio y a lo largo de su desarrollo hasta las sentencias que al final les fueron impuestas. Que el propósito del gobierno norteamericano era proteger a los terroristas fue reconocido también en esos documentos y en repetidas intervenciones de la fiscalía, todo lo cual está registrado en las actas del tribunal.
El gran problema que enfrentamos es que el Imperio ha logrado impedir que esa información trascienda a la gente. Su éxito es notable. Ha podido secuestrar la verdad impunemente. No hablo de textos secretos o confidenciales. Me refiero a documentos que han estado y están disponibles para quien acceda al sitio oficial del Tribunal Federal del Sur de la Florida y busque el caso “Estados Unidos versus Gerardo Hernandez et al.” Pero eso sólo lo hacen algunos especialistas o personas particularmente interesadas. El gran público se entera de lo que sucede en los tribunales por las versiones que quieran darle los llamados “medios de información”. Y de este juicio, el más prolongado de la historia de un país que, entre otras cosas, tiene varios canales de televisión y otras publicaciones dedicadas exclusivamente a los tribunales, nada se dijo fuera de la ciudad de Miami. Debo detenerme en este punto.
Como ya les dije estamos ahora enfrascados en la presentación de los recursos de Habeas Corpus. El caso más difícil es el de Gerardo al cual me referiré más adelante.
Pero hay un elemento común en la apelación de todos ellos que se refiere a la conducta de la prensa. Mientras en el mundo entero era ignorado completamente, el juicio tuvo en Miami una desbordada y estridente cobertura de los medios locales que promovieron un ambiente de odio contra los acusados, pero además amenazaron y provocaron a los miembros del jurado y a los abogados y testigos. La propia jueza se quejó varias veces y pidió al gobierno que pusiera fin a una situación claramente violatoria de las normas del debido proceso. Ese fue uno de los factores que llevó a la decisión unánime del panel de la Corte de Apelaciones en el 2005 de anular aquella farsa y ordenar un nuevo juicio, justa decisión revocada después por presiones del gobierno de Bush.
Al siguiente año, en el 2006, se supo que esos “periodistas” de Miami eran pagados por el Gobierno para realizar su deleznable faena. Desde hace 5 años grupos de la sociedad civil norteamericana reclaman a las autoridades que revelen todo lo que aún ocultan sobre el alcance de esta operación millonaria – cuánto pagaron, a quiénes y para qué – en una conjura cuyo descubrimiento es más que suficiente para declarar nulo y sin valor alguno todo el proceso seguido contra nuestros compañeros.
Contra Gerardo se levantó una acusación adicional, una calumnia infame que es la causa por la que fue sentenciado a morir dos veces en prisión. Lo acusaron de “conspiración para cometer asesinato en primer grado”.
Sin embargo aquí tengo este documento fechado el 30 de mayo de 2001. Es de la Fiscalía General de Estados Unidos. Aquí dicen que no podían probar esa acusación y por ello solicitaron retirarla a última hora. Pese a ello, Gerardo fue declarado culpable por un crimen que no existió, que era imposible de probar y, para colmo, por el que ya no lo acusaban.
Pero ¿qué importa que este documento exista si nadie habla de él?
Se acusaba a Gerardo falsamente de haber participado en algo con lo que él no tuvo absolutamente nada que ver: el derribo en febrero de 1996 sobre aguas cubanas de dos aeronaves de un grupo terrorista que se dedicaba sistemáticamente a violar el territorio cubano y anunciaba cada violación y las pregonaba sin pudor en los medios de Miami. Independientemente de que este documento es prueba irrefutable de que la acusación era insostenible hay otro dato muy importante que ilustra sobre la prevaricación de las autoridades norteamericanas.
Para reclamar jurisdicción sobre el incidente Estados Unidos debía demostrar que había ocurrido fuera del espacio cubano. Los radares cubanos registraron el hecho dentro de nuestro mar territorial muy cerca de la ciudad de La Habana. Los radares norteamericanos ofrecían datos confusos o que se contradecían entre sí. La misión investigadora de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) solicitó las imágenes tomadas por los satélites de Estados Unidos pero Washington se negó a mostrarlas. Durante el juicio de Miami la defensa reiteró igual petición y el gobierno volvió a rechazarla. Ahora vuelve a reclamarlo Gerardo en su Habeas Corpus y Washington, otra vez, se niega a permitir que nadie vea esas imágenes. Son ya más de quince años de ocultamiento que revelan el carácter fraudulento del alegato estadounidense. Pero Washington ha logrado que nadie lo denuncie permitiéndole seguir engañando a muchos.
La información es cuestión clave para alcanzar la libertad de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René Gonzalez Sehwerert. Para ganar esta batalla se necesita movilizar a mucha gente, a millones de personas, y desplegar un movimiento de solidaridad que sea verdaderamente amplio y efectivo.
Cualquier aproximación a este problema, si tiene aunque sea un mínimo de objetividad, debe reconocer que estamos muy lejos de esa meta.
Está comprobado que las grandes corporaciones mediáticas imponen un silencio absoluto sobre este caso, especialmente riguroso en Estados Unidos donde la inmensa mayoría de la población lo desconoce completamente. La ausencia del tema en esos medios no es reflejo de incapacidad profesional de los periodistas sino que obedece a instrucciones precisas, a la decisión política de silenciarlo que procede de los más altos niveles de Washington.
Esperar que esos censores cambien de actitud es una ilusión sin sentido, sería practicar el autoengaño. Denunciarlos por ello una y otra vez, es correcto pero insuficiente porque nuestras reiteradas denuncias apenas tienen repercusión.
Es mucho más, muchísimo más lo que podemos y debemos hacer.
Ante todo hay que apreciar objetivamente el alcance que hoy tiene lo que debemos llamar por su nombre, la tiranía mediática global.
No se trata sólo de lo que dicen o callan los periódicos famosos, las grandes cadenas de televisión o las agencias cablegráficas que deciden sobre la transmisión de noticias en todo el mundo. Todos ellos, unificados en enormes monopolios controlan y manipulan la información y extienden su influencia hasta quienes quieren ser alternativas a esa dictadura global, incluyendo medios que se autodefinen como revolucionarios.
Hay mucha gente en el mundo que se esfuerza por hablar y hacerse oír con recursos muy limitados y han logrado alguna que otra vez penetrar la muralla de la desinformación y el engaño. Nuestros recursos son mucho mayores, los de las Universidades cubanas, sus profesores y estudiantes.
Hagamos como los niños de La Colmenita y preguntémonos sinceramente ¿qué más podemos hacer?

Ricardo Alarcón de Quesada
Intervención en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI),
Julio 20, 2011

Apareció Julián Conrado y admiten Habeas Corpus

Como sabe el mundo el 31 de mayo, en operativo conjunto de las policías venezolana y colombiana, fue detenido-secuestrado ilegalmente en Venezuela, estado Barinas, el cantautor revolucionario colombiano Julián Conrado. Actualmente se desconoce si cursa el “procedimiento legal” para su entrega al gobierno de Colombia, país en el cual hay 7501 (ahora sería 1 más) presos políticos producto de la guerra civil que aqueja al hermano país desde hace más de sesenta años, a los cuales les son violados sus derechos humanos y negado el debido proceso.
Con palabras de Julián, entregarlo a Colombia sería “…la tortura y la muerte...”.
Hoy sabemos que está en Boleíta, en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar (DIM) en Caracas. Lleva 52 días incomunicado y secuestrado. Así como nuestro comandante Chávez para desmentir su renuncia, desde la base militar de Turiamo donde también estaba desaparecido y secuestrado en abril de 2002, logró la ayuda de su cabo de la Guardia Nacional Juan Bautista Rodríguez, el “Cabos de Tres Soles”, nuestro cantor Grancolombiano Julián, consiguió la solidaridad de un humilde soldado bolivariano que nos hizo aparecer al trovador de la selva a través de unas líneas de agradecimiento que se podrán leer a continuación.
Julián nos hace llegar su luz, desde las sombras del encierro, por medio de una carta de agradecimiento a la gente decente del mundo que comprende el valor de la solidaridad y la importancia de la defensa intransigente del Derecho Internacional Humanitario. Dice así (anexamos copia fiel e idéntica de la misma):

Caracas, día del cumpleaños de Mandela de 2011

Hermanos y hermanas de todas partes del mundo que me brindan solidaridad. Desde mi cautiverio en la República Bolivariana de Venezuela, les agradezco su apoyo y el valor que me dan para seguir adelante.
Sé que de acuerdo a los tratados y leyes internacionales, las propias de Venezuela mi extradición a Colombia o a EEUU no es posible; y el Comandante Chávez sabe perfectamente que ninguna razón de Estado puede estar jamás por encima de los derechos inherentes a la persona humana y los principios revolucionario; sabe además el camarada Chávez, que esa decisión no tendría otro significado que el de la tortura y la muerte; y el che lo dijo muy claro: “la cualidad más linda de un revolucionario es sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”.
De todas maneras quiero que sepan, que sea lo que sea, ni me rendiré ni traicionaré; definitivamente el corazón no me deja otra opción: donde esté y como esté seguiré siendo fiel a la hermosa causa de la paz con justicia y con amor. Bueno… es que ya lo dijo mi hermano Alí Primera: “No solo de vida vive el hombre”.
Les comento que no he dejado de cantar y que tengo dos nuevas canciones, cuando se resuelva lo de mi asilo, se las daré a conocer.

Un abrazo de todo corazón.

¡AMANDO VENCEREMOS!

Julián Conrado

Además, como Coordinadora “Que no calle el cantor”, debemos informar que desde el 11 de junio hemos asumido la defensa legal-formal de Julián Conrado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole el caso: No 5C-678-11, con el expediente No 678-11 ante el Juez Braulio José Sánchez Martínez, recibiendo “BOLETA DE NOTIFICACIÓN DEL JUZGADO”, con fecha 21 de julio (a 51 días de su desaparición-secuestro) en la que se nos informa: “…este juzgado en decisión de esta misma fecha emitió los siguientes pronunciamientos: ‘Primero: Se admite la solicitud presentada por el ciudadano abogado…de amparo judicial de la libertad y seguridad personal (Habeas Corpus) a favor del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUETER todo de conformidad con lo establecido en artículo 27 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, y los artículos 38,39,40 y 41 de la Ley orgánica Orgánica de Amparo sobre derechos o garantías Constitucionales, SEGUNDO: Se acuerda oficiar a los ciudadanos: Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, al Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, para que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de la solicitud de información de respuesta. Notifíquese al Fiscal Superior del Ministerio Público para que designe un representante fiscal para que intervenga en el trámite, sustanciación y decisión de la acción de amparo interpuesta’…”
Con estos pequeños avances, hoy podemos alégranos, pero nunca descansar. Es el comienzo del principio de una etapa de lucha legal y de justicia que apenas comienza, tratando de regular en derecho su situación de secuestrado-desaparecido. Nunca olvidemos que la pretensión del criminal gobierno colombiano es la extradición final a los EEUU, como nos lo recordó Julián en su carta de agradecimiento a los pueblos solidarios y justos del mundo.
¿Habrán cobrado ya la recompensa de 2.5 millones que ofreció el subsecretario de Estado para Latinoamérica de los EEUU, Arturo Valenzuela por su captura? No lo sabemos. Pero si el pago se hará “…al final de la operación del secuestro-detención con la entrega final, agüémosle la fiesta. Que se les caliente el champan.

"... la vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen mal,
sino por las que se sientan a ver lo que pasa..."

Albert Einstein

Coordinadora “Que no calle el cantor”

ASILO POLÍTICO PARA JULIAN CONRRADO

La consigna es:

AMANDO VENCEREMOS!!!

Procesaron a dos militares por el asesinato de Horacio Ramos en el Penal de Libertad en 1981

Caso de Horacio Ramos, detenido en el Penal de Libertad

El juez penal Ruben Saravia ordenó ayer el procesamiento con prisión del coronel (r) Walter Gulla, exdirector del Penal de Libertad, por su responsabilidad en la muerte del militante tupamaro Horacio Ramos, registrada en 1981 mientras se encontraba detenido en esa dependencia carcelaria.
A pedido de la fiscal Mirtha Guianze, el magistrado imputó a Gulla como coautor de un delito de "homicidio muy especialmente agravado".
Saravia también procesó al oficial (r) de la Fuerza Aérea Enrique Rivero, a quien encontró responsable del delito de "encubrimiento". Rivero está en prisión desde el año pasado, cuando fue enjuiciado por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa, ocurrido en 1976.
El magistrado señala que está probado que Ramos no se suicidó como se planteó inicialmente ahorcándose con una bufanda, sino que, por el contrario, perdió la vida a causa de la tortura que padeció mientras se encontraba recluido en el sector del Penal de Libertad conocido como "la isla".
Al respecto, la resolución del juez dice que Ramos "fue víctima de homicidio por parte de quienes ejecutaban las directivas impartidas" por Gulla.
El fallo señala que Gulla sabía que en el Penal de Libertad se torturaba a los detenidos en busca de información, pero "no impidió que continuaran con dicha política de persecución sistemática hacia quienes comulgaran ideológicamente con determinadas corrientes de pensamiento político, sino por el contrario se comprometió a encubrir los referidos excesos de sus subordinados".
Para el juez, se recolectaron los elementos probatorios suficientes que demuestran que la muerte de Ramos "se produjo por ser víctima de un instrumento o mecanismo de terror para obtener información sobre determinados hechos realizados por quienes integraban los movimientos de izquierda política, o como política de persecución a su respecto".
Por su parte, en relación a Rivero, el juez Saravia concluyó que "estorbó las investigaciones" que se realizaron en torno a la muerte de Ramos.
Así, el militar simuló pruebas "con la finalidad de ocultar el delito de homicidio y favorecer a los eventuales responsables del mismo a sustraerse de la persecución de la Justicia o a eludir su castigo", señala la resolución, que también advierte que Rivero "se presentó espontáneamente" a declarar en el marco de la causa.
MÁS CASOS. Los procesamientos de Gulla y Rivero tienen lugar semanas después de que el Poder Ejecutivo revocara sus actos administrativos anteriores mediante los cuales amparó denuncias en la ley de Caducidad, obstaculizando las indagatorias.
Esa medida del gobierno, que busca cumplir con la sentencia emitida en febrero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posibilitaría la reapertura de más de 80 casos que en su momento fueron incluidos en la ley de Caducidad, según estimó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
Sin embargo, también existe otro factor que agrega más incertidumbre: el plazo de prescripción. Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos durante la dictadura ya no podrían ser juzgados más allá del próximo 1° de noviembre, al computar el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1° de marzo de 1985.
Pero existe otra visión según la cual, en base al fallo de la Corte Interamericana, los ilícitos no deben prescribir.

Lo mataron

La Diaria 22 7 11. Por Lourdes Rodríguez

Justicia determinó que la muerte de Horacio Ramos en 1981 no fue suicidio.

El juez penal de Tercer Turno, Ruben Saravia, que subrogó a Sergio Torres, hizo lugar al pedido de la fiscal Mirtha Guianze y ayer procesó con prisión a los militares retirados Walter Gulla y Enrique Rivero, en la causa que investiga el fallecimiento del militante tupamaro Horacio Ramos, tras nueve años de prisión en el Penal de Libertad.
A Gulla, entonces director de la cárcel, se le imputó "coautoría de homicidio muy especialmente agravado. Ayer lo detuvieron en su vivienda, ubicada en el departamento de Colonia, y fue posteriormente trasladado a la Guardia de Coraceros en Montevideo. Allí también se encuentra recluido Rivero, en su caso desde octubre de 2010, cuando fue procesado por el asesinato de Ubagésner Chaves Sosa. En el caso Ramos, excluido de la Ley de Caducidad en 2006, se le tipificó "encubrimiento".
La versión militar sostiene que Ramos se suicidó en su celda. Pero en el auto de procesamiento, Saravia concluye que esa posibilidad es "materialmente imposible". Durante la reconstrucción de los hechos se constató que, dada la altura del borde inferior de la reja de la ventana en la que se habría ahorcado, la estatura de la víctima, y que "no existían objetos móviles en qué apoyarse", la maniobra no era posible. El magistrado destaca que el cuerpo no ingresó a la morgue judicial para autopsia, ni intervino ningún médico forense judicial. Al momento del homicidio, Ramos se encontraba en la celda de castigo, conocida como "la isla".
Durante la indagatoria, según consta en el fallo, Gulla manifestó conocer "la existencia de un sistema de información e inteligencia que utilizaba escuchas y grabaciones, el sistema de trabajo de sus subalternos, el régimen de sanciones y calificación de los reclusos, el lugar y la forma de reclusión", pero por el contrario aseguró no saber si tras el fallecimiento de Ramos se efectuaron las pericias técnicas correspondientes y reconoció que "no supervisó la labor de sus subalternos".
En cuanto a Rivero, el juez determinó que "estorbó las investigaciones (...) simulando pruebas con la finalidad de ocultar el delito de homicidio y favorecer a los eventuales responsables del mismo a sustraerse de la persecución de la Justicia o a eludir su castigo". Luego de la fuga masiva de presos políticos tupamaros del Penal de Punta Carretas en 1971, Ramos fue recapturado al año siguiente y sentenciado por la Justicia Militar a una condena de 30 años de penitenciaría y medidas de seguridad eliminativas de uno a diez años por atentado contra la Constitución, coautoría de homicidio, asociación para delinquir, autoevasión y encubrimiento de hurto.

La lucha por la educación y por un Chile bien diferente

Un imponente movimiento de estudiantes de todos los niveles de la educación, jóvenes, profesores y trabajadores tiene a Chile en fibrilación desde hace meses. Comentaristas chilenos e internacionales consideran ésta como la movilización más amplia y participada en la historia chilena, seguramente en la historia de las últimas décadas. La lucha por una educación pública, gratuita y de calidad se está convirtiendo rápidamente en un movimiento generalizado contra las privatizaciones implementadas por la junta militar presidida por Pinochet no solo en la educación. Tras casi 20 años de tiranía y de la transición a una democracia del olvido un país entero levanta cabeza comenzando nuevamente a reclamar “un Chile bien diferente”.

La “revolución” educativa de Piñera

El origen de las movilizaciones es la Ley por la Calidad y Equidad de la Educación presentada al debate parlamentario a finales de 2010 por el gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno de derecha en Chile desde las primeras elecciones libres del post Pinochet en 1990.
Las principales medidas de la ley consisten en la creación de un nuevo sistema de selección de directores de establecimientos educativos a los cuales se atribuyen nuevas autonomías de gestión; aumentos salariales selectivos a los mejores profesores; la institución de “60 liceos de excelencia” a nivel nacional para los mejores alumnos etc. En lo académico se propone reducir las horas de historia para aumentar las de lenguaje y matemática.
Se trata simplemente de unos parches secundarios –de contenido antidemocrático, clasista e incluso discutibles desde el punto de vista pedagógico– al modelo privatizador de la educación que se mantiene sustancialmente vigente en Chile desde 1980.

La educación en Chile

Entre 1970 y 1973 (gobierno de Allende) el gasto público en la educación representaba el 8,9% del PIB y financiaba integralmente la educación. A final del régimen militar este porcentaje se redujo drásticamente a menos del 3% mientas se encaminaba la privatización del sector. Con la contrarreforma promulgada por la dictadura en 1980 el Estado pasó primeramente a financiar tanto las escuelas públicas como las privadas, otorgando a todos los establecimientos educativos un subsidio en función de cada alumno y su asistencia escolar. Sucesivamente permitió a todos los establecimientos educativos cobrar una renta a los alumnos y recibir aportes de privados sin perder el derecho a la subvención estatal.
Así, mientras los colegios particulares pueden disponer de los financiamientos privados, de las subvenciones estatales y de las rentas cobradas a los alumnos, las escuelas públicas deben competir por tener el mayor número de estudiantes para financiarse, en desmedro de la calidad de la educación. De hecho el promedio de alumnos por aula en la escuela pública es de 34, numero presumiblemente aun más elevado en los colegios de los barrios populares de las grandes zonas urbanas. Se trata del promedio más alto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), institución de la que Chile es miembro.
Un estudio de 2007 del Consejo Asesor de la Educación Superior, creado por disposición del gobierno para proponer mejoras en el sector, ha evidenciado cómo sólo los hogares más ricos pueden permitirse los gastos universitarios. Este estudio explica porqué sólo el 16% de los hijos de las familias obreras acceden a la educación superior, un porcentaje que en cambio es del 60% en los hogares más ricos. De hecho de cada 100 dólares que se gastan en la educación superior en Chile, 84 dólares son pagados directamente por los estudiantes y sus familias.
La supuesta “revolución” educativa propuesta por el gobierno de Piñera no modifica ninguno de estos problemas estructurales de la educación chilena, más bien consagra y extiende desigualdades. La “calidad de la educación” a la que apunta es simplemente esta; el hijo de un trabajador debe ser un genio para poder solamente ambicionar a una educación de calidad y completar su ciclo de estudios, mientras un burro cargado con plata podrá tranquilamente comprar su titulo de profesional.

Cobre público para la educación pública

Ya en 2006 el gobierno de la socialista Bachelet intentó una reforma del sistema educativo sin modificar su carácter privatizador desencadenando así la movilización de los “pingüinos”, como en Chile se les llama a los estudiantes de secundaria por sus uniformes. La represión de aquel movimiento –así como de los Mapuches y otras– y el descontento hacia el reformismo sin reformas de la Concertación de Partidos por la Democracia [1] ha sido una de las razones principales de su derrota electoral en 2009 tras casi 20 años ininterrumpidos de gobierno. Pero las actuales movilizaciones son mucho más amplias y participadas que el movimiento de los pingüinos y no involucran sólo a los actores del sistema educativo.
En primer lugar el rechazo a la contrarreforma de Piñera y la lucha por una educación pública y de calidad se mantienen con la participación activa de los profesores que ven correctamente la privatización del sistema educativo como un ataque a sus condiciones laborales y económicas. El salario de un profesor de una escuela particular subvencionada es de un 13% inferior al de un colega de la escuela pública, mientras esta presión competitiva sobre la educación se traduce en una intensificación de la explotación del trabajo docente y mayores frustraciones en las hacinadas aulas públicas.
Sin embargo el principal elemento de novedad está representado por los cada vez más frecuentes casos de unidad entre los estudiantes y los sectores decisivos de la clase obrera industrial chilena. Ya en las anteriores semanas se dieron varios ejemplos de unidad obrero-estudiantil y la participación de diferentes sectores laborales en las huelgas estudiantiles. La participación de los trabajadores en las movilizaciones estudiantiles está contribuyendo de manera determinante a mantenerlas activas elevando su consciencia y nivel reivindicativo. Las marchas convocadas por mineros y estudiantes en Calama, Antofagasta y la misma Santiago levantaban por ejemplo la consigna de la nacionalización del cobre para la estatización de la educación. Un evidente salto cualitativo en las movilizaciones estudiantiles que están inspirando a, y son alentadas por, las crecientes movilizaciones obreras.

Movilizaciones obreras

Este ambiente de movilización ha presionado a la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) a adelantar al 24 de agosto una huelga general de 48 horas antes programada para octubre. La política económica del gobierno de Piñera, ideal continuación del neoliberalismo de la dictadura –libertad para multinacionales y capitalismo y represión para las masas– está catalizando todo el descontento acumulado durante años en las filas del movimiento obrero, que no encontraba expresión por el papel de la burocracia ¨socialista¨ en los sindicatos.
Las cifras macroeconómicas que trasmiten la imagen consolidada de un Chile modelo para América Latina esconden la realidad de un país con las desigualdades más abismales en la distribución de los ingresos. El desempleo se ha incrementado al 7,4% en el primer semestre de este año y medio millón de chilenos más viven hoy por debajo del umbral de pobreza, es decir son parte de aquel 19% de la población que sobrevive con menos de 64 mil pesos (138 dólares americanos) al mes. El auge de los precios de las materias primas, particularmente minerales, se traduce en un incremento consistente de las horas trabajadas y aumentos salariales irrisorios rápidamente absorbidos por la inflación. El aumento salarial del 5,5% ofrecido por la administración Piñera es considerado correctamente como una limosna por los trabajadores que exigen un mínimo de un 10,46%, frente a los tan alabados resultados del crecimiento económico chileno.
El 11 de julio, a 40 años de la nacionalización del cobre, los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), el mayor productor de cobre del mundo, realizaron una huelga general contra los intentos de debilitar la compañía minera estatal para preparar su privatización. Mientras se afirma que no hay dinero para los gastos sociales, “la industria privada se llevó [en 2010] 34 mil millones de dólares, el 79% del presupuesto de la nación”, recordaba durante la huelga (seguida por el 100% de los trabajadores) el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas.

¡Acabar con los resabios de la dictadura!

A medida que las movilizaciones crecen, crecen también sus reivindicaciones y se reducen los espacios de diálogo con el gobierno. Hasta hace poco Piñera lanzaba señales de disponibilidad a hacer concesiones buscando entre dirigentes de estudiantes y profesores un compromiso, que aunque pueda haberse insinuado, es difícil practicar en plena radicalización del movimiento de masas. Ahora el propio Piñera es el que descarta cualquier mediación anunciando medidas para combatir las protestas. Mientras tanto, los mineros, como decíamos, exigen la completa nacionalización del sector y los estudiantes universitarios, una modificación constitucional para declarar el carácter irrenunciablemente público y gratuito de la educación.
Frente a esta situación, el adelanto de la huelga general desde Octubre a Agosto proclamado por la CUT es realmente un retraso de un mes. Evidentemente existe entre los trabajadores plena disponibilidad al combate, como quedó demostrado con la huelga general del 11 de julio entre los mineros, entonces la timidez de la dirigencia de la CUT no puede justificarse con exigencias de preparación y su estrategia se hace incomprensible a los ojos de las masas. Además el convocar a una huelga general solo sobre el tema del salario, cuando los trabajadores ya están demostrando la voluntad de movilizarse para mucho más que esto, es un grosero intento de contener el desarrollo de su conciencia política, torpemente enmascarado tras las declaraciones oficiales de respaldo a las movilizaciones estudiantiles.
En la CUT los socialistas parecen estar jugando a desacreditar al gobierno pero frenando al movimiento para evitar ser desbordados por el mismo, pero así acabarán por ser desbordados por el mismo descrédito. Los comunistas se están prestando a este juego a cambio de una mayor visibilidad en la CUT y por no poner en peligro su pacto con la Concertación que le posibilitó por primera vez la elección de 3 diputados en el actual parlamento. Con esta actuación, el PS y el PCCh están echando a perder la posibilidad de ser el cauce de organización de las demandas de cambios estructurales que se van levantando, poniendo además en peligro la misma posibilidad de victoria del movimiento de masas.
El PCCh es obviamente el partido que más tiene que perder con esta táctica lamentable. Las condiciones están más que maduras para romper con cualquier equilibrismo táctico poniendo el partido y sus militantes a servicio de la estructuración, organización y para dotar al movimiento en las calles de un programa general que abarque el tema de las nacionalizaciones, de la educación pública y los resabios de la dictadura como la Ley de Seguridad Interior (que fundamenta la represión de los carabineros), el sistema electoral binominal etc.
Pero para ser creíble el PCCh debe demostrar que no tiene segundas intenciones y hacerlo con actos concretos, empezando por exigir la implementación del voto universal y en general de una mayor democracia en la CUT, y convocar ahora, en las próximas semanas y por el programa que esbozamos la huelga general. Los errores que el PCCh pueda cometer en esta fase podrían costarle muy caro. La clase trabajadora y los estudiantes, están preparados a combatir los ataques de la derecha, pero no perdonarían fácilmente la traición de sus partidos.

El papel de las vanguardias

La vanguardia obrera y estudiantil debe trabajar para dar al movimiento que sigue en alza una perspectiva política. Es necesario organizar a todo los niveles comisiones, consejos, asambleas (o como querramos llamarlas) obrero-estudiantiles, que sepan dar el espacio concreto de decisión y participación de los cuales se siente la necesidad. Sabiendo hablar de igual manera a los trabajadores y estudiantes sin partido y los militantes socialistas y comunistas, llamándolos a pelear para romper con la Concertación y por una alianza entre los partidos obreros basada en un programa auténticamente socialista.
El maravilloso movimiento de trabajadores y estudiantes chilenos ha logrado en pocas semanas hacer precipitar vertiginosamente el apoyo a Piñera en los sondeos de opinión. La burguesía está asustada, como demuestra el inútil intento de minimizar la participación en las movilizaciones por parte de los medios de prensa. El futuro de las reivindicaciones de trabajadores y campesinos chilenos se juega en la capacidad de preparar conscientemente las condiciones para una verdadera alternativa a Piñera, la derecha y el capitalismo neoliberal manchado de sangre en Chile.

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[1] Alianza integrada por los partidos Demócrata Cristiano (DC) –principal partido opositor a Allende que justificó el golpe militar de 1973– Partido Por la Democracia (PPD), Radical Social Demócrata (PRSD) y Socialista (PS).

José Pereira

Justicia para Julio Castro

El juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Mirtha Guianze, retomarán hoy la indagatoria por el secuestro y desaparición del maestro Julio Castro, con la comparecencia de varios militares detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ("cárcel especial para militares"). En este sentido, el magistrado interrogará hoy al coronel (r) José Nino Gavazzo y mañana al ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez, en el marco de una nueva instancia de recopilación de prueba testimonial en la causa. Asimismo, el juez Fernández Lecchini interrogará a los militares Ricardo Arab y Luis Maurente.
Julio Castro fue detenido el 1º de agosto de 1977 por efectivos del SID. Dos días más tarde falleció, a causa de las lesiones recibidas durante los interrogatorios, según el informe de la Comisión Para la Paz. La indagatoria judicial por su muerte se reinició en 2010, tras la decisión del actual Poder Ejecutivo de excluir su caso del amparo de Ley de Caducidad. La indagatoria se centra sobre efectivos del Departamento III del SID.

http://www.militaresycomplicespresos.blogspot.com

El último combate de "Pedro el uruguayo"

Historia de la muerte de un héroe uruguayo y latinoamericano Washington Castillo

Era un día con mucho calor como todos los de ese mes en aquella región de nuestro planeta, donde sólo se puede encontrar el fresco reparador debajo de las grandes y bondadosas hojas de las plantas tropicales.
Desde los primeros rayos del sol y en horas avanzadas de la mañana, la selva emite un conjunto de misteriosos sonidos que emergen desde el variado follaje, llenando, los espacios que caprichosamente ha ido dejando el silencio.
Son las aves autóctona las que se encargan de de eso, destacándose el silbido del pequeño y señorial "guardabarranco", le sigue los policromos guacamayos que con sus estridentes graznidos, ordenadamente son parte activa en tan variada orquesta, la que alternativamente es interrumpida por parlanchinas bandadas de loros, o el sonido cual aplausos que produce el batir de alas de otras aves que no cantan, a su vez si miramos con atención hacia los añejos árboles, se podrá ver alguna pareja de monos blancos que cual diestros trapecistas vuelan de árbol en árbol, comunicándose entre ellos con su gutural lenguaje; Por eso es bueno saber que si tenemos el privilegio de entrar en esos templos de la madre naturaleza ese será el comité de recepción oficial que no recibirá.
En tiempos normales es maravilloso ser un espectador, que sólo pagaría para disfrutar de ese calificado concierto.
Pero en aquella aciaga mañana del 16 de julio del 79 aparentemente tan apacible, todo seria distinto, porque había eventos determinados por la presencia de los hombres que harían que todo eso cambiara.
En un lugar (cercano a las orillas del río Ostayo al norte de la localidad fronteriza de Peñas Blancas y al oeste del poblado de Sapoa) entre las pequeñas alturas, serpenteaba un angosto sendero por el que sigilosamente se desplazaba un grupo de combatientes armados.
Sus rostros tostados por el sol denotaban el cansancio y la alegría de haber conversado muchas veces con la muerte, la misma que hacía tiempo ellos osadamente venían desafiando, y al parecer ésta hasta es momento había sido derrotada, pero hay que saber que ella es tenaz y siempre quiere ganar.
Los combatientes eran jóvenes, que dejaron sus cuadernos, sus libros, sus herramientas y todo aquello que más amaban para incorporarse a las guerrillas conducidas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Rememorando la epopeya de las “brigadas Internacionales” que fueron a defender a España del fascismo habían ingresado a Nicaragua desde la Republica Costa Rica para incorporarse al denominado Frente Sur que en cruentos combates le había arrebatado de 10 a 15 kilómetros de territorio a las fuerzas del tirano y avanzaba decidido a la conquista de la capital.
Aquel heterogéneo grupo componía las unidades de avanzada de las fuerzas rebeldes, cumpliendo la misión de una patrulla de reconocimiento ,caminaban decididos, no era para menos la patria que es de todos y es de nadie los aguardaba ansiosa, a la cabeza de la patrulla, dando indicaciones por señas, estaba un nicaragüense de pura cepa, achaparrado y de piel cetrina, "el Chino Benigno"; detrás el resto del grupo, en el que se destacaba uno más alto, de pelo castaño, flaco, enérgico, cuyo uniforme verde olivo se confundía con las anchas hojas: era el teniente Héctor "Meme" Altesor, recién graduado en la misma Academia que yo, y era conocido en Nicaragua con el nombre de guerra de "Pedro el Uruguayo".
“Meme” Altesor era ferroviario, hijo de una familia de luchadores por las sagradas causas de nuestros pueblos. A su padre Alberto, legendario militante; lo conocí cuando yo tendría unos 10 años, lo veía llegar a mi casa paterna del barrio Peñarol con un poco de diarios “Justicia" debajo del brazo, venia regularmente a darle “línea política” a mi padre. Lo recuerdo unas veces hablando sobre el Sindicato, otras veces sobre aquel partido, y otras veces perseguido, o entrando al Parlamento como diputado.
Como un duro quebracho paso la prisión, el exilio, la clandestinidad, en Buenos Aires le hicieron una gran operación del corazón volvió por el gran rió una noche sin luna.
Pero siempre con esa tenacidad admirable, con la misma fuerza en la mirada y la fe casi religiosa de que la “izquierda” sería gobierno algún día.
Para eso tributó todo a esa noble causa y dos de sus hijos tomaron las banderas de relevo y las supieron llevar con honor por los campos de Nicaragua.
Según contaba Benigno nadie fumaba, nadie hablaba, sólo se escucha el inevitable crujido de las ramas secas al pisarlas involuntariamente y los ruidos que hacen las armas al chocar contra el resto del equipo que porta un combatiente.
No había dudas que así, paso a paso, iban ganándole metros al terreno y achicando la hora de la liberación, que estaba llegando para esa en otrora tiranizada patria.
Cuando el grupo iba pasando por una parte del sendero, donde se forma una pequeña garganta flanqueada por unas elevaciones, fue cuando frente a ellos se escuchó el inconfundible sonido que produce un arma al "montarse", o sea el manipular del cerrojo para introducir el cartucho inicial en la recámara, cartucho portador del mortífero proyectil.
Cual tocados por el mismo rayo invisible todos los integrantes del grupo se tienden, e instantáneamente se escuchan los sonidos de otras armas que se preparan, respondiendo con el metálico lenguaje en el que sólo ellas se entienden.
No se veía nada, ni nadie tan sólo hojas, todo estaba paralizado, menos el agua de las vertientes serranas que seguía indiferente corriendo por entre las piedras,
Aunque hacia mucho calor, calor un frío silencio se extiende minutos que parecen horas como si detrás de cada piedra, cada árbol, no hubiera seres humanos dispuestos a arrancarse eso tan preciado que llamamos vida.
Algunos, los más fogueados, reptando lentamente aprovechan para situarse más ventajosamente en el accidentado terreno, hasta que desde las posiciones de los sandinistas una voz dice el consabido "¿quien vive?",.del otro lado se responde otra voz por aquí "Nenin", que era el nombre de guerra de uno de los jefes de los destacamentos móviles sandinistas.
Ante la duda de la trampa se vuelve a hacer otro largo silencio, hasta que "Meme" se acomoda un poco para poder ver entre la tupida maleza, para ello se incorpora lentamente apoyándose en las dos manos, como si fuera a hacer una "lagartija", y observa a su alrededor sin poder ver nada.
En ese momento, y desde donde nadie lo esperaba, suena una larga ráfaga de fusil automático, y en fracción de segundos una andanada de invisibles proyectiles cruzan el espacio y uno de ellos logra acertar en la garganta del "Meme"; su muerte fue instantánea.
Seguidamente se produce un fuerte intercambio de fuego donde caen fulminados los dos operadores de radio, Una ametralladora pesada, VZ37 Checa, que debía dar repuesta no logra funcionar, debido a que su dotación no puede introducirle la cinta con los cartuchos.
"El Chino" Benigno se repliega junto con otros combatientes ya heridos luego de unos instantes de nutrido fuego se callan las armas, solo se escuchan las puteadas, los juramentos y los lamentos de los heridos; entre el olor ocre se disipa el humo tenue y azulado de la pólvora.
Los enemigos emboscados se retiran y allí quedan varios cuerpos tendidos, entre ellos el del Meme, abonando con su sangre generosa aquella tierra tan lejana y a su vez tan cercana.
Llegó el atardecer en el puesto de mando ubicado en unas vetustas edificaciones de lo que fuera una calera, que daba el nombre al lugar: "La Calera".
Allí, reponiéndose de una herida en su espalda, estaba la combatiente Lucía Herrera, para nosotros "La Panchita". O la “Negra Pancha”.
Ella fue la que después del triunfo me contó que cuando escuchó el parte de guerra donde se daba el nombre de los caídos en aquella acción se enteró de que “Pedro el uruguayo”, a quien había conocido en los trajines de la guerra, era una baja.
La Pancha era una chavala que estaba acostumbrada desde muy joven a la vida dura, a la clandestinidad, presa y torturada cuando era estudiante en su Chinandega natal, fogueada en los combates de las Montañas del Norte junto al las fuerzas del “Danto”, cuando aún el triunfo era sólo una tentación.
Cuando me relataba estos hechos no pudo sostener unas caprichosas lágrimas, que rodaron por sus mejillas de piel oscura y dorada a la vez por los últimos rayos del sol que se fue ocultando despacito, en el poniente de la Managua liberada, mientras una bandera azul, blanca y azul se arriaba lentamente a los toques largos del clarín.
Al mes aproximadamente de terminada la guerra, junto a su hermano Iván Altesor, a Benigno y a Gastón, me tocó la triste tarea de ir a recuperar y trasladar su cuerpo para rendirle honores militares y darle sepultura en el cementerio de Managua, donde aún yace.
El Meme estaba enterrado cerca del comando de Sapoa, dentro de lo que era muy común usar como improvisado ataúd: las cajas de madera en las que vienen embaladas las municiones de artillería.
Antes de proceder al traslado, Benigno quiso mostrarnos con lujo de detallas la zona donde se desarrollaron los combates, el lugar y las circunstancias precisas donde había caído nuestro camarada.
Cuando nosotros llegamos a esos lugares donde se había restablecido el silencio, y si no fuera por las vainas de fusil vacías, los trozos de uniformes y equipos militares semi enterrados y esparcidos por varios lugares, nadie diría que apenas hacía un mes, la guerra era la que mandaba.
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Nuestra mayor solidaridad a su hermano Iván, quien lo acompañaba en esa heroica lucha y que actualmente reside con su familia en México.
La Comisión de Difusión del Comité de Base del FA en México "Gral. Víctor Licandro”

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2011/07/el-ultimo-combate-de-pedro-el-uruguayo.html